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Colombia

Por: Hernán Durango. (Bogotá).

Entrevista con el dirigente sindical Omar Romero, directivo nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción de Colombia –SUTIMAC-, filial de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT- quien nos comenta sobre los avances organizativos y políticos de su organización y las propuestas que impulsan en la presente etapa.

SUTIMAC es un sindicato que agremia a los trabajadores de la industria cerámica y cementera del país. 

 

AQUÍ EL AUDIO: 

 

Por: Hernán Durango. (Bogotá).

Entrevista con el dirigente sindical Omar Romero, directivo nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción de Colombia –SUTIMAC-, filial de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT- quien nos comenta sobre los avances organizativos y políticos de su organización y las propuestas que impulsan en la presente etapa.

SUTIMAC es un sindicato que agremia a los trabajadores de la industria cerámica y cementera del país. 

 

AQUÍ EL AUDIO: 

 

El 31 de julio de 1999 los paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometieron, oficialmente, su primera masacre en el departamento del Valle del Cauca. La masacre tuvo lugar en el corregimiento La Moralia de Tuluá. 

Después de 18 años, ningún sector de la economía ha sido condenado por financiar el paramilitarismo en el Valle del Cauca. Casos como el del Ingenio San Carlos que, según testimonios de exparamilitares, aportaba 20 millones de pesos para sus actividades criminales, permanece en la impunidad.

Por fortuna, el campesinado no olvida a sus víctimas y cada año exige justicia y conmemora el Día de las víctimas del paramilitarismo en el Valle del Cauca. El acto se realiza anualmente bajo el nombre de 'Memoria y dignidad campesina'. 


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Publicado por Blogger para  REMAP

Un documental de Hernando Calvo Ospina

Este documental no es un trabajo coyuntural. Será vigente mientras Estados Unidos persista en terminar con la Revolución Bolivariana que se construye en Venezuela, para apoderarse de su petróleo y demás recursos naturales.

En 1902 Inglaterra, Alemania y otras naciones europeas quisieron apoderarse de esta nación. Los argumentos y las prácticas desestabilizadoras de aquella lejana fecha, son casi los mismos que se utilizan hoy contra el gobierno de una Venezuela soberana. 

Un documental basado en entrevistas a estudiosos venezolanos que, en un lenguaje sencillo y didáctico, nos cuentan una historia que los grandes medios de prensa insisten en esconder o tergiversar.

En audiencia de la Agencia Nacional de Minería (ANM) programada en Sevilla (Valle del Cauca), diversas organizaciones sociales y ambientales e integrantes de la comunidad se manifestaron en contra de la explotación minera es este municipio.

El rechazo se hizo público el 27 de julio cuando se adelantaba la audiencia, la cual podría haber quedado sin participación de la comunidad de no ser por la denuncia realizada por el medio de comunicación JHC Radio que alertó sobre las intenciones de la ANM en Sevilla.

Por tanto, la protesta de la comunidad sevillana no se hizo esperar. Y a través de una declaración pública expresaron no querer "sufrir las consecuencias de la explotación minera llevada a cabo por las multinacionales, transnacionales o empresarios nacionales, la cual ha producido inmensos daños al ambiente".

El documento además aclara que el pueblo de Sevilla no se ha manifestado a favor ni dado su consentimiento para la explotación minera. 

"Los sevillanos aclaramos que NO nos hemos manifestado a favor de la explotación minera en nuestro territorio", dice el documento que también señala que en el "municipio de Sevilla rechazamos contundentemente y nos oponemos a la explotación minera en todo el territorio sevillano y la Región".  

Finalmente convocan a realizar "un frente común en defensa del territorio" y proponen estudiar "la posibilidad de una Consulta Popular", al igual que utilizar "mecanismos jurídicos".

Redacción REMAP | Foto: Archivo / mucharmerd.com.ar

 

A continuación, la declaración en su totalidad:

Declaración Pública

 

Los sevillanos con sus organizaciones sociales y comunitarias: campesinos, indígenas, pequeños mineros, movimientos sociales,  ambientales, culturales, defensores de derechos humanos que vivimos ancestralmente con montañas, aguas transparentes y amplia biodiversidad, basados en el buen vivir, complementariedad, reciprocidad, que estamos siendo  afectados por la minería, la agroindustria, y un modelo extractivista del patrimonio natural, hoy 27 de julio del 2017 nos reunimos en la audiencia pública publicada por AUTO GCM No 001371 del 15 de junio del 2017,  por medio del cual se ordena la celebración  y la audiencia y participación de terceros, dentro del trámite de la propuesta de contrato de concesión Nos PIG- 10351 y se toman otras determinaciones.

 

Después de encontrarnos previamente y debatir.

 

Declaramos que:

 

En Sevilla Valle, no estamos interesados en la explotación minera a ninguna escala, ni en la propuesta del sistema económico, social, político, ambiental y cultural que trae consigo éste tipo de actividad económica, que de acuerdo a los antecedentes históricos sólo beneficia a los países desarrollados y a las corporaciones en su afán de maximizar ganancias, las cuales intervienen en la política de los países subdesarrollados para generar ambientes de explotación de recursos primarios, comercialización y consumo de productos, pasando por encima de los derechos de países, pueblos y comunidades. 

 

En Sevilla Valle del Cauca, no queremos sufrir las consecuencias de la explotación minera llevada a cabo por las multinacionales, transnacionales o empresarios nacionales, la cual ha producido inmensos daños al ambiente, amenaza agotar y envenenar las fuentes de agua, destruir los suelos, contaminar el aire, degradar la biodiversidad, desplazar comunidades, y –además– impide garantizar nuestra soberanía, autonomía y seguridad alimentaria llevando a la inviabilidad social; tal y como se ha demostrado en los siguientes casos: Colombia (Cerrejón, Represa Río Ranchería, Marmato, Támesis, Cauca), Perú (Cerro de Pasco, Doe Run, Majaz, Antamina, Bambas, Yanacocha), Chile (Pascualama), Bolivia (Inti Raymi-Newmont, Sinch'i Wayra-Glencore, San Cristóbal Apex Silver), Argentina (Bajo La Alumbrera), Ecuador (Intac, Pangui, Cordillera del Cóndor, Nor occidente de Pichincha), Guatemala (San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, Ixcán El Kiché, Polochic, Alta Verapaz, El Estor en Isabal, San Juan Zacatepeques), Estados Unidos (Western Shoshone).

 

En toda la región y especialmente en el territorio colombiano, las comunidades afectadas y los pueblos originarios han denunciado ampliamente los efectos nefastos que esta explotación tiene sobre su vida, la madre tierra y la sobrevivencia humana, haciendo valer el derecho fundamental de la participación ciudadana, mediante la resistencia a través de mecanismos populares, sociales y jurídicos.

 

La agresión minera va acompañada de reformas legislativas regresivas, desmonte de derechos, conflictos armados y violencia en general; asesinatos y persecución a líderes populares que defienden los derechos colectivos y el territorio ante el extractivismo. 

 

Con base en la motivación anterior, expresamos:

 

Los habitantes del Municipio de Sevilla rechazamos contundentemente y nos oponemos a la explotación minera en todo el Territorio Sevillano y la Región.

 

Los sevillanos aclaramos que NO nos hemos manifestado a favor de la explotación minera en nuestro territorio.  

 

Exigimos que el Estado reconozca las consultas previas organizadas por las comunidades como Cumaral, Pijao, Cajamarca, entre otras.

 

Conocedores de los títulos mineros vigentes y las solicitudes en curso, queremos extender la invitación a la Administración Municipal, Concejo Municipal, La Corporación Autónoma Regional (CVC) y demás líderes de la comunidad, a crear un frente común en defensa del territorio. 

 

Invitamos a fortalecer y consolidar nuestro territorio con estrategias productivas, el desarrollo propio, y las relaciones económicas con equidad social, sustentabilidad e interculturalidad, que incluya las comunidades afros, campesinas e indígenas a retomar y enriquecer las costumbres ancestrales. 

 

Hacer valer la constitución y el reconocimiento de territorios interculturales, zonas de reserva campesina, según lo estipulado en la ley 160 de 1994, favoreciendo la defensa y planificación comunitaria del territorio por parte de las comunidades agrarias.

 

Proponemos la construcción de un movimiento cívico, popular y comunitario que procure por el cumplimiento de lo estipulado en esta declaración pública y que avance en la formación, sensibilización y movilización de las comunidades en pro de la defensa de la vida y el territorio.

 

Finalmente proponemos que se estudie la posibilidad de una Consulta Popular y se utilicen mecanismos jurídicos en defensa del territorio. 

 

Sevilla Valle, 27 de julio de 2017



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Publicado por Blogger para  REMAP el 8/01/2017 02:46:00 p. m.

En un país supuestamente en paz y bajo la vieja falacia de combatir el narcotráfico, se conoció que la oligarquía colombiana recibió en días pasados los dos helicópteros de asalto aéreo UH-60A Black Hawk pertenecientes a una flotilla de diez aeronaves suministradas por los Estado de Estados Unidos a un costo de U$21 millones de dolares.

Con estos 2 Black Hawk modelo UH-60A, que pertenecieron al Ejército de los EE. UU., la aviación de la Policía de la oligarquía colombiana aumenta a 19 unidades la flota de estas aeronaves especializadas en asalto aéreo.

Cabe resaltar que los aparatos de represión de la oligarquía colombiana son el cuarto mayor operador de helicópteros Black Hawk en el mundo con mas de 100 helicópteros de este tipo operando en la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía.

Con un país supuestamente en paz y sin dinero la oligarquía colombiana continua armándose hasta los dientes.

Unas siete horas hacia el noreste de Mina Vieja, San Pedro Frío, por una trocha espantosa en medio de paisajes que lo dejan a uno sin aliento, que sube lomas y cruza planicies, apenas atravesando un par de lánguidos pueblos, pero cruzando una buena parte del norte de la Serranía de San Lucas, se encuentra el corregimiento de Micoahumado, perteneciente al municipio de Morales, Sur de Bolívar. En el camino nos pasó de todo: hubo que cambiar una rueda, un par de veces el chofer tuvo que meterse abajo del carro a ajustar y cambiar piezas, hubo que usar gancho y cuerda para sacar al carro del lodo, y nos tuvimos que bajar un par de veces para que el campero, con todo su peso, no pasara de largo al río en algunos precarios puentes. 

Al llegar al pueblo principal del corregimiento, Plaza de San Pedro –el cual es más frecuentemente llamado, sencillamente, La Plaza- la diferencia absoluta con Santa Rosa es evidente. No hay ese movimiento febril ni ese comercio propio del pueblo minero. Esta es una región fundamentalmente campesina, cuya vida avanza a un ritmo eminentemente campesino. Está situada a una altura media que le da un clima bastante benigno, a un paso de las lomas de la serranía así como de la ciénaga de Simoa. También se encuentra cerca de una de las primeras Zonas de Reserva Campesina (ZRC), la de Morales-Arenal. Hacia el monte, está la zona minera de Mina Proyecto. Pero la vocación de Micoahumado es evidentemente agrícola, con sus lomas con café, plátano, yuca, más arriba frijol, piña, maíz y en el monte, un sorprendente arroz secano que no precisa de inundación para dar el grano. Pero como todo, lo que el visitante ve hoy, es fruto de un desarrollo histórico concreto, del cual el campesinado ha sido el sujeto fundamental mediante su proceso dialéctico de colonización y resistencia. 

"Les tocó comer micos": la colonización de Micoahumado

Micoahumado, como corregimiento, comenzó su historia en 1957, con la llegada de los primeros colonos a esta región selvática. Estos primeros colonos eran un grupo abigarrado de personas venidas del Cesar, de Santander y de Antioquia, todos personas de sensibilidad liberal, todos refugiados de la violencia conservadora y latifundista, que habían perdido sus tierras en esa oleada reaccionaria que sacudió a Colombia a comienzos de esa década. Siendo una zona selvática, el principal atractivo eran los bosques de la región, en especial los cedros. Estos aserradores, formaron tres campamentos, en los cuales sacaban la madera en bruto, en rola, y construyeron una trocha con el apoyo de una compañía que llegó a comprarles la madera. El nombre Plaza de San Pedro fue puesto porque entre los tres campamentos se limpió una plaza en la cual apilaban la madera; la mención al santo hacía referencia a la religiosidad propia de estos campesinos. Un día, algunos colonos se perdieron en la selva por algunos días, sin comida ni provisiones. Cuando el hambre comenzó a carcomerles el vientre, se vieron forzados a cazar un mico choibo, unos micos grandes, negros, que pesan unos 20 kilos, y ahumarlo antes de comerlo. Cuando volvieron al pueblo, con su historia de supervivencia y que les había tocado comer mico ahumado, ahí fue que quedó el nombre de Micoahumado para la región. Hoy de los micos no queda sino el nombre. El mico choibo ya se ha retirado hacia el interior de la Serranía, con la selva que alimenta y protege a los pocos individuos que quedan de esta especie en peligro crítico de extinción. 

La bonanza maderera duró hasta la década de 1970. En esa época comienza a llegar una nueva oleada de colonos que estaban netamente orientados hacia la agricultura, en particular del arroz y del maíz. En el período de 1975 a 1980, llegó la bonanza marimbera, que penetró toda la Serranía de San Lucas desde la Costa del Magdalena y por el Cesar. La bonanza marimbera cedió su lugar a otro cultivo de uso ilícito, la coca, en 1982. Con la coca los cultivos de marihuana entran en franco declive en la región. La coca predominó en la economía regional hasta avanzada la década del 2000, década en que comienza a ganar terreno los cultivos de pan coger y el discurso de la soberanía alimentaria impulsado por las organizaciones campesinas.

Según el dirigente campesino, y uno de los directivos de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), Pablo Santiago, esto ocurrió, por una parte, por la mayor conciencia que adquirían los campesinos, así como por el efecto de las fumigaciones sobre los predios campesinos: "acá hubo fumigaciones en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2009, y finalmente el 2011. Después de una bonanza fuerte en Micoahumado, hoy solamente hay algunas maticas, creo que no alcanzan a 30 hectáreas en todo el corregimiento. La gente, aburrida de la persecución y las fumigaciones, así porque ha ido entendiendo el daño social que esto causa, más el respaldo de algunos proyectos productivos que han ido saliendo con las luchas campesinas, ha decidido dedicarse en vez a lo agrícola... a la piña, al cacao, al frijol... Esto se acabó entre el impulso de los proyectos y la erradicación. Pero si el gobierno no ayuda al campesino, puede volver lo de la coca, y eso sería un fracaso para el territorio después de 6, ó 7 años, sin coca". Cuando se le pregunta por la relación entre coca e insurgencia, él es enfático "el ELN al principio se opuso a la coca. Las FARC decían que dejarían que la gente la sembrara, pero nunca, jamás la incitaron. Claro, ellos sí tenían una economía con esto, porque impuestaban, ya que finalmente los elenos terminaron aceptando que la gente la tuviera. Ellos cobraban un impuesto que llamaban el gramaje, que consistía en $100.000 por el kilo de base y $500 por la arroba de hoja. Un impuesto era pagado por el traficante, el otro por el campesino cultivador. Pero los guerrilleros pusieron una ley que decía que por cada hectárea de coca sembrada, debía también sembrar una hectárea de comida. Al campesino que tenía ganado o que tenía comida, jamás le cobraron nada".

El impulso al pan coger había comenzado en pleno apogeo de la coca, cuando se forma oficialmente, el 16 de Julio de 1997, la Asociación de Pequeños Productores de Frijol de Micoahumado (ASOPROMIC). Esta asociación, desde sus inicios ha sido miembro de Fedeagromisbol. Su representante legal, Juan Bautista Colorado, era un minero que llegó a La Plaza desplazado de Mina Vieja, en la serranía, de donde tuvo que escapar el 6 de Junio de 1999. El 28 de Septiembre del mismo año llegó a La Plaza de San Pedro y desde entonces colgó el casco de minero para dedicarse a las labores agrícolas. Dice él que "como yo sabía de números, comencé a ayudarles y luego terminé siendo el representante legal de la asociación. En esa época había coca en la región, y en una de esas cogieron al gerente en Santa Marta con un poco de mercancía, y entonces quedé un poco al frente de esto. Ahora ya no hay coca. Esto es una zona eminentemente agrícola. Debido a la irresponsabilidad en los pagos, tuvimos una situación complicada, porque los socios quedaron debiendo 60 millones de pesos, porque les fiábamos sin ninguna garantía. Eso después de muchos éxitos de la asociación. Como quien dice, subimos como palma, y caímos como coco. Pero la constancia vence lo que la dicha no alcanza, así que seguimos para adelante, con menos socios pero con la gente responsable y comprometida. Lamentablemente, esta situación llevó a que fracasara la cooperación que nos había dado desde el 2005 los Laboratorios de Paz".

Después, gracias a un proyectico pequeño del programa  "oportunidades rurales" del Ministerio de Agricultura, superar esta situación financiera difícil, y logran hacerse de la marca Asopromic, con los empaques para sus productos y lograron juntar así algo de recursos para afrontar la crisis. Así siguieron hasta que llegó el Paro Agrario del 2013.

Conflicto social: la resistencia campesina

 

La historia del proceso campesino, ha sido una historia de luchas bastante larga, en la cual las protestas campesinas del 2013 han sido un episodio muy importante, pero un eslabón de una larga cadena de resistencias. En 1985 se viven las primeras acciones de protesta masiva del campesinado de esta región, con su participación en una marcha de unas 8000 personas que fueron desde el Magdalena Medio a Magangué, a tomarse el Parque Centenario en Cartagena, exigiendo esas cosas que los colonos suelen exigir: salud, educación, vías, electricidad. Se tomaron el parque por una semana y volvieron a sus territorios felices con promesas del gobierno de que les solucionarían a la brevedad todos sus problemas. Pero como dice Pablo Santiago, "siempre nos han mamado gallo. Nunca nos han cumplido. Después volvimos y nos tomamos la Catedral de Cartagena por dos meses en 1997, porque aun no habían resuelto nada de lo que entonces nos habían prometido y otra vez volvieron a engañarnos". Hasta ese momento, las movilizaciones se caracterizaban por exigencias concretas y por la lucha por derechos básicos.

1998 también fue el año de una grave agitación campesina en San Pablo, Cantagallo, Arenal, Morales y Barrancabermeja. Como de costumbre, Micoahumado se hizo presente, engrosando un grupo de 12.000 campesinos que se movilizaron para reclamar el derecho al territorio y la vida. Esta movilización representaba un salto cualitativo respecto a las anteriores, pues la demanda del territorio era eminentemente política y la demanda del derecho a la vida cuestionaba la política de exterminio que se venía, solapadamente, adelantando desde organismos del Estado bajo el disfraz de los tentáculos paramilitares. Luego desaparecen a Edgar Quiroga en Cerro Azul. Según Santiago, "ahí mismo se estanca el proceso de implementación del acuerdo logrado en 1998, porque Edgar era miembro de la mesa de seguimiento a los acuerdos, entonces ¿cómo así que avanzando en la exigencia de cumplimiento de los acuerdos en un momento, y despareciéndonos en otro? Entonces se cae la vaina y al poco tiempo, con la llegada de los paracos ya directamente al territorio, a los líderes nos toca internarnos en la región, en los lugares más remotos".

De ahí los procesos de resistencia campesina se vieron interrumpidos por la ofensiva paramilitar, que dejará una estela de muerte y destrucción, pero que también generará importantes dinámicas de resistencia que han demostrado la capacidad política de esta comunidad campesina.

Conflicto armado: elenos y farianos, paracos y milicos

El conflicto armado se inaugura prácticamente en la región. En 1965 se da la primera acción guerrillera en la región: la toma del puesto de policía de Morales por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde entonces, los elenos han hecho presencia en la región, de manera permanente desde mediados de la década de 1970. Según un poblador, ellos han sido "autoridad, han controlado todos los temas, lo de seguridad, lo político. Muchos jóvenes se unían a ellos, crecieron mucho en esta región". El ELN montó varios frentes en esta región –la compañía Anorí, Héroes de Santa Rosa, Los Quiñónez, y el más importante de ellos, el frente Luis José Solano Sepúlveda. Luego hubo una escisión del ELN, hacia 1998, llamada el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), los cuales crecieron mucho con los impuestos a la coca, logrando una envidiable dotación de armamento. Las FARC-EP aparecieron en la región en 1985, con el Frente 37. 

Los combates con el ejército se multiplicaron, al igual que los bombardeos a los campamentos guerrilleros, cuando en 1992, llega la Brigada Móvil No 1 a la región. Llegan con bombardeos muy fuertes. Aplicaron mucha presión que llevó al desplazamiento en masa de muchos pobladores. Pero la prueba de fuego vendría el 9 de Noviembre de 1998, con la irrupción de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región. En esa fecha se produjo la primera incursión paramilitar, de cuatro en total. Ellos son recordados por la población con un lenguaje cuasi bíblico, como si se hubiera tratado de las diez plagas de Egipto. De hecho, aun se llama al desplazamiento masivo que generaron, el "éxodo de 1998". El caos se apoderó de la región, que se consumió en combates interminables bajo la luz de casas en llamas. A esa primera incursión siguieron dos más en el 2000, las cuales fueron seguidas: una en Junio, la otra en Noviembre. En estas tres ocasiones, los campesinos optaron por desplazarse al campo, pero nunca bajaron a la cabecera municipal: la ruta del desplazamiento dentro del Corregimiento partía por lo general en La Plaza, seguía por El Progreso, luego iban por la Guásima, el Reflejo, Chiquillo y luego se volvía a la Plaza. En ese tránsito podía durar semanas o hasta meses. Eso era posible porque la producción de alimentos les daba un importante nivel de soberanía alimentaria, sólo les tocaba conseguir sal y aceite. 

Según Santiago, "hubo mucho muerto, porque a medida que los paracos avanzaban, los guerrilleros les iban minando el terreno. Les mataron mucha gente, fue horrible, porque donde se metían iban y les mataban su gente. Aunque en esas incursiones casi no duraron mucho tiempo, pues duraron 7, 9 y 13 días respectivamente en las tres incursiones, todo ese tiempo venía el rumor de que los paracos venían, así que uno vivía con la zozobra permanentemente, y aunque los vimos poco, con los rumores era como si nos respiraran en la nuca constantemente". Es decir, aunque se materializaron solamente cuatro veces, estuvieron presentes todo el tiempo mediante los rumores y el pánico que sembraron. 

La cuarta incursión paramilitar fue la más dura, pues duró 45 días y llegaron 600 paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC. Esa incursión empezó el 2 de Diciembre del 2002. Recuerda Colorado que "entrando los paramilitares, en un puesto llamado El Solito, ahí matan al primer guerrillero. Ellos querían quemarlo, pero la comunidad, con las mujeres por delante, les quitan el pelado y le dan cristiana sepultura". Prosigue, "los líderes nos tuvimos que retirar un poquito, porque andaban buscándonos. Yo me quedé en la parcela, porque venían preguntando por los líderes, pero el pueblo no nos entregó. Igual los paramilitares se apoderan del pueblo". Pero en esa cuarta incursión, teniendo como precedente la disputa por el cuerpo del guerrillero en El Solito, ocurrió algo que le cambió la dinámica a la confrontación, cuando la comunidad puso límites a la guerra. Recuerda Colorado que "el frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN le dice a la población que salga del caserío porque ellos van a iniciar los combates, el bombardeo, y el pueblo no quiso salir. Ya se había cansado la gente de arrancar. Entonces comienza el tiroteo, el combate... eso era día y noche. Aunque tampoco era todo el tiempo, porque la guerra también tiene sus horarios. A la hora de desayuno o de almuerzo no se oía nada. Y después si voleaban plomo muy intenso. El ELN entonces amenazó con bombardear el pueblo y los paramilitares que no se iban. Entonces se formó una Comisión de Diálogo integrada por mujeres. Ellas van a donde los paras y les dicen que quieren interlocutar con la guerrilla. Los paras les dicen 'vayan, conversen'. La guerrilla envía el mensaje de que no bombardearán el pueblo si los paras salen del pueblo. Entonces los paramilitares salieron a 500 metros del casco urbano. Los elenos también dejaron entonces el bloqueo y dejaron que al pueblo entraran alimentos y medicamentos. Ahí siguieron los combates en esas condiciones hasta el 17 de Enero del 2003. Para los paramilitares anocheció para no amanecer. Salieron apenas 150 paramilitares de esos 600, el resto desaparecieron y murieron en los combates".

Según cuenta la gente de la comunidad que vivió esa confrontación, fueron solamente 22 los guerrilleros del ELN, con el apoyo logístico de unos 20 milicianos, y algunos cuantos guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP, que derrotaron a esos 600 paramilitares. Según comentan, los muchachos conocían la región y sabían donde escabullirse, desde donde hostigarlos y donde ponerles las minas para causar el máximo daño posible. Según Colorado, "la actitud de los paras en el combate, era como si estuvieran drogados, pasaban encima de sus muertos como si nada. La mayor arma de los guerrilleros fueron los explosivos: cilindros y minas. Todo hechizo". El carácter destructivo de esta guerra, se ejemplifica con una anécdota que nos comenta este dirigente campesino: "Por el lado del Progreso, había un muchacho que se llamaba Horacio, guerrillero él. Le dicen quién fue el paraco que mató a su hermano, que también había sido guerrillero, porque lo habían visto cargando su fusil y la fornitura. Entonces este muchacho Horacio lo ubica, se va a buscarlo así de civil, lo ubica y le pega unos tiros. Le quita la fornitura también. Pero ya cuando el paramilitar está agonizando saca un revólver y le dispara en la frente. Así mueren los dos".

Acuerdos por el territorio

Después de la salida de los paramilitares, el territorio quedó plagado de minas. 20 kilómetros de carreteras, desde La Plaza hasta la Guásima estaban minados. Aun cuando los elenos habían indicado a la comunidad donde estaban los minados, la comunidad no estaba conforme. Estaba la comunidad en esa época buscando implementar los proyectos que les habían asignado con los Laboratorios de Paz para el Magdalena Medio, pero el minado dificultaba el ingreso de los insumos para materializarlos. Según Colorado, "en esa época comienza a usarse una frase, como un saludo que se volvió popular, que era decirles a los elenos cada vez que los veíamos ´¿cuándo nos van a desminar la carretera?´. Entonces nos mandan llamar los comandantes y nosotros les explicamos la situación: ´vea, es que necesitamos entrar tantas toneladas de semillas y maquinarias´. Porque la Unión Europea nos había ofrecido 100 millones de pesos para arreglar la trocha. Entonces logramos alcanzar un acuerdo pastoral y comunitario con el ELN. El padre Pacho de Roux, pero sobre todo el padre Joaquín Mayorga, y el obispo Moseñor Leonardo Gómez Serna, ambos de Magangué, fueron muy importantes para este acuerdo. Los dos últimos nos habían dado apoyo espiritual durante los combates, porque por fuerte que esté la plomacera, una no debe olvidarse de Dios, ¿verdad?". Tanto el padre Mayorga como Moseñor Gómez han pagado un precio por su intervención humanitaria en conflictos: las denuncias de los atropellos del Batallón Nariño en el Sur de Bolívar llevaron en el 2004 al padre Mayorga a enfrentar un juicio por difamación adelantado por uniformados, mientras que Monseñor Gómez había enfrentado un proceso abierto en su contra por la Fiscalía por ser colaborador del ELN en los 1990 por su participación como mediador en Santander entre insurgentes y comunidades. 

"También hay que mencionar a Redepaz, que siempre estuvo con nosotros y nos apoyó a permanecer en el territorio. Con el apoyo de todos ellos", explica Colorado, "hicimos una gran asamblea de todos los delegados y de ahí sale la Asamblea Popular Constituyente el día 14 de Marzo del 2003. Esto reforzó el trabajo que se venía haciendo desde antes con el ´Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado y Corcovado´, formado el 2001. Este proceso de la APC tiene vida legítima, pero no jurídica. Digo esto, porque no existe formalmente como organización con vida jurídica pero funciona en nuestro territorio mediante dos delegados por vereda, por lo que tiene mucha legitimidad. Cada14 de Marzo hacemos asambleas y consultas, de las cuales emanan mandatos para el año, de ahí salen nuestras normas de convivencia. Planeamos así el año, acordando las normas sobre la prohibición a la tala de bosques, prohibición de quemas, normas para evitar el desperdicio del agua, una serie de normas para nosotros vivir en armonía. Los últimos sábados de cada mes se hacen cívicos por vereda [ie., trabajos comunitarios], y si la situación lo amerita, se hace un cívico general. Este 29 de Julio se hace un cívico general para arreglar la carretera y trabajar en el alcantarillado". 

Una vez formada esta gran convergencia comunitaria, la comunidad estaba en capacidad de convertirse en interlocutora con el ELN ante uno de los temas más sentidos por la comunidad: el desminado. Nos comenta Colorado que "de tanto insistir con lo del desminado, finalmente tuvimos respuesta. El 31 de Diciembre del 2004 el Comando Central del ELN, el COCE, nos dice que nuestra voz como comunidad ha sido oída el 26 de Enero del 2005 la carretera amanecería desminada. Nosotros siempre hemos creído en el valor de la palabra, entonces esa mañana nos madrugamos y salimos en Romería hacia La Caoba para celebrar este hecho. El ELN salió al encuentro ahí, y nos hizo una demostración de su labor, y reventó como dos. Al evento también llegó una señora de la vicepresidencia y periodistas de todo el mundo. Pedimos verificación de este hecho, pero el gobierno no quiso, porque habría sido un golpe político que los elenos desminaran 20 kilómetros de carretera con el ejército aquí mismo. No pudieron sacarlas todas, aunque sí sacaron todas las de la carretera, pero quedaron algunas en el campo porque los guerrilleros que las habían puesto se habían muerto y no se sabía específicamente dónde estaban. Pero nos dieron un mapa y nos indicaron donde no debíamos entrar por el peligro. Con el tiempo esas explotaron solitas".

Entonces las condiciones ya estaban para implementar los proyectos de Laboratorio de Paz. "Pero los contratistas no querían trabajar en la carretera por miedo, entonces nos comprometimos a limpiar el territorio para asegurarnos que no hubiera minas. Trabajamos de vereda en vereda: los de la Junta de La Plaza llegamos hasta el Reflejo y de ahí los de la Junta nos relevaban hasta la próxima vereda y así hasta llegar a La Guásima. Íbamos asegurando que no hubiera minas. No hubo ningún problema. El ELN había cumplido su palabra. Entonces un señor se atrevió a hacer el trabajo. Así pudimos meter 600 toneladas de semillas de caña, se sembraron 100 hectáreas de cacao, 100 de café, ganado doble propósito, se metió maquinaria se fue invirtiendo en la región, eso nos sirvió mucho", explica Colorado.

Vuelta al conflicto social: las movilizaciones después de la paramilitarización

En el 2005, cuando el paramilitarismo comienza a bajar su accionar, en parte por los cambios ocurridos con la desintegración de las AUC, y en parte por los fuertes golpes sufridos a manos de los insurgentes, la gente comienza a volver a los pueblos y a salir de los rincones recónditos en que se habían visto confinados con la arremetida paramilitar de finales de los 1990 y principios de los 2000. Todavía quedan paramilitares en el territorio del Sur de Bolívar como los Urabeños, los Gaitanistas, los Paisas, pero ya no por el lado de Micoahumado, sino que fundamentalmente en las cabeceras municipales de Montecristo, Barranco de la Loba, San Pablo, Tiquisio, pero ya no ejercen el mismo control territorial de antes ni hacen presencia directa en el corregimiento. Entonces, se retoma la negociación con el gobierno, aunque prosiguió la persecución contra los dirigentes sociales, que se cobró la vida del dirigente minero Alejandro Uribe Chacón en Septiembre del 2006 en un falso positivo del ejército. Ante la fuerte movilización de la comunidad, se establece una agenda de cuatro puntos fundamentales: derecho al territorio, minería, derechos humanos e inversión social. Según Santiago "ahí nos vaciló el gobierno hasta el 2013... ahí nos movilizamos con el paro agrario en el Cerro de los Chivos. Fuimos los últimos que salimos al paro, pero ahí estábamos". Con ocasión del Paro Agrario, la movilización campesina que había estado un poco quieta, surge con fuerza, conmocionando a todo el territorio colombiano por dos meses, y del cual salió la Cumbre Agraria como una instancia de convergencia de las organizaciones rurales de todo el país. 

Según Colorado, "estuvimos en la carretera en el Cerro de los Chivos por 42 días, de los cuales esperamos pacientemente 28 días ahí parados al lado de la vía. Y el gobierno que nada. Hasta que el día 29 decidimos en asamblea bloquear la vía, porque los mineros se rebotaron ante la indolencia del gobierno. Bloquearon el paso a las tractomulas, y cogieron las que tenían aceite y lo regaron. Así no había tanqueta que subiera a reprimirnos. Subió el ESMAD a pie, no tenían de otra, pero los vencimos los campesinos unidos a los mineros, a palo y piedra, y una que otra gasolina embotellada con mechas, que usamos para defendernos. Se cogieron dos policías que fueron entregados a una comisión como gesto humanitario ya que tenían algunas heridas, y entonces ahí el gobierno sí que mostró la voluntad para arreglar con nosotros. De ahí salen los acuerdos de la cumbre". 

Según este dirigente, "el gobierno nos mamó gallo hasta que la Cumbre Agraria se tomó el Ministerio de Agricultura en el 2015. Ahí si salieron los proyectos. Asopromic ejecutó proyectos por $545 millones, que se invirtieron en 40 hectáreas de cacao, 15 de café, 500 matas de plátano, 15 hectáreas de maíz y 15 de frijol. Reunimos a los presidentes de las Juntas y les pedimos que escogieran a los beneficiarios. Ellos eligieron alguna gente que no eran afiliados, pero ahora son socios en los proyectos y algunos están pensando en afiliarse. Hay 85 familias beneficiarias en el corregimiento, a las que se les dio 1 gallo, 10 gallinas y 3 cerdos, uno de ellos macho, por familia. Este viernes también dimos 24.000 alevinos de cachama y tilapia roja. A cada uno de los beneficiarios les tocaron 283 peces. También hemos recibido apoyo de la Corporación Sembrar y de Paz con Dignidad del País Vasco, que nos han apoyado en proyectos de piña, reforestación de las bocatomas y nos apoyaron con un camión. Con esta ayuda, hemos venido resucitando y entendemos este territorio cono un territorio agroalimentario en el cual buscamos es la soberanía alimentaria.

Santiago, tiene una visión un poco más crítica de la situación con los proyectos de la Cumbre Agraria: "de ahí para acá el gobierno nos siguió vacilando, nos vaciló el 2014 que intentamos movilizarnos, nos vaciló el 2016 que salimos a exigir garantías. Y siempre nos ha vacilado y nos ha engañado con proyectos, porque da plata para proyectos productivos, embolata así a las organizaciones, amarra con proyecticos y lo fundamental eso sí no avanza. Así nos van debilitando, porque sigue igual el problema de la educación, que acá es muy mala, casi inexistente, el problema de vías, de la escasa electricidad, el problema de la salud. Se avanza algo económicamente con los proyectos, para qué, pero los problemas de fondo siguen además del problema que tenemos con los precios, que ese es el problema de siempre, las fluctuaciones. En un año, la carga de café pasó de $1 millón a $600.000, la carga de frijol, pasó de $500.000 a $200.000... la carga de maíz está en $80.000. Así es muy difícil que el campesino pueda prosperar".

La militarización del territorio

El 17 de Enero del 2003, cuando los paramilitares se retiran, es cuando ingresa ya de manera permanente el ejército. Llegan el día 26 de Mayo del 2003, pero permanecen sobre todo en las bases militares, hasta que se produce el desminado en el 2005, que entonces comienzan a patrullar por todas partes del corregimiento. Debido a esa situación, en el 2015, el ELN volvió a minar algunas partes de la región, las cuales indicaron con unos carteles rojinegros advirtiendo a la comunidad de no transitar por esas zonas. Desde entonces, apenas patrullan y ya casi ni se les ve por las trochas. Ahora se han volcado más a los bombardeos a los campamentos y la utilización de los llamados zorros-zorros, que hacen inteligencia y golpes selectivos tipo comando a los insurgentes. A raíz de esta situación, los guerrilleros del ELN han debido replegarse a las partes altas de las montañas, han abandonado los pueblos y se han internado selva adentro. Los guerrilleros de las FARC-EP en la región se han ido totalmente a las zonas veredales para su concentración.

La persecución a los dirigentes campesinos se ha intensificado en el último tiempo. En Micoahumado hay 10 personas detenidas y se sospecha que varias órdenes de captura, todas a dirigentes acusados de rebelión y delitos conexos. Esta situación afecta indistintamente a las 10 asociaciones y 10 Juntas de Acción Comunal del corregimiento. Pablo Santiago ha sido víctima de esta ola de persecuciones él mismo, como nos explica: "el ejército ingresa a La Plaza el 22 de marzo de este año, y uno todo confiado, porque como dirigentes que somos, nos movemos a nivel regional y nacional. Pero nos enteramos que el ejército venía ya capturando a una decena de personas en todo el Sur de Bolívar... entonces, por seguridad, salimos y nos guardamos, por las amenazas. Entre los dirigentes del corregimiento que arrestan se encuentra Milena Quiroz, una dirigente de la Cumbre Agraria, Isidro Alarcón, otro reconocido líder de la región...Manuel Zabaleta uno de los más antiguos dirigentes regionales, Félix Muñoz, un líder de la Junta de Acción Comunal de Caño Hondo.... Capturan también a Joaquín Gómez Quiñonez... todos acusados de rebelión y concierto para delinquir. Eso ha desestabilizado mucho a la región".

Ante la incertidumbre generada entre los dirigentes por las órdenes de captura, la región se ha convertido en una cárcel de la cual no se puede salir. Casi todos los dirigentes de la región hoy sufren la angustia de no saber cuándo los pueden capturar y cuándo terminarán pagando condena por su defensa del territorio. La parcialidad y las motivaciones políticas detrás de este juicio, son evidentes: de hecho, la fiscal 3ª especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, que es la persona detrás de esta persecución judicial, hoy se encuentra ella misma tras las rejas, por favores a estructuras paramilitares como el Clan del Golfo y Los Paisas.

En la televisión pasaban el reality show Soldados 1.0 mientras terminábamos la conversación con Santiago. En esa edición del programa, tenían que simular la represión a un grupo de manifestantes encapuchados, con el equipo del ESMAD. Para gente como Pablo Santiago o Juan Bautista Colorado esa represión que, frívolamente, este programa televisivo muestra como un mero pasatiempo, ha sido una realidad extraordinariamente dolorosa que se ha cobrado la vida de dirigentes, amigos, compañeros y familiares. Y aun así, persisten y resisten. Esta clase de gente, son las personas realmente dignas de admiración en un país en el cual la esperanza brilla con intensa luz en medio de una obscuridad aterradora.

José Antonio Gutiérrez D.

31 de Agosto, 2017

Por: prensa PCC

Bogotá. 31 Julio 2017     

Comunicado de prensa

El Comité Central del Partido Comunista Colombiano, elegido en el XXII Congreso Nacional, se reunió en Bogotá D.C., el 30 de julio de 2017, con la finalidad de elegir el Secretario General y el Comité Ejecutivo Central de 13 miembros principales y dos suplentes, que tienen la tarea de conducir el partido bajo los lineamientos trazados de construir la unidad más amplia de las fuerzas de la paz y la democracia en defensa del Acuerdo Final de La Habana, de los diálogos de Quito con el ELN, de las reformas sociales y políticas acordadas, como de la implementación de todos los acuerdos pactados para garantizar el tránsito de las FARC a  un partido político nacional y la seguridad jurídica, personal y social de sus ex combatientes.

El país requiere de una fuerza política alternativa que le abra el camino a cambios de fondo políticos, sociales y económicos, en favor de los trabajadores y de todo el pueblo colombiano.

El Comité Central ratificó al dirigente nacional y profesor universitario, Jaime Caycedo Turriago como Secretario General y designó a los integrantes del Comité Ejecutivo, del cual hacen parte dirigentes sindicales, profesionales, mujeres y jóvenes, que representan el espectro nacional y territorial de los militantes comunistas.

La reunión en cuyo marco se cumplió una rica y constructiva discusión democrática, reafirmó la unidad de los comunistas colombianos y concluyó con un homenaje a Guillermo Fonseca Dimaté, dirigente comunista y comunal de la localidad de Kennedy, hace pocos días fallecido; y de saludar la victoria del pueblo venezolano que apabulló a la derecha golpista, apoyada desde el exterior, en la elección de la Constituyente Ciudadana.

 

Por: Miguel Suarez (2017-07-28). En enero de este año (2017), Juan Manuel Santos objetó el proyecto de ley que buscaba que las madres comunitarias del ICBF fueran vinculadas como trabajadoras formales del Estado con contratos a término indefinido.

Con la ley se esperaba que a partir de enero de este año unas 70.000 madres comunitarias tuvieran un salario estable, la razón que dio el Nobel de paz fue que el estado no tenia dinero para ello.

Después de esta, otras cuatro leyes han corrido la misma suerte, la que restaría 150 semanas de cotización para pensión a mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos, la que reduciría el aporte a la salud del 12 al 4 por ciento para pensionados, la que implementaría el examen de tamizaje neonatal y la que incorporaría un tratamiento de fertilización en el Plan Obligatorio de Salud.

A pesar de que los proyectos fueron incluso avalados por el mismos Santos como el de la rebaja de la cotización de los pensionados, la cual prometio durante su campaña de reelección, de que fueron muy bien recibidos por la opinión pública y generan beneficios para miles de colombianos, todas han sido negadas por él aduciendo que rompen la regla fiscal que dice entre otras que que la política fiscal debe desarrollarse en el contexto que propenda por la sostenibilidad de la deuda, o sea que la política fiscal del estado debe ceñirse a que no se amenace el pago de los intereses de la deuda por lo cual hay que restringir los gastos sociales, lo que se hace especialmente con los pobres mientras a las grandes multinacionales y a los ricos se les bajan los impuestos.

Esto muestra el estado de postración del estado ante la banca internacional y la grave situación de la economía, que hace algunos años nos querían meter en la cabeza era la mejor manejada de América latina, solo porque, basada en la extracción de minerales podía garantizar el pago de los intereses de la deuda externa.

Es el resultado de una muy mal manejada economía, que según Santos no estaba en negociación en la Habana y que ahora esta tocando fondo ya que el poco dinero que tiene el gobierno solo alcanza para repartir entre sus adeptos o se lo roban, llevándonos ad-portas de una crisis económica de graves proporciones.

Esta crisis financiera se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas. 

Esa crisis coincidió en Colombia con el fin del ciclo económico, donde los ingresos por las explotaciones petroleras y por la privatización de empresas estatales que propiciaron una bonanza económica, que en su totalidad fue invertida en la guerra con la esperanza de derrotar a la guerrilla.

Es de recordar que en diciembre de 2007, el entonces ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga al buscar justificar otra multimillonaria "inversión" para la guerra dijo que "De nada serviría traer los aviones, los tanques y demás equipos en el año 2010. El balance de esta guerra, según lo han definido las Fuerzas Militares, depende de que tengamos esa disponibilidad de equipos complementarios...".

Hoy en medio de una profunda crisis económica donde los ingresos petroleros para el estado en la practica han desaparecido y cuando han vendido hasta el nido de perra, con la industria nacional prácticamente destruida por los tratados de libre comercio, la situación de la oligarquía es apremiante.

La gravedad de la crisis en que esta sumida la oligarquía y su modelo económico se deja ver en una informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que señala que entre enero y marzo de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 1,1%, dato que proviniendo del DANE hay que presuponer esta manipulado hacia lo alto y que comparado con el crecimiento promedio estimado de la población colombiana que ronda el 1,7%, nos muestra un signo muy preocupante, el que la economía crezca a un ritmo menor que el de la población lo que nos indica que podríamos estar cercanos a una recesión económica.

Esto se ve mas claro en las declaraciones a Caracol Radio, y protestando por el misero recorte de la jornada, mediante la cual Alvaro Uribe había convertido el día en noche, del presidente de la ANDI Bruce Mac Master quien afirmó que “la informalidad en Colombia es superior al 50%, que implica que la mayoría de las personas que se encuentran en este panorama no ganan ni siquiera el salario mínimo”.

Dicho de una forma mas clara, el 50% de las personas en Colombia no tiene trabajo fijo y así se maquille con palabras bonitas, son desempleados.

Ademas Mac Master señaló que la industria colombiana registro una producción baja en el periodo comprendido entre enero-abril y de ahí la preocupación de los empresarios colombianos.

Otro dato, especialmente escabroso para ellos y no para el pueblo al cual no le toca mucho, es el que indica que la inversión extranjera directa en el primer trimestre cayó un 46.5 %, según contó a Caracol Radio José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario.

Hay muchos mas datos que muestran como esa economía, que nos decían que era la mejor manejada de America va de mal en peor, pero ante para el pueblo al cual no solo se niegan leyes que de alguna forma lo benefician sino que hasta se le cargan mas impuesto como la subida del iva del 16 al 19% con lo cual busca remediar la situación.

Pero hay algo para lo que si hay dinero y que la oligarquía no descuida, las armas y su ejercito el que los deberá proteger si el pueblo se subleva, y así, muy fuertemente se rumora sobre la compra de mas aviones de guerra.

Se comenta que el mismo ministro de guerra Luis Carlos Villegas, habría anunciado en una rueda de prensa la intención de adquirir al menos 36 aviones caza Gripen, cuyo negociado, se dice, se viene realizando clandestinamente desde hace mas de un año. 

Uno de los primeros pasos para promocionar la venta de los aviones de guerra se dio en la Feria Aeronáutica F-AIR Colombia 2017 que se llevó a cabo en el aeropuerto José María Cordova de Rionegro, departamento de Antioquia, donde estuvo presente la empresa sueca Saab fabricante de estos aviones y de donde se conoció abrirían una oficina en Bogota.

El negociado con la empresa sueca tendría un costo de 4.500 millones de dólares.

Entonces mientras la economía que no era negociable en la Habana cae en picada, al pueblo se le niegan beneficios aduciendo que no hay dinero, dinero que se prioriza para pagar los intereses, ojo solo los intereses de la deuda externa y para armas con las cuales la oligarquía busca protegerse de una eventual sublevación o para cumplir ordenes del imperio.

Esa es y a sido la política de la oligarquía, digamos de la vieja Colombia, no sera hora de que el pueblo se una y reclame un política económica que priorice lo social ante la guerra y el pago de intereses?

Renán Vega Cantor

Rebelión


“Hay que invadir militarmente a Colombia para apoderarse de las riquezas de Venezuela”.  Paul Coverdale, Senador de los Estados Unidos y ponente del Plan Colombia, 1999. 

Estimados compañeros y compañeras de Buenos Aires: 

Les escribo desde un país que exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En ese país en donde se han asesinado a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien por año), y apenas hace cuatro días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle. 

En ese país han sido asesinados unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos años, como es el caso del líder de la población afrodescendiente Bernardo Cuero, asesinado el 7 de junio. 

En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadores, 400 de las cuales han sido asesinadas en el primer semestre del 2017, como expresión del machismo clerical que aquí impera. Uno de esos casos se presentó en diciembre de 2016, cuando un individuo perteneciente a las clases dominantes, de nombre Rafael Uribe Noguera, un “hombre de bien”, como dicen los medios de desinformación, quien con sevicia secuestró, violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboni, hija de una familia de desplazados de una comunidad indígena del Cauca. 

En ese país, según denunciaba Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se presenta una “ola de asesinatos de indígenas”. El 19 de abril fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el municipio de Timbio, Cauca, a pesar de contar con medidas de protección del Estado. 

En ese país fueron asesinados más de 500 defensores de Derechos Humanos en los últimos 10 años, 80 de ellos en el 2016. En promedio cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos. 

En ese país fueron asesinados 107 ambientalistas en el 2016, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que este mismo país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus variadas riquezas naturales están en la mira de grandes empresas transnacionales, que suelen financiar a sicarios y asesinos paramilitares. 

En ese país se presenta la mayor cantidad de desplazados internos de todo el mundo, puesto que según informaciones del Consejo Mundial para Refugiados, hasta diciembre de 2016 se habían expulsado a 7,2 millones de personas de sus tierras y lugares de residencia, superando a países como Irak, Siria, Sudan o Libia. 

En ese país han sido asesinados ya cuatro miembros de una insurgencia desmovilizada, apenas habían salido de la cárcel (recordemos que el actual presidente de ese país continuamente anunciaba el dilema de “La cárcel o la muerte”, pero ahora parce haberse actualizado el eslogan con el dicho de Primero la cárcel y luego la muerte), además han sido asesinado ocho familiares de ex guerrilleros, como parte de una campaña de exterminio en marcha. El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince días después de haber salido de la cárcel. 

En ese país, el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre. 

En ese país, según el Índice de Theil (que mide la distribución de la renta, o la desigual distribución de la riqueza), pasó de 0,807 en 2000, a 0,831, en 2013. Tan desigual es este país que el afamado economista Thomas Piketti dejando de lado la diplomacia que caracteriza a cierto tipo de académicos cuando hablan del lugar al que son invitados, sostuvo a comienzos de 2016 que “este país es uno de los más desiguales del mundo”. 

En ese país, según una Comisión de Expertos en tributación nombrada por el propio gobierno, sus verdaderos dueños, los grandes supermillonarios, evaden anualmente unos 30 billones de pesos, mediante exenciones o deducciones. 

En ese país, la corrupción del sector público y privado alcanza tal magnitud que en un solo negociado, el de la Refinería de Cartagena, los sobrecostos de su modernización alcanzaron la cifra de 4 mil millones de dólares, una cifra que corresponde a algo así como a 1,5 veces el costo de ampliar el canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más costosas de América Latina. 

En ese país, donde se presume mucho de practicar la libertad de prensa, cinco grandes grupos económicos son propietarios de los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita). 

El país del que les habló es COLOMBIA, cuyo presidente ha sido galardonado el año anterior con el “NOBEL DE LA PAZ”, lo cual en verdad debería leerse como el NOBEL DE LA MUERTE, lo cual no es raro que ocurra por los nefastos antecedentes de ciertos personajes que han recibió tal premio (Barack Obama, Henry Kissinger, Simon Perez, entre otros notables criminales de guerra). 

Pero nada de lo anteriormente mencionado es noticia para los grandes conglomerados mediáticos, ni tampoco parece preocupar a cierta intelectualidad biempensante que ha retomado, para referirse al caso venezolano, la teoría de los dos demonios a la hora de intentar explicar la violencia que allí se ha desatado en las últimas semanas. 

Es bueno preguntarse, por qué razones ese país, Colombia, no aparece nunca mencionado como el paraíso de la desigualdad, la antidemocracia y la injusticia en el continente y por qué razones no existe una solidaridad con el sufrido pueblo colombiano por parte de intelectuales y vedettes académicos –algunos de los cuales desde Europa y otros lares nos suelen visitar con relativa frecuencia–. Lo llamativo es que muchos de esos mismos intelectuales –y usamos un término completamente desprestigiado, porque como decía Eduardo Galeano esa noción separa el corazón de la razón, o el pensamiento del sentir– se pronuncien con tanta beligerancia contra el gobierno Venezolano, pero nunca nombren al régimen criminal y al terrorismo de Estado imperante en Colombia. 

Y existe un hecho adicional que hace más preocupante el silencio sobre lo que sucede en Colombia –en donde el terrorismo de Estado no ha dejado de operar, a pesar del discurso sobre la paz– y es que precisamente este es uno de los países que se han convertido en punta de lanza de esa doble tenaza que amenaza a la revolución bolivariana: la intervención imperialista de los Estados Unidos y la subversión interna de los golpistas abiertos y disfrazados. 

En efecto, hasta un ciego puede ver el papel activo del bloque de poder contrainsurgente que domina a Colombia (formado por su Estado y sus clases dominantes) en el saboteo que soporta Venezuela, y un papel relevante en diversos planos: político, económico, mediático y 
militar. Económico, por los procesos de contrabando, que desangran a la economía venezolana y que hacen llegar productos a muy bajo costo al territorio colombiano (principalmente petróleo), que enriquece a diversos grupos, entre ellos paramilitares. Político, porque es clara la abierta intervención del Estado colombiano, empezando por el actual gobierno, en los asuntos internos de Venezuela, con su apoyo a la mal llamada “oposición”, y respaldando a la desprestigiada OEA. Esa intervención política se ha renovado recientemente con la reunión entre Juan Manuel Santos y Donald Trump, donde con cinismo se anunció que “seguiremos trabajando sobre situación de Venezuela”, que quiere decir “seguiremos interviniendo y saboteando al gobierno legítimo del vecino país”. En el caso de Juan Manuel Santos, su intervencionismo es más vergonzoso, si tenemos en cuenta la contribución de Venezuela al desarrollo de los diálogos con las FARC. 

Mediático, porque la prensa colombiana, controlada por los dueños de este país, libra desde siempre una campaña de calumnia, mentira y desprestigio contra el proceso venezolano, como parte de una matriz mediática orquestada desde el corazón del imperio, donde los medios colombianos cumplen un papel central. Leer un diario de este país, escuchar una emisora de radio o ver un canal de televisión cuando se refieren a Venezuela es asistir a un coctel repleto de todo tipo de infundios, que llegan a planos de un realismo mágico invertido, que de no ser por el objetivo criminal que persiguen solo causarían risa. ¿De cuándo acá medios de desinformación como RCN, Caracol, El Espectador, El Tiempo o la Revista Semana se preocupan por los niños que sufren hambre y desnutrición en Venezuela, como si en Colombia no estuvieran muriendo de inanición niños indígenas en la Guajira y negros en el Choco? 

Militar, porque desde hace años hay grupos paramilitares de origen colombiano operando en territorio venezolano, con un claro y abierto respaldo de los jefes paramilitares (conocidos políticos) que actúan impunemente desde Colombia, donde además se refugian una gran parte de golpistas (Carmona el “breve”, golpista del 2002 recibió asilo político en este país) y de criminales, incluyendo los de “cuello blanco”, que han delinquido en Venezuela, pero que aquí son presentados como “perseguidos políticos”. 

Tan abierta y beligerante es el papel que cumplen el bloque de poder contrainsurgente en Colombia como punta de lanza de la agresión contra Venezuela, que acá un tema de discusión permanente está referido a lo que en forma vulgar se ha denominado como castro-chavismo, hasta el punto que cualquier reflexión crítica –y aquí no abundan, puesto que la intelectualidad es igualmente funcional a ese paradigma contrainsurgente que odia a los venezolanos pobres y mulatos y admira a los millonarios y oligarcas– es inmediatamente descalificada y rechazada. ¡Por algo, debido al papel de quinta columnas del imperialismo estadounidense que han desempeñado las clases dominantes de Colombia y sus intelectuales orgánicos, a nuestro país se le conoce en el mundo como el Caín de América Latina o el Israel de Sudamérica! 
Esa postura del régimen santista y de los círculos dominantes en la política colombiana y en sus medios de desinformación, nos avergüenza como latinoamericanos, máxime cuando conocemos algo de la historia trágica de nuestro continente y cuando vemos que hoy se vuelve 
a poner en marcha el guion golpista y contra-revolucionario que en anteriores ocasiones ha funcionado en países como Guatemala (1954), República Dominicana (1963-1965), Chile (1973), Nicaragua (1990), cuyo costo ha sido sangriento para millones de habitantes pobres de esos países. 

Hoy es evidente lo que está en juego y lo que interesa a los intervencionistas y a sus socios internos, en Colombia, Venezuela y más allá: eliminar un proyecto que, con todas sus limitaciones y contradicciones, se ha atrevido a tocar intereses estratégicos. Lo que hoy se llaman Derechos Humanos, Democracia, Libertad… por parte de los Estados Unidos, la OEA, los gobiernos abyectos de Colombia, México, Argentina, Brasil…, así como de la mal llamada “oposición venezolana” son simplemente eufemismos para no nombrar en forma directa el interés supremo: EL PETROLEO VENEZOLANO. Este es, y dejémonos de volteretas analíticas innecesarias, el verdadero objetivo de lo que quieren derrocar el régimen constitucional en Venezuela, como también lo ha sido en Irak o en Libia, lugares en los que se repitió la misma cantaleta, la cual condujo a la terrible violencia, que en esos lugares ha dejado miles de muertos y el caos generalizado. 

Si llegase a imponerse la tal “oposición”, responsable principal del desangre que hoy viven los hermanos venezolanos, uno tendría que ser muy ingenuo, iluso e ignorante de los elementos básicos de la historia de nuestro continente, para creer que esto va a representar un avance democrático para Venezuela y el continente. Dejémonos de engaños y mentiras, lo que se va a imponer va a ser una terrible dictadura, así sea de apariencia civil, a la colombiana, cuyo objetivo es el de desmontar los avances sociales que, en medio de dificultades se han alcanzado en el país vecino, pero sobre todo eliminar del escenario político e histórico a los sectores populares, que es el gran logro de Rafael Chávez. De ahí el odio contra el chavismo, por el carácter plebeyo de su composición social, tras el cual alumbra otro tipo de democracia, que va más allá de la democracia liberal, con sus fetiches institucionales que tanto deslumbran a ciertos intelectuales de Europa y a algunos de sus émulos de estas tierras. 

Eso es lo que está en juego y por eso en este momento trascendental no podemos andar con medias tintas ni con compromisos abstractos con la democracia liberal o con los Derechos Humanos, como si no hubiera que respetar la decisión de ampliar esa democracia con la participación soberana de la gente, para que le apueste a nuevos caminos que desde dentro ayuden a encontrar salidas a la encrucijada que hoy vive la revolución bolivariana. Eso solo lo decidirá el propio pueblo venezolano desde las calles y sus sitios de trabajo y organización. Eso es lo que debemos respaldar y por lo mismo rechazar la intromisión violenta y fascista que desde Washington, Bogotá o los barrios ricos de Caracas se realiza a diario, a costa del dolor y la sangre de los venezolanos humildes. Lo que deseamos es una ampliación de la senda popular que se abrió en Venezuela en 1998, con la participación soberana de los sectores plebeyos. Esto es trascendental para el futuro inmediato de los proyectos anticapitalistas en nuestra América, de ahí la importancia de lo que acontece en estos momentos en la tierra de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. 

Bogotá, junio 25 de 2017