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Colombia

En épocas se ha vuelto viral una carta abierta dirigida a Luis Carlos Sarmiento Angulo, por Wilson Arias. En ella el entonces Congresista del Polo Democrático Alternativo le recrimina el haber acumulado tierras baldías de la Nación (destinadas por Ley a campesinos pobres), y por haber recibido subsidios, Agro Ingreso Seguro, recursos del Estado y créditos blandos, a pesar de ser un magnate dueño de varios negocios y bancos donde cobra intereses cercanos a la usura, según explica Arias castillo.
 
 
Como trabajadores del sector financiero le hemos seguido la pista: por estos días “de paz” la carta ha vuelto a circular a raíz de la expedición del Decreto Fast Track 902 de 2017 y la publicación de un Proyecto de reforma a la Ley 160 de 1994, que atizaron la confrontación. Por eso conversamos con el exparlamentario y exdirigente sindical, amigo de nuestra organización, a quien se le reconoce haber adelantado varias investigaciones de grandísima actualidad. El resultado es esta entrevista que constituye un trascendental llamado no sólo a Sarmiento Angulo, sino a la sociedad entera, a los campesinos y a las propias Farc.

 
La puntilla: Lo hemos visto muy activo en eventos académicos y en redes sociales pidiendo explicaciones al gobierno y al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo sobre el tema de las tierras baldías de la Nación. Cuéntenos primero, ¿en qué contexto dirigió usted aquella carta al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y en qué va esa controversia?

 
Wilson Arias: Mi primer debate sobre el tema lo empecé en Agosto de 2010. Inicié con el problema de la extranjerización de la tierra. Encontramos que debido a la escasez mundial de tierras fértiles y a las crisis alimentarias, algunas transnacionales  y gobiernos agenciaban la compra de tierras en países vecinos para asegurarse alimentos o para especular con la tierra, afectando la soberanía y el futuro alimentario de esos otros países. Una grave notificación la dio la FAO, quien informó que 7 de estos países contaban con 900 millones de hectáreas disponibles, tres de ellos africanos y cuatro latinoamericanos, entre los cuales aparecía Colombia.

 
Explicamos además que la situación de estas tierras “disponibles” en Colombia tiene especiales características, debido a la altísima concentración en su propiedad. En estos momentos el 1% de las mayores unidades de producción rural concentra el 80% del área. De modo que el otro 99% de las restantes unidades, compite por el estrecho 20% de área restante, espacio sobre el que se ejerce entonces una gran presión. En ese 80% hay tierras tanto privadas como con antecedentes de baldíos que probablemente ya ingresaron al mercado privado. Dentro del 20% restante, que pertenece a  un gran número de propietarios o poseedores, aparece una parte de las tierras baldías con que cuenta la Nación para distribuir entre los campesinos sin tierra.

 
El resultante es una gran disputa por las tierras de la Nación para distintos fines, lo que ha llevado a algunos grupos económicos a violar las normas que destinan tierras a los campesinos pobres. Y esos grupos son compañías extranjeras pero también grupos nacionales, entre ellos el de Sarmiento Angulo.

 
Por eso le envié la carta aquella al Presidente del Grupo Aval, quien jamás me contestó. Me llegó una respuesta del representante legal suplente, que no contesta a mis preguntas y niega su acumulación ilegal de baldíos. Afortunadamente la Contraloría confirmó todas mis denuncias.

 
L.P.: Usted lo acusa también de haber recibido subsidios, créditos blandos y recursos públicos destinados a campesinos pobres. ¿Eso también lo confirmó la contraloría? Aparte, usted le exige reembolsar esos recursos, y le pide que los devuelva “aunque sea sin reconocer los intereses”. ¿Los devolvió?

 
W.A: No, no los devolvió. Y sí, la Contraloría confirmó mis denuncias sobre los Incentivos Forestales, Agro Ingreso Seguro y Créditos Finagro que recibió Sarmiento Angulo. Los dos primeros por más de $560 millones y el crédito subsidiado por más de $35.000 millones. A él que cobra intereses de usura, el Estado le otorgó esos créditos subsidiados que le niega a los productores, propietarios medianos y campesinos. El mundo al revés.

 
L.P.: Muy altos esos subsidios y créditos blandos. ¿Y cuánto valían los predios que compró?

 
W.A.: Por 17 predios pagó 61.000 millones. Mientras a un campesino le niegan créditos y subsidios, a Luis Carlos Sarmiento le cubren buena parte de sus compras. Por eso además de hacer los debates, me animé a dirigirle la carta pública, porque era un caso muy emblemático.

 
L.P: Pero usted encontró otros grupos económicos haciendo lo mismo en la Orinoquia.

 
W.A.: Documentamos compañías extranjeras y nacionales. Empezamos con un caso que se volvió muy sonado, denuncié a Mónica Semillas, compañía brasilera. Pero también señalé a Forest First y Cargil , norteamericanas; Poligrow, italo española; La Sierra, chilena. Advertimos las intenciones de El Tejar y el grupo Grobbo, argentinos. Y en lo nacional documenté casos de funcionarios cercanos al Palacio de Nariño, como Ruben Darío Lizarralde y familiares de Aurelio Iragorri. También encontramos varios ingenios, entre ellos RioPaila, Mayagüez y Manuelita. Y con Jorge Robledo denunciamos el papel de grupos de abogados como Brigard & Urrutia, al que pertenecían los célebres Carlos Urrutia y Francisco Uribe Noguera.

 
L.P.: Usted acusa a Juan Manuel Santos de estar favoreciendo a esos sectores económicos, inclusive mediante el procedimiento de reglamentación vía Fast Track previsto en los acuerdos de la Habana. ¿Por qué?

 
W.A.: Bueno, el asunto se remite a una solicitud del Banco Mundial, quien pide varias cosas en nombre de la “seguridad jurídica”: que las tierras baldías puedan ser vendidas a grandes inversores y en tamaños superiores a la unidad agrícola familiar, que es el límite actual. Y que se legalice las adquisiciones mal habidas, es decir acumuladas violando los anteriores topes y criterios.

 
Eso es lo que hace ahora Juan Manuel Santos. Con el Decreto Fast Track 902 formaliza apropiaciones de presuntos baldíos y crea nuevos “sujetos de formalización”, en este caso grandes capitalistas que podrían pagar por ellos. Y con el Proyecto de Ley profundiza en esas intenciones, señalando que deberá titularles tierras con antecedentes de baldíos “excepcionalmente y por una sola vez”, a quienes los hayan acumulado y mantenido de manera pacífica y de buena fe. Hasta cementos Argos dice haber adquirido de buena fe los que inicialmente había comprado Otto Bula en los Montes de María. Lo mismo dice la extranjera Poligrow sobre los que compró en Mapiripan, que ella no sabía de la masacre que allí ocurrió.

 
L.P.: ¿Qué han dicho las Farc sobre el tema? ¿Por qué no hay mayor movilización social en contra de aquellas normas? Y usted ha dicho que el problema en este caso ya no es tanto el incumplimiento de los acuerdos de la Habana, ¿eso qué significa?

 
W.A.: Las Farc se han manifestado principalmente en la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos, la CSIVI[i]. En mi criterio ha sido más bien parca, lo cual tal vez obedezca a la pretendida prudencia que se han impuesto las partes sobre los debates de la mesa. Prudencia que no observa el gobierno, pues varios de sus funcionarios hacen activismo en favor de las normas mencionadas, en nombre de los acuerdos de la Habana.

 
La cuestión es que en efecto, los baldíos son la principal fuente del “Banco de tierras para la Paz” pactado con las Farc. Pero el problema ya no es solo que se incumpla ese acuerdo. El problema es que están reformando la Ley que ha dispuesto la entrega de esas tierras baldías a los campesinos, con o sin los acuerdos de la Habana, con o sin acuerdos en Quito, con o sin negociaciones de la insurgencia. El problema es que una guerrilla en una correlación de fuerzas adversa ha adelantado su negociación, y ahora además no puede garantizarle un desarrollo mínimo a una reglamentación que afecta es a todos los campesinos y hacia el futuro.

 
Están quebrando no sólo una norma muy importante expedida en 1994, sino en general el concepto de Sistema Circular de Mercado que se aplicaba a las tierras de reforma agraria, para que esas tierras se mantuvieran en manos campesinas. Es toda esa tradición la que están quebrando.

 
L.P.: Pero Wilson, ¿eso ya no lo habían roto con la Ley de ZIDRES?

 
W.A.: Ley tramitada y aprobada en plena negociación de la Habana, lo que resulta demostrativo de esa correlación de fuerzas de que hablamos. Pero la  Ley ZIDRES era no sólo más limitada que este conjunto que hoy se expide y tramita, sino que fue bastante restringida por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en su examen, la Corte circunscribió la creación de ZIDRES prácticamente a sitios donde no se pudieran adelantar procesos de reforma agraria. Eso les daña el negocio. De modo que necesitaban otra Ley aún  más laxa. Eso es lo que autorizan ahora vía Fast Track y en el Proyecto mencionado.
 
 
I Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.
Entrevista realizada por el periódico La Puntilla de la Seccional Cali -UNEB
 
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Solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos
Carta a Luis Carlos Sarmiento Angulo

Wilson Neber Arias Castillo
Rebelión
Jueves 23 de Mayo de 2013 09:28
Bogotá D.C., Mayo 23 de 2013

Señor Luis Carlos Sarmiento Angulo Presidente Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A. La ciudad
Asunto: solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos

En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar – UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.
Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.
La primera pregunta es:
¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?
La interrogación me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha
violado con creces la prohibición de acumular baldíos.
Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:
Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:
1. De la renta extraída del cobro que le hace a sus clientes de los bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros.
2. De la contratación y de la ayuda estatal. Para efectos de respuesta, sólo considere lo segundo, más exactamente los cuantiosos recursos no reembolsables, que usted ha recibido en sus negocios agroindustriales.
Así las cosas, le pregunto entre atónito y asombrado:
¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el estado colombiano, a través de FINAGRO y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través de sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?
Su fortuna según Forbes, asciende a US$13 billones de dólares, riqueza que lo clasifica en el puesto 64 de aquella revista. Es decir, de lejos, usted es el hombre más rico de Colombia y está entre los más ricos a nivel mundial. En ese orden de cifras, ¿con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?
Yo no sé si su contador estará de acuerdo conmigo, pero sostengo que si usted devuelve a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la Ley, no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares. Señor Sarmiento, con firmeza y alzando la voz por millones de colombianos, le solicito reintegre esos recursos a la nación. Pague señor Sarmiento, ¡pague aunque sea sin reconocer los intereses!
Atentamente,

Por medio de medios de desinformación como Noticias Caracol, bajo falaces argumentos han iniciado una campaña en Colombia para bajar el salario mínimo de $737.717 a $221.315.

El argumento es similar al que uso el narcotraficante numero 82, para trasformar la noche en día robándole a los trabajadores el recargo nocturno, dizque eso “pueda ayudar a reducir la informalidad laboral”.

Según ese medio de desinformación de propiedad de uno de los hombres más ricos del país, el engendro seria de nombre Luis Eduardo Arango, quien funge como “investigadores del Banco de La República”, comenzaría a aplicarse en las regiones mas pobres, para luego con el tiempo aplicarlo en todo el país.

La mezquina propuesta es hecha algunos días después de que un informe de la Universidad de la Sabana concluyera que el sueldo mínimo que se gana el 54,8 por ciento de los colombianos (737.717 pesos - 215 dólares) está en los últimos lugares entre los países con los salarios más pobres de Latinoamérica y el Caribe.

Por:   Tony López R. (*)

En la noche del pasado viernes 24 de noviembre, se celebró en el Teatro Colón,  el primer  año de la firma de los Acuerdos de Paz, negociados en La Habana, entre la delegación del Gobierno presidido por Juan Manuel Santos Calderón,  y  las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) comandadas por Rodrigo Londoño Echeverry, quienes volvieron a encontrarse  y  motivó  las excusas del primero por los incumplimientos a la implementación de los Acuerdos de Paz y los firmes reclamos del segundo, por el engaño del que han sido objeto, no solo  la fuerza guerrillera, sino también  la sociedad colombiana y la comunidad internacional, que clama y exige el cumplimiento de los Acuerdos, que permita una paz estable y duradera.

 

El presidente Santos Calderón, asumió públicamente la responsabilidad de los incumplimientos y admitió  errores en la implementación de los acuerdos y se comprometió a que trabajarían día y noche para solventar la crisis provocada por esos desatinos. Londoño Echeverry por su parte hizo una fuerte denuncia contra los poderes Judiciales y Legislativos, especialmente contra la Fiscalía, la Corte Constitucional y el Congreso.

 

La Fiscalía ha introducido  modificaciones al acuerdo aprobado sobre la Justicia Transicional, que establece los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición  que incluía el juzgamiento de todos los agentes del Estado,  civiles que hayan financiado y/o  cómplices del paramilitarismo  y guerrilleros. 

 

Estas  modificaciones  presentadas al Congreso, fueron ajustadas   a los intereses del sistema  y  lo aprobado el pasado miércoles 15 por el parlamento y sancionado la misma noche por la Corte Constitucional,  solo serán juzgados los guerrilleros. Quedaron eximidos de toda culpa los militares, otros agentes del Estado, civiles cómplices del financiamiento al paramilitarismo y al sicariato.  Un ejercicio parlamentario para dejar en la impunidad los crímenes de guerra cometido contra la población civil y jóvenes inocentes como la muy documentada participación de la fuerza pública  en los llamados, "falsos-positivos." 

 

Lo más grave de todo este despropósito estriba en lo sancionado por la Corte Constitucional, la que meses antes había, aprobado el absoluto blindaje de los Acuerdos de Paz de La Habana y que luego de los cambios en dicha institución, por nuevos magistrados, hayan procedido a modificar lo ya acordado. Es evidente la motivación política e ideológica que ha llevado a tal aberración, jurídica y política, donde lógicamente existe un componente de complicidad del Gobierno, aunque el mismo Jefe de Estado, aduzca que hay errores y desatinos en los incumplimientos y errores. 

 

Las pláticas iniciales entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP comenzaron en La Habana en febrero del 2012, por petición de las partes al Gobierno cubano,  cuyo objetivo era establecer los principios, normas y las base políticas para comenzar los diálogos, así como  las condiciones prácticas, que permitieran establecer la Mesa  de Dialogo. 

 

El 19 de octubre de 2012 fue instalada  en Oslo, Noruega, la Mesa de Diálogo de Paz, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo. (FARC-EP)  Con la presencia de las delegaciones gubernamentales de Cuba y Noruega como garantes y de los países acompañantes Venezuela y Chile, se dio  inicio  a  este  proceso de diálogo, formalizándolo oficialmente y ante la opinión pública mundial, toda vez que en las conversaciones preliminares que se venían desarrollando en La Habana, se había logrado llegar a el  "Acuerdo  General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera". 

 

Pero tomando en cuenta lo que ha venido sucediendo en Colombia, al parecer, el Acuerdo General  para darle fin al conflicto y lograr la paz estable y duradera está  seriamente obstaculizado por una poderosa oligarquía y sectores de derecha que  niega a su pueblo  paz, justicia y un orden social justo.  

 

A un año de firmado los Acuerdos que fueron  refrendados en noviembre  del pasado año por el Congreso de la Nación, la situación es crítica y tiende a complicarse porque, el próximo 30 de noviembre termina el método del Fast Tras que se utiliza en el parlamento para agilizar la aprobación de los Acuerdos. 

 

Dentro de los incumplimientos por parte del Gobierno y de la Justicia está  el hecho de que antes de finalizar la entrega de armas, tenían  que haber excarcelado a todos los miembros de las FARC en prisión, hoy quedan sin ese beneficio 1000 guerrilleros presos. En este periodo  más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios  y  cerca de 40  ex guerrilleros y familiares han sido asesinados por parte de la fuerza pública y los paramilitares.

 

La erradicación del paramilitarismo y su procedimiento jurídico y penal, fue uno de los Acuerdos, este lejos de cumplirse, el paramilitarismo ha ocupado las zonas donde antes operaba la guerrilla de las FARC,  asesinan y destierran  quienes ellos consideraban colaboradores de la insurgencia. Tema sensible, porque sin la eliminación del paramilitarismo, será muy complicado el accionar político del nuevo Partido, cuyos miembros son antiguos guerrilleros.

 

Una de las causas que originó el conflicto armado en Colombia fue el tema de la tierra  y uno de los Acuerdos firmados dejaba claramente establecido que el Estado pondría a disposición  10 millones de hectáreas  y a estas alturas, no hay una sola norma aprobada para garantizar, este que fue el primer Punto de la Agenda discutida en La Habana y mucho menos las tierras destinadas a la sustitución de cultivos ilícito (coca y amapola).

 

Sí tomamos nota, solo de algunos del más importante incumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, bien cabe  la interrogante de: ¿Cuáles Acuerdos?.

 

Pero como bien me comentó un importante luchador por la paz en Colombia, y cito "Sin duda entre bambalinas se moverán acuerdos, arreglos o pactos secretos inter-oligárquicos y entre estas oligárquicas y el imperio, con la pretensión de impedir la posibilidad de cumplir lo pactado en la Habana, pero estos finalmente no podrán evitar que se desencadene un desajuste profundo dentro del sistema, empujado, claro está  por el desarrollo político de los variables procesos sociales contestatarios del país, que creo también van a enmarcarse dentro de la generación e impulso de un proceso constituyente popular".

 

Es exactamente lo que se requiere en Colombia, una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa y que los Acuerdos de La Habana sean sometido a ella, de ese modo se convertirá en una política de Estado, porque los Acuerdos firmados el pasado 24 de noviembre del 2016 solo responden a un acuerdo del actual Gobierno, que puede ser modificado o no reconocido por el nuevo gobierno que asuma la conducción del país el 7 de agosto del 2018.  

(*) Periodista, politólogo y analista internacional. 

La  Habana.  26/11/2017

"No podemos dejar que cada 24 de noviembre se convierta en la celebración feliz de la firma del Acuerdo Final, como si este documento histórico se hubiera vuelto realidad. Por el contrario, esta fecha ha de representar un clamor nacional, el aliento a una gigantesca movilización de colombianas y colombianos por que se cumpla, sin burlas, lo pactado"

Los ex presidentes de la oligarquía colombiana Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango anunciaron una alianza para las votaciones presidenciales del año entrante.

En la carta de intención entre otras reiteraron su oposición a la JEP y especialmente que no permitirían “un proceso que le quite la tierra a los colombianos honorables.”, naturalmente no se referían a los millones de colombianos a quienes les robaron las tierras sino a los pocos que valiéndose entre otros del terror paramilitar se apoderaron de ella.

Uno de ellos es el ex-embajador de la oligarquía Colombiana ante los Estados Unidos, Carlos Urrutia, quien fue denunciado penalmente por la adquisición fraudulenta de 40.000 hectáreas de tierras baldías en el departamento del Vichada destinadas reconocidos ingenios azucareros.

El ex-congresista Wilson Arias, integrante del Polo Democrático Alternativo en el Valle del Cauca, denuncio que más de 17.000 hectáreas de tierra que eran de campesinos pobres de la Orinoquía, y que fueron despojadas por los paramilitares y reconocidos testaferros del narcotráfico, terminaron entre las propiedades de Aceites Manuelita, empresa perteneciente a la familia Éder de Cali.

También hay que mencionar que las “honorables familias”, Iragorri Valencia del departamento del Cauca y los Sarmiento Angulo, particularmente Luis Carlos Sarmiento Gutierrez, hijo del bancoterrorista mas rico de Colombia, están mezclados en un robo de predios en la hacienda Primavera que suman en total 3800 hectáreas, según denuncio también el ex-congresista Wilson Arias.

Comentó Leon Valencia en un articulo que los gobierno de Pastrana y Uribe, ahora aliados contra la JEP, era los que mas victimas habían ocasionado, Valencia dijo: “En el gobierno de Andrés Pastrana Arango se produjeron 2.453.628 víctimas y en los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez 3.374.270. Son 12 años que van del 7 agosto de 1998 al 7 de agosto de 2010. Suman 5.827.898 víctimas, es decir, el 70,13 por ciento del total”

Llama la atención que sean precisamente estos dos criminales, que propiciaron la masiva victimizacion del pueblo colombiano que ahora salgan a defender precisamente a quienes se apoderaron fraudulentamente de unas 9 millones de hectáreas, mejor dicho que para ellos los casi 6 millones de victimas causadas en sus gobiernos no sean “honorables” pero si quienes por medio del terror se apoderaron de las tierras.

Un concepto descaradamente ilegal de la DIAN permitió que las multinacionales que explotan recursos naturales dejaran de pagar impuesto de por lo menos 13 billones de pesos, según el fallo de del Consejo de Estado ante la demanda colocada por los congresistas Maritza Martínez, Jorge Robledo, Alexander López, Germán Navas Talero, por Guillermo Rudas, Luis Álvaro Pardo y coadyuvada por la Dra. Clara María González.

Como consecuencia del fallo los demandantes enviaron una carta enviada al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, donde solicitaron que realicen todas las diligencias necesarias para recuperar los 13,1 billones de pesos (los académicos calculan que son 34 billones de pesos), que con un concepto jurídico ilegal de 2005 de la DIAN se les dio a las mineras y petroleras privadas.

La respuesta del Ministro, un hombre al servicio de las multinacionales fue de que: “Las empresas mineras han cumplido lo que se ha establecido en la norma y es que las regalías se consideran un costo deducible de la liquidación del impuesto de renta”, contradiciendo abiertamente al Consejo de Estado.

Este mismo ministro esta mezclado en varios robos a la nación y sigue allí como si nada.

Por Nelson Lombana Silva  

(Ibagué, noviembre 26 de 2017) Aprovechando el silencio tétrico y cómplice de los medios masivos de comunicación, la clase dominante le ha propinado otra trapera y mortal puñalada a los acuerdos de paz entre las antiguas guerrillas de las Farc – Ep y el presidente Juan Manuel Santos Calderón. 

El acuerdo se encuentra en cuidados intensivos y solo un milagro lo podría salvar: La movilización nacional del pueblo colombiano exigiendo su cabal cumplimiento. Sin embargo, esta posibilidad resulta remota por cuanto el grueso del pueblo aún desconoce que este acuerdo es suyo y sigue pensando que es un acuerdo por las alturas entre la dirección de la insurgencia y el estado. "Ese no es problema mío, – me dijo un transeúnte en la tercera de Ibagué – es problema de ellos". 

El pueblo piensa así, porque no ha tenido libertad y democracia para digerir y entender la esencia del acuerdo de paz. El estado lo ha mantenido en el oscuro mundo de la desinformación, la incomunicación, pero sobre todo, la alienación y el terrorismo. Realmente la clase dominante, con toda mezquindad y temerosidad de perder su poder ilegítimo, lucha por todos los medios para que nada cambie, todo siga igual.  

No sorprende esta postura, por cuanto el acuerdo de paz también está cruzado por la lucha de clases. La oligarquía es una clase agonizante y el pueblo que encarna el Partido Farc es la clase naciente, que aún no ha nacido totalmente. La pugna es a muerte. No hay términos medios. Es la cruda realidad.  

Burguesía criminal y mentirosa 

 

La burguesía colombiana se caracteriza por ser una de las más atrasadas del mundo, no admite una reforma por elemental que ésta sea, afinca su cruel imperio en la criminalidad, en la mentira y en el ventajismo. 

Recordemos a manera de ejemplo la guerra de los mil días, la violencia de los 50s y la que se viene desarrollando bajo el imperio del silencio mediático. Todos los días matan gente en Colombia, hechos que poco y nada trascienden en los medios de comunicación; en honor a la verdad, trasciende más un simple catarro al padre del paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez, que una masacre de campesinos o indígenas. 

El presidente Juan Manuel Santos Calderón, consumado mentiroso e incumplido, le miente al país y a la comunidad internacional sin sonrojarse; hábilmente se presenta como amigo de la paz, pero como jefe de estado capitalista, está muy pendiente de los intereses de la clase a la cual pertenece, la clase dominante. Hace fielmente lo que esta le ordena. 

Así las cosas, quien viene haciendo trizas los acuerdos de paz es el gobierno nacional con su doble discurso. Los demás poderes públicos no son más que peones del poder ejecutivo en Colombia y todos ellos, de la burguesía y el imperialismo norteamericano. Esa es la trama por descifrar.

La figura del fast track, que ingenuamente se pensaba era para hacer leyes y producir así algunos cambios a favor del pueblo, ha sido utilizada por la clase dominante para reacomodarse y oxigenarse. 

Todo el tinglado político de los mismos con las misas, ha sido revestido para que pelechen los mismos que han venido pelechando. Los delfines juegan su triste papel como Rodrigo Lara o la familia Galán, para solo colocar un par de ejemplos. A la fuerza bruta y sin remordimiento, se imponen personajes siniestros como Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Fernando Londoño, José Obdulio, primo de Pablo Escobar, etc.   

El Consejo Nacional Electoral resulta manejado por magistrados del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. En ese marco, las investigaciones contra el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el presidente Juan Manuel Santos Calderón, por los vergonzosos escándalos de Odebrecht, caen estrepitosamente como era apenas obvio. "¿El poder para qué?", ya había dicho Darío Echandía.

Para eso ha servido el fast track. Y claro, para impedir a los partidos de izquierda y democráticos el acceso a los medios de comunicación, para negarles la personería jurídica a los movimientos sociales y desde luego, negar todo tipo de financiación por parte del estado. 

Todos como en Fuenteovejuna contra los acuerdos de paz: El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así lo indica la Corte Constitucional, por intermedio del togado Luis Guillermo Guerrero, que al considerar exequible el acto legislativo 01 de 2017, garantiza que los responsables del paramilitarismo, de las masacres y los crímenes horripilantes que han conmovido al mundo, no serán obligados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Eso se llama: Impunidad. 

De igual manera, amplía la inmunidad a los ex presidentes, ex gobernadores y ex ministros, mientras que con los ex miembros guerrilleros, los supuestos beneficios sí se reducen peligrosamente a su mínima expresión. 

Y para rematar la esperanza de paz, Cambio Radical, propone que los magistrados que han defendido los derechos humanos no pueden hacer parte del Tribunal de Paz. Violando las normas constitucionales se aprueba semejante exabrupto, obligando a elegir magistrados del establecimiento, de la clase dominante. 

El presidente del recién creado Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, ha dirigido una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), planteándole estos temas y demandando un pronunciamiento claro, preciso y concreto, ante esta cascada de incumplimientos por parte del estado colombiano, a un acuerdo firmado, precisamente, el pasado 24 de noviembre de 2016, es decir, hace un año. 

Todos esos esfuerzos son válidos e importantes, pero mientras el pueblo no se pronuncie como es su deber, la contrarreforma a lo pactado seguirá aumentando peligrosamente. Parar esta contrarreforma es tarea de todos y todas.  

Por: Hernán Durango. 

Bogotá. 

En Bogotá se vivirá una nueva jornada para respaldar la paz este viernes 24 de noviembre de 2017 con motivo de cumplirse el primer aniversario de la firma en el Teatro Colón del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. A partir de las  9:00 am en el Teatro Colón se llevará a cabo el acto especial convocado por poetas, cineastas, dramaturgos, artistas plásticos, músicos, gestores culturales, académicos, intelectuales y personalidades de la vida política nacional, en una  iniciativa a la cual se han unido sectores políticos y sociales.

Por otro lado se ha convocado a partir de las 11:00 am.  a  una concentración popular en la Plaza de Bolívar, donde representantes de organizaciones sociales y comunitarias realizarán un Cabildo Abierto  con actividades culturales hasta las 7:00 de la noche  para exigir por parte del Gobierno Nacional el cumplimiento a lo pactado hace un año para que la paz avance sin dilaciones. 

"La implementación del Acuerdo de Paz necesita mayor compromiso y coherencia", señalan en la convocatoria a la manifestación en la Plaza de Bolívar. 

 La cita es este viernes 24 de noviembre en Bogotá para defender el proceso de paz. 

Por: H. Durango.

Bogotá. 

Cansados de la actitud paquidérmica y dilatoria de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar a la ciudadanía a las votaciones para revocar el mandato al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, un grupo de representantes del comité "Revoquemos el Mandato del alcalde Enrique Peñalosa" viajó a la ciudad de Washington (Estados Unidos) para radicar  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento en el que se advierten sobre violaciones al debido proceso por parte de las autoridades electorales de Colombia y en el cual solicitan formalmente a la Comisión la adopción  de medidas cautelares para que se convoque a los votantes. 

De acuerdo a la información suministrada a la prensa por Flor María Hernández -contadora del comité "Revoquemos el Mandato del alcalde Enrique Peñalosa"- el Comité le pidió formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para que se convoque a la votación, ya que en el país las autoridades encargadas vienen dilatando y aplazando la adopción de la medida para que los ciudadanos capitalinos decidan la revocatoria del alcalde que cuenta con el más bajo nivel de favorabilidad  (16 por ciento según las últimas encuestas). 

En diálogo con la cadena RCN Radio, Flor María Hernández informó acerca de la gestión ante el organismo hemisférico.

"La CIDH puede ordenar que se convoque a las urnas para realizar el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa, mandatario que solamente cuenta con el 16% de una imagen favorable", sostuvo Hernández.

Para Hernández existe al parecer un interés del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no ha permitido avanzar en los trámites para la revocatoria del mandatario distrital.

Cabe recordar que en su momento los promotores de la revocatoria del alcalde de Bogotá le pidieron al  CNE que expida la certificación para que antes de finalizar 2017 se convoque la revocatoria de Peñalosa.

 

Según el informe técnico de la de verificación de los apoyos de la Registraduría Nacional, fueron revisadas 706.708 firmas, de las cuales fueron válidas 473.700 y anuladas 233.008.

Por: Hernán Durango.

Se conmemoraron el pasado 14 de noviembre los 200 años del fusilamiento de Policarpa Salavarrieta, 'La Pola', heroína de la independencia.

"Hace  200 años fue fusilada  la heroína criolla por orden del sanguinario (pero cobarde, como todos los criminales) Juan de Sámano, a la postre virrey de la insurrecta Nueva Granada", señala el boletín de la UP.

Por tal motivo,  en el barrio Policarpa Salavarrieta, en Bogotá, el cual  es un ejemplo histórico de la lucha por la vivienda digna para los colombianos, conquista encabezada por la Central Nacional Provivienda –Cenaprov- se prepara una gran jornada conmemorativa para el día sábado 25 de noviembre a partir de la 1:00 pm en el Salón Cultural Luis A. Morales – Calle 3 No. 10-25 sur.

Entre los convocantes se destacan el Comité Distrital Mario Upegui Hurtado del Partido Comunista PCC, Cenaprov y sus centros de inquilinos, Unión Patriótica UP, juntas comunales, entre otras fuerzas y sectores sociales y comunitarios que se unen para esta jornada.