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Opinion

Una "sarta" de mentiras, como bien lo ha dicho o graficado un representante del movimiento Voces de Paz, a raíz de la reciente (16.04.2016) carta enviada por el "senador" AUV al congreso de los EEUU.

Y no es para sorprenderse, pues la esencia de la contrainsurgencia, cualquiera que ella sea, es el principio "Nacionalsocialista" o Nazi establecido por el jerarca Göbbels, ministro de propaganda del Tercer Reich alemán, quien sin ningún pudor o mejor, con el más absoluto cinismo, dejó establecida la imbatible verdad propagandística de que una mentira repetida mil veces se vuelve verdad.

Y nada mejor para confirmarlo que repasar la historia de Colombia especialmente las 7 décadas de la llamada guerra civil colombiana o conflicto interno, que en esencia ha sido una guerra contrainsurgente de larga duración, justificada con la burda mentira de calificar toda forma de insurgencia, protesta social o resistencia a las arbitrariedades del "Poder" de la clase gobernante y dominante (bien fuera armada o desarmada) como "enemigo interno de la sociedad";  tal y como lo vino a reforzar en nuestras universidades colombianas 30 años después haber sido destruido el régimen hitleriano en Europa, el académico  y "colombianólogo" Francés Daniel Pécaut, quien en una sutil maroma mentirosa, típica de la contrainsurgencia francesa que fuera probada en la guerra contra el pueblo argelino, identificó en un solo concepto al Estado represor dominante con el grueso de la Sociedad.

Pero no fue solamente ese relato esparcido generosamente en libros y cátedras universitarias y centros o institutos de pensamiento, o de memoria-verdad, por aventajados "historiadores y politólogos" alumnos suyos, sino que como todo fenómeno social  que tiene materia e idea, al ensamblarse con la tradicional y añeja ideología anticomunista del bipartidismo liberal-conservador, profesado por la clase dominante y dirigente (llamada por el vulgo, es decir popularmente Oligarquía pro yanqui) vino a constituirse en una virulenta ideología de odio e intolerancia cuasi-religiosa, que no encontró ninguna otra vía para resolver los conflictos sociales distinta al exterminio militar de ese enemigo interno, obviamente de ellos, transvestidos con el ropaje de  Sociedad.  

Y fue allí en la estructura militar colombiana, donde la "conexión francesa" de la contrainsurgencia insuflada en la mayoría de los ejércitos latinoamericanos por el Imperialismo estadounidense dentro del marco de la guerra fría prosperó, y, ya revestido con el nuevo ropaje de la Doctrina de la Seguridad Nacional con el que las dictaduras militares latinoamericanas azolaron a casi todos los pueblos de Nuestra América; en Colombia constituyó (según lo probó la investigadora social Vilma Liliana Franco en su extenso y excelente libro Orden Contrainsurgente y Dominación.2011) y supo conformar una pavorosa estructura material y supra-estructural denominado Bloque de Poder Contrainsurgente Dominante (BPCi) que con sus 11 ruedas dentadas se constituyó  en la esencia contradictoria del régimen colombiano. En su naturaleza. Y con el cual se pudo adelantar o desarrollar la guerra contrainsurgente que acaba de encontrar una posibilidad de Solución Política en los acuerdos de la Habana. El Orden Contrainsurgente no puede ser reducido solamente al llamado Narco Para Militarismo en renacimiento, es un Todo mucho más grande y mortífero, que impide e impedirá hasta el último minuto la realización de la paz en Colombia.

Quien dude de que esta es la contradicción principal que dinamiza la realidad colombiana e incluso, determinará si se implementa o no el Acuerdo de paz de la Habana, sufrirá un gran desengaño y aumentará la incertidumbre en el futuro.   

Es lo que estamos viendo y presenciando día a día los colombianos cuando aflora persistentemente en cada noticia o en cada acontecimiento cotidiano de nuestra sociedad: La producción de todo tipo de mentiras contrainsurgentes, piadosas y crueles, reproducidas e infladas por el megáfono del oligopolio mediatico, y enfrentadas a la débil pero enhiesta Verdad de los hechos reales; falsedades agravadas en Colombia con el viejo dicho volteriano ya convertido en enseña oligárquica criolla ¡Mentid, Mentid! que de la mentira algo queda.

 ¿Qué ha quedado de las mentiras con las que se ganó en famoso plebiscito contra los Acuerdos de la Habana?

La conformación de una fuerza material político-ideológica, el "uribismo pastrano-popeyista, bendecido por monseñor Ordoñez", empeñada con grandes posibilidades de éxito en evitar (por todos los medios) que el Acuerdo de Paz de la Habana se implemente y se convierta en una verdad real y efectiva.  

¿Qué ha quedo de la farsa del "encuentro de pasillo" entre los expresidentes Pastrana y AUV con el presidente de los EEUU, míster Trump?

Imágenes integradas 1

 Se ha construido por el megáfono mediático un escenario mentiroso, claro está, para convertir en verdad "el sartal de falsedades" de la famosa carta (en idioma colonial) que el "current Senator" Uribe Vélez envió al Congreso de los EEUU: Pasarse por la galleta y darle un golpe diplomático al fornido y bien peinado embajador de Santos en Washington, Pinzón Bueno, y justificarle a la impredecible Veleta Trump, las "armas químicas" que existen en Colombia y en Venezuela para que acabe definitivamente con la fábula convertida en verdad del "castro chavismo colombiano", y así, dejarnos a la espera.

No me cabe duda que, así como el náufrago citado por Simón Bolívar, quien desde un peñasco costero de su deshabitada isla le predicaba a las olas del mar, seguiré insistiendo en que sin el desmonte verdadero de la estructura contrainsurgente, y de la derrota ideológica de sus relatos supra-estructurales tanto jurídicos, como ideológicos y obviamente políticos y ético-morales, no llegará la anhelada paz a los colombianos, y mucho menos la verdad.

Fuente Imagenes Internet.

 
Continuidad de la pedagogía para la guerra

 

 

 

 

 

"He aprendido en este oficio que los que mandan no sólo 

Se detienen ante lo que nosotros llamamos absurdos, sino que se 

Sirven de ellos para entorpecer la consciencia y aniquilar la razón. 

Saramago 

Ensayo sobre la Lucidez 

 

Hace ya más de un mes, que los medios oficiales de comunicación y el Gobierno informaron sobre la detención de "Mateo" y "El Cojo" según esta misma fuente "autores de al menos 10 atentados terroristas en Bogotá entre marzo de 2015 y octubre del 2016". En rueda de prensa el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, afirmó que los detenidos estarían detrás de los explosivos contra Novartis, Banco de Colombia, Cafesalud, Banco de Bogotá, Capital Salud y la sede la DIAN, agregando además que no se descartaba que estuvieran implicados en el ataque ocurrido en La Macarena que le costó la vida a un patrullero. 

La contundencia con que el titular de la cartera de Defensa señaló públicamente la responsabilidad de los mencionados ciudadanos en dichos atentados contrasta con la postura que ha asumido a la hora de señalar los autores de los asesinatos sistemáticos a líderes sociales que en el 2016 y lo que va corrido del año, sobrepasa la cifra de 120 muertos. En este último caso, a contrapelo de las evidencias, este ente gubernamental ha afirmado no sólo que se trata de casos aislados sino que no existe documentación que indique que paramilitares estarían detrás de dichos crímenes, como lo denunció el reciente informe anual de Derechos Humanos de la ONU. 

En Colombia, el artículo 29 de la Constitución Nacional señala que toda persona es inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. No obstante, este principio de presunción de inocencia se viola sistemáticamente, más aún cuando se trata de estudiantes universitarios o miembros de la oposición social y política que han sido privados de la libertad por ejercer un pensamiento crítico. En la gran mayoría de estos casos el sindicado debe probar que es inocente de los cargos que se le imputan y permanecer encerrado en una cárcel mientras se surte un costoso y dilatado proceso en el que brilla la ausencia de garantías procesales. 

La arbitraria detención del joven Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, ilustra cómo actúa la "justicia" mediática en estos casos: La imputación de cargos que hicieran los medios de comunicación y el titular de Defensa nada tiene que ver con la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación, que a duras penas –y con la ayuda de un parcializado juez "de garantías" y del Ministerio Público- pudo sindicar a Mateo de hechos menores acaecidos hace cerca de un año y medio en dos puntos de la ciudad. 

Es claro que la captura de Mateo y su presentación ante la opinión pública como un "peligroso terrorista", tuvo como trasfondo inmediato la directriz presidencial dada el día anterior a la policía en el sentido de "capturar de manera inmediata a los responsables del atentado de la Macarena" y dar así un parte mediático de tranquilidad a la ciudadanía bogotana, tras el fallecimiento del patrullero Albeiro Garibello. Para ello se recurrió a un "falso positivo judicial", práctica que ha ejercido de manera sistemática el Estado colombiano y que, entre otras cosas, busca mostrar la capacidad operativa de las autoridades incriminando en hechos delictivos a personas inocentes que proceden de familias de escasos recursos o como en el caso de Mateo, tienen un cierto perfil crítico. 

Una inteligencia militar poco inteligente 

En su tarea de elaborar montajes judiciales los servicios de inteligencia no se detienen ante la más mínima consideración, llegando a procedimientos absurdos. Las circunstancias que llevaron a la detención de Mateo Gutiérrez y su posterior reclusión en la cárcel nacional Modelo, bajo la sindicación de los delitos de terrorismo, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas no constituyen la excepción a esta regla. Al punto que el accionar de los organismos estatales inevitablemente nos recuerda al protagonista de El Otoño del Patriarca cuando ordenó que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino a las dos para que la vida pareciera más larga. 

En efecto, la captura de Mateo se hizo con base en la declaración de una de las víctimas que en el momento de los hechos era menor de edad y que identificó a la persona que lo amordazó como un individuo de tez morena, cabello rubio recogido y depilado. Cerca de un año y medio después el mencionado testigo, en un reconocimiento fotográfico, cuyo procedimiento arroja serias dudas, señaló a Mateo como el responsable de haber colocado el explosivo panfletario en el lugar de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto es que la descripción física hecha por el testigo no coincide con la de Mateo que es una persona de tez blanca, de pelo castaño oscuro, cejas pobladas y que desde sus años de adolescente no usa el cabello largo, como lo puso de presente su abogado defensor Eduardo Matías. 

En el colmo de la desinformación los medios de comunicación dieron a la publicidad fotografías de Mateo, que muestran cambios en su apariencia física y que a decir de los perspicaces investigadores de policía judicial fueron hechos "para intentar burlar a las autoridades". Más allá del hecho significativo que se trata de instantáneas fotográficas tomadas en diferentes momentos de su vida, resulta absurdo que los cambios en la apariencia física sean ahora judicializados. Con razón el humorista Jaime Garzón y los personajes salidos de su creativa imaginación, como Heriberto de la Calle o Godofredo Cínico Caspa estuvieron siempre en la mira de los servicios de inteligencia. 

Pero la cadena de irracionalidades no termina aquí. Según fuentes policiales difundidas por los principales medios de comunicación Mateo viajó a Cuba a realizar un curso de explosivos, y aunque en la imputación de cargos la Fiscalía no hizo referencia a esta absurda acusación, el hecho es sintomático de la mentalidad de los funcionarios del aparato policial que, aún siguen abrevando de los esquemas mentales que nos legó la "guerra fría". ¿Es Acaso esta la "nueva policía" para el posconflicto" que recientemente anunció Santos? Quizás convendría recordarles que hace ya varios lustros que el gobierno cubano en cabeza de Fidel Castro hizo público su deslinde de la lucha armada como camino para acceder al poder. 

Es sobre estas falsas evidencias que los organismos inteligencia fabricaron el "caso Mateo", en el cual resultaron tan poco creativos que a la hora de asignarle un "alias" utilizaron no el de "Eulogio" o "Pablito" como ya lo han hecho en el pasado, sino que hicieron uso de su mismo nombre de pila. Tampoco fueron mucho más imaginativos con el taxista Steven Buitrago, quien para el momento de la detención de Mateo llevaba ya varios días en poder de las autoridades (a pesar de que fueron presentadas como capturas simultáneas) y a quien los servicios de seguridad hicieron aparecer como "el cojo" pese a que este hombre jamás ha padecido limitación física alguna que permita identificarlo con dicho mote. 

Montajes judiciales a la comunidad universitaria, ¿hasta cuándo? 

La práctica de los montajes judiciales contra la comunidad universitaria, tiene un largo historial en nuestro país. Baste recordar aquí el caso del dirigente sindical y profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Freytter secuestrado, torturado y asesinado en el 2001 y que en los días previos a su crimen fue detenido por la fuerza pública, acusado de una supuesta omisión de asistencia alimentaria; o, también el del sociólogo Alfredo Correa D'Andreis, quien fuera señalado de ser un importante ideólogo de las FARC y tras recobrar su libertad luego de varios meses de prisión, acribillado en una calle de Barranquilla. En uno y otro caso se demostró la participación del Estado en connivencia con organizaciones paramilitares. 

Este mecanismo de los "falsos positivos judiciales" –que se intensificó con las políticas de la mal llamada "seguridad democrática" del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez- continuó siendo bajo las dos administraciones del gobierno de Juan Manuel Santos un instrumento represivo para debilitar el accionar de los movimientos políticos y sociales de oposición, y sembrar temor entre aquellos que participan en acciones de legítima protesta y resistencia social. Práctica que continúa incluso después de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, como lo constatan las recientes capturas masivas de líderes sociales en diferentes regiones del país. 

Se trata de judicializaciones que están plagadas de violaciones al debido proceso: capturas irregulares legalizadas por jueces "de garantías"; desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia; estigmatización ante los medios masivos de comunicación; utilización de pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales y principios constitucionales; evidencias adquiridas de manera ilegal; utilización de falsos testimonios; presiones por parte de la Fiscalía para lograr la autoincriminación del sindicado y dilación del proceso, sin contar con el tratamiento de "enemigo interno" que recibe por parte de los funcionarios del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario). 

La persecución y estigmatización a la sociología crítica 

Además de lo anterior en el caso de Mateo hay otra situación que preocupa: se trata de la persecución y estigmatización de los estudiantes adscritos a las Facultades de Ciencias Sociales y, en particular, de Sociología. Sobre esta última se ha construido un imaginario "subversivo" que la ha convertido en blanco de sectores sociales y políticos que todavía ven en dicha disciplina una amenaza al Status quo. Así sucedió en América Latina, en los años sesenta y setenta cuando se generalizaron las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios del continente que cobró la vida o en el mejor de los casos forzó al exilio a muchos académicos e intelectuales vinculados a estas facultades. 

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, pues bajo el manto de una democracia formal que encubre el accionar terrorista del Estado, numerosos sociólogos(as) han sido perseguidos por su pensamiento crítico. Así, a finales de los setenta, y al amparo del "Estatuto de Seguridad" del entonces presidente Julio César Turbay Ayala, la socióloga Maria Cristina Salazar estuvo encarcelada 15 meses sin que se hallaran pruebas en su contra; años después el sociólogo y escritor Alfredo Molano tuvo que salir del país varias veces amenazado por la intolerancia de los gobernantes de turno y enfrentar cargos de calumnia e injuria por develar los nexos de la familia Araujo con organizaciones paramilitares.

Más grave aún: algunos sociólogos y cientistas sociales han sido asesinados por su compromiso con una academia crítica. Es el caso del profesor Edgar Emiro Fajardo, el ya mencionado sociólogo Alfredo Correa D'Andreis y el docente de la Universidad Pedagógica Nacional Darío Betancur cuyas investigaciones sobre la conformación mafiosa en el norte del Valle, permitieron identificar posibles responsables de la "masacre de Trujillo", donde decenas de campesinos fueron asesinados a manos de narcotraficantes y miembros de la fuerza pública, acusándolos de constituir las "bases de la guerrilla". 

Y es que la Sociología –nos recuerda Bourdieu– es una ciencia que incomoda y que fastidia. Esta fue quizás la razón por la cual Mateo Gutiérrez teniendo la posibilidad de ingresar a una universidad privada gracias a su excelente desempeño académico, no se dejó tentar por el engañoso y demagógico programa "ser pilo paga" y optó por estudiar sociología en la Universidad Nacional, atraído por la tradición que forjó este Departamento en sus investigaciones sobre la realidad nacional como lo fue el libro sobre la violencia en Colombia, realizado por Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, así como otros estudios que, en su momento, se erigieron en referentes fundacionales en el campo de la investigación rural, urbana y política, entre otros. 

Tradición que, debe decirse, no sólo ha sido dejada de lado sino muchas veces ignorada, Sin duda porque la institucionalización progresiva de un campo disciplinar –contrario a lo que pretenden hacer creer algunos pregoneros de una academia aséptica- es el resultado de luchas políticas en su interior por la definición de sus fronteras, sus enfoques, sus orientaciones, donde están en juego capitales simbólicos de diversa índole, y acechan permanentemente poderes temporales que se escudan en discursos altamente politizados revestidos de una impoluta "cientificidad" y "Neutralidad" 

Es esta preocupación la que llevó a Mateo a cuestionar -luego de cursar varios semestres de la carrera de sociología- una academia que se reclamaba a sí misma apolítica: "Qué triste –nos dice Mateo- creo que el sentido con el que nació nuestro departamento fue otro, aportar algo al país, su gente y construir una academia que corresponda con las necesidades y el proceso histórico colombiano. Espero que los que aún nos consideramos como parte del legado de Fals y Camilo saquemos la cara e intentemos darle una orientación a nuestra alma mater, que así a muchos les pique debe abordar problemas políticos". 

El delito de ser joven en Colombia 

Por otro lado, la persecución contra Mateo Gutiérrez León, su estigmatización ante los medios de comunicación y su absurda judicialización, ilustra cómo los jóvenes en el país siguen siendo las principales víctimas del terrorismo de Estado. Así lo ejemplifica el caso de millares de jóvenes que hoy se encuentran tras las rejas, purgando largas penas por delitos que jamás cometieron. La gran mayoría de ellos no contaron en su momento con los recursos económicos para hacer una adecuada defensa, ni mucho menos con la solidaridad y el apoyo de una sociedad que legitima su silencio frente a estas injusticias con la trillada frase: "si está allá es porque algo habrá hecho". 

Pero ni Cristian Leyva ni Erika Aguirre ni Xiomara Torres ni Carlo Carrillo ni Omar Marín ni Jorge Eliécer Gaitán ni Carlos Lugo, entre muchos otros estudiantes que resulta imposible listar aquí, cometieron delito alguno, y la mejor prueba de ellos es que tras permanecer varios años privados de la libertad el ente acusador jamás pudo comprobar responsabilidad penal alguna, salvo el "delito" de expresar a través de la protesta pacífica, la escritura o la música su sensibilidad de jóvenes críticos e inconformes con una sociedad cada vez más deshumanizada. Todos y Todas ellas, en su momento fueron presentados por los medios masivos de comunicación, como peligrosos(as) terroristas, pertenecientes a células guerrilleras urbanas y autores de numerosos atentados. No obstante una vez fueron absueltos o recobraron su libertad por violación al debido proceso, poca o ninguna información al respecto publicaron esos mismos medios. 

Quienes conocemos a Mateo, y hemos tenido la oportunidad de dialogar con él, sabemos de su rebeldía frente a lo establecido, de sus sueños, ilusiones y utopías que es la de todos aquellos que deseamos construir un mundo más justo y mejor. Porque Mateo no es sólo un joven con ideales sino también con ideas. Así nos lo ha dejado consignado en uno de sus últimos escritos " Colombia –nos dice- sería un país menos violento si a la hora de un reclamo de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres, los indios, negros y de todos los sectores que conforman la gran pobresía (sic) colombiana, se respondiera con soluciones efectivas y sobre todo participación y protagonismo político, y no con policía, encarcelamiento, asesinato y represión". 

Pero en Colombia este tipo de reflexiones críticas que cuestionan la legitimidad del régimen resultan peligrosas. Porque aunque en el discurso institucional se exalte la importancia de los jóvenes para la construcción de paz, lo cierto es que cuando éstos se asumen como sujetos sociales dispuestos a luchar por una paz que signifique la transformación de sus condiciones estructurales de pobreza y exclusión, corren el riesgo real de ser judicializados o asesinados. Crímenes como los del menor de edad Nicolás Neira y el estudiante universitario Miguel Ángel Barbosa, a manos del ESMAD (Escuadrón de Sicarios que Matan a Disidentes) dejan en claro el tratamiento dado por el estado colombiano a la juventud crítica. 

Otra de las modalidades de criminalización contra los jóvenes en Colombia, que cobró particular gravedad cuando el actual premio nobel de paz se desempeñaba como Ministro de Defensa, fueron los llamados eufemísticamente "falsos positivos" (asesinatos a sangre fría perpetrados por agentes del Estado) y que quedaron al descubierto a finales del 2009 cuando varios jóvenes entre los 20 y 25 años, provenientes del municipio de Soacha al sur de la capital del país, fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos por el ejército. En estos casos las víctimas son jóvenes que revisten ciertas características sociales y que los convierten en el blanco de la acción criminal del Estado 

Universidad y ¿posconflicto? 

La firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el pasado 26 de noviembre entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los delegados de paz de las FARC- EP; así como los actuales diálogos que se adelantan en la ciudad de Quito (Ecuador) con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) abren, sin duda, una esperanza para que en Colombia cese la persecución en contra de los líderes sociales, y se creen las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la legítima protesta. 

En concreto el punto 2 de los Acuerdos de la Habana (Participación política: Apertura Democrática para Construir la Paz) es claro en afirmar que para la consolidación de la paz en Colombia se requiere "la promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política". 

Sin embargo, esto no podrá ser posible mientras el sistema judicial colombiano continúe actuando como un aparato de guerra que aplica el derecho penal del enemigo a quienes se atreven a cuestionar las políticas oficiales del Estado o a reivindicar sus derechos fundamentales, garantizando al mismo tiempo la impunidad para los agentes estatales o paraestatales que han cometido delitos muchos de ellos reconocidos como de lesa humanidad. 

Tampoco contribuye a una verdadera pedagogía de paz la actitud de la gran mayoría de la comunidad universitaria que observa con indiferencia como uno de sus integrantes es injustamente perseguido y confinado en una cárcel y, menos aún, el silencio de las directivas universitarias, que en el mejor de los casos hace público un comunicado donde lejos de reivindicar la universidad como un espacio plural en el que deben tener cabida la diferentes visiones y expresiones de la sociedad, su preocupación fundamental es deslindar responsabilidades frente a cualquier hecho que pueda poner en cuestión la tarea misional que se ha autoimpuesto de profesionalizar mano de obra para el mercado de trabajo. 

El papel de la Universidad en el "posconflicto" no puede concebirse como la explotación de una temática, que se proyecta como una fuente económica para extraer recursos financieros que contribuyan a subsanar su déficit presupuestal, vía especializaciones, maestrías o cursos abiertos de todo género sin pertinencia social alguna; mucho menos para incrementar los puntos en la hoja de vida de sus docentes a través de investigaciones donde prima miradas hegemónicas que no permiten la expresión de enfoques críticos. Contrario a ello, la universidad debe generar las condiciones para la producción colectiva -desde una perspectiva pluralista, y abierta al diálogo de saberes- de un nuevo conocimiento orientado a la renovación de la vida social, política, económica, cultural del país y de la sociedad en su conjunto. 

Se trata, ante todo, que desde la universidad reafirmemos la riqueza irremplazable de la multiplicidad de perspectivas, iniciativas y cosmovisiones del mundo. Esto no se logrará, sin embargo, con una academia encerrada en su torre de marfil, dedicada a la contemplación narcisista, como si fuese poseedora de una visión definitiva e inobjetable, que ya no requiere de la confrontación con otras interpretaciones o que sólo reconoce otras voces cuando su función queda reducida al simple asentimiento; en fin, con una academia en la que -parafraseando a Elías Canetti- "cada hombre sea retratado y le rece a su propio retrato". 

Sin duda, la arbitraria detención de Mateo nos lleva a repensar el papel de la universidad en el mal llamado "posconflicto", pues no es posible hacer una verdadera pedagogía de paz en las universidades mientras contemplamos con indiferencia que integrantes de esta comunidad son perseguidos y encarcelados injustamente. Desterrar la guerra del campus no supone que las paredes se pinten de blanco, sino que ellas griten: ¡¡Libertad para un inocente, Libertad para Mateo!!. 


Miguel Ángel Beltrán Villegas, Ex prisionero político 

Por Nelson Lombana Silva 

(Ibagué, abril 15 de 2017) La pasión de cristo colgado de la cruz se renueva cada año en la propia pasión que vive el pueblo colombiano. Pueblo engañado, explotado y vilipendiado por la clase dominante. La cruel burguesía que a nombre de Dios aumenta su riqueza sacrificando la biología y la psicología de millones de seres humanos alienados, enajenados y atemorizados por la cruda e inefable represión. 

Ante el desconocimiento del pueblo fruto del analfabetismo político repite las palabras de Jesús colgado del madero. "Padre: Perdónalos porque no saben lo que hacen". 

De todas maneras la sensibilidad humana del pueblo es grande y a pesar de la criminalidad de la burguesía esta dispuesto a perdonar todas las infamias de la clase dominante. Eso se traduce en Colombia en el proceso de paz. El pueblo está dispuesto a borrón y cuenta nueva. ¿La burguesía estará dispuesta a hacer lo mismo?

Por los hechos lo conoceréis, dice la biblia. ¿Y qué dicen los hechos? Los hechos dicen que la burguesía no está dispuestas a asumir una postura conciliadora y humana. El proceso de paz Farc – Ep y Gobierno, es concebido como una hábil jugada para fortalecer sus intereses de clase. El pueblo – por su parte – también tiene ese propósito. Quiere la paz para vivir y convivir dignamente sin el sobresalto de la cruda violencia que genera tanta incertidumbre y dolor en sus escuálidas entrañas. La diferencia es abismal en la concepción acerca de la paz, por cuanto para el pueblo la paz es vida, progreso y bienestar para todos, en cambio, la guerra para la burguesía es un medio para acrecentar su poder económico y político. 

El pueblo esta sediento de justicia. Repite desde su propio escenario el dramático llamado de Jesús desde el Gólgota: "Tengo Sed". La teología de la Liberación o Iglesia de la Liberación, asume el sanguinolento cuerpo del nazareno como el pueblo de América Latina, sacudido por las infamias de las burguesías de cada país y el imperialismo de los Estados Unidos. 

En los campos azotados por la violencia, destruidos por las bombas y las limitaciones económicas, en los denominados barrios subnormales, a diario se escucha el grito dramático de Jesús colgado del madero: "Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?" Esa expresión aparece en los labios de los niños hambrientos, en los jóvenes sin la posibilidad de estudiar, en los ancianos abandonados a su suerte en la soledad terrible de un estado infame e indolente. 

La realidad es cruda e inexorable, real y dramática. Por lo tanto, hoy tenemos que persistir en la unidad entre creyentes y no creyentes, marxistas y cristianos por cuanto de lo que se trata es de transformar la realidad socioeconómica y hacer que brille la paz con justicia social, de tal manera que haya bienestar para todos y todas, sin privilegios de ninguna naturaleza. 

Construir entre todos una sociedad humana, sin ricos exageradamente ricos y pobres exageradamente pobres; no pueden seguir muriendo niños y ancianos de física hambre; no pueden seguir matando a las personas por concepciones ideológicas y políticas, por puntos de vista divergentes. Hay que enarbolar la bandera de la paz y de la justicia social con amplitud y espíritu de reconciliación. Hay que materializar la paz con hechos concretos, basta ya de tanta palabrería solamente. 

La semana santa debe ser de reflexión y de análisis crítico y autocrítico, no un período para repetir maquinalmente supuestos hechos históricos, sin análisis político. No se debe separar la espiritualidad de la materialidad, pues la humanidad es integral: Conciencia y Materia, en constante movimiento. Es decir, en constante cambio. Creyentes y no creyentes, unidos. Amén. 

Por: Libardo García Gallego (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Laéticaera la parte de lafilosofíaque estudiaba lo correcto o equivocado del comportamiento humano, los actos morales y su aplicación a nivel individual y social, tratando de explicarlos en forma racional, fundamentada, científica y teóricamente. (Ver: https://www.significados.com/etica-y-moral/)

Los valores éticos songuías del comportamiento que regulan la conducta del ser humano, siendo los más relevantes: justicia, libertad, responsabilidad, integridad, respeto, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo de cada individuo, influenciado por el entorno familiar, social, escolar y mediático; con estos valores se aspira al logro del bienestar colectivo y la convivencia armoniosa y pacífica de la sociedad. Una vez que la persona comprende la importancia de estos se enfrenta a un constantejuicio ético,esto es, a razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más acertada en cada momento, de acuerdo con las normas y valores impuestos por la sociedad.

(Ver: https://www.significados.com/valores-eticos/)

Los recientes escandalosos casos de corrupción, a nivel local, regional y mundial, nos demuestran que los conceptos anteriores ya no son tenidos en cuenta y que lo que prevalece hoy es el oportunismo, el individualismo, el afán de enriquecimiento inmediato, el desprecio por la normatividad de convivencia social. Se ha reanimado el concepto de Hobbes: “El hombre es un lobo para el hombre”. El capitalismo en sus últimas etapas ha tirado a la basura los valores altruistas y ha impuesto en su lugar una nueva escala competitiva donde ya no son indispensables los méritos, la calidad, la eficiencia, el servicio social, todo esto ha sido sustituido por sobornos, inclusive hasta se han montado oficinas para valorar y entregar las coimas con las cuales se compran adjudicaciones en licitaciones amañadas.

Hemos regresado a los viejos dichos: “Medio mundo vive del otro medio”, “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, “El mundo es de los vivos”, “Si le dan papaya, cómasela”, “Robó pero hizo”. “Trabajando no se consigue plata” Esta es la Ética popular, la que aplicaron con Odebrecht, entre otros colombianos: Gabriel García Morales, Enrique Ghisays, Eduardo Assad, Miguel Peñalosa, Mateo Restrepo, Plinio Olano, Daniel García, Eduardo Zambrano, Rafael Nieto, María Fernanda Valencia, Otto Rodríguez, Otto Nicolás Bula, Luis Fernando Andrade, Bernardo “Ñoño” Elías, Iván Mustafá, Andrés Giraldo, Oscar Iván Zuluaga (http://www.semana.com/nacion/articulo/odebrecht-los-involucrados-en-los-gobiernos-de-uribe-y-santos/517737), y los del combo de La Guajira, Oneida Pinto y varios gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, avalados por Cambio Radical; más tantos otros ladrones imperdonables de: Reficar, EPS (Saludcoop, Coomeva, Caprecom, etc.), Foncolpuertos, el Guavio, Transmilenio los contratos en el Distrito Capital, Dragacol, Agro Ingreso Seguro, Isagen, Invercolsa; más muchos personajillos con apariencia de buena gente: Fernando Londoño, Angela Montoya, Gral. Hernán Martínez, Mg. Jorge Pretelt, Carlos Palacino, Com. Gerardo Rivera, etc., etc., …..

La corrupción se ha extendido por toda la sociedad mundial, en los poderes públicos, incluyendo Altas Cortes, Fuerzas Militares y de Policía, y en el sector privado. Los casos pululan en Colombia, América y el mundo entero.

Volver a la vida decente parece ser imposible, pues si a lo anterior se añade la extrema y creciente pobreza mundial, la profunda desigualdad social, la desocupación galopante al compás de la mecatrónica, la vida ostentosa e insultante de los multimillonarios, la progresiva destrucción del planeta, el crecimiento incontrolado de la población humana, la lucha entre las clases sociales se acentúa, las guerras se avivan y multiplican y el odio se propaga.

La única posibilidad de construir un mundo feliz es mediante: 1. una nueva educación que con una filosofía humanista y solidaria desaliene y forme seres pensantes y creativos; 2. la garantía del disfrute colectivo de todos los derechos humanos, limitando algunos de ellos como el de la propiedad privada, y 3. la redistribución democrática de las riquezas.

Pero como estas condiciones son utopías irrealizables por ahora, entonces no nos quejemos de corrupción, inseguridad, insurrección y terrorismo.

Armenia, Marzo 14 de 2017

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Por: Pedro Nolasco Présiga

Expresidente Nacional de Fensuagro en el Exilio

Miembro de Marcha Patriótica Capitulo Bélgica

El 7 de Marzo de 2017 se cumplieron 20 años del asesinato de Victor Julio Garzón, Secretario General de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria-FENSUAGRO-Cut. Había yo llegado a Bogotá el 6 de Marzo en horas de la noche procedente de Puerto Brasil, en el Municipio de Viotá Cundinamarca, donde había realizado algunas gestiones relacionadas con el Centro Nacional de Capacitación de la Federación.

El carro de Fensuagro, en el cual me movilizaba comenzó a presentar dificultades mecánicas entrando a Bogotá, y con esfuerzo  el conductor me llevó hasta la Casa donde yo habitaba. Le dije entonces que no me recogiera en la Mañana siguiente y que llevara el carro al taller. 

Al otro día me levanté un poco más tarde que de costumbre, luego de la ducha y el desayuno, Salí de mi casa  y caminé unas 6 cuadras para tomar la buseta que me llevaría al Centro de la Ciudad, eso me salvó de haber muerto asesinado con Victor Julio Garzon, puesto que en general, mi hora de llegada a las oficinas de Fensuagro era a las 7 o 7 : 30 de la mañana, ya que como Responsable Nacional Agrario del Partido Comunista, solia reunirme con la Comision Nacional Agraria a horas muy tempranas de la mañana.

Cuando ese 7 de Marzo de 1997 descendí de la buseta en la Carrera  10 con calle 17 y miré hacia la entrada del edificio donde funcionan las oficinas de Fensuagro, observé que había  allí un tumulto muy grande de personas, muy superior a lo habitual a esas horas del día, que se mezclaban, además, con una escandalosa presencia militar, entre la multitud se destacaba la presencia de numerosos dirigentes y militantes del Partido y de la Juventud Comunista, así como del movimiento sindical, y de Organizaciones Agrarias, quienes habían llegado a protestar, a denunciar el asesinato de Victor Julio, y a brindarnos la solidaridad en aquellos  momentos  tan difíciles que estabamos viviendo en Fensuagro.

A velocidad de rayo pasaron por mi mente varias escenas ; un allanamiento... Una bomba... Pero jamás me imaginé lo que realmente había sucedido. Cuando llegué a la puerta de entrada del Edificio le pregunté a uno de los celadores ¿que paso ? y este me respondió escuetamente, « mataron a Victor Julio »

Después de forcejear e identificarme con mi carnet de  Presidente de Fensuagro ante el oficial de la Fiscalía que dirigía el operativo de levantamiento del Cadáver, y al insistirle que yo tenía que ponerme al frente de la situación, éste me advirtió que no sabía si los sicarios habían salido del edificio o todavía estaban adentro, pero me permitió subir al 2o piso e ingresar a las Oficinas de la Federación, donde además tuve que identificarme nuevamente ante el oficial que estaba en la entrada de Nuestra Sede. Detrás de mi, y rompiendo el cerco policial, un numeroso grupo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos invadieron el pasadizo y la entrada a las oficinas de Fensuagro.

Al comienzo del largo pasillo o Pasadizo, al lado de la puerta de entrada a nuestras Oficinas, yacía el cadáver de nuestro Secretario General, Victor Julio Garzón, dos sicarios del paramilitarismo lo habían asesinado hacía pocos minutos.

Aunque todos los miembros del Comité Ejecutivo de Fensuagro estabamos amenazados de muerte, las amenazas contra Victor Julio Garzón se incrementaron después de su participación destacada en la organización y dirección de las grandes movilizaciones y protestas contra la fumigación aérea y la erradicación forzosa de las plantaciones de hoja de coca en el Guaviare, Caquetá y Putumayo, durante los meses de Julio Y Agosto de 1996. 

LAS MARCHAS Y MOVILIZACIONES DECLARADAS ILEGALES 

Los gobernadores, altos mandos de las Fuerzas Militares y el alto gobierno habían declarado en reiteradas ocasiones que las marchas y movilizaciones estaban infiltradas por las FARC, lo que le quitaba por parte del gobierno el carácter social y éconómico a las marchas, les daba un carácter de seguridad nacional, las colocaba en la ilegalidad, y les daba un tratamiento militar ; en algunos de estos Departamentos circularon panfletos que llamaban abiertamente al asesinato de los dirigentes y activistas de las marchas y movilizaciones.

Al momento de ser asesinado, el Secretario General de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria-Fensuagro-Cut, Victor Julio Garzón, trabajaba en la instalación de las Mesas Regionales para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que se habían establecido con el Gobierno Nacional después de las marchas. Victor Julio Garzón representaba en estas mesas, en nombre de Fensuagro, los intereses de los Campesinos del Guaviare, Caquetá y Putumayo. 

Algunas de las cláusulas más importantes del acuerdo con el gobierno, contemplaban programas de erradicación Voluntaria y sustitución de cultivos, pero la verdad es que estos acuerdos, como todos los que ha firmado el gobierno con los campesinos, jamás se cumplieron.

SEMBLANZA Y PERFIL DE VICTOR JULIO GARZON

Militante y dirigente del Partido Comunista, antes de llegar a Fensuagro, Victor Julio Garzón se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores del Meta, igualmente fue cofundador del Comité de Derechos Humanos del Departamento del Meta.

Victor Julio Garzón era un Comunista convencido, de una honradez y honestidad a toda prueba, Camarada y amigo solidario, sincero y leal, aunque era consciente del alto riesgo y peligro que corria su vida, era un hombre supremamente alegre, de fino humor, y de chistes para reír a carcajadas.

Al momento de ser asesinado, Victor julio Garzón estaba en la « flor de la vida » solo tenía 34 años y descollaba como uno de los futuros cuadros más importantes del Partido Comunista y del Movimiento Popular en Colombia.

Era además un esposo y padre ejemplar, que dejaba huerfanas y desamparadas  a Lucy Colorado, su esposa, y a Yudy Ensueño Garzón Colorado, su hija, que el 8 de Marzo de 1997, un día después del asesinato de su padre, cumplia 6 años ; y que con la ayuda y sacrificio de su madre sacó el titulo de tecnólogo  del Sena como delineante en Arquitectura, y el 30 de Marzo de este año recibirá su grado  profesional en Administración de Empresas en la Fundación Universitaria San Mateo.

CONTRA EL OLVIDO, POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACION Y NO REPETICION

HONOR Y GLORIA ETERNA A VICTOR JULIO GARZON.

HONOR Y GLORIA A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES MARTIRES DE FENSUAGRO.

( Foto : Cortesía de Lucy Colorado )

24 congresistas decidieron no votar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el argumento de ser descendientes directos o tener familiares condenados o procesados por paramilitarismo

Por Fredy Muñoz Altamiranda

Las contradicciones entre el Congreso y la paz en Colombia tocaron fondo este martes cuando 24 “padres de la Patria” levantaron su mano para decir que no votarían el proyecto de Ley de Jurisdicción Especial para la Paz, por sus vínculos con el paramilitarismo.

Este acto de irresponsabilidad histórica deja en veremos el futuro de una de las herramientas más importantes para este proceso: una reforma judicial que debe dar origen a un tribunal que juzgará, de parte y parte, los crímenes cometidos durante la guerra.

Durante la sesión del martes que acaba de pasar, cuando debía producirse la votación del debate definitivo para la JEP, uno a uno, con una espontaneidad programada, estos congresistas que representan el 20% del cuerpo legislativo le asestaron, con sus argumentos, otro golpe directo a la Paz.

Primero tomó la palabra la senadora Nora María García Burgos, del paramilitarizado departamento de Córdoba, santuario de terratenientes y uribistas, el mismo donde el primo del expresidente Uribe, Mario Montoya Uribe, condenado por paramilitarismo, le entregó su causa política al hoy preso ex senador Otto Bula, famoso por la acusación que se le hace de haber sido el intermediario entre los millones de dólares de Norberto Odebretch, y la clase dirigente colombiana.

“Doña Nora” como le dicen en Montería, dijo que se apartaría de la votación de la JEP porque tiene abiertas sendas investigaciones por sus vínculos con los paramilitares uribistas (y aquí si vale la redundancia) Julián Bolívar y Ernesto Báez.

La senadora, con su actitud, confesó entonces que lo que aún no decide la Corte Suprema, es decir su vinculación en términos de testaferrato político y económico con estos alias, dos asesinos confesos de campesinos y obreros del Magdalena Medio y el Centro del país, son ciertos.

Luego siguió en el orden del sabotaje la senadora Teresa García, “Teresita” para sus compañeros de Cámara, quien es nada más y nada menos que la hermana del ex senador Álvaro García, “el Gordo García” condenado como determinador, autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, donde ordenó masacrar a 15 líderes campesinos y forzar el desplazamiento del pueblo entero.

La masacre de Macayepo fue perpetrada con palos, hachas, machetes y piedras, por un grupo de cobardes a sueldo que no usaron armas de fuego para evitar contacto con patrullas guerrilleras de la zona, y comandados por Norberto Pelufo, alias “Cadenita”, un sanguinario a sueldo de los García que armó un grupo de delincuentes a los que llamó “Héroes de Los Montes de María”, se sentó en la mesa de Santafé de Ralito a negociar con el gobierno de Uribe, y fue absuelto de sus crímenes, pero luego desaparecido por Jorge 40, otro paramilitar, que ambicionaba sus territorio.

En la cadena de confesiones siguió la de la senadora Olga Suárez Mira, una desconocida que está parada sobre los hombros de su hermano, el cacique electoral de Bello en Antioquia, Oscar Suárez Mira, quien a su vez sostiene su carrera política parapetada sobre la coacción de su financiador Diego Fernando Murillo, el tal Don Berna, ex guardaespaldas de Pablo Escobar y convertido en paramilitar gracias a la política de impunidad por falsa desmovilización promovida por Álvaro Uribe.

Oscar Suárez Mira, el verdadero “dueño” de la curul de su hermana Olga, fue condenado a nueve años de prisión por Concierto para delinquir agravado, luego de coaccionar, armas en mano y con Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, a poblaciones enteras del Valle de Aburrá y del Urabá antioqueño, para que votaran por él al Senado, y por Mauricio Parodi a la Cámara de Representantes.

A pesar de su condena, Oscar Suárez Mira está libre hoy bajo la figura de la libertad condicional, y conspira en la sombra contra la paz, promoviendo la inhabilidad de su hermana.

En la lista de autoincapacitados, o autoinhabilitados, como querría el derecho que se dijera, siguieron Bernardo el “Ñoño” Elías, quien además de arrastrar su propio lastre de corruptelas y desgracias políticas, está casado con la hija de Eric Morris, uno de los primeros nombres que saltó a la palestra cuando se puso de moda la “parapolítica”, nombre con el que los medios trivializaron en Colombia la grave incursión del paramilitarismo en todos los niveles de la administración pública del país.

Más adelante se inhabilitaron Samy Merheg, hermano de Habib Merheg, paramilitar de Risaralda, Andrés García, hijo de Piedad Zuccardi, cartagenera a punto de ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia por sus servicios al paramilitarismo.

Y la fauna uribista de rigor: Fernando Nicolás Araújo, hijo de Fernando Araújo, que se declara víctima de las FARC, luego de haber victimizado a miles de familias pobres cartageneras al robarles sus terrenos en la popular pobrería de Chambacú, donde hoy su empresa constructora levantó un elefante blanco llamado “Edificio Inteligente de Chambacú”.

Este es el 20% de enemigos que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene en el Senado, pero que decidieron, en un acto de lo más ladino, santanderista y uribista, no debatir con argumentos serios el proyecto, sino mostrar cuán anchas son sus espaldas, magulladas de soportar el descrédito de sus familiares.

En cualquier otro país, me decía hace poco un colega, el proceso de paz que vive Colombia habría despertado, aún en sus legisladores menos audaces, una oleada de participación en busca de un renglón en la historia que se está escribiendo, pero es sorprendente como esta casta de usurpadores insiste en hundir la cabeza en la tierra para no ver el futuro.

Finalmente la cosa busca ser resuelta a la colombiana: se creó una subcomisión que defina las inhabilidades de esta comisión. Y la subcomisión la integran dinosaurios de la talla de Antonio Navarro Wolf, Juan Manuel Galán (un joven demasiado viejo), Alfredo Rangel, que vendió su antiuribismo por un plato de lentejas, Eduardo Enríquez Maya, y otros más que da lo mismo no nombrarlos.

Esta subcomisión está obligada a emitir pronto un “concepto” sobre esta sinvergüenzura de 24 testaferros del paramilitarismo que, como dijo la senadora Claudia López, de llegar a radicar los argumentos de sus inhabilidades, habría que remitirlas directamente a la Corte Suprema de Justicia para que los juzguen también, porque lo que ha sucedido “O es una tomadura de pelo para sabotear la JEP, o es una confesión”, dijo textualmente la senadora.

 

Por Fredy Muñoz Altamiranda – NC Noticias

Si las FARC hubieran incumplido alguno de los compromisos previos a la dejación de armas previstos en el Acuerdo de Paz, el mundo hubiera desatado, una vez más, su furia mediática contra la guerrilla, un presidente iracundo, rodeado de generales ya hubiera roto el Proceso,  y otro Plan Patriota estuviera en ciernes para dejar una estela de miles de muertos en los campos colombianos.

Los medios y el establecimiento han tratado, inútilmente,  de involucrar a las FARC en algún acto de incumplimiento: que si los niños de las FARC, que si los bienes de las FARC, que si la fortuna de las FARC…

 Pero todo eso se ha diluido en hechos claros e inocultables, a pesar del apagón mediático que algunos consorcios de la información han programado para lo que las FARC hagan bien: todos los hombres en armas están en las zonas de concentración, ya se ha entregado algún material de guerra, y no han habido actos de insubordinación a lo pactado.

La actitud ejemplar de la guerrilla se une a algo que millones de colombianos desconocían: que hay un país rural que quiere a las FARC, pues de él vienen, en él crecieron, y es su reivindicación la que defendieron en más de medio siglo de guerra tergiversada y amañada por los intereses de la clase poderosa colombiana.

Las imágenes de cientos de guerrilleros dejando atrás caseríos y municipios donde eran despedidos entre lágrimas echaron abajo el mito de la guerrilla demoníaca que comía niños y asolaba pueblos. Hay una realidad que se tomó las redes sociales: las FARC tienen un amplio espectro político, y son una opción de gobierno para muchos colombianos.

Alrededor de las zonas de concentración, en 26 puntos de la Colombia remota, miles de campesinos, dirigentes políticos, estudiantes, sindicatos y gente del común, se agolpan para involucrarse en la agenda de la guerrilla, que en medio del ruido de los mezcladores de cemento, monta carpas para socializar los acuerdos, y enseñarle a la gente de qué forma los beneficia lo contenido en ese documento, producto de este episodio histórico y doloroso de dejar las armas.

Esas zonas, que ya debieron estar construidas, con un aula por cada 200 guerrilleros, con televisores y equipos de reproducción de documentos audiovisuales, con altavoces de sonido, con mesas y tableros, con sillas y papelería, son la principal preocupación de los políticos que hoy retrasan la implementación del Acuerdo.

En La Guajira, donde el partido político Cambio Radical ha dado la muestra más clara de cómo opera su máquina de crímenes y de corrupción, los políticos realmente preocupados por  esta región lacerada, acompañan hoy a la guerrilla en ejercicios de pedagogía de paz, y se diserta conjuntamente sobre qué hacer para sacar a esta rica zona del país, de la postración socio económica y el saqueo trasnacional.

Hace podo el Concejo Municipal de Villanueva, uno de los principales municipios Guajiros, invitó a la guerrilla a su recinto para iniciar un conversatorio sobre cómo podrían involucrarse los gobiernos regionales en la implementación de los acuerdos. De un día para otro, una orden dada por algún gamonal preocupado prohibió la reunión.

Y esa es la verdadera razón del retraso de las obras físicas en las zonas de concentración: los dirigentes políticos colombianos, en una deuda histórica con sus electores, le tienen miedo al camino claro que se abre entre pueblo y guerrilla discutiendo, desde la legalidad, una revolución pacífica y contundente.

El Gobierno ha explicado, por una parte, que las obras no están concluidas, y en algunas partes ni siquiera empezadas, porque la burocracia administrativa hace lento el trámite de contratación de quienes materializarán las obras; y por otra, que algunas de las zonas de concentración están en lugares ultra remotos, en los que no hay vías de penetración para llevar equipos y materiales.

Para una clase política acostumbrada a esgrimir argumentos elegantes sobre su propia mediocridad, estas razones resultan creíbles a simple vista, pero lo cierto es que son sólo eso: argumentos. 

En algunas de esas mismas zonas funcionan consorcios mineros, multinacionales explotadoras de recursos naturales y concesiones agroindustriales que han levantado, en tiempo récord, imponentes instalaciones con todas las comodidades y los elementos técnicos dispuestos para el saqueo nacional.

A las FARC hay que retrasarles el uso de cualquier herramienta que politice su concentración, que multiplique la verdad política de la Colombia oculta, y que termine convirtiéndolas en la opción más clara de los colombianos menos favorecidos, para construir entre todos la Nueva Colombia.

¿Y cuál es la Nueva Colombia? Pues esa misma que poco a poco vamos viendo en las redes sociales, en medios propios creados al amparo de este Acuerdo de Paz, en las sesiones informales de diálogo directo con el pueblo, y en algunos medios de comunicación poderosos que ya no tienen cómo disfrazar la verdad.

La Nueva Colombia es el temor más grande de una clase dirigente corrupta y fracasada, que hoy se organiza para un 2018 electoral, en el que el principal elemento de campaña  es la oposición feroz a los Acuerdos. 

Vargas Lleras y Uribe, de la mano, serán el muro más alto que los políticos impulsores de esta intentona de reconciliación nacional deberán derribar, si quieren tener su renglón en los libros de Historia de esa  Nueva Colombia inevitable.

Ver la tragicomedia colombiana desde Suecia, a unos 10 mil kilómetros de distancia, da una visión bastante confusa, por un lado los intentos de comenzar la construcción de una nueva Colombia y por otro lado, la oligarquía que se revuelca en medio de sus podredumbre y pretende seguir por lo mismo, enriqueciéndose en base al terrorismo de estado.

A un poco mas de dos meses después de firmado por segunda vez el acuerdo entre las Farc y la oligarquía Colombiana, el panorama no es alentador.

Primero las zonas de concentración de la guerrilla, no fueron implementadas por el gobierno, teniendo que salir los guerrilleros a construir los campamentos de la mejor forma posible, en medio de las conferencias de prensa de miembros del gobierno que se contradicen totalmente con las imágenes de los potreros, donde no se había movido una sola piedra y que según estos, entre otros Sergio Jaramillo, quien oficia como comisionado de paz, estaba todo listo menos “Caño Indio”.

La comida que les era enviada a los guerrilleros por el gobierno, se denunció, en algunas ocasiones estaba en descomposición y las leyes que deberían implementar los acuerdos van a marchas forzadas.

Aquí contrario a los anuncios del gobierno, hasta el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, afirmó que el Gobierno no ha presentado todos los proyectos esperados por el Congreso para implementar los acuerdos.

Y en cuanto a los decretos ya aprobados por el congreso, como la amnistiá, dos meses después de su aprobación tan solo un centenar de los alrededor de 4000 guerrilleros han sido liberados.

Por otro lado, en los campos, donde antes reinaba la guerra y los hijos de los pobres enrolados en ambos bandos, los unos obligados o engañados defendiendo los intereses de los ricos y los otros muy conscientes defendiendo al pueblo, se mantiene la tregua bilateral y los que nos quieren meter en la cabeza ya no existen, continúan asesinado ante la pasividad del descompuesto ejercito de la oligarquía colombiana.

Como hace unos 65 años se repite la imagen de filas de guerrilleros que luego de un acuerdo marchan a dejar las armas, acciones que han sido llamadas “la última marcha armada” y se han visto por estos días por todas partes del país, ocultadas por los medios nacionales y divulgadas por algunos medios regionales y alternativos.

El país no es consciente de lo que esta pasando, afirmo alguien ante las imágenes de estas marchas.

El sentimiento despertado por la salida de los guerrilleros de sus zonas ha sido totalmente inesperado por la oligarquía, que ve como el pueblo abraza a la guerrillerada y expresa su agradecimiento y respaldo.

En San Vicente del Caguán los campesinos abiertamente expresaron el agradecimiento a los guerrilleros que los protegieron durante muchos años y expresaron el temor ante la ida de estos.

En Argelia, departamento del Cauca, más 1000 campesinos hicieron honores a los guerrilleros y los acompañaron en parte del camino hacia las zonas veredales transitorias de normalización.

En el Valle fue impresionante como los guerrilleros del 30 frente que se trasladaban de Buenaventura al campamento de Buenos Aires, Cauca, eran saludados con banderas blancas y hasta los conductores de algunos vehículos se unieron al espontáneamente recogido.

El temor expresado por campesinos e indigenas ante la salida de los guerrilleros fue corroborado por la llegada a las zonas de los grupos paramilitares que el gobierno, sigue negando su existencia y convivencia con el ejercito oficial que no actuá contra ellos.

Así un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias AVN indicó que desde el fin de semana anterior cerca de 400 colombianos, habían llegado al poblado El Cruce, ubicada en el estado Zulia, huyendo de los grupos paramilitares.

Sin embargo, eso que en Colombia llaman “autoridades” guarda silencio y hasta llegan el extremo de negarlo, presentando cifras y datos que nada tienen que ver con el tema.

El asunto llego al tal extremo que la marcha del Bloque 33 de las FARC en el Catatumbo para desmovilizarse, fue bloqueada por los campesinos exigiendo protección por parte del gobierno ante la salida de quienes tradicionalmente los han protegido.

Un desplazamiento similar se esta dando en Buenaventura ante la partida de los guerrilleros del 30 frente, con la misma respuesta del gobierno y el silencio total de los paramilitares de micrófono que esconden deliberadamente esta información.

Mientras hasta el desplazamiento de la población es negada por el gobierno y los delincuentes que lo componen, hombres al servicio del terrorismo de estado como el fiscal Nestor Humberto Martinez, en su esfuerzo por proteger los intereses de aquellos que se han lucrado del terrorismo de estado como los Sarmiento Angulos y los Ardila Lulle, hace hasta lo imposible por bloquear la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a donde deberán rendir cuentas quienes se han lucrado de la guerra.

En el Ecuador se inicio nuevamente la fase publica de los diálogos entre el ELN y la oligarquía, volviendo esta con sus mismas exigencia de que la guerrilla se deje matar para si mostrar “Buena voluntad”, mientras que según lo impuesto por la oligarquía, los diálogos se harán en medio de la guerra.

Allá en las montañas reina el optimismo, la esperanza, la sinceridad y el compromiso por construir una Colombia nueva en paz y con justicia social, mientras en las grandes ciudades la pobreza carcome al pueblo y especialmente a la juventud que sin esperanza, embrutecida por los medios de desinformación, busca afanosamente ser como tal o cual bandido que les muestran en la televisión de los que se lucran de esta situación.

Así cunde la inseguridad y la protesta social que es duramente reprimida con leyes dictatoriales, por otros hijos del pueblo enrolados en ese aparato delincuencial que llaman policía, embrutecidos y adiestrados como perros.

Los asesinatos de dirigentes populares continúan en medio de frases huecas de farsantes como Juan Fernando Cristo, quien oficia como ministro del interior, quien sin mover un dedo para detener el genocidio, dice que a ellos les preocupan los asesinatos a quien se unen el fiscal y el ministro de guerra tratando de quitarles importancia.

Todo es sucede en medio de la comedia llamada Odebrecht, que no se entiende cual es el sentido ya que robos como ese ha cometido la oligarquía y aun peores, si ocultar los esfuerzos de los guerrilleros que ante el incumplimiento del gobierno y de la palabra del presidente y premio Nobel, se esfuerzan por despertar la conciencia del pueblo, o tapar asaltos a los derechos de los campesinos con la aprobación de la llamada ley Zidres.

En medio de ese circo nos pretenden meter el cuento de que los empresarios financian sin esperar nada a cambio y que la financiación de grupos delincuenciales como Odebrecht o de grupos como los Sarmientos o Ardilla Lulle a presidentes, congresistas, etc, se hacen así por así, cuando todos sabemos que ellos exigirán luego que su “inversión” regrese con muy buenas ganancias.

Una pequeña muestra de ello se dio en el congreso donde se propuso aumentar los impuestos a las bebidas azucardas, producto ante todo del grupo Ardila Lulle, propuesta que fue negada gracias, según se especula, al accionar de Mauricio Lizcano, presidente del congreso cuya campaña fue financiada por ese grupo.

Ellos, todos son bandidos, roban a manos llenas y han acumulado sus fortunas asesinando a miles de colombianos, robando la propiedad a millones de colombianos pobres y como una muestra de la descomposición de todo el estamento, esta la aprobación de la llamada ley Zidres con la cual despojan a los campesinos de sus derechos con lo cual robaran al pueblo muchas veces mas de lo que han robado con Odebrecht.

La ley, que fue promovida por el gobierno a instancia de quienes se han lucrado de la guerra, entiéndase Ardillas Lules y Sarmientos Angulos, que valiendose de abogados sofisticados como los Brigard Urrutia y el actual fiscal general, Nestor Humberto Martinez lograron que la muy honorable Corte Constitucional, compuesta por delincuentes como Alberto Rojas, que le robo la indemnización a una viuda, luego de muy sospechosos aplazamientos, gracias a el nombramiento de un “con-juez”, aprobaran la nefasta ley que entre otras contempla la asociarían campesinos pobres con multimillonarios, en una asociación que ha sido calificada de asociación de Zorros con gallinas, ya que los pobres seran fácil presa de “exitosos” empresarios, así como legalizar la adquisición fraudulentas de grandes extensiones de tierras por parte los “honorables” antes nombrados y multinacionales.

Esa sola ley, aprobada en medio de un escándalo que se repiten constantemente en Colombia, muestra la mezquindad de esa oligarquía, de sus jueces y demás bandidos.

Así vemos dos colombias, la que lucha por construir como los campamentos un nuevo país y la de la oligarquía revolcándose en su propia mierda.

La situación, desde 10 mil kilómetros se ve bien complicada, donde la voluntad de cumplir los acordado por parte de la oligarquía no se ve, solo discursos vacíos y si esta vez, como tantas otras veces no se logra avanzar en la democratización del país, la lucha armada saldrá legitimada ante la miserableza de la oligarquía y así habremos salido para una nueva confrontación, tal vez mucho mas fuerte.

Por Athemay Sterling Acosta

Doctor en Derecho

Consejero de Paz

 

Derecho Preventivo y Derechos Humanos junto al Grupo Científico de Investigación Universitaria y Popular PALENQUE valora áltamente el Decreto 277 expedido el 17 de febrero de 2017 por medio del cual el Presidente de Colombia establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 de diciembre 30 de 2016 por medio del cual se dictan disposiciones sobre Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales y otras disposiciones, en ejercicio de las Facultades Constitucionales conferidas en el Artículo Segundo del Acto Legislativo 1 de 2016, considerando que el Artículo 22 Constitucional prescribe que la Paz es Derecho y Deber de obligatorio cumplimiento, y teniendo en cuenta que el Presidente de la República, el que sea en su momento, simboliza la unidad nacional y que la Ley 418 de 1997 en su Artículo 10 Ley prorrogada por la Ley vigente 1738 de 2014 indica que el Presidente de la República de Colombia es responsable de la preservación del Orden Público en la Nación.

Y además que el Gobierno Nacional en representación del Estado Colombiano firmó con las Farc Ep el Acuerdo Final por el Fin del Conflicto hacia una Paz Estable y Duradera, y dicho Acuerdo quedó refrendado por el Congreso de la República de Colombia como Estado Soberano a través de la Ley 1820 del 30 de Diciembre de 2016, validado internacionalmente, y de acuerdo a nuestra hermenéutica como Abogado Internacionalista y Defensor de los Derechos éste es Acuerdo Especial Humanitario de Paz en el contexto y aplicación de todos los Tratado Internacionales sobre los Derechos, la Paz y sobre la Guerra.

Es el Estado Colombiano cumpliendo el vinculante Pacta Sunt Servanda quien Decreta, lo aquí anexado, para ser cumplido como bien jurídico protegido según la Iuris Internacional Humanitaria para toda la Nación Colombiana con repercusión favorable a la Paz regional y mundial.

Ahora corresponde a los entes y operadores judiciales dar desarrollo Iuris favorable a toda persona que así solicite la Amnistía, el Indulto y demás aspectos y Derechos decretados para la paz y la reconciliación, en este interregno histórico especial, que no se resuelve con la lógica y hermenéutica restringuida de cada Operador Judicial, sino del bien supremo de la Paz, y posterior, y/o ahi mismo o en la JEP concretar la Verdad Histórica, la Justicia que corresponda, la reparación Integral a las Víctimas y a la Sociedad.

Es hora que los Operadores Judiciales entiendan de forma imperativa como se les indica: que no se debe propiciar elemento alguno que dé pié a la repetición, indeseable de la guerra. 

He aquí, pues, el compromiso de cada Despacho y Operador Judicial entender este Mandato de circunstancias especiales.

Es el momento de, así como valoramos este paso histórico del Estado Colombiano por la Implementación del Acuerdo de Paz acordado con las Farc Ep, indicar que la Implementación de él se da en varios niveles, dimensiones y competencias.

No se dá sólo en el Congreso, eso es una parte, las otras maneras y contendidos de la Implementación se debe dar también en cada Ente Territorial, y como dije en un último Consejo de Paz, será cada Gobernador con la respectiva Asamblea Departamental, cada Alcalde con el Respectivo Concejo Municipal junto a todos los Servidores Públicos sin excepción, quienes de consuno con nosotros, la comunidad, el movimiento popular organizado o no se ajuste cada Plan de Desarrollo al Acuerdo Especial Humanitario de Paz que prevalece constitucionalmente por ser un conjunto de Derechos Vinculantes conquistados de manera Acordada entre Partes que estaban en Conflicto Armado en Colombia.

Esta Implementación del Acuerdo Especial Humanitario de Paz según las consideraciones jurídicas nacionales e internacionales, y el anhelo colombiano de paz, es parte de la garantía para conquistar ahora si la PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, LA VIDA DIGNA Y PODER EJERCER LA POBLACIÓN COLOMBIANA TODOS SUS DERECHOS A CABALIDAD, y evitar generación de causas estructurales de un nuevo conflicto. 

Este es el reto y tarea histórica de nosotros la población, y del Estado Colombiano para que cumpla de verdad verdad y de manera fiel pues: ya todo lo acordado está acordado. 

No estamos en negociación, estamos en Implementación del Acuerdo de Paz de obligatorio cumplimiento legal para el Estado.

Por último, hoy, para que la implementación tenga continuidad, sea segura y fiel al Acuerdo de Paz pues ya no es política de de este Gobierno sólamente, sino deber del Estado como Estado para cumplir a la sociedad y la historia, por esa razón y políticamente necesario es imperativo para Colombia entera constituir un Nuevo Gobierno de Transición hacia la Paz con Justicia Social, hacia la Reconstrucción necesaria del País y la Reconciliación de la Nación Colombiana.

Gracias

Athemay Sterling Acosta

Abogado Defensor de los Derechos en CPDH ANDAS PALENQUE DPDH

Abogado Defensor y propulsor de la Solución Política al conflicto colombiano

Víctima del terrorismo de Estado

Reclamante y Dirigente de Restitución de Tierras aún sin Reparar Integralmente

Consejero de Paz

Lea aquí el Decreto con sus respectivos anexos:

 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20277%20DEL%2017%20FEBRERO%20DE%202017.pdf

 

Por Nelson Lombana Silva 

(Ibagué, febrero 16 de 2017) La teoría es muy importante. La crítica también. Es más: Son elementos fundamentales, para decirlo de alguna manera. Pero, no es suficiente para transformar la realidad. Es como el que ara y ara pero nunca siembra, dice Platón. 

Quizás nos hemos quedado en criticar por criticar, de una manera bien simpática: Todo lo que haga el otro es digno de censurar y todo lo que hago yo es perfecto. Así las cosas, lo que salga mal es por culpa del otro y lo que salga bien es por mi capacidad y prodigio. 

La tesis es que el revolucionario marxista – leninista no puede aceptar esta concepción, por cuanto es dogmática y metafísica. Es más: No consulta con el plan estratégico "del comunismo. 

La batalla ideológica, que bien la dimensionó el comandante Fidel Castro, no es de poca monta. No es fácil digerirla. Se hace más compleja cuando  la distanciamos de la práctica. Realmente no se le encuentra ni pies, ni cabeza. 

Los apologéticos de estas teorías se han inventado el concepto de "intelectual" y a la sombra de éste, han montado toda una parafernalia para significar que deben existir unos que dicen y otros que hacen. Esos "intelectuales" deben estar en pared de cristal, suite bien perfumada y con el sabio deber de solo decir qué hacer.  Ellos no van a la barricada. Ellos no visitan la Colombia profunda. Ellos no se reúnen con la base. Se han auto concientizado que ellos deben estar allá arriba, entre las nubes. Entonces, se hacen los intocables. Su palabra es la ley inmodificable. 

Mezclan la miel con la pomada y eso le da un producto: "Profesionales de la revolución". Hay un amigo que lleva casi 30 años en el Sena. Vive de dictar clases y reunir mucha comunidad. Pues ni corto ni perezoso se considera profesional de la revolución. Incluso, en cierta oportunidad propuso que el Partido debería ser orientado por el Sena. Es más: Que el Partido debería estar a merced del sindicato del Sena. Más claro: Este sindicato debería orientar al Partido. 

¿Por qué se dan estas situaciones? Seguramente hay muchas causas. Sin embargo, me parece que la causa fundamental es el distanciamiento entre la teoría y la práctica. Nos quedamos teorizando en el aire, no aterrizamos y eso nos lleva a conclusiones de esta naturaleza. 

Yo admiro la ciencia, el conocimiento, la academia. Soy profesional. Pero, me parece que para ser profesional de la revolución no es exclusivamente porque voy a la universidad y adquiero un título. El título por sí, no me hace profesional de la revolución. Hay valores que quizás no se aprenden en la universidad, sino que se aprenden al calor de la praxis. La honradez, la conciencia social y de clase, el compromiso con un proyecto estratégico, la capacidad de asombro, la coherencia. ¿Quién va a la universidad a hacer un semestre o dos de coherencia? 

Ahora, ¿para qué planteamos estos devaneos? El propósito básico es unir. Romper esquemas excluyentes de intelectuales y no intelectuales. Acercarnos. Fortalecernos y dinamizar dialécticamente el binomio: Teoría – Práctica. Fidel Castro le salió al paso a estas concepciones idealistas afirmando que todo ser humano es intelectual, porque tiene intelecto. Quiero decir que para ser profesional de la revolución no necesariamente tiene que ser un académico o universitario. Manuel Marulanda Vélez fue un profesional de la revolución y no fue universitario, por ejemplo. Tampoco quiero desconocer el papel de los intelectuales, el esfuerzo heroico que muchos han hecho, hacen y harán en este duro pero emocionante proceso revolucionario. Lo que sucede también es que se atraviesan intelectuales e intelectualoides, otra discusión que hay que dar en el marco de la unidad, la tolerancia y la participación. Un intelectual es la persona que va a la universidad porque quiere aprender para ser más persona en función social y el intelectualoide es aquel que va al claustro solo por un título para creerse superior a los demás. ¿Cuál es nuestra conducta?


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