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Colombia

La Paz es un derecho indisponible y contra mayoritario al decir del profesor Ferrajoli. Su salvaguarda, contenido y mantenimiento es de obligatorio cumplimiento no dependiendo ni de opiniones gubernamentales ni de decisiones políticas. Las 6 objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria son objeciones políticas que carecen de sustento jurídico alguno. Tan evidente es esto que todas ellas han sido desestimadas por la Corte Constitucional con ocasión de sus pronunciamientos sobre el Acto Legislativo 001 de 2017 que creó la JEP y sobre la Ley Estatuaria de la JEP ahora boicoteada por el Ejecutivo. No se trata ahora de desmontar los inconsistentes argumentos que Álvaro Uribe ha enviado a Duque ordenándole objetar la Ley, todos ellos inconsistentes y arbitrarios como en su día declaró la Corte Constitucional, sino de destacar que con estas objeciones el Centro Democrático y sus aliados dan un paso más, quizás el definitivo, para hacer trizas el acuerdo de paz como manifestara Londoño en el ultimo congreso del partido que ha puesto encargado en el Palacio de Nariño.

Con esta decisión el Centro Democrático, y en especial su portavoz y ahora Presidente de Colombia Iván Duque, incumplen el Acuerdo de Paz refrendado por el Congreso de la República en su segunda versión tras ser modificado el rechazo en plebiscito; incumplen la norma constitucional de respeto y cumplimiento del Acuerdo de Paz aprobada por Acto Legislativo 002 de 2017; incumple las sentencias de la Corte Constitucional; e incumple la obligación de respeto y cumplimiento del Acuerdo asumido por Colombia ante la Comunidad Internacional. Sean conscientes el Presidente Duque y su mandante Álvaro Uribe que con esta decisión que apuñala el corazón del Acuerdo de PAZ, Colombia se convierte en un país paria ante la Comunidad Internacional, un país sin palabra ni seriedad que incumple ostentosamente sus obligaciones y en el que nadie podrá confiar salvo para utilizarlo como peón que ponga los muertos en aventuras militaristas ajenas. Y todo ello para defender los intereses y la impunidad de los poderosos clientes de la firma “Martínez Neira Abogados” o de Álvaro Uribe, quienes tiemblan de pánico ante la perspectiva de tener que enfrentarse por primera vez a sus muchas responsabilidades a consecuencia del cruento conflicto armado.

Sepa Colombia que estas objeciones no son en defensa de las víctimas, que nunca fueron reparadas por el Estado salvo muy contadas excepciones y que nunca fueron preocupación ni del Centro Democrático ni de Álvaro Uribe. Tampoco son en defensa de la fuerza pública, cuyos integrantes vienen defendiendo expresamente la JEP y reclamando responsabilidades a los políticos que les dieron pavorosas órdenes. Las objeciones presidenciales son las mismas que de forma recalcitrante ha exigido el consorcio Martínez Neira-DEA-Álvaro Uribe para acabar con la JEP y con el Acuerdo de Paz, a pesar de la opinión contraría de la Corte Constitucional. La irresponsable actitud del pérfido consorcio se ha puesto de manifiesto con la intensa campaña de manipulación, desestabilización y desprestigio orquestada en estas últimas semanas contra esta Jurisdicción de Paz. La crónica de estas objeciones anunciadas se ha financiado con los fondos para operaciones encubiertas de la Fiscalía General y de la DEA, como ha sido públicamente reconocido en prensa. ¡Cuánto pánico desatado ante la Verdad!.

El partido político FARC solicitará de forma inmediata la intervención política de la Comunidad Internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conforme a los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, para evitar que la paz construida con tantos esfuerzos sea destrozada por quienes siempre han utilizado la guerra para su enriquecimiento. También solicitaremos a la Corte Penal Internacional que refuerce sus mecanismos de observación e intervención en Colombia para evitar que nuevamente reine la impunidad que siempre ha impuesto el Centro Democrático.

Llamamos a la sociedad colombiana a defender el Acuerdo de Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Consejo Político Nacional
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC

Marzo 11 de 2019

El pasado 10 de marzo mientras Iván Duque anunciaba la objeción de la banda de los “Uribeños” a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la paz, Oneider Gonzáles Guilombo, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación quien se dirigía a su casa con su esposa, fue abordado en la vereda la Esmeralda Alta por dos tipos que portaban fusiles, quienes lo obligaron a descender del vehículo y luego de insultarlo con frases "guerrillero, hp de la FARC" y mucho más, procedieron a asesinarlo a tiro de fusil delante de su esposa.

Es la labor sincronizada de quienes se lucran de la guerra como el narcotraficante número 82, en la búsqueda de acabar con los acuerdos y empujar al país a la situación que a ellos beneficia, la guerra.

Invitamos a las comunidades y organizaciones de derechos humanos, medios alternativos, presidentes de JAC y a quienes rechazan la violencia y apoyan la bandera de la paz, a una CARAVANA POR LA PAZ que se llevará a cabo el día 15 de marzo, desde el parque de los fundadores de Planadas hasta el ETCR, Marquetalia, Cuna de la Resistencia del Oso.

Defendamos la bandera de la PAZ, no dejemos que se muera la esperanza, no podemos permitir que se objete la JEP, empuñemos las banderas y salgamos a la marcha y caravana por la PAZ.

Este 8 de marzo las mujeres de Cali salimos a la calle a denunciar:

- Un sistema financiero que promueve la informalidad y la precarización. #NoMasAVAL para los gota gota.

- Un gobierno que promueve la guerra y la muerte: las mujeres somos #RadicalesConLa Paz

- Los ecocidios que año tras año se producen en nuestros territorios, promoviendo la desaparición de rios, ecosistemas, saberes, semillas muy importantes para la cultura y la pervivencia de seres vivos/as en nuestro país.

- Denunciamos la famosa "ideología de género" que no es más que la promoción de campañas antiderechos contra todas las mujeres de latinoamérica.

- Denunciamos el Racismo estructural que promueve la pobreza e invisibilización, principalmente de las mujeres negras e indigenas

- Denunciamos la educación, los medios de información, los escenarios políticos, los hogares, los trabajos donde nos usan, manipulan, cosifican, invisibilizan y controlan nuestras vidas

Se realizo este jueves 7 de marzo (2019), en la Corte Constitucional la audiencia sobre el uso del glifosato en Colombia y allí comparecieron varios ministros de Uribe tras Duque, que, muy bellos todos ellos y ellas, defendieron la ecología, los parques naturales, el agua, etc.

Muy interesante estuvo el discurso del gobernador de Nariño Camilo Romero en la audiencia. Sentado al lado del gobernador de Antioquia, el para-fiscal Néstor Humberto Martínez miraba atentamente al gobernador de Nariño.

Sabiendo lo torcido y degenerado de Néstor Humberto Martínez, por la mirada de este contra Romero, se me vino a la casa que Néstor Humberto pensaba “a este tenemos que armarle un falso positivo”.

Los trabajadores de la administración pública se unen al rechazo del llamado al paro de Juan Guaidó, están dispuestos a defender sus derechos laborales, no permitirán ser alienados por discursos y peticiones de la derecha.

Hoy, en muchos lugares de Colombia, la vida de las y los líderes sociales se encuentra en riesgo: 120 han sido asesinados/as en los últimos siete meses. Este miércoles, para algunas tradiciones Cristianas, se inicia un tiempo de oración, ayuno y preparación para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Asesinado por los poderes del Imperio,  por el Estado romano.

Diversos sectores de fe nos unimos a su clamor y su voz, que ha subido hasta el cielo y desde allí nos invita a que defendamos la vida de las y los líderes.

Haciendo nuestras las palabras del profeta Isaías, recordamos el tipo de ayuno y la oración que agrada a Dios: 

“romper las cadenas de injusticia

    y desatar las correas del yugo,

poner en libertad a los oprimidos

    y romper toda atadura?”

compartir el pan con el hambriento

    y dar refugio a los pobres sin techo,

vestir al desnudo

    y no dejar de lado a tus semejantes

tu justicia te abrirá el camino,

    y la gloria del Señor te seguirá.” 

Haciendo eco de estas palabras los y las invitamos para que mañana, inicio de la Cuaresma, nos unamos en oración para defender la vida de los/as líderes que están en peligro y quienes han sido asesinados/as.

Te esperamos este 6 de marzo en la Plaza de Bolívar en Bogotá a las 5:30 pm

Descarga la carta en PDF y conoce las organizaciones firmantes

Dos partidos bajo amenaza en menos de una semana prenden las alarmas en el municipio de Palmira, más cuando son partidos que integran la convergencia que disputará el poder local en las próximas contiendas electorales.

Redacción REMAP

Este fin de semana el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), a través de un comunicado, denunció que uno de sus integrantes fue amenazado con arma de fuego en la ciudad de Palmira (Ver comunicado).

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 28 de febrero, cuando el joven Johnier Andrei Flórez Rincón, psicólogo e integrante de la Comisión Electoral del partido, fue interceptado en horas de la mañana mientras se dirigía a su residencia por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta sin placas.

"Posteriormente el sujeto que iba de parrillero le amenaza con un arma de fuego diciéndole: 'Dejá de molestar con temas electorales'; mientras esto ocurría el conductor de la moto le decía: "¡Pegáselo!, ¡pegáselo!", haciendo alusión a que le disparara. Finalmente, los dos hombres se marchan, no sin antes que el sujeto del arma le advirtiera: 'Ya sabés, dejá de joder con eso'", advierte el comunicado.

Las amenazas se dan en un contexto donde diversas fuerzas sociales y varios partidos como la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y la FARC, adelantan trabajo alrededor de una convergencia con miras a las contiendas electorales del próximo mes de octubre.

En este contexto preocupa que integrantes de la dirección del partido Alianza Verde en Palmira hayan estado en peligro el pasado miércoles, 27 de febrero, en una situación que también involucra a hombres armados que intentaron ingresar a su sede en horas de la noche.

Según denunció la dirección del partido, "dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y portando armas de fuego intentaron irrumpir en el recinto, afortunadamente y para tranquilidad de los siete directivos y el concejal de la colectividad que estaban presentes en la reunión, no pudieron abrir la reja de seguridad, lo que impidió su ingreso" (Ver comunicado).

Dos partidos bajo amenaza en menos de una semana prenden las alarmas en el municipio de Palmira, más cuando son partidos que integran la convergencia que disputará el poder local en las próximas contiendas electorales.

Por lo anterior, diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al Gobierno local, departamental y nacional brindar todas las garantías para el ejercicio de la oposición política y proteger la vida e integridad de las personas amenazadas, máxime cuando el número de líderes y lideresas sociales sobrepasa la cifra de 430 personas asesinadas en poco más de dos años, sin que el Gobierno colombiano haya tomado medidas efectivas para su protección.

El gobierno de Álvaro Uribe parapetado tras el títere Iván Duque ha ordenado reprimir violentamente a los campesinos del departamento del Cauca que se movilizan en una jornada protesta impulsada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, (Anuc, Cauca) y la Asociación de Institutores del Cauca, reclamando el cumplimiento de los acuerdos suscritos.

Las manifestaciones pacíficas que ya llevan más de 8 días han sido violentamente reprimidas por parte del ESMAD, la Policía y el Ejército, utilizando incluso armas prohibidas.

En un video llegado a nuestra redacción se ven los elementos utilizados por los delincuentes de la ESMAD al servicio de la mafia que detenta el poder en Colombia.

Los campesinos reclaman el cumplimiento de los acuerdos para la ejecución de proyectos de vivienda, sustitución voluntaria de cultivos, la protección a los líderes sociales y la asignación de tierras, los cuales fueron truncados con el actual gobierno de Iván Duque.

Cuatro personas fueron asesinadas, la noche del pasado lunes, 4 de marzo (2019), en el barrio La Castellana por cuatro sujetos que se movilizaban en un carro gris, que después de la masacre huyeron sin ser detenidos en el departamento mas militarizado de Colombia.

Los asesinados dos hombres y dos mujeres, fueron identificados como John Jairo Bolaños Ramírez de 39 años de edad, Herney Vidal Orejuela, María Nelcy Vélez Velasco de 39 años, y Lina Marcela Betancourt Velasco de 24, esta última en estado de gestación.

En Miranda, ante los ojos de las mal llamadas autoridades los paramilitares que nos quieren meter en la cabeza que no existen, habían anunciado a través de panfletos la masacre, después de que ante la injusta detención de varios ciudadanos por la policía la comunidad arrebató a los policías a las personas capturadas.

Así, mientras se asesinaba una médica en el Putumayo se perpetró la masacre en Miranda y otro joven fue asesinado en Andalucia, Valle del Cauca, luego que se repartieran panfletos con amenazas en Municipios y Regiones altamente militarizadas y paramilitarizadas y el gobierno mafioso guarda cómplice silencio.

 

El gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela informó que tomó la decisión de declarar persona non grata al embajador de Alemania, Daniel Kriener, por los actos de injerencia en los asuntos internos del país y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el pais.

“Venezuela considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político, en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición”, dice parte del comunicado publicado en la cuenta Twitter del canciller Arreaza.

La misiva señala que las actividades de Kriener, no solamente contravienen normas de las relaciones diplomáticas, sino que “constituyen un acto de injerencia ilícita en los asuntos de la nación.