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Colombia

Por Luis Alfonso Mena S.

Trabajadores de Papeles del Cauca llevaron a cabo el viernes 24 de mayo de 2019 un mitin de protesta frente a las instalaciones de esta empresa, situada en jurisdicción de Puerto Tejada, para denunciar las políticas antisindicales de los directivos de la factoría.

Los obreros, afiliados a Sintrapub, revelaron que la empresa se niega a resolver el pliego de peticiones presentado, arremete contra su derecho a la organización gremial, ha llamado a descargos a 30 de ellos por haber participado en la marcha del Primero de Mayo en Cali y les ha impuesto sanciones arbitrarias de cinco días de suspensión.

Así lo denunció Néstor Viáfara, presidente de Sintrapub en Puerto Tejada. En el mitin, otro dirigente obrero, Ómar Novoa, sostuvo que la empresa ha difundido panfletos denigrando a Sintrapub, en una campaña orientada a evitar la afiliación de los trabajadores.

Óscar Marino Valencia, presidente nacional de Sintrapub, también intervino en el mitin, expresó su solidaridad con los trabajadores de Papeles del Cauca y aseveró que “la política de esta empresa contra los trabajadores sindicalizados es arrogante y represiva”.

Los participantes en la protesta se mostraron decididos a continuar en su lucha, a pesar de las medidas de persecución desatadas contra ellos, y llamaron a la solidaridad del movimiento obrero del Valle del Cauca con Sintrapub Puerto Tejada y sus justos reclamos.

Por Tony López R. (*)

El pasado viernes 17 de mayo el diario New York Time, denunció que el jefe del ejército colombiano, general Nicasio Martínez Espinel, había decretado una orden que orientaba a los mandos militares a intensificar las acciones militares y exigía resultados sin importar que las bajas y heridos fueran inocentes civiles.

A tal efecto, indica el Time, “a inicios de año, a los generales y coroneles se les pidió firmar un compromiso por escrito de intensificar los ataques e instruye a “los soldados que exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales”. Según sectores militares opuestos a esa orden señalaron que “la orden implica reducir las normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas”.

La reacción no se hizo esperar el propio Comandante en Jefe del Ejército, sin perder tiempo y a cinco días de emitir la orden y publicada la denuncia, reconoció que su orden fue mal interpretada y el martes 21 de mayo ordenó su modificación, según declaró al periódico El Tiempo de Bogotá y la instrucción de aumentar las capturas, muertes y rendiciones quedó anulada, pero que no habría cambios en otras ordenes claves, indicó el ministro de Defensa Guillermo Botero y que también ha preocupados a sectores militares.

Sin embargo, las modificaciones plantean atemperar la orden, pero no la esencia de ella y al parecer se mantiene en vigor pues instruye a los oficiales a no “exigir perfección” al ejecutar las acciones letales, incluso si hay dudas considerables respecto a los objetivos sobre los que se despliegan. “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, dice la orden militar. Quiere decir, que, del 100 por ciento de acciones, hay entre un 30 o 40 por ciento que pueden ser un “falso-positivo”.

Durante la segunda mitad del pasado siglo XX, los pueblos de América Latina fueron víctima de crímenes y desapariciones de miles de sus ciudadanos, al sufrir horrorosas dictaduras militares. La humanidad conoció el apoyo de los Estados Unidos a esos ilegítimos gobiernos de facto y muchas de ellas, organizadas desde Washington, como la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual estuvieron seriamente comprometidos el ex presidente Richard Nixon y el Secretario de Estado Henry Kissinger.

La gran mayoría de los generales y altos oficiales vinculados a esas criminales dictaduras, están pagando cárceles, pero aún hoy a 70 años de aquellas barbaries, miles de familias en nuestra región piden justicia para las víctimas. Nada diferente a lo que sucede en Colombia, donde supuestamente existe una “democracia” y un estado social de derecho.

Esas imperdonables y dolorosas experiencias, al parecer no han calado en la conciencia de algunos sectores castrense en Colombia, sobre todo en los altos mandos, cuyo objetivo estratégico debía ser la defensa de la soberanía del país y de sus habitantes y ha sido todo lo contrario, las fuerzas militares es utilizada desde hace medio siglo a combatir a la oposición política interna y se han convertido en la guardia pretoriana de la oligarquía colombiana y defensora de los intereses extranjeros.

La denuncia del diario estadounidense New York Time es una alerta para no repetir los horrores vividos durante los ocho años de los falsos-positivos (2002- 2010) durante el Gobierno militarista de Álvaro Uribe Vélez, según el Time, se calculan más de 5000 jóvenes inocentes asesinados, de acuerdo a informes de las Naciones Unidas. Sin embargo, sus familiares y la sociedad colombiana aguardan aún, para que los máximos responsables de dicho Gobierno y jefes militares sean juzgados por la CPI.

Considerados crímenes de lesa humanidad, estos deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional, (CPI) lo cual no ha sido posible por la negativa de la Fiscalía General de la Nación a entregar los expedientes de altos mandos militares complicados en dichos crímenes, y pone de manifiesto la complicidad e impunidad en la actuación del sistema judicial colombiano y del poder ejecutivo, no solo del actual gobierno sino de las anteriores administraciones.

La denuncia del NYT, fue rechazado por el sector uribista, entre ellos por la senadora María Fernanda Cabal, que llegó a caracterizar al diario newyorquino de un pasquín, demuestra el mediocre nivel y analfabetismo político de una congresista, que lejos de preocuparse, investigar y verificar la certeza de que se cometen tales actos criminales por los uniformados de su país, la emprende contra el diario estadounidense. Ella debía buscar justicia y velar por que no haya impunidad, para eso fue elegida por una parte de la población y no convertirse en una defensora a ultranza de un sector que lejos de defender a su pueblo, está defendiendo la impunidad con la que actúan las fuerzas del orden en un conflicto, cuyas cifras de muertos y heridos se resumen en el libro de la Memoria Histórica: Basta Ya. El informe permite confirmar que entre 1958 y el 2012 el conflicto social y armado interno ha ocasionado la muerte de 220,000 mil ciudadanos colombianos.

Está semana que comienza hoy, 27 de mayo, el Senado de la nación tiene la tarea de evaluar a los generales que serán ascendidos al grado inmediato superior, once de ellos y su hoja de vida, están siendo revisada por el Gobierno, luego de la denuncia del NYT, pues se encuentran señalados como violadores de los DDHH por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Warch y la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, algunos tendrían procesos en la Fiscalía General de la Nación y otros se han postulado a la Justicia Especial de Paz.

Siempre según el Time, documentos publicados por Human Rights Warch el gobierno de Duque, nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, acusación que desmiente el general Martínez.

En medio de este serio escándalo, surge la oposición de un importante grupo de senadores, que cuestiona la propuesta del ministro de Defensa Guillermo Botero, de judicializar las protestas sociales, propuesta nada diferente a la que aplicaron los gobiernos fascistas de Franco en España, Mussolini en Italia y las dictaduras militares en América Latina, en décadas pasadas. ¿Es acaso que, realmente en Colombia, existe una democracia y un estado social de derecho como proclama el gobierno? Respóndase usted mismo querido lector.

Resulta contra producente, esas órdenes y la agresividad de los altos mandos militares, cuando solo mediante el dialogo y no por las acciones militares se pudo lograr que las FARC-EP, con un importante sentido político y vocación de paz decidió establecer los diálogos en La Habana y firmado los Acuerdos de Paz hace ya 2 años y 6 meses y que solo un 20 por ciento de lo acordado se haya cumplido y ahora se trate de imponer cambios y trampas a lo ya acordado. Deja mucho que desear esa conducta no solo del Gobierno, del que se sabia era enemigo de la paz, pero sí de las fuerzas políticas colombianas que deben exigir desde sus bancadas en el Congreso el cumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, eso seria lo honorable y lo que espera el pueblo colombiano que merece vivir en paz.

Se sabe que este movimiento guerrillero era considerado el mayor, mejor armado y preparado en el país, y que los Acuerdos de Paz no fue producto de una derrota militar, sino el interés en responder pacíficamente a los clamores del pueblo agotado por cincuenta años de guerra. El gesto de haber entregado sus armas, si bien fue algo plausible, pero estratégicamente errado, que el histórico comandante en Jefe de las FARC - EP Manuel Marulanda, no hubiera accedido, salvo que la contraparte reciprocaran con coherencia a un verdadero interés por la paz, como hubiese sido la de liberar a todos los prisioneros políticos e iniciar el Acuerdo de la Reforma Rural Integral, importantes elemento que se han cumplido parcialmente en el caso de los prisioneros y nada o casi nada sobre el tema de la Reforma Rural.

Tampoco Jacobo Arenas o Alfonso Cano hubieran aceptado entregar las armas que es la garantía de que se cumplan los Acuerdos. Actualmente esa masa guerrillera es una tropa inerme y desarmada. La conducta del Gobierno de Santos y Duque debieron de tomar en cuenta ese gesto y haber reaccionado con mayor agilidad y sin burocratismo a las necesidades de estos combatientes que hoy muchos de ellos se sienten traicionados. Trabajar por la paz fuertemente en el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, debe ser tarea priorizada del Gobierno de Iván Duque, así como acceder, a dar continuidad a los diálogos con el ELN y lograr al igual que con las FARC un acuerdo de paz.

Reconocer que las FARC-EP sin recibir ningún beneficio a cambio, concentraron sus fuerzas en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, (ETCR), centros donde la guerrilla no tienen, según quienes lo habitan, las más mínimas condiciones para una vida higiénica y digna y sufriendo ataques a sus miembros que ha conllevado al asesinato de 115 ex guerrilleros y 31 miembro de sus familias, incluyendo niños; conociendo el proceder del Gobierno y el Poder Judicial en el caso de Jesús Santrich, al desconocer la decisión de la JEP de ponerlo en libertad y estas graves noticias del proceder de las FF:MM, es lógico que cause en los desmovilizados, profundas preocupaciones ante la evidente falta de garantías para sus vidas y futuro.

Estos elementos debían ser tomado en cuenta, no solo por el Gobierno, que está obligado a cumplir lo que está avalado por las Naciones Unidas, con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad para que se cumpla la implementación de los Acuerdos de Paz, también por la sociedad colombiana y sus Partidos políticos y sus Organizaciones sociales. Esperemos que se actué con la coherencia y la sensatez de quienes tienen las altas responsabilidades en el Gobierno y contribuir a que los Acuerdos de Paz, se conviertan en una verdadera política de Estado.

Combatir con todas las armas legales y ordenar a las fuerzas publica que tome las medidas correspondientes para extirpar la violencia narco-paramilitar que es hoy, la fuerza que está provocando la desestabilización del país, con los horrendos crímenes que están cometiendo contra el movimiento social y político colombiano. Solo así, Colombia podrá escribir páginas de gloria con toda la fuerza e inteligencia que tiene su pueblo y ponerla no solo al servicio de su país, sino también a toda la región.

 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba 27 de mayo del 2019. 17 y 30 hrs.

El sábado 25 de mayo, represantes de organizaciones latinoamericanas y suecas en Estocolmo se manifestaron frente a las redacciones de Radio y Televisión de SUECIA (SR/SVT). Con un gran despliegue de lienzos expresaron su repudio y decepción ante la forma como se muestra la realidad latinoamericana.

Se hizo entrega de la siguente carta abierta:

A las redacciones de Radio y Televisión de Suecia

Con un llamado a informar de forma imparcial y objetiva sobre Venezuela

Nuestros servicios públicos tienen la tarea de transmitir información imparcial y objetiva a los espectadores y oyentes, otorgando en lo posible información objetiva y equilibrada sobre los acontecimientos mundiales. Esto no es el caso cuando se trata de la crisis en Venezuela.

En los principales medios de comunicación de Suecia, incluídos los servicios públicos de radio y televisión, reina un silencio sobre la guerra económica de Estados Unidos. Guerra que impide a Venezuela importar medicamentos, alimentos, semillas y otros bienes necesarios para el sustento de la población, y le impide vender petróleo para poder financiar las importaciones. En cambio, las deficiencias causadas por la guerra económica de Estados Unidos son atriuídas a la mala gestión del gobierno venezolano. La guerra económica de Estados Unidos ("sanciones") le ha costado a Venezuela más de 30 mil millones de dólares desde agosto de 2017, incluida la incautación de las compañías petroleras venezolanas por 7 mil millones de dólares en efectivo y 11 mil millones en ingresos por exportaciones.

Adherirse al apoyo de los medios de comunicación estadounidenses para el autoproclamado "presidente de transición" en Venezuela, entrenado en los Estados Unidos, carece a la vez de sentido y conocimiento de la historia, porque implica ignorar el propósito de los Estados Unidos, tan sinceramente formulado por el Asesor de Seguridad John Bolton, refiriéndose a la doctrina Monroe ("América para los americanos"). Esta doctrina, desde la guerra contra Cuba en 1898, ha sido el fundamento de guerras, golpes de estado, terror y torturas perpetradas por los Estados Unidos, en su afán por dominar a los pueblos y recursos naturales de América Latina y el Caribe. Parece que esta doctrina ha sido completamente olvidada por los medios de comunicación suecos, a pesar de la obvia intención del presidente Trump de prolongarla.

Nosostros somos testigos vivos del terror ejercido por Estados Unidos contra nuestros pueblos. Somos refugiados en Suecia después del golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos contra el Presidente de Chile, Salvador Allende, y las dictaduras militares, que fueron impuestas en prácticamente toda América Latina a base del terror y la tortura masivos.

Estamos consternados y profundamente conmocionados por el hecho de que los medios suecos, incluídos aquellos que forman parte del bien público del país democrático y solidario que nos recibió, contribuyen hoy a presentar el intento fallido de golpe de Estados Unidos en Venezuela como un levantamiento popular contra un gobierno inepto. Contribuyen al silencio que prevalece sobre la guerra económica de Estados Unidos para someter por hambre al pueblo venezolano. Ocultar el apoyo manifiesto de la mayoría por su presidente electo y la falta evidente de apoyo popular al candidato presidencial autoproclamado no debe ser la tarea de la televisión y radio suecas. Al contrario, los medios de comunicación deben declarar que el reconocimiento del gobierno sueco a este autoproclamado presidente es una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Algo de lo cual el gobierno noruego se ha dado cuenta y se ha abstenido de apoyar, al igual que la mayoría de los países del mundo.

Hay muchos acontecimientos en América Latina que merecen atención, pero que caen en el olvido, como el incumplimiento del gobierno de Colombia del acuerdo de paz o la persecución, acoso y asesinato de activistas sociales colombianos que se atreven a trabajar por el acuerdo de paz – un acuerdo al cual Suecia contribuyó y que implicaba una promesa de derechos económicos y sociales para los pobres.

Los medios de comunicación deberían preguntarse si la defensa de Suecia del Derecho Internacional fue abolida para mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. ¿Es que Suecia no ha aprendido nada de lo que ha sucedido en Iraq, Libia, Siria, Afganistán y otros países?

Así como deben preguntarse si Suecia está preparada para recibir a miles de nuevos refugiados de América Latina, víctimas de una posible guerra civil en Venezuela, como antes recibieron a las víctimas de las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos de los años 70?

Las organizaciones firmantes estamos compuestas por refugiados de las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos a fines del siglo pasado. Instamos a los medios de comunicación y al gobierno sueco a reconsiderar su adhesión a la aplicación de la doctrina Monroe reanudada en Estados Unidos por Obama (la que considera que todo el continente americano (excepto Canadá) constituye el patio trasero de los Estados Unidos). Les instamos a que informen sobre la guerra económica estadounidense contra el pueblo y gobierno venezolanos.

Estocolmo 2019-05-23

Organizaciones latinoamericanas:

Argentinos Para la Victoria, Suecia

Asociación Carlos Fonseca Amador

Asociación Jaime Pardo Leal

Comité Cinco de Octubre

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos (Capítulo Suecia)

Comité por la Solidaridad Internacional

Melin Newen Mapu (Grupo de apoyo al pueblo Mapuche)

Radio Antawara, programa "En los caminos de la noticia"

Radio Café Stereo

Radio Tiempo Nuevo 101.1

Red de Solidaridad con América Latina (RESOCAL)

Asociación Cultural Boliviana Tiwanacu

Asociación de Amistad Sueco Ecuatoriana

Asociación de Integración Cultural – ADIC

Asociación de Solidaridad con El Salvador – Estocolmo

Asociación Solidaria Latinoamericana -Radio Bahía

Centro Cultural Peruano

Federación Nacional Víctor Jara;

Semanario Liberación

Organizaciones suecas de paz y solidaridad:

Plataforma Paz en Venezuela – No a la guerra de Estados Unidos con Venezuela, Venezuelanätverket, Hands Off Venezuela, FIB Kulturfront, Consejo Sueco por la Paz (Asociacón de mujeres suecas de izquierda, Mujeres por la Paz, Asociación Sueco-cubana, Comité Sueco por la Paz, Artistas por la Paz)

Por: Hernan  Durango

Bogotá.

Se cumplió este viernes 24 de mayo en Bogotá el regio acto de instalación de conferencia distrital del Partido Comunista Colombiano en el Distrito Capital. Con una nutrida asistencia que colmó el auditorio de la cooperativa del magisterio Codema se dio inicio al máximo evento del PCC en el territorio capitalino. Durante la jornada intervinieron voceros de fuerzas y sectores políticos como el Congreso de los Pueblos, Partido Fuerza Alternativa del Común Farc y PCC-UP. Participaron como oradores principales Jorge Rojas, precandidato a la alcaldía de Bogotá, quien hizo importantes anuncios acerca de los esfuerzos que se realizan por una candidatura única popular, convergente y unitaria. Del mismo modo intervino Heidy Sánchez Barreto, aspirante por la UP al Concejo de Bogotá, quien resaltó las líneas centrales de un proyecto de ciudad democrático, el legado del Partido y la UP, sus candidatos a las JAL, y el compromiso con la unidad. A su vez instó a los capitalinos a redoblar esfuerzos para recuperar la voz política en el Concejo de Bogotá.

"Aquí estoy, como mujer y joven militante para cumplir la tarea que el Partido me ha asignado, y juntos recuperar en unidad nuestra curul", indicó Heidy Sánchez Barreto, proveniente de las filas juveniles y del movimiento estudiantil universitario y destacada defensora de los Derechos Humanos.

Jorge Rojas, precandidato a la alcaldía de Bogotá señaló:

"Respaldados por seis partidos y fuerzas Hollman Morris, Claudia López, Celio Nieves, Luis Ernesto Gómez y Jorge Rojas, precandidatos ratificamos esta tarde nuestra decisión de escoger una sola candidatura para ganar la Alcaldía de Bogotá". "Eso significa que le podemos decir a los sectores de la derecha en Bogotá que se bajen del bus porque ellos no van a seguir en la alcaldía. Vamos a recuperar ese cargo, el programa de gobierno ya quedó definido y el próximo jueves será presentado a la ciudad".

En el acto de instalación de conferencia distrital del PCC también se hizo un homenaje póstumo al compañero Carlos Lozano Guillén, Director del Semanario Voz fallecido hace un año, y a destacados dirigentes populares que no están físicamente, pero que con sus ejemplos se  convierten en una luz que ilumina la lucha del pueblo colombiano por paz con justicia social.

La conferencia distrital del PCC sesionará durante el fin de semana en la capital colombiana con participación de centenares de delegados de las 20 localidades del Distrito Capital.

 

Por: H. Durango.

Varios movimientos ambientalistas y organizaciones sociales del municipio de Viotá, Cundinamarca convocan a una movilización contra el Fracking el próximo viernes  7 de junion, en el marco de las marchas y plantones que tendrán desarrollo ese día a nivel nacional y mundial.

El plantón en Viotá será este 7 junio a partir de las 3 pm en el Parque central del munciipio cundinamarqués para manifestar junto con la Alianza Colombia libre de fracking integrada por más de 100 municipios de todo el país en defensa del agua y la vida.

Para dicha jornada se utilizan las siguientes etiquetas en las redes sociales:

#CadaAcionCuenta   y  #SomosViotáAmbiental

Comunicado:

Bogotá.

SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES Y PROFESORES DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

El pasado lunes 20 de mayo el sindicato de trabajadores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (Sintrafuac) y el sindicato de profesores de la Fundación Universidad autónoma de Colombia (Sinprofuac) dieron inicio a la huelga con el propósito de denunciar la actitud displicente y arrogante de las Directivas de dicha institución educativa, quienes se han negado a cancelar desde hace cinco meses los salarios, primas extralegales y la seguridad social de las personas que laboran en el claustro universitario.

Dicha parálisis de actividades académicas y laborales se desarrollan en las 7 sedes que tiene la universidad Autónoma en Bogotá, las cuales albergan a un promedio de 4.400 estudiantes y se corresponde con una crisis que se ha evidenciado en años anteriores y que por la falta de gestión, consolidación administrativa y proyección financiera, hoy se pretende descargar sobre los trabajadores y profesores las improvisaciones y el direccionamiento equivocado de las directivas de la Fundación Universidad Autónoma.

Frente a la situación expuesta, corresponde exigir a las Directivas de la Universidad autónoma y del Ministerio de Educación la salvaguarda y defensa de los derechos conquistados por los trabajadores y profesores de la Universidad Autónoma; pues los logros alcanzados en las convenciones colectivas son innegociables y se corresponden con jornadas memorables de lucha que reivindican el papel del movimiento sindical clasista, como el derecho a la libre asociación y de huelga.

Llamamos al conjunto de las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y populares a solidarizarse con la justa lucha de los trabajadores y profesores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, acompañando las acciones de exigibilidad de derechos, visitando la carpa ubicada en la calle 12 B # 4 – 68 barrio la Candelaria, sede principal de la universidad y haciendo las respectivas donaciones en especie.

EQUIPO OPERATIVO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS – ENOSP Y LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES – COS.

La Policía del municipio de Palmira, Valle del Cauca, informó este miércoles 22 de mayo, que hallaron el cuerpo de Leidy Asprilla, jugadora de la Selección Colombia Femenina de Fútbol y del cuadro Orsomarzo, que se encontraba desaparecida desde el pasado domingo en horas de la mañana, fue hallada sin vida.

Eso que en Colombia denominan como “autoridades”, como se esta volviendo costumbre, dijeron sin investigar, que ella había muerto por un accidente de transito, pero este hecho se produce en medio de graves denuncias sobre corrupción, abusos sexuales, etc., en el fútbol femenino.

Dos jugadoras de ese equipo llevaron el caso a la Fiscalía General de la Nación, pero la respuesta fue decir que el fútbol femenino era un cultivo de lesbianas e incluso fueron vetadas.

Con este asesinato les envían un mensaje muy claro de que deben cerrar la boca. En esto se a convertido Colombia, en un estado mafioso donde la vida literalmente, no vale nada. Bienvenidos al pasado, bienvenidos de nuevo a la "seguridad democrática", donde la muerte y la impunidad reinan.

El episodio ocurrió en la noche del sábado 18 de febrero de 2018 en el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila, cuando Estiven Mayor Anacona, de 24 años, se dirigía a su casa en compañía de su hermano Edith Fabián.

El joven comentó que cuando enfocaba la escena desde un andén, para grabar un procedimiento que realizaba la policía contra un motociclista, el cual para Estiven era autoritario por la manera como lo desarrollaba.

De pronto uno de los muchachos de la moto le dice al uniformado que dé la cara porque lo están grabando.

“El policía me mira, yo guardo mi celular y continúo caminando con mi hermano, cuando a media cuadra somos alcanzados por la patrulla. Un uniformado procede a requisarnos a lo cual no opusimos resistencia, cuando estoy frente a él, alzo los brazos para que me requise y de manera sorpresiva soy esposado por el policía, quien me dijo que sería conducido hasta la Estación; entonces le pregunté que por qué, si yo no estaba haciendo nada grave. Airadamente me respondió que ahora si íbamos a mirar quien era quien, cuando llegáramos a la estación. Acto seguido, me tira al suelo y luego soy conducido a ese lugar. Allí, mientras mi hermano me esperaba en la calle, porque a él no lo dejaron ingresar, me propina fuertes golpes en la cabeza, uno de ellos impacta en mi boca, provocándome la partidura de uno de mis dientes”, señaló la víctima.

Un abogado comentó que “Existen otros hechos similares que también han comprometido a miembros de policía de San Agustín (…) recuerdo que hace unos años mi amigo Édgar Delgado Medina, también fue sometido a agresiones físicas al interior de la estación de policía de este municipio, quedando en estado vegetal como producto de los golpes recibidos”.

Ese es el accionar de los bandidos uniformados, que defiende los intereses de la mafia, que los adiestra como perros de presa para atacar al pueblo y luego nos los presentan como “héroes”

Conocido, el hasta ahora no esclarecido caso del atentando a la Escuela de criminales General Santander, altos funcionarios estatales y demás delincuentes que controlan el poder en Colombia, salieron a lamentarse por los muertos y los reclamaron como héroes.

Ante las cámaras dejaron caer sus lágrimas de cocodrilo y ahora, cuatro meses después cuando ya todo está olvidado, familiares de los cadetes fallecidos que aún continúan en su duelo, indicaron que para el Estado el atentado solo les duró tres días de luto, ya que no se volvieron a manifestar con los parientes.

En medio de lágrimas, César Ojeda, padre de uno de los muertos, fue enfático en decir que, “ellos estaban luchando por sacar a sus familias adelante, quedamos solos, no nos han dado indemnización, nos los quieren desconocer como miembros de la Policía nacional, para ellos (el Gobierno) no eran policías, sino estudiantes, pero usted mira las fotos y portaban el uniforme de la policía y murieron en una institución de la entidad” .

Los familiares denunciaron que el gobierno se opuso a concederles el ascenso póstumo como sinónimo de honor hacia ellos, reconociéndoles solo como estudiantes lo cual significa que la indemnización que el estado les debería pagar se redujo a infelices 40 millones de pesos, unos 13 mil dólares.

Queda claro pues el dolor de la mafia por los hijos de los pobres, a quienes utilizan para que protejan sus torcidos intereses utilizando para ello hasta sus muertes.

El Noticiero CMI, denuncio que la oficina del fiscal Ad hoc, fue allanada el pasado 21 de mayo.

Según informaron, minutos antes de que la Corte Suprema de Justicia, agentes del CTI de la Fiscalía, armados hasta los dientes allanaron la oficina Leonardo Espinosa, llevándose consigo todos los documentos de las investigaciones que había adelantado Espinosa en el caso Odebrecht.

Sabiendo que tal vez la misión más importante de Néstor Humberto Martínez, era proteger al Grupo AVAL, involucrado en el robo denominado Odebrecht y basados en todos los desmanes ordenados por el rufián que fingía ser Fiscal, queda el interrogante si esa fue la última orden de Martínez.

Han pasado ya tres días y el allanamiento no es reportado por ningún medio colombiano, lo que denota la veracidad de la nota y la gravedad de esta que busca sin duda, ocultar lo investigado para proteger a Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres que se ha enriquecido de forma escandalosa a costillas del pueblo colombiano por medio de controlar el estado.