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Colombia

En horas de la mañana de este miércoles 3 de abril, fue convocada una manifestación en contra de las oficinas CRIC en Popayán, departamento del Cauca. Esta marcha es organizada por sectores fascistas y de ultraderecha, que incitan al racismo y al odio mediante actos vandálicos, donde paramilitares, en complicidad con la policía arrojaron piedras y gases contra las instalaciones del CRIC y contra las personas que asistieron para apoyar la minga.

Hubo también la presencia de policías infiltrados, que aprovechan la manifestación para realizar ataques vandálicos contra las personas y organizaciones que se encuentran defendiendo y reguardando la vida de quienes se encuentran en el edificio.

Se denunció que la agresión fue ambientada por Radio Súper de Popayán, Notivision Cauca y otros medios locales al difundir información falsa, con contenido claramente racista y clasista, e incitar este tipo de actos en contra de la minga.

También se denunció la complicidad del ESMAD y la policía frente a este acto de agresión y se hace responsables por la vida e integridad de los comuneros al títere Iván Duque.

El exministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, lamentó la situación que se vive en la actualidad en la ciudad de Cúcuta, a poco más de un mes de realizado el concierto Venezuela Aid Live y el intento de agredir la soberanía de nuestro país.

A través de su cuenta Twitter, Cristo destacó que ese día a la citada urbe “llegaron ministros, congresistas, embajadores y presidentes para la foto y el concierto. Muchos por primera y última vez. No regresó nadie. Nos dejaron con la frontera cerrada, los almacenes vacíos, las trochas tomadas por crimínales  y la inseguridad disparada”.

En otro tuit precisó que en los habitantes de la referida zona existe preocupación, “sobre el futuro de los más de 500 militares venezolanos que desertaron y siguen en la ciudad. ¿Qué están haciendo y qué se pondrán a hacer?”.

Redacción Lechuguinos

Por: RFI.  Un grupo de colombianos emprendió una marcha desde París hasta la Corte Penal Internacional de La Haya con el objetivo de denunciar los asesinatos de cientos de líderes sociales y activistas en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz.

En el Trocadero parisino, frente a la Torre Eiffel, decenas de colombianos realizaron este jueves 28 de marzo un acto para iniciar el largo camino que les espera desde la capital francesa hasta La Haya.

Recorrerán más de 400 kilómetros, en parte a pie y en parte en autobús, para poder manifestarse el 5 de abril próximo ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde entregarán documentación sobre los asesinatos de líderes sociales y activistas en Colombia.

"Queremos que nuestros líderes sociales sean escuchados allá en la Corte Penal Internacional. No queremos que este genocidio en Colombia siga, y para pararlo hay que manifestar y hay que caminar hasta La Haya y mostrarle a la CPI que tiene que hacer la investigación suficiente para que podamos tener garantías en Colombia", contó a RFI el franco-colombiano Adair Lamprea.

En el recorrido, se irán sumando colombianos y europeos de distintas nacionalidades. Para el viaje se tuvo que organizar la logística de los desplazamientos y de las etapas, y contar además con la solidaridad de las ciudades que recibirán los manifestantes.

"Esto va a ser un precedente para mostrarle al mundo, mostrarle al gobierno colombiano que los líderes sociales no están solos, que no fueron olvidados, y que sus voces serán escuchadas allá en la Corte Penal Internacional", agregó Lamprea.

La marcha tiene dos objetivos fundamentales, explicó asimismo Inés Dacosta, una de las organizadoras de la marcha: "La fiscal general de la CPI recibirá a una delegación de tres senadores y a una delegación de la gente de Europa y del mundo que ha podido desplazarse hasta las puertas de La Haya. Y en Colombia, nos están siguiendo todas las asociaciones, todos los líderes y lideresas, y todos los grupos de izquierda amantes de la paz que quieren que la guerra finalmente termine".

La idea de esta marcha nació de un sentimiento de injusticia y de impotencia ante las violaciones de Derechos Humanos en Colombia y la falta de acción real de la Justicia, explicaron los manifestantes. De allí que las acciones de denuncia se volvieron amplias y creativas.

En la explanada del Trocadero, cubiertos con máscaras blancas, desplegaron y pasearon una tela negra con los nombres de 472 víctimas, formando un cortejo encabezado por un ataúd con flores de los colores de la bandera colombiana.

Quedan ocho días de caminata y autobús para esta marcha que persigue un solo objetivo: la paz.

El representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, es ahora dueño de una inmensa finca en La Primavera, un municipio del departamento que representa. Allí tiene unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán que desemboca allí mismo en el río Tomo.

La finca se llama “Buenavista”, y en efecto, desde los balcones de la casa se pueden ver parte de sus 6.633 hectáreas. Londoño obtuvo esta tierra —el doble de extensión de la Hacienda Nápoles— sin cumplir los requisitos que exige la ley. Y podría enfrentar un conflicto de interés debido a su investidura como congresista.

Gustavo Londoño, nacido en Cartago, Valle del Cauca, amasó fortuna vendiendo semillas y luego como contratista público en el Meta. Quiso ser gobernador del Vichada, pero se quemó en las elecciones de 2015. Según su perfil en la red LinkedIN, Londoño es dueño de la Comercializadora del Pacífico, una empresa de insumos agrícolas con sede en Villavicencio que surte a muchas ganaderías y plantaciones del Vichada.

El representante ganó su curul en agosto de 2018 por el partido Centro Democrático, con la promesa de defender los intereses de los vichadenses. “El Vichada es de todos” fue uno de sus lemas de campaña, pero a espaldas de todos se hizo declarar dueño de miles de hectáreas que sólo podían entregarse a campesinos sin tierra.

Para adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural.

El 30 de agosto de 2017, en un fallo, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García. En su fallo, la jueza desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación.

“La jueza ha debido inadmitir la demanda desde el primer día y trasladarla a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó el abogado Alejandro Reyes, experto en temas de tierras, a quien La Liga Contra el Silencio pidió leer y comentar el fallo.

“Este es el caso clásico de apropiación ilegal de baldíos mediante juicio de pertenencia concedido por un jueza que no está aplicando el derecho. La sentencia se convierte en un título de propiedad”, explicó Reyes.

Según la Ley 160 de 1994, los baldíos son tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Solo pueden ser titulados a campesinos sin tierra por la ANT (antes Incoder). La jueza nunca involucró a la agencia, y aunque dice que notificó del proceso al procurador agrario, éste nunca participó ni hizo reparos.

El fallo enriqueció más al representante Londoño y también a su socio en “Buenavista”, el empresario Nicolás Laserna. Juntos interpusieron la demanda ante la jueza. Laserna es un ganadero y arrocero del Tolima, y aparece como presidente de una empresa en Panamá, creada en 2009 a través del bufete Mossack Fonseca, famoso tras el escándalo de los “Panama Papers” por constituir empresas fantasmas. Es familiar de la senadora Paloma Valencia Laserna, copartidaria de Londoño.

La Liga contactó al representante Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, dijo.

El congresista, a quien le gusta presentarse como campesino y cultivador desde los 15 años, dijo que tenía derecho a reclamar esa tierra. “Yo instauré esa demanda ante el juzgado porque cuando usted demuestra que ha estado trabajando la tierra durante equis años, bien habida, pasivamente, el Estado y la ley le da el derecho de que un juzgado le otorgue la pertenencia sobre esa tierra”, argumentó.

El empresario Nicolás Laserna también negó a La Liga que se tratara de tierras baldías, pero reconoció haber indagado la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras se las adjudicara. “Pero nos pedían plata porque es una agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”, dijo.

Un gran negocio

A Londoño y Laserna les salió barato ocupar este predio. Según consta en archivos públicos, en 2008 el representante y su socio le dieron 50 millones de pesos al señor Milciades Burgos Tuay, un colono que se asentó en esa tierra con sus ocho hijos en 1976.

Como miles de campesinos en Colombia, Burgos ocupaba esos baldíos sin título de propiedad. Por ese dinero —menos de 10 mil pesos por hectárea— el campesino dejó su casa y firmó una escritura de compra-venta a través de la cual Londoño y Laserna adquirieron la posesión.

“Yo ya no podía trabajar esa tierra y con la plata me pude pagar mi salud”, dijo Burgos, de 71 años y con problemas de vista, a quien La Liga ubicó en una alejada vereda del Vichada. Pero Burgos no podía vender, pues no tenía títulos; ni Londoño podía comprar, pues esa tierra pertenece a la Nación. La escritura, registrada en una notaría, da fe de que hubo una transacción entre los firmantes, pero no valida ni certifica su legalidad.

Con el fallo de la jueza, el congresista y el empresario quedaron a un paso de adquirir el título de propiedad. Así multiplicaron de forma astronómica el valor de esa tierra.

“Una hectárea de una finca productiva en La Primavera puede costar millón y medio de pesos”, dijo el vocero de un gremio agrícola que conoce el mercado de la tierra en Vichada. “Si son tierras legalizadas con título, claro”, dijo.

Con el título de propiedad que la jueza ordena entregar, la tierra de Londoño podría costar ahora, según eso, unos 10 mil millones de pesos. Hasta la fecha, los dos hacendados se han eximido de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

“Nosotros no hemos pagado impuestos porque no nos han dado las fichas catastrales”, explicó Laserna. La acumulación y apropiación de tierras baldías se ha extendido en muchas regiones de Colombia.

Esta acumulación fraudulenta ha contribuido para ubicar a Colombia como el país con la peor distribución de tierra en América Latina. El 81% de nuestra tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, según un análisis de la organización internacional Oxfam, basado en datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario.

El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que la desigualdad en la distribución de la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado en Colombia. Vichada, según datos del gobierno, es el cuarto departamento con mayor concentración de la propiedad rural en Colombia; y el segundo, después del Meta, con mayor acumulación irregular de tierras baldías, según una investigación de 2013 de la Contraloría General de la República.

En la apropiación y acumulación ilegal de estas tierras en Vichada han participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del gobierno pasado como Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura (2013-2014), y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación (2010-2014), junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior (2013-2014) y ministro de Agricultura (2014-2017). Ninguno ha sido sancionado.

Hace un año la Contraloría remitió copia de la información sobre estos y otros casos a la Fiscalía General de la Nación, a la Agencia Nacional de Tierras y a las superintendencias de Sociedades y de Notariado y Registro. Sobre el congresista Londoño y su socio Laserna, hasta ahora, la justicia no tenía ninguna información.

En 2016, un funcionario del antiguo Incoder denunció la existencia de un “carrusel” de adjudicación de baldíos entre políticos del Vichada. El funcionario señaló a varios de sus superiores, incluida Nery Oros Ortiz, quien ocupaba entonces en el Congreso la misma silla que ahora ocupa Gustavo Londoño. El 28 de marzo del año pasado, en un hotel de Puerto Carreño, el funcionario fue asesinado con un balazo en un ojo. El hecho fue reseñado como una noticia de crónica roja, sin mención alguna a las amenazas de muerte que él mismo había advertido.

Un viaje ameno

Para sustentar su fallo, la jueza visitó la finca de Londoño y Laserna del 3 al 5 de mayo de 2017. Parte del viaje fue cubierto por los socios, quienes ofrecieron a la jueza una camioneta para su transporte. Además, según la versión de dos testigos, luego confirmada por Londoño, los funcionarios del juzgado fueron alojados en la casona, atendidos y alimentados durante varios días. En la cocina, sacrificaron un marrano para agasajar a la comitiva judicial.

“Nosotros cubrimos una parte del viaje y el Estado otra parte”, reconoció Londoño. “Si no le garantizábamos la dormida, la jueza no va”. La Liga intentó comunicarse con la jueza Vega Perdomo, pero no recibió respuesta.

Gustavo Londoño consiguió esta propiedad antes de ser elegido congresista, pero el cargo le ha servido para sumarle valor. Desde que asumió su curul, sus informes de gestión mensual muestran una constante promoción de la vía Puente Arimena-Puerto Carreño, un proyecto que conectará el Meta con la capital del Vichada.

Cuando impulsa esta vía, Londoño no menciona que su finca se beneficiará de forma directa. “La vía va a pasar como a unos 500 metros de Buenavista”, dijo un campesino de la zona. “Esa vía beneficia a todo el Vichada”, respondió Londoño sobre el aparente conflicto de intereses en el que estaría incurriendo. “En ese departamento no tengo ninguna intención personal, en lo más mínimo. Yo quiero que esa región salga adelante”, dijo.

A la Agencia Nacional de Tierras le corresponde recuperar las casi siete mil hectáreas de baldíos entregados a dos particulares que no son campesinos sin tierra. Aún si lo fueran, habría otra razón para investigarlos. Según el Ministerio de Agricultura, en La Primavera un campesino puede recibir máximo 1294 hectáreas de tierra baldía, que corresponden a la Unidad Agrícola Familiar.

“En este caso la Agencia tendría que entutelar contra providencia judicial”, dijo un abogado de la ANT que revisó el fallo y pidió no ser identificado, pues no tiene autorización para hablar públicamente.

Colombia no tiene un inventario de sus tierras baldías. Esto ha facilitado la apropiación ilegal o irregular de estas tierras mediante fallos, en ocasiones mediados por actos de corrupción. Por ello, en 2014 la Corte Constitucional ordenó que ningún juez puede ordenar la prescripción de un baldío (sentencia t-488 de 2014).

Si la tierra de la finca “Buenavista” se hubiera entregado a los destinatarios legítimos, muchas familias campesinas habrían mejorado sus vidas en el Vichada. Ahora, quienes siguen esperando un pedazo de tierra allá puede que se pregunten a qué se refería Londoño en su campaña cuando decía que esa región es “de todos”

Por: Verdadabiertaerdadabierta

Se trata de la Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel, del Grupo Nutresa, señaladas de aportar “ayudas” a una estructura armada ilegal que operó en varias regiones de Antioquia. La decisión judicial también involucra a Gaseosas Postobón, de la Organización Ardila Lulle, y a una planta de producción de cerveza del conglomerado Bavaria.

En una sentencia de primera instancia, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las versiones sobre posibles aportes económicos voluntarios de esas cuatro empresas al Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Con ponencia del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, la extensa decisión (de 1.909 folios), fechada el pasado 21 de febrero de este año, contiene la reconstrucción de lo que fue esta letal estructura armada ilegal, que operó en varias zonas del departamento de Antioquia bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

El fallo judicial, dado a conocer de manera completa hace unas semanas, involucra a doce exmiembros de este grupo paramilitar, quienes fueron postulados y se acogieron al proceso de justicia transicional de la Ley 975 (de Justicia y Paz), garantizando así beneficios como una pena carcelaria alternativa máxima de ocho años.

En uno de los apartados de la voluminosa sentencia se hace referencia a la manera como se financió este grupo paramilitar y ahí es cuando entran a colación las compañías de alimentos y de bebidas de los tres grandes grupos económicos del país, que estarían bajo la lupa de la Fiscalía de ratificarse la decisión en segunda instancia.

“De igual forma, el Bloque ‘Héroes de Granada’, comenzó a recibir ayuda por parte de empresarios y ganaderos del sector, a cambio de recibir protección”, se lee en la decisión. En esa perspectiva, tanto la Nacional de Chocolates y Galletas Noel, del Grupo Nutresa; como Postobón, de la Organización Ardila Lulle; y Pilsen, al parecer haciendo referencia a la planta de producción de esta marca del conglomerado Bavaria, cuyas instalaciones quedan en el municipio de Itagüí (Antioquia), fueron nombradas por Mónica María Castaño Acevedo, exintegrante del Bloque Héroes de Granada.

Tras advertir que alias ‘Don Berna’ había dado la orden de no afectar a las comunidades con cobros extorsivos para contrarrestar las acciones de las milicias insurgentes en aquellas zonas donde operaban, la exparamilitar sostuvo que la política trazada por la “organización” era que “ningún miembro de las autodefensas extorsionara a los comerciantes y que el aporte de éstos fuera voluntario”.

Diego Fernando Murillo
Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’, comandó una letal máquina de guerra que afectó a comunidades campesinas de por lo menos cinco subregiones de Antioquia. Foto: archivo Semana.

Asimismo, declaró que tanto alias ‘Don Berna’ como Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, su segundo al mando del Bloque Héroes de Granada, eran “amigos” de empresarios, aunque no precisó las identidades, quienes “favorecieron económicamente la organización criminal, aportando ganado, dinero en efectivo, víveres para efectuar ‘celebraciones’, así como cerdos, novillos, alimentación y licor”.

De acuerdo con la versión dada por Castaño Acevedo, el mismo Murillo Bejarano, acompañado de Elkin de Jesús Loaiza, alias ‘el Negro Loaiza’, uno de sus lugartenientes, “se encargaban de recoger ‘ciertas ayudas’ que en muchas ocasiones le suministró empresas como “Nacional de Chocolates, Pilsen, Noel o Postobón’”, registra el fallo judicial.

El asunto que se pone a consideración de la Fiscalía con las compulsas de copias es que se investigue a esas empresas para determinar si, efectivamente, esas “ayudas” se dieron y, ser ciertas, si fueron voluntarias o forzadas.

La versión dada por la exparamilitar, quien perdió todos los beneficios ofrecidos por la Ley de Justicia y Paz tras resultar condenada en un proceso penal en el que resultó involucrada por un homicidio perpetrado cinco días después de su desmovilización, el 1 de agosto de 2005, es de alguna manera consecuente con varias afirmaciones que hizo alias ‘Don Berna’ a fiscales y jueces de los tribunales de Justicia y Paz.

Una de esas declaraciones, que dejó entrever la situación, fue dada el 23 de julio de 2009 desde una cárcel de Estados Unidos, a donde llegó desde mayo de 2008, tras ser extraditado por autorización del entonces presidente de la República Álvaro Uribe (2002-2010. Aquel día alegó que “no existen las condiciones de seguridad para mi familia que no permiten (sic) contar todas las relaciones con la clase política, los empresarios y militares de todos los rangos, en la medida que esto sea solucionado, podré declarar sin presiones”.

Las compulsas de copias también implicaron a varios propietarios de vehículos de servicio público de pasajeros afiliados CONATRA, de Copacabana, en Antioquia, quienes estarían comprometidos en la muerte de por lo menos un transportador ilegal que les hacía la competencia.

Además, se pide investigar a quien fungió como gerente de la empresa Sociedad Transportes Guarne S.A. en marzo del 2005 porque según versiones de exmiembros del Bloque Héroes de Granada habría tenido incidencia en la muerte de Albeiro de Jesús Calderón Ochoa, ocurrida el 14 de marzo de ese año.

Diego Fernando Murillo
Pese a las atrocidades perpetradas por el Bloque Héroes de Granada en Medellín, en algunos barrios se le reconoció autoridad al exjefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Asimismo, a Juan Alberto García Duque, exalcalde de San Carlos, Antioquia, y esposo de la actual mandataria local, por su “presunta participación en el homicidio de Manuel Antonio Ospina Hernández, quien para el año 2003 fungía como conductor de la volqueta que servía al municipio”.

También se solicitó indagar por Nicolás Guzmán, exalcalde de San Carlos, Antioquia, en el periodo atípico de marzo de 2005 y diciembre de 2007, porque, según denunciaron algunos exparamilitares, como candidato habría presionado para que contrarrestaran la oposición que le venía haciendo la líder campesina María Isabelina Daza Ríos, quien fue asesinada. También lo vinculan con el homicidio de y la desaparición forzada de Ricardo de Jesús Loaiza Loaiza y del contratista Juan de Jesús Gómez Cifuentes.

Se agregan a la lista de compulsas, el comandante de la Policía del municipio San Vicente, Antioquia, para el 2003 para la época de los hechos, quien no fue identificado, por su presunta participación en los homicidios de Marco Tulio Cardona Cardona y Ernesto de Jesús Cardona Henao, ocurridos el 30 de octubre de aquel año.

De confirmarse esta sentencia, la Fiscalía también tendría que investigar a varios comerciantes, así como a varios investigadores de la Sijin y el Gaula de la Policía Nacional, quienes estarían comprometidos en actos delictivos ligados con el Bloque Héroes de Granada.

En tal sentido, precisa la magistratura, la Fiscalía deberá “en todos los eventos, de los cuales tenga conocimiento, desplegar los mecanismos tendientes a investigar y acusar a los autores y partícipes de violaciones sistemáticas, como ocurre con los grupos armados delincuenciales y aquellos que apoyaron su política e ideología; con ello no solo se pone fin a una situación de impunidad, sino que se evita que este tipo de infracciones se sigan presentando”.

Con respecto a las acciones perpetradas por quienes conformaron el Bloque Héroes de Granada, la magistratura asevera que “de los hechos confesados por los postulados y la narrativa que de manera particular hicieron quienes fungen como víctimas, se logró vislumbrar el accionar delincuencial excesivo en gran parte del departamento antioqueño”, y, a renglón seguido, indica que esa situación “no solo fue desarrollada por quienes engrosaban las filas de la estructura paramilitar, sino que también contaron con personas, empresarios, funcionarios que favorecieron su ‘esquema delincuencial’, motivados por intereses personales y económicos, lo que conllevó a dejar un sinnúmero de víctimas que hoy claman reparación, restitución y satisfacción”.

Para agilizar esas investigaciones y aclarar si a quienes señalan los exparamilitares en sus versiones son responsables o no de acciones criminales, en esta sentencia se exhorta a la “Procuraduría General de la Nación para que conforme una agencia especial, así como a la Delegada de la Fiscalía General de la Nación, y se efectué de manera pronta y eficaz un verdadero seguimiento a las compulsas de copias efectuadas, ello en aras de garantizar una correcta impartición de justicia y la investigación efectiva de todos los implicados con el conflicto armado interno, así como los derechos de las víctimas y la sociedad”.

Postobón, de nuevo

Municipio de Concepción
Uno de los municipios afectados por el Bloque Héroes de Granada fue Concepción, un pacífico rincón del Oriente antioqueño. Foto: Juan Diego Restrepo E.

No es la primera vez que la empresa Postobón, una de las firmas más prestigiosas de la Organización Ardila Lulle, es referenciada por exparamilitares en los estrados transicionales de Justicia y Paz.

Ya en el 2009 este portal daba cuenta de las versiones del excomandante del Frente Arlex Hurtado de las Auc, Raúl Hasbún, quien ante fiscales dijo que la empresa productora de gaseosas le aportaba recursos a la estructura paramilitar que operaba en el Urabá antiqueño. (Leer más en: Hasbún asegura que Postobón le dio plata a las Auc)

En aquella ocasión, Hasbún dijo que el “pacto de colaboración” entre las Auc y Postobón comenzó cuando un grupo de paramilitares retuvo varios camiones de la compañía en zona rural de Apartadó, Antioquia, con el objetivo de que la empresa enviara a la zona a una persona con capacidad de negociar.

La presión parece que dio resultado y a la región fue enviado un mayor retirado de la Armada, de quien se dijo era el jefe de seguridad de la compañía, con quien se habrían logrado dos acuerdos: la imposición de “impuesto de guerra” por envase de gaseosa distribuido y el compromiso de que Postobón cesaría cualquier otro pago a la guerrilla como, a juicio del exjefe paramilitar, lo venía haciendo hasta ese momento. En adelante, no hubo más problemas con esa compañía.

Quien también hizo referencia a los pagos que Postobón habría hecho a las Auc fue el otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde una cárcel en Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008.

Postobón también fue referenciada en la sentencia contra Edwar Cobos Tellez, alias ‘Diego Vecino’, y Uber Enrique Banquéz, alias ‘Juancho Dique’, exjefes paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María, proferida el 29 de junio de 2010 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá con ponencia de la magistrada Uldi Teresa Jiménez.

En esa decisión, cuando se describe el modelo de financiación de esa estructura de las Auc se pone como ejemplo a la compañía de gaseosas y se afirma que pagaban 10 millones de pesos mensuales, pero se tipifica como extorsión.

En una extensa entrevista concedida a Caracol Radio en mayo de 2012, hizo un amplio resumen de sus intervenciones ante los estrados de Justicia y Paz, precisando que tanto empresarios como narcotraficantes financiaron a las Auc y desvirtuó que muchos de los aportes hechos por empresarios regionales fueron producto de extorsiones o amenazas. (Leer más en: El repaso de Mancuso)

“Dentro de mis diligencias judiciales he explicado cómo la Chiquita Brands y Delmonte, entre otras, de la región del Urabá, nos aportaban tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada y cómo se distribuía cada centavo de dólar tanto para Casa Castaño, otro para el ala militar. También hablamos del caso de Postobón. De todos estos casos he hablado ante la justicia”, le declaró el exjefe paramilitar en aquella ocasión.

Para precisar el tema, Mancuso hizo alusión a una versión libre dada en noviembre de 2009 en la que le puso cifras al acuerdo logrado con Postobón y dijo que se habría reunido con directivos de esa compañía y se acordó un pago de 10 millones de pesos mensuales para las Auc, a fin de que se dejaran distribuir sus productos en zonas de control paramilitar.

Empresarios en Justicia y Paz

Corte Suprema de Justicia
Un estudio revela que decenas de referencias que hacen alusión a empresas y empresarios nombrados por exparamilitares no son investigadas. Foto: archivo Semana.

Un reciente estudio del Centro Internacional de Toledo para la Paz y de la Universidad Javeriana, titulado La verdad en las sentencias de justicia y paz (Bogotá, 2019), concluyó que “uno de los aportes más destacados del proceso de Justicia y Paz, en cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en materia del derecho de las víctimas a la verdad, es el relativo a todos los niveles en que los grupos armados funcionaron y contaron con estructuras de apoyo que hicieron posibles y facilitaron sus actuaciones”.

A juicio del equipo de investigación que adelantó este estudio, “la identificación de empresas o de particulares dedicados a la actividad empresarial que participaron en las actuaciones de los grupos paramilitares en alguna de las formas señaladas, resulta ser en sí misma uno de los logros más notables del proceso de Justicia y Paz”.

Tomando una muestra de 51 sentencias proferidas en Justicia y Paz, en 20 de ellas se identificaron un total de 187 empresas y empresarios señalados como parte de las redes de apoyo a grupos paramilitares. Los señalamientos se concentran en el sector comercial, seguido por el sector ganadero, el sector de transporte y el sector arrocero.

“En solo 17% de los señalamientos registrados en los hechos judicializados en las sentencias de Justicia y Paz no se dio —o no se especificó— información sobre el sector económico al que pertenecían las empresas o los empresarios señalados”, se afirma en el estudio.

Teniendo como base los 187 señalamientos a empresas o empresarios que quedaron registrados en las sentencias analizadas, se pudo establecer que esas relaciones se dieron, en mayor proporción, en el departamento de Antioquia, “mientras que en menor proporción se registra el origen de la relación en Norte de Santander, Tolima, Chocó o Córdoba”.

Uno de los hallazgos interesantes de esta investigación académica es que tomando como referencia los 187 señalamientos contra empresas o empresarios, en solo 58 casos los magistrados ordenaron compulsas de copias para que se adelantaran las investigaciones pertinentes; en 25 más se redujeron a exhortaciones; y en 104 no se promovió ningún tipo de investigación.

Estos resultados, se reseña en el estudio, “puede explicarse por las dificultades de la justicia ordinaria para adelantar investigaciones por nexos con grupos armados contra empresas o empresarios. A los impedimentos procesales con respecto a la investigación de ‘empresas’ por responsabilidad penal, se suman las dificultades probatorias para demostrar móviles relacionados con su actividad comercial para la presunta pertenencia a redes de apoyo a grupos paramilitares”. (Descargar estudio)

Máquina de guerra

Bloque Héroes de Granada
Por lo menos 2 mil integrantes del Bloque Héroes de Granada dejaron sus armas en evento masivo celebrado el 1 de agosto de 2005. Foto: archivo Semana.

Entre el 1 diciembre de 2003 y el 1 agosto de 2005, cuando esta estructura armada desmovilizó a 2 mil de sus integrantes en el corregimiento Cristales, de San Roque, Antioquia, perpetró decenas de homicidios, masacres y desapariciones forzadas bajo la supuesta convicción de estar desarrollando una guerra contrainsurgente.

De acuerdo con la sentencia, tuvo injerencia en 17 municipios del Oriente antioqueño (San Carlos, San Rafael, El Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, La Ceja, Rionegro, La Unión, El Retiro, Abejorral, El Peñol, Guatapé, Concepción, Alejandría, Guarne, San Vicente); en 2 del suroeste (Santa Bárbara, Montebello); en 2 del nordeste (San Roque, Caracolí); en 1 del norte (San Pedro) y en Medellín y su área metropolitana.

Con recursos provenientes de aportes voluntarios, extorsiones, hurto de hidrocarburos y dineros del narcotráfico, establecieron en poco menos de dos años una máquina de guerra que vulneró los derechos fundamentales de cientos de víctimas en sus zonas de injerencia.

“Los postulados del Bloque Héroes de Granada confesaron que entre las formas de control de la población civil estaban las siguientes estrategias o tenían las siguientes estrategias: matar a sus víctimas frente a la población civil con sevicia, amenazar a la población civil, desplazar la población civil, dejar los cadáveres puestos para que la población civil los viera, realizar ajusticiamientos, desaparecer personas de la población civil, mantener presencia uniformada y armada frente a la población civil, exhibir las armas largas y cortas ante la población, realizar masacres, descuartizar los cadáveres”, se lee en el fallo judicial.

A los sentenciados con este fallo se les relacionó con cinco patrones de macrocriminalidad, consistentes en homicidio, con 126 casos; desaparición forzada, con 27 casos; reclutamiento ilícito, con 3 casos; desplazamiento forzado, con 40 casos; y violencia basada en género (no se establecieron cifras al respecto).

Con respecto a los homicidios, que abarcan la mayor cifra de hechos delictivos, la magistratura conceptuó que demuestran que “este tipo de delito fue cometido por los militantes del Bloque Héroes de Granada, no como hechos aislados e insulares, sino como una conducta masiva, repetida, indiscriminada y generalizada, pues se dirigió a gran escala, en contra de una multiplicidad de personas de la población civil ajena al conflicto armado”.

“En estas diligencias”, continúa la magistratura, “de manera aterradora, se conoció que los ataques a la población y específicamente la gran cantidad de homicidios a personas de los territorios sometidos, se debió a que mandos medios, patrulleros y urbanos pertenecientes al Bloque Héroes de Granada, debían cumplir una ‘cuota’ diaria y semanal de ejecuciones, impuesta por los comandantes”.

A la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín no le cabe duda que toda esa criminalidad ejercida por el Bloque Héroes de Granada, atendió a “un plan orquestado concebido en una política de embate bélico en contra de grupos de guerrilla, con un contenido expansionista, cuyo objetivo principal era ganar la pugna territorial con los grupos revoltosos y lograr el control social, económico y criminal de las zonas disputadas, a costa de una multitudinaria victimización, desoyendo y omitiendo todas las normas nacional e internacionales de protección a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Lo que viene ahora es la decisión en segunda instancia de esta sentencia. De confirmarse en todos sus aspectos, la Fiscalía entonces tendrá la obligación que iniciar las investigaciones que determinen si aquellas empresas nombradas por exparamilitares hicieron parte, con sus “ayudas”, de esta barbarie cometida en un amplio territorio antiqueño.

Nota del editor: Cuatro días después de haberse publicado este artículo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le aclaró a este portal que la sentencia había quedado en firme. De acuerdo con lo comunicado, “el fallo no fue impugnado, quedando ejecutoriado en la data, por lo que la decisión pasa a cumplimiento de sus determinaciones por parte de las diferentes entidades involucradas y al seguimiento correspondiente a las mismas a cargo de la Juez de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional”

Foto:  Gabriel Becerra presenta el saludo de la UP a Colombia Humana de Córdoba

El domingo 31 de marzo se reunió en Cereté la asamblea departamental de Colombia Humana, evento al cual fue invitada una delegación del partido UP encabezada por Gabriel Becerra Yañez, dirigente nacional.

Por: Hernán Durango.

Gabriel Becerra, secretario general del partido Unión Patriótica UP indicó que esto hace parte de los esfuerzos  por el fortalecimiento  del proceso de construcción de la convergencia democrática y la unidad popular en el departamento de Córdoba, la región caribe y toda Colombia. En el caso del partido UP  aprovechamos el recorrido para reunirnos y avanzar en los lineamientos que la presente etapa de luchas sociales y políticas nos exige.

De acuerdo al reporte del directivo nacional de la UP el encuentro de la Colombia Humana se desarrolló el día domingo con presencia de delegados de 24 municipios, muy representativa, de todos los sectores identificados en la Colombia Humana, allí avanzaron en la construcción de acuerdos sobre su organización interna y definieron equipos de trabajo y una coordinación departamental dotada con sus planes de trabajo.

"La UP dirección nacional y la delegación de la dirección departamental participó con el saludo fraternal y para estrechar lazos de hermandad junto a otros sectores con el objetivo de tejer y establecer acuerdos y convergencias que destaquen liderazgos no comprometidos con la corrupción hacia los comicios regionales de octubre de 2019" señala Gabriel Becerra.

Por su parte Miguel Martin, de la dirección departamental del partido UP destacó la importante de la invitación que hizo la Colombia Humana para este encuentro, al cual  nuestra presidenta y actual Senadora de la República,  Aida Avella, delegó a  Gabriel Becerra.

"Aprovechamos para realizar la reunión departamental en la que se definió rutas de trabajo en lo electoral, lo organizativo y la convocatoria de la asamblea en Córdoba de nuestro partido con presencia de procesos donde hay buen desarrollo como Tierralta, Montería, Cereté, Chinú y a lacual invitaremos a los demás municipios y los voceros de organizaciones comunitarias que nos deseen acompañar",  señala  Miguel Martin.

Asegura que con la asistencia de la dirección nacional de la UP pudimos avanzar y obtener luces y claridad que nos permitirán afianzarnos en este momento donde se debe imponer la más amplia convergencia y unidad de fuerzas populares frente al régimen imperante de la extrema derecha que quiere llevar al país de nuevo un abismo de la guerra interna.

La reunión de la  junta departamental de la UP decidió convocar su asamblea departamental para la fecha del 11 de mayo en la ciudad de Montería,  con los delegados se aprobará la política del partido para la presente etapa e inscribir las candidaturas de coalición y convergencia hacia las elecciones venideras.

En Córdoba se presenta un panorama con una agudizada crisis social por la persistencia de grupos relacionados con el narcotráfico en convivencia con sectores regionales tradicionales de las castas politiqueras y también de sectores de las fuerzas armadas.  Es una región con altos niveles de desempleo e informalidad, sus habitantes se esfuerza por salir adelante en medio de la complicada situación de la industria agrícola y pecuaria.  Aún en medio de  esas dificultades hay una resistencia muy importante que puede convertirse en alternativa. Los voceros de los partidos de exigen plenas garantías para que los sectores políticos y sociales puedan ejercer su derecho a la participación política en la defensa  de los intereses populares.

Cartagena, abril 1 de 2019.

SEÑORES.

ZIMA SEG. LTDA.

Cartagena - Colombia.

REF. PRONUNCIAMIENTO CONTRA VIOLENCIA ANTISINDICAL EN EMPRESA ZIMA.

En Colombia desde hace varios años se viene hablando de paz y sin embargo, muchos empresarios siguen declarándole la guerra a los trabajadores.

La violencia no solo se hace con armas o golpes, existen también otras formas de violencia que ocasionan un gran daño a los obreros. Tal violencia tiene un episodio repulsivo en la conducta demostrada recientemente por la empresa Zima Seguridad Ltda, en cabeza de sus representantes por cuenta de la autoría intelectual y material del delito de fraude en documento privado, realizando un montaje de la firma de la compañera NATHALIA CAMACHO MERIÑO, y creando una falsa carta de renuncia con la que pretenden desconocer la garantía foral de la que goza NATHALIA como Dirigente sindical del Sindicato SNTT.

Este acto ruin agenciado por los directivos de Zima Seguridad Ltda devela la calidad de personas que dirigen esa sociedad, por lo que no genera confianza entre la opinion publica, sus trabajadores, clientes y proveedores.

El respeto por los derechos humanos es transversal a los derechos laborales, y sin embargo, en Colombia es común que empresarios y estado conspiren contra los trabajadores y trabajadoras, especialmente si hay de por medio la creación de un sindicato. Es tal la la vocacion antisindical, que en Colombia para crear un sindicato todavía hay que esconderse.

Pese a las diferentes manifestaciones legales en relación al endurecimiento de las penas en materia de violación al derecho de asociación, es notable como las investigaciones no avanzan y la fiscalía se convierte en el sueño de los justos para esos procesos.

Por otra parte, mientras en diferentes escenarios internacionales el Ministerio del Trabajo dice que existen plenas garantías para los trabajadores, la verdad es que siguen sucediendo estos aberrantes casos, tal como el que víctimiza a NATHALIA, nos indignan y rechazamos enfáticamente.

Exigimos a las autoridades penales, jurisdiccionales y administrativas celeridad en la atención de estos casos, mientras como organizaciones sociales seguimos haciendo la denuncia y desenmascarando a la patronal de Zima, quienes mediante engaño actúan violentamente contra una mujer dirigente sindical.

A nuestra compañera NATHALIA y a los compañeros de SNTT Cartagena y SNTT Nacional, les manifestamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional.

Atentamente

JOSE WUEIMAR MUÑOZ

PRESIDENTE SINTRABIOFILM

En la foto representantes sindicales. Barranquilla.

Por: Corpeis Barranquilla

Con una nutrida participación de dirigentes sindicales de la ciudad, se desarrolló los días 29 y 30 de Marzo en la Sede del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de los Materiales para la Construcción –SUTIMAC- en Barranquilla, el Seminario sobre Contratación y Negociación Colectiva convocado por Corpeis. En el mismo, se abordaron temas relacionados con los Convenios de la OIT entorno a la Negociación Colectiva, las Normas Internacionales del Derecho Del Trabajo, el marco jurídico colombiano en materia de negociación colectiva y las técnicas para el desarrollo de la misma.

El encuentro abordó lo relacionado a la preparación del Paro Cívico Nacional del 25 de Abril, se desarrolló un análisis crítico del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2202 que pretende ser impuesto a rajatablas por Iván Duque y el uribismo. La principal conclusión de las y los trabajadores, fue la necesidad de oponerle a éstos todas las fuerzas del campo obrero, campesino y popular en la idea de desplegar un proceso de movilización amplia y popular que derrote las intenciones de la ultraderecha colombiana.

 Los asistentes, se comprometieron a la conformación de los comités de impulso del paro nacional del 25 de abril y difundir el pliego de exigencias al Gobierno Nacional y replicar la socialización del PND en sus sindicatos y a brindar toda la solidaridad de clase con la minga indígena del sur occidente colombiano.

A propósito del Seminario desarrollado por la corporación  Corpeis los asistentes  coincidieron en señalar la importancia de recuperar los espacios de formación política sindical en Barranquilla para fortalecer la capacidad de acción y lucha de las organizaciones, frente a la arremetida patronal existente en la ciudad, la cual se expresa en la constante y sistemática violación del derecho de asociación sindical en gran parte de empresas o centros de trabajo de la ciudad y la sistemática persecución contra los dirigentes y organizaciones sindicales. El Equipo de Educación de Corpeis en Barranquilla extendió la invitación al conjunto de los sindicatos del departamento del Atlántico a vincularse a los próximos escenarios de formación que se estarán convocando durante este año en la ciudad.

Foto: María Eugenia Londoño Ocampo, ejecutiva de Fecode, CUT

Por: Hernán Durango.

El sector magisterial Educadores Unidos para el Cambio –EUCA- invita a los maestros y maestras del departamento del Atlántico y la región del caribe colombiano para que acudan  este sábado  6 de abril al conversatorio con la compañera María Eugenia Londoño, ejecutiva nacional de la federación de Educadores FECODE.

El importante encuentro será en Barranquilla en el auditorio del  Hotel Doral, Avenida Murillo con carrera 44 a partir de las  2:00 de la tarde.

María Eugenia Londoño Ocampo, ocupa el cargo de secretaria de género, inclusión e igualdad en el Comité Ejecutivo Nacional de Fecode. Centrará sus exposiciones en el análisis del pliego de peticiones presentado por la federación FECODE y su  estado actual; igualmente se analizará  el agitado panorama de las luchas sociales especialmente con el apoyo y la solidaridad del magisterio a la Minga Indígena, campesina y popular con la exigencia al presidente Duque para que se atiendan sus exigencias y sus suspenda las operaciones represivas contra el derecho a la protesta en Colombia; la situación de agravamiento y drama humanitario en el país por los asesinatos contra los líderes y lideresas sociales y  la preparación en el territorio nacional del gran paro nacional del próximo 25 de abril.

El Comité coordinador de Educadores Unidos para el Cambio –EUCA- invita a los periodistas de la ciudad para el contacto informativo con la destacada dirigente del magisterio colombiano.

Entrada libre.

La minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz ALERTA a la comunidad nacional e internacional, los preparativos de guerra contra la Minga de parte del gobierno colombiano.

Según la denuncia el gobierno del Titere Ivan Duque dio la orden “a las instituciones prestadoras de salud de la ciudad de Popayán, Piendamó, Cajibío y Santander de Quilichao, para que entren en proceso de CONTINGENCIA, lo cual indica claramente que el presidente de la república Iván Duque, el ministro defensa, la ministra del interior van a atacar militarmente a las mingueras y mingueros “.

La declaración de alerta se produjo el pasado viernes 29 de mayo y el domingo 31 marzo (2019), transitaron siete camiones transportando centenares de delincuentes uniformados pertenecientes a la ESMAD, por la vía del municipio de Totoró, quienes se dirigen hacia el municipio de Inzá zona Tierradentro, departamento del Cauca.

La Minga responsabilizó al Gobierno por la posible violación en el marco internacional de los derechos humanos en contra de los puntos de concentración de la minga del suroccidente colombiano.