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Colombia

Por Nelson Lombana Silva

(Ibagué, mayo 18 de 2018) Leo con alguna frecuencia lo que la gente escribe en las redes sociales, es una forma de saber qué y cómo está pensando la humanidad. La abundancia de conceptos y opiniones a diario casi que rebasan la imaginación. De alguna manera, las redes sociales se han convertido en escape ante la incomunicación de los mass medios de la clase dominante, pues por estos, solo fluye la ideología de ésta.

Especial atención merece lo que la gente escribe acerca de la campaña electoral para elegir presidente en Colombia, las opiniones de los candidatos y sus "argumentos" para defender la respectiva candidatura.

En términos generales no nos puede sorprender la forma y el contenido de los mensajes que fluyen ubérrimos, por cuanto por allí se expresa por primera vez el pueblo común y corriente con todos sus emocionantes horrores y errores ortográficos, pero también su forma de pensar. Se habla para pensar y no se piensa para hablar en la mayoría de veces.

Sin embargo, identifica uno fácilmente dos grandes bloques o grupos de personas. Un grupo que a nuestro modo de pensar no tiene identidad propia para fijar conceptos y opiniones. Desconoce la historia. Simplemente menudea maquinalmente la ideología de la clase dominante. Recicla. Traga enterito y repite y repite esa ideología como dogma.

En la forma bárbara de expresarse pensaría uno que son miembros de la gran oligarquía que con patas y manos defienden su clase. Pero, no es así. Es pueblo acorralado por el analfabetismo político, la falta de empleo, de techo, de salud y educación, que sale a la defensa del patrón gobierno, gobierno que todos los días lo está maltratando, golpeando con impuestos y múltiples medidas nocivas a sus intereses de clase. Sin embargo, sigue ahí, temiéndole a la libertad y a la justicia social.

Da de todo al oírlos hablar de Venezuela, del Castrochavismo, de la guerrilla, de la expropiación sin tener qué expropiarle. Escriben con mala ortografía y redacción que Maduro es un dictador, que Petro fue amigo de Chávez, etc. Etc.

Otros dicen que hay que votar por Duque porque es joven, apuesto, gallardo. Esos pensamientos son ahistóricos, porque si se tuviera en cuenta la historia, recordaríamos que con ese mismo cuento llegó a la presidencia Andrés Pastrana Arango, el hijo de Misael Pastrana Borrero, el que le robó las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla en el 70. Era tan joven, que los asesores aconsejaron pintarle algunas canas para darle pinta de estadista. Fue un gobierno magnífico para Estados Unidos y para su clase social, en cambio, una tragedia para el pueblo colombiano en su conjunto.

Lo mismo ocurrió con Cesar Gaviria Trujillo, el hombre de la voz aflautada; era joven. ¿Qué hizo? Abrir las fronteras a las multinacionales y transnacionales, abrirle la puerta al nefasto neoliberalismo que todo lo convirtió en mercancía, hasta las ilusiones de vivir.

Atacan a Petro porque fue guerrillero. Dicen de él bestialidades. Todas calumnias, sin nada de originalidad, simplemente repitiendo los libretos de la clase dominante. Ni si quiera han indagado sobre qué es la guerrilla, simplemente repiten la definición que da la burguesía a través de Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, Semana, etc.

Cuando la escandalosa marcha del secuestro que orientó el narcotraficante número 82, según la CIA, Álvaro Uribe Vélez, me le acerqué a un grupo de campesinos descamisados que rasgaba sus cuerdas vocales gritando: "¡Abajo el secuestro! ¡Abajo el secuestro!" "¿Temen ustedes ser secuestrados por la guerrilla?", les pregunté. Uno de ellos suspendió sus alaridos estridentes y mirándome me dijo: "El secuestro para el pobre sería una bendición, porque tendría uno asegurado alimentación, dormida, medicina y seguridad". Los que lo oyeron rieron y siguieron gritando.

Valga decir con toda franqueza, que la persona más humana, más consciente y más heroica es el guerrillero. Frei Beto, sacerdote de la teología de la liberación, comparó al Che Guevara con Jesús y encontró que ambos tuvieron el valor sublime de morir por la humanidad. Dar la vida por los demás, es el gesto más sublime de humanismo y eso lo suele hacer a diario el guerrillero.

 Así que juzgar al próximo presidente Gustavo Petro porque fue guerrillero, es toda una estupidez que no resiste el menor análisis. Es más: Varios presidentes latinoamericanos y del mundo, fueron guerrilleros: Mojica, Lula Da Silva, Daniel Ortega, Nelson Mandela, Lenin, Mao, etc, etc.

Realmente casi que el ciento por ciento de lo que aparece en las redes sociales carece de cientificidad, predomina la virtualidad, la mentira, la calumnia, la intriga. Hace carrera la noticia falsa. Se le rinde culto. Se dimensiona. Se impone. Con razón dice Eduardo Galeano que esta era en realidad se caracteriza por la incomunicación mediática, pues se imponen la palabra única y la imagen única. Uribe, el narcoparamilitar, se le ocurrió decir Castrochavismo y hay que ver cómo la gente repite maquinalmente sin saber qué quiere decir, máxime que estos dos genios del pueblo mundial ya están muertos. Un mínimo de análisis nos llevaría a comprender que esto no significa realmente nada, pero nada es nada.

A la miseria humana se le suma la miseria histórica, social, política e ideológica, por eso todavía hay pueblo que ama las cadenas de la opresión, que se solaza repitiendo la ideología de la clase dominante. Conozco hermanos de clase que dicen con qué aspaviento: "Con Duque vamos a ganar".

Es pueblo engañado. Mancillado. Explotado secularmente, que teme a la esperanza que encarna Gustavo Petro Urrego. No cree en los cuadros de su clase social y prefiere "codearse" con los cuadros de la oligarquía. Este pueblo está condenado a ser esclavo y a otros cien años de soledad, según Gabriel García Márquez. Afortunadamente, la mayoría se identifica con el candidato de la Colombia Humana, con la propuesta progresista de Gustavo Petro.

En esta dura lucha ideológica y política, hay que hacer una lectura crítica de las redes sociales, para tomar lo cierto y descartar lo falso. Debatir sin ofender, persuadir no imponer, educar no alienar. Ese es el gran desafío del pueblo colombiano a escasos días de las elecciones presidenciales. Hay que asumir el reto con grandeza, votando copiosamente muy temprano el 27 de mayo, por Gustavo Petro Urrego. Además, defender su voto con alma vida y sombrero. Las redes sociales deben servir para eso y no para hablar lo que el régimen quiere que hablemos.

Por: Tony López. (Cuba) 

Estados Unidos, el Grupo de Lima y la conspiración intervencionista reunida en  México contra Venezuela.

La abierta y desvergonzada injerencia de Estados Unidos en Venezuela, con el acompañamiento de 13 países de los 35 que conforman nuestra Región, continuó poniéndose de manifiesto con la reunión del auto titulado Grupo de Lima el pasado lunes 14 de mayo en la Ciudad de México.

Está reunión a la cual Estados Unidos dio un importante apoyo por parte del  Secretario de Estados  Mike Pompeo, acordó exigir al gobierno de Nicolás Maduro suspender las elecciones presidenciales del próximo domingo 20 de mayo y convocar a unas elecciones libres y bajo el auspicio de la instituciones internacionales, incluyendo a la ONU.

El canciller del país, Luis Videgaray, leyó un comunicado conjunto en el que condenan el "régimen autoritario" del país suramericano, que ha violado la "institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos".

Un real cinismo del Grupo de Lima, donde algunos de sus integrantes violan sistemáticamente y mucho más gravemente de lo que ellos acusan a Venezuela:  Así lo devela el periodista del diario el País de España, Daniel Butruille  durante la entrega del Premio Ortega y Gasset de periodismo a los periodistas mexicanos Daniel Moreno, Salvador Camarena, Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste por "La estafa maestra", que documenta una maquinaria de corrupción que mueve cientos de millones de dólares y por la que nadie ha pisado la cárcel.  Sigue el comentarista de El País: "La aritmética de La estafa maestra es sorprendente. El resultado es el descubrimiento de un fraude de más de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) en el que están involucrados 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios. Pero quizás el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es una cifra que enciende las alarmas en México: Cero Responsable."

Señala el periodista de El País: "Es un ejemplo de lo que significa la corrupción como sistema de gobierno. Un ejemplo de las herramientas puestas a disposición de altos funcionarios y allegados para saquear a sus anchas el erario de México".

Y continua,  "toda  esta corrupción  fue asimilada,  al igual que la  Casa Blanca,  el fraude del tren rápido,  los 43 desaparecidos y ahora los tres disueltos en ácido, de un sexenio de corrupción, de impunidad, de mentiras y de miles de asesinatos por el narcotráfico y sus cómplices estatales y federales".  No pasa nada. Es la población entera de un país que resulta anestesiada por seis años de fraudes, robos, mentiras y sinvergüenzas  perpetradas desde todas las instancias y todos los niveles del poder. México está intoxicado", concluyó el reportero de El País.

Que argumento sobre respeto a derechos humanos, libertades, corrupción institucional,  puede presentar el gobierno colombiano,

cuestionado por la Corte Penal Internacional, al negarse las instituciones judiciales a entregar información sobre el asesinato de más de 3000 mil inocentes jóvenes en el conocido caso de los falsos-positivo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El asesinato de más de 285 líderes comunales entre el año 2017 y lo que corre del actual y más de 60 ex guerrilleros de las FARC que depusieron las armas y familiares de estos.

El destape en febrero de este año 2018 de  una gran corrupción que salpico al Congreso y al Gobierno y que inició la investigación de 216   congresistas, que ha llevado a la Corte Suprema ordenar inspecciones judiciales al Ministerio de Hacienda y al Congreso.

De que respeto a la "institucionalidad democrática" puede hablar el gobierno dictatorial y golpista de Michel Temer, en Brasil.  Y el gobierno hondureño del presidente Orlando Hernández y cuyo fraude fue  denunciado por la Comisión Electoral de la OEA,  luego justificado y ocultado por el corrupto Secretario de la OEA Luis Almagro,  convertido en enemigo del gobierno venezolano.

Con que moral puede hablar el gobierno de Perú que unas semanas antes de la Cumbre de las Américas,  el Congreso  aceptó la renuncia al corrupto presidente de la República Pedro Pablo Kucinzky,  quien liberó al condenado por crímenes de Lesa Humanidad al ex presidente Alberto Fujimori a cambio de votos en el Congreso para que no lo destituyeran.

Que hablé la familia de Santiago Maldonado, Milagro Salas  y el pueblo argentino sobre las bondades del gobierno de Mauricio Macri.  Y  los jóvenes estudiantes chilenos sobre el respeto a sus derechos humanos y físicos y la represión del gobierno pro-pinochetista de Salvador Piñera.

Sin embargo, el llamamiento del canciller mexicano no mencionó desconocer los resultados electorales,  tal vez porque tienen la esperanza de que a última hora se llegue a una unidad de los candidatos Henry Falcón y el ex pastor evangélico Javier Bertucci y sea derrotado Nicolás Maduro.

Lo que es engañoso para la opinión pública es  que digan que estos comicios son fraudulentos, porque la oposición de la MUD no participa, es la fórmula de la MUD de esconder el desprestigio que tienen,  el pueblo sabe que esos sectores llevaron a la muerte a muchos inocentes y el caos del país y  saben que no lograrían un triunfo.  Era más viable acogerse al diseñado  Plan del Comando Sur   propuesto por Estados Unidos y facilitar una "intervención humanitaria"  traicionado a su país, así  lograrían hacerse del poder  y los Estados Unidos  apoderarse de todas las riquezas minero-energético de Venezuela que es la esencia del interés del gobierno de Donald Trump.

(*) Periodista, politólogo y analista

Medios de comunicación, gobiernos locales y organismos de seguridad del Estado no reconocen que el paramilitarismo sigue como forma natural de la clase dirigente y el modelo económico neoliberal que se impone con sangre.

Por: Alexander Escobar

Silencio, omisión y complicidad tejen el manto de impunidad y vergüenza de una sociedad que permite el fortalecimiento del paramilitarismo. Asesinato de líderes y lideresas sociales, apropiación de territorios y destierro de comunidades, y aniquilamiento de procesos sociales y populares, son algunos efectos de la estrategia paramilitar.

Y del mismo modo que en el periodo donde operaron las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), negar la presencia paramilitar en el Valle del Cauca es un libreto a seguir por administraciones municipales y Fuerza Pública.

"Bandas criminales" (bacrim), "delincuencia común" o "vandalismo", son algunos calificativos empleados por medios de comunicación, gobiernos locales y organismos de seguridad del Estado para no reconocer que el paramilitarismo sigue como forma natural de la clase dirigente y el modelo económico neoliberal que se impone con sangre.

Varios corregimientos en zona rural de los municipios de Palmira y El Cerrito están siendo cercados. Desde el mes de abril, comunidades de Santa Luisa y Tenerife en El Cerrito, y Combia y Toche en Palmira, se percataron de la presencia de hombres armados en la zona. Sin embargo, el terror y la desprotección les impide hablar.

Pero los graffitis que dejaron en casas y vehículos son claros: "Muerte sapos guerrilleros", con su respectiva firma "AUC", son mensajes que recuerdan a más de 1.500 personas que, entre 1999 y 2004, el paramilitarismo asesinó en el Valle del Cauca.

El miedo de la comunidad es aprovechado por alcaldías y Fuerza Pública que rinden culto al silencio para acallar el ruido del reacomodo geoestratégico del paramilitarismo en la zona; un silencio que trata de romper la Pastoral Social de Palmira que dinamizó y conformó una comisión de verificación que visitó el corregimiento de Combia el 12 de mayo.

Conformada por la MAPP-OEA, la Unidad para las Víctimas del departamento, el Colectivo Pro Defensa del Territorio y el Agua, y la Pastoral Social, la comisión realizó una jornada de Acompañamiento interinstitucional por la paz y la reconciliación, donde también fueron invitadas las alcaldías de Palmira y El Cerrito.

Nos obstante, la administración municipal de El Cerrito no respondió al llamado. Por su parte la de Palmira asistió tratando de presentar la jornada como iniciativa propia y no de la Pastoral Social, algo que lograron a través de sus canales institucionales, donde no figura el verdadero objetivo de la jornada y presentan, en su mundo de algodones de azúcar, que todo está resuelto, sin problemas para la comunidad.

Los problemas y el peligro están latentes. La falta de inversión social en la zona y los paramilitares no se irán con los videos institucionales de propaganda de la Alcaldía. Tampoco se irá el silencio, porque las comunidades de estos corregimientos no pueden hablar: su temor es real, denunciar les llevaría a la muerte o abandonar la zona con sus familias.

En medio de esta estrategia paramilitar que se desarrolla en el país, corresponde entonces a organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciar y visibilizar estos hechos. Del mismo modo, acompañar iniciativas como la de la Pastoral Social de Palmira que permitan crear mecanismos de seguimiento y verificación en la zona, sumando a diversos sectores de la sociedad para visibilizar ampliamente esta situación.

Es claro que actuar de esta manera no representa hallar la cura, pero es una forma de continuar esta lucha, en condiciones de desigualdad, contra el avance paramilitar que en algún momento lograremos contener.

Por: Nelson Guzmán Baena *

La Junta Directiva Nacional de la Organización Colombiana de  Pensionados (O.C.P.) por intermedio  de su Presidente José Antonio Forero Mayorga y la Secretaria General Luz Stella Cuellar Beltrán siguiendo las orientaciones de la IV Asamblea (Mayo 2017) celebró los días 9 y 10 de mayo del año en curso el seminario taller; de enfatizar la forma alegre, respetuosa y afable con que se dieron las discusiones a los diversos temas tratados incluyendo la calurosa posada.

Selecta calidad conceptual de los contenidos ofrecidos por  conferencistas y la complementación que le dieron los delegados a este Ejecutivo ampliado.

La O.C.P. reconoce que las reformas de la seguridad social es un despojo contra los pensionados y sus derechos, ya que eliminó la mesada 14, el periodo de transición pensional, aumentó requisitos de acceso y disminuyó el monto de la mesada; prohibió incluir el punto de las pensiones en las convenciones colectivas de trabajo, pretenden llevar a pagar renta a todos los pensionados y  mantuvo los privilegios a los altos funcionarios como el Presidente de la Republica y altos mandos militares. Estamos  en contra de una "nueva" reforma pensional que impulsa el sector financiero. Aquí cayó como anillo en dedo  las palabras del  PhD y médico  Román Vega Romero, su persuasión es garantizar el derecho a la salud - impactar las determinantes sociales y ambientales de salud-mejorar el acceso, la integralidad y continuidad de la atención en salud.

Expone como su equipo de investigadores coincide con el programa en salud de Petro que las EPS son la fracasada estrategia de empresas privadas que se han encargado de intermediar los recursos públicos de la salud de los colombianos generando graves casos de corrupción como se concretiza con el "paseo de la muerte",  las demoras  en citas, tratamientos, la negación de  medicamentos mientras se apropian de los aportes mensuales que está obligado a hacer cada ciudadano. En muchas naciones capitalistas el Estado asume en todo el territorio un amplio programa de salud preventiva con  miles de médicos, disminuyendo la enfermedad, dando los tratamientos adecuados. Los recursos que actualmente llegan a las EPS ahora se destinaran directamente a la red de hospitales públicos para ampliación de cobertura, mejoramiento sustancial de la calidad y desarrollo tecnológico y científico.

El Exmagistrado e investigador Oscar Dueñas Ruiz   y asistente invitado a la Universidad de la Habana para platicar con Profesionales del Derecho de esta Isla; nos orienta bajarle el sumo a ese cuento de que los jóvenes y futuras generaciones nunca se van  a pensionar; hay que dinamizar lo pedagógico para atraerlos, que se den cuenta que si es posible y que organizados pueden lograr este cometido. Nos precisa además,  que si es cierto que el Parlamento hace las leyes es la justicia la que las interpreta y aquí es otra invención permeada por la corrupción. Esperemos que pasará con el  proyecto de Ley 170 y que sea ecuánime la Corte Constitucional. Si no se organizan o nos organizamos serán muchos los derechos a perder, pues no podemos jugar con la figura de derechos adquiridos; si nos dormimos nos puede ocurrir lo del camaleón que se llevan las aguas y cuando despertemos ya es tarde.

Se hace indispensable  bajar el discurso de la potencial reforma laboral y pensional e invitar a los trabajadores activos, cincuentones y hermanas organizaciones de pensionados y jubilados a que nos preparemos contra otra bestial  arremetida capitalista.

Jaime Caicedo Turriago nos hace ver los adelantos por la paz que se dan en el mundo como las dos Coreas históricamente opuestas y hoy en búsqueda de las humanas relaciones, el caso de Siria su ataque por parte de los países capitalistas, el afán del petróleo y la intención de invadir a Venezuela y los países que se opongan a sus mandatos imperiales en especial por los recursos naturales pero que el accionar de masas los frena como le ha ocurrido en los últimos días al guerrerista Trump. En Colombia igualmente se avanza a paso lento en la implementación de los acuerdos, se continúa asesinando a dirigentes, líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos.

Hoy en día se vive un proceso significativo en Colombia con Gustavo Petro que será el futuro Presidente de nuestro país o al menos permitirá  unificar  sectores políticos de izquierda el que no se pudo lograr antes de esta contienda electoral. Vale el esfuerzo.

Harold Olave Director de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social CORPEIS nos detalla la necesidad de saber manejar los medios de comunicación electrónicos, con mucho respeto y cuidado ya que fácilmente se pueden venir en contra nuestra y acepta que se incrementa la  enfermedad del siglo XXI la soledad.

Se concluye con un pronunciamiento  en defensa de la lucha del magisterio colombiano, por la exigencia en la implementación de los acuerdos de la Habana Cuba y se finiquite con el ELN, libertad inmediata para Jesús Santrich, saludos al Compañero Carlos A. Lozano Guillen Director del Semanario VOZ y clamando recuperación en su salud, organizar los Foros Regionales anticipándonos  a la reforma pensional y laboral, que de seguro golpeara a los trabajadores colombianos y otros elementos de amplia discusión de vida que se dio durante este magno evento. Orlando Restrepo Pulgarin Presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia reconoce el papel histórico de la OCP y ratifica con que nos comprometamos a ampliar  nuestro espacio  cultural y solidificar el camino  hasta logra edificar la paz con justicia social y en principio votando con PETRO PRESIDENTE este 27 de mayo.

•             Presidente O.C.P. Seccional Armenia. Mayo 10 – 2018. Calarcá Quindío.

El viernes 24 de febrero de 2017, la prensa fue citada a la Dirección General de Policía para conocer "importantes resultados obtenidos contra el terrorismo en la ciudad de Bogotá".

Durante el evento, el mentiroso ministro de Guerra Luis Carlos Villegas presentó las capturas de Mateo Gutiérrez León y Arturo Stiven Buitrago Montaño. Ellos, según el mentiroso, serían "responsables de diez de los eventos terroristas en Bogotá". A eso, agregó: "no descartamos que estén involucrados con los atentados del pasado 19 de febrero en la Macarena".

Arturo Stiven Buitrago Montaño, a quien los “sabuesos” de la Fiscalía, apodaron 'el Cojo', fue capturado en la localidad de Kennedy.

Según la Fiscalía, a este hombre le fueron imputados los cargos terrorismo en concurso homogéneo y sucesivo por estar involucrado en la instalación de dos petardos en contra de entidades financieras en el Parkway y Engativá en agosto y octubre del año 2016.

Como parte de una supuestamente “exhaustiva” investigación señalaron a un grupo desconocido para la gran mayoría de los colombianos, el por ellos denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, a quien adjudicaron todos los ocurridos en esos años.

Con el anuncio se da pues por terminada la “investigación” conjunta que como ya se había pronosticado terminaría como siempre tapando a quienes realmente se benefician de estos atentados y que buscan “hacer trizas” los acuerdos entre las Farc y el gobierno.

El pasado 21 de abril se conoció que el juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá dejó en libertad a Arturo Steven Buitrago, en el juicio la defensa demostró que Buitrago “es un humilde taxista que jamás tuvo ningún vínculo con el grupo terrorista, ni mucho menos con actividades al margen de la ley”.

Por tal razón, el Juez señaló en la sentencia que “no existe prueba legal con estándar probatorio suficiente para acarrear responsabilidad en los hechos imputados al acusado”.

Así Arturo Steven pasó un año y medio en la cárcel pagando un delito que no cometió, debido al afán de los para-fiscales y del barrigón ministro de guerra por mostrar resultados, sin importarles encarcelar a un inocente.

En el momento de la detención el despliegue periodístico fue fenomenal y la liberación de este se dio muy en baja voz.

Los para-fiscales al parecer se inventaron hasta la bandera del tal grupo “terrorista”, con el que encubrieron a quienes se benefician del terror.

Otro falso positivo de la para-fiscalía que se cae.

SANTRICH:
RUPTURA PROCESAL AL MONTAJE JUDICIAL

Por: Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA.


¿Quiénes sois? ¿Qué representáis? ¿Cuál es vuestra razón histórica de ser?, preguntaba en 1925 el acusado comunista Rakoisi a los magistrados del gerente Horthy. Estas mismas preguntas son las que deberían plantearse los jueces, los procuradores y los acusados en el umbral de todo proceso.1

Santrich ha manifestado desde un comienzo que NO acepta ningún Tribunal en Colombia y menos en EEUU y eso es una decisión muy valiente de un revolucionario digno y dispuesto a dar un combate en un proceso de ruptura procesal.

1 Jacques Vergès. Estrategia judicial en los procesos políticos.


PROCESOS DE CONNIVENCIA Y DE RUPTURA.2

Son estrategias judiciales en las que normalmente los prisioneros políticos colombianos han participado en los procesos penales seguidos en su contra; son matices o situaciones intermedias la connivencia y la ruptura, donde todos los ciudadanos que en ella participan, inclusive el pueblo que asiste a las audiencias y la puede plantear el acusado, su defensor e incluso el mismo Juez.

LA CONNIVENCIA

El prisionero político sometido a un juicio penal acepta los procedimientos judiciales que la ley tiene. (JEP). En el caso Santrich privado arbitrariamente de la libertad puede manifestarse en oposición o desacuerdo con el orden político, económico y social establecido (modelo económico Neoliberal intocable en los diálogos de la  Habana); sin embargo, permite ser investigado y juzgado conforme a la normatividad establecida. La defensa en el caso Santrich acepta dentro de los parámetros legales vigentes con todas las limitaciones que tiene. Esto significaría que se debe abordar la defensa con un buen pull de abogados expertos en la materia para derribar el burdo montaje judicial de la DEA y la FGN, con ello se demostrara la inocencia de Santrich o para conseguir los mejores resultados posibles, o simplemente se resigna a recibir todo el peso del poder político punitivo (sistema penal).
En conclusión si Santrich y un nuevo pull de abogados (se debe entender así cuando en el comunicado del partido FARC se propone ampliar la defensa….) si se le apuesta a esta estrategia judicial de connivencia, parte de reconocerle legitimidad al régimen neoliberal para que bajo su legalidad investigue y juzgue, condene “EXTRADITE” o absuelva su ideario y sus  actividades revolucionarias. (Críticas al proceso de Paz)


ESTRATEGIA DE RUPTURA


En este evento en el caso Santrich significaría (ante este proceso político), romper con toda posibilidad de que el Estado o una Corte de los EEUU, lo investigue y lo juzgue con sus normas (ver caso SIMON TRINIDAD), por considerar que éstas no son producto de políticas soberanas, que no son legitimas y que en cambio son un instrumento de dominación que asegura la permanencia del estado de

2 Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. ¿Terrorismo o rebelión?
desigualdad y de injusticia imperantes. La normatividad NO es considerada como garante de la justicia, la igualdad y la armonía social, sino como generadora de mayores desigualdades y violencia política y social, dado que responden a los intereses de las clases dominantes y dictados extranjeros de los EEUU. Las normas, impregnadas de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional que mira al opositor como enemigo interno, están diseñadas para oprimir y perseguir a toda persona u  organización  popular  que piense distinto al sistema.( Esta experiencia de ruptura requiere movilizar audazmente fuerzas nacionales e internaciones para culminar con la liberación de Santrich).


LAS PRUEBAS3


El montaje judicial probatorio, se debe derrumbar sobre la base de hacer un riguroso análisis técnico- jurídico por parte de dos expertos (amicus curiae: amigos del tribunal) entre otros que interpreten el descubrimiento, facultades, motivación, inmediación, pruebas ilícitas entre otras.


LA MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA4


Todo era ficción diseñada por la DEA para prefabricar las falsas pruebas
En el caso Santrich diversos colegas han elaborado importantes escritos (Araujo Rentería, Bejarano, Miguel Ángel Beltrán, Gustavo Gallón, entre otros) han manifestado con toda razón y argumentación jurídica que la motivación de las pruebas contra Santrich son un montaje judicial construido por la DEA con todas las violaciones que puedan alegarse sobre su admisibilidad y el fondo de la controversia para su eventual extradición. Debe quedar perfectamente claro que la inmediación es un método para practicar la prueba y de ninguna manera un método para valorar la prueba.

¿Qué es motivar?

Consiste en un razonamiento justificativo que por decirlo que alguna forma –presupone la decisión- y va dirigido a mostrar que hay buenas razones y argumentos lógicamente correctos para considerarla válida y aceptable (en el caso Santrich, el testigo protegido por los Estados

3 Comité de solidaridad #SantrichLibre. Folleto, El ABC del montaje contra Jesús Santrich.
4 Jairo Parra Quijano. ¿Qué es realmente la inmediación?
Unidos Marlon Marín es un agente de la DEA, que para lograr el engaño se presenta con el señor Rafael Caro como empresario que invertiría en granjas, pidiendo así la dedicatoria al cuadro de Santrich y la llamada con la que pretende probar la existencia de una relación con un cartel de la droga).

LA PRUEBA ILÍCITA5

Se ha dicho que a la información obtenida mediante técnicas que se aplicaron y se aplican con la seguridad frente al terrorismo, sobre todo en los Estados Unidos (tortura, como método adecuado  para interrogar a sospechosos de terrorismo y/o montajes judiciales a  través de la DEA para justificar extradiciones), éstos procedimientos son repudiables, son pruebas ilícitas que aplica sistemáticamente el derecho penal del enemigo, restringe garantías y derechos procesales de los imputados, viola el principio de inocencia y por lo tanto estas pruebas deben ser excluidas como lo establece nuestra constitución política del 91 en su artículo 29 donde se lee: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Este artículo debe ser relacionado con los siguientes de la ley 906 del 2004: artículo 23, 232, 237, 273, 276, inciso 3 del artículo 357, artículo 359, 360, 455, 457.

Es importante también u

bicar el tema de la prueba ilícita en el código de procedimiento penal colombiano teniendo en cuenta las sentencias SU-159/2002 y C-591/2005 de la Corte Constitucional.
Para el caso en comento Santrich en el artículo 23 del C. de P.P. nos indica legalmente que esta regla produce el siguiente efecto:

“Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación a las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia. (Los frutos del árbol envenenado).

¿QUÉ ES REALMENTE LA INMEDIACIÓN?6

5 Ibídem
6 Ibídem

Se podría afirmar que en un momento histórico, cuatro principios del derecho probatorio que a menudo se estudian separadamente quedaron unidos por la finalidad perseguida: oralidad, inmediación, concentración y contradicción.
Dice el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal: en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento (en el caso Santrich ante la JEP). En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas.
Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este Código, podrá tenerse como prueba la producida e incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

En conclusión, lo que pretendemos con las pruebas en el caso Santrich es que en el análisis técnico-jurídico se pueda evidenciar como lo anuncia el maestro Araujo Rentería: ha llegado la hora de cambiar la regla general que utilizamos para hacer el control de la extradición de los colombianos, de control de forma a control material como lo hizo la Tutela T-966 de 2008, y convertir esa excepción en regla general, para garantizar verdaderamente los derechos de todos los colombianos. Sólo después de examinar las pruebas de los hechos, de someterlas a las reglas de la sana crítica y de valorarlas para ver si convences sobre la comisión de un delito, debemos extraditar a Santrich7 o a cualquier otro colombiano. Por ahora debemos exigir a todos los jueces que hagan este control material y no permitir que se vuelvan a salir con un argumento formal, como el de la fecha del presunto delito. Que miren primero si hubo o no delito.

Mayo 5 de 2018.


7 Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, La extradición en Colombia, Instrumento represivo y mecanismo de impunidad. Pág 118 y siguientes. Corporación equipo jurídico pueblos.

La Brigada jurídica Eduardo Umaña Mendoza, teniendo en cuenta lo establecido en sus estatutos y concretamente lo que es su visión de ser “una expresión de la conciencia jurídica de los abogados defensores de derechos humanos con sentido ético y humanitario que posicione a los profesionales del derecho en la defensa de los derechos humanos”. Quiere expresar nuestra solidaridad con el compañero Jesús Santrich y aportar elementos jurídicos bien sea como él lo ha expresado para una ruptura procesal o un proceso de connivencia como lo  dijimos  en el artículo “Contra el montaje judicial, ruptura procesal”.

La captura de Jesús Santrich es un ejemplo de gran parte de los resultados de los Acuerdos de Paz de La Habana y los incumplimientos que se han dado a éstos por parte del Estado Colombiano, aun así, con tantos obstáculos para el verdadero cumplimiento de los acuerdos y para la construcción de una paz verdadera, Santrich hoy reivindica con su huelga de hambre lo que significa luchar por la dignidad y por la paz, en contra de la injusticia que sigue permeando a Colombia.

Así mismo, se quiere brindar solidaridad a Santrich que pasa en estos momentos por las consecuencias de unos acuerdos fracturados, para hacer destacar las ideas y esfuerzos que hoy están e inspiran a seguir construyendo una paz desde todas las personas que han creído arraigadamente que Colombia sí puede alcanzar algo por lo que se ha luchado tantos años y la cual se ha ido forjando internamente.

12 de mayo de 2018.

Por Milton Caballero.

Radio Cafestereo tuvo contacto con Paula Saenz Rochi ex-guerrillera de las FARC-EP, ahora convertido en partido politico Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun. Paula milito en esa fuerza guerrillera por mas de 10 años. Alli se formo como camarografa , formo parte de la delegation de las FARC-EP en la Habana Cuba; en la Ultima etapa de los dialogos en trabajos de comunicacion.

Vive en Bogota y forma parte de la cooperativa de excombatientes, etta dedicada a la comunicacion y hade parte de NC Noticias.

Participo en el documental : La Flor de la Lengua de Vaca, filmado en el 2016, en los ultimos dias del conflicto, el curl fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine Documental de Moscu. Se puso en extreno en la segunda semana de Abril del 2018.

Escuche la entrevista aqui.

Rebelión
Rebelión publica esta entrevista que fue realizada, a finales de marzo de 2018, al académico y jurista Carlos Alberto Ruiz Socha para el libro Final Abierto: 20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018) (ver http://lanzasyletras.org/2018/04/19/negociaciones-con-las-farc-y-el-eln-pensar-lo-que-vendra; y Lanzas y Letras, La Fogata Editorial). Su opinión corresponde a la un asesor jurídico de la guerrilla, el único que ha participado en ambos procesos de paz, tanto con las Farc como en las actuales conversaciones con el ELN, organización a la que asesoró hace veinte años y con la que participó en la reunión del Acuerdo de Puerta del Cielo en Alemania (julio de 1998). Es conocida su posición frente a los acuerdos de La Habana suscritos por las Farc en 2016, que él cuestionó en algunas materias (ver sus artículos en www.rebelion.org), motivo que ocasionó su retiro de dicha asesoría. Este reciente aporte se produjo desde Quito días antes de la detención de Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018 (http://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/), y de las contradicciones internas del partido político de las Farc, en las que por un lado se aboga por respetar sin fisuras el orden jurídico dominante que validaron totalmente sus dirigentes, y otras voces señalan por el contrario no acoger o someterse ante decisiones injustas en la alianza de entes estatales de Colombia y de los EE.UU., que continúan persiguiendo penalmente a líderes de la ex guerrilla de las Farc, en el marco de un desplome o fallida implementación de gran parte de los acuerdos entre el Gobierno de Santos y las Farc. Ruiz Socha asesora actualmente en La Habana al Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la continuación del V ciclo de conversaciones en las que se busca llegar a un nuevo alto el fuego bilateral y al diseño de cómo será la participación de la sociedad civil-popular en el diálogo nacional para la paz con justicia social en Colombia.

1. Usted fue asesor de las negociaciones con las FARC y más recientemente es asesor del ELN. ¿Por qué cree que en La Habana se llegó a un acuerdo y en Quito no, qué circunstancias se dieron en el primer caso y estuvieron ausentes en el segundo?

Podemos afirmar como algo básico que las guerras son resultado de una sumatoria compleja de factores. Pero las llamadas soluciones a las guerras, ya sean salidas políticas, ejemplo El Salvador en los noventa, es decir con predominio de una negociación como etapa final y cumbre, o también las que se signan por una clara derrota militar, o de exterminio, como en Sri Lanka con el genocidio al pueblo Tamil en 2009, son por lo general ecuaciones todavía más complejas. La ecuación que llevó a la negociación de las Farc con el régimen, se fue configurando en diferentes planos en el curso de al menos seis años (2008-2014). Hubo exposición y efectos de trofeos militares como fue “dar de baja” a comandantes como Alfonso Cano, a Raúl Reyes, a Jorge Briceño, y a muchos mandos, más o menos cuarenta en alta o media jerarquía, en esos años en los que el modelo de esa guerrilla desembocó en un laberinto, por el peso o la presión militar enemiga acumulada en territorios en los que no había ya para dónde ir, en los que hubo desconexión con las bases históricas o aislamiento por la persistente persecución, no sólo de tipo bélico sino de rompimiento de canales con tejidos sociales afines, entre el campesinado y pueblos diversos, ya sea producto de errores propios así como el saldo de la guerra sucia.

En esa realidad, se da un planteamiento esperado y plausible: dialogar, como lo había pedido el propio comandante Cano en 2010. Santos llega a la presidencia con esa propuesta en la manga de su brazo de fuerza, luego de golpes a las Farc que no quebraron su moral de lucha, pero que sí resintieron o tuvieron fuerte impacto. El gobierno sabía del alcance de esa oportunidad y como es lógico desarrolla en secreto esos contactos para tantear hasta dónde las Farc cedían. En 2011 Santos mata a Cano pero con la otra mano ofrece conversar. Las Farc no se amilanan, demuestran fe en su causa, siguen en esos encuentros confidenciales, en febrero de 2012 renuncian a retener o llevar a cabo lo que comúnmente se denomina “secuestro” por razones económicas, y acogen la fórmula de aproximarse sin derrotismo. Finalmente en agosto de ese año 2012 se firma la agenda de La Habana y se echa a andar un proceso que en mi opinión comenzó por tener en la mesa dos contendientes firmes en sus convicciones y posiciones, con el respaldo de sus respectivas realidades militares.

En lo que me consta, llegando en 2013 como asesor, es que había una fuerza rebelde que estando inmersa en muy duras circunstancias, ante un reto histórico de grandes proporciones e indudablemente de enorme responsabilidad, pues no podía rechazarse conversar, fue tomando nota de un balance político, externo e interno, y no coyuntural sino de orden histórico, y se vio así misma en una encrucijada de tipo realista, de cálculo, como lo conceptualizaríamos desde la ciencia política. Cualquier observador podrá comprobar con los discursos de las Farc en la mano, en 2013, en 2014 y parte de 2015, cómo se mantuvo en alto una beligerancia, cómo no se perdió el tono que distingue a una fuerza insurrecta, exigiendo y pensando más en ganancias reales para el país sometido que en garantías para ellos mismos, para los líderes guerrilleros. Sin dejarse de hablar de la problemática rural, de los cultivos ilícitos, de la participación, de la pobreza y de necesarias reformas, lo que sucedió en mi opinión es que hubo una fase en la que comenzó a primar la visión de favorabilidad a sus fuerzas, y en particular a la dirigencia, por lo cual el gobierno vio que era ahí donde acertaba, donde debía reforzar o centrar su propuesta y puso en la mesa, en medio de crisis y argucias, un cebo importante, referido sobre todo al tema de la judicialización de responsabilidades penales derivadas del conflicto.

Esa ecuación, pues, aparte de esos vectores militares y políticos, estuvo al final integrada por consecuencias múltiples, como los costos, incluyendo los éticos, de un tipo de articulación y relación accidental con determinadas economías y circuitos en el contexto de la guerra, me refiero en concreto al narcotráfico, tan presente en Colombia en cualquier lado; naturalmente el cansancio y el sufrimiento humanos, o diríamos inhumanos, tras años o décadas de una feroz guerra, que fue haciendo mella, con un Estado que usa el paramilitarismo y el terrorismo, que criminaliza el movimiento social, que tomó cientos de prisioneros para los que no había salida. Entonces, un Estado que había avanzado tantísimo en esas posiciones de fuerza bruta y directa, para persuadir; y que gozaba del apoyo de gran parte de la opinión y por supuesto de la comunidad internacional, contando con el concurso para ese empeño de países no amigos del Establecimiento, como Venezuela, en tiempos del comandante Chávez, ve que hay cómo imaginar unos compromisos de reformas constitucionales y legales.

Esa carnada es la promesa. Y cuando hay un ofrecimiento hay quien lo acoge o quien no lo acoge del todo y mantiene sus reservas. De ahí que se cuenta, como se diría en antropología, psicología o en filosofía, con una prueba de la estructura identitaria, y más siendo una estructura fustigada y atraída por la ficción de la ley, en transición de valores, de convicciones y de razonamientos que constituían una médula moral, y en este caso política, que dejó de ser tal al renunciarse a la rebelión, por nada materializado, salvo el cumplimiento de que no sería aniquilada. Sin que se vieran obligadas las Farc a consultar ampliamente y ver alternativas, en unos diálogos más o menos cerrados, entre cúpulas, en los que no estaba presente la diversidad del país o el conjunto social como parte, sino apenas como espectador lejano, las Farc fueron seducidas por esa promesa del más llano reformismo normativo, o sea sin cambios a la vista. No hubo demostraciones de voluntad real del régimen, sino firmas de cientos de páginas; no hubo avance de lo negociado, con mínimas transformaciones palpables, sino retroceso o recorte a partir de las realidades y sofismas de la juridicidad dominante, que se escudó en procedimientos de su ley o en el reparto de funciones, o sea que lo pactado debía ser convalidado después por el poder judicial y el legislativo, además de estar sometidos los acuerdos al plebiscito o refrendación del 2 de octubre del 2016, que fue un fiasco.

En fin, que las Farc fueron embelesadas por la apariencia de la ley de su oponente, y recogió con inusitado entusiasmo la bandera de la falacia jurídica. Compró la lógica de la normativa o el funcionamiento estatal, que es la envoltura, y por ende se alimentó de lo que estaba adentro; acogió el contenido axiológico e ideológico que reproduce el orden de dominación. En junio de 2016, yo ya había dejado de ser asesor, las Farc se sometió explícitamente a la ley del Estado. Fue el punto de quiebre.

Hasta este momento, marzo de 2018, en Quito, hay una Delegación de Diálogos del ELN, la cual tengo el honor de asesorar en cuestiones jurídicas, que refleja una organización con dilemas, no golpeada militarmente como las Farc lo tuvo que vivir; una guerrilla que busca un modelo de salida política transformadora, es decir con cambios mínimos que el país viva ya y no que sueñe por décadas; se está desarrollando una propuesta de gran Diálogo Nacional, o sea un proceso participativo amplio y plural, de simbiosis vinculante; y además esta guerrilla conserva y rehace su propia juridicidad y proyección reguladora de su existencia y razón de ser, es decir no acoge ni respeta la ley selectiva de su adversario.

2. El diseño de Justicia Especial para la Paz surgido de La Habana fue cuestionado tanto por la derecha que se opone a los acuerdos como por sectores de izquierda que cuestionan la impunidad que otorga a responsables de crímenes de Estado. ¿Cuál es su valoración al respecto, cómo cree que debería ser un esquema efectivo de Justicia Transicional?

Tiene que ver mi respuesta sobre este tema con lo dicho anteriormente. Ese es el marco. Es decir, se fue cambiando no la realidad sino la percepción de la misma, y a partir de ahí, como es lógico, en parte las convicciones fueron mutando, o sea el orden de los principios, también por la percepción que el sujeto político insurgente fue teniendo de sí mismo y de lo que hoy día se sintetiza como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. La amenaza era ir a la cárcel aislado, con la derrota encima, como sería en algo el caso de Abdullah Öcalan del PKK, o Abimael Guzmán de Sendero Luminoso. Condenados, sin alegar de cara a un público en un proceso de paz. La oportunidad en cambio era como lo que finalmente se ha dado, digamos con un Gustavo Petro o un Navarro Wolf, del M-19. Hacerse senador, hacer política dentro de las reglas del sistema, sin pasar por la cárcel. Jugar a las elecciones, aspirar a la presidencia, intentar cuajar una formación política de izquierda en la legalidad, etc.

En 2013 otro asesor jurídico y yo, con base en las propias ideas de las Farc y en enunciados nuestros, formulamos la necesidad de un sistema de justicia que debería acoger las definiciones más progresistas del derecho internacional, obviamente del derecho penal más avanzado, estudiando los alcances de la Corte Penal Internacional, de otros tribunales, experiencias diversas, en conjunción con la propia entidad de la rebelión, de la política que se afirmaba en valores de resistencia a la opresión, de soberanía, de impugnación a cánones dominantes, incluso armonizando esa propuesta con posibilidades que se daban en ese momento en la UNASUR o en la CELAC. Recuerdo tuvimos un par de reuniones con el secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez Araque, así como con varios embajadores en La Habana. Diseñamos una propuesta autónoma pero abierta, de cara a requerimientos tanto internacionales como del país, referidos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición. Obviamente para ese momento las coordenadas de afirmación ética y política eran otras, tanto que se produjeron guiños y decisiones para explicar y explicarse. Comenzamos a desarrollar pasos para el reconocimiento de responsabilidades por diferentes hechos que nunca debieron suceder. En un viaje a Estados Unidos en un grupo consultor, contactamos a quienes esperaban por años explicaciones de qué pasó y por qué con sus familiares, víctimas de acciones de las Farc. Hicimos lo mismo en Colombia. Yo me reuní como asesor jurídico de las Farc con obispos del litoral Pacífico y luego con víctimas de Bojayá para tratar por primera vez este caso y otros, en la perspectiva de lo que luego ocurrió: pedir perdón y trabajar un proceso con ciertos compromisos. Se hizo después en La Habana. Y en la lista fueron señalándose otras demandas.

Cambia todo cuando lo que reina ya no es un proceso equilibrado de búsqueda de las dos partes de un nuevo y coherente sistema de justicia frente a hechos del conflicto, sino la imposición que una de ellas va haciendo, en este caso sutilmente el Estado, orientando a partir de sus premisas. Ya había sido aprobado el Marco Jurídico para la Paz, como reforma constitucional en el 2012, el cual fue fragmentado y puesto de bajo perfil, pero que sirvió como referente de arranque, con efectos simbólicos y discursivos, para partir de una posición estatal aparentemente hacia otra, poco a poco convergente con las Farc, que creyó en 2015 y 2016 que había logrado mover al Estado, cuando en realidad sólo ellas se estaban deslizando y comprometiendo con algo que les cambiaba la perspectiva. Al régimen no. Se pactó en septiembre de 2015, en una trampa de sugestión, que tenía que ver con la promesa mencionada de nueva institucionalidad, y en un ejercicio de aceleración y conminación, la hoy denominada “Justicia Especial para la Paz”, que en una sucesión de reformas constitucionales y legales, logra dos objetivo de alto valor para el sistema.

El primero: desvertebrar la rebelión no sólo materialmente llevando al desarme y la desmovilización, sino en la mente y los corazones de los que dejaban de ser insurgentes, que aceptaron renunciar a lo que en términos penales asumimos como delito político y su complejidad lógica, pues el Estado ganó ahí que se convalidara la criminalización de actos propios del alzamiento armado y tachar como crímenes amplias conexidades. Me explico: que acciones naturales de la rebelión se vean como crímenes, cuando no lo son si están en ese orden de coherencia y valores que definen ese derecho y sus límites ontológicos y éticos. Esto lleva a que el guerrillero o la guerrillera sea re-criminalizado/a en ese nuevo sistema especial de justicia. No ya con consecuencias personales o individuales, que se ocultarán o se notarán cada vez menos y cada vez menos entre más se suba en el rango de responsabilidades, cuando lo elemental es que la dirigencia las asuma, hipótesis ésta que veremos si se constata según el proceso político y sus blindajes. Las consecuencias a las que me refiero más, pues esto es más profundo, es el mensaje al mundo, a las luchas de los pueblos y para la historia: que levantarse contra la opresión es un crimen. Que sólo cabe hacerlo aceptando la extrema simplificación de la rebelión. Esto es algo repudiable.

Y el segundo efecto trascendental, entre varios fines logrados por el sistema, también bajo esa jurisdicción especial, es el refuerzo de la impunidad de los crímenes de Estado y de su lógica, pues las altas responsabilidades bajo esta justicia y sus reglas, nunca serán puestas al descubierto, no con ese modelo, ya que se desechó el imperativo de la cadena de mando, salvándose así tipos como Uribe Vélez, ministros y generales en la cúspide de esa jerarquía no sólo nominal sino funcional por adscripción más allá de lo normativo, o sea por conocimiento directo y omisión eficiente al cometerse cientos y cientos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los llamados terceros civiles, como jefes del paramilitarismo en el empresariado o la política, igualmente están de plácemes. No serán tocados.

De dónde vienen las críticas de la extrema derecha. De ser precisamente extrema derecha. Hoy dispuesta a controvertir, por fundamentalismo, cualquier evidencia. Así como niega la eclosión medio ambiental o la usa para sus fines discursivos en su racionalidad económica, está resuelta a defender el negacionismo y la visión más radical del castigo penal, pero para los ex guerrilleros, a los que no quisiera ver participando en ningún espacio político legal, sino en la cárcel o muertos. Así mismo su posición sobre las responsabilidades de militares o policías, pues sabe que así como pasó en el sistema empleado en la etapa del reciclaje paramilitar, con la ley de “justicia y paz”, puede suceder con la “justicia especial para la paz”: algo de tanta barbarie, algo de esas estrategias, por tanto del volumen, se tendrá que conocer, así el régimen logre controlar las verdades cualitativas que afloren; es tanto el horror que finalmente una capa de eso se va a conocer. Pero es normal, con o sin este aparataje, por las luchas de las víctimas, por la abundante prueba de cargo contra algunos funcionarios o prácticas estatales, y por los pocos funcionarios que no la descartarán; no todos son corruptos o ineptos.

En cuanto a las críticas de la “izquierda”, diría poco. En realidad gran parte de ese espectro, por seguidismo, mediocridad o clara intención de una apuesta gaseosa por cansancio y fe política en una promesa de nueva institucionalidad y oportunidad de anclarse ahí, no hizo a tiempo sino tardía, tímida y de manera oportunista algunas observaciones, que debían haberse producido mucho antes, cuando esos acuerdos se estaban cociendo en secreto. Mucha gente se supone lúcida, instruida y comprometida, guardó silencio cómplice, para no entrar en desavenencias con la dinámica y la nueva visión de las Farc, que remedó lo que la izquierda española hizo en los años setenta y ochenta, validando con pragmatismo la transición del franquismo y la protección de sus herederos. Sólo gente como el Equipo Jurídico “Pueblos”, en un excelente documento de febrero de 2016, el padre Javier Giraldo y algún intelectual como Luis Jorge Garay, llamaron acá en Colombia a tiempo a estar alerta y señalaron que esos acuerdos de La Habana se encaminaban al refuerzo de la impunidad del orden establecido.

Y finalmente diría: justicia transicional es la del tránsito o transición real a una nueva y positiva situación. Hoy la nueva situación es la de una Colombia sin la insurgencia de las Farc. Con un pie en el lodazal institucional y el realismo de un país descompuesto. En todo lo otro sigue igual o peor. Otro modelo de justicia superior, es la que verdaderamente apunte a ser transformadora de esta inmundicia que nos circunda, por lo tanto la que devele las verdades más sustanciales, por ejemplo sobre el paramilitarismo y el direccionamiento histórico del terrorismo de Estado, sobre sus fuentes y alcances doctrinales, acerca de la concepción de seguridad que ha imperado, que haga justicia con el reconocimiento de esas verdades, que repare con visión de integridad a las víctimas renunciando a las estrategias de victimización o persecución de las luchas sociales, y construyendo reales garantías de depuración y no repetición. Nada serio de eso se ha dado. Ni pienso, con base en lo objetivo a mano, que pueda darse; no con las pautas establecidas o instituidas. Tendrá que ser otro proceso instituyente el que las defina y eche a andar.

3. El concepto "derecho a la rebelión" que usted fundamenta jurídicamente es sostenido por el ELN, en cambio FARC optó por una vía más pragmática de negociación. ¿Reside allí una diferencia conceptual que permitió llegar a buen puerto al proceso de La Habana, y que explica por qué en Quito el diálogo no ha encontrado mayores avances?

En teoría hablamos de un concepto que por los procesos históricos tiende a ser universalizable, es decir la rebelión como hecho complejo, y su configuración como derecho, ha estado presente no sólo en la propia constitución e identidad cultural y política de los pueblos y en la diversidad de las sociedades, sino que, más en el fondo, corresponde a las dinámicas de desarrollo y luchas como especie que sobrevive contra circunstancias y causas opresoras, o sea a forcejeos que subyacen a nuestra condición humana actual. Como pasa hoy día y pasará frente a la destrucción de las fuentes de vida a nivel planetario. En ese sentido, no hay un solo ser humano que haya escapado a la fuerza de procesos liberadores. Hasta Trump es heredero de la revolución americana de independencia que labró Washington. Y también la posibilidad de sobrevivencia está y estará ligada a la capacidad de resistir a la lógica depredadora global. Así que la fundamentación de la rebelión está relacionada con la conciencia que construimos sobre cómo son y cómo pueden cambiar las estructuras de injusticia que afronta un pueblo o un conjunto social. Se basa en la demostración objetiva de cómo es preciso combatir ese orden dominante injusto que por sí mismo no cambia, un orden urgente de ser interferido, por la muerte que genera para amplios sectores o incluso para mayorías que ven menguada su existencia, y hacerlo tiene que ver con la capacidad de impugnar esa situación en nombre de valores superiores a los del sistema. Hay pues una razón en la dimensión subjetiva, en la entidad moral del rebelde. Esa perspectiva jurídica, política y ética es la de la rebelión como derecho y obligación.

Es cierto: las Farc optó por una vía pragmática de negociación, sin que esa realidad social y política haya comenzado a cambiar positivamente. Es lo dramático, o más bien la tragedia. Finalizó su ejercicio de un derecho, como es la rebelión, aceptando una trama jurídica institucional y sus rúbricas. No se trataba de la “revolución por decreto”, por supuesto. Nadie inteligente esperaba eso. Pero sí que tantas décadas de lucha y de dolor causado en la confrontación, por ejemplo al desatar el Estado la guerra sucia, hubiesen tenido un mínimo sentido de refutación del orden vigente, y no su convalidación moral, como se hizo; que parte de esas fuerzas acumuladas y encarnadas en diferentes planos y movimientos populares, sus planes de vida, sus mandatos, hubiesen tenido expresión mínimamente instituyente; que toda esa evidencia científica, objetiva, verificable, respecto de la descomposición del Establecimiento, del poder mafioso, del empobrecimiento, del saqueo, y de cómo somos un país miserable y servil, hubiesen tenido sentido exigiendo los rebeldes de las Farc el cumplimiento de unos mínimos creíbles y de reformas necesarias o básicas, sin conformarse con pactos volátiles, además recortados, que sólo les garantizan a sus dirigentes ciertas prebendas de participación política y raquíticos proyectos productivos.

Todo esto lo digo sin desconocer que su bandera o discurso es la defensa del cambio social, como está claro lo siguen sosteniendo. De eso no hay duda. Pero ya sin tener medios de coerción, de resistencia, de defensa, y de construcción de otras realidades sociales como insurgencia en una confrontación que decidieron abandonar; para emplazar a su oponente a cumplimientos deben acudir a la legalidad que éste les presta. El Establecimiento, las multinacionales, el gran capital, las elites, los grupos de poder, valoran este proceso de pacificación de Santos y su inteligencia, por haber sido el logro de una paz barata, que no supone transferencias o cesiones de poder real, culturalmente la instauración de una paz que he dado en llamar en un artículo “paz McDonald´s, negativa y señorial”. Negativa, al decir del noruego Johan Galtung, significa que nos referimos a la terminación del conflicto, en medio de la violencia estructural, no a la paz basada en la redistribución de riqueza y de las oportunidades de vida digna. Erich Fromm, Albert Camus y otros humanistas del pasado siglo dieron valor a la paz, pero señalando la necesidad de procesos de emancipación; un humanismo social al que la rebelión alimenta con sus valores, y una rebelión que debe orientarse por el humanismo social que invoca y conlleva límites.

La rebelión y su fundamento jurídico tienen una base inteligible, comprensible por cualquier ser humano sencillo que ve la injusticia y se indigna por lo que mira. Unos actúan porque ejercen un derecho humano; se ven obligados moralmente a ello. Otros nos quedamos contemplando el cuadro. De ahí que predicar el fin de la rebelión, el ocaso de las guerrillas, sin ver la realidad misma, la persecución y la opresión, ondear éxitos como el desarme y la desmovilización de las Farc sin hablar de la guerra sucia, y del incremento de la corrupción y el pillaje, es una posición, pero no es humanismo social. Decir que el ELN debe parar su lucha basado en promesas, como si fuera cerrar un libro de García Márquez, que fue lo que dijo a finales de marzo de este 2018 el señor Tom Koenigs, enviado especial de Alemania para la paz de Colombia, abogando para que el ELN se desmovilice siguiendo el ejemplo de las Farc, eso es proponer un paso que puede ser suicida. No se refiere él al terrorismo de Estado, a la cadena mafiosa que detenta estructuras de poder; no. Se refiere a cómo una de las partes debe renunciar, y no a la otra. Afirmó: “el Eln debe darse el espacio para hacer el cambio a la política pacífica”. Cuando lo correcto éticamente es otra proposición: el régimen debe dar espacio para hacer el cambio a la política pacífica.

Entre los valores de la rebelión está la propia idea de finitud. La guerra no puede durar siempre. No debe prolongarse sin necesidad. Pero no depende de ponerle fecha como a una caja de medicinas. Será perecedera cuando los objetivos básicos se vayan logrando. Y una de las vías es la negociada, el diálogo para concertar cambios. La resistencia a los nazis tenía que ver con la propia intensidad de la agresión que su maquinaria de ocupación y barbarie suponía. Si una acción violenta causal cambia, la respuesta a esa violencia debe cambiar. Si el Establecimiento colombiano tiene voluntad de mínimos cambios democráticos, la razón de ser de la lucha armada de resistencia o rebelde se diluye. Si el régimen no transforma parte de esa realidad que está en sus manos, fundamenta que los de abajo ejerzan un derecho humano y de los pueblos.

Veo hasta ahora en Quito que el ELN persiste en su fundamento de la rebelión, siendo el ejercicio de un derecho colectivo y personal. Pero no lo ha ejercido nunca ni lo piensa continuar desarrollando de cualquier manera. Hay una pulsión humanista, una política y una eticidad con la que por lo general actúan sus unidades, que le define al ELN esa necesidad de cumplir unos límites, de una autocontención y disciplina, que corresponden a los requerimientos del derecho internacional humanitario, de acuerdo a su propia juridicidad y compromisos con las clases populares. Y creo no es negarse a lo que sigue insistiendo: que las conversaciones deben construir un pacto de paz transformadora; no renuncia a buscar la salida política negociada al conflicto.

Antes de cerrar esta respuesta, a modo personal debo subrayar cómo por inercia, por el peso de diferentes factores, en Colombia falta fundamentar con coherencia que la rebelión es un derecho, y explicarlo, en las condiciones de guerra irregular popular, de guerrillas, de resistencia. Y cómo tendrá que ver con las posibilidades de vida y de bienes comunes, de comunidades y territorios, en los próximos lustros, si no llegamos a un acuerdo nacional de transformaciones básicas. Antes teníamos los ejemplos de grandes juristas de altura, como Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña Mendoza, compañero y maestro a quien hace 20 años asesinó el Estado colombiano. Hoy está la voz y obra del padre Javier Giraldo, quien fundamenta y estudia la realidad de la rebelión. Y unos pocos o pocas juristas insobornables, que no han caído en las lógicas del silencio, de la compra venta de conciencias que ronda en Ongs y otros espacios. Es preciso en Colombia recobrar la lucidez de la necesidad de que la rebelión sea reconstruida y no vapuleada con las exigencias de la conciencia de lo público y del bienestar general, y que se reconozca la posición del beligerante, del insurgente, del rebelde, como interlocutor válido, sujeto político en la redefinición de un humanismo social para la defensa de la vida en tiempos en los que nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de preservar sistemas de vida colectiva ante la destrucción planetaria que sobre todo golpea a los más empobrecidos.

4. ¿Qué valoración general tiene usted como jurista, en función de su experiencia internacional, de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?

Creo sinceramente que debemos respetar con ahínco el derecho de las Farc de pasar a ser una guerrilla a ser una formación política legal e intentar hacer política abierta en medio de esta putrefacción del sistema. Ya veremos en unos años su respuesta a los desafíos conocidos. Si en la balanza histórica, en aplicación de la justicia especial que pactaron, defendieron el derecho a la rebelión como derecho humano, si lo ayudaron a destruir, si lograron develar las verdades esenciales del terrorismo de Estado y a sus máximos responsables, o si por el contrario se les devolvió como arma política, teniendo que responder penalmente en estrados judiciales que los dirigentes de las Farc ayudaron a diseñar y a los que reconocieron autoridad, concediendo validez a un sistema de justicia, anidado en la podrida institucionalidad dominante.

Es cierto que el DDR, el desarme, la desmovilización y la reinserción, son un éxito. Esto se celebra. Me imagino los discutirán las elites en sus clubes sociales. Seguro brindarán por el éxito de desarmar, desmovilizar y reinsertar a la guerrilla de las Farc, en su momento la más poderosa del continente, sin haber hecho ellos, esas castas, como Establishment, ninguna reforma seria y con proyección al servicio de los sectores populares, imbuidos muchos millones de personas en la supervivencia, en la escogencia de los canales de la televisión que les distrae, cómo estirar los créditos o conseguir un trabajo para alcanzar lo básico. Ha sido, insisto, una paz barata para el régimen. Y en términos sociológicos, para el pueblo, un resultado alienante.

Mientras los de arriba hacen negocios en zonas ya liberadas de la amenaza de las Farc, el proceso de paz no le ha impactado cultural o significativamente la vida a la gente empobrecida que está sometida a unas estructuras de violencia por las que votan cada cuatro años en las urnas, sabiendo que se presentan como candidatos muchos ejemplares de verdaderas asociaciones de malhechores. Sí ha dado tranquilidad esa pacificación relativa a algunas franjas por la disminución clara de los niveles de violencia, ante todo en el campo, donde en todo caso sigue el statu quo en sus ramificaciones matando líderes sociales, a decenas, así como a ex guerrilleros de las Farc y a familiares de ex insurgentes, pues el régimen continúa amenazando comunidades y amedrantando a todo aquel que sea sospechoso u ose oponerse a circuitos más extensos o locales atravesados por la lógica de la acumulación de capital, ya sea legal o ilegal, como el narcotráfico.

El ELN propone desde hace más de veinticinco años un proceso de creación de consensos nacionales desde la participación abierta, plural, diversa, vinculante, incluyente, resolutiva respecto de las reformas necesarias, las básicas de la ciudadanía real, o sea las que atañen a la democratización que pueda defenderse desde el sentido común. Recuerdo cómo en Alemania hace 20 años, donde estuve participando, el ELN propuso en Maguncia que el país se abriera a una Convención Nacional. De ahí su apuesta hoy de Gran Diálogo Nacional que reconozca y vehicule todos los sectores, a los de abajo, las voces sociales, los territorios, en un anclaje que no es institucional y de sumisión pragmática como lo han sido otros procesos, sino de implementación o compromisos vivos, activos, verificables, duraderos, con mecanismos de exigibilidad o cumplimiento, ya mismo, no remitidos a un futuro sin garantías. Es decir, demostrando el régimen que sí abandona la exclusión y la violencia, o sea que no va a perseguir a quienes se levantan para impulsar mandatos sociales.

Al tiempo el ELN, sin desdeñar en absoluto, sino dando total valor y actualidad a la perspectiva de los diálogos para esos consensos, propone la humanización del conflicto, la regulación de las fuerzas contendientes, que se respeten los derechos de la población no combatiente, y está dispuesto a llegar a acuerdos tanto con el adversario como con las comunidades o pueblos en territorios que viven afectaciones por el enfrentamiento armado. También a pactar planes de vida que brinden mejores condiciones y no descompongan más los tejidos sociales.

Este camino constituye un derrotero bien distinto al que siguió las Farc, que no tomó muchas veces en cuenta exigencias del derecho humanitario o que accidentalmente se implicó por acción de algunos en actividades que tienen luego un coste en la credibilidad política y ética. Que terminan creando una cultura no distinta a la del orden dominante. Esto determina con qué fortalezas o con qué debilidades se llega a un proceso de diálogos y de negociación, y por lo tanto con qué expedientes puede ser chantajeado un grupo político.

Las Farc, hoy como partido, y el ELN, sin dejar de ser insurgencia, tienen futuro en sus respectivos procesos de re-fundación histórica si logran articularse al torrente de demandas sociales y promoverse con sus identidades y aperturas por la defensa de la vida concreta de grandes mayorías que para la supervivencia deben movilizarse. Ahí la negociación con una, las Farc, que se desmovilizó, enseñará qué estuvo mal, y de qué debe aprenderse, y servirá para entender el intento de salida con la otra, con el ELN, que pide en su propuesta razonable que el Estado cumpla lo que firma, haga honor a la palabra empeñada, que sea el que se reinserte por definición en las necesidades de democratización y paz transformadora. No tiene que ser siempre que la oposición rebelde ceda ahora y que el régimen prometa que lo hará después. No. La clave está en que sea procesual esa dinámica de obligaciones, y no formal e ilusoria la obligación estatal. Que lo que se pacte se cumpla en forma sincrónica, con garantías reales. Así, si el Estado falla, si el régimen se burla, la otra parte tiene derecho a tomar otra vía y a tener medios legítimos para exhortar a las elites y a sus cuerpos armados a que cumplan. O a desarrollar alternativas.

Ojalá la confrontación no sea la senda de Colombia en el próximo medio siglo. Ya no hay tiempo para equivocarse. Entre otras razones por exigencias que devienen de la propia destrucción medio ambiental y de nuestra situación existencial y de capacidad como género humano para construir un buen vivir como lo formulan los pueblos en lucha, que es no una idea caprichosa sino de resistencia y conservación colectiva. Por eso no sólo debe exigirse la finitud en la dimensión utópica de la rebelión. No. Lo que hay que hacer es instar enérgicamente a los de arriba a que cedan en sus estructuras de poder y codicia. Lo decía Camilo Torres Restrepo sobre la necesidad de que esos grupos acostumbrados a su inmunidad e impunidad, definan cómo van a realizarse los cambios. No puede valer que ellos, los ahítos que decía Camus, a sus anchas no tengan límites ni restricción de medios. Y millones de seres sean despojados de condiciones de una vida digna.

Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho, autor de “La rebelión de los límites” y numerosos ensayos, actual asesor jurídico del ELN en el proceso de conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

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Jesús Santrich, revolucionario de las FARC, hoy al borde de la muerte, en el marco de una prolongada huelga de hambre para no ser extraditado a EE.UU, le escribe al revolucionario dominicano Narciso Isa Conde. Y en su texto, nacido de las entrañas le agradece su solidaridad incondicional con la Revolución colombiana. Isa Conde, hay que recordarlo fue uno de los pocos que se atrevió a advertir que los Acuerdos de Paz eran una emboscada a las FARC, que exhortó a su comandancia a no entregar las armas, y que por todo ello, fue vilipendiado, incluso por algún dirigente fariano, el mismo que también recientemente maltrató a Santrich.

De allí que esta carta que hoy difundimos es una acto de justicia para Isa Conde, pero lo más grave es que se parece mucho a la despedida de un hombre valiente que está dispuesto a dar la vida para que no se consume la infamia de que, como en el caso de su compañero de armas Simón Trinidad, lo juzguen en EE.UU los asesinos de los pueblos del mundo.

Dice Narciso Isa Conde:

AL PUEBLO DOMINICANO, A LOS PUEBLOS LATINOCARIBEÑOS, A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

¡Que se exprese el clamor en defensa de la vida de Jesús Santrich!

Escribo está línea con el corazón desgarrado y lleno de indignación.

Hace unos minutos recibí esta conmovedora carta de amistad y de cariño del comandante de las FARC-EP Jesús Santrich, vilmente calumniado y apresado; prácticamente al borde de la muerte en el curso de una huelga de hambre que cumple hoy 28 días.

Una carta hermosa de un hermano, de un camarada, de un ser humano excepcional que prefiere la muerte antes que la ominosa extradición a la cárcel del imperio brutal.

Esta carta lo dice todo y devela el alma sensible de un combatiente comunista ejemplar, del comandante poeta, músico y pintor que conquistó el corazón de todos y todos los compartimos con él momentos de lucha y amistad.

Perdió la vista en tantos avatares y en medio de enormes sacrificios, pero conservó tanto su firmeza como su inmensa humanidad.

Clamo por su vida.

Clamo por su libertad y la de todos los presos políticos colombianos/as.

Clamo por detener la cadena de asesinatos a cargo de los beneficiarios de una PAX claudicante, represores de quienes de insubordinan contra la falacia y la simulación.

Exhorto a la solidaridad.

A la continentalización y globalización del respaldo merecido a un pueblo víctima de un Estado Terrorista tutelado e intervenido por EEUU.

Abrazados a la dignidad de quienes ni rinden, ni se doblan , ni se venden.

DEL COMANDANTE JESUS SANTRICH A NARCISO ISA CONDE

ISA CONDE

Mayo 6 del 20018 / Hospital El Tunal, Bogotá (día 28 de mi detención y día 28 también de la huelga de hambre).

Mi entrañable hermano y camarada, recibe mi abrazo Caribe, mi abrazo huracán de octubre, de mayo Marquetalia, de enero habanero, de abril dominicano, de febrero caraqueño…; de dos mil siempre y esperanza.

No sabía cómo iniciar esta nota que no es política sino de amistad y he escrito por ello, más lo que nace de mi corazón, rememorando de súbito cada momento grato que compartimos entre el verde de las montañas donde soñamos y vivimos sueños de Marulanda.

Te escribo mientras escucho en un pequeño radio que me enviaron otros prisioneros de La Picota, “Sueño de una noche de verano” de Mendelson. Y claro, no podía evitar recordar al viejo Pierre, a nuestro Luver, con su barba de arcano revuelta en el humo de sus cavilaciones sinfónicas o de tableteos de fusiles y utopías,

Amigo mío, camarada querido, no podía irme sin agradecerte tanta solidaridad y desprendimiento que algunos tontivanos, jactanciosos del plomo y como tú lo llamas, social-pendejos, no ha querido reconocer, solamente por su arrogancia y debilidad ideológica no tiene cupo para admitir a quienes sanamente, o los critiquen o los contradigan.

Sabes que hemos coincidido en pensamiento y acción y que por eso me libero de darte explicaciones ahora innecesarias. Nuestro amigo Pierre ha sido testigo de mis esfuerzos para evitar que llegáramos al pantano en el que nos encontramos, pero seguramente, como en efecto se aprecia, faltó más, mucho más, para defender la obra de Manuel, de Jacobo y todos quienes entregaron sus vidas por el proyecto de Colombia Nueva. Pero bien tengo la esperanza de que la siembra todos ellos ha de germinar algún día desde la tierra fértil de los sacrificios y con las manos colectivas de la dignidad.

Hermano del alma, en los momentos difíciles, los indecisos y los cobardes abandonan la causa o la traicionan; los verdaderos revolucionarios luchan hasta la victoria o hasta la muerte. Aquí estoy entonces librando esta última batalla por la dignidad. Con Caamaño en el corazón, SANTRICH.