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Opinion

Joaquin Pérez B/ Disponen de ellas como una mercancía de terror. Degradadas en sumo grado por la connivencia con el paramilitarismo. Apátrida oligarquía...

Fundadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en la observancia del 'enemigo interno', han cumplido un ingrato y sucio papel en la defensa de los intereses de la oligarquía gringa y en las migajas que les tiran a los criollos atrincherados en los dos partidos tradicionales.

Durante años se ha sindicado a las Fuerzas Militares de Colombia como un ejercito de ocupación. No hay dudas en ello. Las multinacionales sobre todo las del crudo, las utilizan para garantizar el saqueo de ese recurso en vías de extinción. No en balde 7 bases estadounidenses monitorean los que se resisten a esa ignominia.

En el cruel imaginario de JMSantos del postconflicto, a los militares les tiene asignado el 'honroso papel' de contribuir con sus vidas y la poca honra que les queda, a servir a la OTAN en sus guerras montadas en las mentiras de sus aparatos de inteligencia regados en todo el planeta. En su reciente viaje a los Estados Unidos, no era para "socializar" lo acordado el 23 de septiembre. Quien ha dicho que los peones del imperio van a ello? Iba a recibir instrucciones precisas sobre la urgente necesidad de tropas frescas y super entrenadas como las de Colombia. Es que son hechas a la medida para obedecer sin chistar a generales de la OTAN.

Pueden consultar en Wikipedia o simplemente en Google, la gran cantidad de conflictos en los que influye decididamente el imperio de Obama y sus satélites. Allá van a enviar los soldados colombianos por orden del negro a reemplazar las USD agobiadas por las bajas y la esquizofrenia -posttraumatisk stress- de jovenes entrenados para matar y torturar.

Solo para mencionar uno. USA y sus aliados de la OTAN tienen en Afganistán 12500 soldados con más de catorce años después de que a Washington metiera sus narices en ese país del Asia. No es difícil imaginar que los reemplazarán con tropas colombianas entre otras.

Hoy tienen una oportunidad de oro con las conversaciones que se llevan a cabo en la Habana. Limpiar su tenebroso pasado contando la verdad en el Tribunal Especial y sobre todo un NUNCA más ensangrentar sus uniformes con pueblo, aplicando la Doctrina del Libertador Simón Bolivar.

Por: Miguel Suarez (2015-09-03). El pasado 23 de septiembre se dio la firma de un acuerdo y un apreton de manos entre Juan Manuel Santos, presidente de la oligarquia colombiana y Timoleon Jimenez, Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, acompañados por Raul Castro, presindente de Cuba Socialista.

Al comienzo de toda esta historia de paz, me llamo mucho la atención que la firma de otro acuerdo entre las Farc-EP y el gobierno de la oligarquía colombiano, se fuese a dar con tanta pompa, como se rumoraba.

Que Santos desviaría su vuelo a Nueva York y que estaría en Cuba, que Timoleon Jimenez, comandante fariano estaría presente y que ademas allí estaría Raul Castro, presidente cubano.

Por un momento se me vinieron a la memoria las palabras de Roy Chaderton, embajador venezolano en Bogota el 13 de abril de 2002, cuando el pueblo de Caracas había restituido Chávez en la presidencia: “Algunos comenzaron a bailar antes que llegara la orquesta”.

Como todos vimos, los rumores se confirmaron y en el acto, estuvieron ademas las delegaciones de Noruega, Chile y Venezuela. Fue un acto que bien se hubiese merecido la firma final de un acuerdo entre las partes.

¿“Algunos comenzaron a bailar antes que llegara la orquesta”?.

En una rueda de prensa citada por Humberto de la Calle, jefe negociador de la oligarquía colombiana y Sergio Jaramillo, el pasado 28 de septiembre (2015), donde ellos intentaban calmar la tempestad creada por el cuerdo y por las declaraciones del Fiscal Eduardo Montealegre, donde alertaba que la nueva “Jurisdicción Especial para la Paz” acordada, podría juzgar a ex-presidentes por sus delitos antes o después de ser presidentes, un periodista, Manuel Jimenez, de Canal Capital puso el dedo en la llaga.

Manuel Jimenez, pregunto: “En los anteriores acuerdos siempre se leía el comunicado conjunto y a los pocos días teníamos el consolidado de ese acuerdo. Porque ahora es el momento adecuado para dar a conocer uno de los acuerdo mas importante y el eje fundamental de esta negociación, cuando hay temas estructurales que no se han consolidado como ustedes lo han dicho en varias declaraciones. ¿porque dejar ese margen de especulación tan amplio en temas como extradición, en temas de como se va a pagar y donde se va a pagar las penas que se den, quienes o no participan, porque se deja ese margen tan amplio en un tema tan, tan complejo y tan importante para la negociación?”.

Algo parecido me pareció, ¿porque tanto afán y porque tanta pompa ante la firma de un acuerdo, que seguramente es muy importante, pero daba para todo eso?.

En Telesur presentaron una entrevista con Timoleón Jiménez, Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, donde el conto pormenores de su viaje a Cuba.

De todas maneras el viaje, la venida para acá fue, siempre maratónica, y con muchas inquietudes porque pues el tema estaba en discusión y yo sabia que todavía faltaban cosas por acordar, y no estaba muy seguro si se iba a dar o no se iba a dar, y pues conocía las generalidades. Yo llegue aquí siempre tardecito, el alistamiento, la reunión, empaparme un poquito a las carreras, me dijeron así en general como iba a ser el acto, pero en la cabeza yo pensaba que era algo mas cerrado no?, cuando yo llego a ese escenario pues claro veo toda es clase de personalidades que había, gente...”.

El “sabia que todavía faltaban cosas por acordar, y no estaba muy seguro si se iba a dar o no se iba a dar”, la misma sensación del periodista de Canal Capital y la mía. ¿Habían comenzado la fiesta antes de que llegara la orquesta?, ¿porque?, ¿necesitaban algo espectacular para llevar a la reunión de la ONU, donde Juan Manuel Santos, el año pasado había prometido llevar a esta un acuerdo final?.

Santos de la Habana salio directo a Nueva York, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 70° periodo de sesiones ordinarias, donde entre otras dijo: “hace menos de una semana, en La Habana –luego de casi tres años de negociaciones en los que hemos avanzado en la mayoría de los puntos de la agenda acordada–, se logró un acuerdo sobre el que era, tal vez, el mayor obstáculo para firmar la paz.

Logramos un acuerdo sobre lo más difícil en cualquier proceso de paz: un sistema de justicia transicional que garantiza la no impunidad para los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto”.

Nadie pone en duda la importancia del acuerdo que hasta cierto punto logra destrabar los diálogos, y que tiene asustado a mas de uno de los “impolutos” que han usurpado el país, pero lo que queda claro es que, conociendo la rancia oligarquía colombiana de la cual Juan Manuel Santos es talvez su mejor representante, hubo acelere de parte del gobierno, ante todo, para llevar algo espectacular a la ONU y llevarse los aplausos.

Juan Manuel Santos, implicitamente reconocio que que hubo acelere en hacer publico el acuerdo, cuando según el medio de desinformacion Paracol Radio dijo: “Acuerdo de justicia será publicado una vez termine de ser ajustado”, o sea, según se entiende, no estaba ajustado cuando se presento y los abogados ahora lo estan ajustando.

Dicen que despues de la fiesta, ante todo si se ha “mamado mucho ron”, como dicen los costeños, el guayabo es bien fuerte, y las declaraciones del gobierno tratando de acomodar lo in-acomodable, han causado un fuerte choque con las Farc, ya que para ellos esto ya esta terminado.

En un comunicado de la delegación de paz de las Farc-EP, titulado “La Jurisdicción Especial para la Paz, es un acuerdo en firme”, contradicen la idea de la conferencia de prensa llamada por de la Calle y Sergio Jaramillo y las del mismo Juan Manuel Santos, y en uno de sus paragrafos dicen:“Para nosotros, quienes integramos las FARC-EP, lo sucedido el miércoles pasado no fue una puesta en escena para impresionar a la galería. Se trató de una entrega solemne de un documento que compromete a las partes”.

Asi el acelere por la foto parece haber llevado al gobierno de Juan Manuel Santos a una encrucijada, donde ellos pretendiendo descargar el peso del terrorimos de estado en el pueblo, en guerrilleros y soldados, ahora pretende hacer “ajustes” que les garanticen la impunidad a los que según la Corte Penal Internacional deben ser juzgados, “los maximos responsables”, entre quienes, según alerto el fiscal general Eduardo Montealegre, estaria Alvaro Uribe como gobernador y según el procurador Alejandro Ordóñez durante su intervención en el debate sobre justicia transicional, el nuevo modelo de justicia hará que Santos responda cuando era Ministro de Defensa de Uribe, con temas relacionados con los falsos positivos.

Quedó implícito en la rueda de prensa citada por los negociadores de la oligarquía, que ellos pretendían dejar el asunto de la justicia y los máximos responsables entre guerrilleros y militares, especialmente en soldados y sargentos descargando en ellos toda la responsabilidad del terrorismo de estado, sacando así en limpio a los “honorables“ personajes cuyas fortunas han crecido a la sombra del terrorismo de estado, violando así el acuerdo que dice: “La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”.

Y en ese “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”, cabe mucha gente hasta hoy intocables, como Alvaro Uribe con cerca de 300 denuncias durmiendo en la comisión de absoluciones de la cámara y todos aquellos que se escudan detrás de el.

Ademas, porque se que la oligarquía tratara de cubrir de impunidad a bandidos como Uribe, es bueno que tengan muy presente, y eso espera el pueblo colombiano, que la Jurisdicción Especial para la Paz, sea en la practica entrada al país de la muy temida por ellos Corte Penal Internacional de la cual su Fiscal Adjunto, James Stewart, en la Universidad del Rosario en mayo pasado dijo: “La Fiscalía de la CPI solamente investiga y enjuicia crímenes en los casos en que los Estados no pueden hacerlo o no estén dispuestos a hacerlo” y en el caso de Uribe y su banda en estado no a querido ni podido.

Es muy, pero muy grave, que algo tan serio como unos acuerdos que supuestamente buscan la paz, sean manejados de una forma tan irresponsable, y lo mas grave, esto muestra desde ya, que no piensan cumplir lo acordado.

 

Por: Libardo García Gallego 

 

De lo único que es consciente el pueblo colombiano es de que su Estado es administrado por un grupo de ladrones, de corruptos, de ventajistas, para su exclusivo beneficio. Desde quienes elaboran el Presupuesto Nacional. hasta el último ejecutor del mismo. Así se diga que el erario es de todos y todas, de cada colombiano y colombiana, éste no lo disfrutan sino los más encopetados funcionarios del Estado, sus familiares y amigos. El Estado colombiano es propiedad de ciertas castas, de unas cuantas familias nepotistas que lo van transfiriendo ad infinitum de padres a hijos, cual si se tratase de una gran finca.

Nadie ignora que aquí la “justicia es para los de ruana”, para los pendejos, para quienes no tienen relación con los jueces y magistrados o carecen del dinero suficiente para comprarles sus fallos políticos arbitrarios.

Desde hace 70 años venimos padeciendo una violencia sin tregua: primero nos matábamos por el color de unos trapos, pues nadie sabía cuál era la diferencia entre un godo y un cachiporro, a no ser por la hora de entrar a misa. Después vino la lucha por la tierra, de la cual nunca hemos salido y quizás nunca saldremos, pues siempre habrá terratenientes y empresarios agrícolas interesados en acaparar miles de Has., arrebatándoselas a los pequeños parceleros agrícolas que escasamente poseen una chagrita para su subsistencia. Ni siquiera hemos llegado a enfrentarnos por el modelo de desarrollo socio económico y político, pues cuando empezábamos a hacerlo se derrumbaron intempestivamente sus modelos inspiradores más notables.

Una cosa es la cháchara que se agita a través de los medios y otra muy distinta la realidad. Nos dicen que en Colombia disfrutamos de un Estado social de derecho cuando éste ni siquiera es social, mucho menos de derecho. Y si no ¿Cómo se garantiza a los indígenas el derecho a una vida digna cuando sus hijos mueren de hambre?, ¿Cómo se garantiza el derecho al trabajo cuando el 10% de la PEA está desocupada y un 40% carece de empleo formal? Todo esto sin contar la población que está en situación de pobreza y de miseria, es decir quienes en teoría viven los primeros con $6.000,oo  y los segundos $3.000,oo diarios. ¿A esto se le puede llamar un estado de derecho? ¿Cómo se garantiza en Colombia el derecho a la libertad de opinión cuando miles de quienes piensan diferente de la casta gobernante han sido asesinados o están en las cárceles? Y esto para no repetir y reiterar hasta el cansancio la tragedia cotidiana por la ausencia de salud digna para todos, por la carencia de presupuesto para la educación y la pésima calidad de la misma, por el déficit de viviendas, por la incontenible destrucción del medio ambiente natural.

Estamos en período electoral y qué vemos? Los mismos vicios, los mismos delitos electorales, la misma mendicidad y las mismas promesas, el mismo mercado de conciencias. Los gamonales de siempre se quedan con la torta gubernamental porque el pueblo ignorante es incapaz de encontrar alternativas dignas y se entrega incauto en manos de los mismos detentadores del poder, hoy mafias más absorbentes que las de antes. Ha desaparecido por completo lo que quedaba de la incipiente democracia.

Mientras la gente ignore por qué es pobre, por qué existe la desigualdad social y cómo construir un Estado igualitario, mientras no supere los fanatismos y prejuicios religiosos, mientras carezca de conocimiento y voluntad para cambiar esta situación adversa; mientras no haya educadores ilustrados que capaciten a sus alumnos en estos temas, mientras no sepamos diferenciar objetivamente, sin nacionalismos sesgados, a Colombia de Venezuela, vamos a seguir así por largo tiempo. Sin la ciencia de por medio es imposible cambiar para mejorar y seguiremos desgraciados.

 

Armenia, 23 de Septiembre de 2015

 

www.neopanfletario.blogspot.com

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La firma de un acuerdo en materia de víctimas en las negociaciones de paz[1], sellado con un simbólico apretón de manos entre el comandante máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el presidente Juan Manuel Santos ha dado mucho que hablar y ha llenado de esperanza a amplios sectores en torno al avance del proceso de paz adelantado con los insurgentes en La Habana. Es entendible el entusiasmo de no pocos sectores sociales que ven -¡al fin!- un gesto inequívoco de avance en unas negociaciones que, cíclicamente y en medio del secretismo, parecen estancarse. Hasta se le ha puesto una fecha tentativa, acordada por ambas partes, para la firma de un acuerdo definitivo: el 23 de Marzo. Y se ha dicho que dos meses después, es decir, a finales de Mayo, tendría que estar concluyendo el proceso de dejación de armas por parte de los guerrilleros de las FARC-EP. Este avance, que ocurre a un mes de las elecciones regionales, no está, desde luego, exento de los ritmos y cálculos de la política.

 

¿Presidente de la paz?

En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del "presidente de la paz", de Santos posicionado como el hombre que pasará a la historia como el artífice de la paz, rumbo al Nóbel, etc.[2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto que históricamente los únicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo decía con pluma magistral William Ospina, sorprende que "la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan"[3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.

Pero también estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Miércoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja; continúa el asesinato sistemático y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el más reciente informe del Programa Somos Defensores[4]; la acción del Ejército y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San José de Apartadó, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es más, toda su agenda legislativa va a contravía de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundización de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de víctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yarí y Planadas, Tolima[5]; por último, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llevó, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilización, que incluyó la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho más difícil para el pueblo y los cálculos alegres son más fruto de un excesivo optimismo que de un análisis riguroso de la realidad.

Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un "presidente de la paz", cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegación de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociación. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadáveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo más grave de esta afirmación, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en última instancia forzó el escenario que llevó a Santos a negociar. Santos no ganó las elecciones para negociar, sino que para continuar las políticas de Uribe Vélez, y fue el enrome contexto de movilización popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forzó el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesión gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentación en la que ha caído parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa política[6].

 

La relatividad de lo ganado

Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemáticamente "cárcel y más cárcel", "impunidad", y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las últimas décadas. En lugar de esta visión, se ha impuesto una visión de justicia que pone la reparación como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,

"Este acuerdo de justicia creará una jurisdicción especial para la paz, en la que se constituirá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.

Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliación de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito político y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto. Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisión de la verdad."[7]

Esta jurisdicción especial será aplicable a todos los "actores" del conflicto, incluida la Fuerza Pública, aunque queda ver cómo se compatibilizará esta jurisdicción con el Fuero Militar con el cual los uniformados gozan de virtual impunidad. Uribe se escandaliza que los miembros de la Fuerza Pública sean equiparados a los "terroristas", cuando en realidad, esto ha sido un golazo del gobierno y una generosa concesión por parte de los insurgentes. Uribe está en lo correcto: los guerrilleros no pueden ser equiparados a la Fuerza Pública, pero no por las razones dadas por él. No lo son, porque los insurgentes han estado en rebelión por más de medio siglo y los actos delictuales que han cometido, han sido cometidos en el desconocimiento de la legitimidad del marco legal vigente y de la rebelión en contra del Estado. Debido a esto, en un acuerdo de paz, es evidente que deba haber un tratamiento especial a estos actos. Por su parte, los actos violatorios por parte de miembros de la Fuerza Pública no fueron hechos ni en rebelión ni en el rechazo al marco constitucional vigente; por el contrario, fueron cometidos en circunstancias que la Fuerza Pública debía, no solamente actuar en el marco constitucional, sino que además, debía ser el garante último del respeto a la legalidad. Las fuerzas del Estado, en teoría, tienen el deber de proteger a la comunidad, no de desplazarla, asesinarla, desaparecerla, torturarla y violarla. Por eso sus acciones son particularmente graves –este argumento, ha sido debidamente señalado por el MOVICE en un reciente comunicado, en donde expresan sus preocupaciones de que el Estado pase sus crímenes de agache[8].

Puesto en esta perspectiva, quienes más se beneficiarán de este acuerdo en materia de justicia, a diferencia de lo que afirma histéricamente Uribe, serán el Ejército y la Policía, así como los sostenes civiles de la guerra sucia, que agazapados en los gremios financiaron y estimularon el paramilitarismo sin haber ellos puesto una sola gota de sangre.

Pero subsisten algunas inquietudes respecto a la forma que adoptará esta jurisdicción especial según lo plantea el abogado Carlos Ruiz, quien ha participado en estos debates en el marco del proceso de paz. Inquietudes aún más legítimas cuando se tiene en consideración la naturaleza faltona y mentirosa de la oligarquía colombiana.

"Para una organización concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definición ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, máxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito político y sus conexidades, ni se han aplicado amnistías generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayoría de ellos: ostenta la calidad hegemónica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrático en el papel, cuando simultáneamente en estos cincuenta años de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio político y un holocausto social.

(...) Haciendo tránsito las FARC-EP a la legalidad, no hay básicas garantías de no repetición por su adversario, no hay depuración del Estado, ni reformas que aseguren que nunca más se incurrirá en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quizá hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar sólo hacia un lado. (...) Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurídicos amnistías e indultos, con una necesaria nueva legislación sobre las conexidades del delito político, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado continúa persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantías de remover sus instrumentos criminales."[9]

¿Superado el punto más difícil de la negociación?

No es verdad, como afirmaron los medios de comunicación, que, con un acuerdo en el punto de justicia, el tema más espinoso se haya resuelto. Quizás sea mostrado de esta manera por el establecimiento por las razones dadas por Ospina en su citada columna: "Esta semana Juan Manuel Santos ha conseguido mostrarle al mundo, con gran cubrimiento mediático, que el acuerdo sobre justicia transicional al que ha llegado con las Farc es el punto clave de los diálogos de La Habana, quizá porque es el punto en el que las Farc parecen admitir que son las responsables de la guerra de estas cinco décadas", aunque, en realidad, los únicos grandes responsables sean esta oligarquía indolente que de esta manera logra diluir su responsabilidad por este desangre eterno[10].

Pero no es el tema más complejo. Queda aún el tema de la dejación de armas, el cual no es menor dado a que un sector importante de la oligarquía quiere ver la entrega de armas como un acto de humillación y de conquista simbólica de la insurgencia campesina. Los guerrilleros farianos, por su parte, han insistido en varias entrevistas que ese escenario no se dará y que optarán por la dejación de armas. Quedaron también en el congelador dos temas del punto sobre la cuestión agraria que son, de hecho, los más espinosos: el tema de los límites a la concentración de tierras, es decir, la cuestión del latifundismo, y el tema de los límites a la extranjerización de tierras, otro tema clave en la lucha contra las locomotoras minero-enérgeticas y agro-industriales. En ambos puntos el gobierno es inflexible, y ambos puntos, desde el punto de vista de la ideología fariana, deben ser necesariamente abordados. Son temas irrenunciables inscritos en el ADN del movimiento guerrillero.

Aún quedan esos temas y será muy difícil destrabarlos, más aún cuando vemos que todas las medidas que está tomando el gobierno van en contravía de una resolución medianamente favorable para los sectores campesinos y populares. La oligarquía, que ya ha comenzado una ofensiva generalizada por la explotación de los territorios, se está aprestando para que la paz le abra de par en par, sin ninguna clase de restricciones, los territorios para sus inversiones; de alguna manera, en el presente, la insurgencia ha sido un cierto límite a la expansión del gran Capital hacia las zonas rurales de economía campesina. Ya están comenzando a estallar conflictos en todo el país debido a esta presión sobre la tierra que están viviendo las comunidades en los territorios. Es probable que la mesa de negociaciones no pueda destrabar estos temas, sin una fuerte presión popular. El movimiento popular no puede ser un espectador en este punto y ver qué se decide por arriba, cruzados de brazos. La movilización, la lucha, la organización y la presión creciente es, por esto mismo, mucho más importante en esta fase de la negociación que nunca. Solamente así se podrá alcanzar un acuerdo que, al menos en parte, recoja las demandas de la mesa de unidad agraria, étnica y popular.

Y la cosa no acaba ahí. Tampoco se ha abordado el tema de refrendación de los acuerdos, que incluye la propuesta insurgente –a la cual se ha opuesto el gobierno- de realizar una asamblea constituyente, la cual tiene sus propias complicaciones. Nada indica que una asamblea constituyente, de llegarse a dar, produzca una constitución necesariamente más progresista y más proclive a los intereses populares que la que ya hay. No es casual que sean los uribistas quienes también están agitando la demanda de una constituyente, por lo que su incierta realización implica una aguda lucha política en condiciones desfavorables con los sectores oligárquicos que se han dedicado desde 1991 a cambiar la correlación de fuerzas que sustentó el compromiso constitucional de ese entonces, aún más a su favor. Esto, sin entrar todavía en la fase de implementación, que promete ser aún más difícil que la negociación de un acuerdo. Con esto, no quiero decir que haya que desanimarse ante las enormes tareas que tiene por delante el campo popular, sino sencillamente evitar falsos triunfalismos, evitar dormirse en los laureles, evitar caer en la inercia a la que lleva un excesivo optimismo, confiándose demasiado del desenvolvimiento del proceso como si los dados ya estuvieran echados a favor del pueblo, porque no lo están (aún).

Y no olvidemos tampoco que el proceso con el ELN aún no arranca formalmente, aunque se lleven años de discusiones en secreto. Aunque el comandante eleno, Gabino, ha insistido en que existe una buena comunicación con las FARC-EP y que ellos entienden el proceso como un solo, entendiendo la negociación de los elenos como complementaria a la que se lleva adelante con las FARC-EP[11], lo cierto es que esta es una negociación que, necesariamente, tendrá sus propios ritmos. La oligarquía puede estar preparando un escenario en el cual aceleren las negociaciones con las FARC-EP como manera de aislar al ELN, que tiene sus propias demandas, muy fuertes por ejemplo en el tema de recursos naturales y del sector minero-energético, claves para la actual estrategia de acumulación capitalista. Tampoco el EPL está en las negociaciones, una fuerza formidable en una de las regiones más complejas del país, como es el Catatumbo, y el gobierno de Santos no parece tener la voluntad de sentarse en la mesa con ellos. La ausencia de un acuerdo sustancial con estos sectores puede llevar a un nuevo ciclo de conflicto armado.

¿Irreversibilidad del proceso? Los ritmos de la lucha de clases

El proceso no es irreversible. Debido a la fórmula de "nada está acordado hasta que todo esté acordado", en cualquier momento la oligarquía puede patear la mesa. Es cierto que, con todo lo que se ha avanzado hasta el momento, el costo político para Santos de patear la mesa en estos momentos sería más alto, muchísimo más alto, que hace seis meses. Sin embargo, el bloque dominante en todo momento estará calculando, y calculará hasta el mismísimo final, cuál es la alternativa más conveniente para ellos como clase, si seguir el curso de la guerra sucia o si firmar un acuerdo de paz que les permita continuar siendo la fuerza hegemónica con algunas concesiones, más o menos importantes según sea la fuerza popular que enfrenten.

Pero nada en la lucha de clases es irreversible. No existen ni derrotas, ni triunfos absolutos, menos aún para el bloque dominante que en todo momento está presto a recomponer su hegemonía. Y digo "bloque dominante" porque, pese a quienes ven en el gesto del apretón de manos un gesto entre iguales, esto solamente es así –y en un sentido muy relativo- en el plano militar. En el plano político y en el plano de la lucha de clases que lo sustenta, está claro que la oligarquía colombiana sigue siendo el bloque dominante y que esto no será puesto en cuestión ni por las negociaciones ni por el eventual acuerdo. Se puede decir que esta no será una paz "de vencedores ni vencidos" en el plano de lo estrictamente militar, pero lo cierto es que, en el terreno concreto de la lucha de clases, la oligarquía mantiene su hegemonía, su control y la iniciativa. Es verdad que el actual contexto político y el ascenso de la lucha de clases desde el 2008 en adelante han erosionado esta hegemonía absoluta. Pero aunque vapuleada y desgastada, la oligarquía sigue manteniendo firmes las riendas del poder y no se avizora que las suelte en el corto o en el mediano plazo. Este análisis no significa que esa correlación de fuerzas no pueda ser cambiada: puede y debe ser modificada. Pero eso es parte de un proceso más largo en el cual mucho tienen que aportar las experiencias de construcción de poder popular y de autonomía que se han venido desarrollando en distintas partes del territorio de hace décadas. Para poder comenzar ese proceso, lo principal es evitar triunfalismos infundados desde la izquierda, enguayabarse con la foto del apretón de manos y marearse confundiendo el significado preciso del actual momento histórico.

Existe una tendencia a suspender el análisis de la lucha de clases cuando se habla del tema de paz, quizás por la hegemonía que el liberalismo ha mantenido por décadas en el seno de la izquierda. Se divide el campo político entre "partidarios" y "enemigos" de la paz, obviando que por paz se están entendiendo proyectos sociales (de clase) muy diferentes, por parte de distintos actores. Hace unas semanas Santos era el que no cumplía acuerdos, que le fallaba a los campesinos, y ahora, gracias a un gesto político bien calculado (pero no por ello menos significativo) se ha convertido nuevamente en el presidente de la paz, y habrá quien hasta considere en serio la propuesta de ciertos sectores de la izquierda liberal de proponer a Humberto de la Calle como candidato de "unidad" para el post-conflicto en las elecciones del 2018 –dando así nuevos bríos a esa oligarquía moribunda. Estos súbitos cambios de opinión en ciertos sectores de izquierda reflejan un análisis cortoplacista, coyunturalista, que no se asienta en una comprensión clasista de la realidad, sino en un análisis voluntarista y superestructural. Es verdad que un acuerdo de paz de ninguna manera soluciona el problema de la lucha de clases en Colombia; tampoco la firma de la paz elimina la necesidad de buscar la construcción de una sociedad socialista y libertaria. Pero la manera en que el pueblo enfrente la coyuntura, en que los sectores organizados analicen sus tareas políticas del momento y decidan un curso de acción para este momento tiene un impacto decisivo en el curso de la lucha de clases en el futuro inmediato y mediato. En pocas palabras, dependiendo de cómo se asuma el proceso de paz y su lugar en una estrategia revolucionaria a largo plazo, es que los sectores populares pueden salir fortalecidos del proceso de paz, en su lucha por una nueva sociedad, o pueden salir debilitados, cooptados, desmoralizados y metidos en una camisa de fuerzas –de la mano del liberalismo- como socio menor del bloque dominante para garantizar la gobernabilidad oligárquica, con fachada democrática. Retomar el análisis clasista es un primer paso para poder rearticular un proyecto propio de los sectores populares y de armarse políticamente para las luchas que se vienen.

Conflicto social, Acuerdo de Paz y las luchas que se vienen

 

Es sabido, como hemos dicho, que la firma de un acuerdo de paz no significa el fin de la lucha de clases, ni el fin del capitalismo, ni mucho menos, el fin de las contradicciones sociales. Esta afirmación, no por ser de perogrullo, es menos necesario machacarla en el actual contexto. El tema es, como también decíamos, qué tendencias se van a reforzar con la firma de la paz: si una tendencia a la desmovilización popular, tendencia que objetivamente reforzará a la derecha, o una tendencia a avanzar en las luchas y la organización populares, tendencia que, objetivamente reforzaría las fuerzas de izquierda. Santos, como representante de la oligarquía, ve la opción de paz o guerra en función de los intereses de su bloque dominante. Pensar que un representante de la oligarquía va a realizar las labores que solamente las fuerzas populares pueden realizar, es una peligrosa ilusión.

Razones totalmente distintas llevan al movimiento popular, a la insurgencia y a Santos (así como a los sectores oligárquicos nacionales e internacionales que lo sustentan) a buscar la paz. Mientras que el pueblo busca la paz con justicia social, para poder avanzar en la consolidación de los derechos más básicos, represados por una política feroz de represión centenaria, los sectores del bloque dominante buscan la paz, naturalmente, para avanzar en sus propios intereses, es decir, para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria popular. Esta contradicción no se definirá de manera puramente superestructural, ni en base a ningún sofisma jurídico, ni en base a ningún acuerdo de paz. Esta contradicción se definirá en el terreno concreto de la lucha de clases, y la clase que logre imponerse mediante su capacidad organizativa y su fuerza, será la que incline la balanza a su favor. Como decíamos, la oligarquía lleva la delantera y son ellos los que están, en estos momentos, en mejores condiciones de imponer su proyecto de paz para las inversiones multinacionales y para profundizar la acumulación por despojo –proyecto que no puede sino exacerbar los conflictos sociales.

Una de las primeras que salió a opinar después del apretón de manos de Timoleón Jiménez y de Juan Manuel Santos, fue la estridente ultra-derechista Salud Hernández en su columna de El Mundo. En ella, la periodista española afirma que "la firma de un proceso de paz con las Farc, Juan Manuel Santos augura un imponente flujo de inversiones nacionales y foráneas hacia su país (...)sin la amenaza de las Farc en buena parte del territorio colombiano, gracias a la política de seguridad que emprendió Álvaro Uribe, de cuyo gobierno Santos fue ministro de Defensa, y sin la presencia de los paramilitares, que se desmovilizaron entre el 2005 y el 2006, Colombia pasó de estado fallido a uno de las naciones de moda en el planeta para hacer negocios"[12].

En la misma nota, Hernández plantea la apuesta europea por la paz como la apertura de los territorios a la explotación por parte de los grandes inversionistas internacionales sin ninguna clase de contrapeso:

"El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sellado en el 2013, también contribuyó a que muchos empresarios del Viejo Continente volvieran sus ojos hacia la nación sudamericana. En el 2014 la inversión española alcanzó los 2.154 millones de dólares, un crecimiento del 126% sobre el año anterior, convirtiéndose en el tercer principal inversor (...) Hace unos días el Presidente Santos recibió a una amplia delegación de empresarios españoles, entre los que estaban presidentes de compañías grandes como Sacyr, Gas Natural, Fenosa, Mapfre y Repsol, entre otras. Y todos manifestaron su vivo interés por hacer negocios. Es indudable que saber que las Farc no representarán un peligro para sus intereses a partir del pacto que propiciará que la banda terrorista deje las armas, supone un aliciente."

Sabemos que el pueblo no se cruzará de brazos a ver cómo le dejan el hueco donde había monte. Aunque un sector se sienta tentado a pensar que nada puede frenar el avance de las locomotoras y de esta visión dominante de la paz como una extensión de la perversa política uribista-santista de la "seguridad inversionista", lo cierto es que todo depende de cómo el pueblo articule la lucha por la paz (con justicia social) con la lucha en contra del modelo social del despojo. El resultado de estas negociaciones no está escrito en las estrellas y pueden servir para fortalecer o para debilitar al movimiento popular, pero esto dependerá del propio movimiento popular, de su capacidad de articularse y de superar la espontaneidad pura. Lo que pase, dependerá de la fuerza y la resistencia que el pueblo oponga a esta ofensiva que se viene del gran Capital, si se materializa este escenario de paz neoliberal y de la paz del despojo, o si se logra frenar esta arremetida. La última palabra la tienen las organizaciones populares.

Se requiere de una mirada sobria sobre el proceso de paz y su eventual terminación en un acuerdo de paz –cuya implementación, sabemos, será, en el mejor de los casos, extraordinariamente difícil. No podemos hacernos falsas ilusiones que con la firma de un acuerdo de paz se acaban los problemas sociales o se habrá conseguido lo más importante, más aún si se impone la paz "minimalista" de Santos. Como lo señala el mismo Ospina, "Una paz sin enormes cambios sociales, sin proyecto urbano, sin una estrategia económica generosa, sin un proyecto ambicioso de juventudes, podrá ser una buena campaña de comunicación, pero no llegará al corazón de millones de personas que necesitan ser parte de ella"[13]. Aún estamos a tiempo de empujar una paz con mayores concesiones para el pueblo, una paz que profundice los componentes de justicia social, pero eso no ocurrirá espontáneamente.

Sea como sea, la firma de un acuerdo de paz, eventualmente, debería ser el comienzo de un nuevo proceso de luchas sociales en donde –si las cosas salen como deberían, algo altamente improbable- la oligarquía debería, en teoría, renunciar a la guerra sucia contra el pueblo. Pero sabemos –y esto lo sabe la comunidad internacional y los burócratas de la resolución de conflictos y construcción de paz- que el gobierno no cumplirá los acuerdos, mentirá y mantendrá niveles importantes de represión, que serán descritos como niveles "aceptables" por los socios en EEUU y la UE, que tienen demasiados intereses estratégicos en Colombia como para montar una alharaca por unos cuantos campesinos masacrados. No hay que caer en esa infantil ilusión burguesa de que con el fin del conflicto armado se le acabará a la oligarquía la "excusa" para criminalizar al movimiento popular y para reprimir. Como lo dijo el revolucionario guineano Amílcar Cabral, bajo las condiciones del capitalismo, toda lucha es armada: sólo que a veces el pueblo tiene armas y a veces no. Pero el Estado siempre las tiene y siempre las utiliza contra el pueblo cuando ve sus intereses estratégicos amenazados. La fuerza organizada del pueblo es la única barrera objetiva que tendrá esa violencia de clase. Hay que esta advertidos y preparados para los conflictos del post-conflicto.

 

José Antonio Gutiérrez D.

28 de Septiembre, 2015



[5] Sobre este último punto ver http://anarkismo.net/article/28474

[6] Sobre el particular, ver dos artículos anteriores, escritos en el contexto de la re-elección de Santos http://anarkismo.net/article/27091 & http://anarkismo.net/article/27046 . Ver también http://anarkismo.net/article/27180

De firmarse un acuerdo de paz y luego de convertirse en un partido político, como han asegurado algunos comandantes guerrilleros que es su intención, esa organización ya perdió talvez su voto mas importante, el de Antonio Navarro, ”Navurrro”.

El anuncio lo hizo el “honorable” senador, ahora miembro de la mescolanza Verde, en una intervención en un debate sobre el acuerdo de justicia transicional firmado por Farc-EP y la oligarquía colombiana.

Navurro” dijo: “Si bien no votaré por las Farc cuando conformen un partido político porque nunca me han convencido...”.

En 1991, cuando los diálogos en Caracas se empantanaron Antonio Navarro se ofreció para viajar a como mediador, recibiendo un ” sera para que venga a enseñarnos como entregarnos” de parte de los guerrilleros de las Farc-EP.

Y es que el proceso de “Paz” con el M-19, fue una verdadera entrega propiciada por algunos infiltrados a alto nivel en esa organización guerrillera, donde a algunos comandantes, luego de asesinar a su jefe Carlos Pizarro, les dieron un ministerio, a algunos otros casa, carro y beca, siendo los mas contradictorio que hoy una gran parte de ellos militar en el “Centro Democrático” y que el mismo, en los cargos que le han dejado ocupar, solo defiende los intereses de la oligarquía.

Dicen por allí que “es mejor solo, que mal acompañado” y en este caso queda mas que comprobado.

Por: Miguel Suárez (2015-09-25). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano llegaron este miércoles (2015-09-23), a un acuerdo en el tema de justicia y víctimas, donde crean una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz.s

El tribunal estaría compuesto “por jueces colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros”, quienes deberán juzgar a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno.

Así aunque los medios de desinformación y sus paramilitares de micrófono en Colombia, se esfuerzan por meterle en la cabeza a los colombianos que este tribunal sera solo para juzgar a los guerrilleros, la verdad es que el acuerdo dice que sera para “juzgar a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”.

Y en el principalmente han participado empresarios y políticos de derecha y ellos, supuestamente deberán ser juzgados por el tribunal, entre otros Juan Manuel Santos por crímenes de guerra.

Como ministro de guerra de Alvaro Uribe, Juan Manuel Santos, es el responsables del asesinato a sangre fría de miles de hijos de pobres, que luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en una maquiavélica estrategia para mostrar como derrotada a la guerrilla.

Pero no solo eso, ofreció pagar 5 mil millones de pesos por el asesinato del comandante Iván Ríos, a quien había dado la mano, tal como se la dio al comandante Timoleón Jiménez, en Cuba, cuando firmaron el acuerdo.

También en el mes junio de 2014, en plena campaña votacional, ante las cámaras de televisión hizo publico el reconocimiento de el asesinato de un prisioneros de guerra cuando dijo: "Yo ordené la muerte de Alfonso Cano”.

El artículo 145 del Código Penal Colombiano considera como un acto de barbarie rematar prisioneros heridos o enfermos y el artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, dice que "quien haya dejado de participar en las hostilidades tiene derecho a que se respete su persona y a ser tratado con humanidad en toda circunstancia”.

Según el comandante Francisco González de las Farc-EP, “Alfonso Cano, fue capturado vivo y posteriormente asesinado. Se conoce que después de la captura de Alfonso Cano, el presidente de la república viajó a Popayán en horas de la tarde y en horas de la noche, según los indicios que hemos recogido, fue asesinado en la cañada donde posteriormente se creo la historia de que había caído en Combate”. 

Así, el tribunal compuesto por los muy “honorables” jueces colombianos y extranjeros, que sabemos defienden los intereses de las oligarquías, deberán pues mostrar su imparcialidad comenzado por el asesino Juan Manuel Santos.  

 Por: Miguel Suárez (2015-09-18). Afortunadamente el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela a servido para desnudar una vez mas la cruel situación a la que somos sometidos los colombianos en Colombia, donde somos tratados como extranjero y los extranjeros, si tienen dinero, como colombianos.

El cierre a ayudado de colocar en primera plana el drama de los cercas de 6 millones de colombianos desplazados internos, de los los mas de 7 millones de colombianos que han sido obligados a dejar el país, de los cerca de 10 mil prisioneros políticos, de los alrededor de 70 mil colombianos exiliados, de los mas de 150 mil desaparecidos, de los cerca de 6 mil hijos de pobres asesinados a sangre fría para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, de los millones de pobres, etc, etc.

El cierre de la frontera ayuda a desenmascara a esa oligarquía que presenta al país como un paraíso cuando es un verdadero infierno, basados en el poder de los medios de desinformación, de los paramilitares del micrófono que se hacen pasar por periodistas.

Y es que la ignominia en Colombia no tiene parangón, por ejemplo el diario El colombiano en su edición del 17 de septiembre (2015) titulo: “Si usted gana 217.043 pesos al mes no es pobre en Colombia”.

En Colombia donde todo se compra a precios internacionales, o sea en dolares, hasta la misma gasolina colombiana. ¿Sabe usted cuando son 217 mil pesos?, infelices 73 dolares y con ese ingreso dizque usted ya no somos pobres?.

Así reducen la pobreza, estadísticamente, pero la pobreza realmente allí esta, en Cuidad Kenedy, en la comuna 13 o en el distrito de Aguablanca.

Y es en base a esta infamia que el DANE publica las cifras, que luego “Juan Paja” ira pregonando por todas partes.

Según el desprestigiado Departamento de Nacional de Estadísticas, DANE, “la pobreza desciende en Colombia a su cifra más baja en más de una década” y en el ultimo año “en total de 402 mil personas salieron de la pobreza en éste período a lo largo del territorio nacional”.

Que verraquera, diría algún lector desprevenido, pero el que bien los conoce diría, ¿luego porque se van los colombianos del país?.

Personalmente no encuentro una palabra adecuada para indicar o calificar lo que hace la oligarquía con el pueblo colombiano a través de sus paramilitares de micrófono, donde con el mayor cinismo nos quieren meter en la cabeza que tenemos la barriga llena cuando esta crujiendo.

En mayo pasado (2015), “Juan Paja” como también apodan a Juan Manuel Santos, el presidente de la oligarquía colombiana, al presentar los resultados del Plan Nacional de Desarrollo de 2010 a 2014, dijo que “el 55 por ciento de la población colombiana ya pertenece a la clase media”.

¿Y así y todo se van del país?.

Pero cuantos son los ingresos mensuales de esa “clase media” si se deja de ser pobre con un ingreso de mensual de 73 dolares?.

En un foro titulado: “El futuro de la economía colombiana”, celebrado en febrero pasado (2015), cuando el cambio era de alrededor de 2500 pesos por dolar, Carlos Mario Giraldo, presidente del grupo Éxito dijo: “la clase media, medida como ganan mas de 10 dolares al dia...”.

Diez dolares al dia, si el dolar valía 2500 pesitos nos da unos 25 mil, multiplicado por 30 serian unos 750 mil pesitos. Si miramos el salario mínimo fijado por la oligarquía para los trabajadores este año, que fue de 644.350 pesos, observaremos que la diferencia es casi nada, o sea que si usted gana el salario mínimo usted ya es de clase media.

Así, sin ponerse colorado, “Juan Paja” dijo por estos días: “‘Por primera vez en Colombia hay más clase media que pobres’.

Para el buen entendedor pocas palabras dice el dicho, lo que han hecho es que a los limosneros ahora los llaman pobres y a los pobres de clase media, y así nos tienen en su paraíso mediático.

¿Sabe usted porque para ellos es importante decir que somos un país de clase media?, porque con ello dan la sensación de ser un país desarrollado y ya los hemos escuchado diciendo que muy pronto van a hacer parte del llamado “G-20”, donde están los países desarrollados, que tienen una gran cantidad de la población clasificada como “clase media”

Lo mismo hicieron con el desempleo. Cuando Uribe llego a la presidencia, encontró que el DANE reportaba cifras del desempleo de alrededor de un 20% mientras las centrales obreras lo calculaban en mas de un 25%.

Como el narcotraficante había prometido bajar el desempleo a un dígito, para lograr este objetivo, no implemento políticas para fomentar la industria nacional, no, dio la orden al director del DANE de cambiar la metodología de para medir el desempleo y eso fue como soplando y haciendo botellas, de la noche a la mañana este bajo a alrededor de un 13%, soplada de botellas que ha continuado “Juan Paja”, quien dicen que el desempleo en Colombia esta llegando al 8%, pero así y todo los colombianos se siguen yendo del país.

¿Como fue la jugada mágica de Uribe?.

Con el argumento de que existe gente trabajando en el sector informal, por gusto, haciendo piruetas en los semáforos, por ejemplo, y no porque no hubiese trabajo formal, determinaron que estos al tener un ingreso así sea simbólico, ya eran trabajadores por cuenta propia y dejaban de ser desempleados, y listo.

Que el manejo de la economía colombiana es ejemplar, que a ellos los alaba el fondo monetario internacional y hasta los elijen como los mejores ministros de economía del continente, porque pagan sagradamente los intereses de la deuda externa sin importarles que el pueblo se muera de hambre. Repiten sin cesar.

Pero ¿si la economía esta también manejada porque la deuda externa sube y sube llegando hoy a unos 110 mil millones de dolares, con la industria nacional totalmente acabada y exportando productos primarios sin ningún valor agregado como petroleo crudo y carbón al estilo de hace unos 300 años?.

A propósito del carbón. Dizque para ayudar a los colombianos deportados y para “independizarse de Venezuela” dictaron una emergencia económica y lo que están haciendo es bajar los impuestos a las multinacionales carboneras que crean muy poco empleo.

Como acostumbran a decir que el sistema terroristas por ellos implementado es la democracia mas vieja de América Latina, debo recordar que el estilo de nuestro laureado escritor Gabriel García Márquez, es llamado del “Realismo Mágico”, pero, ¿se le ha ocurrido a usted el preguntarse porque se invento García Márquez ese método?.

Los muy demócratas, como García Márquez contaban la verdad lo catalogaron de guerrillero y le estaban pisando los talones, entonces García Márquez, comenzó a contar la realidad como si fuese una ficción para evadir al terrorismo de estado y su muy nombrada “libertad de expresión”, así nació el realismo mágico, camuflando la verdad para no ser asesinado.

Pero como colombianos somos todos, por lo menos allí nacimos, la oligarquía colombiana parece haber aprendido de ese realismos mágico y ahora parece se han inventado un estilo equivalente que podríamos llamar realismo mediático.

El Atentado: El sol inicia su ascenso por entre la bruma que sale de los caballetes de los techos de teja de barro de las casonas bogotanas, y aún se oye el repique de las campanas de las iglesias cercanas llamado a misa matutina. En la casa del presidente don Rafael Reyes, el rustico campesino boyacense, viejo empresario y aventurero exportador de caucho, quien ha recuperado su fortuna de negociante en la guerra civil del 1885, y ha sido elegido presidente de Colombia, 8 meses atrás, con tan solo los 12 votos de mayoría que el cacique Iguarán de Riohacha le entregó previamente firmados en blanco para que los llenara a voluntad; mira tras el cristal de la ventana el cielo celeste de la luminosa mañana, antes de sentarse a firmar los “decretos ejecutivos” de ese día 10 de febrero de 1905. Hace 2 meses, en diciembre de 1904, ha cerrado el congreso de la república y convocado a una Asamblea Nacional y ahora gobierna dictatorialmente mediante “decretos ejecutivos”.   

Mañana 11 de febrero, será la boda de su hija Amalia Reyes Angulo, con el prestante miembro de la alta sociedad capitalina, Don Daniel Holguín Arboleda. El Sr presidente se soba las manos de regocijo por el entronque venidero. Pasa revista a los demás papeles: El decreto ejecutivo por el cual se nombra al comandante general de la policía, Juan C Ramírez, a quien apodan “toto” como cónsul colombiano en el gran puerto alemán de Hamburgo, se ha comunicado ayer y no quedan conspiradores en su contra sueltos o en libertad. Los doctores y generales conservadores que se reunían en el exclusivo Jockey Club de la carrera séptima bogotana a tomar Wiski, jugar naipe y conspirar con el jefe policial “toto”  Ramírez  para tumbarlo, están siendo procesados y son defendidos por quienes lo iban a remplazar con una junta de gobierno:

Al doctor Felipe Angulo llamado el tuerto, lo defiende con latinajos, citas bíblicas y versos chuscos su amigo el expresidente Miguel Antonio Caro. Al general Eutimio Sánchez lo asiste ese dechado de humildad republicana llamado Marco Fidel Suárez. Al doctor Luís Martínez Silva  don Nicolás Esguerra, y a los generales Jorge Moya Vázquez y Manuel María Valdivieso, don Antonio José Cadavid. No hay contratiempos. Todo fluye

A las 11 de la mañana, hora de costumbre, de ese 10 de febrero de 1906, el presidente con la escolta del capitán Faustino Pomar, llama a su hija Sofía, para que lo acompañe a dar el rutinario paseo de exhibición cotidiana en la carroza presidencial, por la carretera que conduce a Usaquén hasta la casa quinta del industrial cervecero alemán Leo Kopp, ubicada en lo que hoy es la calle 72. Al pasar por la iglesia de San Diego en un ventorrillo del camino, tres jinetes “enruanados”, veteranos de la guerra civil de los mil días que acaba de terminar, beben chica fermentada en totuma, montados sobre sus caballos. No hay dinero para la cerveza alemana fabricada por Herr Kopp. Miran con atención el paso del carruaje, lanzan entre los dientes imprecaciones campesinas, se limpian con el dorso del brazo la boca y dan vuelta a sus cabalgaduras para seguir de cerca el carruaje. Apuran el trote y lo alcanzan en el sitio barranco colorado justo donde hoy está la universidad de la Compañía de Jesús. Se ubican uno atrás y los otros a los lados de la carroza presidencial.

 A la media hora de paseo, según el horario establecido, el presidente entorchándose sus bigotes da por concluida la exhibición. Ordena al cochero dar vuelta para regresar a la casa de gobierno, pero uno de los jinetes que venía detrás  se adelanta y trata de detener los caballos del coche, mientras   los otros dos por un lado de la carroza, descargan apresuradamente sus revólveres contra sus ocupantes. El escolta Pomar responde el fuego y los rústicos jinetes huyen atropellados por la ruta de Chapinero. Nadie sufre un rasguño. Y en medio de las varias manifestaciones de desagravio que de inmediato la alta sociedad bogotana y el cuerpo diplomático ofrecen en la casa al presidente; la alta autoridad eclesiástica y rector vitalicio de la universidad del Rosario monseñor Carrasquilla, hace un típico chascarrillo bogotano: -“¡Dios, protege a Reyes de manera descarada!

El habilidoso comisario Marcelino Gilibert puesto en reemplazo del conspirador “toto Ramírez, se mueve con rapidez. El 13 de febrero son detenidos varios

sospechosos de haber fraguado el atentado, entre ellos el ex ministro y poeta José Joaquín Casas. El  célebre y sanguinario vengador conservador y jefe de la policía nacional, ex ministro del gobierno conservador anterior de Marroquín general Arístides Fernández. Los doctores Benjamín Uribe, Joaquín Uribe y Pantaleón Camacho. Se ofrece una recompensa de cien mil pesos-oro de la época, por los informes que permitan la captura de los rústicos jinetes que dispararon, Roberto González, Marco Arturo Salgar, Juan Ortiz y Fernando Aguilar, más doscientos mil por el instigador don Pedro León Acosta.

El ex jefe de la policía “toto”  Ramírez, para evadir las miradas acusadoras, conoce la finca en Suba donde se esconden los jinetes y se lo comunica al general Carlos Sarria jefe del estado mayor del ejército de Colombia, quien disfrazado de sacerdote y al mando de una patrulla armada, 19 días después, los captura.

-“Señores, les dice el general- sacerdote a los ignorantes y crédulos campesinos. Ustedes intentaron cometer un magnicidio horripilante que a los ojos de Dios no tiene ningún perdón. Así que lo único que puedo es oírlos en confesión y darles la absolución espiritual para aminorar el castigo eterno que se han ganado”. Luego en un falso rito católico los confiesa, detalladamente, uno a uno, para proceder a entregarlos a la patrulla armada que los conduce a los cuarteles de Bogotá. Cuando llegan, el general Sarria vistiendo nuevamente sus arreos militares  le dice a su amigo el Sr presidente: -“Listo Don Rafael, todos confesaron todo”.

Ese dos de marzo de 1906, al atardecer sabanero, cuando la luz de la mañana bogotana empezaba a disminuir, don Rafael redacta otro de sus famosos “memorándums”, con los que también se conocieron sus decretos ejecutivos,  convocando una corte marcial inapelable cuyo veredicto debe ser el fusilamiento público de los magnicidas en el sitio mismo donde se realizó el atentado. Lo más pronto posible. Los detalles dados al general Sarria son la base del implacable fiscal y los cuatro autores materiales del atentado son condenados a muerte y ejecutados tres días después el 5 de marzo de 1905. En el mismo sitio donde perpetraron el atentado. Amarrados a un botalón y sin miramientos ni contemplaciones. Como deben ser los escarmientos públicos:

Aún no hay explicación del porqué los encumbrados conservadores, autores intelectuales capturados no sufrieron ningún castigo y quedaron impunes. Ni cómo Pedro León Acosta el instigador directo del atentado, alquilado como peón de estribo del conocido presbítero Pedro María Rebollo, pudo viajar con él hasta Cartagena y embarcarse allí hacia Panamá, en un barco bananero de la United Fruit Company. Menos aún cómo el ex jefe de la policía colombiana “toto” Ramírez hizo efectivo su nombramiento de cónsul en Hamburgo y con un adelanto de los viáticos oficiales llegó a Venezuela para continuar sus conspiraciones contra el Sr presidente.

La caída: tres años después de los fusilamientos, el 12 de marzo de 1.909, en las calles bogotanas cercanas al palacio presidencial hay estridentes marchas estudiantiles y demostraciones de trabajadores contra los Tratados y el ambiente mefítico Nacional. El descontento va en aumento y se le pierde el miedo al dictador y a su policía. El viejo dictador de Colombia, sentado en la gran poltrona presidencial hace llamar al implacable jefe de la policía Marcelino Gilbert. Cuando este llega, atusándose su bigotico retorcido en las puntas hacia arriba, le clava penetrante su mirada glauca y le pregunta

“¿A qué se debe todo ese bochinche en la calle?”  El policía carraspea y tartamudea. –“General, le dice, los estudiantes, con algunos artesanos y, la plebe; protestan por los Tratados Internacionales que se presentaron a la Asamblea Nacional. Alguien filtró sus textos y se ha generado una gran repulsa incluso nacional. Además, vuelve a carraspear, el sr presidente sabe la cantidad de calumnias y barbaridades que sobre su gobierno dicen sus opositores”. Reyes, baja la mirada aparentando ignorarlo, responde secamente: -“No. Dígame de que se trata”. El jefe policial saca una pequeña libreta de bolsillo y lee:

Se dice que el sr presidente manda torturar a los presos políticos e incluso a los presos comunes que están en las cárceles de la nación. Que su Excelencia se entiende por debajo de cuerda con las potencias extranjeras para vender nuevos pedazos del territorio nacional; que manda depositar sumas fabulosas en bancos del exterior, que regala acciones del Banco Central a quienes le prestan sus servicios políticos caracterizados, que otorga concesiones para la construcciones públicas y se hace expedir acciones a nombre de su excelencia y sus hijos. Que su señoría, ha hecho cambiar el trazado del ferrocarril de Girardot para que los trenes pasen por frente a la finca de su compadre Aparicio; que ciertos allegados a la presidencia de la República, se enriquecen con el monopolio de la sal. Que las subvenciones concedidas a los contratistas de los ferrocarriles y a algunas industrias nacientes, son repartidas entre el sr presidente y sus beneficiarios, y que su secretario, el sr Camilo Torres Elicechea, maneja una chequera milagrosa con fondos inagotables, por medio de la cual el general presidente Rafael Reyes, a quien llaman el dictador, compra conciencias y doblega voluntades (1)

Hoy por ejemplo los ánimos se han exasperado, al saberse que en los Tratados Internacionales que se venían negociando en secreto y que en enero pasado fueron firmados en Cartagena, entre el Secretario de Estado Norteamericano Eliuh Root y Enrique Cortés y que han sido presentados a la Asamblea Nacional para su aprobación, figura que el gobierno de los Estados Unidos no da a Colombia ninguna indemnización por la separación de la provincia de Panamá y en cambio, si se obliga al gobierno colombiano a que reconozca las fronteras de ese nuevo país. Y a que acepte de ese gobierno la suma de 2 y medio millones de dólares, como aporte en pago a la deuda pública colombiana, renunciando a cincuenta mil acciones en litigio de la Compañía Francesa del Canal, que nunca Panamá ha poseído. (2) Reyes da por concluida la entrevista y se retira pensativo. -“Es un poco lo que percibí en mi última gira”, se dice.

En la Asamblea Nacional que él había conformado a su antojo en Marzo de 1.905, exactamente cuatro años atrás con el fin de legitimar su gobierno ejecutivo, ahora uno de sus turibularios y aduladores más reconocido Luis Cuervo Márquez, grita para la historia este docto aunque poco convincente argumento: “O imitamos a Grecia que solo vino a reconocer a Persia 2.000 años después de la invasión de Jerjes, o imitamos a Inglaterra que reconoció la separación de los Estados Unidos seis años después. Y concluyó: ¡Así proceden los pueblos grandes!”(3)

Sin embargo la repulsa popular continúa. Al dictador no le tiembla el pulso y ordena emplazar ametralladoras en palacio y detener a los dirigentes estudiantiles y populares “revoltosos”, como cuando en marzo de 1905 ordenó sin pestañear el fusilamiento de los atacantes que le habían disparado un mes atrás en barro colorado “en las goteras de Bogotá”.   

 Al día siguiente 13 de marzo de1.909, cita un concejo de ministros que encuentra la fórmula salvadora: Rafael Reyes presenta renuncia a su cargo de presidente de la república y deja encargado a su “compadre” Don Jorge Holguín, quien a su vez retirará los Tratados de la Asamblea Nacional y le dará tiempo para escabullirse a Santa Marta y tomar el primer barco con destino a Europa.

Días después durante su silencioso viaje hacia el mar que lo llevará a Europa, recordando sus peripecias en las selvas del Putumayo como cauchero exportador e inmisericorde explotador y esclavizador de indígenas; hace una única parada en Puerto Wilches con el fin de entrevistarse con su viejo amigo y copartidario el general conservador de la guerra de los mil días Ramón Gonzáles Valencia, con el fin de advertirlo y ponerlo al tanto de la situación, pero por sobre todo, para garantizar la continuidad del poder teocrático instaurado por su protector Rafael Núñez  .

Ya lo había advertido en la Asamblea Nacional, en una de esas discusiones sobre los Tratados, un asambleísta perspicaz, el diputado Tavera cuando gritó iracundo: “¿Qué quieren? Ya no son ni Andrés Bello, ni Calvo, ni Blunstchli quienes rigen en materia de intereses internacionales: Ahora son los cañones y las rémingtons” (4). Había descrito en pocas palabras la doctrina Monroe, bajo la cual se le amputaba a Colombia la provincia de Panamá, y, mediante “decretos ejecutivos” la introducía a la fuerza, en el actual capitalismo industrial y financiero internacional. (5).

Notas:

1) Eduardo Lemaitre. Rafael Reyes. Editorial Espiral Bogotá 1967. Pág. 356

2) Lemaitre, ob cit, pág. 370

3) Lemaitre, ob cit, pág. 372.

4) Lemaitre, ob cit, pág. 373.

5) Darío Mesa. La vida después de Panamá. (1903-1922). Manual de Historia de Colombia. Colcultura. Bogotá 1982. TIII.

Fuente Imágenes: Internet 

Por: Alberto Pinzón Sánchez
Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español de la actual Colombia es un miembro de una antigua familia de judíos conversos o “marranos” asentada en la morisca Córdoba, dedicada desde antaño a la fabricación de paños y textiles, y que por diversas actividades fraudulentas en los negocios y uso de tintes falsificados, ha sido expropiada por las autoridades de la ciudad al haber perdido el pleito, que él como letrado en leyes adelantó en defensa de su familia.

En la ruina, se embarca junto con sus dos hermanos para el nuevo mundo en busca de fortuna. Su madre y sus hermanas con síntomas objetivos de padecer la enfermedad de Hansen o lepra, se quedan en Andalucía.

El 5 de abril de 1.536 una expedición de 600 hombres de a pie y 70 de a caballo comandada por él, sale del recién fundado caserío colombiano de Santa Marta para remontar el río Magdalena rumbo al interior del país. Tras múltiples azares llega 6 meses después, con tan solo 170 hombres y 70 jamelgos a las cercanías de la actual Barranca bermeja, a un sitio que bautiza  “la Tora” en honor a sus ancestros judíos y que ahora oculta.

Descansa y tras reconocer el terreno remonta el río Opón en busca de la cordillera andina, en donde se ha enterado  vive una numerosa población indígena vestida y alimentada  que utiliza sal en sus comidas y se adorna con figuras de oro y esmeraldas extraídas de la tierra. Pasado un año, el 9 de marzo 1.537, ya está en la Provincia de Vélez en donde saquea violentamente a los nativos de ese feraz y hermoso valle. El oro fino saqueado al fundirlo pesa 97 pesos, más 4 tomines.

Por el camino va dejando asentamientos de sus soldados rezagados o enfermos, uno de ellos enfermo de lepra de apellido Zárate se queda a vivir en el recién fundado caserío de Vélez. El 21 de Abril de 1537, el licenciado Jiménez de Quesada llega a la actual sabana de Bogotá,  la que denomina el valle de los alcázares. Mira hacia los cerros orientales y asocia el paisaje con el de la serranía andaluza de Granada. Ordena construir 12 bohíos en nombre de las doce tribus de Israel y esa noche anota en “el cuaderno de jornada” el ingreso de 4.619 pesos de oro fino y 527 esmeraldas obtenidos en la Nueva Granada” y que desde ese día tendrá dueño y administrador.

Después de varias “guasábaras” sangrientas para los indígenas, el cacique de esa región llamado “Bacatá el viejo”  o Tizquesusa trata de esconderse en los pequeños montes que bordean los campos de Chía. Encontrado pero confundida su jerarquía, es acuchillado y con él se va la información de los “supuestos” tesoros en oro fino y esmeraldas que previamente y mediante un acto legal escrito, Jiménez de Quesada había declarado propiedad de su majestad el rey de España. Tan solo ingresan a la caja del botín, 600 pesos de oro fino y 145 esmeraldas. Hay que buscar más y encontrar.
Envía expediciones sangrientas hacia Tunja, Sogamoso y Duitama que en octubre regresan a los ranchos de los alcázares de Bacatá con 185.536 pesos de oro fino, 29.806 pesos de oro bajo y 836 esmeraldas. Mientras tanto su hermano Hernán Pérez de Quesada sale a buscar en los valles del alto Magdalena a través del territorio de los Panches para regresar en febrero de 1.538, con 4.150 pesos de oro fino, 316 pesos de oro bajo y 28 esmeraldas, que se ingresan en “el cuaderno de la jornada”.

Dos años después del inicio de la expedición el 15 de junio de 1538, se escribe en Bogotá o Bacatá, uno de los documentos más patéticos y esclarecedores de lo que fue la empresa capitalista de la colonización española en la actual Colombia con su relación de producción básica: El saqueo. Documento rescatado para la Historia, por el gran historiador Juan Fride en su libro “Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos. Estudio biográfico”. Biblioteca de Historia Nacional volumen xcv. Bogotá 1960. Documento nº 12 Págs. 136 y ss, titulado, reparto del botín:

Se reparten según las estrictas leyes dictadas por la Corona, 191.259 pesos de oro fino, 37.288 pesos de oro bajo, 18.390 pesos de “chafalonía” (oro mezclado) y 1.818 esmeraldas. Descontado el quinto para el rey quedan 289 partes, de las cuales a Jiménez de Quesada le corresponden nueve . A los 179 hombres presentes de a pie o de a caballo, les corresponde una parte a cada uno, consistente en 510 pesos de oro fino, 57 pesos de oro bajo y 5 esmeraldas. No queda “chafalonía” para repartir.

Pero la codicia continúa corroyendo el alma del converso saqueador. En noviembre de ese 1.538, le instaura un pleito penal a Sajipa, el sobrino sucesor del cacicazgo de “Bacatá el viejo” o Tizquesusa, porque adeuda al rey soberano de España la suma de 10 millones de pesos oro y 10.000 esmeraldas que se hallan escondidos en el tesoro que no quiso entregar su tío materno al abogado Jiménez de Quesada y, debe devolver so pena de “tormento recio”.

Se busaca a Sajipa en todos los cercados hasta que  finalmente lo encuentran. Una vez apresado se le secuestra en un rancho y se utilizan todos los medios de presión para que entregue el tesoro de su tío. Sajipa no entrega nada y entonces el marrano saqueador, licenciado en leyes españolas condena en un acto formal, al cacique de los Chibchas “a tormento de cuerda porque por aquí no hay otro”.

Es simple: se amarra al secuestrado por las manos atrás y se va subiendo lentamente por una viga, sin producirle la muerte o de lo contrario se pierde la información del tesoro.

Tras varios meses de tortura continua y los brazos totalmente descoyuntados, Sajipa acepta saber de un sitio donde hay un posible entierro. En un acto que recuerda la noche septembrina de Santander en 1826, el converso leguleyo sabe que su presencia formaliza o legaliza lo actuado y se cuida de no asistir. Manda comisionados de confianza que van con el cacique, excavan y no hallan nada. Ya es febrero de 1539.

Los comisionados Juan de San Martín y Juan de Céspedes aplican a Sajipa más torturas. Cortan las plantas de los pies. Tampoco hallan nada. Calientan herraduras al rojo vivo y las aplican en las plantas sangrantes. Sajipa alucinando y moribundo es trasportado al real y muere tras un mes de delirios. Es el inicio de la Nueva Granada.

El licenciado Jiménez de Quesada, debe viajar a España a enfrentar ante la justicia real varios pleitos, por los cuales incluso estuvo brevemente en prisión: Estafas a sus compañeros y principalmente el robo en complicidad con su hermano de 12.000 pesos de oro al tesoro de la Corona. Debe también acallar los rumores sobre el secuestro, torturas y muerte de Sajipa. Habilidoso, disuelve todos los cargos con gran elocuencia, pericia procedimental y sobre todo con oro fino. Poco tiempo después, el fiscal de la Corona española califica el proceso de ficticio: el secuestro y muerte del cacique Sajipa es una ficción. Sin embargo, en Colombia, la realidad seguirá siempre superando la ficción.

Así, con la realidad negada con oro y de manera legal, nuestro primer Gobernante; el abogado regidor de Bogotá, Mariscal y Adelantado de la Nueva Granada, encomendero de hecho, perpetuo y por dos vidas, sin linderos, ni número de los indios de Fontibón, Sogamoso y Guatavita; repartidor de indios a sus compañeros de armas, fundador de la “nación” colombiana y quien convirtió en supremo principio de su gobierno la consigna leguleya de “pleito que no gano lo enredo para siempre”, pudo continuar intrigando y pleiteando desde su encomienda de Mariquita, cubriendo sus llagas con ceniza hasta morir lentamente en 1.579, a los 70 años, de vejez y de lepra benigna; pero dejando instaurado como herencia perdurable en Colombia la enfermedad de la lepra y el leguleyismo. Tambien el secuestro, la tortura y la extorsión oficiales, como delitos impunes.

La principal avenida de Bogotá, hoy ostenta su nombre y como recordatorio o ejemplo perpetuo, en su inicio, exhibe la estatua del Licenciado de cuerpo entero,  armado con su espada jurídica, justo a la entrada de una de las más importantes universidades de Colombia.

Fuente imagen: Internet

 

Por Liliany Obando**

Septiembre 16 de 2015

En Colombia sí existen prisioneros/as políticos.  En el actual contexto de conversaciones de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC – EP y ante el eventual inicio de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, su reconocimiento es una necesidad imperiosa, pues no se entendería que se llegara a un acuerdo de cierre del conflicto y los miles de prisioneros/as políticos quedaran tras las rejas y menos que quienes fueron injustamente condenados -los condenados inocentes-  no tuvieran la posibilidad de la revisión de sus casos y de esta forma, de una reparación, así sea tardía.

La cruenta y larga data  del conflicto interno armado colombiano ha hecho que la naturaleza de quiénes se encuentran hoy en las cárceles como prisioneros/as políticos sea cada vez más compleja.  No se trata exclusivamente de aquellos hombres y mujeres combatientes miembros de las insurgencias a quienes el derecho internacional define como prisioneros de guerra, sino que hoy la gran mayoría de los prisioneros/as políticos colombianos son población no combatiente, presos/as políticos de conciencia y presos/as políticos en razón del conflicto interno armado. Estos últimos pertenecen a la oposición política no armada, son defensoras y defensores de derechos humanos, pensadores/as críticos, o hacen parte de los movimientos sociales, de los sindicatos, del movimiento estudiantil, de las organizaciones campesinas, indígenas, de las negritudes, etc. 

Esta es una trágica realidad que entre otras se explica claramente por una política de desnaturalizar el delito político y convertir el universal derecho a la rebelión en un delito, el cual es usado como arma para perseguir a quienes se encuentran en la oposición, bien sea armada o legal.  Por esta vía, miles de prisioneros/as políticos ni siquiera están siendo judicializados o condenados por delitos políticos propiamente dichos, como la rebelión, sedición y asonada y sus delitos conexos, tal como establece el sistema penal colombiano, sino que les son imputados cargos que se salen de la órbita del delito político, de manera independiente, hablamos de delitos comunes graves como el terrorismo, el secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de menores, el narcotráfico, etc.  Incluso, por la fraudulenta imputación de éste último delito, el del narcotráfico, algunos prisioneros/as políticos han terminado extraditados hacia Estados Unidos, aunque que la Constitución Política colombiana prohíbe la extradición por delitos políticos.   

De esta forma, asistimos a un panorama en el que gravemente estudiantes y académicos son mostrados como terroristas; líderes sindicales como financiadores del terrorismo y un sinnúmero de campesinos/as  y luchadores sociales como narcotraficantes. Pero  también están los cientos de prisioneros políticos de guerra, muchos de ellos con graves mutilaciones sufridas en el momento de su captura en combate, o enfermos terminales, que bien merecerían un trato acorde al Derecho Internacional Humanitario. Unos /as y otros/as afrontando larguísimos procesos y condenas en condiciones inhumanas.  De las mujeres presas políticas varias son madres, hayan sido combatientes o no combatientes, varias además son madres cabeza de familia, lo que tiene una especial implicación casi siempre ignorada, y muchas comparten el presidio con sus menores de 3 años. Para ellas, el sistema penitenciario y carcelario y el aparato judicial funcionan en masculino, pues una justicia diferencial y de género, pese a las varias leyes conquistadas por mujeres para las mujeres, es en la práctica inexistente.

No todos los prisioneros/as políticos se encuentran en privación de la libertad intramural, algunos/as pocos se encuentran en detención domiciliaria u otros en o prisión domiciliaria, y aunque sustancialmente se mejoran sus condiciones comparadas a las que se viven de las degradantes prisiones colombianas, las deficiencias y perversiones del sistema judicial permanecen.

Pero también están los ex prisioneros/as  políticos que  se encuentran en libertades parciales: libertades por vencimiento de términos, libertades provisionales, y libertades condicionales, quienes en esta condición sufren el acoso, la estigmatización, la persecución, la obstaculización de beneficios judiciales adquiridos y falta de oportunidades para reconstruir sus vidas. 

Pero también es necesario entender que, especialmente en el caso de los prisioneros/as políticos, las condenas no se limitan a la privación física de la libertad, sino que se les imponen penas accesorias, como la destitución de cargos públicos o inhabilidades para ejercer este tipo de cargos, por vía administrativa y la exigencia de pagos de onerosas multas fiscales, que usualmente son cobradas por una “unidad de víctimas”, que los/as convierte así, en victimarios.

Todo esto soportado por un aparato judicial que aplica el derecho penal del enemigo para sus opositores y una sociedad carcelera como resultado, entre otras, de la manipulación de los grandes los medios oficiales. Resultan de esta manera siendo funcionales a unos legisladores que sancionan leyes más punitivas y nuevos tipos penales, por una parte, y que justifican la negación de facto de principios básicos en el ejercicio de la justicia como el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa técnica, etc., por la otra.  Todo esto en su conjunto hace más gravosa la situación de los miles de prisioneros/as políticos colombianos.

Como si este panorama no fuera lo suficientemente difícil, y como consecuencia de todo lo anterior, no existe hasta el momento, un censo, lo suficientemente veraz, de cuántos son los prisioneros/as políticos -de conciencia y de guerra-. Las instituciones basan sus censos casi que únicamente en quienes están siendo procesados por el delito de rebelión. Entre las organizaciones defensoras de prisioneros/as políticos y los mismos prisioneros/as políticos  tampoco hay un consenso en torno a cuántos son realmente.  Existen algunos censos parciales, por tipo de organización política o social, pero no existe un censo unificado nacional de todos/as los prisioneros/as políticos.   Algunas organizaciones hablan de unos 4.500 prisioneros/as políticos,  entre combatientes y población civil, y otros de alrededor de unos 9.500.  Las FARC – EP, en la vocería de Iván Márquez, han sostenido que del total de prisioneros/as políticos, aproximadamente un 90% son población no combatiente o presos/as de conciencia, es decir, que los/as  prisioneros/as políticos de guerra sumarían un 10% del gran total. 

Es por esto tan importante, que en el marco de un acuerdo de justicia en lo relativo a la situación de los prisioneros/as políticos, exista un censo e informe de la situación de los prisioneros/as políticos lo suficientemente riguroso, lo suficientemente incluyente, como para ningún prisionero/a político y/o ex prisioneros/a político que se considere injustamente condenado, quede por fuera de las alternativas planteadas en un acuerdo de justicia entre las partes, llámense indultos, amnistías, revisión o las que llegaren a aprobarse. Esa es una tarea urgente y requiere de un gran esfuerzo de construcción colectiva.

Un buen cierre del conflicto exige no sólo que los prisioneros/as políticos que han sido combatientes  y los colaboradores de las insurgencias puedan recuperar su libertad, sino que, y especialmente, los miles de prisioneros/as políticos de conciencia y por razón del conflicto también puedan hacerlo. La sociedad en su conjunto debe además disponerse para recibirlos/as de manera constructiva y positiva en un escenario que se plantea la construcción de una Colombia en paz, incluyente y abierta al debate y la diferencia.

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*Para efectos de este artículo hablamos de prisioneros/as políticos para definir toda la amplia gama de personas privadas de la libertad por motivaciones políticas por su pensamiento o acción legal o alzada en armas, bien sean procesados o condenados.

**Socióloga, defensora de derechos humanos, ex prisionera política.