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Colombia

La empresa encargada del proyecto de reconstrucción de las islas tras el impacto del huracán Iota ha sido muy cuestionada por los escándalos a los que ha sido vinculada.

Persiste la molestia e indignación por parte de los habitantes de las islas de San Andrés y Providencia en contra del Gobierno Nacional, producto de la promesa incumplida sobre la reconstrucción de las islas tras lo sufrido por el impacto del Huracán Iota, asegurando en su momento que tardarían pocos meses en poder recuperar lo perdido y estabilizar a las familias damnificadas.

 

Ha sido tal la molestia de los isleños que, pese a las pocas vías en condiciones con las que cuentan, decidieron bloquearlas hasta que el gobierno del presidente Iván Duque haga presencia y los escuche, para explicar de manera detenida sus necesidades ante la situación crítica en la que se encuentran.

Sumado al descontento con la población en el proceso de reconstrucción, se conoció que una de las constructoras que hacen parte del proyecto es GRAMA, dirigida por el empresario Fernando Marín Valencia, está envuelta en varios escándalos por lavado de activos y está involucrada con varios políticos relacionados con casos de corrupción.

Cabe recordar que el empresario fue embajador en varios países durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. De la carrera de Valencia se recuerda la vez que un juez lo envió a casa por cárcel luego de aceptar que cometió el delito de soborno a testigo clave durante la investigación que se adelantaba en su contra por presunto lavado de activos durante el proceso abierto por el carrusel de la contratación en Bogotá.

 
Bloquean paso vehicular en Free Town por incumplimiento
A esta hora un grupo de habitantes del sector Free Town en la Isla de Providencia bloquean el paso vehicular, en protesta por los "constantes incumplimientos" a los que afirman han sido sometidos por parte de FINDETER en la reconstrucción de sus viviendas.
 
Lo anterior se derivó, según expresa en el video el habitante del sector, Terry Dibert Kelly, tras los fuertes aguaceros de la noche anterior con ráfagas de vientos que derribaron varias de las carpas donde pernoctan tras el paso del huracán IOTA el 16 de noviembre de 2020.
 
¿Qué dice el gobierno?
A propósito, Susana Correa, la Gerente General para la atención y reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconoció los visibles retrasos en las obras para dotar de viviendas a sus pobladores.
 
En reciente diálogo con La W, la funcionaria admitió que ha sido difícil la construcción de 1.134 viviendas, de las cuales se han terminado únicamente dos.
“El consorcio, compuesto por Marval, Amarilo y Constructora Bolívar, dice que a finales de junio nos tendrán 84, que siguen siendo muy poquitas. Sin embargo, porque nos hemos dado cuenta de que estos retrasos iban a seguir, cambiamos la tecnología y Findeter va a traer más contratistas”, advirtió la funcionaria.
La declaración de Correa se produjo tras el informe de la Contraloría que puso en la lupa en el desarrollo de la reconstrucción del archipiélago, devastado por el huracán Iota en 2020.
 
Según la Contraloría, es urgente adelantar los trabajos y tomar medidas que permitan enfrentar la nueva temporada de huracanes en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
 
Además, señaló que no se han cumplido las metas fijadas por el Gobierno. El organismo de control indicó que ya se inició la temporada de huracanes, que va hasta el 30 de noviembre, y se deben adoptar decisiones que permitan evitar una nueva emergencia.
 
Ante esto, Correa dijo que el Gobierno va a cumplir y señaló que, en cuanto a las 877 viviendas para reparación, ya hay 673 listas y 146 en ejecución, que deben terminarse en este mes.
 
Y, a propósito de la alerta por la llegada de la temporada de huracanes y tormentas tropicales, Correa aseguró que al 31 de julio habrá más de mil casas reparadas con todas las condiciones antihuracanes…
 
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El pasado 1 de julio arribo a Colombia el más alto funcionario de la inteligencia de Estados Unidos (CIA), William Burns, llegó a Colombia para participar en una misión “delicada” en materia de seguridad, como parte de la cooperación entre ambos países, dijo el mamarracho Francisco Santos quien oficiaba como embajador de la mafia colombiana en los Estados Unidos.

Prefiero no decirle es una misión delicada, una misión importante en materia de inteligencia que logramos coordinar”, respondió Santos al ser cuestionado sobre la misión por parte de medios de prensa.

El pasado 8 de julio se conoció sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, por un grupo de sicarios, la noticia sacudió al mundo ya que todos sabemos que los Estados Unidos tiene invadido ese país y que allí no se mueve una hoja sin la autorización de los Halcones de Muerte y que Moïse era un lacayo del imperio.

Horas después se conocía la detención de un grupo de asesinos de al menos 28 atacantes participaron en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise, informó hoy el director general de la policía nacional, Leon Charles. 26 colombianos y dos estadounidenses detrás del asesinato del presidente haitiano (policía).

Los 26 colombianos que hacían parte del comando criminal. Todos eran militares en retiro.

El ministro de guerra de la mafia colombiana, Diego Molano, confirmó en la noche del jueves 8 de julio, que militares retirados de ese descompuesto Ejército, entre suboficiales y soldados, estarían implicados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse .

Cuatro de los colombianos sospechosos de haber participado en el homicidio de Moise fueron identificados como Alejandro Giraldo Zapata, de 41 años; John Jairo Ramírez Gómez, de 40 años; Víctor Albeiro Piñera Cardona, de 40 años; y Manuel Antonio Groso Guarín de 40 años.

Este es Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los exmilitares colombianos del equipo de mercenarios que según autoridades de Haití habría asesinado al Presidente de ese país.

Pero la mala imagen de Colombia la generan los escritores.

Como una muestra de que Colombia esta manejada por criminales apoyados por el imperio, hay que resaltar que Manuel Antonio Grosso Guarín, es primo Rafael Guarín, consejero para la Seguridad Nacional del títere colocado por la mafia como presidente de Colombia Iván Duque.

Mauricio Grosso Guarín, de 41 años. Se conoció, llegó a Haití el 6 de junio de 2021, desde Punta Cana, en República Dominicana.

Francisco Eladio Uribe, exmilitar colombiano también detenido en Haití es investigado por falsos positivos o asesinato a sangre fría de hijos de pobres, razón por la cual tiene un proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y así y todo pudo salir del país sin ningún problema.

Si en Haití fueron detenido 28 criminales, es de suponer que en esa “una delicada misión de seguridad” participaron por lo menos 50 bandidos que se intuyen fueron preparados en Colombia por el ejército imperial que también tiene invadido a Colombia y la operación financiada por el imperio y algunos “hombres de bien” de Haití.

Hay una versión que dice que el presidente de Haití tenía una pelea a muerte con unas familias que manejan el negocio de la energía en ese país.

Como hoy muchos incautos se están sanado los sesos para adivinar quién está detrás del asesinato Jovenel Moïse, aquí les quiero dejar presente que el día 2 de julio, Francisco Santos, con la torpeza habitual en la mafia colombiana había delatado el hecho ya que, ante la llegada de William Burns, llegó a Colombia, el jefe de CIA, queriéndose mostrar como un servil adelantado dijo “una misión importante en materia de inteligencia que logramos coordinar”.

Algunos pensaron que sería otro ataque al gobierno Bolivariano de Venezuela, pero no era el asesinato de otro lacayo del imperio, como lo era Jovenel Moïse, que al parecer se estaba torciendo para lo cual el imperio utilizo a los asesinos del ejército colombiano.

Quizás ahora el mundo entienda mejor la tragedia que vive Colombia, sus guerras y masacres y su eterna militarización. Ahora se comprenderá mejor el odio del uirbismo al acuerdo de paz y su promesa de hacerla trizas.

No debe extrañar que por eso campesinos, estudiantes, sindicalistas, pueblos originarios, afros, que reclamen sus derechos; líderes políticos y sociales opositores, incluidos miles de ciudadanos (6042) en los llamados falsos positivos, hayan sido asesinados impunemente por ese ejercito disfrazándose de paramilitares con el apoyo del imperio.    

Es menester aprovechar la ocasión para denunciar y alertar a los pueblos de América, que el imperio a través de la mafia Colombia entrena criminales, disfrazados de policías para cerca de unos 50 países.      

El líder indígena y senador colombiano Feliciano Valencia resumió así el crimen así: “El presidente de Haití fue asesinado, pero antes "lo torturaron y las pruebas son que le partieron un brazo y un pie, luego recibió el impacto de 12 balas”: Mathias Pierre.

Esta es la barbarie que exporta Colombia.”                                                              

Treinta millones de pesos fueron recaudados por gente poderosa para atentar contra la vida del director de Canal 2

COLOMBIA| La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció este martes el plan sicarial de gente poderosa para asesinar al periodista y director de Canal 2 José Alberto Tejada, por denunciar las violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social en Colombia.

La alerta se activó, el pasado 30 de junio a las 7:30 pm cuando tres personas tomaron por la espalda a los tres voluntarios de protección civil de paz que protegen al periodista Tejada, y uno de ellos manifestó: “no se volteen, ni miren atrás, escuchen: cuiden al ‘Cucho’ (refiriéndose a José Alberto Tejada) están ofreciendo dinero para callarlo”.

Según Comisión Intereclesial los 30 millones de pesos se habrían recogido el pasado domingo 4 de julio a las 5.00 p.m. en un lugar cercano al barrio Mariano Ramos de la ciudad de Cali.

Con el dinero buscan pagar el hospedaje, alimentación y movilidad de al menos “dos jóvenes” para realizar el asesinato a Tejada.

El plan de sicariato contra Tejada habría iniciado hace tres semanas con la modalidad de seguimientos cuando realiza la labor periodística y familiar.

“Ayer, martes 6 de julio en horas de la mañana en dos ocasiones y en un lapso de tres horas se realizó una operación de inteligencia con seguimientos en motos y un vehículo blanco. Igualmente, en horas de la tarde desde una cafetería ubicada a 20 metros de la sede del Canal 2 una pareja realizó un trabajo de registros visuales”.

Este seguimiento, también se habría realizado el viernes 2 de julio entre las 3.00 p.m. y 5.00 p.m. con dos rondas sobre la sede de Canal2 cuando se realizaba una reunión del equipo de trabajo de comunicación y en otro salón de organismos humanitarios de derechos humanos con la misma modalidad de una operación de cuatro personas con vehículo blanco y una motocicleta.

De acuerdo a la fuente de La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, amenaza de muerte es porque el Canal 2 posibilita que la voz de los jóvenes de la Unidad de Resistencia de Cali, URC y otras expresiones de movimientos sociales y juveniles denuncien los planes criminales detrás de la represión policial.

COMUNICADO

Fuente: https://www.alcarajo.org/2021/07/08/comision-intereclesial-denuncia-el-plan-para-asesinar-al-periodista-jose-alberto-tejada-de-cali/
78 masacres (2021), 80 muertos (durante el paro nacional), 500 desaparecidos (durante el paro nacional) 1800 heridos (con pérdidas de ojos y otras partes del cuerpo)
 
Son las cifras que publica la resistencia en las paredes de Colombia, ya que los medios de comunicación no dicen la verdad.
 
Carlos Mondragon, un joven manifestante y rescatista de la #primeralínea me decía ; Amigo mi país vive una de las batallas mas heroicas de latinoamerica de este país solo se hablaba en el mundo era de narcotrafico, paracos y guerrillas y también de los HUEVONES de la Shakira y la GONORREA del Juanes, estamos mamados de las balas y de los que llaman GENTE DE BIEN.
 
Sonia Carvajal es una abogada y parte del equipo de defensores de los derechos humanos en las manifestaciones y me comento lo siguiente ; yo era apolítica como cualquier joven solo estaba pendiente de mi trabajo (labora en un banco privado) los viernes bailar salsa y regueton y llevarla normal, al inicio de las manifestaciones mi hermano ROBERTO lideraba un grupo de jóvenes en Calí, un día al salir de la manifestación unos MANES vestidos de civil lo secuestraron y hasta hoy no aparece, desde ese momento soy parte de la PRIMERA LINEA JURÍDICA y pidiéndole a Dios que mi hermano aparezca con vida y no tirado en un río.
 
Continúe en mi recorrido por las calles de la Colombia profunda a ritmo de vallenatos, Cumbias y salsa donde las consignas y pintas en las paredes acompañan el calor de la barricada, el humo, los sonidos de las detonaciones del fusil que apunta a manifestantes de la resistencia, donde las mujeres y hombres, abuelas y niños colaboran con el frente de guerra popular en contra de la barbarie paramilitar.
Como se ha venido denunciando en días anteriores mediante este medio y a través de denuncias públicas emitidas desde la Marcha Patriótica Córdoba el pasado 21 de junio de 2021, siendo aproximadamente las 2:30 pm, se repiten el escenario de vulneración de DDHH y DIH, y como se evidencia en videos tomados desde los mismos campesinos, miembros de las fuerzas armadas realizan detención arbitraria y empadronamiento al líder campesino y presidente de la JAC vereda el limón Cesar Amaury Fernández quien acompañaba una comisión humanitaria que se dirigía a la vereda el limón en compañía de la Defensoría Del Pueblo
 
La misión humanitaria Fue interceptada por una lancha en la que presuntamente se movilizaban miembros de la Infantería de Marina y del Ejercito Nacional, comandados al parecer por un presunto "cabo segundo mercado", quien de manera insistente y por más de 4 veces exige al líder Cesar Amaury Fernández que le entregue la cedula de ciudadanía y le toman fotos a esta, los militares no portaban identificación en ningún momento

La concejala Ana Erazo Ruiz, en un debate en el concejo municipal de Cali, sobre la participación de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali en el paro, denunció que el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, hijo del guerrillero Iván Marino Ospina, quien fue asesinado en Cali en 1985 por el ejército al servicio de la mafia que controla el poder en Colombia, dedico más dinero para sostener a los degenerados policías que asesinan colombianos que a los mismos jóvenes.

Ana Erazo comentó: “Lamentamos que el gasto de la secretaría de @seguridadcali en el marco del Paro Nacional sea de más 1.500 millones para alimentación y combustible de la Policía. Mientras que el presupuesto para apoyo a nuestros jóvenes sea de tan solo 100 millones. Se sigue priorizando la guerra por encima de la inversión social y los diálogos”.

Jorge Iván Ospina ha tratado de mostrarse como consecuente con los jóvenes que lo han rechazado varias veces, pero al fondo era cómplice con los asesinos del pueblo, los mismos que asesinaron a su padre.

El candidato vacunal contra el COVID-19 Abdala, elaborado por Cuba, tiene una eficacia de más del 92%, informó el lunes BioCubaFarma, el laboratorio que desarrolló el que está cerca de convertirse en el primer inmunizante contra el coronavirus creado en América Latina.

"Abdala candidato vacunal del CIGB Cuba, muestra una eficacia del 92,28%, en su esquema de 3 dosis", indicó el laboratorio en un mensaje de Twitter.

El anuncio llega sólo dos días después de que las autoridades científicas anunciaran que Soberana 02, el otro candidato vacunal de Cuba que también terminó sus tres fases de ensayos alcanzó una eficacia del 62% con dos dosis, de las tres que contemplan los inmunizantes desarrollados en la isla.

Por: Juan Fernando Ramírez Arango.

Hoy se cumplen 38 años de la noticia que acompaña este post, publicada por El Mundo el 15 de junio de 1983, bajo el título “Muerto Alberto Uribe Sierra”. Quien, a continuación, sería identificado así: “Hacendado y ganadero, padre del exalcalde de Medellín Álvaro Uribe Vélez”.

¿Cómo ocurrieron los hechos? Como escribiría dos días después El Colombiano, “Sobre el asesinato de Uribe Sierra se han presentado algunas versiones contradictorias”, por ejemplo, la hora de su muerte: según El Mundo, a las 11:30 AM. Según El Colombiano, a las 3:30 PM. Y, según El Tiempo, a las 4:15 PM. Periódicos que tampoco se pondrían de acuerdo en la hora a la que había arribado Uribe Sierra a su finca, la Hacienda Guacharacas, ubicada entre Cisneros y Maceo: para El Mundo y El Colombiano en la mañana, y para El Tiempo a las 4 PM, o sea quince minutos antes de ser borrado del mapa en esa versión capitalina del asunto.  

En cualquier caso, Uribe Sierra arribaría a Guacharacas en un helicóptero de su propiedad, un Hughes 500, “de color azul”, piloteado por el capitán Bernardo Rivera. Junto a ellos iban dos hijos del finado: Santiago y María Isabel Uribe, a quien El Colombiano erróneamente denominaría Maritza. A Santiago, de 24 años, tecnólogo agropecuario, ese periódico le atribuiría la administración del lugar.

Lugar al que, minutos antes de las 11:30 AM, o de las 3:30 PM, o de las 4:15 PM, ingresaría un grupo de hombres armados: “18 guerrilleros de las FARC”, según El Mundo. Y catorce menos para El Colombiano, esto es: “Cuatro hombres jóvenes que resultaron pertenecer al Cuarto Frente de las FARC”.

Sea como fuere, no bien vieron a los invasores, María Isabel y dos trabajadores saldrían corriendo hacia la casa principal de Guacharacas, adonde estaba Santiago, quedándose afuera Alberto Uribe Sierra y “una empleada del servicio doméstico llamada Fabiola Castaño”.

Uno de los dos trabajadores, de nombre de pila Jimmy, le relataría la siguiente secuencia de la película a El Colombiano, que la redactaría así: “El hacendado esgrimió su pistola de uso personal, apuntó a los insurgentes y sin vacilar disparó, pero no hizo blanco. Entonces dizque uno de los sediciosos le manifestó: ‘Don Alberto, no lo queremos matar. Solamente queremos hablar con usted’. Hubo más disparos y fue cuando los sujetos accionaron sus armas copiosamente contra el hacendado, quien cayó al piso mortalmente herido”. Versión distinta a la sostenida por El Mundo y El Tiempo, que escribirían que Uribe Sierra disparó para evitar que lo secuestraran, antes de recibir dos balazos, uno en la cabeza y otro en el pecho.

En ese momento, Santiago Uribe saldría corriendo hacia la carretera a pedir ayuda, pero “los guerrilleros le dispararon y le incrustaron un proyectil en un pulmón”. Versión de El Colombiano que no encaja con la de su extinto rival de plaza, El Mundo, que afirmaría que Santiago había sido secuestrado y dirigido a la zona montañosa del sector: “Sin embargo, en un acto de arrojo, se lanzó a las aguas del río Nus. En la huida recibió un balazo, que le perforó el pulmón derecho. Herido ganó la carretera y en un camión anduvo un tramo hasta cuando se pasó a un vehículo más pequeño, de un agente viajero, quien lo llevó al hospital San Rafael de Yolombó”. Hospital en el que recibiría los primeros auxilios pasadas las 5 PM, de parte del médico Jairo Castañeda.

¿Qué pasó después? Según El Colombiano, tanto Uribe Sierra como su hijo Santiago fueron llevados a Cisneros, desde donde serían trasladados a Medellín en una ambulancia. Pero, según El Mundo, había ocurrido lo siguiente: “Desde Medellín había salido a las 6:45 un moderno helicóptero, de propiedad de Pablo Escobar, al mando de Jaime Sandoval, con el propósito de traer de urgencia a Santiago a esta ciudad, para ser internado en una clínica. El permiso especial fue otorgado por la Aerocivil, a petición del ex director de esa dependencia y ex alcalde de Medellín, Álvaro Uribe Vélez, por tratarse de un caso de urgencia y porque el aparato está equipado con sofisticados equipos electrónicos y radar”. Sin embargo, el moderno helicóptero prestado por Pablo Escobar a Álvaro Uribe Vélez no podría aterrizar en Yolombó, debido al mal tiempo, razón por la cual Santiago sería llevado en una ambulancia hasta Cisneros, donde le practicarían una transfusión de sangre, y luego, pasada la medianoche, continuaría su “largo viacrucis hacia Medellín”, cuidad a la que esperaban llegar a las tres de la madrugada.

Posdata 1: ¿Qué pasó con el helicóptero de Alberto Uribe Sierra, el Hughes 500, “de color azul”? Esto escribiría la prensa a la sazón: El Tiempo: “Los guerrilleros de las FARC dinamitaron el helicóptero”. El Mundo: “Ametrallaron y dejaron completamente inservible al helicóptero que estaba valorado en 20 millones de pesos”. Y El Colombiano: “Pidieron gasolina para prenderlo, pero no había. Entonces destruyeron los circuitos del equipo de radio y por último le hicieron sendas descargas de metralleta, dejándolo prácticamente inservible”. No obstante, nueve meses después, el 7 de marzo de 1984, cuando las autoridades allanaron Tranquilandia, sí, el gigantesco complejo de 19 laboratorios para el procesamiento de cocaína ubicado en plena selva del Caquetá, encontrarían ese helicóptero allí, cuya matrícula era HK 2704 X.

Posdata 2: ¿Cómo fue a parar allá? Según un artículo publicado por El Tiempo el 21 de abril de 2002, bajo el título “Uribe responde a las incógnitas”, esto respondería el entonces candidato a la presidencia: “Mi padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando la guerrilla lo asesinó, ese helicóptero quedó medio destruido y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió de los restos de ese helicóptero. Mi familia no lo tuvo en su poder. Eso lo hizo mi hermano Jaime y todos confiábamos en él, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta... Después, la Policía decomisó ese helicóptero u otro con los mismos números”.

Posdata 3: Sin embargo, La Nueva Prensa, en un artículo publicado el 26 de enero de 2020, bajo el título “De Tranquilandia, helicópteros y otros demonios”, desmentiría la anterior respuesta de Álvaro Uribe: “El trámite de los derechos herenciales de Alberto Uribe Sierra relacionados con su participación en la sociedad Aerofotos Amortegui & Cia Ltda, se realizó en junio de 1984, dos meses después del operativo en Tranquilandia, o sea que, al momento de la incautación, el helicóptero era de los Uribe”. Helicóptero que, increíblemente, seguiría volando dos años más, como demuestra este aparte publicado por El Colombiano el 1 de mayo de 1986: “El helicóptero de matrícula HK 2704 X cayó con cocaína en un céntrico sector de Medellín”.

Posdata 4: La muerte de Alberto Uribe Sierra estaría muy presente en la sección de avisos fúnebres de la prensa. Uno de los tantos avisos fúnebres sería pagado por Medellín sin Tugurios: “La junta directiva y empleados de Medellín sin Tugurios lamentan la muerte del señor Alberto Uribe Sierra, ocurrida el pasado 14 de junio de 1983”. Medellín sin Tugurios que sería descrito así en el libro Los jinetes de la cocaína, publicado en 1987: “Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Uribe Vélez, y que consistió; según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar”.

PIEDAD CÓRDOBA RUIZ

Como en 1948 el régimen político colombiano ante el desborde de un estallido social que aspira romper con la exclusión, acude a la recomposición y fortalecimiento del denominado “bloque de poder contrainsurgente” y a la expansión descarada del mercenarismo corporativo con viejas y nuevas formas, legales e ilegales de paramilitarismo. Retomo estos conceptos de la profesora Vilma Franco y de su texto “Orden Contrainsurgente y Dominación” porque los considero de gran valía y pertinencia para analizar la recurrencia del Estado colombiano en su guerra contra el pueblo. Se trata de dispositivos que se transforman pero conservan su función de buscar impedir el cambio social y político, y que han sido perennes a través de la historia nacional.

Como en la sentencia de Hegel, estamos repitiendo nuestra historia. La “gente de bien” que dispara en Cali, me recuerda a los “civiles” que mataron a machete a Uribe Uribe en plena esquina del Capitolio Nacional. Ayer como hoy, el Estado niega su responsabilidad directa cuando a todas luces promueve con su discurso y políticas la violencia contrainsurgente desde la sociedad civil. La perorata de “los vándalos”, los infiltrados y el terrorismo de baja intensidad, no es otra cosa que un remozamiento del concepto del “enemigo interno” propio de la doctrina de seguridad nacional, que declara como hostil cualquier expresión de inconformismo social y legitima su tratamiento de guerra. En este país con una derecha de referentes ideológicos a la derecha del franquismo, vale recordar que detrás de la reciente exteriorización del paramilitarismo urbano contra las protestas y la poco cabal iniciativa legislativa para armar la ciudadanía -mientras continua el genocidio a cuenta gotas del paramilitarismo en los territorios-, está la larga tradición de violencia política reaccionaria colombiana que no solo ha sido experiencia piloto para estrategias de guerra intervencionista, sino que incluso las ha precedido en algunas ocasiones.

Es hora de romper con la “leyenda rosa” sobre la violencia política en el país. El paramilitarismo en Colombia no es producto del accionar de la insurgencia armada, ni el conflicto armado es engendrado por el narcotráfico. Los “paracos” colombianos no surgen en los años ochentas ni son creatura de los Castaño Gil. Tras un siglo de guerras civiles y cerca de 30 años de relativa paz, ante el irresuelto problema de la tierra y la irrupción del gaitanismo como movimiento popular que permitía el ingreso masivo a la política de sectores excluidos, se recurre no solo a la excedida violencia oficial, con la partidización del conjunto de la Fuerza Pública, sino que ante el desborde de la resistencia popular, prontamente se acude a complementar la represión estatal con el apoyo de “civiles” que quedan integrados al orden contrainsurgente. La incorporación masiva a funciones de policía política de habitantes de la vereda de Chulavita y otros poblados, reclutados por el gobernador de Boyacá, José María Villarreal y su hermano gamonal conservador de la provincia de Norte de este departamento, fue esencial para sofocar el Bogotazo e iniciar la cacería del “millón de cédulas falsas” que señalara Laureano Gómez desde el periódico El Siglo. Tras más de 150 mil muertos a manos de las partidas chulavitas -primer grupo paramilitar en Colombia- y después de más de 7 décadas de sus crímenes, aun ni el Partido Conservador ni el Estado han pedido perdón a sus víctimas por estos cruentos años.

Camuflados en las acciones ilegales de los grupos paramilitares legales y de la tenebroso POPOL estatal (Policía Política) surgieron por todo el país bandas privadas que cumplían la misma función contrainsurgente de aplastar violentamente la rebelión gaitanista. Del linajudo y prestante León María Lozano, “El Cóndor” de Tuluá -gente de bien-, al bandolero Efraín González, pulularon por todo el país “pájaros”, “contrachusmeros”, “planchadores”, “penca ancha” y “guerrillas de paz”, así como hoy campean Rastrojos, Urabeños, Caparros, o “reservas activas” y “gente de bien” convocadas desde políticos del partido de gobierno. Luego del acuerdo del Frente Nacional aparecieron los “bandoleros limpios” para continuar con el accionar paramilitar ya no solo contra el campesinado liberal, sino contra excombatientes comunistas que iniciaban su reincorporación, generando el rearme de estos últimos después de 1960. Y hasta acá no había ni narcotráfico, ni guerrillas comunistas en Colombia, ni Revolución Cubana, ni en estricto sentido Doctrina de Seguridad Nacional. En términos del gran historiador Eric Hobsbawm, el periodo de “La Violencia” fue una gran y sangrienta contra-revolución preventiva.

De este primer gran ejercicio paramilitar quedan rasgos que serán retomados por las reediciones de este fenómeno criminal: primero, la plena aquiescencia de la fuerza pública, a través de la articulación directa y apoyo logístico del Ejército nacional y las policías regionales que apenas se distinguían de la Chulavita, o el silencio cómplice hacia Los Pájaros, como bien lo puede ejemplificar que el complaciente Comandante de la III Brigada en el Valle del Cauca en tiempos de El Cóndor, General Gustavo Rojas Pinilla, fuese el escogido para el golpe militar de 1953. En segundo lugar, la violencia paramilitar de los 50 acudirá al sadismo y la tortura para infundir terror en la población. La tristemente célebre imagen de los paramilitares conservadores jugando futbol con la cabeza de un campesino en 1952, se repetirá en Urabá en años de las AUC, y los “cortes” a los cuerpos o los cadáveres inundando el río Cauca han resurgido en medio del actual Paro Nacional de 2021. En tercer lugar, esta sevicia paramilitar solo se puede explicar con un discurso de odio que la sustente. El paramilitarismo como expresión fascista no es solo una práctica armada, sino una concepción ideológica del mundo que la impulsa. Solo diré que el mito del Basilísco de Laureano Gómez y las homilías de Monseñor Builes sobre la “ramera de Babilonia”, -ambos contra el liberalismo y el comunismo- formaban parte del twitter y el Facebook de la época que de fondo justificaban el genocidio en curso y la acción violenta de la “gente de bien” contra la chusma y los impíos.

Esta tradición paramilitar no fue eliminada por el pacto bipartidista del Frente Nacional, sino legalizada y reorientada, reforzada por la recién importada teoría del enemigo del enemigo interno desde las academias militares norteamericanas. En 1962 llega la misión militar en cabeza del Gral W. Yarborough quien presenta el ramillete completo de técnicas de la denominada contención. Junto a aspectos relacionados con el adiestramiento militar bajo la tutela norteamericana, el uso de técnicas de tortura para los interrogatorios resalta del informe Yarborough la creación de fuerzas paramilitares para el desarrollo de guerra irregular, también con el entrenamiento norteamericano. Los sucesivos gobiernos frentenacionalistas crean las llamadas “autodefensas civiles” con los Decretos 3398 de 1965, 1667 de 1966 y la Resolución 005 del Mindefensa de 1969[1], todas estas medidas bajo el amparo del estado de sitio permanente, propio de la “democracia más antigua de América. Así pues que esta nueva legalización paramilitar se da en años donde nadie catalogaba a las nacientes y débiles guerrillas de izquierda como amenaza para la seguridad nacional, y cuando el ingreso al mercado transnacional del narcotráfico apenas se atisbaba como fenómeno regional en la Alta Guajira. Ni Valencia ni Lleras asumieron nunca su responsabilidad política por la privatización del uso de la fuerza en nuestro territorio y sus terribles consecuencias posteriores.

La historia más reciente es más referenciada por todos y todas, aunque no por ello menos reconocida. La irrupción de los carteles de la droga al bloque de poder y su funcionalización del paramilitarismo legal e ilegal, pero cabalgando sobre la práctica sistemática y el guiño del Estado colombiano. La potenciación del proyecto fascista y el fracaso en su apuesta de resolución militar del conflicto social armado. La plena subordinación estratégica de nuestra Fuerza Pública al Pentágono y sus doctrinas de seguridad hemisférica. Para llegar a la actual crisis, donde se permite disparar en Cali y arrollar manifestantes en Bogotá, porque el Gobierno define al Paro Nacional como enemigo interno que requiere tratamiento de guerra. Sin desmonte de la ideología de seguridad Estado colombiano no habrá ni fin del paramilitarismo ni paz, por más cambios de uniforme que se concesionen. Duque como comandante supremo de las FFMM es responsable por acción y por omisión de la masacre en curso en el Paro Nacional, y por este resurgimiento de la Chulavita en pleno siglo XXI. Pero no va a hacer nada, porque el mismo es un chulavita -de camándula y de periódico-, y porque le teme a la chulavita –a la del corte corbata-.

[1] La Resolución reza así: “Organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja de la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate” creando las Juntas de Autodefensas, definida ésta como: “Una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de las zonas de combate, que se entrena y equipa, para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que aparecen en el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate”