psykisk hälsa utvärdering skalor http://sverigepiller.com/ plan b piller fakta

Colombia

Crédito: Angie Pik.

Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.

Por: Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio

La finca

Transcurría el año 2005 y Juan Diego Gómez Jiménez era diputado de la Asamblea de  Antioquia. Faltaban cuatro meses para que cumpliera 30 años cuando decidió comprar un predio en la vereda El Noral, una zona de fincas de recreo en el municipio de Copacabana, Antioquia, 40 kilómetros al norte de Medellín. 

En la compra del predio, de 2,3 hectáreas, que colinda con la quebrada Carboneros, participaron seis personas más, cinco naturales y una jurídica. Tres de los socios de Gómez Jiménez en esta transacción terminaron vinculados al narcotráfico y en escándalos de corrupción.  

La propiedad tenía tres casas, piscina, bomba de purificación de agua, estadero, establo y sembradíos. El negocio lo suscribieron los siete socios en la Notaría 21 de Medellín el 27 de julio, con una participación del entonces diputado del 12,5 %. Una de las socias, con el 12.5%, fue María Luisa Zapata Vélez, esposa hasta 2007 de Juan Diego Gómez. Los demás se la repartieron así:

Diego Aristizábal Mejía, de 62 años en ese momento, compró el 4,6 % de la finca. Aristizábal fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de negocios y personas asociados al narcotráfico, la Lista Clinton, entre 2010 y 2018, por pertenecer a la estructura criminal del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar y socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En 1981 Aristizábal también fue miembro de la junta directiva de Confirmesa, empresa involucrada en el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos #ElPasadoDeJuanDiego
Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además de las seis personas naturales, en la adquisición del lote en Copacabana participó la empresa AAA Estrategias Financieras S.A., que compró la mayor parte de la propiedad, el 32,11 %. El representante legal suplente de esa compañía era Fabio Jaramillo Guzmán, que ese mismo año, 2005, hizo un negocio inmobiliario con una empresa de alias El Arquitecto, narcotraficante incluido en la Lista Clinton en 2010. Por cuenta de este último negocio, las autoridades capturaron a Bermúdez Suaza, quien era un narco fantasma, es decir, sin figuración.

El Arquitecto logró mantener su bajo perfil hasta que tomó parte en el negocio inmobiliario entre Fabio Jaramillo Guzmán y una de sus empresas. La historia fue así: Jaramillo Guzmán compró un lote de 29 hectáreas en Sabaneta, al sur de Medellín. Lo hizo por 9.000 millones de pesos en julio de 2005, mismo mes del negocio inmobiliario entre Estrategias Financieras S.A. (la empresa que gerenciaba) y Juan Diego Gómez Jiménez. Dos meses después, en septiembre, el millonario lote fue cedido a Franzul S.A., del emporio de alias El Arquitecto. La transacción encendió las alertas de las autoridades financieras, que encontraron que el 75% del dinero que Jaramillo Guzmán usó para comprar el terreno no provenía de sus cuentas bancarias. Es decir, su nombre habría sido usado de fachada para transferir 6.750 millones de pesos. A partir de ese hallazgo se develó la red de empresas que dominaban El Arquitecto y su familia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses y colombianas realizar su captura y posterior encarcelamiento en Nueva York.

La finca en Copacabana les costó 515 millones de pesos de la época a los siete socios. En el negocio también participó, con el 6,19 %, María Consuelo Ruiz Londoño, representante legal de la Fundación Berta Arias (Fundarias), entre 2004 y 2009. Esta organización, según El Espectador, registró millonarios negocios entre los entonces senadores Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht, y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe. En 2011, la Corte Suprema allanó las oficinas de esa fundación, en desarrollo de la investigación contra Bula y Uribe.

Escritura Diego Aristizábal y Juan Diego Gómez #ElPasadoDeJuanDiego
Escritura firmada por Diego Aristizábal y Juan Diego Gómez.

Cuando Juan Diego Gómez Jiménez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”, por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios. 

Esta no es la única línea que conecta al nuevo presidente del Senado con Odebrecht. Uno de sus financiadores, el empresario César Hernández Sanmartín, dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado en 2014 y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017.

El predio de Copacabana estuvo en manos del entonces diputado Juan Diego Gómez, Diego Aristizábal, María Consuelo Ruiz y dos socios más hasta marzo de 2007, cuando vendieron sus porciones a la Promotora La Provincia S.A. por 338.300.000 pesos. De esta empresa fue accionista Fabio Arturo Jaramillo Guzmán en junio de 2008, según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín. La empresa fue copropietaria del predio en Copacabana hasta diciembre de 2011. 

Este hallazgo de Cuestión Pública se suma a una investigación de Vorágine que demuestra cómo el senador y su familia se encuentran en una disputa por unas tierras.

La denuncia de Coogranada

Los líos de tierras del senador Juan Diego Gómez Jiménez son parte de la herencia de su padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias La ballena, quien fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, todos delitos en los que incurrió para proclamarse dueño de un predio en Bello, donde se proyectaba construir el Centro Comercial La Provincia. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel, pero sumido en un pleito desde 2004 con la Cooperativa Coogranada por hechos similares a los que lo llevaron a su condena.

La familia del senador Gómez, en cabeza de su madre María Mercedes Jiménez, y de sus tres hermanos -Elizabeth, Clara Mercedes y David Orlando- heredó el litigio por las tierras, según una denuncia de Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Este lote pertenecía a la señora Bibiana Edith Ossa Aristizábal, quien lo utilizó, en noviembre de 2004, como dación de pago para saldar una deuda que tenía vigente con Coogranada. 

Mientras la cooperativa estaba legalizando la propiedad, en el lote ya había movimientos de tierras para la construcción de viviendas de interés social, en una urbanización que se llamaría “Jardín de los Sueños”. El responsable de la construcción era Orlando de Jesús Gómez Botero, padre del presidente del Senado. Un informe del CTI de la Fiscalía del 21 de agosto de 2004 determinó que Gómez Botero y sus socios habían invadido el lote vecino en un área de 18.507 metros cuadrados, en cuanto el lote del señor Gómez realmente tenía un área de 9.169 metros cuadrados y lo hicieron aparecer de 27.676 metros cuadrados.

Por cuenta de estas inconsistencias, el Fondo Nacional de Vivienda declaró el siniestro del proyecto y se abrió una investigación en la Fiscalía 23 de Bello. Gómez Botero culpó a Coogranada de no haber podido terminar las viviendas de interés social y, a finales de 2007, junto a sus socios, le reclamó 2.300 millones de pesos de indemnización por perjuicios. Alias La ballena interpuso esta demanda ante los jueces de El Santuario, Antioquia, donde el senador Gómez Jiménez vivió su infancia y que años más tarde se convirtió en su fortín electoral. 

El padre del senador y sus socios ganaron la demanda el 26 de enero de 2010. Coogranada apeló el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. El proceso terminó en el despacho de Álvaro Raúl Gómez Duque, quien fue juez del Juzgado Civil del Circuito de El Santuario en los años ochenta. El magistrado Gómez Duque, que murió en noviembre de 2013, también fue profesor de la Universidad de Medellín, entre 1983 y 2005, de las cátedras de Personas, Bienes, Teoría General del Negocio Jurídico, Obligaciones y Derecho de Familia, coincidiendo en el campus con el entonces estudiante Juan Diego Gómez Jiménez.

La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera, pero redujo el monto a 900 millones de pesos. Coogranada presentó entonces un recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que participó la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, hoy procuradora general, que confirmó las sentencias de los jueces antioqueños.

Al negocio inmobiliario en Copacabana y la disputa familiar por tierras, se suma una denuncia por estafa. El 21 de diciembre de 2013, Noticias Uno presentó la denuncia de Margarita Sosa, a quien el entonces diputado de Antioquia Juan Diego Gómez Jiménez le vendió en 2007 dos lotes en el barrio Laureles de Medellín, que no le pertenecían o que presentaban inconsistencias en la matrícula inmobiliaria. A pesar de que el noticiero mostró el documento firmado por el diputado, al ser consultado, Gómez Jiménez dijo que él no firmó nada y que no hizo negocios con la mujer.

El senador Juan Diego Gómez Jiménez no es el único poderoso en su familia. Su hermano David Orlando es el director de CISA en Antioquia, desde hace más de cinco años, reconoció el congresista. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que administra los negocios inmobiliarios del Estado.

“Malicioso”

El nuevo presidente del Senado también ha enfrentado tres procesos civiles en los que le embargaron el carro, el apartamento y el sueldo, y que tienen como denominador común que no le gusta pagar sus deudas. Aunque no son los únicos. En el Juzgado Noveno Civil de Medellín reposan dos procesos más, pero el juez se niega a entregarlos. También se niega a entregar, a pesar de que son públicos, un proceso que está en ese despacho contra el senador liberal Julián Bedoya Pulgarín, a quien la Universidad de Medellín le retiró el título de abogado por fraudulento. A ambos, Gómez y Bedoya, los une haber recibido el título de Derecho de la Universidad de Medellín y su padrino político, César Pérez García, condenado a 30 años de cárcel por la masacre de Segovia, en la que fueron asesinadas 46 personas.

El primer proceso de embargo contra Juan Diego Gómez Jiménez fue el de un vehículo. Ocurrió el 12 de octubre de 2007, cuando este era diputado, por el no pago de una deuda. La orden la dio el juez 25 civil municipal de Medellín. La historia data de 2004, cuando los hermanos David y Juan Diego le firmaron un pagaré a GMAC, la financiera de General Motors, por 17.269.698 pesos para comprar un carro Chevrolet Corsa Active 2005. El proceso terminó el 4 de julio de 2008. Ese día el hermano del hoy senador devolvió el carro y la deuda quedó saldada.

Órdenes de embargo #ElPasadoDeJuanDiego
Al nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez, le embargaron el sueldo, el apartamento y el carro.

El segundo proceso de embargo fue el de su sueldo. El 28 de enero de 2014, tres meses antes de las elecciones del Congreso, Gómez Jiménez le firmó una letra por 50 millones de pesos a Apolinar Zabala Pavas, que se comprometió a pagar un mes después. Tres años y un mes más tarde, Zabala demandó al senador porque “no se ha dignado pagar el importe del título valor, como tampoco los intereses de mora causados hasta el momento, no obstante los continuos cobros”. En ese momento, ya la deuda estaba en casi 90 millones y eso era lo que estaba reclamando Zabala al senador en el Juzgado Segundo Civil de Medellín, que el 9 de marzo de 2017 embargó una quinta parte del sueldo del congresista antioqueño.

El 2 de abril de 2018 apareció el recién reelegido senador Juan Diego Gómez con su defensa. Dijo que no era cierto que Apolinar le hubiera cobrado y que no podían exigirle ningún pago porque ya había operado la “prescripción y caducidad de la acción cambiaria”.  Gómez Jiménez le pidió al juzgado que lo exonerara de pagarle la deuda a Apolinar, de quien dijo que fue negligente por cobrarle la deuda vía judicial.

El senador señaló incluso que dicha actuación “es sancionada por el legislador”. Por poco y Zabala Pavas termina en la cárcel. El congresista pidió, eso sí, que lo condenaran a pagar las costas y que le devolvieran los sueldos que le habían embargado.

El proceso continuó. Apolinar dijo que, al ignorar la notificación que el juzgado trató de hacer por más de un año, el senador sacó provecho de su “malicia”. Un año más tarde, mientras el senador mantenía su defensa, el juzgado los citó a una audiencia de conciliación. Fue el 16 de mayo. Gómez le pagó 85 millones de pesos a Zabala. El dinero salió de los 107 millones que le habían embargado. 

El último embargo fue el de su apartamento. La demanda la presentó la administradora de su edificio el 11 de mayo de 2017. El senador debía 4.456.745 pesos, de seis meses de cuotas de administración, y los intereses de mora. El proceso le correspondió al juzgado 12 civil de Medellín, que inmediatamente citó al congresista para notificarlo del proceso. Ese mismo día, el 23 de mayo, el juez le embargó el apartamento. Un mes más tarde el juez le ordenó al inspector de policía el secuestro del apartamento y “allanar si es necesario”. El 12 de diciembre de 2017, la jueza ordenó el remate del apartamento para pagar la deuda, pero la Alcaldía escogió el 26 de junio de 2018 para secuestrar el inmueble (tomar posesión). Esos seis meses de gabela ayudaron para que el 30 de abril de 2018 el senador Gómez pagara lo que adeudaba por concepto de administración. Según la matrícula inmobiliaria, Juan Diego Gómez compró el apartamento por 650 millones de pesos el 20 de junio de 2012, cuando era representante a la Cámara. Es un penthouse de 253 metros cuadrados, incluyendo un balcón de 40 metros cuadrados, en un edificio ubicado en El Tesoro, zona exclusiva del barrio El Poblado, en Medellín. El 6 de octubre de 2020, el congresista lo vendió por 1.150 millones de pesos al economista uruguayo Juan Alejandro Montero Avero.

Edificio Balcones de la Calera #ElPasadoDeJuanDiego
Edificio Balcones de la Calera, barrio El Poblado, Medellín, Antioquia.

Gómez Jiménez, a sus 45 años, presidirá el Senado desde el 20 de julio de 2021. Ingresó a la política electoral con el Partido Conservador y su carrera ha registrado un ascenso vertiginoso, que comenzó cuando tenía solo 28 años en la Asamblea de Antioquia (2004-2010) y continuó en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes (2010-2014) y ahora en el Senado (2014-2022). Su primer cargo público, recién egresado de la Universidad de Medellín, fue el de director de la cárcel de Bello, desde el 15 de diciembre de 1999 hasta el 14 de agosto de 2000.

A través de su abogado Jesús Albeiro Yepes, el congresista ha acosado judicialmente a los medios de comunicación que firman esta investigación. Primero fue Cuestión Pública por la investigación sobre su patrimonio, negocios familiares, contratos y conflictos de interés en #SabemosLoQueHiciste. El medio ganó, en primera y segunda instancia, la tutela que interpuso Gómez Jiménez. Usando la misma estrategia, el senador antioqueño presentó una solicitud de rectificación contra Vorágine, previo a la acción de tutela, por la denuncia de la disputa familiar por tierras en Bello.

Contactamos al senador Juan Diego Gómez para preguntarle por el contenido de esta investigación, y su último mensaje fue el 18 de julio de 2021, a las 2:16 de la tarde: “Estoy en una reunión. Al terminar le escribo”.

 

De Antioquia con amor

De cara a las elecciones de 2022, La Liga Contra el Silencio, Cuestión Pública y Vorágine investigan a caciques electorales de Antioquia en una serie que expondrá casos que demuestran cómo han tenido negocios con personas vinculadas al narcotráfico; cómo implementan carruseles en contratación pública; siguen patrones clientelistas; y desvían recursos para favorecer intereses privados. Esta es la primera investigación de la serie.

Los Ramos, corrupción y parapolítica impulsando la revocatoria

Sucedió en la parodia de instalación de una nueva o mejor vieja, sección del nido de ratas, como es conocido el congreso de la mafia colombiana donde el títere colocado por la mafia como presidente, Iván Duque, se hecho un discurso similar al de otros presidentes colocados por la mafia, donde pinto un país que solo existe en eso, el discurso.

Allí, los testaferros de la mafia que ofician como congresistas aplaudieron hasta el cansancio a los altos mandos policiales y militares allí presentes.

Sin ambages y mostrando al servicio de quien están aplaudieron a los jefes de los que, en las calles, en campos y ciudades asesinan colombianos pobres.

Todo esto mientras en las calles el pueblo se alistaba para con la bandera al revés mostrar su descontento y los criminales, hijos de pobres vestidos de policías y militares se alistan a asesinarlos, para proteger los intereses de la mafia que ha financiado a esos testaferros que fingen ser congresistas y que en su inmensa mayoría tienen relaciones conocidas con el narcotráfico, como los son los presidentes de senado y la cámara, Juan Diego Gómez, cuyo padre fue condenado a ocho de prisión por robar tierra a campesinos y Jennifer Arias cuyo padre fue condenado por asesino y su hermano está condenado por narcotráfico en el imperio.

Esos hombres y mujeres, hijos del pueblo convertidos en fieras salvajes son quienes sostienen a la mafia en el poder, por eso los aplauden.

 

 

 

 

La captura de un anciano con licor de guarapo de caña, revive la indignación por la no captura del embajador propietario de un laboratorio de coca.

La banda delincuencia conocida como Policía Nacional, capturó a hombre pobre con 22 botellas de ÑEQUE. Las mal llamada autoridades propinaron, según ellos un duro golpe al capturar a Aldemar Luna, de 64 años quien intentaba comercializar la bebida artesanal en botellas de plástico en el centro de la ciudad de Montería.

El ñeque es un licor, artesanal qué tiene similitud con las bebidas artesanales del Pacífico colombiano, pero se dice que está prohibido en Colombia, que es fabricado artesanalmente desde hace más de 120 años y es considerado un delito por imitación y simulación de alimentos, productos o sustancias.

La comunidad espera resultados y la captura del embajador colombiano en Uruguay, Fernando Sanclemente Álzate, propietario de los laboratorios además qué se informe a la comunidad, del porqué de la droga hallada en el laboratorio del embajador ya no se sabe su paradero, la droga fue reportada desaparecida.

Colombia es una país controlado por la mafia con el total apoyo del imperio.

Tal como Iván Duque es un títere de la mafia y su titiritero es el narcotraficante número 82, Alvaro Uribe Velezla gobernadora del Valle del Cauca es una títere de la mafia y su titiritera es Dilian Francisca Toro, reconocida testaferra de la mafia del Valle del Cauca.

Se a conocido una conversación donde la, gobernadora del departamento del Valle, Clara Luz Roldan, le rinde cuantas a su jefe o jefa que se entiende es Dilian Francisca Toro.

Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo Zamorano, a través de una empresa de fachada maneja bienes de narcotraficantes entre otros de Phanor Arizabaleta e Ignacio Álvarez Meyendorff.

Arizabaleta, es un conocido narcotraficante, en sus tiempos el cuarto en importancia del conocido como cartel de Cali.

Dilian la testaferra, es prima de Carlos Herney Abadía, uno de los políticos que fue condenado por el proceso 8.000. Hizo fórmula en el año 2006 con Luis Carlos Restrepo, investigado por parapolítica, quien aspiró a la Cámara de Representantes, mientras ella se lanzó al Senado.

Debemos recordar que en el 2006 fue ella, Dilian Francisca Toro, la testaferro de la mafia, tomó juramento al narcotraficante número 82, Avaro Uribe como presidente de la oligarquía colombiana y que además, le coloco la bandera colombiana al revés.

Ella es la mejor muestra de la mafia y el control sobre el estado ya que estando condenada y siendo investigada por otros delitos fue “electa” gobernadora del departamento del Valle, uno de los más importantes de Colombia.

La empresa encargada del proyecto de reconstrucción de las islas tras el impacto del huracán Iota ha sido muy cuestionada por los escándalos a los que ha sido vinculada.

Persiste la molestia e indignación por parte de los habitantes de las islas de San Andrés y Providencia en contra del Gobierno Nacional, producto de la promesa incumplida sobre la reconstrucción de las islas tras lo sufrido por el impacto del Huracán Iota, asegurando en su momento que tardarían pocos meses en poder recuperar lo perdido y estabilizar a las familias damnificadas.

 

Ha sido tal la molestia de los isleños que, pese a las pocas vías en condiciones con las que cuentan, decidieron bloquearlas hasta que el gobierno del presidente Iván Duque haga presencia y los escuche, para explicar de manera detenida sus necesidades ante la situación crítica en la que se encuentran.

Sumado al descontento con la población en el proceso de reconstrucción, se conoció que una de las constructoras que hacen parte del proyecto es GRAMA, dirigida por el empresario Fernando Marín Valencia, está envuelta en varios escándalos por lavado de activos y está involucrada con varios políticos relacionados con casos de corrupción.

Cabe recordar que el empresario fue embajador en varios países durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. De la carrera de Valencia se recuerda la vez que un juez lo envió a casa por cárcel luego de aceptar que cometió el delito de soborno a testigo clave durante la investigación que se adelantaba en su contra por presunto lavado de activos durante el proceso abierto por el carrusel de la contratación en Bogotá.

 
Bloquean paso vehicular en Free Town por incumplimiento
A esta hora un grupo de habitantes del sector Free Town en la Isla de Providencia bloquean el paso vehicular, en protesta por los "constantes incumplimientos" a los que afirman han sido sometidos por parte de FINDETER en la reconstrucción de sus viviendas.
 
Lo anterior se derivó, según expresa en el video el habitante del sector, Terry Dibert Kelly, tras los fuertes aguaceros de la noche anterior con ráfagas de vientos que derribaron varias de las carpas donde pernoctan tras el paso del huracán IOTA el 16 de noviembre de 2020.
 
¿Qué dice el gobierno?
A propósito, Susana Correa, la Gerente General para la atención y reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconoció los visibles retrasos en las obras para dotar de viviendas a sus pobladores.
 
En reciente diálogo con La W, la funcionaria admitió que ha sido difícil la construcción de 1.134 viviendas, de las cuales se han terminado únicamente dos.
“El consorcio, compuesto por Marval, Amarilo y Constructora Bolívar, dice que a finales de junio nos tendrán 84, que siguen siendo muy poquitas. Sin embargo, porque nos hemos dado cuenta de que estos retrasos iban a seguir, cambiamos la tecnología y Findeter va a traer más contratistas”, advirtió la funcionaria.
La declaración de Correa se produjo tras el informe de la Contraloría que puso en la lupa en el desarrollo de la reconstrucción del archipiélago, devastado por el huracán Iota en 2020.
 
Según la Contraloría, es urgente adelantar los trabajos y tomar medidas que permitan enfrentar la nueva temporada de huracanes en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
 
Además, señaló que no se han cumplido las metas fijadas por el Gobierno. El organismo de control indicó que ya se inició la temporada de huracanes, que va hasta el 30 de noviembre, y se deben adoptar decisiones que permitan evitar una nueva emergencia.
 
Ante esto, Correa dijo que el Gobierno va a cumplir y señaló que, en cuanto a las 877 viviendas para reparación, ya hay 673 listas y 146 en ejecución, que deben terminarse en este mes.
 
Y, a propósito de la alerta por la llegada de la temporada de huracanes y tormentas tropicales, Correa aseguró que al 31 de julio habrá más de mil casas reparadas con todas las condiciones antihuracanes…
 

El pasado 1 de julio arribo a Colombia el más alto funcionario de la inteligencia de Estados Unidos (CIA), William Burns, llegó a Colombia para participar en una misión “delicada” en materia de seguridad, como parte de la cooperación entre ambos países, dijo el mamarracho Francisco Santos quien oficiaba como embajador de la mafia colombiana en los Estados Unidos.

Prefiero no decirle es una misión delicada, una misión importante en materia de inteligencia que logramos coordinar”, respondió Santos al ser cuestionado sobre la misión por parte de medios de prensa.

El pasado 8 de julio se conoció sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, por un grupo de sicarios, la noticia sacudió al mundo ya que todos sabemos que los Estados Unidos tiene invadido ese país y que allí no se mueve una hoja sin la autorización de los Halcones de Muerte y que Moïse era un lacayo del imperio.

Horas después se conocía la detención de un grupo de asesinos de al menos 28 atacantes participaron en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise, informó hoy el director general de la policía nacional, Leon Charles. 26 colombianos y dos estadounidenses detrás del asesinato del presidente haitiano (policía).

Los 26 colombianos que hacían parte del comando criminal. Todos eran militares en retiro.

El ministro de guerra de la mafia colombiana, Diego Molano, confirmó en la noche del jueves 8 de julio, que militares retirados de ese descompuesto Ejército, entre suboficiales y soldados, estarían implicados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse .

Cuatro de los colombianos sospechosos de haber participado en el homicidio de Moise fueron identificados como Alejandro Giraldo Zapata, de 41 años; John Jairo Ramírez Gómez, de 40 años; Víctor Albeiro Piñera Cardona, de 40 años; y Manuel Antonio Groso Guarín de 40 años.

Este es Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los exmilitares colombianos del equipo de mercenarios que según autoridades de Haití habría asesinado al Presidente de ese país.

Pero la mala imagen de Colombia la generan los escritores.

Como una muestra de que Colombia esta manejada por criminales apoyados por el imperio, hay que resaltar que Manuel Antonio Grosso Guarín, es primo Rafael Guarín, consejero para la Seguridad Nacional del títere colocado por la mafia como presidente de Colombia Iván Duque.

Mauricio Grosso Guarín, de 41 años. Se conoció, llegó a Haití el 6 de junio de 2021, desde Punta Cana, en República Dominicana.

Francisco Eladio Uribe, exmilitar colombiano también detenido en Haití es investigado por falsos positivos o asesinato a sangre fría de hijos de pobres, razón por la cual tiene un proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y así y todo pudo salir del país sin ningún problema.

Si en Haití fueron detenido 28 criminales, es de suponer que en esa “una delicada misión de seguridad” participaron por lo menos 50 bandidos que se intuyen fueron preparados en Colombia por el ejército imperial que también tiene invadido a Colombia y la operación financiada por el imperio y algunos “hombres de bien” de Haití.

Hay una versión que dice que el presidente de Haití tenía una pelea a muerte con unas familias que manejan el negocio de la energía en ese país.

Como hoy muchos incautos se están sanado los sesos para adivinar quién está detrás del asesinato Jovenel Moïse, aquí les quiero dejar presente que el día 2 de julio, Francisco Santos, con la torpeza habitual en la mafia colombiana había delatado el hecho ya que, ante la llegada de William Burns, llegó a Colombia, el jefe de CIA, queriéndose mostrar como un servil adelantado dijo “una misión importante en materia de inteligencia que logramos coordinar”.

Algunos pensaron que sería otro ataque al gobierno Bolivariano de Venezuela, pero no era el asesinato de otro lacayo del imperio, como lo era Jovenel Moïse, que al parecer se estaba torciendo para lo cual el imperio utilizo a los asesinos del ejército colombiano.

Quizás ahora el mundo entienda mejor la tragedia que vive Colombia, sus guerras y masacres y su eterna militarización. Ahora se comprenderá mejor el odio del uirbismo al acuerdo de paz y su promesa de hacerla trizas.

No debe extrañar que por eso campesinos, estudiantes, sindicalistas, pueblos originarios, afros, que reclamen sus derechos; líderes políticos y sociales opositores, incluidos miles de ciudadanos (6042) en los llamados falsos positivos, hayan sido asesinados impunemente por ese ejercito disfrazándose de paramilitares con el apoyo del imperio.    

Es menester aprovechar la ocasión para denunciar y alertar a los pueblos de América, que el imperio a través de la mafia Colombia entrena criminales, disfrazados de policías para cerca de unos 50 países.      

El líder indígena y senador colombiano Feliciano Valencia resumió así el crimen así: “El presidente de Haití fue asesinado, pero antes "lo torturaron y las pruebas son que le partieron un brazo y un pie, luego recibió el impacto de 12 balas”: Mathias Pierre.

Esta es la barbarie que exporta Colombia.”                                                              

Treinta millones de pesos fueron recaudados por gente poderosa para atentar contra la vida del director de Canal 2

COLOMBIA| La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció este martes el plan sicarial de gente poderosa para asesinar al periodista y director de Canal 2 José Alberto Tejada, por denunciar las violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social en Colombia.

La alerta se activó, el pasado 30 de junio a las 7:30 pm cuando tres personas tomaron por la espalda a los tres voluntarios de protección civil de paz que protegen al periodista Tejada, y uno de ellos manifestó: “no se volteen, ni miren atrás, escuchen: cuiden al ‘Cucho’ (refiriéndose a José Alberto Tejada) están ofreciendo dinero para callarlo”.

Según Comisión Intereclesial los 30 millones de pesos se habrían recogido el pasado domingo 4 de julio a las 5.00 p.m. en un lugar cercano al barrio Mariano Ramos de la ciudad de Cali.

Con el dinero buscan pagar el hospedaje, alimentación y movilidad de al menos “dos jóvenes” para realizar el asesinato a Tejada.

El plan de sicariato contra Tejada habría iniciado hace tres semanas con la modalidad de seguimientos cuando realiza la labor periodística y familiar.

“Ayer, martes 6 de julio en horas de la mañana en dos ocasiones y en un lapso de tres horas se realizó una operación de inteligencia con seguimientos en motos y un vehículo blanco. Igualmente, en horas de la tarde desde una cafetería ubicada a 20 metros de la sede del Canal 2 una pareja realizó un trabajo de registros visuales”.

Este seguimiento, también se habría realizado el viernes 2 de julio entre las 3.00 p.m. y 5.00 p.m. con dos rondas sobre la sede de Canal2 cuando se realizaba una reunión del equipo de trabajo de comunicación y en otro salón de organismos humanitarios de derechos humanos con la misma modalidad de una operación de cuatro personas con vehículo blanco y una motocicleta.

De acuerdo a la fuente de La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, amenaza de muerte es porque el Canal 2 posibilita que la voz de los jóvenes de la Unidad de Resistencia de Cali, URC y otras expresiones de movimientos sociales y juveniles denuncien los planes criminales detrás de la represión policial.

COMUNICADO

Fuente: https://www.alcarajo.org/2021/07/08/comision-intereclesial-denuncia-el-plan-para-asesinar-al-periodista-jose-alberto-tejada-de-cali/
78 masacres (2021), 80 muertos (durante el paro nacional), 500 desaparecidos (durante el paro nacional) 1800 heridos (con pérdidas de ojos y otras partes del cuerpo)
 
Son las cifras que publica la resistencia en las paredes de Colombia, ya que los medios de comunicación no dicen la verdad.
 
Carlos Mondragon, un joven manifestante y rescatista de la #primeralínea me decía ; Amigo mi país vive una de las batallas mas heroicas de latinoamerica de este país solo se hablaba en el mundo era de narcotrafico, paracos y guerrillas y también de los HUEVONES de la Shakira y la GONORREA del Juanes, estamos mamados de las balas y de los que llaman GENTE DE BIEN.
 
Sonia Carvajal es una abogada y parte del equipo de defensores de los derechos humanos en las manifestaciones y me comento lo siguiente ; yo era apolítica como cualquier joven solo estaba pendiente de mi trabajo (labora en un banco privado) los viernes bailar salsa y regueton y llevarla normal, al inicio de las manifestaciones mi hermano ROBERTO lideraba un grupo de jóvenes en Calí, un día al salir de la manifestación unos MANES vestidos de civil lo secuestraron y hasta hoy no aparece, desde ese momento soy parte de la PRIMERA LINEA JURÍDICA y pidiéndole a Dios que mi hermano aparezca con vida y no tirado en un río.
 
Continúe en mi recorrido por las calles de la Colombia profunda a ritmo de vallenatos, Cumbias y salsa donde las consignas y pintas en las paredes acompañan el calor de la barricada, el humo, los sonidos de las detonaciones del fusil que apunta a manifestantes de la resistencia, donde las mujeres y hombres, abuelas y niños colaboran con el frente de guerra popular en contra de la barbarie paramilitar.

Página 1 de 253