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Por: Julian Lacacta / A un año del inicio de la "dictadura" de Dina Boluarte, es necesario resaltar algunas consideraciones que marcaron el comienzo del rescate por parte de la ultraderecha a favor del modelo neoliberal respaldado por la Constitución de 1993, construida a imagen y semejanza del fujimorismo. La corrupción está institucionalizada y es defendida por diversos sectores que hoy controlan el poder ejecutivo, legislativo y judicial, acorralando al campo popular. Este sector fue traicionado por la llamada "izquierda institucional", que, en alianzas con la ultraderecha fascista, es culpable del retroceso en la construcción del poder popular en el Perú.

II

El problema en el Perú radica en la existencia de una derecha que se ha consolidado desde los años noventa, personificada actualmente en el fujimorismo, una posición que, en estas últimas dos décadas, no busca controlar el Estado para construir un país capitalista-neoliberal ni mucho menos uno desarrollado para enfrentar un mundo globalizado. Su objetivo es apropiarse del Estado, y su única plataforma desde el año 2000 en adelante ha sido liberar al padre fujimorista y dignificarlo como un mandatario triunfador. Es por eso que la hija, Keiko, junto con Montesinos y altos mandos militares, continúan movilizando todos sus vínculos que aún manejan desde las sombras para oponerse a cualquier propuesta o sector que busque un cambio, una nueva constitución y una transformación del Estado.

La corrupción es un factor relevante en la vida política de la ultraderecha liderada por los fujimoristas, y se dedican a defenderla a capa y espada. No es casualidad que los últimos seis mandatarios estén vinculados e investigados por sobornos, lavado de activos, entre otros delitos, que no solo están presentes en el poder actual, sino que también alcanzan a diversas instituciones del Estado. Según la Procuraduría Anticorrupción, existen más de 5,860 casos de corrupción, y en todo el país hay más de 52,000 casos por parte de funcionarios. Según datos de la Contraloría General en el año 2022, Perú perdió más de 6,500 millones de dólares debido a la corrupción de las autoridades.

La izquierda tradicional, institucional y la izquierda parlamentaria han abandonado cualquier intento de cambio al integrarse en el sistema y distanciarse del campo popular. En las protestas del sur y centro del país, ninguno de estos sectores se ha vinculado a las marchas; por el contrario, se han dedicado a negociar y desviar los objetivos que tenía el campo popular para sus fines electorales, autodenominados defensores del pueblo han optado por seguir y defender el lenguaje de la ultraderecha, utilizándolo para deslegitimar a los manifestantes, llegando incluso a mencionar que detrás de las protestas del sur se encuentran terroristas y senderistas. En sus documentos de análisis, acusan a las organizaciones naturales del pueblo de algo que no son.

III

La investigación iniciada por los fiscales anticorrupción en contra de la fiscal general de Perú, la máxima representante del Ministerio Público, Patricia Benavides, y sus asesores por presuntamente integrar una organización criminal que buscaba favorecer ilícitamente en decisiones congresales, es un ejemplo de cómo se maneja el poder y de cómo se pueden solucionar dichos actos contraatacando con una denuncia constitucional por homicidio calificado contra la "pseudo" presidenta Dina Boluarte. Los medios de comunicación juegan un papel importante en el poder y su función es generar o crear una imagen del país y de los actores que no corresponde a la realidad.

La política no es sinónimo de corrupción. En estas últimas décadas, se ha profundizado esa forma de hacer política. La derecha bruta y achorada ha institucionalizado esa manera de llevar a cabo la política y de saquear al Estado, utilizando el amiguismo, compadrazgo y favoritismo hacia familiares o amigos para obtener beneficios.

Es necesario la reconstrucción de una nueva izquierda revolucionaria que persista en su lucha por construir una nueva sociedad más justa y en paz. En esta coyuntura, es importante que esté más cerca del pueblo y, si es posible, que lidere las luchas para que todos los políticos corruptos se vayan.