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Colombia

Comunidades denuncian aparición y aumento de llamadas extorsivas a comerciantes del casco urbano. El temor de la población es generalizado por la aparición de panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el asesinato de comerciantes amenazados en dicho panfletos y las amenazas que llegan a quienes se atreven a denunciar. Según las autoridades, se trata de delincuencia común.

Durante la misión, y a pesar de la militarización del casco urbano y las restricciones de movilidad que se han impuesto por parte de la fuerza pública, se presentó un nuevo homicidio a un transportador informal. Preocupa la poca capacidad de respuesta de la fuerza pública para evitar y reducir estas situaciones.

La comunidad percibe un retroceso en materia de derechos humanos. Denuncian que después de los enfrentamientos entre las insurgencias del ELN y EPL varias veredas quedaron minadas y afectan la libre movilidad por la zona. Afirman ser objeto de estigmatización y señalamientos permanentes por parte de la fuerza pública, quienes ocupan terrenos de propiedad privada y colectiva afectando las bocatomas de los acueductos y centros de salud. Se denuncian capturas de líderes comunales a partir de señalamientos de terceros.

Solo en el corregimiento de Cartagenita han sido asesinadas 41 personas entre 2017 y 2019. De estas, el Estado ha reconocido el asesinato de Wilmer Jácome, Luis Teresa Rodríguez y Dimar Torres. Así mismo, denuncian el asesinato de seis personas por grupos paramilitares y el miedo que sienten de ir al casco urbano de Convención por las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

La población civil está en permanente riesgo como consecuencia de la ubicación de tropas del Ejército cerca a centros poblados y en casas de campesinos, acción contraria al DIH. Por esta causa las comunidades se han visto afectadas por bombardeos por parte del Ejército Nacional en veredas como Carrizal, El Loro, El Cobre y Chapinero. Comunidades aseguran que en medio de hostigamientos de la guerrilla hacia el Ejército, este responde disparando hacia la población civil que se encuentra en los caseríos. Se han presentado acciones donde militares hacen disparos, suenan bombas y bengalas en las noches incluso cuando no se registran enfrentamientos con otros actores armados, acciones que pueden establecerse como posibles falsos combates. Estas actuaciones han provocando zozobra permanente y desplazamiento de varias familias. La mayoría continúan sin retornar a sus lugares de origen por falta de garantías de seguridad.

También se denuncian sobrevuelos constantes de drones con los que la fuerza pública monitorea a la población y se registran cortes injustificados del servicio de luz eléctrica con lo que la comunidad se siente intimidada. En vías interveredales el Ejército Nacional realiza retenes a los campesinos y hace presencia cerca a Escuelas, en algunas persiste presencia de campos minados poniendo en riesgo la vida de los niños y las niñas. Soldados han abordado, retenido y amenazado con sus armas a jóvenes de la comunidad acusándoles de estar instalando minas y/o hacer parte de las insurgencias. Gracias a la acción de líderes se han rescatado a quienes, según la comunidad, pudieron ser víctimas de montajes y/o desapariciones. En algunos casos, al confirmar que los jóvenes son campesinos, militares les han ofrecido dinero por guardar silencio sobre las retenciones de las que son víctimas.

Se denuncian quemas de casas de campesinos, robos de semovientes, enseres y alimentos en casas y tiendas por parte de tropas del Ejército, a quienes también señalan de encerrar y amenazar a mujeres y niños. Se denuncia aumento en casos de judicialización a líderes sociales y miembros de las JAC, sin órdenes judiciales ni material probatorio, especialmente en las veredas Bella Unión, Guaciles y Maicitos. Por esta razón, comunidades se han visto en la obligación de mediar con miembros de Ejército y moverse de manera colectiva de un lado a otro para buscar a pobladores que reportan afectaciones. Manifiesta la comunidad que han recibido mensajes vía Facebook y/o WhatsApp, de actores que se identifican como funcionarios de inteligencia militar y de la fiscalía, por medio de los cuales les ofrecen dinero, les piden que se desmovilicen y trabajen con ellos.

En todo el municipio hay retenes donde se realizan empadronamientos, en algunos puntos se presentan controles de mercados y medicamentos. En estos retenes militares fotografían y amenazan constantemente a todo residente y transeúnte de la zona a quienes les preguntan por nombres y ubicaciones de líderes de las Juntas de Acción Comunal -JAC-. En varias veredas opera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la población que “nadie puede transitar por donde ellos están en horarios de la noche por su seguridad, que porque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean”. En clara afectación al derecho a la libre movilidad y al derecho de distinción estigmatizando y poniendo en riesgo a la población civil. Se denuncia además que en varias ocasiones el Ejército Nacional impide reuniones de las Juntas de Acción Comunal - JAC- argumentando que “una reunión con más de cinco personas, ya se asume como un encuentro de la insurgencia”.

En este municipio se presentó una denuncia de tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte de miembros del Ejército Nacional a dos campesinos que se encontraban trabajando en una finca, señalandolos de ser parte de la insurgencia. En palabras de la comunidad “los torturaron, les pusieron una bolsa de tela oscura en la cabeza y les echaron un líquido que les generó ardor en los ojos. Los colgaron de los pies en un árbol, los amenazaron con degollarlos y quitarles las uñas. Los dejaron amarrados a un árbol cerca a sus fincas, de las cuales robaron varios millones de pesos que tenían los campesinos como ahorros. Ese mismo día, tres miembros del Ejército Nacional llegaron hasta la finca de una mujer, madre de tres hijos menores de edad, le rompieron las camas, los colchones, los muebles y grabaron el hecho para mostrarlo como amenaza a la comunidad días después.”

De las denuncias hechas en este corregimiento, llama la atención que el Ejército Nacional esté usando civiles encapuchados en operaciones militares y que la comunidad asegure que los han visto escribir en algunas paredes pintas alusivas al “ELN” o cosas como “EPL Hp”, lo cual genera dudas sobre el rol que han desempeñado durante el enfrentamiento entre estas dos insurgencias y provoca confusión en la comunidad.

DENUNCIA PÚBLICA

Humo y cenizas los empleos en Coltabaco, por cierre definitivo del proceso de producción de cigarrillos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco en Colombia "SINTRAINTABACO" denuncia ante los medios de comunicación y la comunidad en general, que la multinacional Philip Morris Internacional en desarrollo de su plan de transformación a nivel mundial, consistente en la centralización de la producción en sus empresas más rentables y de mayor capacidad tecnológica, las millonarias inversiones en el desarrollo de nuevos Productos de Riesgo Reducido, como el IQOS, con el que pretenden desplazar el cigarrillo tradicional, ha tomado la decisión de cerrar la fábrica de producción en Medellín, la planta de tratamiento de tabaco en Barranquilla y colocarle fin a la contratación del cultivo de tabaco en Colombia, decisiones que afectan aproximadamente 800 trabajadores directos y sus familias y más de 12 mil familias campesinas que viven de este cultivo, sin que exista una política de sustitución.

Esta decisión hace parte de su política internacional de obtener más ganancias a menos costos, política que le ha generado grandes utilidades en el mundo, como lo corrobora su informe de gestión a los accionistas del 2018, donde reportaron unas utilidades netas de 7.911 millones de dólares, que demuestra claramente que esta industria, pese a los altos impuestos y el contrabando, está lejos de estar en crisis económica, situación que también se refleja claramente en las utilidades operacionales obtenidas en Colombia en el 2018, la no despreciable cifra de 38.333 millones de pesos.

Por eso Sintraintabaco rechaza sin vacilación alguna el cierre de las fábricas y plantas, además porque la empresa no cuenta con la autorización del Ministerio del Trabajo para proceder con el cierre, desconociendo de paso la legislación colombiana, en el mismo sentido no tiene las autorizaciones de los jueces laborales para terminar los contratos de más de 50 trabajadores amparados con fuero sindical, ni tampoco cuenta con la debida autorización para cesar a más de 40 trabajadores amparados con la protección laboral reforzada por enfermedades laborales o de origen común y desconoce el fuero de pre pensionado que ostentan 40 trabajadores cercanos a la edad para obtener la pensión de vejez y quienes cuentan también con una protección especial.

Las voces de solidaridad y respaldo del conjunto del movimiento sindical nacional e internacional y de la bancada alternativa en el congreso de la República, nos alienta para seguir adelante con nuestra exigencia por el respeto a los derechos de los trabajadores, conquistados en 80 años de lucha de Sintraintabaco por vida digna.

Dada en Medellín, a los 5 días del mes de junio de 2019

Para más información: Guillermo Álvarez, presidente Sintraintabaco: 313 7330459

La Corte Constitucional decidió, el pasado 5 de junio (2019), declarar inconstitucional el artículo 33 del Código de Policía, así como el artículo 140, por considerar que la prohibición “general” de consumir drogas y alcohol en parques y otros sitios públicos vulnera el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y el derecho al uso colectivo del espacio público.

Como los delincuentes de la banda de los Uribeños, están empecinados en reforma la “justicia”. Pero solamente aquella que puede tocar a su capo Álvaro Uribe Vélez, vieron en esto una oportunidad para desacreditar este ente y ambientar su reforma.

Y así los vimos cómo, con las narices untadas de cocaína, funcionarios públicos, delincuentes uribista y otra clase de bandidos, se rasgaban las vestiduras frente a una supuesta afrenta a los derechos de los niños, en un espectáculo apoyado por los paramilitares de micrófono que se supone saben escribir y leer bien, todos energúmenos, azuzando a la opinión con el cuento de que las gentes de bien se han quedado sin derechos.

Quien sería el principal beneficiario de una reforma a las altas Cortes, la que los toca a ello y no al pueblo, Álvaro Uribe Vélez, desde Cali insto a sus borregos a salir a las calles a protestar contra las cortes por la supuesta afrenta a los niños que ahora y según él, por culpa de la Corte Suprema de Justicia, seria testigos de cómo se toma licor y fuma marihuana, como si, y por culpa de ellos, en las casa de los niños no se ingerirse licor y fumara mariguana, estupefacientes que son vendido públicamente en Colombia.

En palabras más sencillas, lo que la Corte decidió fue simplemente que la prohibición “general” (ojo con esta palabrita que los Uribeños han escondido), de consumir alcohol y sustancias psicoactivas en lugares públicos, que había establecido el Código Nacional de Policía expedido el año pasado, no se ajustaba a la Constitución, por cuanto se trataba de una restricción injustificada de derechos con la que no se conseguían los fines que esa prohibición quería proteger.

Según el dictamen de la Corte, la prohibición en “general”, afectaba a la población ya que, por ejemplo, y esto lo comentó uno de sus magistrados, si una familia iba al rio y alguno de sus miembros decidía tomarse una cerveza, podría ser objeto de alguna multa por los muy “amables” policías al servicio de la mafia que gobierna a Colombia.

El llamado de Uribe a protestar contra la Corte Suprema de Justicia, fue inmediatamente secundado por el títere que finge ser el presidente de Colombia, Iván Duque, quien por medio de la televisión fingiendo ser enérgico y estar indignado, llamó al desconocimiento de lo por la Corte dictaminado.

Por las emisoras de radio y televisión mostraron a los dos delincuentes, Uribe y Duque incitando y rápidamente, según los paramilitares de micrófono, el pueblo enardecido se organizó y llamó a una masiva manifestación el pasado 9 de junio.

No obstante, y a pesar que las marchas fueron ambientadas por el pronunciamiento televisado del Títere Iván Duque y del capo de la banda en el gobierno, Álvaro Uribe Vélez, desde Cali, la asistencia a las protestas ese domingo fue mínima, tal como lo registraron ciudadanos que estaban al tanto y la misma página del estado del tránsito en Bogotá, ciudad donde unos 60 despistados uribeño salieron a la calle, según ellos a salvar la patria.

Mentirosos y manipuladores, del dictamen borraron solo una palabrita “general” y así pretendieron manipular al pueblo para lograr algo que vienen buscando, total impunidad para Álvaro Uribe, quien se encuentra amenazado por algunas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia en su contra, como la de manipulación de testigos y por eso quieren acabar con todas esas Cortes, convirtiéndolas en una, y en cuyo proceso de “reforma”, se diluirán las investigaciones contra uno de los mayores criminales de América Latina, Álvaro Uribe Vélez.

Indignado, anda diciendo que está Iván Duque, porque según él y sin pruebas reales, el narcotraficante Jesús Santrich, tomó posesión como congresista.

Pero, la realidad del narcotráfico en la cual ellos, los miembros de la banda de los Uribe, se revuelcan los deja siempre al descubierto.

El pasado martes, 11 de junio (2019), la Fiscalía mediante un comunicado dijo: “un operativo conjunto en seis departamentos del país y afectaron las finanzas ilegales de la estructura criminal dirigida por Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos Figueroa, y de la que harían parte José ‘Ñeñe’ Hernández y Armando Gnecco conocido como ‘Mandarino’”.

Según ese comunicado, los arriba mencionados son narcotraficantes, los cuales, especialmente José ‘Ñeñe’ Hernández, es amigo íntimo de Iván Duque, quien hay que recordar, estuvo en Brasil finiquitando el soborno de Odebrecht.

José ‘Ñeñe’ Hernández, fue asesinado el pasado mes de mayo, muy probablemente por la mafia en Brasil.

Y quien lo ve fingiendo estar indignado con el narcotráfico al que jura combatir, pero al mismo tiempo anda mesclado con narcotraficantes comprobados, pura sangre como diría el mismo.

Muy seguramente ahora nos saldrá con el cuento de su capo, que como él es tan popular todos le piden fotos y él se las deja tomar.

Durante la Convención Bancaria número 54 que se realizó en Cartagena, el gerente del Banco de la República, Juan José Echevarría, explicó que el comportamiento de la economía colombiana según han registrado varios indicadores claves, que ayudan a medir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), permiten afirmar que la economía «se estancó».

Juan José Echevarría hizo un llamado al DANE para que diera a conocer cifras más exactas de las estadísticas, respecto al comportamiento de la economía, ya que, según él, en el último trimestre el crecimiento fue del 2,3%, no en 2,8% como lo anuncio el DANE, además denunció que, la demanda cayó a 2,7%, después de estar situada en un 4%.

Dijo que el DANE también ha venido mostrando estadísticas equivocadas respecto a la inversión. En el primer reporte dio a conocer un crecimiento del 9%, pero luego dijo que el crecimiento era del 4,9%.

Naturalmente, las afirmaciones del gerente del Banco de la República, fueron rechazadas por el títere Iván Duque, que nombro como jefe del DANE al filipichín perfumado que, para mejorar la imagen del nefasto gobierno de Uribe escondido tras Duque, pero queda claro con el enfrentamiento lo que siempre se ha dicho, que el DANE es un ente donde se maquilla las cifras para mejorar la imagen del gobierno de turno.

El objetivo de asesinar a un líder social no es solo su desaparición física, con su muerte se envía un mensaje de terror a su comunidad, se rompe el tejido social, se fragmenta la organización, y las comunidades muchas veces se ven obligadas a desplazarse o a permanecer en silencio en sus territorios.
 
Redacción REMAP
El pasado jueves, 6 de junio, fue asesinado por la Fuerza Pública Jefferson Trochez, un joven de solo 16 años, quien apenas comenzaba a vivir. Su asesinato ocurrió en la finca Vista Hermosa del municipio de Caloto, departamento del Cauca, en medio del desalojo que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejército realizaban contra comunidades indígenas que se encuentran asentadas allí desde hace tres años.
 
Quienes estaban presentes aseguran que el joven fue herido hacia las once de la mañana, y denuncian que, a pesar de la gravedad de las heridas, la Fuerza Pública lo arrastró y no permitió el paso de ningún delegado de Derechos Humanos, ni siquiera de la madre del menor, para verificar su estado de salud. Solo después de las dos de la tarde pudo ingresar la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Para ese momento Jefferson estaba muerto y su cuerpo con signos de tortura, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes.
 
Para Andrea Sandoval, amiga del menor asesinado, la muerte de Jefferson produce indignación y sentimientos encontrados por la impotencia."Yo como amiga y habitante de este territorio, digo que da mucha rabia y mucha indignación lo que pasó con Jefferson, y saber que murió en manos de la Fuerza Pública, más indignación le da a uno, porque se supone que ellos están es para protegernos, no para atentar contra las comunidades, no para matarnos", expresó.
 
Según testigos de los hechos, "Jefferson quedó herido, él estaba vivo todavía y cada vez que la mamá y la defensora de Derechos Humanos Municipal daba un paso para llegar a donde estaba, el ESMAD tiraba gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento. No entendemos por qué no dejaban ingresar la mamá al menos, a ver cómo estaba, es que no daban ninguna explicación para impedir el ingreso de la mamá. Eso da para pensar que hay cosas turbias en este asesinato", denuncian.
 
Jefferson era hijo de campesinos humildes, e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina del municipio de Caloto, organización que hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y de Marcha Patriótica, era defensor de Derechos Humanos y había sido miembro de la Guardia Campesina.
 
Quienes lo conocieron lo describen como un joven risueño, colaborador y muy comprometido, convencido de la necesidad de defender su comunidad y su cultura campesina.
 
La coordinadora de la Guardia Campesina, María Elena Gómez, lo recuerda así: "Él era un chico muy alegre que se vinculó a la Guardia Campesina cuando tenía 14 años y se retiró cuando tenía 15 años porque estaba estudiando y el tiempo no le daba para hacer las tareas; entonces yo le dije que se dedicara a estudiar, y que cuando tuviera la mayoría de edad podía volver a la guardia. Su muerte deja un vacío muy grande, engo muchos recuerdo con él, me queda la promesa que me hizo de que volvería a la guardia".
 
Hasta el mes de mayo, según cifras de Indepaz, solo en el 2019 han sido asesinados 75 líderes sociales en el país; y entre los años 2016 y 2018 la cifra registrada es de 431 líderes y defensores de derechos humanosasesinados que trabajaban por sus comunidades, por la defensa de sus territorios.
 
Tal es la magnitud del genocidio en Colombia que no deja tiempo de asimilar lo que está pasando, se termina naturalizando el asesinato, convirtiendo a líderes y lideresas sociales solo en cifras. Muchas veces ante el miedo y la impotencia se guarda silencio o en el peor de los casos, se intenta justificar el exterminio a través de campañas de odio y estigmatización.
 
El objetivo de asesinar a un líder social no es solo su desaparición física, con su muerte se envía un mensaje de terror a su comunidad, se rompe el tejido social, se fragmenta la organización, y las comunidades muchas veces se ven obligadas a desplazarse o a permanecer en silencio en sus territorios con la presencia constante de quienes siembran muerte y miedo.
 
Es así como con la muerte de Jefferson la comunidad pierde mucho, pierde a un joven comprometido, a un líder social, a un defensor de Derechos Humanos.
 
"Él tenía muchas ganas de luchar por la comunidad, él decía que le quería colaborar mucho a la gente, que quería trabajar mucho por el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, que quería defender el territorio, los recursos naturales, nos va a hacer mucha falta, porque es un líder más que se nos va, un luchador que se nos va sin ver cumplido el sueño de crear la Zona de Reserva Campesina", expresa la coordinadora de la Guardia Campesina.
 
Sergio Ordoñez, integrante de la Asociación Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, al igual que el resto de la comunidad, no deja de sentir impotencia mientras lo describe como "un muchacho muy educado que no se metía con nadie, que quería trabajar por su comunidad".
 
Jefferson fue un joven que siempre estuvo presente para defender a la comunidad y el territorio. Antes de ser asesinado por la Fuerza Pública, Ordoñez lo recuerda participando en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, donde estuvo presente en el punto de concentración de El Cairo (Cajibío), viéndosele a todo momento como "un muchacho alegre, siempre presto a colaborar, muy respetuoso, con mucho compromiso y ganas de aprender".
 
La ira y el dolor generalizado por el asesinato de un joven que apenas estaba comenzando a vivir se siente en el ambiente de Caloto, del mismo modo que la ausencia de garantías para la labor de lideresas y líderes sociales también es palpable en Colombia, traduciéndose en un genocidio comprobable en las cifras y la complicidad del Gobierno que no actúa y niega la sistematicidad de los asesinatos, los cuales, en casos como este, involucran directamente a la Fuerza Pública.
 
"Como integrante de la asociación siento mucha rabia. El Gobierno habla con su Fuerza Pública de un respeto a los derechos, pero, ¿cuál es el respeto?, lo que hacen es una violación a la vida de un ser humano, a un jovencito que apenas estaba comenzando a conocer la vida. No vemos una sola razón, si es que puede existir alguna, para que lo hayan asesinado", concluye con indignación y dolor Sergio.

Por: Hernán Durango

Bogotá.

Los trabajadores de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recibieron con regocijo la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante la cual revoca otro fallo que pretendía liquidar al Sindicato Sintraemsdes, subdirectiva Bogotá. Según el informe e la junta directiva sindical la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral resolvió "dejar sin valor ni efecto alguno lo actuado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca", es decir, revoca dicho fallo. Por lo tanto, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos.  Sintraemsdes, subdirectiva del Distrito Capital mantiene plenamente su vida jurídica, demostrándose así que se trató de un fallo totalmente errado, con el que la administración de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el alcalde Enrique Peñalosa pretendían arremeter contra la organización de los trabajadores por mantener una actitud crítica y beligerante frente a las políticas lesivas del gobierno capitalino.

Clara Barahona Rodríguez, fiscal de Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá, destacó en su informe ante la asamblea de trabajadores del acueducto  la gran importancia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia para Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá y para todo el movimiento sindical colombiano.

La directiva sindical Llama a todas y todos los trabajadores de la empresa a celebrar con nosotros este nuevo triunfo, de celebrar que siguen teniendo convención colectiva de trabajo, en la cual están establecidos importantes derechos de los trabajadores y sus familias.

 

Mayor Información: https://www.facebook.com/sintraemsdesbta/

El senador Gustavo Petro denunció en un debate de control político realizado el pasado 5 junio (2019), en la Comisión Primera del Senado, que el entrenamiento que reciben los soldados en el país los lleva a convertirse en “asesinos”.

Con videos y testimonios, Gustavo Petro denunció que los miembros del ejército oficial, son entrenados bajo tortura, humillación y violencia psicológica, lo que explica por qué están dispuestos a matar inocentes.

Se escuchó en el debate, los adoctrinamientos para convertir a los jóvenes, hijos de pobres en criminales, se realizarían en el Amazonas, en un simulado campamento del ELN, allí soldados, que no saben los que sucede, son torturados por otros soldados que se hacen pasar por guerrilleros.

Este tipo de “entrenamiento”, que no es otra cosa que deformación de hijos de pobres, porque los hijos de ricos no pagan el servicio militar, o de formación de psicópatas, no es nuevo, es viejo, tanto como los más atroces crímenes que se cometen contra el pueblo.

Hay que recordar que el 25 de enero de 2006, en el segundo gobierno de Uribe, se conoció que los soldados adscritos al Batallón Patriotas, del municipio de Honda (Tolima), fueran sometidos a una serie de vejámenes y torturas, cuando realizaban un ejercicio militar.

Los soldados, reitero, hijos de pobres que llegaron obligados a este criminal ejército, fueron golpeados con puños, patadas, palos y machetes, sometidos a pruebas de asfixia y ahogamientos, agredidos verbalmente y quemados en diferentes partes del cuerpo. A algunos hasta se les obligó a comer excrementos de animales y varios de ellos fueron víctimas de violaciones y otras agresiones sexuales.

Terminada la exposición de Gustavo Petro, respondiendo, tomó la palabra el ministro de guerra Guillermo Botero, quien grito que este Gobierno ha impulsado una política de seguridad y legalidad en la que no caben las violaciones a los derechos humanos.

Botero arrancó diciendo que: “La política a la que se refiere al senador es pública y ampliamente difundida. Fue lanzada el 6 de febrero del presente año en Tolemaida y en ella está claro que se defiende la Constitución, la ley y claro, está el Derecho Internacional Humanitario”.

Pero como todos sabemos que ellos cuando dicen una cosa, hacen la otra, allí está el caso de los acuerdos con las Farc-EP, que ellos alegan estar cumpliendo, cuando lo quieren volverlos mierda.

Aquí debemos recordar que, en el municipio de Convención, vereda Campo Alegre, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, el pasado 22 de abril (2019), soldados del ejército de ocupación al servicio de la mafia que detenta el poder en Colombia, asesinaron a Dimar Torres, ex miliciano de las FARC y su cuerpo pretendía ser enterrado por estos, luego de que lo habían sometido a las más atroces torturas como cortarle el pene estando vivo.

En su momento, los hijos de los pobres enrolados en el ejército criminal, dijeron que lo estaba siguiendo dado a sospechas de que era del ELN, razón por la cual se estarían vengando de las torturas a las que ellos talvez habían sido sometidos, en el campamento del Amazonas, denunciado por Petro.

Resulta más que diciente, que sea el propio ejército oficial que cree campamentos guerrilleros y más diciente que los altos mando de criminal ejército, salgan ahora a decir que así se entrena o tortura a los soldados en todos los ejercito del mundo, cosa que es totalmente falsa.

Como estos crímenes del ejercito hay cientos de miles, que nos pretende ocultar como cuando, como el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Luis Villegas, reconoció y rechazó el crimen, pero adjudicándolo la culpabilidad a un solo soldado, cuando esto, ahora queda claro de nuevo, es una política de estado.

Últimamente se ve en Colombia una macabra secuencia de fotos y carteles que rezan “Se busca” o “Desaparecida”, que coincide con la llegada al gobierno de Álvaro Uribe, escondido tras Iván Duque y su política de seguridad.

Las imágenes que se ven vez más frecuentemente por internet, son seguidas, días después con un “hallada o hallado”, pero muertos, lo que significa que fueron asesinados.

Según el CINEP, en 2018, en solo seis meses del nuevo gobierno se denunciaron 22 desapariciones forzadas y en total dice el Comité Internacional de la Cruz Roja que hay unos 80 mil desaparecidos en Colombia, aunque hay versiones que hablan de más de los 150 mil, en plena “democracia”.

Petro presentó una directriz de un criminal de los fungen como comandante donde dan órdenes expresas de propiciar el accionar de las Águilas Negras, lo que confirma lo que se venían diciendo hace mucho tiempo, de que las águilas Negras son una fachada de ese ejercito de asesinos que es el ejercito de mafia colombiana.

Los hijos de pobres, que llegan sanos a este criminal ejército, son convertidos en criminales, en perros de presa, que luego, sin miramientos y obedeciendo órdenes de sus jefes, matan y comen del muerto para defender los intereses de la mafia que detenta el poder en Colombia.

Aquí trataran de decir como siempre lo hacen, que son casos aislados o manzanas podridos, pero lo cierto es que las denuncias por este tipo de entrenamiento son constantes y se han realizado por todo el país y no solo en el Amazonas, lo cual indica que es una política de estado y quienes controlan el estado deben responder por esos actos criminales y no los soldados, hijos de pobres, que son víctimas.

 

Por: Tony López R (*)

El escándalo político y presión gubernamental sobre la Jurisdicción Especial de Paz, por el dictamen de la no extradición y libertad para Jesús Santrich, han revelado la perdida de independencia y soberanía del gobierno de Iván Duque, y sentó a la JEP y a la Corte Suprema de Justicia en el más alto puesto de honor, imparcialidad y honradez, al no dejarse ni comprar ni presionar, una conducta digna de hombres y mujeres que conociendo los riesgos que se corre, al desafiar al corrupto poder que existe en Colombia.

El renunciante Fiscal Néstor Humberto Martínez huyó del país no por el enfrentamiento con la JEP, sino por su vinculación al caso Oderbrech que se investiga en Colombia y que ya se cobró la muerte de tres personas, según la prensa bogotana, vinculadas a dicho caso.

No se trata de tener buenas relaciones diplomáticas, políticas, comerciales con otros Estados y tener coincidencia en política y aliarse en temas que se consideren comunes, pero lo inamisible es que el embajador de cualquier Estado, se inmiscuya, presione y chantajee al Gobierno, Congreso o Poder Judicial, en su política interna. Y mucho peor que agencias de inteligencia extranjeras operen es su territorio sin el debido permiso del Gobierno, como lo hizo la DEA y lo dio conocer el ex fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, luego de su renuncia el pasado 17 de mayo, en conferencia de prensa.

Para conocimiento de los lectores, en este fuerte debate sobre la Ley Estatutaria en el Congreso, el embajador de Estados Unidos llegó a convocar a congresista colombianos para pedirles que aceptaran las objeciones planteadas por el presidente Duque, un hecho inamisible del embajador de un gobierno extranjero. Mucho más grave, lo sucedido posteriormente, cuando el Departamento de Estado retiró las visas a magistrados y magistradas que han defendido los acuerdos de paz y a los congresistas que denunciaron la injerencia de Kevin Whitaker. Un verdadero chantaje y una política de terror.

La injerencia del gobierno gringo ha sido tan descarada, que tal como cite, en párrafo anterior, el ex presidente César Gaviria denunció una presión indebida del gobierno norteamericano sobre las cortes y la JEP y dijo que ante ello el gobierno colombiano ha tenido «una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno de Duque».

En relación a la Ley Estatutaria de la JEP, debatidos y aprobados   por el Congreso, luego de varias modificaciones a propuesta del senador Álvaro Uribe, conocida y aprobada por la Corte Constitucional, que envió a la firma del presidente Iván Duque, luego de meses de estudio, la devolvió al Senado con seis objeciones, el senado lo debatió no llegó acuerdo y las remitió a la Corte Constitucional que no aprobó las objeciones y nuevamente traslado su veredicto al presidente Iván Duque, quien por fuerte presión popular y política decidió firmar la ley, el pasado 5 de junio.

Un fuerte revés para el mandatario colombiano cuya figura pierde cada día más autoridad y menos apoyo de la población, según las encuestas de varias agencias. Sin embargo, la tozudez sigue reinando, después de haber firmado la Ley Estatutaria, Duque anuncio que llevarían nuevamente a debate las atribuciones de la JEP, la misma ley que acaba de firmar, lo que demuestra su inconsecuencia, un rasgo inapropiado para tan alta investidura.

Está favorable decisión por la paz de las Altas Cortes, se toma luego de la batalla que se ha venido desarrollando en Colombia, entre los sectores que defiende dignamente los Acuerdos de La Habana y los que, desde el gobierno de Iván Duque toman acciones y medidas no solo para desconocerlos, sino para acabar con ellos.

Frente a la digna postura de las Cortes, el expresidente Álvaro Uribe ha comenzado una campaña de calle, convocando a la población para que se pronuncie contra el actual sistema judicial colombiano, o sea, contra las altas Cortes, cuya independencia y soberanía se han puesto de manifiesto, es el inicio de un trabajo de manipulación política y social, para plantearse el objetivo supremo de la ultraderecha oligárquica colombiana de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y así concentrar el poder judicial en una sola Corte Suprema de Justicia, que no tenga oponentes y obviamente subordinada al poder ejecutivo.

Las posiciones del oficialista Centro Democrático liderado por el senador Álvaro Uribe Vélez siempre han sido contrarias a la paz, y se ha visto muy bien reflejada, luego de asumir Duque la presidencia el pasado 7 de agosto, la ruptura de los diálogos con el ELN y los incumplimientos a la implementación de los Acuerdos es clara y muy grave al no tomar en cuenta que esos acuerdos ya se habían convertido en honorables compromisos del Estado colombiano, que no debieran ser roto por un gobierno.

Pero al no haberse sometido a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, no se convirtieron en una política de Estado, lo que los hacia inviolable para cualquiera de los tres poderes, como sucedió con los Acuerdos de AD-M19 recogidos en la Constituyente del 91. Solo una Asamblea Constituyente Corporativa es la que puede incluir artículos y leyes complementarias que incluyan los intereses del pueblo, que recoja lo más positivo de la constitución del 91 y convierta los Acuerdos de Paz en una política de Estado.

Claro que esta no es la Constituyente que desea la oligarquía y la ultraderecha del Centro Democrático, ellos quieren delegados constituyentes solo de los Partidos políticos tradicionales, pero no que incluyan a delegados del movimiento social y gremial, lideres comunales y defensores de derechos humanos, elegidos por sus comunidades, sindicatos y expresiones sociales. Fue a esa propuesta a la que se negó el Gobierno de Santos a convocar y en su lugar propuso el plebiscito que al final favoreció al SI por la guerra, un resultado realmente demencial, empujado por la campaña mediática de noticias falsas, impulsada por Uribe.

Todo lo sucedido en las últimas semanas en Colombia, entre ellos el gran escándalo relacionado con las objeciones a la Ley Estatutaria, el caso de Jesús Santrich, y la impunidad como trabaja la DEA en Colombia, el tema de la JEP, la renuncia del Fiscal y la vice fiscal, la ministra de Justicia; las contradicciones y la profunda crisis institucional en el Poder Judicial, el anuncio del posible decreto de Conmoción Interior y rumores de un posible golpe de Estado, la represión, asesinatos diarios de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados.

La denuncia del New York Time sobre la orden del jefe del Ejército que podría llevar nuevamente a los criminales falsos-positivos, se agrava con la denuncia del pasado 5 de junio en el diario El País de España, que implica al comandante del ejército colombiano Nicasio de Jesús Martínez, y lo responsabiliza con al menos 23 ejecuciones extra judiciales de civiles presentados como guerrilleros de las FARC caídos en combate, el clásico “falso-positivo”.

Aseguro el diario madrileño que dichas ejecuciones se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2006 en los departamentos de La Guajira y Cesar durante el gobierno de Uribe Vélez, según consta en documentos suministrados por las fuentes al diario español, también dado a conocer por La Jornada de México, que señala que “los casos denunciados ocurrieron en 2005, e incluyen una matanza de indígenas en la que participaron miembros de las ahora disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, y un caso de violencia sexual”.

Mientras que la prestigiosa periodista María Teresa Rondero, en su libro Guerras Recicladas, en su página 244, (1) da conocer que el jefe paramilitar Jorge 40 “ordenó aplastar de la forma más dolorosa a una comunidad Wayúu, el 18 de abril de 2004, que entraron como hordas salvajes a las rancherías de bahía Portete en la Alta Guajira, decapitando matronas, robaron piedras sagradas, profanaron el cementerio y destrozaron el centro de salud, y casa por casa fueron matando mujeres porque sabían que eran ellas las figuras de autoridad en esa cultura indígena”.

No olvidar que en ese periodo el gobierno uribista había negociado un supuesto proceso de paz con los paramilitares en Santa Fe de Ralito y que en ambos departamentos operaba el llamado comandante Jorge 40, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Tovar, que fue extraditado por Uribe Vélez a Estados Unidos y guarda prisión en ese país, actualmente este acusa a Uribe de haberlos traicionados y ha denunciado las estrechas relaciones que ellos mantenía con altos jefe de las FF.MM.

Se producen estas denuncias, en Estados Unidos y España, cuando el Senado colombiano se aprestaba a promover los ascensos de generales al grado inmediato superior, entre ellos al general Martínez Espinel. Ascenso que fue aprobado por la Cámara Alta, pese a tales denuncias y como una fuerte bofetada a las víctimas de esas acciones y a los organismos como las Naciones Unidas, la CPI y las organizaciones de Derechos Humanos, lo cual demuestra de donde viene la impunidad.

Las declaraciones y trinos del senador Uribe Vélez sugiriendo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para lograr el orden institucional, tiene un objetivo claro y estratégico: Unificar todo el sistema judicial y concentrarlo en una sola Corte Suprema, eliminando las Cortes y todo el democrático sistema jurídico logrado en la Constituyente de 1991.

Por estas razones ha convocado para hoy sábado 9 de junio, una marcha contra la Corte Constitucional y la JEP, con una mentirosa campaña, de que las Cortes están entregadas a la narcoterrorista guerrilla y proporcionar la impunidad, de esa manera busca apoyo popular y reeditar lo que hizo cuando el plebiscito, lo grave de todo esto que una parte de la población se cree estas degradante y asquerosas mentiras y que de paso a la convocatoria de una Constituyente.

Ello permitiría liquidar los Acuerdos de Paz y no solo ese objetivo, también desde el Poder Ejecutivo, eliminar muchas prohibiciones que limitan al gobierno en su política entreguistas a las trasnacionales estadounidenses, canadienses y europeas de las riquezas minerales y forestales, una buena parte de ella ya están en venta a espalda del pueblo colombiano como el caso de ISA, Ecopetrol, la transportadora de petróleo y una parte de los llanos orientales, y el Choco, así como estimular el fracking y la explotación minera de oro, coltán, y otros ricos minerales a beneficio de empresas foráneas.

Este lamentable y complejo escenario solo puede ser conjurado por una fuerte unidad de las fuerzas políticas, sociales y populares que se unan como un solo puño, a favor del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y parar con mucha fuerza las intenciones del senador Uribe Vélez y el ultraderechista Centro Democrático y sus aliados, de convocar a una Asamblea Constituyente que pretenden concentrar el poder en una minoritaria y dictatorial oligarquía.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, 9 de junio del 2019 23.30 hrs.

  • Guerras Recicladas. María Teresa Rondero. Edición Aguilar. Septiembre 2014

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El componente FARC de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final - CSIVI, manifiesta su apoyo irrestricto al informe de los relatores especiales de la ONU, Dra. Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Dr. Bernard Duhaime, presidente Relator, Dr. Tae-Ung Baik, vicepresidente y a la Dra. Houria Es-Slami, Dr. Luciano Hazan y Dr. Henrikas Mickevčius, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en el que expresan hondas preocupaciones respecto a la grave situación de inseguridad que padecen exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP en proceso de reincorporación, lo cual pone además en cuestión la propia implementación del Acuerdo de Paz.

Desde la firma del Acuerdo Final, se han registrado los incontrovertibles hechos de 127 asesinatos de exguerrilleros y exguerrilleras, así como de 31 asesinatos de familiares suyos, junto con numerosas tentativas de homicidio y desapariciones forzadas; a los cuales se suma la alarmante cifra de asesinatos y agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en aumento desde el año de 2016.Estos hechos de violencia son en gran medida consecuencia de la precaria implementación material de las medidas relativas a las garantías de seguridad y no repetición establecidas en el Acuerdo Final.

En ese sentido, compartimos plenamente la valoración de los relatores especiales en cuanto que dichos crímenes se han realizado con acción u omisión del Estado. Asimismo, que son una deriva de la incitación a la violencia contra exintegrantes de las FARC-EP.

En nuestra calidad de representantes de la FARC en la CSIVI, reclamamos menos retórica gubernamental, y sí la pronta y efectiva implementación del sistema de garantías de seguridad contenido en los puntos 3.4 y 3.6 del Acuerdo de paz, a fin de contribuir a evitar la repetición de los hechos criminales denunciados por los relatores especiales.

Exhortamos a todas las instituciones de la ONU que hacen verificación y seguimiento a la implementación del Acuerdo Final a continuar su importante tarea, a no ceder a las evidentes presiones del Gobierno y de las fuerzas de la extrema derecha que buscan no solo poner en duda su importante trabajo, sino contrarrestar en forma indebida la imagen de los protuberantes incumplimientos del Acuerdo de paz que está quedando en la retina de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional.

 

CSIVI – FARC

Bogotá, 5 de junio de 2019