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Opinion

La lección ética, moral y política, el aporte histórico, y el noble sacrificio de la Unión Patriótica, es decisivo para el proceso de paz con justicia social, para la democracia, y para la reconciliación de los colombianos;

 

Por: Comunicadores Populares

Con las próximas elecciones del 25 de Octubre del 2015, el pueblo colombiano vive una vez más el ambiente característico de los años electorales, el cual no necesariamente implica la expresión de la democracia, por el contrario una serie de fenómenos opuestos a esta como son: la angustia de algunos por saber cuáles son los candidatos de los caciques regionales, las mafias locales o de los jefes de las empresas o entidades donde se labora; los afanes de otros por conseguir un contrato antes de que entre en vigencia la ley de garantías; las diversas modalidades de trasteos, compra y venta de votos; las carreras saltando de partido en partido para gestionar los avales de los mismos o en su defecto, la consecución de firmas suficientes para poder aspirar a los cargos de elección popular. Con estos y otros fenómenos, se dejaron en un segundo plano las construcciones políticas colectivas y se reemplazaron por burocracias que compiten por el dominio de la opinión pública a través de falsos dilemas y debates, donde en nombre de la democracia no hay inconveniente en transitar de un partido a otro, así sus planteamientos fueran sustancialmente opuestos.

En algunas regiones los problemas se agudizan por la presencia del narcotráfico y el paramilitarismo, pero en el país en general se han reproducido unas formas de hacer política, que no necesariamente tienen que ver con la guerra sucia de los diferentes sectores de la derecha, sino con la ausencia de formación política, la crisis ideológica en que se encuentra el movimiento social y político, la misma corrupción de algunos dirigentes del mismo y la ausencia de referentes políticos alternativos al sistema capitalista.

Bogotá no ha sido la excepción; los candidatos han proyectado el debate sobre construcciones mediáticas. Por un lado los sectores de derecha explotan a su favor los problemas que vive la ciudad en materia de seguridad y movilidad y se esfuerzan por convencer al electorado de que al igual que las administraciones pasadas también pueden hacer inversión social, pese a sus visiones tecnocráticas. Por otro lado los sectores de centroizquierda orientan su estrategia política hacia algunos sectores sociales como recicladores y animalistas, los cuales de alguna forma han sido beneficiarios de la administración de Gustavo Petro, pero como el apoyo de estos sectores no basta para una contienda electoral, los sectores de centroizquierda también se valen de discursos prestados que capten los votos de otros actores de la sociedad que demandan mejoras en la seguridad, recuperación del espacio público, construcción de infraestructura, entre otros aspectos que implican alinearse con las políticas del gobierno nacional.

Pero los problemas de Bogotá no se reducen a la capacidad para brindar subsidios y asistencia social o a los problemas de movilidad, tampoco a los conflictos de inseguridad. Bogotá, no es solo una ciudad estratégica para la región o el país, su sociedad se encuentra subordinada a los intereses del capital transnacional; megaproyectos como Plan Centro, Plan Aeropuerto El Dorado, Ciudad Salud, Proyecto Ministerios, Ciudad Región para la inversión y el turismo internacional entre otros, han sido diseñados para los intereses de los grandes inversionistas extranjeros y nacionales, no para los habitantes de la ciudad, de hecho ha originado el desplazamiento de varios de ellos vía expropiación administrativa y subiendo los costos de vida en barrios populares afectados por estos proyectos, pero estos temas no son el centro de los debates electorales. Por supuesto para los sectores de derecha, la intervención a sus anchas de los inversionistas extranjeros o la expansión de los procesos de privatización no representa un problema, pero por lo menos en teoría los partidos y candidatos de centroizquierda si tendrían que tomar posición y asumir compromisos frente a estos temas, pero esto no sucede, en parte porque no es objeto de controversia electoral el papel o los límites del capital privado en la administración pública, dado el poder del sector empresarial nacional y extranjero, sería una temática con pocos réditos electorales y muchos déficits, por lo menos si se mira desde la óptica de la política tradicional, reducida al ámbito electoral y mediático. Por el contrario, en esa misma lógica muchos sectores de izquierda en Colombia buscan diferenciarse y tomar distancia de procesos políticos en nuestro continente que han impuesto límites a la propiedad y han consolidado parcialmente la nacionalización de ciertos recursos como es el caso de Venezuela Bolivia y Ecuador.

No obstante, es necesario hacer la reflexión desde una visión más amplia de la política, donde no solo se trata de llegar a la administración desde las individualidades y mucho menos si se llega a administrar los intereses de las clases dominantes o de la mano de estas mismas, es necesario construir la política desde las demandas, las iniciativas y propuestas de las clases populares.  

Por: Comunicadores Populares

Con las próximas elecciones del 25 de Octubre del 2015, el pueblo colombiano vive una vez más el ambiente característico de los años electorales, el cual no necesariamente implica la expresión de la democracia, por el contrario una serie de fenómenos opuestos a esta como son: la angustia de algunos por saber cuáles son los candidatos de los caciques regionales, las mafias locales o de los jefes de las empresas o entidades donde se labora; los afanes de otros por conseguir un contrato antes de que entre en vigencia la ley de garantías; las diversas modalidades de trasteos, compra y venta de votos; las carreras saltando de partido en partido para gestionar los avales de los mismos o en su defecto, la consecución de firmas suficientes para poder aspirar a los cargos de elección popular. Con estos y otros fenómenos, se dejaron en un segundo plano las construcciones políticas colectivas y se reemplazaron por burocracias que compiten por el dominio de la opinión pública a través de falsos dilemas y debates, donde en nombre de la democracia no hay inconveniente en transitar de un partido a otro, así sus planteamientos fueran sustancialmente opuestos.

En algunas regiones los problemas se agudizan por la presencia del narcotráfico y el paramilitarismo, pero en el país en general se han reproducido unas formas de hacer política, que no necesariamente tienen que ver con la guerra sucia de los diferentes sectores de la derecha, sino con la ausencia de formación política, la crisis ideológica en que se encuentra el movimiento social y político, la misma corrupción de algunos dirigentes del mismo y la ausencia de referentes políticos alternativos al sistema capitalista.

Bogotá no ha sido la excepción; los candidatos han proyectado el debate sobre construcciones mediáticas. Por un lado los sectores de derecha explotan a su favor los problemas que vive la ciudad en materia de seguridad y movilidad y se esfuerzan por convencer al electorado de que al igual que las administraciones pasadas también pueden hacer inversión social, pese a sus visiones tecnocráticas. Por otro lado los sectores de centroizquierda orientan su estrategia política hacia algunos sectores sociales como recicladores y animalistas, los cuales de alguna forma han sido beneficiarios de la administración de Gustavo Petro, pero como el apoyo de estos sectores no basta para una contienda electoral, los sectores de centroizquierda también se valen de discursos prestados que capten los votos de otros actores de la sociedad que demandan mejoras en la seguridad, recuperación del espacio público, construcción de infraestructura, entre otros aspectos que implican alinearse con las políticas del gobierno nacional.

Pero los problemas de Bogotá no se reducen a la capacidad para brindar subsidios y asistencia social o a los problemas de movilidad, tampoco a los conflictos de inseguridad. Bogotá, no es solo una ciudad estratégica para la región o el país, su sociedad se encuentra subordinada a los intereses del capital transnacional; megaproyectos como Plan Centro, Plan Aeropuerto El Dorado, Ciudad Salud, Proyecto Ministerios, Ciudad Región para la inversión y el turismo internacional entre otros, han sido diseñados para los intereses de los grandes inversionistas extranjeros y nacionales, no para los habitantes de la ciudad, de hecho ha originado el desplazamiento de varios de ellos vía expropiación administrativa y subiendo los costos de vida en barrios populares afectados por estos proyectos, pero estos temas no son el centro de los debates electorales. Por supuesto para los sectores de derecha, la intervención a sus anchas de los inversionistas extranjeros o la expansión de los procesos de privatización no representa un problema, pero por lo menos en teoría los partidos y candidatos de centroizquierda si tendrían que tomar posición y asumir compromisos frente a estos temas, pero esto no sucede, en parte porque no es objeto de controversia electoral el papel o los límites del capital privado en la administración pública, dado el poder del sector empresarial nacional y extranjero, sería una temática con pocos réditos electorales y muchos déficits, por lo menos si se mira desde la óptica de la política tradicional, reducida al ámbito electoral y mediático. Por el contrario, en esa misma lógica muchos sectores de izquierda en Colombia buscan diferenciarse y tomar distancia de procesos políticos en nuestro continente que han impuesto límites a la propiedad y han consolidado parcialmente la nacionalización de ciertos recursos como es el caso de Venezuela Bolivia y Ecuador.

No obstante, es necesario hacer la reflexión desde una visión más amplia de la política, donde no solo se trata de llegar a la administración desde las individualidades y mucho menos si se llega a administrar los intereses de las clases dominantes o de la mano de estas mismas, es necesario construir la política desde las demandas, las iniciativas y propuestas de las clases populares.  

Por: Pedro Nolasco Présiga

Ex-Presidente Nacional de Fensuagro en el exilio.

Un fallo de la sección quinta del concejo de estado, en sentencia de Julio de 2013 le restituyó la personería jurídica a la Unión Patriótica anulando una decisión atrabiliaria del concejo nacional electoral que se la había retirado en el año 2002 a través de las resoluciones 5659 y 7477.

La Unión Patriótica es hija de "los acuerdos de la Uribe" firmados el 28 de Marzo de 1984 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC-EP-, acuerdos en los que se estipuló, además, un cese al fuego y una tregua bilateral por un año.

Esta organización política que a partir de su creación empieza una intensa actividad de manifestaciones públicas, marchas, mítines, asambleas, caminatas, conversatorios en las ciudades, en el sector urbano y rural en todo el país, llegó a su primer congreso fundacional en Noviembre de 1985 con más de 3.000 delegados de todo el país en representación de más de 2.200 juntas barriales, Municipales, y departamentales.

Se iniciaba pues, una nueva forma de hacer política, desde abajo, con la participación protagónica de los humildes, "de los sin nada", de aquellos que como los campesinos y los obreros lo han dado todo, y nunca han recibido nada, a no ser el despojo, el desplazamiento, la cárcel, la represión, la desaparición, y la muerte.

LAS PROMESAS DE GARANTIAS A LA UP QUE EL ESTADO COLOMBIANO NUNCA CUMPLIO

"El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden.

Estas garantías ofrecidas por el gobierno de Belisario Betancur ( que tampoco se estaban cumpliendo) fueron tiradas al basurero por el presidente Virgilio Barco Vargas, quien declaró oficialmente rota la tregua con las FARC-EP- el 17 de Junio de 1987-legalizando además el exterminio que el paramilitarismo, ligado a multinacionales, latifundistas y ganaderos; y amplios sectores de la fuerzas militares y de seguridad del estado adelantaban contra la Unión Patriótica, que finalmente se cobró la vida de más de 5.000 Militantes de esta organización, entre ellos dirigentes de la talla de José Antequera, Leonardo Posada, Miller Chacón, Teófilo Forero, Manuel Cepeda, y los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, entre tantos otros dirigentes y militantes de un movimiento que en las primeras elecciones presidenciales en la que participó en el año de 1986 obtuvo un resultado de 328.752 votos.

En las elecciones para cuerpos colegiados y alcaldías de ese mismo año alcanzó a elegir más de 300 concejales, un significativo número de representantes y senadores en el congreso de la república, Diputados, además de concejales y alcaldes en numerosas ciudades y municipios del país.

Hoy, 31 años después, las FARC-EP- se encuentran nuevamente en un proceso de diálogos de paz en la Habana con el gobierno colombiano, y como en aquella época, la Unión Patriótica se encuentra en plena campaña electoral y una vez más renace la esperanza, renace la rosa, renace la UP. Renace la esperanza de una paz con justicia social para el pueblo colombiano, esperemos que esta vez el proceso y el final sean definitivos.

Y tal vez lo que llama más la atención en esta campaña electoral de la Unión Patriótica es que en ella participan cientos de hombres y mujeres curtidos luchadores sociales y políticos, como Bonifacio Medina, Ricardo Toscano, Luis Eduardo Betancur, Octavio Collazos, Fernando Arias Cardona, entre otros, pero también una amplia y decisiva participación de la juventud, en la que se destacan las mujeres con nombres como el de Natalia Moreno en Bogotá, James Barrero en el Meta, Silvano Calvo en Ocaña, Santander, o Jhon Alexander Melo Serrano en Bucaramanga, Marcio Blanco En Barranquilla, Aidee Moreno en el Meta, Carmenza Urzola en Sucre; luchadoras como Esneda Lopez Candidata a la Alcaldía de Apartadó-Antioqua, representantes del exilio como Carlos Andrés Pérez, candidato a la alcaldía de Chigorodó, Imelda Daza, candidata a la gobernación del Cesar; Alexandra Barbosa, Pablo Amaya, Milán Merchán, entre otros destacados luchadores, hombres y mujeres que en Viotá realizan campaña al Concejo y a la Alcaldía, y Aída Abella la presidenta de la UP, exconcejal de Bogotá, con más de 18 años en el exilio, y hoy candidata de lujo en la lista de la Unión Patriótica al Concejo de la capital de la república.

Y por esas cosas del destino, también hoy, como en aquella época, posterior a los acuerdos de la Uribe, nos encontramos impulsando la candidatura de Clara López Obregón a la Alcaldía de Bogotá, con el apoyo de la Unión Patriótica y otras fuerzas políticas.

Las garantías que no tuvo la Unión Patriótica en la época de los acuerdos de la Uribe, tampoco sobran hoy, la Campaña Electoral de esta organización se realiza en medio de un permanente hostigamiento por parte del estado, varios de sus dirigentes entre ellos candidatos a corporaciones públicas han sido detenidos, otros han sido asesinados, y el asedio paramilitar es permanente, su trabajo electoral se desarrolla en medio de unas condiciones económicas supremamente difíciles, agravados por la negativa del Consejo Nacional Electoral de entregarle los recursos económicos a los cuales por ley tiene derecho

Las fuerzas oscuras ( ya no tan oscuras, ni tan agazapadas ) que truncaron ayer los acuerdos de la Uribe y los anhelos de paz y de profundos cambios políticos, sociales, y económicos, son las mismas que hoy buscan destruir los acuerdos de la Habana y la esperanza de paz con justicia social del pueblo colombiano.

La suerte de la participación electoral y política de la Unión Patriótica es decisiva para el proceso de paz, su carga simbólica de gran significado es que viene de un proceso de paz truncado ( los acuerdos de la Uribe 1984) y que recobra su personería jurídica tantos años después y sale nuevamente a la palestra política en medio de un nuevo proceso de paz .

los asesinatos, exterminio, las desapariciones (la demanda en la comisión interamericana de derechos humanos, exterminio que está catalogado como crimen de lesa humanidad) se convierten en fuerza material y movilizadora en ciudades, campos y veredas, que cargados de simbolismo, memoria, fuerza y esperanza, clama por verdaderos y profundos cambios económicos, sociales y políticos.

La existencia de la Unión Patriótica, su participación activa en la futura lucha política, en la movilización social y reivindicativa, rodeada de todas las garantías y de la protección por parte del estado colombiano hace parte de la justicia y la reparación a las víctimas, de la verdad y de la no repetición, y debe ser una exigencia de toda la izquierda y del movimiento popular colombiano.

La lección ética, moral y política, el aporte histórico, y el noble sacrificio de la Unión Patriótica, es decisivo para el proceso de paz con justicia social, para la democracia, y para la reconciliación de los colombianos.

Por: Miguel Suárez (2015-10-10). El ultimo acuerdo firmado el pasado 23 de septiembre, con tanta pompa que algunos confundieron con la firma del acuerdo final y que contó con la presencia de Juan Manuel Santos, presidente de la oligarquía colombiana, Timoleon Jimenez, Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, acompañados por Raúl Castro, presidente de Cuba Socialista, causo un fuerte encontrón entre las dos partes, la una que quiere, después de la foto, cambiar lo acordado y la otra, que reclaman su cumplimiento.

El acuerdo firmado prevé la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, o un tribunal de justicia, tema donde estaban trabados los diálogos y que se dijo “tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”.

En una entrevista con una radio colombiana, el Fiscal General Eduardo Montealegre, alerto que la nueva “Jurisdicción Especial para la Paz” acordada, podría juzgar a ex-presidentes por sus delitos antes o después de ser presidentes y nombre específicamente a Alvaro Uribe y sus delitos como gobernador de Antioquia, a lo cual riposto el contralor Alejandro Ordóñez, un archi enemigo de los diálogos, diciendo que “el nuevo modelo de justicia hará que Santos responda cuando era Ministro de Defensa de Uribe, con temas relacionados con los falsos positivos“, como es conocido el asesinato a sangre fría de unos 6 mil hijos de pobres que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

Esto prendió las alarmas en un sector de la oligarquía colombiana y el gobierno de Juan Manuel Santos, inmediatamente comenzó una campaña tratando de desvirtuar lo acordado, o de cubrir de impunidad a los máximo responsables del terrorismo aplicado contra el pueblo colombiano durante muchos mas de 60 años.

La oligarquía colombiana se esta esforzando al máximo para colocar ante el mencionado tribunal, como responsables del terrorismo de estado por ellos aplicado a soldados y guerrilleros, dejando así por fuera a aquellas personas cuyas fortunas crecieron a la sombre del terrorismo de estado de forma exorbitante.

Esto ocasiono un enfrentamiento con las Farc-EP, que no admite que el gobierno pretende ahora cambiar lo acordado cubriendo de impunidad a delincuentes como Alvaro Uribe y el mismo Juan Manuel Santos, quien con el mayor cinismo reconoció públicamente que el dio la orden de asesinar al comandante Alfonzo Cano, quien fue capturado vivo y asesinado a sangre fría, al parecer cuando se negó a aceptar las condiciones que Santos le quería imponer.

A ultima hora se conoció por medio de una comunicado conjunto, que la guerrilla y el gobierno habían acordado una reunión buscando saldar el impase, que deja muy mal parada la credibilidad del gobierno y su compromiso con la paz y que sigue mostrando la intención de no cumplir lo acordado y hasta de “patera la mesa”, como dicen al romper los diálogos.

La firma del acuerdo sobre justicia ha sido saludado positivamente por diferentes organizaciones en Colombia y en el mundo así como los diálogos en general.

Como colombianos, que como tantos otro deseamos que se detenga el enfrentamiento armado, que se deje de utilizar las armas para hacer política y que no nos maten por pensar diferente, pero vemos con gran desconfianza las señas que envía la oligarquía colombiana, que hasta hoy no ha dado una sola muestra de voluntad real de paz.

A pesar de haber firmado un cuerdo en el punto uno, de “Política de desarrollo agrario integral”, donde se acordó entregar tierra a los campesinos, en el congreso colombiano impulsan una nueva ley, que propicia la entrega de grandes extensiones de tierras a grandes empresas y multinacionales ademas de volver legal las violaciones a sus propias leyes en cuestiones de tierra cometidas por millonarios como Carlos Ardila Lulle y el los Santodomingo, dos de quienes mas millones de dólares han acumulado a la sobra del terrorismo de estado, leyes que van en total contra vía, de los acuerdos firmados.

Los mismos intentos de cubrir de impunidad a delincuente como Alvaro Uribe Vélez, que tiene alrededor de 300 denuncias en contra y que nadie se atreve a investigar en Colombia, van en contra vía de lo acordado.

A pesar de haber llegado a un acuerdo total en el punto de “Participación política“, movimientos como la Unión Patriótica y Marcha Patriótica, desarrollan su campaña política para las votación que se realizaran este 25 de octubre, habiendo sido encarcelados varios de sus candidatos y en medio del acoso de militares y paramilitares que nos dicen ya no existen.

Por parte de Marcha Patriótica se cuentan ya cerca de un centenar de activistas asesinados o encarcelado ante la mas sorprendente complicidad del gobierno que al tiempo que habla de paz, continua utilizando el terrorismo contra el pueblo.

En la Habana, Juan Manuel Santos convenció a Timoleón Jiménez, el comandante fariano de colocarle fecha a los diálogos y así el propio Juan Manuel Santos dijo ante las cámaras que "En 6 meses debe concluir esta negociación y firmarse un acuerdo final", o sea que la fecha seria el 23 de marzo de 2016.

Lo que no es entendible, es el afán de Juan Manuel Santos de llegar a acuerdos con las Farc, mientras se retrasan los diálogos con el Ejercito de liberación nacional, ELN, cuya agenda, según los comandantes elenos, esta definida en un 90% y la parte publica nada que comienza.

Tampoco es entendible que ante los reiterado pedidos de dialogo del Ejercito Popular de Liberación, EPL y hasta del ofrecimiento de una tregua, el gobierno les responda ordenando un bombardeos asesinando la semana pasada a Víctor Ramón Navarro, comandante del frente Libardo Mora Toro, mas conocido como “Megateo”.

Ante estos y otros detalles, nos preguntamos si son reales las voluntad de “Paz” que Santos expresa a diestra y siniestra y lo mas importante, si van a cumplir lo acordado.

Si a esta desconfianza le añadimos el largo pasado de pactos nunca cumplidos por la oligarquía colombiana, nuestro temor ante otra frustración en la búsqueda de una salida negociada al conflicto colombiano aumenta.

Hubo en el pasado otro gobierno en el cual se hablo mucho de paz, en aquella ocasión muchos guerrillero se entregaron al gobierno y entregaron sus armas, entre ellos Guadalupe Salcedo, un joven campesino de los Llanos Orientales, hijo de un ganadero venezolano y una indígena de la región, quien había levantado en armas contra la situación de oprobio que se vivía por los años cincuenta en Colombia.

Algunos meses después de haber firmado un acuerdo de paz, Guadalupe Salcedo, fue asesinado por la policía colombiana.

En esos mismos tiempo, otro guerrillero liberal, conocido luego como Manuel Marulanda Vélez, se había acogido a la paz que pregono el gobierno, pero no el entrego sus armas, las dejo escondidas, y ante el asesinato de varios de sus camaradas, el joven Marulanda, desenterró sus fusiles y continuo la lucha por una Colombia en paz, confiemos de que esta vez los guerrilleros no se vean obligados a desenterrar las armas, que han prometido dejaran pero no entregaran ya que son la garantía de que lo acordado se cumpla.

Joaquin Pérez B/ Disponen de ellas como una mercancía de terror. Degradadas en sumo grado por la connivencia con el paramilitarismo. Apátrida oligarquía...

Fundadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en la observancia del 'enemigo interno', han cumplido un ingrato y sucio papel en la defensa de los intereses de la oligarquía gringa y en las migajas que les tiran a los criollos atrincherados en los dos partidos tradicionales.

Durante años se ha sindicado a las Fuerzas Militares de Colombia como un ejercito de ocupación. No hay dudas en ello. Las multinacionales sobre todo las del crudo, las utilizan para garantizar el saqueo de ese recurso en vías de extinción. No en balde 7 bases estadounidenses monitorean los que se resisten a esa ignominia.

En el cruel imaginario de JMSantos del postconflicto, a los militares les tiene asignado el 'honroso papel' de contribuir con sus vidas y la poca honra que les queda, a servir a la OTAN en sus guerras montadas en las mentiras de sus aparatos de inteligencia regados en todo el planeta. En su reciente viaje a los Estados Unidos, no era para "socializar" lo acordado el 23 de septiembre. Quien ha dicho que los peones del imperio van a ello? Iba a recibir instrucciones precisas sobre la urgente necesidad de tropas frescas y super entrenadas como las de Colombia. Es que son hechas a la medida para obedecer sin chistar a generales de la OTAN.

Pueden consultar en Wikipedia o simplemente en Google, la gran cantidad de conflictos en los que influye decididamente el imperio de Obama y sus satélites. Allá van a enviar los soldados colombianos por orden del negro a reemplazar las USD agobiadas por las bajas y la esquizofrenia -posttraumatisk stress- de jovenes entrenados para matar y torturar.

Solo para mencionar uno. USA y sus aliados de la OTAN tienen en Afganistán 12500 soldados con más de catorce años después de que a Washington metiera sus narices en ese país del Asia. No es difícil imaginar que los reemplazarán con tropas colombianas entre otras.

Hoy tienen una oportunidad de oro con las conversaciones que se llevan a cabo en la Habana. Limpiar su tenebroso pasado contando la verdad en el Tribunal Especial y sobre todo un NUNCA más ensangrentar sus uniformes con pueblo, aplicando la Doctrina del Libertador Simón Bolivar.

Por: Miguel Suarez (2015-09-03). El pasado 23 de septiembre se dio la firma de un acuerdo y un apreton de manos entre Juan Manuel Santos, presidente de la oligarquia colombiana y Timoleon Jimenez, Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, acompañados por Raul Castro, presindente de Cuba Socialista.

Al comienzo de toda esta historia de paz, me llamo mucho la atención que la firma de otro acuerdo entre las Farc-EP y el gobierno de la oligarquía colombiano, se fuese a dar con tanta pompa, como se rumoraba.

Que Santos desviaría su vuelo a Nueva York y que estaría en Cuba, que Timoleon Jimenez, comandante fariano estaría presente y que ademas allí estaría Raul Castro, presidente cubano.

Por un momento se me vinieron a la memoria las palabras de Roy Chaderton, embajador venezolano en Bogota el 13 de abril de 2002, cuando el pueblo de Caracas había restituido Chávez en la presidencia: “Algunos comenzaron a bailar antes que llegara la orquesta”.

Como todos vimos, los rumores se confirmaron y en el acto, estuvieron ademas las delegaciones de Noruega, Chile y Venezuela. Fue un acto que bien se hubiese merecido la firma final de un acuerdo entre las partes.

¿“Algunos comenzaron a bailar antes que llegara la orquesta”?.

En una rueda de prensa citada por Humberto de la Calle, jefe negociador de la oligarquía colombiana y Sergio Jaramillo, el pasado 28 de septiembre (2015), donde ellos intentaban calmar la tempestad creada por el cuerdo y por las declaraciones del Fiscal Eduardo Montealegre, donde alertaba que la nueva “Jurisdicción Especial para la Paz” acordada, podría juzgar a ex-presidentes por sus delitos antes o después de ser presidentes, un periodista, Manuel Jimenez, de Canal Capital puso el dedo en la llaga.

Manuel Jimenez, pregunto: “En los anteriores acuerdos siempre se leía el comunicado conjunto y a los pocos días teníamos el consolidado de ese acuerdo. Porque ahora es el momento adecuado para dar a conocer uno de los acuerdo mas importante y el eje fundamental de esta negociación, cuando hay temas estructurales que no se han consolidado como ustedes lo han dicho en varias declaraciones. ¿porque dejar ese margen de especulación tan amplio en temas como extradición, en temas de como se va a pagar y donde se va a pagar las penas que se den, quienes o no participan, porque se deja ese margen tan amplio en un tema tan, tan complejo y tan importante para la negociación?”.

Algo parecido me pareció, ¿porque tanto afán y porque tanta pompa ante la firma de un acuerdo, que seguramente es muy importante, pero daba para todo eso?.

En Telesur presentaron una entrevista con Timoleón Jiménez, Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, donde el conto pormenores de su viaje a Cuba.

De todas maneras el viaje, la venida para acá fue, siempre maratónica, y con muchas inquietudes porque pues el tema estaba en discusión y yo sabia que todavía faltaban cosas por acordar, y no estaba muy seguro si se iba a dar o no se iba a dar, y pues conocía las generalidades. Yo llegue aquí siempre tardecito, el alistamiento, la reunión, empaparme un poquito a las carreras, me dijeron así en general como iba a ser el acto, pero en la cabeza yo pensaba que era algo mas cerrado no?, cuando yo llego a ese escenario pues claro veo toda es clase de personalidades que había, gente...”.

El “sabia que todavía faltaban cosas por acordar, y no estaba muy seguro si se iba a dar o no se iba a dar”, la misma sensación del periodista de Canal Capital y la mía. ¿Habían comenzado la fiesta antes de que llegara la orquesta?, ¿porque?, ¿necesitaban algo espectacular para llevar a la reunión de la ONU, donde Juan Manuel Santos, el año pasado había prometido llevar a esta un acuerdo final?.

Santos de la Habana salio directo a Nueva York, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 70° periodo de sesiones ordinarias, donde entre otras dijo: “hace menos de una semana, en La Habana –luego de casi tres años de negociaciones en los que hemos avanzado en la mayoría de los puntos de la agenda acordada–, se logró un acuerdo sobre el que era, tal vez, el mayor obstáculo para firmar la paz.

Logramos un acuerdo sobre lo más difícil en cualquier proceso de paz: un sistema de justicia transicional que garantiza la no impunidad para los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto”.

Nadie pone en duda la importancia del acuerdo que hasta cierto punto logra destrabar los diálogos, y que tiene asustado a mas de uno de los “impolutos” que han usurpado el país, pero lo que queda claro es que, conociendo la rancia oligarquía colombiana de la cual Juan Manuel Santos es talvez su mejor representante, hubo acelere de parte del gobierno, ante todo, para llevar algo espectacular a la ONU y llevarse los aplausos.

Juan Manuel Santos, implicitamente reconocio que que hubo acelere en hacer publico el acuerdo, cuando según el medio de desinformacion Paracol Radio dijo: “Acuerdo de justicia será publicado una vez termine de ser ajustado”, o sea, según se entiende, no estaba ajustado cuando se presento y los abogados ahora lo estan ajustando.

Dicen que despues de la fiesta, ante todo si se ha “mamado mucho ron”, como dicen los costeños, el guayabo es bien fuerte, y las declaraciones del gobierno tratando de acomodar lo in-acomodable, han causado un fuerte choque con las Farc, ya que para ellos esto ya esta terminado.

En un comunicado de la delegación de paz de las Farc-EP, titulado “La Jurisdicción Especial para la Paz, es un acuerdo en firme”, contradicen la idea de la conferencia de prensa llamada por de la Calle y Sergio Jaramillo y las del mismo Juan Manuel Santos, y en uno de sus paragrafos dicen:“Para nosotros, quienes integramos las FARC-EP, lo sucedido el miércoles pasado no fue una puesta en escena para impresionar a la galería. Se trató de una entrega solemne de un documento que compromete a las partes”.

Asi el acelere por la foto parece haber llevado al gobierno de Juan Manuel Santos a una encrucijada, donde ellos pretendiendo descargar el peso del terrorimos de estado en el pueblo, en guerrilleros y soldados, ahora pretende hacer “ajustes” que les garanticen la impunidad a los que según la Corte Penal Internacional deben ser juzgados, “los maximos responsables”, entre quienes, según alerto el fiscal general Eduardo Montealegre, estaria Alvaro Uribe como gobernador y según el procurador Alejandro Ordóñez durante su intervención en el debate sobre justicia transicional, el nuevo modelo de justicia hará que Santos responda cuando era Ministro de Defensa de Uribe, con temas relacionados con los falsos positivos.

Quedó implícito en la rueda de prensa citada por los negociadores de la oligarquía, que ellos pretendían dejar el asunto de la justicia y los máximos responsables entre guerrilleros y militares, especialmente en soldados y sargentos descargando en ellos toda la responsabilidad del terrorismo de estado, sacando así en limpio a los “honorables“ personajes cuyas fortunas han crecido a la sombra del terrorismo de estado, violando así el acuerdo que dice: “La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”.

Y en ese “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”, cabe mucha gente hasta hoy intocables, como Alvaro Uribe con cerca de 300 denuncias durmiendo en la comisión de absoluciones de la cámara y todos aquellos que se escudan detrás de el.

Ademas, porque se que la oligarquía tratara de cubrir de impunidad a bandidos como Uribe, es bueno que tengan muy presente, y eso espera el pueblo colombiano, que la Jurisdicción Especial para la Paz, sea en la practica entrada al país de la muy temida por ellos Corte Penal Internacional de la cual su Fiscal Adjunto, James Stewart, en la Universidad del Rosario en mayo pasado dijo: “La Fiscalía de la CPI solamente investiga y enjuicia crímenes en los casos en que los Estados no pueden hacerlo o no estén dispuestos a hacerlo” y en el caso de Uribe y su banda en estado no a querido ni podido.

Es muy, pero muy grave, que algo tan serio como unos acuerdos que supuestamente buscan la paz, sean manejados de una forma tan irresponsable, y lo mas grave, esto muestra desde ya, que no piensan cumplir lo acordado.

 

Por: Libardo García Gallego 

 

De lo único que es consciente el pueblo colombiano es de que su Estado es administrado por un grupo de ladrones, de corruptos, de ventajistas, para su exclusivo beneficio. Desde quienes elaboran el Presupuesto Nacional. hasta el último ejecutor del mismo. Así se diga que el erario es de todos y todas, de cada colombiano y colombiana, éste no lo disfrutan sino los más encopetados funcionarios del Estado, sus familiares y amigos. El Estado colombiano es propiedad de ciertas castas, de unas cuantas familias nepotistas que lo van transfiriendo ad infinitum de padres a hijos, cual si se tratase de una gran finca.

Nadie ignora que aquí la “justicia es para los de ruana”, para los pendejos, para quienes no tienen relación con los jueces y magistrados o carecen del dinero suficiente para comprarles sus fallos políticos arbitrarios.

Desde hace 70 años venimos padeciendo una violencia sin tregua: primero nos matábamos por el color de unos trapos, pues nadie sabía cuál era la diferencia entre un godo y un cachiporro, a no ser por la hora de entrar a misa. Después vino la lucha por la tierra, de la cual nunca hemos salido y quizás nunca saldremos, pues siempre habrá terratenientes y empresarios agrícolas interesados en acaparar miles de Has., arrebatándoselas a los pequeños parceleros agrícolas que escasamente poseen una chagrita para su subsistencia. Ni siquiera hemos llegado a enfrentarnos por el modelo de desarrollo socio económico y político, pues cuando empezábamos a hacerlo se derrumbaron intempestivamente sus modelos inspiradores más notables.

Una cosa es la cháchara que se agita a través de los medios y otra muy distinta la realidad. Nos dicen que en Colombia disfrutamos de un Estado social de derecho cuando éste ni siquiera es social, mucho menos de derecho. Y si no ¿Cómo se garantiza a los indígenas el derecho a una vida digna cuando sus hijos mueren de hambre?, ¿Cómo se garantiza el derecho al trabajo cuando el 10% de la PEA está desocupada y un 40% carece de empleo formal? Todo esto sin contar la población que está en situación de pobreza y de miseria, es decir quienes en teoría viven los primeros con $6.000,oo  y los segundos $3.000,oo diarios. ¿A esto se le puede llamar un estado de derecho? ¿Cómo se garantiza en Colombia el derecho a la libertad de opinión cuando miles de quienes piensan diferente de la casta gobernante han sido asesinados o están en las cárceles? Y esto para no repetir y reiterar hasta el cansancio la tragedia cotidiana por la ausencia de salud digna para todos, por la carencia de presupuesto para la educación y la pésima calidad de la misma, por el déficit de viviendas, por la incontenible destrucción del medio ambiente natural.

Estamos en período electoral y qué vemos? Los mismos vicios, los mismos delitos electorales, la misma mendicidad y las mismas promesas, el mismo mercado de conciencias. Los gamonales de siempre se quedan con la torta gubernamental porque el pueblo ignorante es incapaz de encontrar alternativas dignas y se entrega incauto en manos de los mismos detentadores del poder, hoy mafias más absorbentes que las de antes. Ha desaparecido por completo lo que quedaba de la incipiente democracia.

Mientras la gente ignore por qué es pobre, por qué existe la desigualdad social y cómo construir un Estado igualitario, mientras no supere los fanatismos y prejuicios religiosos, mientras carezca de conocimiento y voluntad para cambiar esta situación adversa; mientras no haya educadores ilustrados que capaciten a sus alumnos en estos temas, mientras no sepamos diferenciar objetivamente, sin nacionalismos sesgados, a Colombia de Venezuela, vamos a seguir así por largo tiempo. Sin la ciencia de por medio es imposible cambiar para mejorar y seguiremos desgraciados.

 

Armenia, 23 de Septiembre de 2015

 

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La firma de un acuerdo en materia de víctimas en las negociaciones de paz[1], sellado con un simbólico apretón de manos entre el comandante máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el presidente Juan Manuel Santos ha dado mucho que hablar y ha llenado de esperanza a amplios sectores en torno al avance del proceso de paz adelantado con los insurgentes en La Habana. Es entendible el entusiasmo de no pocos sectores sociales que ven -¡al fin!- un gesto inequívoco de avance en unas negociaciones que, cíclicamente y en medio del secretismo, parecen estancarse. Hasta se le ha puesto una fecha tentativa, acordada por ambas partes, para la firma de un acuerdo definitivo: el 23 de Marzo. Y se ha dicho que dos meses después, es decir, a finales de Mayo, tendría que estar concluyendo el proceso de dejación de armas por parte de los guerrilleros de las FARC-EP. Este avance, que ocurre a un mes de las elecciones regionales, no está, desde luego, exento de los ritmos y cálculos de la política.

 

¿Presidente de la paz?

En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del "presidente de la paz", de Santos posicionado como el hombre que pasará a la historia como el artífice de la paz, rumbo al Nóbel, etc.[2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto que históricamente los únicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo decía con pluma magistral William Ospina, sorprende que "la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan"[3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.

Pero también estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Miércoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja; continúa el asesinato sistemático y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el más reciente informe del Programa Somos Defensores[4]; la acción del Ejército y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San José de Apartadó, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es más, toda su agenda legislativa va a contravía de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundización de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de víctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yarí y Planadas, Tolima[5]; por último, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llevó, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilización, que incluyó la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho más difícil para el pueblo y los cálculos alegres son más fruto de un excesivo optimismo que de un análisis riguroso de la realidad.

Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un "presidente de la paz", cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegación de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociación. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadáveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo más grave de esta afirmación, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en última instancia forzó el escenario que llevó a Santos a negociar. Santos no ganó las elecciones para negociar, sino que para continuar las políticas de Uribe Vélez, y fue el enrome contexto de movilización popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forzó el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesión gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentación en la que ha caído parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa política[6].

 

La relatividad de lo ganado

Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemáticamente "cárcel y más cárcel", "impunidad", y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las últimas décadas. En lugar de esta visión, se ha impuesto una visión de justicia que pone la reparación como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,

"Este acuerdo de justicia creará una jurisdicción especial para la paz, en la que se constituirá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.

Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliación de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito político y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto. Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisión de la verdad."[7]

Esta jurisdicción especial será aplicable a todos los "actores" del conflicto, incluida la Fuerza Pública, aunque queda ver cómo se compatibilizará esta jurisdicción con el Fuero Militar con el cual los uniformados gozan de virtual impunidad. Uribe se escandaliza que los miembros de la Fuerza Pública sean equiparados a los "terroristas", cuando en realidad, esto ha sido un golazo del gobierno y una generosa concesión por parte de los insurgentes. Uribe está en lo correcto: los guerrilleros no pueden ser equiparados a la Fuerza Pública, pero no por las razones dadas por él. No lo son, porque los insurgentes han estado en rebelión por más de medio siglo y los actos delictuales que han cometido, han sido cometidos en el desconocimiento de la legitimidad del marco legal vigente y de la rebelión en contra del Estado. Debido a esto, en un acuerdo de paz, es evidente que deba haber un tratamiento especial a estos actos. Por su parte, los actos violatorios por parte de miembros de la Fuerza Pública no fueron hechos ni en rebelión ni en el rechazo al marco constitucional vigente; por el contrario, fueron cometidos en circunstancias que la Fuerza Pública debía, no solamente actuar en el marco constitucional, sino que además, debía ser el garante último del respeto a la legalidad. Las fuerzas del Estado, en teoría, tienen el deber de proteger a la comunidad, no de desplazarla, asesinarla, desaparecerla, torturarla y violarla. Por eso sus acciones son particularmente graves –este argumento, ha sido debidamente señalado por el MOVICE en un reciente comunicado, en donde expresan sus preocupaciones de que el Estado pase sus crímenes de agache[8].

Puesto en esta perspectiva, quienes más se beneficiarán de este acuerdo en materia de justicia, a diferencia de lo que afirma histéricamente Uribe, serán el Ejército y la Policía, así como los sostenes civiles de la guerra sucia, que agazapados en los gremios financiaron y estimularon el paramilitarismo sin haber ellos puesto una sola gota de sangre.

Pero subsisten algunas inquietudes respecto a la forma que adoptará esta jurisdicción especial según lo plantea el abogado Carlos Ruiz, quien ha participado en estos debates en el marco del proceso de paz. Inquietudes aún más legítimas cuando se tiene en consideración la naturaleza faltona y mentirosa de la oligarquía colombiana.

"Para una organización concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definición ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, máxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito político y sus conexidades, ni se han aplicado amnistías generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayoría de ellos: ostenta la calidad hegemónica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrático en el papel, cuando simultáneamente en estos cincuenta años de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio político y un holocausto social.

(...) Haciendo tránsito las FARC-EP a la legalidad, no hay básicas garantías de no repetición por su adversario, no hay depuración del Estado, ni reformas que aseguren que nunca más se incurrirá en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quizá hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar sólo hacia un lado. (...) Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurídicos amnistías e indultos, con una necesaria nueva legislación sobre las conexidades del delito político, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado continúa persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantías de remover sus instrumentos criminales."[9]

¿Superado el punto más difícil de la negociación?

No es verdad, como afirmaron los medios de comunicación, que, con un acuerdo en el punto de justicia, el tema más espinoso se haya resuelto. Quizás sea mostrado de esta manera por el establecimiento por las razones dadas por Ospina en su citada columna: "Esta semana Juan Manuel Santos ha conseguido mostrarle al mundo, con gran cubrimiento mediático, que el acuerdo sobre justicia transicional al que ha llegado con las Farc es el punto clave de los diálogos de La Habana, quizá porque es el punto en el que las Farc parecen admitir que son las responsables de la guerra de estas cinco décadas", aunque, en realidad, los únicos grandes responsables sean esta oligarquía indolente que de esta manera logra diluir su responsabilidad por este desangre eterno[10].

Pero no es el tema más complejo. Queda aún el tema de la dejación de armas, el cual no es menor dado a que un sector importante de la oligarquía quiere ver la entrega de armas como un acto de humillación y de conquista simbólica de la insurgencia campesina. Los guerrilleros farianos, por su parte, han insistido en varias entrevistas que ese escenario no se dará y que optarán por la dejación de armas. Quedaron también en el congelador dos temas del punto sobre la cuestión agraria que son, de hecho, los más espinosos: el tema de los límites a la concentración de tierras, es decir, la cuestión del latifundismo, y el tema de los límites a la extranjerización de tierras, otro tema clave en la lucha contra las locomotoras minero-enérgeticas y agro-industriales. En ambos puntos el gobierno es inflexible, y ambos puntos, desde el punto de vista de la ideología fariana, deben ser necesariamente abordados. Son temas irrenunciables inscritos en el ADN del movimiento guerrillero.

Aún quedan esos temas y será muy difícil destrabarlos, más aún cuando vemos que todas las medidas que está tomando el gobierno van en contravía de una resolución medianamente favorable para los sectores campesinos y populares. La oligarquía, que ya ha comenzado una ofensiva generalizada por la explotación de los territorios, se está aprestando para que la paz le abra de par en par, sin ninguna clase de restricciones, los territorios para sus inversiones; de alguna manera, en el presente, la insurgencia ha sido un cierto límite a la expansión del gran Capital hacia las zonas rurales de economía campesina. Ya están comenzando a estallar conflictos en todo el país debido a esta presión sobre la tierra que están viviendo las comunidades en los territorios. Es probable que la mesa de negociaciones no pueda destrabar estos temas, sin una fuerte presión popular. El movimiento popular no puede ser un espectador en este punto y ver qué se decide por arriba, cruzados de brazos. La movilización, la lucha, la organización y la presión creciente es, por esto mismo, mucho más importante en esta fase de la negociación que nunca. Solamente así se podrá alcanzar un acuerdo que, al menos en parte, recoja las demandas de la mesa de unidad agraria, étnica y popular.

Y la cosa no acaba ahí. Tampoco se ha abordado el tema de refrendación de los acuerdos, que incluye la propuesta insurgente –a la cual se ha opuesto el gobierno- de realizar una asamblea constituyente, la cual tiene sus propias complicaciones. Nada indica que una asamblea constituyente, de llegarse a dar, produzca una constitución necesariamente más progresista y más proclive a los intereses populares que la que ya hay. No es casual que sean los uribistas quienes también están agitando la demanda de una constituyente, por lo que su incierta realización implica una aguda lucha política en condiciones desfavorables con los sectores oligárquicos que se han dedicado desde 1991 a cambiar la correlación de fuerzas que sustentó el compromiso constitucional de ese entonces, aún más a su favor. Esto, sin entrar todavía en la fase de implementación, que promete ser aún más difícil que la negociación de un acuerdo. Con esto, no quiero decir que haya que desanimarse ante las enormes tareas que tiene por delante el campo popular, sino sencillamente evitar falsos triunfalismos, evitar dormirse en los laureles, evitar caer en la inercia a la que lleva un excesivo optimismo, confiándose demasiado del desenvolvimiento del proceso como si los dados ya estuvieran echados a favor del pueblo, porque no lo están (aún).

Y no olvidemos tampoco que el proceso con el ELN aún no arranca formalmente, aunque se lleven años de discusiones en secreto. Aunque el comandante eleno, Gabino, ha insistido en que existe una buena comunicación con las FARC-EP y que ellos entienden el proceso como un solo, entendiendo la negociación de los elenos como complementaria a la que se lleva adelante con las FARC-EP[11], lo cierto es que esta es una negociación que, necesariamente, tendrá sus propios ritmos. La oligarquía puede estar preparando un escenario en el cual aceleren las negociaciones con las FARC-EP como manera de aislar al ELN, que tiene sus propias demandas, muy fuertes por ejemplo en el tema de recursos naturales y del sector minero-energético, claves para la actual estrategia de acumulación capitalista. Tampoco el EPL está en las negociaciones, una fuerza formidable en una de las regiones más complejas del país, como es el Catatumbo, y el gobierno de Santos no parece tener la voluntad de sentarse en la mesa con ellos. La ausencia de un acuerdo sustancial con estos sectores puede llevar a un nuevo ciclo de conflicto armado.

¿Irreversibilidad del proceso? Los ritmos de la lucha de clases

El proceso no es irreversible. Debido a la fórmula de "nada está acordado hasta que todo esté acordado", en cualquier momento la oligarquía puede patear la mesa. Es cierto que, con todo lo que se ha avanzado hasta el momento, el costo político para Santos de patear la mesa en estos momentos sería más alto, muchísimo más alto, que hace seis meses. Sin embargo, el bloque dominante en todo momento estará calculando, y calculará hasta el mismísimo final, cuál es la alternativa más conveniente para ellos como clase, si seguir el curso de la guerra sucia o si firmar un acuerdo de paz que les permita continuar siendo la fuerza hegemónica con algunas concesiones, más o menos importantes según sea la fuerza popular que enfrenten.

Pero nada en la lucha de clases es irreversible. No existen ni derrotas, ni triunfos absolutos, menos aún para el bloque dominante que en todo momento está presto a recomponer su hegemonía. Y digo "bloque dominante" porque, pese a quienes ven en el gesto del apretón de manos un gesto entre iguales, esto solamente es así –y en un sentido muy relativo- en el plano militar. En el plano político y en el plano de la lucha de clases que lo sustenta, está claro que la oligarquía colombiana sigue siendo el bloque dominante y que esto no será puesto en cuestión ni por las negociaciones ni por el eventual acuerdo. Se puede decir que esta no será una paz "de vencedores ni vencidos" en el plano de lo estrictamente militar, pero lo cierto es que, en el terreno concreto de la lucha de clases, la oligarquía mantiene su hegemonía, su control y la iniciativa. Es verdad que el actual contexto político y el ascenso de la lucha de clases desde el 2008 en adelante han erosionado esta hegemonía absoluta. Pero aunque vapuleada y desgastada, la oligarquía sigue manteniendo firmes las riendas del poder y no se avizora que las suelte en el corto o en el mediano plazo. Este análisis no significa que esa correlación de fuerzas no pueda ser cambiada: puede y debe ser modificada. Pero eso es parte de un proceso más largo en el cual mucho tienen que aportar las experiencias de construcción de poder popular y de autonomía que se han venido desarrollando en distintas partes del territorio de hace décadas. Para poder comenzar ese proceso, lo principal es evitar triunfalismos infundados desde la izquierda, enguayabarse con la foto del apretón de manos y marearse confundiendo el significado preciso del actual momento histórico.

Existe una tendencia a suspender el análisis de la lucha de clases cuando se habla del tema de paz, quizás por la hegemonía que el liberalismo ha mantenido por décadas en el seno de la izquierda. Se divide el campo político entre "partidarios" y "enemigos" de la paz, obviando que por paz se están entendiendo proyectos sociales (de clase) muy diferentes, por parte de distintos actores. Hace unas semanas Santos era el que no cumplía acuerdos, que le fallaba a los campesinos, y ahora, gracias a un gesto político bien calculado (pero no por ello menos significativo) se ha convertido nuevamente en el presidente de la paz, y habrá quien hasta considere en serio la propuesta de ciertos sectores de la izquierda liberal de proponer a Humberto de la Calle como candidato de "unidad" para el post-conflicto en las elecciones del 2018 –dando así nuevos bríos a esa oligarquía moribunda. Estos súbitos cambios de opinión en ciertos sectores de izquierda reflejan un análisis cortoplacista, coyunturalista, que no se asienta en una comprensión clasista de la realidad, sino en un análisis voluntarista y superestructural. Es verdad que un acuerdo de paz de ninguna manera soluciona el problema de la lucha de clases en Colombia; tampoco la firma de la paz elimina la necesidad de buscar la construcción de una sociedad socialista y libertaria. Pero la manera en que el pueblo enfrente la coyuntura, en que los sectores organizados analicen sus tareas políticas del momento y decidan un curso de acción para este momento tiene un impacto decisivo en el curso de la lucha de clases en el futuro inmediato y mediato. En pocas palabras, dependiendo de cómo se asuma el proceso de paz y su lugar en una estrategia revolucionaria a largo plazo, es que los sectores populares pueden salir fortalecidos del proceso de paz, en su lucha por una nueva sociedad, o pueden salir debilitados, cooptados, desmoralizados y metidos en una camisa de fuerzas –de la mano del liberalismo- como socio menor del bloque dominante para garantizar la gobernabilidad oligárquica, con fachada democrática. Retomar el análisis clasista es un primer paso para poder rearticular un proyecto propio de los sectores populares y de armarse políticamente para las luchas que se vienen.

Conflicto social, Acuerdo de Paz y las luchas que se vienen

 

Es sabido, como hemos dicho, que la firma de un acuerdo de paz no significa el fin de la lucha de clases, ni el fin del capitalismo, ni mucho menos, el fin de las contradicciones sociales. Esta afirmación, no por ser de perogrullo, es menos necesario machacarla en el actual contexto. El tema es, como también decíamos, qué tendencias se van a reforzar con la firma de la paz: si una tendencia a la desmovilización popular, tendencia que objetivamente reforzará a la derecha, o una tendencia a avanzar en las luchas y la organización populares, tendencia que, objetivamente reforzaría las fuerzas de izquierda. Santos, como representante de la oligarquía, ve la opción de paz o guerra en función de los intereses de su bloque dominante. Pensar que un representante de la oligarquía va a realizar las labores que solamente las fuerzas populares pueden realizar, es una peligrosa ilusión.

Razones totalmente distintas llevan al movimiento popular, a la insurgencia y a Santos (así como a los sectores oligárquicos nacionales e internacionales que lo sustentan) a buscar la paz. Mientras que el pueblo busca la paz con justicia social, para poder avanzar en la consolidación de los derechos más básicos, represados por una política feroz de represión centenaria, los sectores del bloque dominante buscan la paz, naturalmente, para avanzar en sus propios intereses, es decir, para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria popular. Esta contradicción no se definirá de manera puramente superestructural, ni en base a ningún sofisma jurídico, ni en base a ningún acuerdo de paz. Esta contradicción se definirá en el terreno concreto de la lucha de clases, y la clase que logre imponerse mediante su capacidad organizativa y su fuerza, será la que incline la balanza a su favor. Como decíamos, la oligarquía lleva la delantera y son ellos los que están, en estos momentos, en mejores condiciones de imponer su proyecto de paz para las inversiones multinacionales y para profundizar la acumulación por despojo –proyecto que no puede sino exacerbar los conflictos sociales.

Una de las primeras que salió a opinar después del apretón de manos de Timoleón Jiménez y de Juan Manuel Santos, fue la estridente ultra-derechista Salud Hernández en su columna de El Mundo. En ella, la periodista española afirma que "la firma de un proceso de paz con las Farc, Juan Manuel Santos augura un imponente flujo de inversiones nacionales y foráneas hacia su país (...)sin la amenaza de las Farc en buena parte del territorio colombiano, gracias a la política de seguridad que emprendió Álvaro Uribe, de cuyo gobierno Santos fue ministro de Defensa, y sin la presencia de los paramilitares, que se desmovilizaron entre el 2005 y el 2006, Colombia pasó de estado fallido a uno de las naciones de moda en el planeta para hacer negocios"[12].

En la misma nota, Hernández plantea la apuesta europea por la paz como la apertura de los territorios a la explotación por parte de los grandes inversionistas internacionales sin ninguna clase de contrapeso:

"El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sellado en el 2013, también contribuyó a que muchos empresarios del Viejo Continente volvieran sus ojos hacia la nación sudamericana. En el 2014 la inversión española alcanzó los 2.154 millones de dólares, un crecimiento del 126% sobre el año anterior, convirtiéndose en el tercer principal inversor (...) Hace unos días el Presidente Santos recibió a una amplia delegación de empresarios españoles, entre los que estaban presidentes de compañías grandes como Sacyr, Gas Natural, Fenosa, Mapfre y Repsol, entre otras. Y todos manifestaron su vivo interés por hacer negocios. Es indudable que saber que las Farc no representarán un peligro para sus intereses a partir del pacto que propiciará que la banda terrorista deje las armas, supone un aliciente."

Sabemos que el pueblo no se cruzará de brazos a ver cómo le dejan el hueco donde había monte. Aunque un sector se sienta tentado a pensar que nada puede frenar el avance de las locomotoras y de esta visión dominante de la paz como una extensión de la perversa política uribista-santista de la "seguridad inversionista", lo cierto es que todo depende de cómo el pueblo articule la lucha por la paz (con justicia social) con la lucha en contra del modelo social del despojo. El resultado de estas negociaciones no está escrito en las estrellas y pueden servir para fortalecer o para debilitar al movimiento popular, pero esto dependerá del propio movimiento popular, de su capacidad de articularse y de superar la espontaneidad pura. Lo que pase, dependerá de la fuerza y la resistencia que el pueblo oponga a esta ofensiva que se viene del gran Capital, si se materializa este escenario de paz neoliberal y de la paz del despojo, o si se logra frenar esta arremetida. La última palabra la tienen las organizaciones populares.

Se requiere de una mirada sobria sobre el proceso de paz y su eventual terminación en un acuerdo de paz –cuya implementación, sabemos, será, en el mejor de los casos, extraordinariamente difícil. No podemos hacernos falsas ilusiones que con la firma de un acuerdo de paz se acaban los problemas sociales o se habrá conseguido lo más importante, más aún si se impone la paz "minimalista" de Santos. Como lo señala el mismo Ospina, "Una paz sin enormes cambios sociales, sin proyecto urbano, sin una estrategia económica generosa, sin un proyecto ambicioso de juventudes, podrá ser una buena campaña de comunicación, pero no llegará al corazón de millones de personas que necesitan ser parte de ella"[13]. Aún estamos a tiempo de empujar una paz con mayores concesiones para el pueblo, una paz que profundice los componentes de justicia social, pero eso no ocurrirá espontáneamente.

Sea como sea, la firma de un acuerdo de paz, eventualmente, debería ser el comienzo de un nuevo proceso de luchas sociales en donde –si las cosas salen como deberían, algo altamente improbable- la oligarquía debería, en teoría, renunciar a la guerra sucia contra el pueblo. Pero sabemos –y esto lo sabe la comunidad internacional y los burócratas de la resolución de conflictos y construcción de paz- que el gobierno no cumplirá los acuerdos, mentirá y mantendrá niveles importantes de represión, que serán descritos como niveles "aceptables" por los socios en EEUU y la UE, que tienen demasiados intereses estratégicos en Colombia como para montar una alharaca por unos cuantos campesinos masacrados. No hay que caer en esa infantil ilusión burguesa de que con el fin del conflicto armado se le acabará a la oligarquía la "excusa" para criminalizar al movimiento popular y para reprimir. Como lo dijo el revolucionario guineano Amílcar Cabral, bajo las condiciones del capitalismo, toda lucha es armada: sólo que a veces el pueblo tiene armas y a veces no. Pero el Estado siempre las tiene y siempre las utiliza contra el pueblo cuando ve sus intereses estratégicos amenazados. La fuerza organizada del pueblo es la única barrera objetiva que tendrá esa violencia de clase. Hay que esta advertidos y preparados para los conflictos del post-conflicto.

 

José Antonio Gutiérrez D.

28 de Septiembre, 2015



[5] Sobre este último punto ver http://anarkismo.net/article/28474

[6] Sobre el particular, ver dos artículos anteriores, escritos en el contexto de la re-elección de Santos http://anarkismo.net/article/27091 & http://anarkismo.net/article/27046 . Ver también http://anarkismo.net/article/27180

De firmarse un acuerdo de paz y luego de convertirse en un partido político, como han asegurado algunos comandantes guerrilleros que es su intención, esa organización ya perdió talvez su voto mas importante, el de Antonio Navarro, ”Navurrro”.

El anuncio lo hizo el “honorable” senador, ahora miembro de la mescolanza Verde, en una intervención en un debate sobre el acuerdo de justicia transicional firmado por Farc-EP y la oligarquía colombiana.

Navurro” dijo: “Si bien no votaré por las Farc cuando conformen un partido político porque nunca me han convencido...”.

En 1991, cuando los diálogos en Caracas se empantanaron Antonio Navarro se ofreció para viajar a como mediador, recibiendo un ” sera para que venga a enseñarnos como entregarnos” de parte de los guerrilleros de las Farc-EP.

Y es que el proceso de “Paz” con el M-19, fue una verdadera entrega propiciada por algunos infiltrados a alto nivel en esa organización guerrillera, donde a algunos comandantes, luego de asesinar a su jefe Carlos Pizarro, les dieron un ministerio, a algunos otros casa, carro y beca, siendo los mas contradictorio que hoy una gran parte de ellos militar en el “Centro Democrático” y que el mismo, en los cargos que le han dejado ocupar, solo defiende los intereses de la oligarquía.

Dicen por allí que “es mejor solo, que mal acompañado” y en este caso queda mas que comprobado.