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Colombia

Por: Hernán Durango.

El pésimo estado de las vías terciarias le acabó la paciencia a los camioneros de la zona costanera del departamento de Córdoba y  de la margen izquierda Río Sinú, quienes han convocado para el día miércoles 30 agosto a la realización de una jornada de protestas a partir de las 8 de la mañana.

Según los voceros del Comité de Integración Regional de los camioneros que transportan los productos de la región como la yuca, plátano, y ñame hacia los principales centros urbanos del país, unos se concentrarán y marcharán desde la ruta de las flores y otros grupos ya están en el casco urbano de Lorica. 

Los manifestantes cuentan con el apoyo de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en el justo reclamo del mejoramiento de las vías terciarias destruidas por el fuerte invierno en estos municipios y por el descuido y falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes.

Según una nota de Caracol Radio, Fernando Gómez Bacci, hijo del asesino ex gobernador de la Guajira Kiko Gómez Cercha, solicitó y obtuvo el aval de la banda Opción Ciudadana para aspirar al Senado con el apoyo de la banda de su padre.

Un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia adelantan investigaciones contra Francisco 'Kiko' Gómez Cercha, sobre sus nexos con paramilitares y su participación en tres asesinatos.

Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, fueron asesinados por hombres al mando de Marcos Figueroa, apoyado por Gómez Cerchar, quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicaciones.

Entre las amistades o compinches de Kiko Gomez se cuentan German Vargas Lleras y Juan Manuel Santos quienes frecuentaban a este bandido.

Muy seguramente Fernando Gómez Bacci, con todo el poder del terror y del dinero del asesino, saldrá electo a lo que un senador denominó como un nido de “ratas”, donde de seguro se moverá como Pedro por su casa.

El exviceministro del Interior Carlos Ferro Solanilla podría reemplazar a Bernardo “Ñoño” Elías en el Senado, por ser el siguiente en la lista del partido de Juan Manuel Santos, la U.

Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, esta preso como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado por el lavado de activos, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público en el marco del escándalo de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht.

Por su parte Ferro esta relacionado con el asesinato de su socio político, patrocinador económico y compinche, Segundo Eduardo Díaz Pinzón, ocurrido hace unos ocho años.

Existe un video donde quedó esta evidencia: los dos (Díaz –el muerto- y Arias, el policía) entran de manera normal. Una hora después el ascensor desciende al sótano, con el policía que arrastra un bulto muy pesado, claramente un cuerpo. Otro hombre lo espera en un vehículo que rápidamente se acerca a la puerta del ascensor. Un tercer hombre vigila. “La carga” es introducida al baúl. Y el carro sale raudo del lugar. Cinco días después las autoridades descubren el cadáver, con señales de tortura.

Tendremos entonces a otro “honrable asesino”, que fue viceministro de la oligarquía colombiana reemplazando a otro, y así siguen llenando el congreso de asesinos.

Con 49 votos a favor, José Fernando Reyes fue elegido por “honorabilisismo” Senado de la oligarquía colombiana como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

José Fernando Reyes Cuartas, conservador, es un penalista de la Universidad de Caldas y llegó con el respaldo de algunos sectores de la Unidad Nacional, por cuestionados magistrados y Nobel de paz que gusta de la guerra Juan Manuel Santos.

Reyes Cuartas fue apoyado por los ex-magistrados José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez, vinculados al escándalo de corrupción en las altas cortes, pero el nuevo magistrado, como todos ellos, ha negado relación alguna con esos bandidos.

Reyes Cuartas también estaría siendo impulsado por el actual magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, quien robó la indemnización a una viuda, al parecer con la intención de que Reyes Cuartas ocupe la novena silla para asegurar su voto en el posible escenario de que los magistrados sean los encargados de ponerle punto final a su situación personal.

Quiero agradecer a la Corte Suprema quien fue la que me postuló. Quiero prometer ante ustedes que seré un honrado soldado de la Constitución y la democracia, mis fallos se van a enmarcar en la democracia y la decencia. Presentaré mi declaración de renta para mostrar mis bienes”, dijo .

Manifestación antiterrorista en Barcelona 26 de agosto 2017.
El reino de España esperaba convocar este sábado en Barcelona una multitudinaria manifestación en repulsa por los atentados terrorista de las Ramblas y Cambrils. Una manifestación unitaria contra el terrorismo yihadista donde se supone ondearía altivas  las banderas rojigualdas y se corearían lemas a favor de la paz y el amor universal. Bajo la pancarta "no tinc por" (no tenemos miedo) se presentaba una ocasión inmejorable para contrarrestar el desafío secesionista catalán. Pero las calles de Barcelona se inundaron de banderas esteladas independentistas y de pancartas que acusaban al gobierno y a la monarquía de vender armas a países como Arabia Saudita y Qatar (patrocinadores el terrorismo)  El monarca Felipe VI hizo acto de presencia en la plaza de Cataluña escoltado por cientos de agentes secretos y fuerzas de seguridad del estado en un intento por realzar su blasón. Acompañado por su gran Chambelán Rajoy, sus ministros y presidentes autonómicos pretendía de esta manera ganarse el corazón de los súbditos catalanes.
Pero los ciudadanos catalanes como corresponde comenzaron a abuchear a su majestad y sus cortesanos con gritos de ¡fora la monarquía! ¡Felipe, quien quieres paz no trafica con armas! ¡vuestras guerras, nuestros muertos! ¡Mariano, si quieres paz no vendas armas!¡Independencia, independencia! Evidentemente quien trafica con armas no puede hablar de paz. La hipocresía monárquico-españolista ha alcanzado unos límites inconcebibles.  El reino de España con toda la desfachatez vende armas a distintas dictaduras en especial monarquía saudita que es el principal patrocinador del Wahabismo y el salafismo mundial. La manifestación por la paz y contra el terrorismo se convirtió en un plebiscito nacionalista en favor al derecho a decidir. 
El reino de España quería utilizar este escenario para demostrarle al mundo su compromiso en la lucha antiterrorista o antiyihadista -como se le denomina tras la desaparición de ETA- No obstante se oculta deliberadamente que España tiene tropas en Afganistán y en Irak y participa en la Coalición Internacional que combate al Estado Islámico. El compromiso de España en la lucha contra el terrorismo mundial fue una de las principales causas del atentado de las Ramblas y Cambrils. Algo que también sucedió en los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004  cuando el comando yihadista Abu Hafs al Masri -en nombre de al Qaeda- colocó varias mochilas bomba en la red de trenes de cercanías causando 192 muertos. En un principio el gobierno de Aznar culpó a ETA en un desesperado intento por ganar las elecciones generales que se celebraban tres días más tarde. Aunque se sabía de antemano que los atentados los cometieron yihadistas como represalia por la participación de tropas españolas en la invasión de Irak. La mentira no funcionó y el beneficiado fue el PSOE que ganó las elecciones proclamándose José Luis Rodríguez Zapatero presidente del gobierno. Ahora nuevamente el PP ha intentado manipular a su favor este deleznable acto terrorista con el objetivo de restarle fuerza al soberanismo catalán a un mes del referéndum de autodeterminación. 
Occidente está empeñado en exterminar al islamismo radical en Siria e Irak y la respuesta es una serie de atentados atribuidos al EI que han tenido como objetivo distintas capitales europeas. Definitivamente la guerra se ha globalizado y trasciende las fronteras de Oriente Medio. La libertad, la democracia y la seguridad del Primer Mundo es un asunto prioritario mientras que lo que acontezca con la población civil en Siria e Irak es algo banal e intrascendente. 
Los atentados de Barcelona y Cambrils cometidos por un comando compuesto por yihadistas marroquíes del Takfir Wal Hijra dejaron 16 muertos y decenas de heridos en un nuevo capítulo de terror que con toda seguridad volverá nuevamente a repetirse en el momento menos esperado. Europa como en EE.UU los organismos de seguridad y de inteligencia, la policía, el ejército se encuentran en alerta máxima prestos a detectar el más mínimo movimiento sospechoso. Los ciudadanos han comprendido que tienen que resignarse a convivir con el miedo y la desconfianza. En cualquier esquina les está esperando una celada; un ametrallamiento, una bomba, un acuchillamiento, un auto desbocado. Lo cierto es que mientras no haya paz en Oriente Medio cada día que pase el fantasma del terrorismo irácobrando una dimensión más cruel y despiadada.
Carlos de Urabá 2017
 
El 1ro de agosto la ministra de Seguridad de la Nación Argentina Patricia Bullrich ordenó  a la Gendarmería desatar una feroz represión a un grupo de pobladores que se solidarizaban con Facundo Jones Huala, lider mapuche preso ilegalmente en Esquel. 
 
Las fuerzas de seguridad arremetieron contra mujeres, niños y hombres indefensos que no portaban armas de fuego, ni significaban peligro alguno. La Gendarmería incendió sus modestas casas, arrojó gases y tiró balas de plomo, provocando heridos, detenidos y la destrucción de sus pertenencias. 
 
Entre las personas solidarias con la comunidad mapuche Pu Lof - Cushamen asentada en Chubut, se encontraba Santiago Maldonado joven argentino de 28 años, detenido y secuestrado por la Gendarmería durante el ataque represivo.
 
El pequeño grupo intentó alejarse de la represión cruzando un río. Santiago no pudo llegar a la otra orilla, quedó sumergido hasta las rodillas abrazado a unos arbustos. Numerosos testigos verifican que Santiago fue golpeado, detenido y subido a una camioneta de la Gendarmería. 
 
Luego de 21 días, ante la insistencia de la familia y los organismos de derechos humanos, el caso ha sido caratulado como "desaparición forzada".
 
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se pronunció sobre el caso, instando al estado argentino  "el urgente esclarecimiento del hecho, el resguardo de las pruebas, la protección de Santiago Maldonado, su familia y la Comunidad" Otros organismos internacionales como la CIDH han declarado que "Santiago se encuentra en una situación de grave riesgo" y han emplazado al Gobierno Nacional. http://www.santiagomaldonado.com/
 
Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri no solo los desconoce, sino que trata de encubrir los hechos, desatando una campaña mediática para ocultar la verdad y justificar el accionar de las fuerzas represivas.
 
Repudiamos la criminalización de la protesta social, las amenazas, el intento de dar impunidad a los genocidas y la prisión infame a la que son sometidos los luchadores populares. Nada de eso tiene que ver con la democracia, por el contrario nos recuerdan los oscuros años de la dictadura militar.
 
La ministra de Seguridad Patricia Bulrrich y su jefe de gabinete Pablo Noceti -presente en el ataque de la Gendarmería-, no han demostrado interés para garantizar la vida y la seguridad de un ciudadano, por tanto son incapaces de hacerlo para el conjunto de la sociedad argentina. Por encubrimiento, violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ambos deben renunciar ya.
 
Treinta mil desaparecidos durante la dictadura militar marcaron la historia del pueblo argentino. El clamor del Nunca Más hoy vuelve a estremecernos.
 
Junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, primer organismo de derechos humanos de la región, nos reservamos el derecho de participar en la acusación como querellantes.
 
En el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, hacemos responsable al gobierno de Mauricio Macri por la vida e integridad física de Santiago Maldonado. 
 
Junto al pueblo argentino y el mundo Exigimos:
                            
Aparición con vida Ya de Santiago Maldonado!
 
30 de agosto de 2017
 
Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

INFORME CENTRAL AL CONGRESO FUNDACIONAL

Mi mayor satisfacción es verlos de todo corazón comprometidos sin descanso 
en una constante lucha por los cambios por los que muchos combatientes 
ofrendaron sus vidas motivados en la gran causa de la paz con justicia social y 
soberanía. Estoy seguro que con el aporte de cada uno de ustedes, apoyados 
siempre en las masas, el triunfo será nuestro más temprano que tarde 
Manuel Marulanda Vélez 

Compañeras y compañeros
Nos aprestamos en el marco de este congreso constitutivo del partido FARC a poner fin a medio siglo de lucha armada y rebeldía contra el régimen, derecho universal al que recurrimos en defensa de la dignidad humana, y en demanda de justicia, paz y democracia para Colombia. Nadie debe olvidar que la organización que hoy se convierte en partido político legal nació en 1964 como respuesta a la agresión militar contra la región de Marquetalia ordenada por el presidente del Frente Nacional, Guillermo León Valencia. Y todos debemos tener presente que desde entonces esta resistencia y gesta histórica fue conducida por el genio de Manuel Marulanda Vélez hasta colocarla en la senda de la solución política del conflicto y del acuerdo de paz que hoy celebra la nación. A él y a Jacobo Arenas, con devoción, les ofrecemos el laurel de esta victoria que será el primer paso en la construcción colectiva de futuro y patria nueva.

Fueron décadas de cruenta lucha en la que participaron varias generaciones -lo mejor de nuestro pueblo-, inspiradas en una causa noble y justa. Morimos por miles sí, tras un ideal, tras un sueño, que esperamos concretar muy pronto con el concurso de todos. Miles de los nuestros pasaron por las cárceles y aún continúan en prisión; muchos sufrieron la desaparición, la tortura y todo tipo de vejámenes. El heroísmo de todos ellos y ellas, siempre nos llenó de aliento y de moral para continuar la brega, en medio de las dificultades propias de una guerra asimétrica reforzada con la financiación y la tecnología militar de punta proporcionada por el gobierno de Washington. Durante esas décadas obtuvimos logros importantes, también sufrimos golpes significativos; Pero pudimos en medio de ello preservar y expandir la rebelión, crear expresiones localizadas de nuevo poder y llegar al corazón de importantes sectores de la población, especialmente rural y campesina.

Nos impusieron la guerra, sin embargo nunca consideramos la resistencia armada una finalidad en sí misma; siempre buscamos una solución política dialogada, tal como se encuentra evidenciado en los numerosos esfuerzos de diálogos y negociación, que se plasmaron por primera vez en los Acuerdos de la Uribe y en los posteriores intentos fallidos de Caracas, Tlaxcala y San Vicente del Caguán, sin dejar de lado los permanentes acercamientos adelantados con los diferentes gobiernos. Todas esas experiencias constituyeron acumulados que finalmente rindieron sus frutos, primero con los diálogos y negociaciones de La Habana, y luego con la firma del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la paz 
estable y duradera” del pasado 24 de noviembre de 2016. Se produjo de esa manera el triunfo de la solución política que siempre buscamos y, con ello, la nueva situación en la que hoy nos encontramos: la terminación del ciclo del alzamiento armado y el inicio de una nueva fase histórica, llena también de grandes vicisitudes, como se demuestra ya tempranamente, pero sobre todo colmada de la esperanza que encarna la potencia transformadora del conjunto de lo acordado.

La paz que hemos alcanzado no es una paz perfecta, en cuanto es una paz negociada; es la paz de la continuación del conflicto social y de la continuidad de nuestras aspiraciones y propósitos a los que nunca hemos renunciado ni renunciaremos por la vía exclusivamente política. Es la paz basada en acuerdos, a nuestro juicio mínimos y básicos, para avanzar en la superación de las causas de origen y persistencia del alzamiento armado y sobre todo para ofrecerle y dejarle a la sociedad colombiana un legado que abre la posibilidad de iniciar un proceso de democratización política, económica, social y cultural que, de materializarse, transformará para siempre la vida de la sociedad en su conjunto y abrirá las alamedas del bienestar y el buen vivir de las grandes mayorías.

La consecuencia inmediata del acuerdo de paz tiene dos expresiones esenciales y al mismo tiempo dos grandes retos profundamente interrelacionados: el inicio de la implementación de lo acordado, por una parte; y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil y el comienzo de la acción política legal, por la otra. En ambos casos, se trata de procesos de largo aliento que deben ser concebidos y comprendidos como campos en disputa, a los que se traslada el conflicto social y de clase que es inherente al orden social capitalista.

La experiencia internacional y la nuestra propia enseñan que la calidad de los procesos de implementación y reincorporación no podemos ponerlos a depender de la voluntad del Estado y su institucionalidad -que no tienen unidad monolítica en esta materia-, sino sobre todo de la capacidad de construir la necesaria legitimidad social y de producir la debida apropiación social de lo acordado, para lo cual la acción política en general, y particularmente la nuestra, juegan un papel central.

La implementación y la reincorporación, para ser comprendidas debidamente, deben ser analizadas en perspectiva histórica y no exclusivamente al fragor del momento. Al tiempo que advertimos los incumplimientos del Estado, las continuas pretensiones de renegociación del acuerdo y las evidentes dificultades de la reincorporación, debemos considerar la nueva perspectiva política que se está inaugurando. En ella se define la visión que se tiene de la paz; ya como una paz negativa que signifique sólo el silenciamiento de los fusiles y el desarme de las FARC-EP; o ya como una paz positiva que marque el inicio de un ciclo de cambios con posibilidad de generar efectos desencadenantes hacia transformaciones mayores.

Acerca de los alcances de la implementación
Una valoración preliminar del proceso de implementación indica que es aspecto fundamental la gran transformación cultural y política que trae consigo el Acuerdo Final. De trascendencia es su indiscutible valor histórico consistente en el cierre del estado de excepcionalidad permanente que representó la guerra y la apertura de una nueva calidad en el trámite del conflicto social a través de la vía política, sobre las base de los acuerdos convenidos. El otro aspecto esencial se refiere a las medidas propias de la implementación temprana, que comprenden las definiciones sobre el marco normativo, constitucional y legal de la implementación, así como el debido alistamiento de la institucionalidad del Estado.

Sobre la implementación temprana debemos reconocer que se han presentado avances en medio de dificultades de diversa índole. El procedimiento expedito conocido como de fast track no tendrá los resultados inicialmente esperados, en la medida en que no solo no será expedida la totalidad de las reformas previstas, sino que las promulgadas y las que aún están pendientes o en proceso de trámite han sido y están siendo sometidas a una renegociación de facto en el Congreso de la República, y frente a ellas no son descartables, además, modificaciones por cuenta de la Corte Constitucional; a lo cual se agregan las presiones de los poderes fácticos, cuando éstos perciben una afectación de sus intereses inmediatos o de las condiciones estructurales de la dominación de clase. De esa forma, se viene expresando lo que los historiadores han llamado el “miedo al pueblo”, el “miedo a la reforma”. Debemos aceptar que la derrota del plebiscito no solo afectó los contenidos del primer acuerdo, debilitándolos, sino que modificó las condiciones de la implementación hacia escenarios adversos. Y también señalar que la manifiesta debilidad del Gobierno lo ha llevado a ceder ante las presiones y a un terreno de evidentes incumplimientos. Pacta Sunt Servanda, los acuerdos son para cumplirlos.

No obstante lo anterior, el producto que salga será un marco normativo que, a pesar de sus limitaciones y dejando tareas aplazadas, supera el existente y provee mejores condiciones para las luchas por una reforma rural integral, el fortalecimiento de territorios excluidos, la cualificación democrática del régimen político y el sistema político y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto. Del proceso de implementación temprana debería quedar además una herramienta fundamental, el Plan marco de implementación y la obligación legal de incorporar en los planes de desarrollo de los próximos dos gobiernos un capítulo específico de implementación de los acuerdos. Con la definición del Plan Marco se activa con mayor fuerza otro aspecto de la disputa: la cuestión de la financiación. Hasta el momento debemos hablar de financiación pírrica, de compromiso fiscal insuficiente del Gobierno al prever una disposición de recursos de escasos 129.5 billones de pesos para 15 años, lo cual se explica parcialmente por la situación de las finanzas públicas, la estructuración actual del gasto público, y el sometimiento al régimen de la sostenibilidad fiscal. Para el futuro de la implementación tendremos en todo caso de donde asirnos.

También será preciso el surgimiento de una nueva institucionalidad del Estado acorde con las necesidades de la implementación. Hemos advertido que al carácter burocrático, ineficaz, ineficiente y corrupto de la organización estatal, se le agregan los rasgos de una mentalidad contrainsurgente en ciertos sectores y funcionarios públicos que siguen actuando como en la época de guerra, lo cual ha hecho más problemática la puesta en marcha de medidas y acciones gubernamentales.

Tenemos claro que las solas normas no conducen por sí mismas a la implementación de los acuerdos; proveen sí, marcos jurídicos institucionales más favorables. Pero la verdadera calidad de la implementación se encontrará en la capacidad de movilización, lucha y respaldo popular, así como en nuestro propio accionar político.

De nuestra parte, estamos cumpliendo con la palabra empeñada; queremos confiar en la buena fe y en la estatura histórica que se espera de los órganos del poder público al momento de valorar los alcances de un acuerdo de paz; hemos asumido que el acuerdo suscrito con el Gobierno, lo fue en nombre del Estado, como está señalado en la propia Constitución, y que él conforma -visto en su totalidad- el corpus normativo propio de un acuerdo especial para la terminación de un conflicto, como los previstos en los Convenios de Ginebra, con todos los alcances que ello conlleva a las luz del derecho internacional. A esta percepción agregaríamos que existe una Declaración unilateral de Estado del Gobierno ante el Secretario General de la ONU, en el sentido de que se cumplirá lo pactado, lo cual genera obligaciones internacionales. Fueron esas razones de peso para aceptar acogernos al orden constitucional renovado y emergido del acuerdo final.

Sobre el significado y los contenidos de la reincorporación 
El proceso de reincorporación ha sido igualmente complejo y culminó en su primera fase con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Pese a todas las adversidades y de los incumplimientos gubernamentales, cumplimos de buena fe con todos nuestros compromisos: primero nos trasladamos a las zonas desmontando nuestro despliegue militar estratégico; luego iniciamos y terminamos la dejación de armas y facilitamos su extracción; y finalmente entregamos a la ONU el inventario de nuestros bienes y activos a ser destinados para las víctimas del conflicto y la financiación de programas sociales de la reincorporación. En la actualidad, se cuenta con todo el marco normativo de la reincorporación. Se expidió la Ley de Amnistía; se aprobó la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, estando pendiente la ley estatutaria que la desarrolla, y que el presidente del Congreso la tiene represada; se aprobó el acto legislativo que establece condiciones especiales para nuestra participación política; se aprobó el decreto-ley que reformó a Agencia Colombiana de Reintegración y creó la Agencia de Normalización y Reincorporación, con una unidad especializada para la normalización de las FARC-EP; se promulgó el decreto-ley de reincorporación económica y social; y se expidieron normas para brindar garantías de seguridad por cuenta de la Unidad Nacional de Protección, que también fue reformada.

Ha sido ardua y llena de tropiezos la tarea de la excarcelación de todos nuestros prisioneros y prisioneras de guerra y de las personas acusadas de serlo. A la fecha, aunque cerca de 3.000 de ellos y ellas ya han salido, aún se encuentran varios cientos en las cárceles. No descansaremos hasta que todos y todas se encuentren en libertad, tal y como se establece en el acuerdo final.
Las tareas mayúsculas de la reincorporación apenas comienzan. Este Congreso es un paso fundamental de ellas, pues estamos asistiendo a nuestra transformación en partido político legal, a la fundación de un nuevo partido político en Colombia. Pero junto con lo que será nuestra reincorporación política, tenemos los retos de la reincorporación económica y social. Además de sujetos políticos para la transformación revolucionaria de nuestros país, somos hombres y mujeres que requerimos derivar una base económica que permita garantizar nuestro sustento diario y responder a las aspiraciones que tenemos de bienestar y buen vivir al lado de nuestras familias.

La reincorporación será un camino difícil, novedoso para nosotros, en el que tenemos que inventar y desplegar todas nuestras iniciativas. Nuestra fuerza se encuentra en el acumulado histórico de organización y lucha, de relaciones de solidaridad, fraternidad y cooperación, que hicieron posible convertirnos en una verdadera comunidad con identidad propia y aspiraciones comunes, las más nobles que tiene el ser humano: la lucha por la justicia social, la democracia real; el bienestar y el buen vivir de toda la población.

Esa fortaleza tenemos que cuidarla, preservarla y potenciarla en las nuevas condiciones. La perspectiva que tienen en mente sectores del establecimiento es la de nuestra disolución o desintegración, según sus experiencias de desmovilización, desarme y reinserción individualizada. La nuestra siempre la hemos concebido en términos de un proceso de reincorporación como comunidad política, como familia integrada económica y socialmente. Por ello, nuestra visión de la reincorporación, descansa sobre nuestra constitución como partido político legal, pero también basada en un esfuerzo colectivo para la producción de una nueva economía política que hemos denominado economías sociales del común y que tiene ya su manifestación formal con la creación de ECOMÚN. Si es difícil la tarea que le espera a nuestro partido político, mayor será aquella que es propia del propósito de la construcción de una nueva economía.

En esta última debemos reconocer que a pesar de múltiples iniciativas fragmentadas y dispersas no hemos logrado aún desarrollar una propuesta general que nos de certezas, así sean relativas, acerca de nuestra base económica futura. Ahí tendremos que dedicar buena parte de nuestros esfuerzos inmediatos, porque tenemos una obligación con todos los que han integrado nuestra organización. Como parte de nuestra especificidad, debemos afirmar que el futuro de nuestro proyecto político dependerá también del futuro en la vida cotidiana de cada uno de quienes hemos integrado dicha comunidad.

Nuestra reincorporación integral la concebimos como un proceso en doble movimiento. Por un lado, con un profundo arraigo territorial; por el otro, con una creciente y expansiva proyección en los centros urbanos. La reincorporación la concebimos integrada a los múltiples procesos de construcción social de territorio como continuidad –bajo las nuevas condiciones- de actividades y acciones políticas, económicas y sociales, que hemos contribuido a organizar y promover e incluso a proteger a fin de fortalecer las aspiraciones y propósitos de los compatriotas que habitan nuestra Colombia profunda. Queremos hacer parte de esos procesos; queremos fortalecer todos los esfuerzos por una organización democrática en todos los aspectos de la vida social de los territorios y de las formas de organización política del Estado en ese nivel. Nuestro proyecto político, económico, social y cultural apunta a fortalecer la democracia real y la autonomía de los territorios. Seremos partido territorial, seremos economía alternativa social territorial, seremos nuevo poder territorial. El Acuerdo Final ofrece muy importantes posibilidades para avanzar en esa perspectiva y dirección.

Al mismo tiempo, la reincorporación integral demandará esfuerzos de consolidación de procesos existentes y de nuevas experiencias en los principales centros urbanos y en general en las ciudades de nuestro país. Queremos hacer parte de las luchas y procesos que adelanta la población urbana, compartir nuestras visiones de democracia real y profunda y de economías alternativas del común, queremos hacer nuestras las aspiraciones que se sintetizan en el propósito de derecho a la ciudad y de una organización político-administrativa, que a esa visión. Seremos partido urbano, seremos economías alternativas urbanas, seremos nuevo poder urbano.

La reincorporación es para nosotros esencialmente un proceso de normalización, pues nunca hemos sido ajenos al orden social vigente, sólo que lo hemos enfrentado dentro y fuera de la institucionalidad existente. En la nueva etapa histórica que iniciamos, damos continuidad a nuestra luchas en el marco de la constitucionalidad emergente de los Acuerdos de Paz.

Sobre el carácter de Partido

Aspiramos a llegar al corazón de la población, propósito complejo que comprende la superación de la estigmatización social y cultural y el falseamiento al que hemos sido sometidos por décadas para desvirtuar los contenidos nobles de nuestro alzamiento armado. Nuestra desaparición como fuerza guerrillera pondrá otros acentos en la contienda política. Los verdaderos problemas del país están quedando al desnudo y ya no será posible continuar con la práctica de la cortina de humo en la que fuimos convertidos para ocultarlos.

Hemos dado ya pasos importantes al asumir las responsabilidades que nos comprometen en hechos que hayan causado dolor y sufrimiento en sectores de la población afectada por nuestro accionar, y al manifestar nuestra disposición plena de acudir a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz a fin de ofrecer verdad, asumir responsabilidades, como esperamos ocurra por parte del Estado y de todos los involucrados en el conflicto.

Hemos pedido perdón a las víctimas del conflicto, realizado actos tempranos de reparación y los seguiremos haciendo. Creemos firmemente que la reconciliación es posible, aun en un contexto político de polarización azuzada por quienes la repudian, si persistimos en la necesidad de establecer diálogos y otros lenguajes que permitan comprender que la construcción de la paz es un propósito colectivo. La paz tiene que ver con todos y con todas: con los partidos políticos, con los gobernantes, con las ramas del poder público, con los ex contendientes, con los empresarios y los pueblos indígenas, los grandes medios y las comunidades afro, con los habitantes de las ciudades y los campesinos, los jóvenes y las mujeres, en fin con la gente del común, con el pueblo raso.

Llegar al corazón de la población también significa comprender, como en efecto ya lo hacemos, que la solución de los problemas acuciantes de la población no se encuentra exclusivamente en la implementación de los acuerdos y que éstos, si bien representan un indiscutible avance democrático, tienen que dialogar con el conjunto de iniciativas y propuestas surgidas de las muy variadas expresiones organizativas políticas y sociales del campo popular.

En ese sentido, se plantea un gran reto para nuestros diseños programáticos. Más que iniciar una operación de marketing político y de posicionamiento de una determinada imagen -que también será preciso realizar-, tenemos la obligación de formular una propuesta de alternativa política con capacidad de interpretar y hacer suyas las aspiraciones y propósitos del presente inmediato y al mismo tiempo de ofrecer un horizonte de acción política, comprendida como propósito colectivo en permanente movimiento y construcción, hacia la superación del injusto orden social. Por ello, este Congreso deberá avanzar en una elaboración programática sustentada en un conjunto de definiciones que dan cuenta de momentos y contenidos distintos de un mismo proceso simultáneo, pero diferenciado en sus alcances y propósitos.

Sobre ese presupuesto y sobre nuestra trayectoria histórica es que queremos concebir el carácter de nuestro partido; como un partido revolucionario, que al tiempo que debe representar una opción política para los problemas cotidianos de la población y disputar de esa manera el espacio político del presente, debe contener el deseo y los propósitos de adelantar las tareas necesarias para la transformación estructural y superación del orden social que nos ha colocado como el tercer país más desigual del planeta. En ese sentido, es también un partido para otro mundo posible, en él deben tener cabida y con particular énfasis las aspiraciones de las mujeres por superar de manera definitiva el régimen patriarcal existente.

Acerca de nuestra estrategia política

Nuestra estrategia política tiene como sustento y referente nuestra aspiración de contribuir a conformar nuevo poder político y social, de transformación y superación del orden social existente. En desarrollo de ese propósito concebimos nuestra acción política como el engranaje de la disputa por el poder del Estado, incluido el acceso a posiciones de representación y de gobierno en los diferentes niveles, por una parte; con la producción de nuevo poder social “desde abajo” por el conjunto de los diversos sectores sociales, por la otra.

Por tal razón, participaremos de manera resuelta en la contienda electoral en todos los niveles de la organización político-administrativa del Estado, bajo el entendido que tal participación no es una finalidad, sino un medio para incidir en la transformación desde dentro de la propia organización estatal sobre presupuestos de expansión democrática y de incorporación y habilitación de mejores condiciones para el desarrollo de nuevos contenidos y formas de la democracia, particularmente de aquellos conducentes hacia la democracia real, profunda y avanzada, directa, autogestionaria, comunitaria. En ese sentido, nuestro proyecto político es un proyecto por la transformación del Estado hacia una nueva institucionalidad a ser construida socialmente.

Al mismo tiempo, nos reconocemos como parte del movimiento real, del movimiento social y político, que a través de sus múltiples y diversas luchas, constituye desde la cotidianidad nuevas expresiones del poder social, desconociendo y superando de facto las formas de organización del poder estatal y asumiendo propias, entendidas como un proceso de creación colectiva, no predeterminada, sino derivada de las características que va adquiriendo la conflictividad social. Por esa razón hablamos de un proceso constituyente, que tampoco puede ser reducido a la finalidad de nuevos diseños institucionales, por ejemplo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, sino entendido más bien como movimiento continuo y de creación social incesante de nuevo poder. En ese aspecto, nos comprendemos como un Partido-movimiento.

No se trata de una estrategia política con componentes paralelos, sino de un mismo proceso, en el que los espacios de las luchas se entrecruzan y contraponen en función de un mismo y único propósito: la construcción de una sociedad alternativa al orden capitalista vigente.

No estamos pensando en una estrategia política lineal y ascendente, concebida por etapas a superar gradualmente. Nuestra elaboración programática está pensada sobre la idea de que toda lucha cotidiana es estratégica y que toda estrategia no representa simplemente un propósito por venir, sino que se concreta justamente en la lucha cotidiana. En ese sentido, no concebimos una separación tajante entre táctica y estrategia; asumimos más bien su relación dialéctica. Así es que nuestro proyecto político no es el de la mejor sociedad por venir, sino el de la nueva sociedad que tendremos que construir de manera creadora desde la cotidianidad de nuestras vidas.

No tenemos la pretensión de seguir en forma predeterminada modelo político o económico alguno, ya experimentado históricamente y con expresión en el presente. Nos comprometemos eso sí a desear y hacer parte de un proceso histórico-social que permita construir una sociedad alternativa en la que impere la justicia social, la democracia real y avanzada, la superación de toda exclusión, discriminación o segregación por razones económicas, sociales, étnicas, religiosas o de género, se garantice la vida y la existencia digna, el bienestar y el buen vivir del individuo y de la comunidad, se construya una nueva economía política que garantice la realización material de los derechos humanos, permita la relación armoniosa con la naturaleza y siente las bases para una ética y nuevo tipo de relaciones sociales de cooperación, hermandad y solidaridad.

En esa dirección, trabajaremos por un gobierno de transición de gran coalición democrática y al mismo tiempo por un movimiento de movimientos de gran convergencia nacional. Desde esa perspectiva, seremos un partido amplio, dispuesto a adelantar todo diálogo político y todo proceso de unidad, sustentado en la identificación de causas y propósitos comunes, por las que transitemos por momentos específicos o incluso en la larga duración. Ponemos a disposición nuestro acumulado y nuestra experiencia, así como nuestras visiones de presente y futuro; las queremos compartir con todas las existentes y que son el resultado de otras experiencias y trayectorias de lucha, cuyo valor y autonomía reconocemos. No aspiramos a liderar, queremos más bien hacer parte de una construcción social colectiva, que por su propia condición debe ser verdaderamente democrática y expresiva de los principios y valores de la nueva sociedad que queremos contribuir a edificar desde las luchas cotidianas. Nuestras propuestas programáticas son una manifestación de ese deseo. Queremos discutirlas junto con otras. Nos anima un gran diálogo nacional, de construcción de acuerdos sobre lo esencial, desde los problemas de la cotidianidad hasta las elaboraciones que puedan parecer más complejas y abstractas.

Acerca de la complejidad del momento político y la necesidad de un Gobierno de transición 

La constitución de nuestro Partido ocurre en un contexto político en el que se disputa la perspectiva de una paz negativa, de simple silenciamiento de los fusiles, o de una paz encauzada a transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales más profundas, derivadas de un posible desencadenamiento de la potencia transformadora de los acuerdos y de las múltiples luchas y movilizaciones de resistencia y reivindicación en franca confrontación con las políticas neoliberales. Y en el que, por otra parte, persiste la guerra sucia que sigue asesinando a dirigentes sociales y populares, y por cuenta del odio y la mentira pretende enrarecer y atravesársele a la perspectiva de construcción de la paz que se viene abriendo paso.

Asimismo, advertimos un proceso de crisis en maduración del régimen político y del sistema político, y de la organización de la justicia estatal, por cuenta de diversos factores, particularmente de los derivados de prácticas criminales y corruptas que embadurnan a políticos y magistrados, que ponen de presente un estado de descomposición en todos los niveles. Registramos también tendencias al estancamiento económico y manifestaciones de crisis fiscal, con impactos severos sobre el trabajo y el ingreso y las condiciones de vida de la población.

Como se aprecia, se trata de un contexto político de suma complejidad, con relativa dificultad para advertir cuáles serán los caminos en los que el accionar de las fuerzas políticas y sociales jugará un papel decisivo, sin poder identificar aún cómo se producirán agrupamientos o reagrupamientos entre ellas. No se observan aún elementos suficientes para construir cohesiones o articulaciones estables. Mientras que unos sectores, los de derecha y extrema-derecha, privilegian el desmonte de los Acuerdos de La Habana; otros, los de centroderecha, enfocan sus preocupaciones en el combate a la corrupción y el crecimiento económico; y unos terceros, de amplio espectro democrático y popular, enfatizan en algunos casos en la implementación de los acuerdos y en la perspectiva de una paz completa que incluya un acuerdo de paz con el ELN, y en otros los consideran simplemente como un asunto más de la agenda política. Sin desatender los sectores no organizados, tradicionalmente escépticos frente al ejercicio de la política. Todo ello, en el marco del inicio de la campaña electoral para la presidencia de la república y la integración de senado y cámara.

El ingreso a la vida política nos recibe con la obligación de la participación en las elecciones de 2018. No sólo porque se trata de un compromiso derivado del acuerdo, sino porque no podemos ser indiferentes ni frente a la elección presidencial, ni a la conformación del nuevo Congreso. En las circunstancias anotadas nuestra propuesta de gobierno de transición adquiere particular relevancia. A nuestro juicio, y dado el significado histórico ya señalado de los acuerdos, es primordial garantizar que su implementación cuente con condiciones favorables. No nos cansaremos de afirmar que los acuerdos no son para las FARC-EP o el Partido político que surgirá de ellas en este Congreso fundacional, sino que fueron concebidos para beneficiar al conjunto de la sociedad colombiana y particularmente para los pobres y desposeídos del campo.

En ese sentido, abogaremos por un acuerdo político y por un programa de gobierno que privilegie la implementación, bajo el entendido que esa construcción no se limita a ese propósito, sino que debe contemplar propuestas de solución a problemas acuciantes de la población y de la sociedad colombiana en general. Por eso, es que hemos considerado que debe ser posible concertar una convergencia nacional para una gran coalición democrática, basada en la identificación de contenidos programáticos básicos. De nuestra parte buscamos contribuir a la construcción de una salida que en un momento inicial tenga la capacidad de derrotar las pretensiones de la derecha y la extrema-derecha de hacer trizas la reconciliación, definir la elección presidencial a favor de las fuerzas de la paz y de propuestas programáticas de reformas básicas frente a la difícil situación económica y social que afronta el país y de necesarios procesos de reforma institucional del Estado, siempre con el propósito de cualificar y profundizar la organización democrática.

En un escenario dinámico y complejo como el de Nuestra América, la paz de Colombia debe jugar un papel fundamental para preservar la paz y la hermandad del continente. El tipo de paz que se logre construir en Colombia incidirá sin duda sobre la tendencia general del proceso político en la Región. Hacemos parte de las fuerzas que en Nuestra América disputan hoy un mejor destino para nuestros pueblos, en medio de la más feroz contraofensiva de la derecha transnacional por revertir los avances introducidos por gobiernos progresistas y democrático-populares en los últimos lustros.

53 años de rebeldía armada se transforman hoy, a partir de este congreso fundacional, en la nueva forma de lucha de las mayorías por el cambio, por un nuevo país, el país de la esperanza, el que siempre ha palpitado en nuestros corazones, el de la inclusión, el de la justicia social y la soberanía, el del respeto a la dignidad humana y a la naturaleza.

En este aspecto, y a propósito de la proyectada visita del Papa Francisco a Colombia, quisiéramos hacer eco a sus reflexiones en Laudato Sí: el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. La explotación irracional de la naturaleza provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. En [San Francisco] se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Hago una invitación urgente, dice el Papa, a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos.

A los gobiernos y pueblos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, lo mismo que a Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, la Unión Europea, el CICR y a todos quienes desde diversas partes del orbe ayudaron en la construcción de esta posibilidad de paz para Colombia, nuestra eterna gratitud

Nuestro mensaje final, es una evocación al Libertador Simón Bolívar, y va dirigido al corazón de los colombianos. Compenetrémonos con el fuego de sus palabras: UNIDOS SEREMOS FUERTES Y MERECEREMOS RESPETO; DIVIDIDOS Y AISLADOS PERECEREMOS. La unidad empuñando la bandera del cambio es la potencia transformadora, el sonoro raudal humano reivindicando la vida, la inclusión, la justicia social, el respeto a las visiones alternativas de país y de Gobierno. Y la UNIDAD es la fuerza que necesitamos para tener patria nueva, tal como lo concibieron nuestros padres fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, y todos aquellos que ofrendaron sus vidas por estos sueños.

Ha concluido la batalla de las armas y empieza ahora, o mejor continuamos, la batalla de las ideas. Las partes hemos convenido sacar las armas de la política para que la mejor propuesta de país haga posible la felicidad de todos los colombianos en un ambiente de paz. Esta ha sido la más grande bendición que nos ha prodigado la providencia. Debe buscarse por todos los medios un acuerdo de paz con los compañeros del ELN. La paz es de todos y para todos. Nuestro más grande anhelo es que ella abarque todo el continente.

A los pueblos y gobiernos del mundo les manifestamos que ha concluido el más largo conflicto armado del hemisferio, como consecuencia del acuerdo de paz de La Habana firmado entre el Gobierno del Presidente Santos y las FARC. Que la paz abrace a los pueblos de la tierra.

Muchas gracias.

En la noche del pasado jueves, Política Heroica compartió un vídeo en el que se evidenciaba una protesta pacífica en las instalaciones de la Universidad Tecnológico Comfenalco, en el barrio España, a raíz de las malas condiciones en las que reciben sus clases, actualmente, los alumnos protestantes se encuentran en una jornada de lápices caídos, hasta que la directiva de la entidad no les solucione estos problemas, los cuales vienen manifestando hace un año.

El inconformismo de los universitarios, parte del hecho que no todos los salones tienen aire acondicionado, por lo que numerosos estudiantes reciben clases en salones calurosos, a su vez, denuncian que la biblioteca de la Universidad no cuenta con los suficientes libros.

Uno de los voceros de la protesta, mencionó “nuestras inquietudes inician porque llevamos más de un año presentando escritos antes de las directivas de la universidad con el fin de que nos mejoren las aulas de clases, por factores como el hacinamiento, tenemos clases donde llegamos a muchos estudiantes y aumenta el calor en el aula, que sería el segundo factor, el cual provocó la protesta pacífica. La universidad cuenta con salones con aire acondicionado y otros no, nosotros pedimos igualdad para todo el cuerpo estudiantil “.

“El semestre pasado nos cambiaron para un salón con aire, pero este semestre otra vez en las mismas, y no pueden desmejorar lo que ya hemos mejorado y seguimos por la vía de hecho hasta que nos solucionen “, agregó.

Hace un año pasaron un derecho de petición

El 27 de septiembre de 2016, un grupo de estudiantes de derecho de esta universidad, pasó un derecho de petición a los directivos de la misma, en donde dieron detalles de las inquietudes.

“allegamos en virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, regulado por la ley 1755 de 2015 con el fin de que se nos informe de manera clara y precisa las razones por las cuales se nos mantiene en un estado objetivo de desigualdad, al estar en ambientes inadecuados de formación, amen que la institución ha acondicionado
adecuadamente la mayoría de los ambientes académicos, así mismo, como aquellos criterios técnicos tenidos en cuenta para no acondicionar los salones donde desarrollamos nuestras actividades académicas”, decía –entre potras cosas- el texto.

La respuesta de la Universidad no se ha cumplido

En respuesta al derecho de petición presentado por los estudiantes, la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, mencionó lo siguiente:

“El Tecnológico Comfenalco ha identificado la necesidad de una readecuación e intervención de los aspectos y contempla la construcción a mediano plazo de nueva edificación, labor que se ha venido desarrollando a lo largo del año en curso, con el objetivo de mejorar la infraestructura física actual que ha servido de soporte al desarrollo de las actividades misionales y administrativas, a fin de constituirnos en una institución universitaria apta para el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología, de manera que sus espacios sean más aptos, eficientes y adecuados a las condiciones”.

De la misma forma, la Universidad manifestó que las obras de infraestructura física están orientadas a mejorar las condiciones de bienestar a la comunidad universitaria, lo que conlleva a la reubicación del personal estudiantil en nuevas aulas que requieren condiciones especiales de ventilación, permitiendo a los estudiantes que reciben clases en ellas, y que estén en un entorno adecuado para su formación.

Sin embargo, la respuesta de la Universidad al derecho de petición, no se ha cumplido en su totalidad, puesto que los alumnos siguen teniendo los mismos inconvenientes, a tal punto, que se unieron estudiantes de otras carreras a esta protesta, que comenzó con los que estudian Derecho. Este viernes, a partir de las 6:00 de la tarde, se realizará una mesa de diálogo con el vicerrector de la Universidad, en donde los universitarios plantearán todas sus peticiones, esperando por una intervención de la directiva en esta problemática.

Por Nelson Lombana Silva 

(Ibagué, agosto 27 de 2017) La visita del jefe de estado de El Vaticano, Francisco, a Colombia, en el mes de septiembre, es todo un mercado persa que cada vez se exacerba más en la medida que se acerca su visita. Cada quien a su modo busca sacarle partida. Lo curioso es que no es tanto espiritual como sí económico y político.

Mientras la burguesía criminal y explotadora, es decir, pecadora, se empecina en darle una connotación estrictamente religiosa de dientes para afuera, internamente busca de todas maneras sacarle réditos tanto económicos como políticos, principalmente. 

Y como siempre la tendencia sigue siendo la misma: La burguesía se queda con la ganancia y el pueblo con la deuda económica. Juan Manuel Santos – por ejemplo – no va sacar un peso de su bolsillo para financiar la venida del jefe de estado del país más pequeño y más poderoso que hay en el mundo. 

Algunos cálculos señalan que diariamente le costaría al pueblo colombiano la astronómica suma de 2 millones de dólares, más que menos. El gobierno nacional hace su agosto con dineros del pueblo aprovechando el analfabetismo político y la credulidad de las masas colombianas.

El padre Camilo Bernal, director financiero de la visita del jefe de estado de la conferencia episcopal de Colombia, ha indicado que se ha lanzado una campaña intitulada: "Demos el primer paso", que busca recaudar 4 mil millones de pesos para ayudar a pagar los gastos que implica su visita.  

Hay que recordar que históricamente la iglesia católica ha estado en alianza permanente con la clase dominante. Su tarea es "atontar", para utilizar un término castizo, ya un término mucho más elaborado sería alienar, enajenar, para que el pueblo sumiso no se rebele contra la burguesía. 

Recordemos también que los Estados Unidos colocaron a su servicio los oficios del jefe del Vaticano para acabar con la Unión Soviética y provocar la caída del muro de Berlín. Incluso, en la patria del entonces jefe de estado del Vaticano, Polonia. Me refiero a Juan Pablo II.

Este jefe de estado también viajó a Cuba con este mismo fin, pero como solemos decir los colombianos tacó burro, porque halló a un pueblo supremamente educado y formado políticamente que salió, lo escuchó, tomó lo positivo y descartó lo negativo.  

Este fenómeno seguramente no sucederá en Colombia, porque en este, no hay un pueblo libre de analfabetismo, tampoco formado políticamente. Casi el 90 por ciento, aún sigue pensando que el origen del papa es divino. 

Quizás la diferencia y la tenue esperanza es que el jefe de estado del Vaticano, Francisco, es latinoamericano y si bien no dijo ni mu, siendo obispo cuando su patria Argentina fue víctima de las crueles dictaduras militares, ahora se presenta como jefe proclive a los más pobres y a la defensa del medio ambiente. Eso es importante, por supuesto. 

Claro, dice y hace referencia, pero poco y nada dice sobre la postura que debe asumir el pueblo para salir de ese infierno de pobreza, miseria, violencia y subdesarrollo, que históricamente ha mantenido la clase dominante a los pueblos del mundo en el sistema capitalista. 

País más pequeño y más poderoso del mundo

 

El estado de la ciudad del Vaticano, es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma (Italia). Es el país más pequeño que hay en el mundo, pero el más poderoso desde la alteridad religiosa y política. 

Incluso, se afirma que es un estado mafioso, por cuanto allí, domina la mafia siciliana con fuerza y amplitud. Un estado conspirador y también un estado asesino, por cuanto se conoce que varios papas han sido asesinados, entre ellos, Juan Pablo I, el más reciente. 

Su extensión es de solo 0, 44 kilómetros cuadrados, es decir, 44 hectáreas. Su población es calculada en mil habitantes. La basílica de San Pedro representa el 7 por ciento de su superficie y esta y la plaza de San Pedro ocupan el 20 por ciento.

Comenzó siendo estado el 11 de febrero de 1929, tras la firma de los pactos de Letrán, participando de ellos, Pietro Gasparri, en representación de la Santa Sede y Benito Mussolini, primer ministro del reino italiano. Este había sido adquirido en franca lid en 1870 por los estados pontificios. 

¿Qué se espera de la visita de Francisco? 

 

Es interesante que un jefe de estado visite el pueblo colombiano, aunque sea dicho con la mayor honradez, poco y nada le ha representado. Sin embargo, es importante. 

En el caso de la visita del jefe de estado del Vaticano hay muchas expectativas, a parte de la religiosidad pues es una iglesia que diariamente viene perdiendo adherentes y Colombia es para esta, un verdadero fortín que seguramente hay que fortalecer. 

La expectativa se centra en las posturas democráticas que ha venido expresando el jefe de estado, Francisco. Su postura con el proceso de paz y su llamado a defender la pacha mama. 

En sus declaraciones oficiales siempre ha mantenido la posición de la paz y de aclimatar un ambiente de reconciliación entre los pueblos sacudidos por tanta violencia producto del terrorismo de estado que ha sufrido Colombia. 

Esperamos que el papa ratifique en su gira el compromiso con la paz y ayude a frenar la violencia que lidera el Centro Democrático con el católico, Álvaro Uribe Vélez, a la cabeza. Ayude a comprender que la paz es producto de la justicia social y que el gobierno nacional debe cumplir cabalmente sus compromisos en el proceso de implementación de los acuerdos con la Farc, como ésta lo viene cumpliendo cabalmente. 

Eso sería lo más importante y justificaría en parte la enorme cantidad de dinero que tiene que pagar el pueblo por tener al jefe de estado del Vaticano en Colombia. 

Hay que escucharlo y destacar lo positivo para el pueblo y rechazar lo negativo. No hay que tragar entero. Es más: Estar dispuesto a recibirlo más con la razón que con la emoción.

El Congreso Nacional se realizará del 27 agosto al 01 de septiembre en la ciudad de Bogotá, con la participación de más de 1.000 delegados elegidos democráticamente en las asambleas guerrilleras y entre los que se encuentran 61 integrantes del Estado Mayor Central. También asistirán invitados internacionales y nacionales.