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Colombia

The game is over.

 |  Published in Opinion

Por: Alberto Pinzon Sanchez / Por primera vez en los últimos 50 años que llevo siguiendo la “performance” (desempeño) de J.M Santos,  estoy de acuerdo con él: La partida de naipes ha llegado a su fin.

En la última intervención (09.07.2015) durante la trasferencia de mandos militares y rodeado de la cúpula entrante; ya sin los faroles o los “blofs” que acostumbra a tener en esas ceremonias militares, con la humildad o quizás con el realismo del tahúr que al final del juego debe mostrar las cartas que tiene en la mano, Santos debió repetir y condensar de una sola vez, dos afirmaciones serias que sus dos plenipotenciarios para asuntos de la paz no supieron trasmitir (o pasaron inadvertidas) en sus entrevistas ante el oligopolio mediático contrainsurgente (OMCi) dominante en Colombia:

 -Del empresario Villegas: (….) “Yo quiero aquí decirles a las Farc, a través de este reportaje, que si firmamos yo seré el primer garante de esa seguridad” (….) 28.06.2015

-Del Dr. de la Calle: (…) “No soy capaz de darle un plazo porque esa es la pregunta del millón de dólares, pero sí me parece claro que el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal” (…..) 05.07.2015

¿A qué se debe este súbito arranque de realismo? Fundamentalmente a cuatro cosas recientemente sucedidas. Veamos:  

   1-Primero, que con la llegada del empresario Villegas  reconocido amigo político del ex presidente Pastrana, a la jefatura de las FFMM y el vermífugo que este les está dando a los altos mandos militares partidarios de Uribe Vélez, Santos ha fortalecido su posición en dos aspectos fundamentales; uno, le ha quitado (además de los apoyos dentro del generalato) el gran apoyo de Pastrana al Uribismo que ya empieza a mostrar su debilidad interna, (ejemplo el debate con la ministra de educación Gina Parody) y dos, ha reducido la influencia (no profesional o golpista) dentro de las filas militares de la poderosa asociación “uribista” de militares en retiro (ACORE), reduciéndola a su real tamaño. ¿Cuál tuerca puede ahora  apretar el general Bonet escarnio, cuando no pudo apretarla cuando con su paisanos Mancuso y Jorgito 40  tenían el país a sus pies?

  2- Segundo que, según parece y por las denuncias que ha hecho sobre el fallo del Consejo de Estado, el procurador Ordoñez empieza a sentir en su propia silla y en su frondoso buró, los costos de su irracionalidad política y su fanatismo religioso.

   3- Tercero que, la respuesta de la Insurgencia guerrillera a los terroríficos bombardeos, violatorios del DIH y con los cuales el dúo diabólico Santos-Pinzón ordenó volatilizar al delegado de paz Jairo Martínez, junto con  40 jóvenes guerrilleros que escuchaban las charlas sobre la solución política al conflicto; derrumbaron ante la faz del mundo el cuento militarista y contrainsurgente de que las FARC estaban derrotadas o a “tiro de as”; con el cual el Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi) ha justificado la guerra en Colombia durante los últimos 60 años.

Pero además, las Farc y la insurgencia colombiana mostraron que dentro del triángulo equilátero estratégico Tiempo-Espacio-Tecnología, estaban en condiciones de continuar resistiendo la ofensiva contrainsurgente todo el tiempo necesario hasta que el Bloque de Poder y su economía tras-nacionalizada colapsaran, en un escenario dantesco inimaginable y nihilista de “si no hay patria para todos, no habrá patria para nadie”. Por esto todo el mundo (dentro y fuera) ha saludado con un gran respiro el paso dado por la comandancia de las Farc de ordenar una nueva tregua unilateral, mientras nadie ha aplaudido las medidas militaristas de Santos.

 4- Cuarto que, el proceso de Unidad Popular amplia y democrática por la base y sin sectarismo (por lo menos en Bogotá), así como el avance y despliegue de la movilización popular en todo el país empiezan a preocupar al “núcleo central” del Bloque de Poder Contrainsurgente y le está limitando seriamente “los márgenes de maniobra” amplios con los que tradicionalmente contaban en las elecciones.  

Finalmente, por todo esto, coincidimos con el presidente Santos en que proceso de la Habana está llegando a su fin y para que nos entendamos lo decimos en su idioma favorito: The game is over. Solo discrepamos radicalmente con la amenaza del Dr. de la Calle en la dicotomía escolástica que nos presentó en la entrevista en comento del “por bien o por mal”, porque sencillamente no hay sino una sola posibilidad real y esta es por bien.

Es decir la partida debe terminar (game over) pero bien: Entregando a la sociedad colombina ojalá lo más pronto posible, el acuerdo firmado en la Habana de finalización del conflicto.

Fuente imagen Semana.com 

Por: Redacción Internacional/Camilo Martiano
 
El próximo 17 de julio se cumplirá un año de la catástrofe del Boeing 777 de Malaysia Airlines el cual surcaba  el cielo de Ucrania. A pesar de ese  largo plazo, la comisión internacional bajo la dirección de los expertos holandeses no han anunciado los resultados oficiales de tal investigación.
 
Once meses después del desastre, no hay respuestas a las preguntas acerca de: ¿Con que arma fue derribado el avión, y quién podrían estar detrás de este ataque? Seguimos preguntando.
 
¿Por qué cuando este avión acababa de caer los medios de comunicación occidentales se limitaron a decir que Rusia tiene la culpa?  ¿Por qué? Eso si cuando aparece una versión de que el avión fue derribado por un misil disparado desde el territorio controlado por Kiev, de repente se hizo el silencio. Aaaaahhh...
 
La investigación holandesa todavía está inconclusa, que, según el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, se completará en el segundo semestre de este año. ¿Por qué tardan tanto tiempo para hacer dicha investigación? ¿Por qué hasta ahora no hay alguna solución parcial?
 
Al principio el presidente de los EE.UU., Barack Obama, se declaró dispuesto a ayudar a los Países Bajos en la investigación de tal lamentable tragedia, lo curioso es que hasta ahora Washington se ha negado a proporcionar los datos sobre el Boeing 777 derribado en el este de Ucrania.
 
Creo: los EE.UU. continúan ocultando al mundo la verdad sobre el accidente aéreo, ni muestran las fotos de sus satélites, pues hasta aun tratan de deformar los hechos reales y las razones del accidente, lamentablemente perecieron humanos.
 
¿Por qué el tema Boeing 777 derribado dejó de interesar a Occidente? Se puede suponer que una vez que aparecieron los hechos reales de la catástrofe del Boeing en Ucrania se calmó todo tipo de conversaciones sobre el tema. ¡ no se hable más!
 
A principios de agosto del año recién  pasado, los analistas militares de Estados Unidos han llegado a la conclusión de que el Boeing 777 de Malaysia Airlines en Ucrania fue derribado en el aire. En particular, el material publicado por New Straits Times reveló que "algunas fuentes de inteligencia estadounidenses han concluido que los rebeldes y Rusia no fueron culpables de tal caída, pues la responsabilidad de la tragedia era toda de las tropas regulares ucranianas".
 
A finales de octubre de 2014 en una entrevista concedida a Der Spiegel, el jefe del Comité de investigación, Fred Vesterbeke, informó sobre la ausencia de las "pruebas irrebatibles" en el caso de la caída del avión de Malaysia Airlines en el Donbass. Pues ya en noviembre  la edición Elsevier se le negó información sobre la investigación.
 
Sin embargo el periodista estadounidense Robert Parry ha actuado con acusaciones explícitas contra las autoridades de su país de ocultar información, la cual podría arrojar luz sobre el misterio de la caída del avión. "El mundo nunca va a ver los datos del satélite, y la razón – la contradicción de la información oficial y las denuncias del portavoz del Departamento de Estado sobre quién es el culpable de la tragedia", dijo el periodista.
 
El hecho de que Occidente está ocultando los hechos en el caso de la catástrofe del vuelo MH-17 habló uno de los ex altos funcionarios de inteligencia en una entrevista a Daily Mail: "La inteligencia occidental y los estadounidenses saben muy bien todos los detalles – quién derribó el vuelo MH-17, por qué y para qué", nunca revelaron esta información, ya que era beneficioso utilizar los fines propios.
 
Cuando declaró el portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf - "Estados Unidos no va a proporcionar las imágenes de satélite a Rusia que muestran el lugar del accidente del Boeing 777 de Malaysia Airlines que se estrelló cerca de Donetsk". ¡imagínese!
 
A todo esto en los medios occidentales aparece la información que hasta la fecha de la catástrofe del Boeing 777 Occidente, o más precisamente, los Países Bajos, preparó un informe en el cual saldrá una acusación directa de Rusia. Se dice que los investigadores holandeses han reducido la gama de versiones a una: - "el avión fue derribado por un misil hecho en Rusia disparado desde el territorio controlado por las fuerzas pro-rusas", y otras versiones ni siquiera tienen en cuenta.
 
No podemos descartar esa opción. Pues,  recientemente toda la responsabilidad de lo que está sucediendo en Ucrania, en Europa, incluso en el Oriente Medio se personaliza. A todo se presenta culpable el presidente Putin, que se compara con las más terribles dictaduras en la historia de la humanidad. De Vladimir Putin están tratando de hacer un monstruo que amenaza al mundo entero. Sin embargo, el grado de esta histeria es tan enorme que incluso  Occidente  y su gente se queda perpleja que Rusia este culpada de todo esto.
 
Además, los expertos creen que el documento, que se prepara para presentar a los Países Bajos – es una falsificación, por motivos políticos - otras razones para un largo período de investigación de este tipo que  no existen.
 
En general parece que la historia del vuelo MH-17 Occidente por alguna razón ahora realmente lo quiere silenciar y olvidar. El mundo entero está a la espera de la verdad sobre la catástrofe del Boeing 777 de Malaysia Airlines en Ucrania. ¿usted cree lo contrario?
 

A la marcha de protesta acudieron unos 9.000 miembros del Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME), el sindicato vinculado al partido comunista griego (KKE), y unos 1.000 militantes pertenecientes a partidos de la izquierda extraparlamentaria como Antarsya.

Los manifestantes del PAME marcharon desde la plaza Omonia hasta la céntrica plaza de Syntagma, sede del Parlamento, donde se unieron a otras personas que llevaban banderas de Grecia y pancartas con lemas de rechazo a nuevos recortes sociales.

Esta concentración se produce después de que ayer unas 4.000 personas, se concentaron también en Syntagma para pedir al Gobierno que logre un acuerdo con los acreedores y que garantice la permanencia del país en la eurozona.

El Ejecutivo envió este jueves por la noche su propuesta a la Troika. Este viernes se ha debatido el documento en el Parlamento griego, donde el primer ministro Alexis Tsipras ha reconocido que el acuerdo “es lejano a nuestro programa electoral, pero mejor que otras alternativas”. Tsipras dijo que las medidas no son fáciles de tomar pero mantendrán al país en la Eurozonza.

Por su parte, los comunistas (KKE) han mostrado su rechazo a este nuevo acuerdo con la Troika y han exigido de nuevo la salida del Euro y de la Unión Europea (UE) por tratarse de estructuras capitalistas que atentan contra los intereses de la clase trabajadora.

LibreRed

Originalmente publicado en www.librered.net

Bogotà- Por Hernàn Durango.  Entrevistamos  a la compañera Imelda Daza Cotes, dirigente de la Unión Patriótica UP, quien a su regreso hace pocos días desde Europa donde estaba exiliada, a la ciudad de Valledupar,  fue designada por líderes sociales y políticos de diferentes vertientes como candidata  por la coalición popular y avalada por la UP para las elecciones de octubre.

Imelda Daza Cotes, es una mujer aguerrida y muy querida en el valle de cacique Upar y en reunión de las fuerzas de izquierda en el Valledupar el día martes 7 de julio su nombre fue aprobado para representar  y ganar el gobierno departamental. Tambien se presentaràn listas unitarias a asamblea, concejos y en alcaldias de varios municipios. Ya han definido el trabajo conjunto y unitario por las principales necesidades de la región y aspiran a unir a los demás sectores para consolidar una fuerza alternativa y popular que logre las transformaciones a favor de los màs humildes.

COMUNICADO DE RADIO Y PRENSA

La Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia “USTRIAL” y el Sindicato Nacional de Trabajadores del sector Agroalimentario “SINALTRAINAL” denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, La Personería Distrital de Cartagena, a los organismos de derechos Humanos de Colombia y el mundo y a la opinión pública en general, que a pesar de que fueron citados los señores DIEGO RAMIRO CANELO VELASCO, Gerente de Seatech y HERNAN TADEO VELEZ PAREJA, Gerente de la empresa Atiempo Servicios SAS a una AUDIENCIA DE FORMULACION DE IMPUTACION DE CARGOS por el delito de violación al derecho de reunión y libertad sindical, continúan con sus políticas agresivas al impedirle desde el 25 Julio de 2015 hace dos semana el ingreso a laborar a 18 trabajadores afiliados a estos dos sindicatos, quienes vienen padeciendo enfermedades de origen laboral y la mayoría son madres cabeza de hogar.

Estos trabajadores fueron citados a unos descargos, porque presuntamente no cumplieron la jornada laboral, y como está demostrado en los registros de la empresa todos salieron de las instalaciones de Seatech pasadas la 5 PM, hora de terminación de su turno laboral. La empresa les dijo que les quedaban suspendida la entrada hasta que se hiciera el acta de descargos y que les iban a pagar los días que estuvieron suspendidos, pero en la segunda quincena de Junio no les pagaron los días y la empresa se niega a decir si fueron despedidos porque en la práctica eso es lo que ha hecho la empresa.

Denunciamos esta situación porque a pesar de que los gerentes arriba mencionados fueron citados por la fiscalía a imputarles cargos, ellos siguen creyendo que los trabajadores somos material desechable a los que les sacan toda la sustancia y luego los echan a la calle enfermos y sin derecho a defenderse.

Ponemos en conocimiento esta situación a las autoridades colombianas y le exigimos a la empresa que responda en que situación han quedado estos 18 trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales, ya que esta conducta violatoria de nuestra Constitución Nacional, está tipificados en la ley con multas millonarias y penas que pueden alcanzar hasta los cinco (5) años de prisión, cuando esta conducta se comete contra trabajadores en estado de debilidad manifiesta o enfermos con patología de origen laboral, como el túnel del carpo, síndrome del manguito rotador, bursitis, tenosibitis, cervicalgia, lumbalgia.

Cordialmente,

FREDIS MARRUGO VELASQUEZ EDWIN MOLINA GALBAN

Presidente USTRIAL Presidente de SINALTGRAINAL-Cartagena

Con copia: Embajada de los Estados Unidos

Defensoría del Pueblo

Presidencia de la República

Personería Distrital de Cartagena

Central Unitaria de Trabajadores

WOLA

Prensa Hablada y escrita.

Tomado de: 

Anexo 2: 1. PUTUMAYO    Tras la desmovilización de los paramilitares en Putumayo (marzo de 2006), se sabe que en la región continuaron operando unidades, dedicadas especialmente a proteger el negocio del narcotráfico, ello en razón a que uno de sus últimos jefes alias “Macaco” (Carlos Mario Jiménez), realmente era conocido en Puerto Asís como narcotraficante, quien desde el 2002 aproximadamente compró la “franquicia” paramilitar, quizás buscando beneficios posteriores en el proceso que se iniciaría de desmovilización.

El radio de operación de los paramilitares se concentró en La Dorada-San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo y Puerto Asís principalmente, manteniendo bases en Puerto Asís y Valle del Guamuéz (El Placer), siendo estos lugares en donde más permanecieron.

En Puerto Asís fue conocida la hacienda Villa Sandra (km 5 aprox.) como uno de los lugares en donde más permanecieron, a pesar de estar ubicada la base de la Brigada Móvil 13 en el km 1 y la de la Brigada 27 de Selva en Santana (km 12), sobre la misma vía (Puerto Asís – Mocoa); así mismo,  Puerto Caicedo fue controlado por estas estructuras quienes libremente se movían desde Puerto Asís por esta vía, instalando posteriormente otro centro de operaciones o base en el corregimiento de San Pedro (jurisdicción de Puerto Caicedo), a 5 minutos de la cabecera municipal.

Los pobladores de esta región dan fe que aún estructuras que pertenecieron al Bloque Sur Putumayo continúan delinquiendo en la región; en Puerto Asís bajo órdenes de Los Rastrojos, ejerciendo control sobre el negocio del narcotráfico, y recibiendo apoyo económico y logístico de sectores del comercio y narcotráfico, con la presunta complicidad de las fuerzas militares y de policía.

El comandante actual de este grupo en la región es alias “El paisa”, quien tiene hombres concentrados en una finca propiedad de Jorge Coral, o de su familia, (exalcalde de Puerto Asís por tercera ocasión), quien en los períodos anteriores mantuvo complicidad con las AUC; Revista Semana en el informe de riesgo electoral en 2011 publicó audios de conversaciones de éste con el jefe paramilitar de aquel entonces alias “Gárgola”.  Dicha finca se encuentra ubicada en el sector conocido como el 9 (Km 9), sobre una vía terciaria que termina a orillas del río Putumayo. Allí cerca en encuentran tres ríos (Putumayo, Acaé, Guamuéz), en cuya región este grupo permanece custodiando un cristalizador de coca.

Otros hombres de este grupo habitan en diferentes viviendas de Puerto Asís, especialmente en los barrios Kennedy, Jardín, Villa Rosa, Los Pinos, Buenos Aires; y en Puerto Caicedo, en el corregimiento San Pedro se sabe que ocupan otra finca.

Muchas de las muertes que se presentan entre estos dos municipios ocurren entre Puerto Asís (km 1-5-9- Santana – San Pedro), un corredor de no más de 30 kilómetros en donde están una Estación de Policía, la base militar de la Brigada Móvil Nº 13 (Km1), el Batallón de Ingenieros (Km 5), la Brigada 27 de Selva (Santana) y una Base de la Policía (Puerto Caicedo).

En Puerto Asís, desde el año 2014 especialmente, Los Rastrojos reclutaron jóvenes para vincularlos al expendio de drogas, instalando las llamadas “ollas” del microtráfico en los barrios Jardín, Villa Paz, Montañita, Buenos Aires, Metropolitano, Calle del Puerto (sector de los bares).

Se sabe que en Puerto Asís, se ha mantenido la estructura armada neoparamilitar al servicio del narcotráfico y sicariato.

Igualmente, la policía[1] reconoce recientemente la existencia de otra estructura armada, FUR (Fuerza Urbana Revolucionaria) y que al parecer opera principalmente en Orito y Valle del Guamuéz; sin embargo no la cataloga como Bacrim, sino delincuencial. 

Recientemente, el 7 de abril del presenta año, entre Orito y el Empalme (Jardines de Sucumbíos, Ipiales), salió un panfleto amenazando organizaciones y líderes, firmado por un grupo que se hace llamar Grupo Armado La Mano Invisible - Comandos Urbanos. La amenaza en panfletos apareció después de fuertes despliegues militares en dicha región, por lo que las comunidades relacionan esta amenaza proveniente directamente de los militares; a pesar de ello, se ha tenido conocimiento que estas amenazas se debe a la preocupación que existe en grupos y sectores de ultraderecha en la región con relación a la fuerza que el movimiento social está ganado en la región y que entrará a las contiendas electores a disputar alcaldías y concejos en varios municipios del departamento; los poderes tradicionales catalogan las iniciativas como estrategia política de las Farc.

En mayo pasado un grupo armado vestido de civil atacó a una comunidad  indígena Nasa en coincidencia con las operaciones empresariales petroleras, que se vieron afectadas por una denuncia comunitaria instaurada contra la multinacional Gran Tierra de Canadá.

Todos las situaciones aquí descritas, las han denunciado organizaciones de derechos humanos.

 
2. META

2.1 Municipio de El Castillo

En el año 2013 los grupos paramilitares inician una oleada[2]  sobre este municipio con el fin de ejercer el control social y económico en la región. Los paramilitares hacen presencia en los caseríos del Encanto, Medellín del Ariari, Puerto Esperanza y área urbana del Castillo. Los paramilitares vestían prendas militares, de civil y algunos con radios y armas.

El día viernes 21 de junio de 2013 se realizó un consejo de seguridad en el municipio y en este espacio las autoridades del municipio reconocieron la presencia de paramilitares los cuales operan de manera abierta en Medellín del Ariari y en las zonas rurales del municipio. De igual forma se reconoció el cobro de extorsiones a los comerciantes y dueños de fincas de la región.

Militares del batallón 21 Vargas en ocasiones han manifestado que se retiran de algunas zonas del municipio para que los paramilitares puedan actuar, y puedan ejercer el control que la fuerza pública no puede. Los paramilitares han exigido a los pobladores información sobre el paradero de la guerrilla, nombres de las y los líderes de las comunidades, quiénes fueron integrantes del partido comunista y quiénes pertenecen a otras iglesias fuera de la católica. De igual manera manifiestan abiertamente que su presencia en la región es para controlar los robos, la venta de marihuana a los viciosos y a los guerrilleros.

Cabe resaltar que la presencia de estructuras paramilitares coincide con el avance del proceso de socialización del Área de Perforación Exploratoria – APE Guarupayo dentro del Bloque petrolero CPO 9.

En la actualidad las estructuras paramilitares realizan control de civil en los caseríos de la parte baja del municipio y desde allí seguimiento y control a los habitantes de la parte alta del mismo.

2.2 Municipio de Mapiripán

El municipio es controlado por estructuras paramilitares que tienen su base de operaciones en el caserío conocido como La Jungla, desde donde despliegan operaciones en  Cooperativa, Guacamayas, San Andrés, con puntos de control. Desde ahí  controlan los vehículos que se mueven por la vía al igual que las personas que salen y entran  a la región.

En el caserío de Mapiripan hay presencia paramilitar, los cuales se movilizan en motocicletas dentro del casco urbano y a las zonas rurales. Cabe señalar que la presencia paramilitar incluye las zonas de cultivo de Palma aceitera perteneciente a la empresa POLIGROW, empresa italiano-española que desarrolla el mono cultivo de Palma en el municipio.

En el casco urbano existe presencia policial y una base del Ejército, los cuales no actúan ante la presencia de grupos neoparamilitares.

Los Urabeños operan en el área de la Finca Santa Ana, expropiada por Poligrow a miembros en proceso de sucesión de las tierras de la familia Aljure. Se mueven en el área que comprende el caserío de la COPERATIVA, el caserío del CIARE y el caserío de GUACAMAYAS. Entre quienes comandan esta estructura se encuentra el conocido con el alias de “El Tomate”.

Los conocidos como de Del Meta operan en las orillas del Caño Ovejas hacia San José del Guaviare, cerca de los municipios de Puerto Rico y de Puerto Lleras, en particular en las veredas el MIELÓN, EL TRINCHO, el AGUILA y PUEBLO SECO.

Una tercera estructura se hace llamar como “Los Héroes o los Libertadores”, que tienen su lugar de operaciones en frente del municipio de Mapiripán, del otro lado del Río Guaviare, en ese departamento. Pero operan también en el casco urbano.

 
3. CHOCÓ

3.1 Cuenca del rio Curvaradó

Se conoce de la  fuerte presencia de estructuras paramilitares en esta cuenca con la instalación de puesto de control en el  puerto de Brisas del Curvaradó, comunidad  de Llano Rico, Apartadocito, El Cerrado, Quebrada Montería y  Despensa Baja. En estos lugares los paramilitares hacen constante presencia, amedrantan a las comunidades  y líderes comunitarios. Adicionalmente se sabe que el centro de operaciones de estas estructuras es el corregimiento de Pavarandó, perteneciente al municipio de Mutatá y en Belén de Bajirá. Las operaciones las realizan en medio de la presencia policial y militar.

3.2 Pedeguita y Mancilla

En esta Cuenca se sabe del fuerte control ejercido por las estructuras paramilitares  de Los Úsuga (Urabeños), quienes a lo largo de las comunidades de San Andrés, Santa María, Campo Alegre, Playa Roja y el Siete, que conforman el consejo comunitario, tienen una larga red de informantes y estructuras armadas, que controlan el tráfico de armas y de droga.

En Pedeguita se asientan los grupos herederos de SOR TERESA GÓMEZ, repobladores traídos en concurso con la Diócesis de Apartadó, concretamente a través del padre Leónidas Gallego. Desde allí se han creado grupos armados de civiles de presión que operan con la tolerancia y conocimiento de la policía de Urabá, que se encuentra en Belén de Bajirá. Allí se han definido estrategias para atacar a los reclamantes de tierras. Han torturado y quemado propiedades de los habitantes despojados que regresan.

3.4 Cuenca del rio Cacarica

La estructuras paramilitares ejercen actualmente control militar y social en los municipios de Turbo, Antioquia y Rio Sucio, Chocó. Así mismo, existe un control sobre los puertos intermedios de esta ruta sobre el rio Atrato, tales como: Bocas del Atrato, Tumaradó, Puente América o Travesía, La Honda y  Yarumal, a través de informantes y personas armados vestidos de civil.

Los municipios de Turbo y Rio Sucio son los lugares donde las comunidades desarrollan parte de las actividades en cuanto a la venta de excedentes de producción, como la compra de bienes de supervivencia y también donde paramilitares controlan el ingreso de alimentos hacia el sector rural. Desde allí emiten ordenes y amenazas de detención bajo la premisa de que tienen destino a la guerrilla.

En el caso de Tumaradó y La Honda las estructuras sobre los ríos obligan a las embarcaciones a acercarse allí, revisan las cargas, exigen facturas, cobran extorsión y acusan a la población de ser colaboradora de las guerrillas.

En el caso de Tumaradó al cruzar la orilla se encuentra una base fluvial, sin que actúen sobre los armados.

3.5 La Larga Tumaradó

Se conoce de la presencia de paramilitares en la comunidad de Tierradentro, quienes hacen presencia constante en estos territorios, así como el control ejercido por estas estructuras en el municipio de Belén de Bajirá, en donde tienen su centro de operaciones.

 
4. VALLE

4.1 Buenaventura

En todo el Pacífico la desmovilización paramilitar del Bloque Calima fue parte de un montaje para legitimar el proceso de la ley 975, pero el territorio quedó y se mantiene hasta la fecha bajo el control de las estructuras que asumieron la fachada de Águilas Negras, Rastrojos, Empresa, Gaitanistas o Urabeños, pero mantienen la misma lógica de actuación al lado de la fuerza pública para garantizar el despojo desde el desplazamiento forzado, el control social territorial para el tráfico de droga y el favorecimiento a la inversión empresarial y extranjera en el principal puerto de Colombia y en medio de la mayor militarización que pueda tener una ciudad.

El control actual de Buenaventura está bajo el mando de los Úsuga.

El Distrito de Buenaventura está ubicado en la Costa Pacífica, del departamento del Valle del Cauca. Es el  puerto por el  que ingresa y sale el 60% de productos de la economía del país.

Un importante grupo de habitantes de este municipio se encuentra ubicado en barrios de “bajamar”, antiguos manglares cortados, aplanados y rellenados con escombros, donde los pobladores de Buenaventura, han construido sus casas, cerca del océano para desarrollar su actividad económica de supervivencia.

Este panorama de exclusión social se superpone con los intereses económicos, que en la actualidad se concentran en el puerto de Buenaventura, como el proyecto de la sociedad Puerto Industrial AGUA DULCE S.A – SPIA subsidiaria de Internacional "Container Terminal Service Incorporate”, La terminal logística de Contenedores,  TLBUEN, aeropuerto internacional, las bodegas de almacenamiento de carbón, oleoducto del Pacífico, Ferrocarril Transandino, un puerto minero, el proyecto de MALECON turístico y la mencionada CADENA hotelera, proyectada sobre el territorio donde habitan 12 barrios de Bajamar.

En el casco urbano de este puerto marítimo hace más de 5 años no se reporta presencia evidente de grupos guerrilleros. Las cifras de violaciones a derechos humanos y desplazamientos forzados es el más alto de todo el país. La mayoría de estas violaciones son atribuidas a los grupos sucesores de paramilitares que surgieron en Buenaventura luego de que el Bloque Calima de las AUC se desmovilizara en diciembre de 2004. Al menos desde octubre de 2012, los Urabeños y la Empresa han sido los dos principales grupos neoparamilitares que se disputan el control de la ciudad y en la actualidad se consolida del grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Human Rights Watch en un reporte publicado hace varios meses, advirtió que “que barrios enteros de la ciudad se encontraban bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares”

El informe además indicó que:

“Estos grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares  que se extienden en sus orillas, o los entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios. En varios de  los barrios, los residentes denuncian que existen “casas de pique”, donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida”.

En el casco urbano de Buenaventura se ha reportado la existencia de  fronteras invisibles donde se restringe, de facto, la movilidad de los habitantes, ello se suma a que los chantajes, la extorsión y las amenazas se han acentuado en los últimos meses. Human Rights Watch también reportó que “Los Urabeños y la Empresa han controlado la circulación de residentes entre los distintos barrios de la ciudad. Los grupos vigilan de cerca a las personas que transitan por diversas calles o barrios donde tienen presencia activa. Si ingresa a un barrio una persona que el grupo que lo controla no conoce —o que se sabe que proviene de una zona dominada por un grupo rival— se expone a que se presuma que tiene vínculos con enemigos y a ser asesinada o ser desaparecida”.

Entre octubre y noviembre de 2012 se produjeron 8 eventos de desplazamiento masivo por la intensificación de la confrontación armada entre los grupos ilegales conocidos como Los Urabeños y La Empresa, que afectó a seis barrios de Bajamar, más de 1.500 familias y 5.000 personas, los cuales fueron denunciados ante la opinión pública por la Defensoría del Pueblo, ACNUR y OACNUDH en el mes de noviembre de 2012. Según cifras oficiales, cada año desde 2011, Buenaventura ha sido el municipio de Colombia donde más personas han sufrido desplazamiento forzado: 22.028 residentes abandonaron sus hogares en 2011, 15.191 en 2012 y 13.468 entre enero y octubre de 2013.

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo desde el 2013 se ha observado la instalación de prácticas como el desmembramiento y la tortura. Entre junio y octubre de 2013 se conocieron ocho casos de esta naturaleza, y el último reportado hasta el 7 de noviembre del año pasado se reportó durante la primera semana de ese mes cuando fueron hallados los restos de un menor de edad que trabajaba como motorista de una lancha de pescadores, y de quien apenas se encontró el tronco en un sector del barrio Viento Libre. Human Rights Watch en un informe publicado en el 2013 reportó que “durante el último año y medio, se hallaron en Buenaventura restos humanos descuartizados que pertenecían al menos a una decena de personas, muchos de los cuales aparecieron en las playas y costas de la ciudad y zonas aledañas, conforme indican versiones oficiales y artículos en los medios"

Adicionalmente, el reclutamiento forzado, incluidos menores de edad, por parte de grupos neoparamilitares también ha sido advertido por organismos nacionales e internacionales. En 2013, la Personería de Buenaventura recibió denuncias de 35 casos de intentos de reclutamiento forzado que afectaban mayormente a víctimas de entre 17 y 25 años.

Con la finalidad de tener controlada a la comunidad y tener informantes dentro de sus filas, las estructuras paramilitares han incorporado niños, niñas y jóvenes del sector. En el caso de los niños estos son vinculados desde muy temprana edad como informantes o “campaneros”; son los que brindan datos de la presencia de extraños en la calle, al mando de los paramilitares.  Algunos niños y niñas han sido vinculados como informantes y han sido enseñados a cometer actos crueles como a descuartizar gatos y perros.

Dentro del proceso de introducción a la estructura paramilitar se les vincula con el consumo de drogas, se les paga mensualmente con dinero o con drogas psicoactivas, como la marihuana, el bazuco o la cocaína; se les instruye en técnicas de terror e intimidación, uso de armas AK y de 9 mm, y en la muerte violenta de gatos y de perros.

La mayoría de los comandantes de los barrios son jóvenes entre los 18 a 25 años, los cuales en la mayoría de los casos son los responsables de prácticas tan atroces como el descuartizamiento de personas o ”pique”. Un joven puede recibir mensualmente un promedio de $700.000, equivalente a 350 USD

Conforme a la información documentada por la Comisión de Justicia y Paz, en el área urbana relatan que desde noviembre de 2013 hasta la fecha han sido asesinadas entre  80 a 100 personas.  Dado el enorme temor que enfrentan los habitantes de Buenaventura y los temores por represalias, existe en varios casos información precaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se han desarrollado varios de los homicidios y actos de tortura.

En el mes de junio de 2014 en el barrio Piedras Cantan hace presencia el grupo paramilitar conocido como los “AGC Gaitanistas”, al mando de  los paramilitares alias “Didier”, “Indio” y “Santiago”, quienes ya salieron de la zona.

Los paramilitares realizaron diversas reuniones comunitarias en las que se presentaron como una organización político-militar conformada por más de 35 hombres. Ellos señalaron que entrarían a ocupar uno de los puentes llamado Brisas.

De acuerdo con los anuncios, alias “Didier”, “Indio” y “Santiago” sostuvieron que semanalmente ingresarían grupos de paramilitares hasta conformar un contingente de 2.500 hombres en Buenaventura. Agregaron que ellos contaban con respaldo de la policía y de militares y también de autoridades locales. Distribuyeron el periódico denominado “El Gaitanista”.

Esta arremetida paramilitar se da pocos meses después de que “La Empresa”, ubicada en el barrio Piedras Cantan, realizara una supuesta desmovilización, en mayo del 2014 en un acto público al que asistieron distintas entidades de gobierno nacional y local, entre ellos el Coronel en retiro FERNANDO MOJICA.

En este proceso de desmovilización de la estructura neoparamilitar “La Empresa” se firmaron actas de compromisos de desarme y de presencia permanente por parte de la Infantería de Marina, quien asumió la responsabilidad de no permitir el ingreso de paramilitares al sector Piedras Cantan, lo cual incumplieron dejando ingresar a Los Gaitanistas, sin hacer ningún tipo de control.

Se constatan además los nexos directos entre las estructuras neoparamilitares con la fuerza pública, porque según  los testimonios de uno de los paramilitares que participó en la supuesta desmovilización, informó que cada vez que iban a realizar un asesinato le pagaban al comandante de la policía de turno, para que se retirara con sus hombres por determinado tiempo, mientras ejecutaban el hecho. De la misma forma trabajaban con la Infantería de Marina a quienes les ofrecían algún tipo de estupefacientes y dinero para que les dieran el espacio y poder actuar con tranquilidad.

Los asesinatos de pobladores siempre se han efectuado en cercanía a la fuerza pública, sin tener ninguna reacción inmediata contra los victimarios.

La estructura neoparamilitar Los Gaitanistas, salieron del sector de Piedras Cantan por presión de la comunidad en el mes de noviembre 2014 y a pesar de haber solicitado la intervención urgente por parte de la Policía Nacional, lamentablemente no hubo una reacción institucional adecuada al riesgo que asumió la comunidad, posibilitando nuevamente el asentamiento de otro grupo neoparamilitar, mal llamadas BACRIM, en la calle Piedras Cantan.

Según una fuente policial, en el lugar agentes estatales habrían incautado armas de fuego luego de la solicitud de intervención del Estado. Sobre este supuesto hallazgo no hay reportes oficiales ni en medios de información, lo que resulta bastante extraño, tan extraño como el hecho que a pesar de la presión de la comunidad horas después y ante la ausencia de una permanente presencia policial en los lugares de acceso a la calle, los paramilitares en este sector se asentaron nuevamente.

4.2 Cuenca del Río San Juan

La presencia paramilitar en este sector, ha estado en disputa por las Águilas Negras y los Rastrojos. Este sector es de gran importancia para ellos pues es uno de los corredores principales del narcotráfico. Han ocasionado desplazamientos de los pobladores en diversas ocasiones. En el año 2010 asesinaron a dos afrodescendientes, uno de ellos, Edwin, fue asesinado por los paramilitares en presencia de la Infantería de Marina, según un testigo de la región. En el año 2014 fueron desplazadas comunidades indígenas de esta cuenca, porque se encuentran en situación de confinamiento por parte de las estructuras neoparamilitares. Estas estructuras hacen presencia en Isla de Mono, Cabeceras y García Gómez.

4.3 Trujillo

Hoy 25 años después de la masacre de Trujillo, esta localidad sigue en manos del paramilitarismo. El terror se impone para favorecer verdades a medias como las que registra el informe de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, y la respuesta de solución amistosa que recibimos las víctimas el pasado 14 de abril. Mientras, el Estado colombiano y el Gobierno Nacional legitiman con la Unidad de Víctimas y su política asistencialista el despojo de tierras que hoy favorece a la multinacional papelera Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Al mismo tiempo se concretan nuevos despojos en el marco de la política de restitución, legitimando así una propuesta de “paz”  edificada sobre dos décadas de control paramilitar.

Hoy es un secreto a voces que tanto en el casco urbano, como en la zona rural de Trujillo, la estructura paramilitar de Los Rastrojos controla el poder político incidiendo en la elección de alcaldes y concejales, controla el poder económico derivado del procesamiento y negocio de la droga, vinculando niños desde los 10 años, en el consumo y en el micro tráfico de estupefacientes, especialmente en el área urbana, así como en labores de red de informantes o de reclutamiento como campaneros. Controla el poder económico derivado de la extorsión y cobro de impuestos a campesinos y ganaderos de la región; controla el poder social, interviniendo en la vida familiar y comunitaria, especialmente de las áreas rurales.

Hoy es un secreto a voces que la desmovilización de paramilitares en Trujillo, como la del Bloque Calima en 2005 y la de algunos miembros de Los Rastrojos en abril de 2013, ha sido una farsa y que incluso casos como el de alias “Chorizo”, capturado desde mayo de 2014,  muestran que desde la cárcel se sigue con el mismo poder paramilitar sobre Trujillo. En el momento hay temor por personas foráneas que  están apareciendo en fiestas y reuniones comunitarias intimidando con sus armas,  aunque no se sabe bajo el nombre de qué estructura paramilitar van a quedarse.

En estas condiciones la paz que el Estado colombiano impone en Trujillo se legitima con el silencio que imponen los paramilitares, con la Unidad de Víctimas pagando indemnizaciones individuales y reparaciones colectivas a cambio de impunidad, con despojo de nuevas tierras a cambio de viviendas en Cali, con favorecimiento a la inversión empresarial de la multinacional papelera y de intereses privados en el  negocio del agua.

A pesar de 25 años de control paramilitar y de la impunidad que se impone judicial y socialmente, las víctimas de las y los desaparecidos de la masacre continuada de Trujillo siguen construyendo paz con justicia social y ambiental, desde la memoria, la dignificación de la vida como campesinos y campesinas y desde la exigencia para que en Trujillo se garantice el derecho a la no repetición, con el desmonte efectivo y real de las estructuras paramilitares. Sólo así habrá condiciones reales para la paz.

 
5. CAUCA

5.1 Mercaderes

Algunos de los paramilitares que controlaron la zona de Mercaderes se hacían llamar con alias Robinson, Moneda, Enano, William . Actualmente no son tan visibles, pero conservan el control de algunas zonas en Mercaderes,  sitios como Arboleda, El Pilón, El Bado, Cajamarca, la carretera Panamericana entre el Estrecho hasta el Bordo Cauca. Cajamarca vereda de Mercaderes y el Pilón son las zonas de control más fuerte del paramilitarismo en la actualidad, y son lugares donde actualmente están desarrollándose procesos de Minería y sísmica.

En Julio del presente año 2015 se encontró el cadáver degollado de un anciano agricultor en su finca en Mercaderes, crimen atribuido a paramilitares. El 29 de Julio también fueron asesinados dos adultos pesadores de ganado en las afueras de Mercaderes Cauca. Últimamente llegan a la morgue de Mercaderes muchos cuerpos con señales de tortura.

 
6. COSTA ATLANTICA

Entre el 2008 y 2011 los grupos narcoparamilitares derivados de las estructuras desmovilizadas hicieron presencia constante en los 7 departamentos que integran la región Caribe, específicamente en 88 municipios. A la fecha ya existe un proceso de reingeniería consolidado que se percibe por la capacidad operativa de distribución de cada una de sus estructuras a lo largo y ancho de la región.

Existen unas estructuras paramilitares claramente definidas y posicionadas.
Rastrojos:
 
Atlántico
Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 47% del total de los municipios del departamento.
 
Bolívar

    Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al  34% del total de los municipios del departamento.
    
    Cesar
    Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al  72% del total de los municipios del departamento.
    
    Córdoba
    Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al  56% del total de los municipios del departamento.
    
    Guajira
    Se ubican en 7 municipios, lo que corresponde al  46% del total de los municipios del departamento.
    
    Magdalena
    Se ubican en 10 municipios, lo que corresponde al  33% del total de los municipios del departamento.

    San Andrés

    Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al  100% del total de los municipios del departamento.

    
    Urabeños:

    Sucre

    Se ubican en 9 municipios, lo que corresponde al  34% del total de los municipios del departamento.

    Atlántico

    Se ubican en 3 municipios, lo que corresponde al 13% del total de los municipios del departamento.

    Bolívar

    Se ubican en 30 municipios, lo que corresponde al  61% del total de los municipios del departamento.

    Cesar

    Se ubican en 19 municipios, lo que corresponde al  76% del total de los municipios del departamento.

    Córdoba

    Se ubican en 22 municipios, lo que corresponde al  73% del total de los municipios del departamento.

    Guajira

    Se ubican en 9 municipios, lo que corresponde al  60% del total de los municipios del departamento.

     Magdalena

    Se ubican en 12 municipios, lo que corresponde al  40% del total de los municipios del departamento.

    San Andrés

    Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al  100% del total de los municipios del departamento.

    Sucre

    Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al  65% del total de los municipios del departamento.

    Aguilas Negras:

    
    Atlántico

    Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.

    Bolívar

    Se ubican en 13 municipios, lo que corresponde al  26% del total de los municipios del departamento.

    Cesar

    Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al  4% del total de los municipios del departamento.

    Córdoba

    Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al  60% del total de los municipios del departamento.
    Magdalena

    Se ubican en 5 municipios, lo que corresponde al  16% del total de los municipios del departamento.
    Sucre

    Se ubican en 6 municipios, lo que corresponde al  23% del total de los municipios del departamento.
    Paisas:

    
    Atlántico

    Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 47% del total de los municipios del departamento.

    Bolívar

    Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al  36% del total de los municipios del departamento.

    Cesar

    Se ubican en 8 municipios, lo que corresponde al  32% del total de los municipios del departamento.

    Córdoba

    Se ubican en 19 municipios, lo que corresponde al  63% del total de los municipios del departamento.

    Guajira

    Se ubican en 6 municipios, lo que corresponde al  40% del total de los municipios del departamento.

    Magdalena

    Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al  36% del total de los municipios del departamento.

    San Andrés

    Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al  100% del total de los municipios del departamento.

    
    Sucre

    Se ubican en 7 municipios, lo que corresponde al  26% del total de los municipios del departamento.

    
    Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC):Atlántico

Atlántico

Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.

Bolívar

    Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al  2% del total de los municipios del departamento.
    Cesar

        Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al  4% del total de los municipios del departamento.
    Existen 3 estructuras de rearme paramilitar ubicadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira y Magdalena; estas son:

    La Oficina de Envigado, con presencia en Bolívar y Magdalena.
    Alta Guajira, ubicada en cuatro municipios de la Guajira y uno de Magdalena.
    Autodefensas del Sur del Atlántico, como su nombre lo indica están posicionadas en el sur del departamento.

CESAR

El día 30 de junio de 2015, aproximadamente 180 familias decidieron retornar a los predios baldíos de los cuales fueron despojados en 1996 por parte de grupos paramilitares al mando de “Juancho Prada”, en el corregimiento de Simaña municipio de La Gloria departamento del Cesar. La negligencia del INCODER en un proceso agrario que lleva más de 25 años y la última resolución expedida por esa entidad, la vulnerabilidad y extrema pobreza, el desconocimiento sistemático a sus derechos y la denegación de justicia, fueron las principales motivaciones para decidir retornar.

El día 01 de julio del 2015, aproximadamente a las 7:30 a.m., incursionó un grupo de policías y ESMAD, bajo el mando del Teniente Coronel Mauricio Bonilla comandante del Distrito de Policía del Sur del Cesar al predio Venecia en donde se encontraban las 180 familias víctimas de desplazamiento forzado, que habían decidido regresar el 30 de junio de 2015, a las tierras que les fueron despojadas hace 19 años.

Junto a la policía y el ESMAD, llegaron varios hombres encapuchados y armados. Uno de ellos fue visto y reconocido por la comunidad como alias “Panelo”, un paramilitar que participó en 1996 de los hechos criminales sucedidos en contra de la comunidad que obligó su desplazamiento. El paramilitar no fue desmovilizado y continua operando en la región a pesar de que ello se ha venido denunciando públicamente.

A manera de conclusión podemos afirmar entonces que entre el 2008 y el 2011, estas estructuras se recomponen a partir de la definición de nuevas alianzas con el narcotráfico, grupos sicariales, delincuentes comunes y fundamentalmente con los reductos no desmovilizados y desmovilizados, especialmente del Bloque Norte de las AUC; otro elemento importante es la clandestinidad de las líneas de mando, entre estos alias “Alejandro o 101”, “Tolemaida”, “Codazzi”, “Omega”, “Jimmy”, y “Rambo”

El propósito es el control social territorial para los negocios de actores privados.

Julio 2015.

[1]Policía confirma presencia de nuevo grupo armado ilegal en el Putumayo | MIPUTUMAYO.com.co

http://miputumayo.com.co/2014/10/23/policia-confirma-presencia-de-nuevo-grupo-armado-ilegal-en-el-putumayo/

 

[2]http://justiciaypazcolombia.com/Nueva-oleada-de-operaciones-de

La Comunidad en Cali denuncia hoy que: "...desde las 10:52 de la mañana del dia 9 de julio en el Centro Comercial la Fortuna en el centro de Cali Militares están requiriéndole a los jóvenes que llenen un formato con todos sus datos para supuestamente definirles su situación militar.

." La ciudadanía preocupada por esta agresión de las FFMM continúa manifestándose e indica que " estos militares fueron enviados desde el Batallón Pichincha de Cali a realizar esta tarea violatoria al Derecho a la Movilidad de los jóvenes junto a los Derechos de la ciudadanía agredida.

..estos militares están como en el nazismo en continuos empadronamientos ilegales, creando zozobra entre los transeúntes y la Juventud que rechaza el servicio militar obligatorio para la guerra que se debe terminar...pero que por orden superior se produce reclutamiento forzado en las ciudades y campos colombianos...

" Mientras se busca desescalar esta guerra, el Ejército busca más carne de cañón para llevarlos a morir en el Conflicto Interno Social y Armado Colombiano , que se debe finiquitar, pero el Estado a través de sus FFMM va en contravía a la Paz contradiciendo la búsqueda de la Paz con Justicia Social.

 

Athemay Sterling Acosta

Presidente Honorario CPDH VALLE Consultor ante la ONU en DDHH

Integrante de ANDAS

Abogado Defensor de los Derechos

Director Derecho Preventivo y Derechos Humanos DPDH

Prensa

RTVP

RTVPalenque

Cali Julio 9 de 2015

Miguel Suárez (2015-07-10). El contralor Edgardo Maya denuncio esta semana (7 Julio 2015) que además de la pobre ejecución en las regiones existe un faltante de $207 mil millones entre lo reportado por los departamentos al Sistema General de Regalías y los saldos que figuran en los extractos bancarios, además de otra diferencia por $47.855 millones entre los rendimientos financieros reportados y los registros bancarios.

Al menos seria unos 260 mil millones de pesos presumiblemente robados. En meses pasados Maya había también denunciado que unos $3,8 billones de regalías dormían en los bancos de los Santodomingos y Ardillas Lulles.

Lo que me llamo la atención es que según la denuncia del contralor el gobernador más comprometido con los oscuros manejos es Alan Jara, del Meta, donde no aparecen unos 150 mil millones de pesos.

Es de recordar que el 15 de julio de 2001 el ex-gobernador del Meta, Alan Jara, fue retenido por guerrilleros de las Farc-EP, especulándose que esta retención se debía a su relación con los paramilitares y a lo corrupto de este.

Los días o años que paso este hombrecillo pagando condena con la guerrilla, los medios de desinformación trataron de meternos en la cabeza que era un hombre honorable y honrado, pero obviamente, el solo hecho de moverse como pez en el agua en medio de los bandidos de la oligarquía, de por si cuestionaba su “honorabilidad“.

Alan Jara durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas fue nombrado a dedo por este como gobernador del departamento del Meta, siendo también diputado durante dos períodos consecutivos y gobernador del Meta por elección popular en el período 1998-2000.

Cuando fue retenido por los guerrilleros soñaba Alan Jara con llegar al nido de ratas, como denominan al congreso de la oligarquía colombiana y al ser liberado por los guerrilleros prometio dejar la política pero como al parecer, como de eso tan bueno no dan en todas partes, se hizo reelegir Gobernador del Meta para el periodo 2012-2015.

Dos cosas pueden suceder, nada y todo quedara en el olvido, incluidos los 160 mi millones embolatados o, vendrán explicación de explicaciones, pero los 160 mi millones quedaran embolatados.

Hoy con el informe del contralor y el cúmulo de dinero embolatado, por no decir “robado“, cualquier puede entonces entender porque los guerrilleros lo cogieron.

Ojala que el tipo pueda demostrar que el dinero no se lo han robado.

Organizaciones sociales y populares de Bogotá convocan a un plantón este jueves 9 de julio a partir de las 9 de la mañana  frente a los juzgados de paloquemao para exigir la libertad de los detenidos. 

Entre los 15 detenidos hoy miercoles 8 de julio en Bogotá acusados de pertenecer a una célula urbana de la insurgencia se encuentran líderes estudiantiles, comunitarios, y un periodista de esta Agencia. “No dudamos que los detenidos son inocentes, manipulan a la justicia para lograr un hecho mediático”, explican desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes llevarán el patrocinio legal de los detenidos junto a la Universidad Pedagógica Nacional, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y Justicia y Paz. El Congreso de los Pueblos reconoció que 7 de los apresados pertenecen a esa agrupación. “Algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando sucedieron los hechos que se les atribuyen, se trata de un nuevo caso de falso positivo judicial”, denunciaron. Desde el Polo Democrático Alternativo, el senador Alberto Castilla exigió garantías al gobierno.

En rueda de prensa realizada esta mañana en la sede del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachí, denunció que los estudiantes de esa institución sufren “persecución” y aclaró que 4 de los estudiantes detenidos hoy “se encontraban fuera de la ciudad, en Fusa, preparando actividades académicas” cuando sucedieron las explosiones que se les atribuyen. Entre los detenidos se encuentran Heiler Lamprea, Representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, quien había recibido amenazas de muerte por su labor social.

Otro de los detenidos es el periodista Sergio Segura, corresponsal de esta Agencia, especialista en temas de Conflicto y Paz, quien una semana atrás participó en un Foro sobre Medios y Conflicto, realizado en la en la Universidad Nacional; en el allanamiento a su domicilio le fue incautado parte de su archivo periodístico.

“No creemos que la responsabilidad de esos actos (explosiones en Bogotá) esté en estos líderes sociales detenidos” señaló Franklin Castañeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-.

Por su parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo –PDA- vinculó las detenciones a la noticia reciente del cese unilateral del fuego que retomarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-. “Junto a la Cumbre Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó Castilla, y exigió “garantías al Gobierno Nacional”.

Desde el Congreso de los Pueblos, agrupamiento al que pertenecen algunos de los detenidos, la vocera nacional Alexandra Bermúdez también se refirió al gobierno nacional: “Ayer a esta misma hora estábamos reunidos con el ministro del Interior, el de Justicia, ya la viceministra de Defensa adelantando denuncias por violación a los Derechos Humanos, y éstas son las respuestas que tenemos del gobierno, las detenciones de estos líderes sociales, reconocidos dirigentes que han participado en las movilizaciones y procesos organizativos de la comunidad”. Bermúdez refirió además al asesinato de Carlos Pedraza en enero de este año, reconocido dirigente de esa agrupación, y a una serie de amenazas paramilitares contra referentes de esa colectividad.

“Que los medios de comunicación preserven la presunción de inocencia”

“Es lastimoso que el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad del Estado intenten buscar responsabilidad en líderes y lideresas sociales ante los atentados ocurridos. Están siendo culpados de actos de los cuales no van a tener responsabilidad alguna”, afirmó Franklin Castañeda, vocero del Movice, y agregó: “Esto no es nuevo, hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá responder por hechos falsos como éstos. Ninguna de las personas acusadas en el paro agrario acusada de vínculos con las insurgencias, sea de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional –ELN- permaneció detenida. Son falsos positivos judiciales, los medios de comunicación deberían conocer esto y preservar la presunción de inocencia”, concluyó.

A disposición de la Fiscalía

Según el Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, los detenidos “no están teniendo la posibilidad de tener un debido proceso, se les adelantan condenas públicas al señalarlos como miembros de organizaciones insurgentes sin posibilidad de defensa”. Ante eso exigen “debido proceso y la libertad” de las 15 personas apresadas, que hoy serán puestos a disposición de la Fiscalía.

Miguel Suárez (2015-07-09).Un grupo de personas ligadas a diferentes organizaciones populares fueron detenidos por la banda delincuencial denominada “policía nacional”, acusadas de ser una “célula naciente” del ELN, quien según ellos es la autora de las bombas en las oficinas de Santodomingo.

A pesar de que hay grabaciones e incluso aseveraciones de altos funcionarios del gobierno que señalan a que fue en grupo de los “Uribeños“ y su intención de romper los diálogos quien estuvo tras la oleada terrorista el pasado fin de semana en Bogota, y a pesar del desmentido del ELN, ellos persisten en acusar a esta organización alzada en armas y a estos jóvenes.

Por los burdo de la historia, muchos alertaron desde la primeras noticias de que se trataría de un montaje o falso positivo, que entre sus autores tendría a general Rodolfo Palomino, de conocidas relaciones con paramilitares y fascistas.

Ante la prensa y muy seguro de lo que decía Palomino asevero: 'Capturados por explosiones son una célula naciente del ELN'.

En total se sabe que fueron 15 personas entre ellas un comunicador social, las secuestradas por los delincuentes uniformados, activistas entre otras del de Congreso de los Pueblos, a quienes les ha violado el debido proceso, se han presentado ante los medios como terroristas, y según lo que afirman sus conocidos, algunos de ellos ni siquiera estaban en Bogota en los días en que fueron puestas las bombas.

Ante la falsedad de los aseverado por el bigotón mentiroso, miembros del Congreso de los Pueblos, organizaron un plantón en las afueras de juzgados de Paloquemao en Bogotá, exigir la inmediata libertad de los líderes sociales detenidos y sindicados de terrorismo.

Congreso de los Pueblos desde las instalaciones de los juzgados de Paloquemao en Bogota donde se lleva a cabo un plantón para exigir la inmediata libertad de los líderes sociales detenidos y sindicados de terrorismo.

Tratando de ganar méritos, de mostrar agilidad en las “exhaustivas investigaciones“, Palomino y sus bandidos, tapando a los “uribeños“ detuvieron pues al menos a quince hijos de pobres con los que fabricaron la célula naciente” del Palomino.