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Colombia

Una joven madre de Leidy Jhoana Arévalo, de tan solo 28 años, con tres hijos, se habría suicidado al no tener dinero pagar el arriendo.

La joven se ganaba la vida cantando en bares y restaurantes. No obstante, su suerte cambió desde que declararon la cuarentena, pues, a la fecha, los establecimientos nocturnos continúan cerrados. Por esta razón la joven no tenía medios para pagar el arriendo.

El hecho se presentó en una vivienda del barrio Villa Sonia, de la localidad de Bosa.

Al parecer, la propietaria le dio un ultimátum para pagar, amenazando con sacarla a la calle junto a sus tres hijos.

Algunos medios agregaron que horas antes de que la joven se quitara la vida, en su último día de arriendo, publicó en su Facebook la situación que la propietaria la estaba haciendo vivir. También hizo un llamado para que los dueños de las residencias entiendan la crisis que viven millones de familias por la pandemia.

Las ayudas que el títere anuncia todos los días a las 6 de la tarde nunca llegaron, tampoco se cumplió la orden de este de no desalojar a los inquilinos y el gobierno se negó a aprobar la llamada renta básica para ayudar a los pobres.

Tres niños quedaron sin su madre, una vida perdida y los bandidos en el gobierno siguen aprobando leyes que favorecen a los ricos.

La policía al servicio de la mafia colombiana devolvió seis buses que transportaba a 241 venezolanos provenientes de Cali cuyos pasajeros se proponían llegar hasta Cúcuta para regresar a su país, Venezuela.

Eso que los paramilitares de micrófono denominan como autoridades les prohibieron continuar debido a que no cumplían con los requisitos de bioseguridad, el tamizaje y no tenían permiso de migración Colombia.

¿O sea que dejándolos botados a su suerte en las calles de las ciudades colombianas si cumplen con los requisitos de bioseguridad, el tamizaje y si tienen permiso de migración Colombia?

Una situación similar se dio en Bogotá donde a los venezolanos que dispusieron de sus ahorros y lograron alquilar nueve autobuses para salir de Colombia, sin embargo, eso que llaman “autoridades” les impidieron aduciendo que deberían cambiar la fecha de salida, perdiendo estos el dinero y así las posibilidades de irse del paraíso colombiano.

Son cerca de 12 mil venezolanos los que se encuentran en distintos puntos de la frontera de Colombia con Venezuela, que buscan huir del paraíso que les pintaron al descubrir que era un infierno.

Con un gobierno mafioso y degenerado como el colombiano, la razón para impedir que los venezolanos se vaya, es muy probablemente la de utilizarlos como carne de cañón para sus propósitos de acabar el proceso bolivariano de Venezuela cuyo gobierno hasta a enviado aviones para recoger a sus ciudades, vuelos que no ha sido autorizados por la mafia en el gobierno.

La Fiscalía General de la Nación fijó para el pasado 3 de junio la citación a diligencia de interrogatorio virtual a María Claudia Daza Daza, alias “Cayita Daza”, exasesora del expresidente y actual senador Álvaro Uribe.

Iván Cancino, abogado de la ex asesora de Uribe, declaró que: «…acudió a la diligencia y manifestó su compromiso de asistir a los llamados de la justicia, sin que ello signifique sacrificar un milímetro de sus derechos y garantías fundamentales. Manifestó que su domicilio es en Colombia y ante las preguntas de la Fiscalía utilizó, por recomendación a la defensa, su derecho constitucional a guardar silencio».

Unos días antes del interrogatorio virtual, el pasado 29 de mayo, se conoció lo que era una amenaza velada contra alias “Cayita Daza”, el viceministro del Interior y director (e) de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Daniel Palacios, le notificó a la mujer el retiro del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Así, después de varios años de estar usufructuando la “protección” de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyos servicios se dicen están enfocados en la protección de los “dirigentes o activistas de grupos políticos, especialmente de oposición”, a alias “Cayita Daza”, que sabe mucho sobre el “Ñeñe Hernández”, días antes del interrogatorio le retiraron su esquema de protección.

María Claudia Daza, alias “Cayita Daza”, quien se desempañaba como asesora en el congreso del narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez, y quien arregló con el “Ñeñe” Hernández el fraude electoral en la costa norte de Colombia, después de quedar al descubierto salió del país, muy probablemente aconsejada por su amo, Álvaro Uribe.

Así atendiendo la amenaza de muerte, que ella sabe muy bien sus compinches cumplen, se negó a declarar contra el narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez y su banda.

“Cayita Daza”, se encuentra escondida en Estados Unidos por razones de seguridad.

A través del Decreto 770 de 2020, el gobierno mafioso anunció nuevas medidas para desmejorar las condiciones laborales a los trabajadores, a los pobres, entre estas, que se aplaza el pago de la prima a los trabajadores hasta el 20 de diciembre de 2020.

Según el engaño, el trabajador puede llegar a un acuerdo con sus empleadores para “trasladar” el primer pago de la prima, cosa que es totalmente falsa ya que serán por patrones los que imponen esta condición a los pobres que temerosos de perder su empleo lo deberán aceptar.

De la misma forma, degenerados como solo ellos, mienten cuando también dicen que, para evitar las aglomeraciones en las empresas y en el sistema de transporte masivo, los empleadores y sus trabajadores podrán concertar la modificación de la jornada laboral, hasta en turnos de 12 horas.

“Con el fin de contener la propagación del Coronavirus COVID-19, la jornada ordinaria semanal de cuarenta y ocho (48) horas podrá ser distribuida en cuatro (4) días a la semana, con una jornada diaria máxima de doce (12) horas, sin que sea necesario modificar el reglamento interno de trabajo”.

Mentira, con esto impondrán a los trabajadores en horario y el pago sin horas extras.

No solo la prima, lo que tiene en mente es una reforma laboral que terminara imponiendo el trabajo por horas anunciado por la hora ministra del interior y que es el sueño de quienes compraron la presidencia.

Actualidad Colombiana

Written by  |  Jueves, 04 Junio 2020 00:00  |  Published in Cafe Stereo TV

Informativo Actualidad Colombiana emision 22

Por: Hernan Durango.
Bogotá.
 
Se cae otro caso de falso positivo judicial en Colombia. El día martes 2 de junio de 2020 una juez de la República de Colombia  ha decidido en Bogotá, en derecho, que se han vencido los términos de los procesos que cursan con Cesar Barrera Téllez y Cristian Sandoval Moreno y ordenó la libertad inmediata de estos dos jóvenes a quienes burdamente se les pretendía involucrar en el atentado ocurrido en el Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017.
 A Cesar Barrera Téllez y Cristian Sandoval Moreno, este último, profesional de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que participa en procesos de educación popular y comunitarios en el territorio de Altos de Cazuca, localidad Ciudad Bolívar,  las autoridades les urdieron mediante montajes falsas acusaciones y señalamientos de supuesta participación como auxiliadores del ELN. Sus familiares han sido victimas de seguimientos y amenazas por parte de elementos desconocidos. En las cárceles quedan aún privados de libertad otros cinco jóvenes a la espera de que se esclarezca su situación jurídica. 
 
A partir de la importante decisión de la jueza en la que se demuestra la inocencia de estas personas,  sus familiares y la defensa jurídica exigen al Estado colombiano que acoja, sin dilaciones ni trampas, la decisión de la juez y los libere sin ninguna demora. 
 
"Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y de defensa de las personas privadas de la libertad para que se vigile que la liberación de nuestros familiares se haga efectiva sin dilaciones", indica un pronunciamiento divulgado en redes sociales.
 
Hubo demasiados abusos de las autoridades contra las procesadas en el "caso Andino".  La bajeza moral de la Fiscalía y todos los funcionarios que se han regalado para satisfacer la irracional razon de Estado, en su afán por desviar la investigación presionando autoincriminaciones y falsas delaciones para mantener en la impunidad a los verdaderos responsables del atentado en el Centro Comercial Andino no tiene limites, han manifestado en sus pronunciamientos voceros de organizasmos defensores de Derechos Humanos.
 
"No han sido suficientes dos montajes judiciales, ambos adelantados hoy por el "ñeñefiscal" Miguel Olaya Cuervo; ni la violación sistemática de la presunción de inocencia; ni pasar por encima de cualquier precepto legal y constitucional para asegurar una detención indefinida con todos los términos vencidos; ni amenazar a familiares, abogados y amigos; ni condenar sin juicio", aseguran.

“Se debe luchar no solo contra la desaparición forzada de personas, sino contra la impunidad y contra el olvido: si los olvidan, si lo olvidamos mueren”

(Informe “Hasta encontrarlos” CNMH 2016)

Hoy hace 32 años Gilberto Vargas Pinto, un joven de origen campesino Militante del Partido Comunista y La unión Patriótica, fue detenido arbitrariamente y desaparecido forzadamente por las fuerzas Militares el 31 de mayo de 1986 en El Castillo, en el departamento del Meta.

Gilberto por su estatura y agilidad era conocido cariñosamente por su familia y sus amigos como “Chapulín”. Era esposo y padre de dos hijas pequeñas y siempre que salía buscaba rápidamente regresar al hogar de las tres mujeres de su vida. El día de su detención arbitraria y desaparición forzada por agentes del estado, viajaba desde la ciudad de Villavicencio hacia la inspección de Medellín del Ariari, en el municipio El Castillo, donde vivía luego de haber asistido solidariamente a los funerales del presidente de la Asamblea departamental del Meta, Carlos Covaks Baptiste, quien fuera asesinado el 27 de mayo de 2018 y que se destacó como dirigente de la Juventud comunista y la Unión Patriótica.

Después del sepelio Gilberto emprendió su viaje hacia su casa en un vehículo tipo campero, siendo detenido arbitrariamente en la base militar de Pueblo Sánchez, municipio de El Dorado, por tropas adscritas a la séptima Brigada del Ejército Nacional al mando de los Tenientes Gilberto Niño y Torres Chitiva.

Encontrándose aún todavía en el retén de los militares GILBERTO VARGAS envío una nota a su esposa con un vecino que viajaba en un bus de transporte público, en la que le explica que se encontraba en un retén militar y que regresaría más tarde a la casa, pero sus hijas menores y su esposa se quedaron esperando darle el abrazo de bienvenida a casa, Gilberto jamás regreso. Los militares lo condujeron hacia una finca del sector, donde luego de hacerlo firmar un documento donde constaba que había sido dejado en libertad y recibido buen trato, fue entregado a los reconocidos paramilitares Benjamín Hernández y Nepomuceno Rojas Melo, quienes según testimonios después de someterlo a aberrantes torturas fue asesinado y sepultado en una de las tantas fosas comunes que aún tienen los militares y paramilitares en esa región.

Hoy 32 años después su familia lo sigue esperando, lo sigue buscando, exigen verdad, justicia y reparación integral. La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN archivó la investigación y los militares siempre han negado haberlo desaparecido, lo militares implicados ya se encontrarán en uso del retiro y no han respondido por su actuar criminal y

en connivencia con los grupos paramilitares que siempre estuvieron operando en el municipio El Dorado y Cubarral ante la mirada y acción cómplice de las autoridades militares y gubernamentales , que sometieron a los habitantes del municipio El Castillo a un confinamiento durante varios años por el temor de ser torturados, asesinados y/o desaparecidos, como sucedió con Gilberto.

Gilberto Vargas Pinto hace parte de un caso más de persecución y violencia paraestatal que se ha ensañado contra la Familia Vargas en el Meta, siete (7) integrantes de esta familia han sido desaparecidos forzosamente, mientras que otros cuatro (4) han sido asesinados, entre los que se encuentran el representante a la cámara por La unión Patriótica Octavio Vargas Cuellar, quien fuera asesinado en el 14 de diciembre de 1986 en san José del Guaviare, y Delio Vargas Herrera, dirigente comunista y presidente de ASCODAS en el Meta, también desaparecido por las fuerzas de seguridad del estado, sometiendo de esta forma a la familia Vargas al destierro de su región por ser militantes de izquierda, lo cual no es un delito en un estado democrático.

Además, es un caso más del reconocido genocidio político dirigido contra el partido Comunista y la Unión patriótica en el país. Su caso hace parte a los más de 80 mil desaparecidos en Colombia que se encuentran en la impunidad, después de que el estado colombiano adoptara la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por los Estados Unidos, de lucha contra el comunismo, que incluye practicas violatorias de los Derechos Humanos, como la tortura y la desaparición forzada.

La memoria y ejemplo de GILBERTO VARGAS PINTO seguirá inquebrantable para su familia y sus compañeros, han desparecido su voz, su cuerpo, pero jamás podrán desaparecer la Verdad.

Gloria Eterna para Gilberto Vargas Pinto.

Por Jaiber Tique Vargas

Mayo 31 de 2020

 

Por: Miguel Suarez. (2020-06-29). Dos sucesos se dieron la semana pasada en Colombia, uno que muestra el tremendo estado de postración, al que la mafia que controla el poder en el país a llevado a eso que ellos denominan justicia, despiadada con los pobres y ciega con los bandidos.

La primera fue la decisión de la Corte Constitucional de permitir la impugnación de la sentencia condenatoria al ladrón “Uribito”, con lo cual demuelen eso que llaman justicia colombiana, por lo menos lo poco que funcionaba.

El otro, la presentación de una serie denominada “Matarife”, desarrollado por un puñado de personas que buscan afanosamente, salvar eso que llaman justicia, u obligar a los magistrados de las altas Corte a hacer lo no ha hecho, justicia para con las victimas.

La demolición de eso que llaman justicia es un proceso largo y sostenido, que viene desde hace unos 20 años, que se inicio con la llegada de la mafia al gobierno de la mano de Álvaro Uribe Vélez.

Sus últimos movimientos han sido, el cambio impulsado por los Uribeños, con la creación de la Salas de Juzgamiento, que les permitirá a los altos funcionarios del estado, denominados “aforados”, que no es mas que una forma soterrada de garantizarse impunidad.

Con ella se despojó al magistrado José Luis Barceló, de seguir la investigación contra Álvaro Uribe y mediante la cual infiltraron algunos bandidos en esas Cortes, como la magistrada Cristina Lombana, alias “la Calladita”, que ha venido entorpeciendo las investigaciones contra el narcotraficante numero 82, Álvaro Uribe Vélez y sus compinches.

Luego, a finales de febrero de este año, tras la salida del magistrado Ariel Salazar, a quien se le cumplió su periodo, en la Corte Suprema eligieron siete nuevos magistrados. En la Sala Penal 3, en la Sala Civil 1 y en la Sala laboral 3.

Un acto que muestra el control de las cortes por la mafia, se dio cuando la Corte Suprema de Justicia eligió como Fiscal General de la nación a Francisco Barbosa, después de reversar la amenaza de Iván Duque, de no enviar la terna para que esa corte eligiese Fiscal General hasta que se cubrieran las vacantes en dicha Corte.

La amenaza tenia un objetivo, obligar la llegada de magistrados Uribeños a esta.

El solo hecho de que esa corte eligiese a Barbosa, quien era parte del gobierno, que había participado en la campaña electoral con su amigo, Iván Duque, al lado de Cayita y otros delincuentes, mejor dicho, que estaba impedido para juzgar bandidos del gobierno, muestra hasta donde están llegando en la paramilitarización de las llamadas altas cortes y la justicia.

La ultima jugadita, que acabará con lo poco que funcionaba de la justicia de la mafia colombiana, se dio el pasado jueves 21 de mayo (2020), cuando tras dos reuniones virtuales, la Corte Constitucional, en una votación 5 a 4, le concedió derecho a impugnar su sentencia condenatoria al bandido exministro Andrés Felipe Arias, alias “Uribito”.

El delincuente uribista, que fungió como ministro de Agricultura en el gobierno de Uribe, tras su extradición desde Estados Unidos, hace un año, se encuentra hospedado en un lujoso club militar, supuestamente pagando una condena de 17 años de cárcel, proferida por la Corte Suprema de Justicia, por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado, dentro del robo conocido como Agro Ingreso Seguro.

De “Uribito” sus compinches dicen que no se ha robado un peso, pero lo que ha quedado claro es que Agro Ingreso Seguro, fue un concierto para delinquir, al parecer ingeniado por Álvaro Uribe Vélez, mediante el cual muchos de los bandidos del Centro democrático robaron miles de millones de pesos, siendo uno de los mayores beneficiarios el capo de la banda, Álvaro Uribe Vélez, quien recibió $3 mil millones de pesos.

Según el columnista Yohir Akerman, Arias adquirió un inmueble, que en realidad costaba 1,200 millones, por $700 millones, gracias a un negociado realizado por Andrés Felipe Arias y la familia Llorente, propietaria de un apartamento, donde “Uribito”, les dio al menos 1.100 millones de pesos por medio de Agro Ingreso Seguro y estos a su vez le rebajaron 500 millones de pesos, con lo cual se configura un robo que han intentado camuflar y que los sabuesos de la Corte y de la Fiscalía no han visto.

Y no podemos olvidar, que muy seguramente aconsejado por Álvaro Uribe, alias “Uribito”, ante la condena de la Corte Suprema huyo del país, lo que debería ser una agravante para endurecer su condena.

En su dictamen la Corte Constitucional dijo que resolvió proteger el derecho fundamental al debido proceso del ladrón Andrés Felipe Arias y, en consecuencia, ordenaba a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, iniciar el trámite para dar curso a la solicitud de impugnación de la sentencia condenatoria proferida en su contra el 16 de julio de 2014.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia por medio de un corto comunicado dijo: “La condena contra el ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva fue dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2014, con riguroso respeto del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el procedimiento dispuesto por la Constitución Política para funcionarios con fuero especial de juzgamiento.

Se le halló responsable de los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación, en desarrollo de un proceso de única instancia avalado por múltiples decisiones de la Corte Constitucional desde 1991.

Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva.

Según declaraciones de prensa, el fallo de tutela sólo favorece al exministro, reconoce la firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre los hechos, pruebas y fundamento de la condena en su contra. No obstante, deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal.

Con la incondicional defensa de la institucionalidad del país que la caracteriza, la Corte Suprema de Justicia cumplirá la orden de tutela.

En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular”.

Con este fallo, la Corte Constitucional abre la puerta para conceder libertad a reconocidos delincuentes, testaferros de la mafia que detenta el poder en Colombia, todos ellos enviados a la cárcel por la Corte Suprema de Justicia.

A la postración de la Justicia, agravada con este dictamen se une el caso contra el narcotraficante numero 82, que después de la modificación a las Cortes propiciado por la banda en el gobierno, están empolvándose en los anaqueles de esa Corte, así como el llamado a indagatorio con pedido de cárcel para el abogado de bandidos Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe es el único delincuente colombiano, que tiene cerca de 300 investigaciones empolvándose en los anaqueles de la llamada “comisión de absoluciones de la Cámara”, y es también el único delincuente colombiano que tiene unas 30 investigaciones dormidas en la Corte Suprema.

Ninguno de los dos supuesto tribunales hacen nada, esta cooptados por la mafia o paralizados en su funcionamiento.

Álvaro Uribe es el criminal mas grande de Colombia y la impunidad con que está revestido, es una afrenta a la palabra justicia, y como eso no hay en Colombia, un abogado y un puñado de periodistas se dieron a la tarea de recordarle al país y especialmente a los Magistrados y jueces del país, todos los crímenes por este cometido en una serie que dicen constará de 50 capítulos, titulada “Matarife”.

La serie está basada en las investigaciones del periodista y abogado Daniel Mendoza, del periodista Gonzalo Guillén y Julián Martínez, entre otros.

La sed de justicia del pueblo colombianos se vio en la expectativa causada a la espera del primer capitulo que batió todos los records, incluso a nivel mundial, se comentó que unos 100 millones de personas vieron el primer capitulo en todo el mundo.

Los que han sido, y son cómplices con la situación colombiana, los mal llamados periodistas, que realmente son paramilitares con micrófono, así como han contribuido a la impunidad de Uribe, escondieron el lanzamiento de la serie, que denuncia lo que ellos han escondido por años.

Quedo claro, el cansancio del pueblo colombiano con la rampante impunidad, que se vio reforzada con la decisión de la Corte Constitucional.

Lo que queda sobre la mesa con el dictamen de la Corte Constitucional, es el nivel de paramilitarización de esa corte y el de paralización de la Corte Suprema de justicia, que en el pasado envió a un buen grupo de bandidos uribistas a la cárcel y que, por ahora, con el dictamen, quedó neutralizada.

Poco a poco la mafia se va tomando el control de la Corte Suprema, en pos de instaurar su estado de opinión, que no es mas que impunidad para todos ellos, apoyada en los medios de comunicación.

(Video) Actualidad Colombiana

Written by  |  Domingo, 31 Mayo 2020 00:00  |  Published in Cafe Stereo TV

Actualidad Colombiana emision 21 B

DE LA MANO DE TRUMP, DUQUE NOS LLEVA A LA GUERRA

El anuncio de la llegada al país de una brigada de tropas estadounidense, SFAB, con el pretexto de asesorar la acción antinarcóticos, es una afrenta a la soberanía de Colombia. El gobierno de Iván Duque y el Comando sur han tomado como costumbre hacer permanente la presencia militar de una potencia extranjera en suelo colombiano y en asuntos internos que la fuerza pública colombiana tiene que resolver.

No se trata de una ayuda humanitaria ni desinteresada. A la administración Trump poco le importan los centenares de líderes sociales y excombatientes asesinados a manos del paramilitarismo de Estado. Pero si le impone a Colombia un nuevo capítulo de la fracasada guerra a las drogas como una excusa para incrementar su presencia inconstitucional en territorio patrio. Está intromisión está diseñada para violar el Acuerdo Final de Paz y los compromisos con más de cien mil familias campesinas para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos.

El ministro de defensa Holmes Trujillo en compañía de Craig Faller, comandante en jefe del comando Sur inspeccionaron en abril ejercicios conjuntos de los ejércitos de Estados Unidos y Colombia en la Alta Guajira, no mucho antes del fallido desembarco de contratistas mercenarios en playas venezolanas. En enero y febrero de 2020 hubo simulacros en Tolemaida, el Catatumbo y en marzo ejercicios navales binacionales frente a las costas de Cartagena y el departamento del Atlántico. El gobierno no puede seguir negando el carácter irregular e inusual de este tipo de eventos, cuando las autoridades gringas reafirman que la intervención militar en Venezuela no está descartada.

La administración estadounidense un gobierno en una amenaza de guerra contra Venezuela. Denunciamos en voz alta, que estas intenciones proyectan un acto criminal contra el pueblo hermano. Son una traición a los principios bolivarianos y representan una amenaza para la paz de América Latina, del Caribe y la paz de Colombia.

El Partido Comunista Colombiano rechaza sin vacilaciones este nuevo paso del desgobierno nacional, que hace gala de prevaricato y abuso de poder, en medio de un estado de excepción sanitario. Le exige acatar la legalidad que alega encarnar al tiempo que incumple la implementación del Acuerdo de Paz. Hace un llamado al Senado de la República y al Consejo de Estado para que asuman su obligación ante el desconocimiento vergonzoso de la Constitución y las leyes de Colombia.

El pueblo colombiano reclamará en las calles, en movilizaciones unitarias, soluciones sociales para el hambre, los despidos, el desempleo, la salud y también el respeto por la vida, por la paz y el punto final al desgobierno que traiciona la soberanía patria.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Comité Central

Bogotá DC, mayo 28 de 2020