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Colombia

La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Jesús Santrich, quien fue recapturado el pasado 17 de mayo, por orden del Fiscal encargado Fabio Espitia, especialista en estos secuestros, aduciendo haber encontrado nueva pruebas contra Santrich.

Comunicado de la Corte

“Bogotá, D.C., miércoles 29 de mayo de 2019. A partir de la sentencia del Consejo de Estado de ratificarle la investidura de congresista, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, porque con esa condición es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta Corporación.

En consecuencia, por unanimidad la Sala de Casación Penal declaró fundada la impugnación de competencia presentada por la defensa del exjefe guerrillero y dispuso el envío inmediato del expediente por narcotráfico en su contra, a la Sala Especial de Instrucción de la Corte.

“El fuero no es un privilegio personal sino busca el amparo de la investidura. Si, en el presente caso, el Consejo Nacional Electoral reconoció el nombramiento de Seuxis Paucias Hernández Solarte como congresista y, además, el Consejo de Estado negó la pérdida de tal investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada (debido a razones ajenas a su voluntad), se desconocería la dignidad del cargo que la persona conlleva al permitir que autoridades diferentes a la Corte Suprema de Justicia puedan investigarlo, juzgarlo o afectarlo con medidas restrictivas de la libertad, sin importar que las conductas que se le atribuyan no tengan relación alguna con las funciones.

“En este orden de ideas, la condición foral del artículo 186 de la Constitución Política inicia con el reconocimiento por parte de la autoridad competente y no con el ejercicio de las funciones derivadas de la solemnidad de la posesión”, subraya la Corte.

Por otro lado, la providencia decide además las consecuencias del reconocimiento de la investidura como congresista, por lo cual resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión y legalización.

“Sería entonces contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad. Esta decisión es una de las manifestaciones del control constitucional que tienen que ejercer todos los administradores de justicia”, consigna el pronunciamiento.

En síntesis, la Corte precisó:

(i) La jurisprudencia tradicional de la Corte ha vinculado el ejercicio de las funciones propias del cargo de congresista con el reconocimiento de la calidad de aforado en situaciones que implicaban dejación, abandono, suspensión o supresión de tales funciones. Nunca trató el tema: “¿a partir de cuándo se adquiere el fuero del artículo 186 de la Carta Política?”

(ii) Como quiera que el fuero no es un privilegio de índole personal sino una garantía de la investidura, este comienza cuando la autoridad competente (Consejo Nacional Electoral) le reconoce al congresista tal condición. Y persiste mientras se mantenga vigente. Dicho reconocimiento necesariamente precede a la solemnidad de la posesión.

Y (iii) en este asunto, a Seuxis Paucias Hernández Solarte el Consejo Nacional Electoral, en Resolución de 28 de julio de 2018, le confirió la investidura como representante a la Cámara. Y el Consejo de Estado, en decisión de Sala Plena recién confirmada, negó la solicitud de pérdida de investidura y reconoció que no ha podido posesionarse por motivos de fuerza mayor no atribuibles por su culpa. Ninguna decisión de amparo transitoria o provisional para suplir la curul puede afectar esta condición”.

Lo que sigue es que se respete la decisión judicial. Y que Santrich se posesione. Esperemos que Duque y su gente no armen otra patraña.

Con el pretexto del fallo de Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de no extraditar al combatiente por la paz, "Jesús Santrich", Néstor Humberto Martínez, el fiscal al servicio de la mafia, renunció en la mañana del miércoles 15 de mayo (2019).

En su discurso dijo: “Mi conciencia y mi devoción por el estado de derecho me lo impiden”, pero poco a poco se van conociendo detalles que señalan su “devoción”, y horas después salió del país para “tomarse unas vacaciones”, sin indicar la duración de estas.

Dentro del proceso que se lleva acabo en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, contra Magistrado Leonidas Bustos, investigado por cartel de la toga, se supo que Néstor Humberto Martínez esta llamado a declarar.

Hay que recordar que Néstor Humberto Martínez, nombró como Fiscal anticorrupción a Gustavo Moreno, hombre de confianza de Bustos, cuya detención por investigaciones de los agentes del imperio, llevaron a saber de la existencia del ahora llamado Cartel de la Toga, del que Néstor Humberto Martínez haría parte.

El Cartel de la Toga, es el proceso mediante el cual personas adineradas o sus testaferros que eran investigados por la Corte Suprema de Justicia, era absueltos después de pagar millonarios sobornos a los “altos” Magistrados.

Tal como Martínez Neira, huyó del país, se cree que a los Estados Unidos, Leónidas Bustos huyo, el 28 de noviembre de 2018, con destino a Canadá con el pretexto de visitar a su hija y no regresó.

En el fallo de la JEP, se ordenaba también investigar a los Fiscales que no enviaron la documentación por la JEP requerida, así como los permisos para que los supuestos agentes encubiertos de los estados Unidos actuaran en Colombia, donde con el aval del Fiscal se habría violado la constitución y las leyes del “estado de derecho” al que dijo el ahora ex-fiscal, tener tanta “devoción”.

Dichos permisos o “asistencia”, como lo llaman, es una garantía para que, en medio de las investigaciones, no se afecten derechos fundamentales, como la privación de la libertad, lo cual sucedió con Jesús Santrich. “Es un trámite obligatorio y vinculante cuando cualquier Estado pretenda adelantar diligencias judiciales en territorio extranjero”, explica la sentencia.

Sin embargo, la Sección de Revisión asegura que la Fiscalia no realizó esta diligencia. Para los magistrados fue preocupante que, ante la ausencia de esta autorización, la respuesta de la directora de relaciones internacionales de la Fiscalía haya sido que “para el caso colombiano dichas personas serían particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares” y, por lo tanto, no se requería.

Esa declaración dela JEP, deja en claro que con el aval de Néstor Humberto Martínez, como se ha visto en los últimos meses, los agentes de los Estado Unidos realzaba cualquier cantidad de “investigaciones” y hasta interceptaciones telefónicas de las cuales no habría escapado ni los magistrados de las altas cortes colombianas.

Aquí debemos recordar que los Magistrados de las Corte suprema de Justicia denunciaron el estar siendo interceptados, a lo que Néstor Humberto Martínez respondió diciendo que era una organización delincuencial que nunca identificó, pero que ante la huida de este se refuerza la sospecha que eran los Estados Unidos cuyo injerencia en Colombia es cada día mas abierta.

Tras la salida de Néstor Humberto Martínez, Fiscal ad hoc para el caso Odebrecht – Avala, Leonardo Espinosa denunció una serie de irregularidades en esa investigación.

Según una nota publicada por La Blu Radio, Leonardo Espinosa, que cesó sus funciones, luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Néstor Humberto Martínez y quien fungió como Fiscal ad hoc, para el robo conocido como Odebrecht – Aval, entregó a la Corte Suprema de Justicia un informe en el que asegura, entre otras cosas, que no se dictaron órdenes de captura claves y que, bajo la gestión de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, hasta se desaparecieron delitos de los procesados.

Leonardo Espinosa puso en evidencia que la Fiscalía no le imputó cargos a Otto Bula, excongresista involucrado en el escándalo Odebrecht, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, los dos más importantes.

También dice que desaparecieron de la acusación varios delitos que les habían imputado inicialmente a los empresarios que lavaron dineros de la multinacional: Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gustavo Torres y Gabriel Dumar.

Advierte además que en la Fiscalía no registraron debidamente las órdenes de captura contra Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki, tres extranjeros claves en la investigación de los sobornos y que tampoco libraron circulares azules de la Interpol en su contra y que por ese “error” estos tres ejecutivos permanecen prófugos de la justicia desde en 2017.

Por todo lo anterior y tal como lo pidió la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el fiscal ad hoc pidió investigar las actuaciones de dos de los fiscales delegados del proceso: Daniel Hernández y Álvaro Betancur.

Aparte del informe a la Corte, se conoció que Leonardo Espinosa, le remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ente que no investiga bandidos, una solicitud presentada por el senador Jorge Robledo para que se reabra la investigación por el caso Odebrecht-Aval, contra el ahora ex-fiscal Néstor Humberto Martínez.

En pleno proceso de huida de Néstor Humberto Martínez, se dio otro delito que bien puede adjudicarse a este.

Según el noticiero CMI, minutos antes de que la Corte Suprema de Justicia, aceptara la renuncia de Néstor Humberto Martínez, cuando oficialmente dejaría de ser Fiscal, agentes del CTI de la Fiscalía, armados hasta los dientes allanaron la oficina Leonardo Espinosa, llevándose consigo todos los documentos de las actuaciones que había adelantado Espinosa en el caso Odebrecht.

Sabiendo que tal vez la misión más importante de Néstor Humberto Martínez, era proteger al Grupo AVAL, involucrado en el robo denominado Odebrecht y basados en todos los desmanes ordenados por el rufián que fingía ser Fiscal, queda el interrogante si esa fue la última orden de Martínez.

Han pasado ya tres días y el allanamiento no es reportado por ningún medio colombiano, lo que denota la veracidad de la nota y la gravedad de esta que busca sin duda, ocultar lo investigado para proteger a Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres que se ha enriquecido de forma escandalosa a costillas del pueblo colombiano por medio de controlar el estado.

La historia de las Fiscalía colombiana y sus jefes, desde cuando fue creada copiando el modelos de los Estados Unidos, hombres que aparentan ser honestos, pero esta abiertamente al servicio de la mafia.

El ex fiscal Luis Camilo Osorio esta directamente relacionado con el paramilitarismo, Montealegre fue asesor de Carlos Gustavo Palacino, el ‘cerebro’ de Saludcoop, donde se robaron al menos dos billones de pesos, Mario Iguarán, fue abogado de Carlos Arturo Neira Llache, el cerebro del desfalco conocido como Interbolsa, pero todos ellos son unas mansas palomas comparados con Néstor Humberto Martínez que dejo muchos montajes donde encarcelo a gente inocente, no investigó a Odebrecht y a menos a sus socios el grupo Aval, dejo tres asesinados con cianuro y hasta encubrió la violación de la soberanía colombiana.

Algunas personas han visto en la renuncia de Martínez una oportunidad de limpiar la Fiscalía, pasando por alto que en Colombia a un funcionario malo lo reemplaza uno peor y teniendo en cuenta de quienes elaboraran la terna para Fiscal, los miembros de la banda de los uribeños, no tengan duda de que vendrá uno peor.

 

No salimos intactos, sin rasguños, pero continuamos con vida y de pie para batallar contra el actual régimen de infamia que avanza hacia el fascismo.

 

Por: Festival de Teatro Popular / Foto: Alexander Escobar

"Seguíamos con esperanza.

Pero la esperanza fue lo que nos mató.

La esperanza era ilusoria, pasiva y consoladora.

No necesitábamos consuelo.

Necesitábamos acción".

Michael Moore, Fahrenheit 11/9

Nuevamente el teatro, la crítica y la reflexión volvieron a tomarse la ciudad de Palmira durante ocho días, del 18 al 25 de mayo. Las obras que vimos en el XI Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Socialevocaron la memoria de cientos de comunidades que resisten a la guerra, bajo la propuesta de vencer el odio a través del amor, la ternura y la reconciliación que afiancen caminos de paz con justicia social para el pueblo colombiano.

Este año más que ver, observar o analizar como críticos o simples espectadores, vivimos alegrías, nostalgias y lágrimas de sincero rechazo a la violencia que nos está arrebatando la vida de quienes piensan de forma diferente al Gobierno y a un sistema político y económico contrario al humanismo, la solidaridad y la sensibilidad que nos proporciona los senderos del arte.


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Y fue de ese modo que el Festival no pudo apartarse de la tragedia y la lucha contra aquellos que la imponen. Porque imposible no hablar de ello en momentos donde la negación de la barbarie acrecienta el poder de quienes nos condenan a la muerte.

Hoy el silencio y la complacencia permiten que la infamia avance mientras el pueblo es asesinado. Es claro que oponerse al saqueo, la corrupción, la guerra y soñar con un mundo distinto nos está costando la vida.

Las cifras son desgarradoras y el arte no puede ocultarlas. Más de cien excombatientes de la FARC han sido asesinados luego de firmar la paz y creer en la reconciliación, la construcción de sociedad, en un país donde el odio está superando al amor, la ternura y la sensatez. Y hay más cifras. Cientos de sus integrantes hoy permanecen en las cárceles en señal de traición, luego de más de dos años de firmados los acuerdos, de creer en la palabra de un Gobierno que ha incumplido lo acordado en su mayoría.

Ahora sabemos que la muerte tiene directriz de arrasar con todo. Y nos aterran los ríos de sangre que entre 2016 y 2018 han ahogado a más de 1.700 lideresas y líderes sociales, así como a integrantes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, ambientalistas y todo aquel que sea un obstáculo para la instalación de un Gobierno fascista que recrudece su odio al tener al genocidio como lenguaje.

Y el desangre no excluye al arte. Varios artistas ya fueron asesinados. El cineasta Mauricio Lezama fue uno de ellos. Negarse a callar y llevar en sus cámaras el rostro de las víctimas del conflicto le costó la vida. Como Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO) también vimos caer a uno de nuestros hermanos. Edwin Grisales, de la Red Hip-Hop de Sevilla, fue asesinado por llevar arte a los barrios.

Edwin ofrecía a los jóvenes una visión clara de la política y otras oportunidades de vida distintas a las drogas y el narcotráfico que nutren al paramilitarismo en Sevilla y centro del Valle del Cauca. Por eso los paramilitares del régimen actuaron sin dudarlo, arrebatándonoslo de nuestras vidas, pero no de nuestra memoria.

Sabemos que muchos quisieran escuchar palabras más agradables y consoladoras, pero los ríos de sangre que vemos, que sentimos, atraviesan nuestras obras y nuestras vidas. No pasa un segundo sin que esto se aparte de nuestros ojos. La preocupación la llevamos a nuestros montajes artísticos, a cada función, para luego continuar con ello en nuestra cotidianidad.

Hablar de este tipo de cosas es lo que da sentido al Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social, y es lo que refuerza nuestros espíritus para continuar luchando desde el arte por una mejor sociedad.

La solidaridad de los artistas que participan año tras año permiten un encuentro de sueños que luchan contra lo imposible. No salimos intactos, sin rasguños, pero continuamos con vida y de pie para batallar con el actual régimen de infamia que avanza hacia el fascismo, asesinando a su antojo e imponiendo o modificando cuanta ley sea necesaria.

Infinitas gracias a todas y todos los artistas que lo entregaron todo este año y los anteriores. De ustedes y el público es este Festival que abrió tochas en el arte para posicionar el lema que hoy se hace tan necesario: "teatro y realidad social", "teatro popular para la transformación social".

Es momento de sacar nuestros sueños y magias de los escenarios para trasladarnos a las calles. No puede quedarse un solo lugar sin gritar lo que está pasando. Ningún espacio será pequeño o muy grande cuando de luchar contra la muerte se trate.

Compañero Edwin Grisales

¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!

Compañero Mauricio Lezama

¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!

¡Viva la Red de Artistas Populares del Suroccidente!

¡Viva el Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social!

¡Viva la Cultura Popular!

IX Festival Nacional de teatro Popular: Teatro y Realidad Social

Palmira, suroccidente colombiano, mayo 25 de 2019

El día 13 de marzo de 2018, el Fiscal Néstor Humberto Martínez sorprendió a los colombianos con otra de esas espectaculares operaciones salidas de su mente perversa, anuncio la captura de Raúl Gutiérrez, un supuesto “terrorista” cubano, a quien matriculó en el grupo terrorista ISIS, en una operación donde también participó la CIA.

Entre sus blancos, dijo el entonces Fiscal, estaba la embajada de Cuba en Bogotá, el jefe de la Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, y el candidato presidencial Gustavo Petro.

Raúl Gutiérrez en una entrevista La W Radio, sin esposas y sin nada, sin mayor prevención señaló que el propósito de su viaje a Colombia era para adelantar varios atentados, mejor dicho, se inculpaba el mismo asegurando, además tener fusiles, explosivos C4 y que los contactos de la ultraderecha colombiana le pagaban.

Llamó mucho la atención que un hombre supuestamente preso, este ante los micrófonos de una radio este dando desprevenidamente una entrevista, máxime si el muy acucioso fiscal Néstor Humberto Martínez había declarado el caso como de seguridad Nacional.

También llamó la atención que de nuevo y esta vez la CIA, hace supuestas investigaciones capturas en Colombia, como lo hacen la DEA y otros entes imperiales, sin que esto llame la atención de nadie, menos de los “periodistas”, donde se viola abiertamente la soberanía nacional.

Hoy, 23 de mayo de 2019, se conoció que fue puesto en libertad por el juez quinto penal de Bogotá, quien indicó que la Fiscalía no aportó pruebas suficientes por los delitos de concierto para delinquir y tentativa de terrorismo.

Qué objetivo tenía ese novelón con tan burdos libretos, no está muy claro, pero el mismo Raúl Gutiérrez en su actuación en la radio dijo que es para justificar la injerencia del imperio en Colombia, pero lo que hay que tener en cuenta es que ese anuncio se dio días después del atentado contra Gustavo Petro en Cúcuta.

En este caso, se veía algo que cada día está más claro, la abierta injerencia del imperio en Colombia a favor de la mafia que detenta el poder en Colombia, donde por un lado con la DEA atacan el proceso con las Farc y con la CIA pretendían cometer otro asesinato como el de Gaitán.

Violando las normas establecidas y en un manejo maquiavélico, el gobierno colombiano expulso al “terrorista” hacia Cuba, siendo rechazo por el gobierno de ese país.

Lo que es usual, y eso lo sabe bien el gobierno colombiano es deportar a los expulsados hacia el lugar de donde provienen, en este caso, hacia Miami, en Estados Unidos, pero ellos con alguna mala intención pretendieron involucrar a Cuba en este montaje.

Otro montaje que se derrumba, del inmenso castillo de montajes del rufián, Néstor Humberto Martínez, quien al parecer huyó del país.

Por Luis Alfonso Mena S.

Trabajadores de Papeles del Cauca llevaron a cabo el viernes 24 de mayo de 2019 un mitin de protesta frente a las instalaciones de esta empresa, situada en jurisdicción de Puerto Tejada, para denunciar las políticas antisindicales de los directivos de la factoría.

Los obreros, afiliados a Sintrapub, revelaron que la empresa se niega a resolver el pliego de peticiones presentado, arremete contra su derecho a la organización gremial, ha llamado a descargos a 30 de ellos por haber participado en la marcha del Primero de Mayo en Cali y les ha impuesto sanciones arbitrarias de cinco días de suspensión.

Así lo denunció Néstor Viáfara, presidente de Sintrapub en Puerto Tejada. En el mitin, otro dirigente obrero, Ómar Novoa, sostuvo que la empresa ha difundido panfletos denigrando a Sintrapub, en una campaña orientada a evitar la afiliación de los trabajadores.

Óscar Marino Valencia, presidente nacional de Sintrapub, también intervino en el mitin, expresó su solidaridad con los trabajadores de Papeles del Cauca y aseveró que “la política de esta empresa contra los trabajadores sindicalizados es arrogante y represiva”.

Los participantes en la protesta se mostraron decididos a continuar en su lucha, a pesar de las medidas de persecución desatadas contra ellos, y llamaron a la solidaridad del movimiento obrero del Valle del Cauca con Sintrapub Puerto Tejada y sus justos reclamos.

Por Tony López R. (*)

El pasado viernes 17 de mayo el diario New York Time, denunció que el jefe del ejército colombiano, general Nicasio Martínez Espinel, había decretado una orden que orientaba a los mandos militares a intensificar las acciones militares y exigía resultados sin importar que las bajas y heridos fueran inocentes civiles.

A tal efecto, indica el Time, “a inicios de año, a los generales y coroneles se les pidió firmar un compromiso por escrito de intensificar los ataques e instruye a “los soldados que exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales”. Según sectores militares opuestos a esa orden señalaron que “la orden implica reducir las normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas”.

La reacción no se hizo esperar el propio Comandante en Jefe del Ejército, sin perder tiempo y a cinco días de emitir la orden y publicada la denuncia, reconoció que su orden fue mal interpretada y el martes 21 de mayo ordenó su modificación, según declaró al periódico El Tiempo de Bogotá y la instrucción de aumentar las capturas, muertes y rendiciones quedó anulada, pero que no habría cambios en otras ordenes claves, indicó el ministro de Defensa Guillermo Botero y que también ha preocupados a sectores militares.

Sin embargo, las modificaciones plantean atemperar la orden, pero no la esencia de ella y al parecer se mantiene en vigor pues instruye a los oficiales a no “exigir perfección” al ejecutar las acciones letales, incluso si hay dudas considerables respecto a los objetivos sobre los que se despliegan. “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, dice la orden militar. Quiere decir, que, del 100 por ciento de acciones, hay entre un 30 o 40 por ciento que pueden ser un “falso-positivo”.

Durante la segunda mitad del pasado siglo XX, los pueblos de América Latina fueron víctima de crímenes y desapariciones de miles de sus ciudadanos, al sufrir horrorosas dictaduras militares. La humanidad conoció el apoyo de los Estados Unidos a esos ilegítimos gobiernos de facto y muchas de ellas, organizadas desde Washington, como la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual estuvieron seriamente comprometidos el ex presidente Richard Nixon y el Secretario de Estado Henry Kissinger.

La gran mayoría de los generales y altos oficiales vinculados a esas criminales dictaduras, están pagando cárceles, pero aún hoy a 70 años de aquellas barbaries, miles de familias en nuestra región piden justicia para las víctimas. Nada diferente a lo que sucede en Colombia, donde supuestamente existe una “democracia” y un estado social de derecho.

Esas imperdonables y dolorosas experiencias, al parecer no han calado en la conciencia de algunos sectores castrense en Colombia, sobre todo en los altos mandos, cuyo objetivo estratégico debía ser la defensa de la soberanía del país y de sus habitantes y ha sido todo lo contrario, las fuerzas militares es utilizada desde hace medio siglo a combatir a la oposición política interna y se han convertido en la guardia pretoriana de la oligarquía colombiana y defensora de los intereses extranjeros.

La denuncia del diario estadounidense New York Time es una alerta para no repetir los horrores vividos durante los ocho años de los falsos-positivos (2002- 2010) durante el Gobierno militarista de Álvaro Uribe Vélez, según el Time, se calculan más de 5000 jóvenes inocentes asesinados, de acuerdo a informes de las Naciones Unidas. Sin embargo, sus familiares y la sociedad colombiana aguardan aún, para que los máximos responsables de dicho Gobierno y jefes militares sean juzgados por la CPI.

Considerados crímenes de lesa humanidad, estos deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional, (CPI) lo cual no ha sido posible por la negativa de la Fiscalía General de la Nación a entregar los expedientes de altos mandos militares complicados en dichos crímenes, y pone de manifiesto la complicidad e impunidad en la actuación del sistema judicial colombiano y del poder ejecutivo, no solo del actual gobierno sino de las anteriores administraciones.

La denuncia del NYT, fue rechazado por el sector uribista, entre ellos por la senadora María Fernanda Cabal, que llegó a caracterizar al diario newyorquino de un pasquín, demuestra el mediocre nivel y analfabetismo político de una congresista, que lejos de preocuparse, investigar y verificar la certeza de que se cometen tales actos criminales por los uniformados de su país, la emprende contra el diario estadounidense. Ella debía buscar justicia y velar por que no haya impunidad, para eso fue elegida por una parte de la población y no convertirse en una defensora a ultranza de un sector que lejos de defender a su pueblo, está defendiendo la impunidad con la que actúan las fuerzas del orden en un conflicto, cuyas cifras de muertos y heridos se resumen en el libro de la Memoria Histórica: Basta Ya. El informe permite confirmar que entre 1958 y el 2012 el conflicto social y armado interno ha ocasionado la muerte de 220,000 mil ciudadanos colombianos.

Está semana que comienza hoy, 27 de mayo, el Senado de la nación tiene la tarea de evaluar a los generales que serán ascendidos al grado inmediato superior, once de ellos y su hoja de vida, están siendo revisada por el Gobierno, luego de la denuncia del NYT, pues se encuentran señalados como violadores de los DDHH por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Warch y la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, algunos tendrían procesos en la Fiscalía General de la Nación y otros se han postulado a la Justicia Especial de Paz.

Siempre según el Time, documentos publicados por Human Rights Warch el gobierno de Duque, nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, acusación que desmiente el general Martínez.

En medio de este serio escándalo, surge la oposición de un importante grupo de senadores, que cuestiona la propuesta del ministro de Defensa Guillermo Botero, de judicializar las protestas sociales, propuesta nada diferente a la que aplicaron los gobiernos fascistas de Franco en España, Mussolini en Italia y las dictaduras militares en América Latina, en décadas pasadas. ¿Es acaso que, realmente en Colombia, existe una democracia y un estado social de derecho como proclama el gobierno? Respóndase usted mismo querido lector.

Resulta contra producente, esas órdenes y la agresividad de los altos mandos militares, cuando solo mediante el dialogo y no por las acciones militares se pudo lograr que las FARC-EP, con un importante sentido político y vocación de paz decidió establecer los diálogos en La Habana y firmado los Acuerdos de Paz hace ya 2 años y 6 meses y que solo un 20 por ciento de lo acordado se haya cumplido y ahora se trate de imponer cambios y trampas a lo ya acordado. Deja mucho que desear esa conducta no solo del Gobierno, del que se sabia era enemigo de la paz, pero sí de las fuerzas políticas colombianas que deben exigir desde sus bancadas en el Congreso el cumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, eso seria lo honorable y lo que espera el pueblo colombiano que merece vivir en paz.

Se sabe que este movimiento guerrillero era considerado el mayor, mejor armado y preparado en el país, y que los Acuerdos de Paz no fue producto de una derrota militar, sino el interés en responder pacíficamente a los clamores del pueblo agotado por cincuenta años de guerra. El gesto de haber entregado sus armas, si bien fue algo plausible, pero estratégicamente errado, que el histórico comandante en Jefe de las FARC - EP Manuel Marulanda, no hubiera accedido, salvo que la contraparte reciprocaran con coherencia a un verdadero interés por la paz, como hubiese sido la de liberar a todos los prisioneros políticos e iniciar el Acuerdo de la Reforma Rural Integral, importantes elemento que se han cumplido parcialmente en el caso de los prisioneros y nada o casi nada sobre el tema de la Reforma Rural.

Tampoco Jacobo Arenas o Alfonso Cano hubieran aceptado entregar las armas que es la garantía de que se cumplan los Acuerdos. Actualmente esa masa guerrillera es una tropa inerme y desarmada. La conducta del Gobierno de Santos y Duque debieron de tomar en cuenta ese gesto y haber reaccionado con mayor agilidad y sin burocratismo a las necesidades de estos combatientes que hoy muchos de ellos se sienten traicionados. Trabajar por la paz fuertemente en el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, debe ser tarea priorizada del Gobierno de Iván Duque, así como acceder, a dar continuidad a los diálogos con el ELN y lograr al igual que con las FARC un acuerdo de paz.

Reconocer que las FARC-EP sin recibir ningún beneficio a cambio, concentraron sus fuerzas en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, (ETCR), centros donde la guerrilla no tienen, según quienes lo habitan, las más mínimas condiciones para una vida higiénica y digna y sufriendo ataques a sus miembros que ha conllevado al asesinato de 115 ex guerrilleros y 31 miembro de sus familias, incluyendo niños; conociendo el proceder del Gobierno y el Poder Judicial en el caso de Jesús Santrich, al desconocer la decisión de la JEP de ponerlo en libertad y estas graves noticias del proceder de las FF:MM, es lógico que cause en los desmovilizados, profundas preocupaciones ante la evidente falta de garantías para sus vidas y futuro.

Estos elementos debían ser tomado en cuenta, no solo por el Gobierno, que está obligado a cumplir lo que está avalado por las Naciones Unidas, con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad para que se cumpla la implementación de los Acuerdos de Paz, también por la sociedad colombiana y sus Partidos políticos y sus Organizaciones sociales. Esperemos que se actué con la coherencia y la sensatez de quienes tienen las altas responsabilidades en el Gobierno y contribuir a que los Acuerdos de Paz, se conviertan en una verdadera política de Estado.

Combatir con todas las armas legales y ordenar a las fuerzas publica que tome las medidas correspondientes para extirpar la violencia narco-paramilitar que es hoy, la fuerza que está provocando la desestabilización del país, con los horrendos crímenes que están cometiendo contra el movimiento social y político colombiano. Solo así, Colombia podrá escribir páginas de gloria con toda la fuerza e inteligencia que tiene su pueblo y ponerla no solo al servicio de su país, sino también a toda la región.

 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba 27 de mayo del 2019. 17 y 30 hrs.

El sábado 25 de mayo, represantes de organizaciones latinoamericanas y suecas en Estocolmo se manifestaron frente a las redacciones de Radio y Televisión de SUECIA (SR/SVT). Con un gran despliegue de lienzos expresaron su repudio y decepción ante la forma como se muestra la realidad latinoamericana.

Se hizo entrega de la siguente carta abierta:

A las redacciones de Radio y Televisión de Suecia

Con un llamado a informar de forma imparcial y objetiva sobre Venezuela

Nuestros servicios públicos tienen la tarea de transmitir información imparcial y objetiva a los espectadores y oyentes, otorgando en lo posible información objetiva y equilibrada sobre los acontecimientos mundiales. Esto no es el caso cuando se trata de la crisis en Venezuela.

En los principales medios de comunicación de Suecia, incluídos los servicios públicos de radio y televisión, reina un silencio sobre la guerra económica de Estados Unidos. Guerra que impide a Venezuela importar medicamentos, alimentos, semillas y otros bienes necesarios para el sustento de la población, y le impide vender petróleo para poder financiar las importaciones. En cambio, las deficiencias causadas por la guerra económica de Estados Unidos son atriuídas a la mala gestión del gobierno venezolano. La guerra económica de Estados Unidos ("sanciones") le ha costado a Venezuela más de 30 mil millones de dólares desde agosto de 2017, incluida la incautación de las compañías petroleras venezolanas por 7 mil millones de dólares en efectivo y 11 mil millones en ingresos por exportaciones.

Adherirse al apoyo de los medios de comunicación estadounidenses para el autoproclamado "presidente de transición" en Venezuela, entrenado en los Estados Unidos, carece a la vez de sentido y conocimiento de la historia, porque implica ignorar el propósito de los Estados Unidos, tan sinceramente formulado por el Asesor de Seguridad John Bolton, refiriéndose a la doctrina Monroe ("América para los americanos"). Esta doctrina, desde la guerra contra Cuba en 1898, ha sido el fundamento de guerras, golpes de estado, terror y torturas perpetradas por los Estados Unidos, en su afán por dominar a los pueblos y recursos naturales de América Latina y el Caribe. Parece que esta doctrina ha sido completamente olvidada por los medios de comunicación suecos, a pesar de la obvia intención del presidente Trump de prolongarla.

Nosostros somos testigos vivos del terror ejercido por Estados Unidos contra nuestros pueblos. Somos refugiados en Suecia después del golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos contra el Presidente de Chile, Salvador Allende, y las dictaduras militares, que fueron impuestas en prácticamente toda América Latina a base del terror y la tortura masivos.

Estamos consternados y profundamente conmocionados por el hecho de que los medios suecos, incluídos aquellos que forman parte del bien público del país democrático y solidario que nos recibió, contribuyen hoy a presentar el intento fallido de golpe de Estados Unidos en Venezuela como un levantamiento popular contra un gobierno inepto. Contribuyen al silencio que prevalece sobre la guerra económica de Estados Unidos para someter por hambre al pueblo venezolano. Ocultar el apoyo manifiesto de la mayoría por su presidente electo y la falta evidente de apoyo popular al candidato presidencial autoproclamado no debe ser la tarea de la televisión y radio suecas. Al contrario, los medios de comunicación deben declarar que el reconocimiento del gobierno sueco a este autoproclamado presidente es una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Algo de lo cual el gobierno noruego se ha dado cuenta y se ha abstenido de apoyar, al igual que la mayoría de los países del mundo.

Hay muchos acontecimientos en América Latina que merecen atención, pero que caen en el olvido, como el incumplimiento del gobierno de Colombia del acuerdo de paz o la persecución, acoso y asesinato de activistas sociales colombianos que se atreven a trabajar por el acuerdo de paz – un acuerdo al cual Suecia contribuyó y que implicaba una promesa de derechos económicos y sociales para los pobres.

Los medios de comunicación deberían preguntarse si la defensa de Suecia del Derecho Internacional fue abolida para mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. ¿Es que Suecia no ha aprendido nada de lo que ha sucedido en Iraq, Libia, Siria, Afganistán y otros países?

Así como deben preguntarse si Suecia está preparada para recibir a miles de nuevos refugiados de América Latina, víctimas de una posible guerra civil en Venezuela, como antes recibieron a las víctimas de las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos de los años 70?

Las organizaciones firmantes estamos compuestas por refugiados de las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos a fines del siglo pasado. Instamos a los medios de comunicación y al gobierno sueco a reconsiderar su adhesión a la aplicación de la doctrina Monroe reanudada en Estados Unidos por Obama (la que considera que todo el continente americano (excepto Canadá) constituye el patio trasero de los Estados Unidos). Les instamos a que informen sobre la guerra económica estadounidense contra el pueblo y gobierno venezolanos.

Estocolmo 2019-05-23

Organizaciones latinoamericanas:

Argentinos Para la Victoria, Suecia

Asociación Carlos Fonseca Amador

Asociación Jaime Pardo Leal

Comité Cinco de Octubre

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos (Capítulo Suecia)

Comité por la Solidaridad Internacional

Melin Newen Mapu (Grupo de apoyo al pueblo Mapuche)

Radio Antawara, programa "En los caminos de la noticia"

Radio Café Stereo

Radio Tiempo Nuevo 101.1

Red de Solidaridad con América Latina (RESOCAL)

Asociación Cultural Boliviana Tiwanacu

Asociación de Amistad Sueco Ecuatoriana

Asociación de Integración Cultural – ADIC

Asociación de Solidaridad con El Salvador – Estocolmo

Asociación Solidaria Latinoamericana -Radio Bahía

Centro Cultural Peruano

Federación Nacional Víctor Jara;

Semanario Liberación

Organizaciones suecas de paz y solidaridad:

Plataforma Paz en Venezuela – No a la guerra de Estados Unidos con Venezuela, Venezuelanätverket, Hands Off Venezuela, FIB Kulturfront, Consejo Sueco por la Paz (Asociacón de mujeres suecas de izquierda, Mujeres por la Paz, Asociación Sueco-cubana, Comité Sueco por la Paz, Artistas por la Paz)

Por: Hernan  Durango

Bogotá.

Se cumplió este viernes 24 de mayo en Bogotá el regio acto de instalación de conferencia distrital del Partido Comunista Colombiano en el Distrito Capital. Con una nutrida asistencia que colmó el auditorio de la cooperativa del magisterio Codema se dio inicio al máximo evento del PCC en el territorio capitalino. Durante la jornada intervinieron voceros de fuerzas y sectores políticos como el Congreso de los Pueblos, Partido Fuerza Alternativa del Común Farc y PCC-UP. Participaron como oradores principales Jorge Rojas, precandidato a la alcaldía de Bogotá, quien hizo importantes anuncios acerca de los esfuerzos que se realizan por una candidatura única popular, convergente y unitaria. Del mismo modo intervino Heidy Sánchez Barreto, aspirante por la UP al Concejo de Bogotá, quien resaltó las líneas centrales de un proyecto de ciudad democrático, el legado del Partido y la UP, sus candidatos a las JAL, y el compromiso con la unidad. A su vez instó a los capitalinos a redoblar esfuerzos para recuperar la voz política en el Concejo de Bogotá.

"Aquí estoy, como mujer y joven militante para cumplir la tarea que el Partido me ha asignado, y juntos recuperar en unidad nuestra curul", indicó Heidy Sánchez Barreto, proveniente de las filas juveniles y del movimiento estudiantil universitario y destacada defensora de los Derechos Humanos.

Jorge Rojas, precandidato a la alcaldía de Bogotá señaló:

"Respaldados por seis partidos y fuerzas Hollman Morris, Claudia López, Celio Nieves, Luis Ernesto Gómez y Jorge Rojas, precandidatos ratificamos esta tarde nuestra decisión de escoger una sola candidatura para ganar la Alcaldía de Bogotá". "Eso significa que le podemos decir a los sectores de la derecha en Bogotá que se bajen del bus porque ellos no van a seguir en la alcaldía. Vamos a recuperar ese cargo, el programa de gobierno ya quedó definido y el próximo jueves será presentado a la ciudad".

En el acto de instalación de conferencia distrital del PCC también se hizo un homenaje póstumo al compañero Carlos Lozano Guillén, Director del Semanario Voz fallecido hace un año, y a destacados dirigentes populares que no están físicamente, pero que con sus ejemplos se  convierten en una luz que ilumina la lucha del pueblo colombiano por paz con justicia social.

La conferencia distrital del PCC sesionará durante el fin de semana en la capital colombiana con participación de centenares de delegados de las 20 localidades del Distrito Capital.

 

Por: H. Durango.

Varios movimientos ambientalistas y organizaciones sociales del municipio de Viotá, Cundinamarca convocan a una movilización contra el Fracking el próximo viernes  7 de junion, en el marco de las marchas y plantones que tendrán desarrollo ese día a nivel nacional y mundial.

El plantón en Viotá será este 7 junio a partir de las 3 pm en el Parque central del munciipio cundinamarqués para manifestar junto con la Alianza Colombia libre de fracking integrada por más de 100 municipios de todo el país en defensa del agua y la vida.

Para dicha jornada se utilizan las siguientes etiquetas en las redes sociales:

#CadaAcionCuenta   y  #SomosViotáAmbiental

Comunicado:

Bogotá.

SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES Y PROFESORES DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

El pasado lunes 20 de mayo el sindicato de trabajadores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (Sintrafuac) y el sindicato de profesores de la Fundación Universidad autónoma de Colombia (Sinprofuac) dieron inicio a la huelga con el propósito de denunciar la actitud displicente y arrogante de las Directivas de dicha institución educativa, quienes se han negado a cancelar desde hace cinco meses los salarios, primas extralegales y la seguridad social de las personas que laboran en el claustro universitario.

Dicha parálisis de actividades académicas y laborales se desarrollan en las 7 sedes que tiene la universidad Autónoma en Bogotá, las cuales albergan a un promedio de 4.400 estudiantes y se corresponde con una crisis que se ha evidenciado en años anteriores y que por la falta de gestión, consolidación administrativa y proyección financiera, hoy se pretende descargar sobre los trabajadores y profesores las improvisaciones y el direccionamiento equivocado de las directivas de la Fundación Universidad Autónoma.

Frente a la situación expuesta, corresponde exigir a las Directivas de la Universidad autónoma y del Ministerio de Educación la salvaguarda y defensa de los derechos conquistados por los trabajadores y profesores de la Universidad Autónoma; pues los logros alcanzados en las convenciones colectivas son innegociables y se corresponden con jornadas memorables de lucha que reivindican el papel del movimiento sindical clasista, como el derecho a la libre asociación y de huelga.

Llamamos al conjunto de las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y populares a solidarizarse con la justa lucha de los trabajadores y profesores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, acompañando las acciones de exigibilidad de derechos, visitando la carpa ubicada en la calle 12 B # 4 – 68 barrio la Candelaria, sede principal de la universidad y haciendo las respectivas donaciones en especie.

EQUIPO OPERATIVO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS – ENOSP Y LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES – COS.