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Colombia

Por: Gearóid Ó Loingsigh

En junio 2017 estalló una bomba dentro de un baño público en el centro comercial Andino en el norte de Bogotá, matando a tres personas.  El atentado era chocante, traía a mente otros momentos de violencia contra instalaciones civiles.  El repudio era natural, y el Estado aprovechó ese repudio para demostrar resultados “rápidos y eficaces”, mientras ante el horror de los hechos la gente y las organizaciones de derechos humanos miraban por el otro lado.  Aceptaron que los detenidos eran culpables y como tal decidieron ignorar no solo la presunción de inocencia sino toda una serie de violaciones al debido proceso y amenazas contra los abogados que algunos ingenuos creían ya eran del pasado.  El proceso contra los sindicados, debe preocuparnos a todos, tiene todos los elementos que antes provocaba la ira, la preocupación y la consternación de organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y un sin fin de organizaciones colombianas que dicen dedicarse a la defensa de presos políticos y la defensa de los derechos humanos.

El entonces, presidente, Juan Manuel Santos declaró el día después del atentado que “no vamos a descansar hasta capturar a los responsables, y los vamos a capturar y llevar ante la justicia”[1] y no era la mera retórica de siempre luego de un atentado.  Además ordenó abrir el centro comercial al público, una medida que viola y altera la escena de un crimen atroz.  Iban a capturar a una gente que sería acusada de ser los responsables, conservar la escena del crimen solo tiene importancia si lo que le preocupa a uno es capturar a los verdaderos responsables.  Eso era lo de menos, lo importante era capturar a alguien y Santos ofreció $100 millones en recompensa por información sobre los responsables.[2]  El 24 de junio, se produjeron las detenciones de las personas hoy detenidas y vinculadas al proceso penal.

Su detención era un hecho anunciado.  En menos de 24 horas luego del atentado El Tiempo afirmó lo siguiente:

“La primera hipótesis que se manejaba este sábado en fuentes del Gobierno y de inteligencia era que el atentado pudo haber sido cometido por el denominado Movimiento Revolucionario Popular (MRP).

Este un grupo que ha venido haciendo presencia en Bogotá desde hace poco tiempo con actos terroristas.
 En agosto del año pasado, por ejemplo, se atribuyó algunos petardos colocados contra instalaciones de Cafesalud.

La inteligencia ha conocido de algunos nexos de este grupo con miembros del Eln y con extremistas que se mueven dentro de las universidades públicas.”[3]

Llama la atención que demoran el mismo tiempo en identificar al grupo responsable y la procedencia estudiantil de los autores, tan rápido, como pudieron identificar a las tres muertas y ocho heridos.  Efectivamente, todos aquellos detenidos el 24 de junio eran o fueron estudiantes recién egresados de universidades públicas.  En la rueda de prensa, como se suele hacer en Colombia, se saltó las normas de presunción de inocencia y además de la responsabilidad de cada funcionario.  En ningún momento cae de los labios de corruptos como el Fiscal General Martínez, palabras como creemos, confiamos, tenemos razones por… sino son culpables. El general Jorge Hernando Nieto de la Policía Nacional, funcionario que no tiene ninguna función judicial en el proceso declaró que “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp)”[4] y desde la Alcaldía, el Secretario de Seguridad también dijo que “‘este resultado operacional en tiempo récord es muestra de trabajo articulado” de la Policía, la Fiscalía y los gobiernos nacional y distrital.”[5]  Tampoco tiene funciones judiciales, aunque no fue la primera vez que la Alcaldía se pronunciara así sobre atentados.  En el gobierno de Gustavo Petro, su Secretaria de Gobierno, Gloria Flórez hizo declaraciones parecidas sobre un grupo de estudiantes y egresados de universidades públicas detenidos en 2015 por unos atentados en la ciudad de Bogotá.  Flórez no sólo aceptó que los contratistas de la Alcaldía eran infiltrados de la insurgencia sino declaró con regocijo que su captura…

“…es una muy buena noticia para Bogotá, que muestra la capacidad y los resultados operacionales, pero también de inteligencia y de investigación judicial, que le da un parte de tranquilidad a la ciudad y al país con relación a la coordinación entre el distrito y los entes nacionales.”[6]

No sólo eso, Flórez no pudo contenerse ante los medios y fue efusiva en afirmar que:

“Tras los sucesos de la semana pasada hicimos un Consejo de seguridad de inmediato y al otro día se realizó el Consejo Nacional de Seguridad, donde se acordó fortalecer las acciones de inteligencia valorando hipótesis con mayores probabilidades de los hechos que tenían relación con el Ejército de Liberación Nacional, se dieron instrucciones precisas para avances inmediatos de operaciones de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación que hoy dan como resultado estas capturas…

Deben ser recibidas por la ciudadanía como una respuesta oportuna e inmediata de las entidades del Estado que estamos trabajando de manera coordinada, mancomunada por la seguridad de los ciudadanos. Estas son 14 capturas que se hicieron en distintas localidades de la ciudad donde se han capturado personas vinculadas con la universidad Nacional, Pedagógica y las 3 relacionadas con el Distrito.”[7]

Valga recordar que la funcionaria intentó unos días después dar marcha atrás a medias y que el general encargado del operativo, Guatibonza luego fue detenido y sindicado de

“…concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado, interceptación de datos informáticos agravado, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales agravado…”[8]

Es con semejante clase de persona que Flórez colaboraba.  Con eso, lo que se pretende decir es que las irregularidades en el Caso Andino, no son un problema de determinados funcionarios, son estructurales, institucionales y políticos.  Lo que vemos en este caso lo hemos visto muchas veces en otros casos.  No es nuevo, lo que es nuevo es el silencio de las organizaciones de derechos humanos y la la izquierda legal frente al caso.  La Fiscalía colombiana es una institución altamente politizada donde las apariencias son más importantes que las realidades, es más importante mostrar resultados, que tener resultados reales.  Un artículo reciente de El Tiempo señaló que la Fiscalía pierde seis de cada diez casos que presenta.

…la mayoría de casos terminaron en el congelador, con un 74,2 % de procesos que fueron archivados. Además, de los 18.467 casos que llegaron a un juicio, el 57 % terminó en una absolución, es decir, la Fiscalía perdió casi 6 de cada 10 casos.

Solo en el 43 % de los procesos hubo condenas, de las cuales casi la mitad (48 %) se lograron por negociaciones o acuerdos.[9]

Es un resultado pobre para la Fiscalía, demuestra una falta de preparación de los funcionarios, son ineptos e incompetentes, dedicados no a encontrar culpables sino a cumplir con metas, caiga quien caiga, sean inocentes o no.  Como explican en el mismo artículo:

“Para Julio Sampedro, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, estos resultados muestran que hay una falencia en la investigación, y añadió que en un proceso penal, la Fiscalía debe llenarse de razones para ganar los casos, “si la Fiscalía presenta una acusación y no gana, es un fracaso, la Fiscalía actúa como abogado de la sociedad”.

Para Sampedro, la razón detrás del alto número de absoluciones es que el ente acusador se ha dedicado a mostrar resultados en capturas y privaciones de libertad antes de realizar una investigación que le permita ganar un juicio.

En el mismo sentido opinó el penalista Camilo Burbano, quien indicó que por la forma en que hoy el ente acusador califica a sus fiscales, exigiéndoles una cantidad fija de resultados, “los fiscales están más preocupados por tener que cumplir una cantidad de imputaciones que por hacer procesos consistentes y armados de manera adecuada”.[10]

Si la Fiscalía actúa así en casos comunes, de hurto de celulares etc., ya pueden imaginar su poca capacidad en casos tan emotivos como el Caso Andino.  Si hay que mostrar resultados con un hurto callejero más afán tendría en demostrar resultados en casos como este.  Cualquier persona conocedora del sistema judicial colombiano y el tratamiento que reciben los presos políticos sabrá que esto es pan de cada día y existe desde tiempo atrás.  La gran diferencia es que antes podíamos confiar en que las organizaciones de derechos humanos se preocuparan por el caso.  Pero por lo general lo han ignorado.  En el contexto del mal llamado posconflicto luego del acuerdo firmado con las FARC, estos grupos de derechos humanos no quieren tocar para nada casos como este, y no es por que el atentado cometido sea particularmente sangriento, sino no quieren asumir casos del conflicto armado.  El Estado y sus instituciones y funcionarios saben que a la hora de hacer un montaje judicial sólo tienen que dejar bien salpicados de sangre a los sindicados, pues los quiere bien sucios y las ONG de derechos humanos quieren a sus presos políticos bien limpios, no sólo que no tengan sus manos manchadas de sangre, sino que el Estado les haga el favorcito de no acusarles de delitos de sangre.  Para silenciar a esas ONG el Estado sólo tiene que acusar a alguien de un delito de sangre, por absurdo que sea y pocas pruebas que tenga en su contra.  Como si fueran monjas católicas colombianas les gusta el lema que es más importante aparentar que ser.

La organización MRP emitió un comunicado negando la militancia de los detenidos y negando su participación en los hechos.  No sería la primera vez en la historia que una organización negara su responsabilidad en hechos viles, práctica común en las FARC, por ejemplo. También muchas veces aceptan su responsabilidad y lamentan lo sucedido, como la muerte de civiles.  Tampoco sería la primera vez en Colombia que se hiciera operaciones de bandera falsa.  Todos recordamos que la campaña electoral de Uribe en 2002 se hizo a punto de falsos atentados que subieron la popularidad del entonces candidato presidencial.  También en su presidencia militares colombianos hicieron auto-atentados en la ciudad de Bogotá como fue el atentado contra el centro comercial Caracas en el sur de Bogotá.  En un caso la Fiscalía terminó vinculando a dos militares en 2006.[11]  No hicieron un atentado, sino varios, como explicó Caracol en 2008, luego de la destitución de los militares.

Los hechos ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006, antes y después de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, concretándose en cinco situaciones: La ubicación de un carro bomba en el Barrio Gaitán que explotó causando heridas a varios militares y la muerte a un particular, colocación de un carro bomba en el Centro Comercial Caracas, ubicación de material explosivo cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrios Danubio y La Fiscala, e intento de colocar un automotor con explosivos en el Centro Comercial Gran San.[12]

El atentado contra el Centro Comercial Andino huele igual.  Tiene varios elementos de operación de bandera falsa, incluyendo la prontitud con que ubicaron y detuvieron a los supuestos responsables y el hecho que ese día era el día de la entrega final de armas de las FARC y que el Centro Democrático aprovechó la ocasión para afirmar que se había entregado el país a las FARC.

Desde el primer momento violaron el debido proceso, la legislación, la cadena de custodia de supuestas pruebas etc.  En los días después de las detenciones, filtraron a los medios las supuestas pruebas en contra de ellos, desde mapas supuestamente encontrados en su poder o en sus casas, videos y computadores etc.,.  Las supuestas pruebas electrónicas en su contra no sólo carecen de validez por la forma en que se filtran a la prensa sino también por el manejo que se dio a ellas.  En el caso de las pruebas electrónicas se debe hacer una copia de cada aparato, bien sea USB, disco duro externo, archivo de video o el mismo computador.  Se trabaja sobre la copia, no el aparato original y la copia debe ser una copia exacta de cada aparato, no se puede mezclar documentos etc., de varios aparatos electrónicos en un solo disco sin posibilidad de distinguir entre uno y lo otro.  Esto es un punto básico de criminalística electrónica, pero los incompetentes de la Fiscalía ni siquiera pudieron cumplir con eso.  Valga señalar que fabricar un USB que mancha a uno es relativamente fácil y no requiere mayor destreza.  Frente a este punto, de los aparatos electrónicos uno de los detenidos señaló en entrevista con Contagio Radio que:

“A mi particularmente, no me quitaron ni computadores ni USB, es decir, ningún elemento de almacenamiento electrónico, sin embargo, la Fiscalía sustenta que a mi me quitaron 2 computadores y varias USB que no sabemos de dónde salieron porque como le digo, en muchos casos las actas de allanamiento ni siquiera se las dejaron leer a las personas que estaban presentes, en muchos casos las actas de allanamiento ni siquiera se elaboraron en los lugares de los hechos y en otro casos no había nadie en las casas que pudiera verificar el procedimiento.”[13]

Además del engañoso manejo de supuestas pruebas, la Fiscalía argumenta la transversalidad de la pruebas, es decir, lo que se encuentra en la casa o sobre la persona de uno, se puede usar en contra de otro, aun en el caso que la prueba fue desestimada en primer lugar.  Pero en este caso no sólo se ve el manejo torpe, poco profesional e ilegal de las supuestas pruebas, el Estado pretende lograr una condena mediante la intimidación de los familiares y los abogados defensores.

En junio 2018, casi un año después de las detenciones, los familiares de los presos hicieron pública una denuncia por los seguimientos y hostigamientos que estaban sometidos por parte de los organismos de inteligencia del Estado.  Explicaron en su carta pública que no les quedó más remedio que hacer la denuncia públicamente pues los organismos del Estado a donde deberían poner la denuncia son los mismos que los persiguen.  No tienen amparo.  Algo parecido pasa con los abogados.  A los abogados les han hecho seguimientos, robaron información de sus oficinas, robaron computadores de varios de los abogados.  El Estado pretende impedir el derecho a la defensa para que cuando salgan con la condena, no habrá quien públicamente discrepe con el fallo.  Estas clases de prácticas no son nuevas y en el pasado merecían la solidaridad de todas las organizaciones de derechos humanos.  Por ejemplo, en 2001, para conmemorar el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, Amnistía Internacional lanzó una acción internacional de solidaridad en que pedía a la gente escribir al gobierno de Pastrana para expresar su

…preocupación debido a que muchos otros abogados defensores de los derechos humanos continúan siendo hostigados y amenazados y que muchos se han visto obligados a exiliarse por temor a perder la vida a causa de su labor… señalando que las medidas de protección individuales, como los guardaespaldas y los chalecos antibalas, no bastan para disuadir a los perpetradores de que actúen contra los miembros de las organizaciones de derechos humanos, y subrayando que sólo serán efectivos los esfuerzos de protección que establezcan como prioridad la investigación tanto de las muertes ocurridas como de las amenazas y hostigamientos, dentro de un programa general de prevención de nuevos ataques.[14]

Sin embargo, en este caso la protección a los abogados no parece ser prioridad para esas organizaciones.  Como en los viejos tiempos funcionarios de la Fiscalía han insinuado que los abogados de la defensa tenían vínculos con el ELN, sabiendo que en Colombia ser acusado de nexos con la guerrilla es como llevar una lápida encima o en el mejor de los casos, un proceso abierto por la misma Fiscalía en contra de uno.  Nada de eso ha valido la intervención de los supuestos adalides de la defensa de los derechos humanos.

En Colombia si un proceso no avanza ni supera ciertas etapas en lapsos de tiempo estipulados, los procesados tienen derecho a la libertad, el llamado vencimiento de términos.  No quiere decir que el imputado no siga vinculado al proceso, ni que sea inocente, ni nada por el estilo, simplemente se pone en libertad pues por las demoras ya no se puede justificar la medida de aseguramiento intramuros.  Es común, tanto que en 2019, 5.088 personas recuperaron su libertad por esa vía, incluyendo al general Guatibonza.[15]  Los detenidos del Caso Andino también tenían derecho a la libertad por la misma razón, pero no se les concedió.  En agosto 2018, vencidos los términos, algunos detenidos fueron liberados brevemente, otros ni siquiera eso, y detenidos de nuevo e imputados por los mismos hechos con una leve variación en los cargos.  Es improcedente, pues los cargos realmente no son nuevos, y nos recuerda a las viejas prácticas de mantener alguien encarcelado bajo un cargo, para luego después de varios años de prisión retirar los cargos para imputarle nuevos delitos, o la costumbre de esperar hasta que alguien esté llegando al final de su condena y presentar nuevos cargos al último momento para prolongar su detención de forma arbitraria.  Esas viejas prácticas siempre fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, entidades internacionales, pero en el Caso Andino, todos hicieron la vista gorda.

En el proceso aparecen testigos falsos, violación de las normas, producen enseguida retratos de los sospechosos que coinciden con algunos de los eventualmente detenidos pero no con las descripciones dadas por los testigos, filtración a la prensa y manipulación de supuestas pruebas.  Se salta toda norma jurídica y está claro que a juicio de la Fiscalía hay que condenarlos pues se requieren culpables que no sean de las fuerzas militares del Estado o del Centro Democrático.  Tanto que dos años después del atentado, El Espectador lamentó la falta de una condena en el caso.  Uno de los presos, Boris Rojas, les respondió.

“El editorial de El Espectador bien lo subraya, pero a la vez parece quejarse o por lo menos preocuparse de que “los procesos contra los capturados por la Fiscalía siguen sin dar la primera condena”. La pregunta necesaria es: ¿la acción rápida y eficaz de la justicia hace obligatoria una condena?

No es dable en pos de la celeridad y la eficiencia pasar por encima de principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la responsabilidad penal individual, el pro homine, la búsqueda de la justicia y la verdad que merece toda la sociedad colombiana, en este y en otros casos.”[16]

Y señala que dos personas imputadas por cargos relacionados con el MRP, Stiven Buitrago y Mateo Gutiérrez fueron absueltos luego de pasar 12 meses y 21 meses presos, respectivamente.

Aun así, este caso no amerita la atención de los organizaciones de defensa de los derechos humanos.  Se quedaron callados, es el fin de la defensa de derechos humanos, de los presos políticos.  Petro, por ejemplo, nunca respondió a la carta dirigida a él por los presos.  Ni lo va a hacer.  De aquí en adelante todo sindicado tiene que ser acusado de delito bonito para merecer la ayuda de esas organizaciones y personajes, todo sindicado tiene que tener un discurso conciliatorio ante el Estado, el capitalismo y la injusticia.  Los revoltosos, bien sean armados, desarmados, a favor o en contra de la violencia, no aplican.  Quieren casos de sumisos no más, acusados de lo más bonito.  Desafortunadamente los estados represivos en el mundo no suelen hacer montajes por recoger flores ilegalmente, sino por hechos de violencia, pues la larga experiencia  de los estados es que muchos supuestos opositores y defensores de derechos humanos dudan de su propio compromiso con la oposición y la defensa ante un crimen atroz.

[1] El Tiempo (18/06/2017) ‘Les puedo asegurar que los responsables caerán’: Santos https://www.eltiempo.com/bogota/juan-manuel-santos-habla-sobre-el-atentado-en-el-centro-comercial-andino-100176

[2] El Tiempo (18/06/2017) Ofrecen $100 millones de recompensa por información sobre atentado. https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/hipotesis-y-recompensa-por-atentado-en-centro-comercial-andino-100260

[3] El Tiempo (18/06/2017) Tres muertas y ocho heridos por atentado en le centro comercial Andino. https://www.eltiempo.com/bogota/explosion-en-centro-comercial-andino-de-bogota-100084

[4] El Tiempo ( 24/06/2017) Ocho capturados por atentado al Andino pertenecerían al Mrp. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturados-por-atentado-al-centro-comercial-andino-102442

[5] Ibíd.,

[6] El Espectador (08/06/2015) No es la primera vez que personas vinculadas a grupos ilegales se infiltran: Distrito. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-primera-vez-personas-vinculadas-grupos-ilegales-se-i-articulo-571279

[7] Ibíd.,

[8] El Tiempo (12/09/2018) Capturan al general Humberto Guatibonza por caso de chuzadas. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-al-general-humberto-guatibonza-por-caso-de-chuzadas-267550

[9] El Tiempo (06/04/2020) En 2019, Fiscalía perdió casi 6 de cada 10 casos que llegaron a juicio. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/sentencias-en-juicio-en-colombia-fiscalia-pierde-la-mayoria-de-casos-481348?fbclid=IwAR3fc3XGKQILz8801o1uKeSV9dcx_kQc39z2jBdilOb6qxF4lReV6AL9Vv0

[10] Ibíd.,

[11] Semana (21/11/2006) Fiscalía: “Militares sí fabricaron falsos atentados en Bogotá” https://www.semana.com/on-line/articulo/fiscalia-militares-si-fabricaron-falsos-atentados-bogota/82178-3

[12] Semana (19/12/2008) Destituyen a dos militares por falsos atentados en Bogotá. https://caracol.com.co/radio/2008/12/19/judicial/1229711940_734143.html

[13] Contagio Radio (02/02/2018) La versión de los jóvenes capturados por el atentado en el Centro Comercial Andino. https://www.contagioradio.com/entrevista-a-boris-rojas-y-lizeth-rodriguez-capturados-por-atentado-a-centro-comercial-andino/?fbclid=IwAR3PB3NUNxjQz7_vzYaDWecYFeclPancXkwbs0w5SaSFrDiZNYOgvqt0K9g

[14] Amnistía Internacional (11/04/2001) Acción de la red de defensores de los humanos COLOMBIA: Acción de solidaridad en contra de la persecución de defensores de derechos humanos y sindicalistas Índice de AI: AMR23/038/2001/s https://www.amnesty.org/download/Documents/124000/amr230382001es.pdf

[15] El Tiempo (06/04/2020) Op. Cit.

[16] El Espectador (17/06/2019) Sobre el caso Andino. https://www.elespectador.com/opinion/sobre-el-caso-andino-columna-866245?fbclid=IwAR33rJEaTvC0Z_Z0SmQRibiMndtCpNL9LlVwiyy7sz9vWShk6Rq_s2Ho76Y

El país nuevamente ha sido estremecido este 29 de abril con una masacre más, esta vez en el municipio de Mercaderes, Cauca. Las víctimas hacen parte de una misma familia. Se trata de el líder comunal Álvaro Narváez, su esposa María Delia Daza, su hijo Cristian y su nieta Yeni Caterine López; Otra persona, al parecer otro hijo de Narváez, resultó herida en medio del ataque.

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo –USO- se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el derramamiento de sangre a que está siendo sometido el país ante la mirada indiferente del Presidente Duque y del sistema judicial. Miembros del partido de gobierno han sentenciado desde antes “hacer trizas la paz” y lanzado todo tipo de amenazas y calumnias contra los líderes sociales que en las regiones impulsan y defienden el proceso de paz; ninguna autoridad ha investigado estas circunstancias.

La tragedia no deja de afectar al Cauca. El 4 de abril fueron asesinados Hamilton Gasca Ortega y sus dos hijos integrantes de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos de Piamonte- Cauca; el 17 de abril la violencia segó la vida de Teodomiro Sotelo Anacona, miembro del Consejo comunitario Afrorrenacer del Micay; el 18 de abril en Honduras, Cauca, fue asesinado el campesino integrante de la Asociación Nacional Campesina (CNA); el19 de abril, la tragedia alcanzó líder social Mario Chilhueso en el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento del Cauca.

Son ya 18 asesinatos a líderes sociales en lo corrido del este año en el departamento del Cauca; no han valido las alertas de la Defensoría del Pueblo, ni de las Naciones Unidas que se han dirigido una y otra vez al Gobierno para pedir medidas urgentes ante la situación de inseguridad que siguen viviendo los defensores de derechos humanos, ahora en medio del aislamiento obligatorio que vive el país por cuenta del coronavirus; pero el gobierno ha ignorado reiteradamente estos llamados. Más de 80 líderes han sido asesinados durante los últimos cuatro meses.

Los clanes del narcotráfico y los grupos paramilitares se mueven con asombrosa libertad por los departamentos del Cauca y Nariño, atraviesan tranquilamente retenes militares y llegan hasta el pacifico en medio de una región completamente militarizada; extrañamente las únicas veces que aparece la ferocidad de la fuerza pública es cuando campesinos, indígenas o las poblaciones afro se levantan para reclamar por el abandono a que están sometidos por el gobierno.

El Presidente Duque, su partido de gobierno, la fiscalía y los jueces saben perfectamente quienes son los asesinos, pero no actúan, porque estos hacen parte de ese gran clan delincuencial que financia campañas, que agregan a militares y autoridades a sus nóminas paralelas y que pagan el despeje de rutas para sacar los cargamentos de coca hasta el mar.

El 25 de marzo el país iba a realizar un paro nacional contra semejante estado de cosas, pero dos días después tenía que suspender la protesta por la emergencia del coronavirus, pero en medio de las actuales limitaciones alzamos nuestra voz nuevamente para exigir al gobierno parar este genocidio, estamos ante sucesivos crímenes de Estado y un régimen de impunidad absoluta. Llamamos a la comunidad internacional a hacer seguimiento y requerir del gobierno el respeto al derecho a la vida.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ – USO

Bogotá, 01 de mayo de 2020.

Por: Tony López R

La vergonzosa conducta del gobierno de Donald Trump, utilizando la lamentable y peligrosa Pandemia del Covid-19, contra gobiernos latinoamericanos al expulsar a cerca de 2000 emigrantes de 11 países de la región y muchas de esas personas contagiados con el virus Covid-19, es una forma de exportar la enfermedad, tal como lo denunciaron los medios locales y la Agencia de Noticias Telesur.

A esa criminal acción se suma el bloqueo a empresas europeas y estadounidenses, que no pueden vender medicinas e insumos para la fabricación de medicamentos y prótesis a Cuba y Venezuela. La opinión pública mundial debe tomar nota de estos actos que deben ser considerados como un crimen de guerra, denunciarlos y exigir que los organismos internacionales, tomen medidas y acciones a estas graves violaciones a los derechos humanos y de los pueblos de nuestra América Latina Caribeña. No se debe aceptar la impunidad de la que hoy goza y disfruta EE.UU. contra nuestros pueblos.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, continúa en su campaña difamatoria contra Venezuela y Cuba, vinculándolos al narcotráfico, sin la más mínima prueba, la que además no puede tener, porque es una execrable calumnia, desmentida por la propia agencia antidroga DEA. El objetivo de esta repugnante mentira es sembrar esta matriz de opinión que justifique la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Por otra parte, Pompeo se ha dedicado a presionar a diversas naciones que han solicitado a Cuba la compra del Interferón Alfa 2B, importante medicamento cubano para combatir el Covid-19, y la desvergonzada campaña de tratar de desprestigiar a la medicina cubana y a nuestros galenos, campaña que ha sido repudiada nacional e internacionalmente.

En respuestas a la sarta de falsedades de Pompeo, diversos gobiernos, incluyendo los de Italia y Andorra, solicitaron los servicios médicos cubanos, en total hoy tenemos 25 brigadas prestando su labor humanitaria en varias islas del Caribe y en África, una acción que sin mencionarlo desenmascaran a Pompeo y lo hace caer en un gran ridículo.

En plena campaña contra Cuba, el presidente Trump, su Secretario de Estado y la mafia contrarrevolucionaria de Miami, alentaron con su política que se produjera un artero y criminal acto terrorista contra la embajada cubana en Washington. Las autoridades cubanas, luego de más de 36 horas de los hechos, espera la respuesta y resultados de la investigación por parte del Departamento de Estado y su gobierno por lo sucedido la madrugada del pasado 30 de abril, cuando su embajada, fue cobardemente atacada con intenso fuego de un fusil de asalto AK47, por un terrorista de origen cubano llamado Alexander Alazo, de 42 años, procedente de la localidad de Aubrey, Texas.

Y como bien señaló el canciller cubano, “este acto terrorista seguramente está impulsado por esa política hostil hacia Cuba” y le añado, campaña injustificada de odio, promovida por el actual gobierno de los Estados Unidos.

Mientras su país atraviesa una grave crisis producto de la Pandemia del virus Covid-19 y confronta serios problemas económicos, crisis laboral con 30 millones de desempleados y graves problemas de salud para cerca de 13 millones de migrantes, Pompeo se dedica a conspirar con los gobiernos de Colombia y Brasil, sus principales aliados, con el fin de provocar un violento conflicto en Venezuela, acusando al presidente Maduro de liderar el ingreso de drogas en Estados Unidos.

Será que Pompeo, ex jefe de la CIA y ahora Secretario de Estado, desconoce que Colombia produce el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, introducidas por carteles colombianos y mexicanos, de acuerdo a informes de la Agencia norteamericana DEA. Por favor, señor Pompeo no insulte la inteligencia de la opinión pública de nuestra región.

Ignora Pompeo que el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, mentor y guía del actual presidente Iván Duque Márquez, está sindicado desde 1991 por el Pentágono y su departamento de Defense Intelligence Agency (DIA) como colaborador del Cartel de Medellín.

El informe del DIA con el registro No 82, expone lo siguiente “Álvaro Uribe Vélez, un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín, en las altas esferas del gobierno. Estuvo vinculado a los negocios relacionados con las actividades de narcóticos en Estados Unidos”. “Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria.” (1) Informacion se encuentra en http//www. Gwu.edu/ nsarchiv/NSA EBB/NSA EBB131/index.htm

Desconoce el Secretario de Estado que, en el año 1981 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, Álvaro Uribe Vélez fue nombrado Director de Aeronáutica Civil, y otorgó numerosos   permisos para construir pistas de aterrizaje y cientos de licencia a los pilotos del  Cartel de Medellín, por estos actos fue acusado, curiosamente por el padre del actual Presidente de Colombia, el entonces gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, al otorgarle licencia, para abrir la ruta aérea Medellín-Turbo, al conocido narcotraficante Jaime Cardona, petición desoída por el presidente Turbay. O la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como alcalde de Medellín, a los cuatro meses de su nombramiento en 1982, por expreso pedido del presidente Belisario Betancourt, por sus conocidas relaciones con Pablo Escobar.

Mike Pompeo desconoce la lluvia de acusaciones que existen no solo contra Uribe Vélez sino contra numerosos ex miembros de su gabinete y de altos jefes militares vinculados al paramilitarismo, que cumplieron y otros hoy cumplen prisión, algunos fueron extraditados a Estados Unidos y el caso más notorio es el del Jefe de la Seguridad Personal del presidente Uribe Vélez, el general Mauricio Santoyo Velázquez, extraditado y condenado a 13 años de prisión por una Corte de Virginia, por sus relaciones y negocios con la oficina encargada del narcotráfico en Antioquia conocida como la OFICINA DE ENVIGADO.

Rebajada la pena al general Santoyo por su colaboración, en abril del pasado año 2019 fue extraditado a Colombia y encarcelado y cumple prisión, con graves acusaciones por su vinculación a la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, pertenecientes a ASFFADE y complicidad en masacres cometidas por los paramilitares y enriquecimiento ilícito, este último delito estalló esta semana y ha tenido una amplia repercusión y un gran escándalo titulado La fortuna escondida del ex jefe de seguridad de Uribe.

La pregunta de la opinión pública colombiana es, cómo con un salario de un General de la Policía se puede acumular una fortuna de más de 6.193.415.576 millones, o será que Santoyo, no es más que un testaferro. O un gran capo del narcotráfico.

Otros graves escándalos han estallado en estos días en Colombia, la revista Semana bajo el título la Carpeta Secreta, dá cuenta de que el Ejército colombiano, desarrollaba un amplio trabajo de espionaje telefónico, visual y de seguimiento, a importantes dirigentes políticos de izquierda, legisladores, periodistas, congresistas, dirigentes de los derechos humanos, y magistrados entre otros, que condujo a la separación de sus cargos a 11 importantes oficiales del Ejército, según dio a conocer el ministro de Defensa.

25 congresistas colombianos han solicitado el esclarecimiento de estos hechos y no se conforman con las declaraciones del ministro de Defensa Holmes Trujillo, el senador Gustavo Bolívar, expresó a la agencia de noticia Telesur, que solicitará la renuncia del ministro de Defensa, y se pregunta: ¿cómo es posible qué, si desde del pasado año se conocían estas actividades, solo ahora las den a conocer y sea, en este momento, cuando lo revela la revista Semana.

Muchos escándalos han surgidos en los dos últimos meses en Colombia, las declaraciones del Jefe militar en el departamento del César, el coronel Publio Hernán Mejía, recientemente condenado a 19 años de cárcel, por sus relaciones con el narco paramilitarismo y especialmente por su participación en una brutal masacre de jóvenes que acusaban falsamente de pertenecer al ELN, preguntado por el tribunal, de quien le dio la orden de ejecutar dicha masacre, sin ninguna duda respondió que la recibió directamente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

El coronel Mejía reveló además las relaciones y absoluta coordinación e incluso de acciones conjuntas del Ejército y los paramilitares a las órdenes de Jorge 40 y Hernán Giraldo, los importantes dos jefes narcotraficantes de la costa atlántica, hoy cumpliendo cárcel en Estados Unidos. Las relaciones de sectores de las FF-MM con el paramilitarismo es conocido, Puerto Boyacá es su más fiel ejemplo.

Otro gran escándalo que vincula al ex presidente y actual senador Uribe Vélez, es el del renunciante embajador en Uruguay Fernando Sanclemente, a quien le encontraron dos laboratorios de procesamiento de cocaína en una de sus fincas y, según la Nueva Prensa, “tiene a Uribe contra las cuerdas, por las relaciones Sanclemente- el clan Cifuentes-Villa- la Oficina de Envigado y Uribe Vélez. Y quien por cierto en el primer mandato de la presidencia de Uribe Vélez en el 2005, nombró a Sanclemente como director de Aeronáutica Civil, cargo estratégico, desde cuando el propio  Uribe Vélez fue director y otorgo licencias al narcotráfico, con la diferencia que en este periodo, la enorme estructura del narcotráfico pasaría a operar desde el aeropuerto El Dorado de la Capital”

El clan Cifuentes-Villa está vinculado familiarmente al expresidente Uribe, teniendo en cuenta que su hermano menor Jaime Alberto, fallecido en el 2011, fue durante algunos años compañero sentimental de Dolly Cifuentes, con la que tuvo dos hijos, la mayor Ana María Uribe Cifuentes, ambas detenidas y extraditadas a Estados Unidos y acusadas de ser operadoras financieras del Cartel de Sinaloa para varios países de Sur América; Cartel con el que actualmente se relaciona Fernando Sanclemente. Lo que indica de manera clara que estas dos personas eran el enlace clave de dicho Cartel mexicano con los carteles de narcotraficantes colombianos.

Los Cifuentes-Villa, familia que abrió las puertas al cartel de Sinaloa en Colombia y asociados al Chapo Guzmán, relación que se concertó en el elitista Club el Nogal, según   relata el periodista Daniel Mendoza, expone lo siguiente: “el narcotraficante Salvatore Mancuso, se reunía con importantes empresarios, grandes hacendados y terratenientes , el Clan Cifuentes Villa, fue presentado en el Club por Álvaro Uribe, como socios, a través de una de sus empleadas , la Cónsul de Colombia en los Países Bajo, y ante la junta directiva de dicha corporación que aplaudió su ingreso, reconociendo a esta familia de narcotraficantes, el estatus de industriales muy prestantes”. Así fueron presentados.

Sobre esta situación, coincidente con la permanencia de Sanclemente como director de la Aerocivil, existe una larga entrevista donde el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, confiesa haber administrado personalmente este gran Eje de narcotráfico en coordinación con Jorge Noguera, ex director del DAS condenado por nexos con el paramilitarismo durante el segundo Gobierno de Uribe. Jorge Nogueras como jefe de la Seguridad del Estado era subordinado directo del Presidente de la República, quien lo había enviado de cónsul a Italia, pero cuando estalló el escándalo del DAS, fue retirado, procesado y condenado.

También sobre este hecho, según la “Nueva Prensa” “se presentó una sospechosa coincidencia, ya que el allanamiento de la finca de Sanclemente se realizó justo cuando la mencionada Dolly Cifuentes Villa anunciaba su decisión de declarar en contra de El Chapo Guzmán jefe del Cartel de Sinaloa, lo que indicaría que las autoridades colombianas se adelantaron a los acontecimientos para tratar de darle algún tipo de manejo a la grave situación que se estaba fraguando en el exterior”.

De esta manera se configuró la gran estructura del narcotráfico cuyo epicentro para varios países de Sur América es Colombia, y cuya impunidad está hoy en peligro por cuenta de las confesiones de la pariente del mismo Uribe, Dolly Cifuentes Villa, entre otros factores derivados del proceso contra El Chapo Guzmán, de manera lógica por fuera del control de la mafia colombiana.

Como se puede apreciar estos son solo algunos de los casos que vinculan al presidente Uribe Vélez, con los carteles de la droga y el paramilitarismo y como queda bien claro, no es Venezuela ni Cuba los que suministran la cocaína, son nada menos que sus aliados mas íntimos y sobre estos graves hechos ni Trump y ni Pompeo se pronuncian, ellos continúan con sus planes de agresión militar desde Colombia contra Venezuela y el ejemplo más claro lo tienen con el intento de desembarcar mercenarios y armas por La Guaira, Venezuela, en la madrugada de este 3 de mayo, acción que les ocasionó 8 bajas, 2 detenidos y un sin número concreto de desaparecidos de esta incursión mercenaria con fines desestabilizadores y cuyos directivos y organizadores son los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

La desmoralización del gobierno de Iván Duque Márquez y la impunidad son tan visibles y horrorosa, que el general de la policía Juan Carlos Buitrago, en un acto de valentía y honradez presentó su renuncia ante las amenazas contra su vida, al desarrollar diversas operaciones, en su condición de jefe de la policía fiscal y aduanera, contra el lavado de activo, contrabando y el enriquecimiento ilícito, a poderosas familias cercanas al gobierno y la mafia narco paramilitar.

Lo que colmó la copa, según el general, fue conocer que el bufete de abogados de Abelardo de la Espriella es el mismo que representa al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y al mafioso Alex Saap, quien se encuentra prófugo. Él hizo estas denuncias y no recibió ningún apoyo de su jefatura, tampoco trasladarlo a otras funciones, su vida obviamente corre peligro, como bien lo señaló en este informe titulado “Mafia narcoparaca en el Alto Gobierno Uribista” de la periodista D’ Arcy Quinn, de Radio Caracol.

Valore usted querido lector donde está la verdad, resulta aberrante los ridículos y los falsos argumentos del gobierno de los Estados Unidos para justificar una intervención militar en Venezuela. El presidente Donald Trump, Mike Pence, Mike Pompeo y Elliot Abrams, deben tener muy bien claro que una intervención militar o por cualquier vía ilegal y tratar de forzar un cambio de gobierno en Venezuela puede costarle muy caro a los Estados Unidos y además nunca logrará sus propósitos.

Sus relaciones con el fallido gobierno de Colombia los debe llevar a la reflexión y modificar su apoyo a un escenario donde gobierna el narcoparamilitarismo, hoy se puede decir que el embajador estadounidense Lewis Tambs tenía razón, Colombia hoy sí se ha convertido en una “narcodemocracia”. Con este artículo pongo punto final a este serial de cinco. Pero les prometo escribir otros artículos dedicados al tema narcotráfico y la lucha insurgente en Colombia.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.       (QUEDESE EN CASA)

La Habana, Cuba, 3 de abril del 2020.   11:45 hts.    

Ante las recientes denuncias sobre espionaje a periodistas, dirigentes de oposición y otras personalidades por parte de inteligencia del ejercito colombiano, Jaime Caicedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano por medio de un comunicado solicitó se haga pública la totalidad de los nombres de las personas que aparecen afectadas por esta irregularidad antidemocrática a objeto de qué puedan interponer las acciones legales de esclarecimiento y de justicia a las que tienen derecho.

Bogotá, mayo 4 de 2020

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO Comité Central

Señor Ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo
Ciudad.

Con un atento saludo.

Por la presente expreso a usted la grave preocupación ante los hechos que destapa la revista Semana y corrobora usted mismo en rueda de prensa, acerca de los rastreos, perfilamientos y otras formas de espionaje a ciudadanas y ciudadanos según criterios arbitrarios que, por lo visto, continúan siendo hechos normalizados como parte de las funciones de la Inteligencia militar.

Nos consta que, además de destacados periodistas nacionales y extranjeros, dirigentes políticos y sindicales, aparecen señalados activistas de la izquierda que actúan en la vida legal, en tareas del movimiento popular, de los derechos humanos, de las organizaciones de la mujer y también de la actividad del Partido Comunista.

En razón de lo anterior y acogiendome a las prerrogativas constitucionales, me permito solicitar se haga pública la totalidad de los nombres de las personas que aparecen afectadas por esta irregularidad antidemocrática a objeto de qué puedan interponer las acciones legales de esclarecimiento y de justicia a las que tienen derecho.

Sin otro particular me suscribo de usted,

JAIME CAYCEDO TURRIAGO

Secretario General Partido Comunista Colombiano

Radio Cafe Stereo presenta el siguiente video donde una pareja de esposos en Wuhan explican la actitud del gobierno chino y el PCC frente a los primeros casos del COVID19. Este es un punto de vista que se aparta de las sindicaciones hechas por gobiernos y medios de Occidente que tratan de acomodar la realidad ocurrida en contra de China.
Invitación a la jornada conmemorativa del 1o. De Mayo, día internacional de la clase trabajadora, encesta oportunidad en la Cuarentena por el Covid 19.

VIVA EL 1 DE MAYO SOLIDARIO Y COMBATIVO

·         En contra del paquetazo neoliberal uriduquista

·         FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN COLOMBIA

·         DERECHO A TRABAJO, SALARIO Y PENSIÓN

·         UNA SALUD PÚBLICA, GRATUITA, HUMANA Y DE CALIDAD

·         LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

·         EDUCACIÓN PÚBLICA, CIENTÍFICA, GRATUITA Y AL SERVICIO DEL PUEBLO

·         SOBERANÍA NACIONAL, FUERA GRINGOS Y MULTINACIONALES DE COLOMBIA

·         DERECHO A LA VIDA. NO MÁS MUERTES DE DIRIGENTES SOCIALES

·         RECHAZO A LA CORRUPCIÓN Y A LAS CASTAS MAFIOSAS EN EL PODER 

TAREAS En las ventanas de las casas en todo el país: Banderas Rojas – letreros alusivos al Día del trabajo, la Paz con la Justicia social, el derecho a la vida y al trabajo, soberanía nacional, peticiones, cacerolazos, etc. En las Redes Sociales: Circular audios, videos, flyers, entrevistas, face live, etc, sobre el tema del día internacional de la clase trabajadora.

La barranquillera Karen Abudinen, testaferra de la banda de los Char, ex Alta Consejera para las Regiones del gobierno de Iván Duque, será la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El anuncio fue hecho el pasado 29 de abril. Karen Abudinen reemplaza a Sylvia Constain que renunció debido a que fue descubierta en un robo en la adjudicación del dominio nacional .Co, razón por la cual la Procuraduría le abrió una investigación.

La nueva ministra, como ya se dijo, que pertenece a la banda delincuencial de los Char, llega a ese cargo producto de un negociado entre los Char, Vargas Lleras y la banda del Centro Democrático, para repartirse lo que puedan roban del presupuesto colombiano.

El pasado lunes 27 de abril (2020), el general Juan Carlos Buitrago Arias presento su renuncia irrevocable a la Policía de la mafia colombiana.

Su retiro se produce a casi cuatro meses de haberse originado un escándalo por sus declaraciones ante los medios de comunicación, donde aseguró que había relación entre la captura de una banda de traficantes de armas, denominada “los Mercaderes de la Muerte”, de la que hacían parte varios policías de la Metropolitana de Cali, con el asesinato de cinco personas en Suárez, Cauca, entre estas la candidata a la alcaldía de esta población, Karina García Sierra.

Con esa declaración el general Buitrago contradijo la versión oficial de que los asesinos habían sido disidentes de las Farc, por lo que en venganza la Fiscalía inicio un proceso en su contra.

En ese momento el paramilitar que oficia como director seccional de fiscalías en el Cauca, Raúl Humberto González Flechas, cuestionó ante el director de la Policía y el Fiscal General de la Nación las afirmaciones de Buitrago.

En su carta de renuncia el general Juan Carlos Buitrago, adujo que “los principios no se negociaban”, lo que indicaría que se negó a algún acuerdo con la Fiscalía para retractarse de sus afirmaciones.

La renuncia del general Buitrago Arias se da cuando está en pleno furor el escándalo por el robo de más de 18.000 millones de pesos, en la construcción de unas casas fiscales en San Luis Tolima, las que quedaron convertidas en otro ‘elefante blanco’, robo en el que está mezclado como principal responsable el actual director de la banda delincuencial conocida como Policía Colombiana, el general Óscar Atehortúa Duque.

Este es el texto de la carta:

“De manera respetuosa, me permito solicitar al señor Presidente de la República mi retiro irrevocable del servicio activo de la Policía Nacional de todos los Colombianos. Me siento orgulloso de haberle servido a mí país a través de nuestra Policía por más de 32 años y expreso profunda gratitud a Dios, a mi adorada familia y a todos aquellos invaluables seres humanos que depositaron su confianza en mí, apoyándome y acompañándome a lo largo de mi trayectoria institucional, siempre fieles al juramento realizado y a la genuina convicción de que ‘los principios no se negocian”,

brigadier general Juan Carlos Buitrago Arias.

El 27 de mayo (2019), el criminal Álvaro Uribe, durante una visita a Santa Marta cuestiono a Parques Nacionales Naturales por las restricciones que esta entidad ha generado en las áreas protegidas del país.

Sobre la posición de las comunidades indígenas y sobre los sitios ancestrales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, el criminal de guerra dijo que esta no “puede ser obstáculo para el desarrollo de turismo que necesita la ciudad”.

El pasado viernes 24 de abril (2020), casi un año después de la orden mediática, paramilitares del ejercito oficial ingresaron a la parcela Alejandro Llinás, líder popular que defendía el Parque Tayrona y lo asesinaron.

Llinás Suárez, había entregado en octubre de 2019 un derecho de petición a Parques Nacionales y al Ministerio del Medio Ambiente con exigencias de los indígenas sobre el nuevo Plan de Manejo para los Parques Tayrona y Sierra Nevada, también hablaba sobre la licitación pública para concesionar los servicios eco turístico del área protegida.

Como es costumbre en Uribe, este dio la orden que cumplieron los asesinos y que ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia investigaran.

Llinás se atrevió a desafiar los dictados del asesino y sus paramilitares cumplieron la orden.

Hace rato nos quitamos el rótulo de “minorías”. No somos indígenas callados en un museo, hacemos política porque representamos un movimiento y un pueblo que defiende los intereses de todos los colombianos. Nuestra voz debe ser respetada.”
Martha Peralta Epieyú, Presidenta Nacional de MAIS

 

Bogotá. Abril 27 de 2020. El Movimiento Alternativo, Indígena y Social – MAIS, rechazó de manera categórica lo ocurrido en el desarrollo de un debate en el Concejo de Bogotá el día 24 de abril, en donde concejales del Partido Alianza Verde manifestaron que la bancada de MAIS “no cuenta con la misma representación” que las demás por ser minoritaria.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril de 2020 durante el desarrollo de la sesión del Concejo de Bogotá de la COMISION PRIMERA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en donde los concejales del Partido ALIANZA VERDE; DIEGO LASERNA y JULIAN RODRÍGUEZ señalaron que la participación de la concejal ATI QUIGUA, Vocera de bancada del Movimiento MAIS, no puede tener “el mismo peso” puesto que, según la opinión de dichos concejales, al ser la del MAIS una bancada minoritaria “no cuenta con la misma representación” que su bancada de 12 concejales.

Por otra parte, el concejal Diego Laserna se refirió en tono y forma despreciativa a la vocera del MAIS tanto en la sesión de la Comisión como a través del twitter, groseramente midiéndole los minutos de participación y posteriormente afirmando burlonamente que “debería ser presidente entonces. Que le sumen Ecuador y Venezuela de paso.

Frente a estas afirmaciones que se hicieron virales en redes sociales y que fueron ampliamente criticadas, la Presidenta del Movimiento MAIS, Martha Peralta expresó su rechazo y solicita:

1) Al Partido Alianza Verde, que señale si las afirmaciones de sus Concejales, en la forma y contenido menospreciativo con que se refirió el Concejal Diego Laserna, tanto en la sesión como por fuera de ella, aludiendo a la superioridad numérica como argumento arbitrario, son compartidas por su colectividad.

2) Al Presidente del Concejo, HC Carlos Fernando Galán y al Cabildo Distrital en su conjunto, garantizar plenamente las garantías de participación política de los partidos minoritarios y rechazar de manera tajante cualquier acto de discriminación en contra de nuestro movimiento y de cualquier cabildante bajo el argumento de la superioridad numérica, situación que nos pondría frente al acatamiento, no de las normas democráticas de un estado social de derecho, sino al de las “mayorías tiránicas” que tanto daño han hecho a la democracia alrededor del mundo.

Recordamos a la opinión pública, que El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL el 26 de marzo de 2020, emitió un concepto, mediante el cual resolvió que Colombia Humana-UP y El Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS tienen derecho a actuar como dos bancadas autónomas y que, una vez el CONCEJO DE BOGOTÁ, quien es el responsable de aplicar su propio reglamento y la Ley, decidió aplicar estas normas reconociendo a la bancada de MAIS, se presentaron proposiciones aditivas sobre los debates que corresponden a la búsqueda del buen vivir de los Bogotanos.

Por ello, a partir del mes de abril en ejercicio de los derechos que corresponden al Movimiento MAIS, la concejal ATI QUIGUA IZQUIERDO, solicitó la priorización de debates URGENTES para Bogotá en medio de la crisis causada por las medidas de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, tales como el del “AGUA, LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y EL MINIMO VITAL, PARA TODAS Y TODOS LOS CIUDADANOS” y el del “SISTEMA AGROALIMENTARIO DE BOGOTÁ REGION; SOBERANIA ALIMENTARIA Y SALUD PUBLICA”, teniendo en cuenta que antes de reconocerse la autonomía de MAIS, se había vulnerado de facto el derecho de la Bancada a participar en estos temas.

Por último, la Presidenta de dicho Movimiento, Martha Peralta señaló que “el MAIS hace un llamado a todas las fuerzas políticas en estos momentos de emergencia sanitaria por el COVID-19, a que nos concentremos en encontrar soluciones a los problemas reales de la gente y no a coartar las iniciativas que los partidos alternativos construyamos por el bien del interés general.

Así mismo, Martha Peralta subrayó que “Es rechazando la discriminación y actuando conjuntamente en favor de la población más vulnerable en el marco de la defensa de los derechos humanos que lograremos construir una Bogotá para el buen vivir.”

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL