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Colombia

Por Nelson Lombana Silva

(Ibagué, septiembre 9 de 2018) Utilizando toda clase de artimañas y mentiras, como ha sido su costumbre, Estados Unidos, al parecer ultima detalles para agredir militarmente a la hermana república bolivariana de Venezuela. Es la vieja práctica del imperialismo que pretende rendir a los pueblos a punta de hambre, aislamiento e invasión directa.

A esta tragedia abominable hay que sumarle otra: La postura genuflexa del presidente colombiano Iván Duque Márquez. Cobardemente ha puesto nuestro territorio al servicio del imperialismo sin chistar una palabra. Venezuela sería agredida directamente desde Colombia.

Además, del servicio de inteligencia gringo que hay en este país por montones, existe como mínimo 21 bases norteamericanas y al parecer tres bases militares de la Gran Bretaña. De esas 21, hay como mínimo 9, en la frontera colombo – venezolana.

El semanario VOZ La verdad del pueblo, edición número 2948, que está en circulación, denuncia que en Cartagena de Indias, se encuentra en estos momentos el ejército naval militar, unitas 2018 con este infame propósito. Igualmente, indica que los Estados Unidos ha ubicado en este puerto el barco hospital USNS Comfort, el cual cuenta con helipuerto con capacidad de recibir helicópteros de guerra. Adicionalmente, han desfilado por Colombia altos mandos militares norteamericanos. Incluso, se anuncia la visita del mismo presidente Donald Trump.

Recordemos la reciente venida a Colombia de James Mattis, secretario de defensa de los Estados Unidos y el permanente monitoreo que hace Kurt Tidd, jefe del comando sur. Al parecer la supervisión de las operaciones encubiertas y no encubiertas, son permanentes.

Mientras esto sucede la campaña mediática tampoco da tregua. Montañas de mentiras, desinformación y calumnias a floran las 24 horas del día. El mismo libreto usado contra Cuba, Nicaragua y Chile, se repite ahora contra Venezuela, la patria del libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Hugo Chávez, entre otros.

No dicen una línea del brutal bloqueo económico que contra este país sudamericano lo somete inhumanamente los Estados Unidos, con la complicidad directa, tanto de la oligarquía venezolana como colombiana. Ni una sílaba del demencial cerco económico que cada vez se hace insoportable.

Tampoco del plan siniestro de publicitar promesas a los venezolanos débiles ideológica y políticamente, para que salgan del país y denigren del proceso revolucionario que se viene desarrollando contra viento y marea en esta república bolivariana. Ni una sola letra...

Los pueblos hermanos no se pueden cruzar de brazos y esperar que una aventura de esta naturaleza cuaje, hay que fortalecer brazos de solidaridad, de unidad y de combatividad. Nada de hacerle el juego al imperialismo. Hay que denunciar y condenar la postura imperialista de los Estados Unidos y la pusilánime postura del gobierno colombiano.

El proceso bolivariano de Venezuela debe profundizarse, radicalizarse al calor de la movilización y la resistencia contra esta postura imperialista de Estados Unidos. Hay que rodear al ejército venezolano. Hay que apoyar las decisiones que tome el gobierno del compañero Nicolás Maduro Moros y el pueblo en su conjunto. Esos apátridas mercenarios que se venden para denigrar de la revolución socialista de Venezuela, serán señalados por la historia, como vulgares cobardes y antipatrióticos. Una patria no se vende por una sucia moneda.

Recordemos que el general Bolívar, el general Anzoátegui y muchos patriotas venezolanos, pelearon por la libertad de Colombia, sin escatimar esfuerzos y riesgos. ¿Cómo se debe corresponder a este gesto heroico? Con la reciprocidad. Unamos las banderas de Colombia y Venezuela y destruyamos la bandera de los Estados Unidos. Es hora de la segunda y definitiva independencia. Estados Unidos tendrá que respirar el polvo ensangrentado de su derrota. Será otro Vietnam.  El pueblo venezolano no está solo míster Donald Trump, entiéndalo así.  

El descaro, la indelicadeza, maniobras y violaciones normativas de algunos directivos salientes del SENA no tienen límites; es evidente que están empeñados en concluir algunos “negocios” iniciados y en ocultar serios hechos de corrupción denunciados.

Las situaciones que se están presentando en el SENA, corroboran que tal y como lo hemos venido advirtiendo, las manos de Alfonso Prada y sus cuestionables prácticas se mantienen en la entidad, pareciera que quieren seguir actuando hasta que la dejen totalmente exprimida.

El colmo de lo que nos ha tocado vivir en los últimos meses, es la irregular actuación y posible extralimitación del saliente Director, José Antonio Lizarazo, (designado por el gobierno de Juan Manuel Santos, tras declarar insubsistente a la doctora María Andrea Nieto por denunciar la corrupción de la administración de Alfonso Prada), quien pese a que según el decreto No. 1705 del 4 de septiembre de 2018, que rige a partir de la fecha de su expedición, día en que le fue aceptada la renuncia como Director General del SENA y se oficializó el nombramiento del doctor Carlos Mario Estrada Molina como nuevo Director General; el 5 de septiembre Lizarazo sin importar que en ese momento ya no fungía director de la entidad, expidió una resolución aceptando la renuncia de varios directivos, a quienes hemos conocido que fueron presionados a través de la Secretaria General, doctora Carmen Crissotenis Jaimes, para que renunciaran, con amenazas que de no hacerlo, los declararían insubsistentes,

Como si fuera poco el descaro, pese a que la persona que han informado será el nuevo director de Formación Profesional, está próxima a posesionarse y ya estuvo en la entidad realizando varias reuniones de empalme, inexplicablemente ayer 6 de septiembre, la Secretaria General saliente, expide una resolución encargando como Director de Formación, al doctor Gustavo Araque; actual Director de la Regional Cundinamarca, Subdirector del Centro de Girardot y hasta hace poco Director de la Regional Norte de Santander.

Nos preguntamos, por qué se presionó a los actuales directivos para que renunciaran antes de la llegada oficial del nuevo director?, será que no quieren que éstos hablen con los nuevo directivos?, para qué encargan a una persona durante 3 o 4 días en la dirección de formación ?, qué deben firmar urgentemente u ocultar antes de que llegue la nueva Dirección?, hasta cuánto debemos aguantar la deshonestidad, indecencia y corrupción de la Administración Prada-Lizarazo?.

Hoy más que nunca es clara la pertinencia del afiche publicado por SINDESENA y el COES hace algunos días, ilustrando la corrupción y los tentáculos de Prada en el SENA.

Invitamos a revisar con lupa todas las decisiones, actuaciones y actos administrativos que se expidan durante el irregular encargo de Gustavo Araque y estos últimos días de la administración saliente. Hacemos extensivas estas denuncias a los entes de control del estado, para que vigilen las actuaciones de estos nefastos personajes y tomen medidas ejemplarizantes e invitamos a los medios de comunicación a divulgarlas, para que el pueblo colombiano en general se entere que, la que ha sido la entidad más querida por todos, sigue siendo objeto de manejos irregulares que deben ser castigados.

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 7 de septiembre de 2018

 

Por: Hernan Durango.

La Senadora de la República de la bancada Decentes y presidenta de la Unión Patriótica UP,  Aída Avella Esquivel, se sumó a las voces que exigen en el congreso colombiano la moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por las notorias acciones de corrupción denunciadas por el periodista y columnista Daniel Coronell.

"Nos sumamos a la moción de censura al ministro Carrasquilla. Nosotros nos comprometimos con los mandatos anticorrupción, y no podemos dejar de censurar a quienes hacen del erario una fuente de riqueza particular, y de los impuestos de los colombianos su caja menor. Olvídense". Escribió la parlamentaria en su cuenta en las redes sociales.

Aida Avella agregó: Hay gente muy buena para los negocios, por ejemplo: hacen de los recursos para acueductos una fuente de riqueza personal. Hacen empresas en paraísos fiscales para desangrar el presupuesto nacional. Son genios! #MocionDeCensuraCarrasquilla.  Cuando nos comprometimos a luchar contra la corrupción, nos obligamos a rechazar a quienes usan los cargos públicos para acumular riquezas a costa de los impuestos de la ciudadanía.

Aída Avella Esquivel, también solicita la renuncia al funcionario con rabo de paja del gabinete del presidente Ivan Duque y exigió al mandatario relevarlo del cargo de inmediato.  "Carrasquilla no debe permanecer en el cargo que tiene como función administrar los recursos públicos. @IvanDuque el país decente le reclama el relevo inmediato. Y a @FiscaliaCol y @PGN_COL que tomen cartas frente a estas denuncias", afirmó la legisladora de los sectores oposición.

Tal como a tratado de intimidar a los jueces de la por ellos denominada justicia ordinaria, el Para Fiscal Nestor Humberto Martinez, esta tratando de intimidar a los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) para hagan lo que a el le gusta, rodear de impunidad a los terceros y meter a la cárcel a los guerrilleros.

En octubre de 2017, el Fiscal Luis González León, delegado para seguridad ciudadana, por orden de Nestor Humberto Martinez, ordenó investigar a los jueces que no impongan medida de aseguramiento a reincidentes en delitos, lo que ocasionó que los Jueces del complejo judicial de Paloquemao denunciaron mediante un comunicado que “intimidar a la judicatura con el poder que el ente acusador tiene de investigar a los jueces, pone en grave riesgo los principios de imparcialidad, autonomía e independencia judicial".

Nestor Humberto Martinez, cuya obra se conoce por brinda impunidad a los llamados terceros y paramilitares a quienes no investiga, ordenó por medio de un Fiscal delegado especializado, hacer una inspección en primer lugar y de notificar a tres personas vinculadas a la Secretaría de la Ejecutiva de la jurisdicción, la ex secretaria ejecutiva de la JEP, hoy directiva administrativa y financiera Martha Lucia Zamora. Y, dos funcionarios más, July Milena Enríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez.

Según relató la presidenta de la JEP Patricia Linares, la “investigación” de la Fiscalía sobre los tres funcionarios se realiza porque según los para-fiscales, los funcionarios habrían evitado el control por parte de la JEP sobre los excombatientes que salieron de las zonas de reincorporación, desconociendo los paramilitares que ofician como fiscales y el jefe de esa banda Nestor Humberto Martinez, que según los acuerdos firmados entre las Farc y el gobierno, los combatientes tiene libertad de movimiento por todo el país.

El acto intimidatorio es otro acto mas del para-Fiscal Nestor Humberto Martinez que buscan torpedear el proceso, ya los combatientes a los que se refieren los paramilitares que ofician como fiscales, serian aquellos que para proteger el proceso se han colocado fuera de la garras de Nestor Humberto Martinez.

Es muy diciente que unos 18 mil expedientes contra los paramilitares y sus financiadores duerman en los anaqueles de la Fiscalía, mientras Nestor Humberto Martinez ordena intimidar a los Magistrados y jueces de la JEP.

Por: Tony López R.

Los diferentes gobiernos colombianos que han conducido el país desde hace 20 años hasta el que acaban de elegir el pasado 7 de agosto, se vanaglorian del cumplimiento de los Derechos Humanos, (DDHH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de lo democrático que es su país. De apegarse a las leyes, propias o heredadas de las doctrinas legales que profesaba el General Francisco de Paula Santander.

Pero examinemos la real situación que confrontan hoy tales derechos y la política de los gobiernos que detentaron el poder desde el 7 de Agosto de 1998 a la fecha , septiembre del 2018.

Cuando el pasado 10 de mayo en Suiza, Ginebra, se examinó por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, en la sesión del Exámen Periódico Universal (EPU) sobre Colombia. Instancia creada en 2006 por las Naciones Unidas para monitorear y evaluar el grado de realización de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cada uno de sus 192 países miembros. Llegaron a la siguiente conclusión que, “pese a importantes esfuerzos, en Colombia no se han cumplido cabalmente las recomendaciones hechas al gobierno en los EPU de 2008 y 2013. Sigue habiendo graves y sistemáticas violaciones de DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH, que permanecen impunes. El Estado no coopera con los procedimientos especiales del CDH, ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo, lo que dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del EPU de contribuir a la construcción de la paz en Colombia.” En resumen, Colombia no cumple con garantizar y preservar los derechos humanos ni el Derecho Internacional Humanitario.

De otra parte, tampoco se cumple con la Corte Penal Internacional (CPI), organismo del cual es signatario el Estado colombiano y la Fiscalía General de la República se niega a entregar la información a lo relacionado con ejecuciones extrajudiciales que involucra a militares de alto rango, agentes del orden público implicados en desapariciones y ejecuciones, entre ellos los llamados “falsos-positivos”, los crímenes y acciones contra la población civil de los paramilitares, sus patrocinadores y los crímenes sexuales.

A propósito de la investigación y la preocupación de la CPI, visitó Colombia, en el mes de septiembre de pasado año 2017, la señora Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, uno de cuyos principales objetivos era obtener una eficaz ayuda de la Fiscalía General de la República sobre las implicaciones de los militares en los falsos-positivos, donde se calcula el asesinato de unos 3000 jóvenes inocentes.

Según medios de prensa colombiana, la Fiscal Fatou Bensouda se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República, Néstor Humberto Martínez, al declarar que “le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud”, dichas declaraciones se produjeron a la salida de su reunión con el Fiscal General de la República de Colombia.

La tan cacareada democracia colombiana, de acuerdo a información dada a conocer por página web www.500organizacioneshablan.org, que el Estado colombiano no garantiza seguridad para sus ciudadanos, “actualmente se registran 8´208.564 víctimas del conflicto armado. A pesar del Acuerdo, el conflicto armado interno persiste y los demás actores continúan infringiendo el DIH, ocasionando impactos desproporcionados sobre la población civil: desplazamientos forzados, confinamientos, bombardeos indiscriminados, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes NNA, violencia sexual, secuestro, ataques a bienes y personas protegidas”.

Entre 2013 y 2016 al menos 2.820 personas murieron fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. En los 1.128 casos en que se conoce el presunto autor, el 69,93% se atribuye al Estado y a las guerrillas el 29,87%.” “Las ejecuciones extrajudiciales continúan. En 2015 se documentaron 65 casos cometidos por miembros de las FF.AA”.

El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, el 63% en la pobreza y el 33 % en la extrema pobreza”.

 

Continúan los casos de violencia sexual. Entre enero 2013 y julio 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres”.

Persisten barreras para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, éstos no están adecuadamente representados en los escenarios de participación política. La respuesta institucional continúa siendo insuficiente, a lo que se suma el incumplimiento de los 96 acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los realizados con la Minga Indígena”.

La aplicación de la Ley 1453 de 2011 sobre seguridad ciudadana, llevó a judicializaciones masivas de líderes y organizadores de protestas pacíficas”. La represión violenta. El uso de la fuerza por parte de la policía no respeta los estándares internacionales de proporcionalidad, necesidad, gradualidad y excepcionalidad. Desde la creación del ESMAD en 1999, miembros de este cuerpo están sindicados de cometer al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 80 casos de tortura y lesionar a 3.000 personas”.

En el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón han asesinados a más de 400 líderes sociales, incluso casi dos centenares después de la firma de los Acuerdos de Paz, y en el mes que lleva el actual gobierno del señor Iván Duque, más de 25 dirigentes sociales y afrodecendientes e indígenas han sido víctima de las bandas paramilitares al servicio de los grandes oligarcas y la complicidad de los agentes del Estado.

El amigo lector puede colegir, que la democracia de la cual alardean los políticos y dirigentes colombianos que representan y defienden al actual modelo neoliberal que allí impera, está muy lejos de ajustarse a la verdad, los datos arriba mencionados son muy dicentes y ubican a este país muy alejado de un verdadero sistema democrático, solo citando unas pequeñas muestras de lo que acontece en este hermano país, se darán cuenta de lo falso que resulta afirmar que hay democracia en un país donde la desigualdades, son descomunales, la discriminación por razas, etnias, sexo y género, han conllevado a crímenes y desplazamientos forzados, para beneficiar a los grandes latifundistas o a las empresas transnacionales.

Entonces de cuál democracia pueden hablar. En este artículo solo estoy señalando una pequeña punta del iceberg, en próximas entregas daré a conocer otros datos que la opinión pública debe conocer sobre Colombia, cuyo gobierno se ha convertido en el más fiel escudero de Estados Unidos para provocar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, acusándolo de Dictador y donde no reina la democracia, mientras el gobierno colombiano presta su territorio para desarrollar provocaciones y una muy posible intervención “militar humanitaria”.

 

(*) Periodista, politólogo y Analista Internacional.

La Habana, 9 de septiembre 2018.

Por: Hernán Durango.

Bogotá.

Foto: Protestas dentro del Capitolio.

La iniciativa fue de las bancadas de oposición que citaron a un debate de control político a varios funcionarios del Estado, entre ellos la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el ministro de Defensa Guillermo Botero, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, para que rindan cuentas sobre las acciones que se han tomado para prevenir las muertes de centenares de líderes y lideresas sociales y dirigentes políticos de izquierda en el territorio nacional, ocurridos durante los últimos meses.

Mientras dentro del Capitolio Nacional sede del Congreso de la República se adelantaba dicho debate, en la Plaza de Bolívar se concentraban centenares de ciudadanos y ciudadanas, muchos de ellos estudiantes y jóvenes, que gritaban consignas y con fuerza coreaban ¡Resistencia, Resistencia, Resistencia! Exigiendo al presidente de la República,  Iván Duque Márquez que detenga los sistemáticos atentados y asesinatos de hombres y mujeres representativos de las comunidades en amplias zonas del país.

Ángela María Robledo, Representante a la Cámara por la Colombia Humana denunció que en Colombia van casi 500 líderes asesinados y reclamó a las autoridades que no sigan diciendo que  eso no es un exterminio.

La manifestación fue convocada bajo el lema "La vida es sagrada". La parlamentaria Ángela   Robledo advirtió que la Colombia Humana está amenazada. Para ella la negativa del Consejo Nacional Electoral de darles la personería jurídica  es una forma de exterminarlos. En sus cuentas han sido asesinados 12 líderes y hay 200 denuncias de amenazas a integrantes de la Colombia Humana, y solo 2 casos de imputación.

 "Las quejas de quienes nos escriben es porque muchas de las personas que piden un análisis de seguridad quedan por fuera del programa. Queda desbordado el programa individual, deben apostarle al colectivo", dijo la parlamentaria, quien invitó al presidente a realizar un pacto por la vida: "Duque usted está hablando de un gran acuerdo, 8 millones de personas que pidieron proteger la vida. Es hora de reunirnos, como lo hizo para combatir la corrupción", se indica en la nota de prensa de la Revista Semana.  

Por su parte, la Senadora Aida Avella, presidenta del partido Unión Patriótica UP, junto a los demás legisladores de la oposición salieron del Capitolio  a saludar a la multitud congregada en la plaza.

"Estamos en resistencia, hacemos el llamado  y exigencia nacional a proteger a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Así con esta movilización permanente de las fuerzas populares es como un pueblo rechaza los asesinatos a líderes sociales" señaló a la prensa la congresista a la vez que condenaba el silencio del presidente Iván  Duque frente a esta gravísima situación.

Entre tanto, en el debate, Iván Cepeda Vargas, Senador de la República,  reclamó al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, que diga al pais quienes son las "águilas negras".

En vibrante intervención señalo Cepeda: "No queremos más promesas queremos hechos, no queremos más demagogia, queremos que se acaben los crímenes y el exterminio contra líderes y lideresas sociales y políticos de nuestra patria".  El parlamentario además exigió al Gobierno Nacional y autoridades investigativas que digan al país  con que organigrama y  con qué tipo de estructuras actúan esos grupos que amenazan con panfletos y asesinan a reconocidos dirigentes de nuestras comunidades. Pidió que el gobierno diga  si estamos ante la presencia de los escuadrones de la muerte de los años 80s donde proliferaban nombres de diferentes grupos paramilitares para el  exterminio contra luchadores populares.

Sandra Ramírez, Senadora de la Republica por el partido Farc saludó la manifestación en la Plaza de Bolívar y resaltó que miles de jóvenes y estudiantes  se aglomeraron con entusiasmo para salir a protestar contra los crímenes de lideresas y líderes sociales.

"Decidimos salir a compartir con ellos ideas de cambio y reconciliación para Colombia". Escribió en su cuenta en las redes sociales.

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Manifestantes colmaron la plaza.

Discursos de la academia se amoldaron a las imposiciones provenientes del dinero de la cooperación internacional, representado en líneas de trabajo de oenegés e instituciones que financian tesis de grado.

Por: Alexander Escobar

En la comunicación alternativa resulta habitual llegar con lapiceros y aerosoles en las manos y, al poco tiempo, terminar con una cámara grabando documentales y protestas. De igual modo no es difícil descubrir que los medios alternativos, quizás en un 99%, están conformados por personas que no han pasado por escuelas de periodismo o comunicación social. Lo bello de estas particularidades invitan a pensar la comunicación alternativa como una vivencia, antes que representarle bajo definiciones y conceptos.

Debates y discusiones han surgido alrededor de qué puede definirse como medio popular, como medio alternativo... del mismo modo que surgieron preguntas sobre si es mejor ser popular que alternativo. Aunque esto ayudó a desnudar la instrumentalización que, en algún momento, movimientos y organizaciones sociales daban a los medios, en tanto que los limitaban a la reproducción de comunicados, eventos y líneas ideológicas, con el tiempo las discusiones se distanciaron de buscar elementos comunes que posibiliten puntos de encuentro mínimos.

 

Buscando en lo sencillo

Sucede con frecuencia pasar por alto aquello que está cercano: la inmersión en lo complejo, muchas veces, luego de llevarnos a hallazgos importantes, finalmente nos deja en una fosa donde cada quien gira sobre sí mismo presumiendo de conceptos que se erigen como imperios inexpugnables, cercados por intelectuales, convertidos en comité de aplausos, que refuerzan sus murallas con artimañas del lenguaje.

El poder hablar de ello es una consecuencia de la literatura. En una época de escribir ensayos, citar autores, y ser esclavo de estándares académicos de las normas APA (American Psychological Association), en algún momento realicé un giro dramático y terminé encontrándome con las palabras de Oscar Wilde: "Adoro los placeres sencillos, son el último refugio de lo complejo" (Una mujer sin importancia, 1893).

Desde entonces la mirada sobre las cosas cambió, sin entendimiento pleno de ello, pero tratando de vivirlo, del mismo modo que ahora pueden vivirse las discusiones sobre la comunicación alternativa y popular.

 

Alternativo y popular

Nunca he concebido "lo alternativo" por fuera de "lo popular", y nunca he visto lo popular como algo ajeno a lo alternativo. Más que pertenecer a una época, o a una generación, hago parte de una tradición de luchas que vive lo alternativo como escenario para la transformación de la sociedad, y que siente en lo popular los rostros donde habitan las luchas, el sudor y sangre del pueblo.

En este sentido, tanto en lo alternativo como en lo popular vivimos implícita la lucha por cambiar las condiciones de vida de la sociedad, del pueblo. Este factor de alto contenido político es quizá un punto de encuentro fundamental cuando hablamos de comunicación popular y comunicación alternativa, puesto que sus experiencias están ligadas a la lucha contra las estructuras de poder que mantienen el statu quo.

Sin embargo, con el tiempo, discursos de la academia se amoldaron a las imposiciones provenientes del dinero de la cooperación internacional, representado en líneas de trabajo de oenegés e instituciones que financian tesis de grado, investigaciones y proyectos, en su gran mayoría, con incidencia en poblaciones del sector rural.

De este modo, lo alternativo y popular quedó convenientemente amoldado a "lo comunitario", "lo ciudadano", "lo autónomo", "lo propio", en una generalización de interpretaciones, conceptos y definiciones que le presentan solo como experiencias comunicativas internas de comunidades y grupos humanos en relación a sus saberes, contextos y cotidianidad.

Aunque visibilizar, conocer y aprender de estas experiencias es de vital importancia, además porque pueden encontrarse prácticas contrahegemónicas, hablar de comunicación alternativa y popular implica abordar la lucha contra los intereses particulares de una clase dominante perpetuada en el poder, gobierno tras gobierno, a través de un Estado cuyo modelo político y económico se sostiene gracias a la barbarie e iniquidad.

Recordemos que algo similar sucedió con la Educación Popular. Al existir una preocupación por tratar de definirle de forma "correcta", en muchos sectores de la academia le redujeron a experiencias educativas y pedagógicas descentralizadas, al tiempo que fue vaciada de toda intencionalidad y decisión política de su propuesta "popular". La Educación Popular más que un método, una pedagogía, surgió como propuesta política de lucha contra el sistema, contra el statu quo desde la educación.

Por eso quizá sea momento de volvernos a lo sencillo, de escapar por instantes de la complejidad de conceptos y definiciones, y dedicarnos a contemplar el rostro del pueblo para encontrar en lo popular y alternativo un punto de encuentro de sus luchas. Es momento de concentrar la mirada en las experiencias: en qué hemos fallado y por qué reincidimos en lo mismo; qué nos ha faltado; en qué hemos tenido éxito...

El momento de pulir conceptos sobre la disputa del poder desde la comunicación alternativa y popular puede esperar; es momento de plantear y replantear estrategias, de redefinir el curso de la historia a partir de la experiencia y no a partir de conceptos que empezaron a suplantar al pueblo y su memoria.

Al menos unos 20 mil estudiantes bogotanos se congregaron este 5 de agosto en la plaza de Bolivar de Bogota para protestar por el nuevo genocidio que la mafia que detenta el poder en el país esta desarrollando y contra la des-financiación de la educación publica.

Provenientes de universidades y de colegios marcharon por diferentes vías bajo la consigna “No más asesinatos a los líderes sociales, la vida es sagrada!!”

Provoca esta formidable manifestación, una gran emoción y la esperanza de que el pueblo colombiano continue en este proceso de avance en las luchas populares.

La nota destacada la dieron los medios de desinformación y sus paramilitares de micrófono que no dijeron ni una sola palabra sobre el hecho.


Votaciones en Suecia

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Este domingo 9 de septiembre termina en Suecia el periodo votacional, que ha sido calificado por algunos como crucial ya que según las cuestas podrían dejar al partido de los Demócratas Suecos de extrema derecha, con un importante caudal electoral, que al ser Suecia un régimen parlamentario los dejaría en posición de influir en la conformación de un nuevo gobierno.

Los medios de comunicación han centrado sus focos especialmente en tres partidos de derecha, Demócratas Suecos, los Moderados o Conservadores y la Socialdemocracia, cuyos principales dirigentes son seguidos a todos lados por las cámaras y mostrados como personas común y corrientes, cosa que no son ya que todos ellos son adinerados y están obviamente al servicio del sistema imperante en este país.

Según las encuestas, que en Suecia tienen una alto nivel de credibilidad, se conformaran dos grandes bloques, uno llamado Alianza y otro llamado rojo y Verde con una diferencia prácticamente inexistentes lo que obligara a que quien quiera formar gobierno negociar con los Demócratas Suecos que obtendrían un apoyo del alrededor del 18%.

Los focos de los medios, como en todo el mundo al servicio de quienes detentan el poder, priorizan a sus fichas, Stefan Löfven del partido Socialdemócrata, Jimmie Åkesson de Suecia Demócrata y Ulf Kristersson por los Conservadores, cuyas diferencias para mi, están basadas en cuan acelerado aplican el recetario neoliberal en Suecia, un país que se caracteriza por el nivel de bienestar del pueblo.

Los últimos gobiernos en Suecia de la Alianza y la Socialdemocracia apoyados por el partido del Medio Ambientes, se ha distinguido por la aplicación del recetario neoliberal de forma sostenida pero casi imperceptible, lo que cambiaría con los Demócratas Suecos que en medio de su discurso contra la emigración al fondo lo que claman y podrán hacer es aplicar la medicina neoliberal de forma abrupta, desmontando el llamado estado de bienestar social en favor de quienes detentan el poder.

Menor salario para emigrantes, limitaciones al derecho a la huelga, facilidades para despedir trabajadores, bajar los impuestos, especialmente a los ricos y hasta subsidiar a los ricos, serian entre otras las medidas de un gobierno de derecha, medidas que se han venido aplicando desde hace ya varios años pero como ya advertí, muy lentamente.

Un articulo publicado en el año 2015 por la televisión estatal sueca mostraba que partidos tenían mayor financiación privada, siendo el de los Conservadores y el de los Demócratas Suecos muy similares, lo que indica quienes son apoyados por los poderosos, ambos rondando los 30 millones de coronas, mientras el Partido Socialdemócrata recibía casi la mitad y el Partido de Izquierda una sexta parte de estos.

De esto se puede concluir que los inversionistas suecos, que invierte en espera de ganancias, como en todo el mundo le apuestan a la extrema derecha cuyas medidas los favorecerían haciéndolos aun mas ricos.

El único partido relativamente grande que en Suecia pude denominarse de izquierda, es precisamente el Partido de Izquierda, que en las votaciones pasadas rondó el 7% y en estas, según las encuestas estaría entre un 10 y 11%, teniendo también posibilidad de influir en la conformación de un gobierno con los Socialdemócratas y el Partido del Medio Ambiente.

La propaganda que se esparce alerta de una posible victoria de los Demócratas Suecos, que dicen, expulsarían a miles de emigrantes, expulsión que de darse reduciría grandemente el desempleo ocasionando una elevación del salario real que no seria tolerada por los inversionista, y que no pasa para mi, de ser una cortina de humo donde se esconde algo que si seria aceptado por estos y es la reducción de los impuestos para los ricos y la reducción para los mas pobres, pero de las ayudas sociales, dinero que seria trasladado a los ricos, ese es todo el asunto en esta votaciones.

No es tan cierto pues que en estas votaciones en Suecia se juegue solo la suerte de los emigrantes, lo que esta en juego es el sistema de bienestar que en algo reparte las riquezas y el nivel de vida de suecos y emigrantes desmejoraría de forma radical de ganar los financiados por los “inversionistas”, porque a estos les importa un comino si la persona es negra, blanca o tiene tres ojos, lo que les importa es la ganancia y son ellos, los partidos de derecha a quienes financian que les garantiza sus ganancia.

Por: Hernán Durango.

Bogotá.

Iván Cepeda Vargas, Senador de la República, alertó y expresó la preocupación de muchos compatriotas mediante una carta enviada a la presidenta de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  Margarette May Macaulay, acerca de la gestión que podría hacer el exprocurador General de Colombia Alejandro Ordóñez Maldonado en la Organización de Estados Americanos  OEA, porque considera que la experiencia demuestra que su labor sería contraria a la paz y a los intereses de las víctimas.

En el documento enviado por el senador Iván Cepeda se destaca que  "Ordóñez es una persona que ha realizado un trabajo sistemático en contra de los postulados principales de una organización que tiene como propósito y finalidad trabajar para fortalecer la paz y promover los derechos humanos".

Y advierte que Ordóñez se encuentra "sub judice" ante la justicia del país por la presunta promoción de nombramientos irregulares en la Procuraduría durante su dirección, por lo que el Consejo de Estado anuló su reelección.

En la carta Cepeda explica que: "En octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en su contra -por presuntamente haber realizado nombramientos irregulares durante su gestión en la Procuraduría General-. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de la consejera Rocío Araujo Oñate, declaró la nulidad del acto por el cual el Senado de la República eligió al señor Alejandro Ordóñez, como Procurador General de la Nación".

 

Foto: exprocurador Alejandro Ordóñez