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Colombia

Por: Pedro Nolasco Présiga

Ex-Presidente Nacional de Fensuagro en el exilio.

Un fallo de la sección quinta del concejo de estado, en sentencia de Julio de 2013 le restituyó la personería jurídica a la Unión Patriótica anulando una decisión atrabiliaria del concejo nacional electoral que se la había retirado en el año 2002 a través de las resoluciones 5659 y 7477.

La Unión Patriótica es hija de "los acuerdos de la Uribe" firmados el 28 de Marzo de 1984 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC-EP-, acuerdos en los que se estipuló, además, un cese al fuego y una tregua bilateral por un año.

Esta organización política que a partir de su creación empieza una intensa actividad de manifestaciones públicas, marchas, mítines, asambleas, caminatas, conversatorios en las ciudades, en el sector urbano y rural en todo el país, llegó a su primer congreso fundacional en Noviembre de 1985 con más de 3.000 delegados de todo el país en representación de más de 2.200 juntas barriales, Municipales, y departamentales.

Se iniciaba pues, una nueva forma de hacer política, desde abajo, con la participación protagónica de los humildes, "de los sin nada", de aquellos que como los campesinos y los obreros lo han dado todo, y nunca han recibido nada, a no ser el despojo, el desplazamiento, la cárcel, la represión, la desaparición, y la muerte.

LAS PROMESAS DE GARANTIAS A LA UP QUE EL ESTADO COLOMBIANO NUNCA CUMPLIO

"El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden.

Estas garantías ofrecidas por el gobierno de Belisario Betancur ( que tampoco se estaban cumpliendo) fueron tiradas al basurero por el presidente Virgilio Barco Vargas, quien declaró oficialmente rota la tregua con las FARC-EP- el 17 de Junio de 1987-legalizando además el exterminio que el paramilitarismo, ligado a multinacionales, latifundistas y ganaderos; y amplios sectores de la fuerzas militares y de seguridad del estado adelantaban contra la Unión Patriótica, que finalmente se cobró la vida de más de 5.000 Militantes de esta organización, entre ellos dirigentes de la talla de José Antequera, Leonardo Posada, Miller Chacón, Teófilo Forero, Manuel Cepeda, y los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, entre tantos otros dirigentes y militantes de un movimiento que en las primeras elecciones presidenciales en la que participó en el año de 1986 obtuvo un resultado de 328.752 votos.

En las elecciones para cuerpos colegiados y alcaldías de ese mismo año alcanzó a elegir más de 300 concejales, un significativo número de representantes y senadores en el congreso de la república, Diputados, además de concejales y alcaldes en numerosas ciudades y municipios del país.

Hoy, 31 años después, las FARC-EP- se encuentran nuevamente en un proceso de diálogos de paz en la Habana con el gobierno colombiano, y como en aquella época, la Unión Patriótica se encuentra en plena campaña electoral y una vez más renace la esperanza, renace la rosa, renace la UP. Renace la esperanza de una paz con justicia social para el pueblo colombiano, esperemos que esta vez el proceso y el final sean definitivos.

Y tal vez lo que llama más la atención en esta campaña electoral de la Unión Patriótica es que en ella participan cientos de hombres y mujeres curtidos luchadores sociales y políticos, como Bonifacio Medina, Ricardo Toscano, Luis Eduardo Betancur, Octavio Collazos, Fernando Arias Cardona, entre otros, pero también una amplia y decisiva participación de la juventud, en la que se destacan las mujeres con nombres como el de Natalia Moreno en Bogotá, James Barrero en el Meta, Silvano Calvo en Ocaña, Santander, o Jhon Alexander Melo Serrano en Bucaramanga, Marcio Blanco En Barranquilla, Aidee Moreno en el Meta, Carmenza Urzola en Sucre; luchadoras como Esneda Lopez Candidata a la Alcaldía de Apartadó-Antioqua, representantes del exilio como Carlos Andrés Pérez, candidato a la alcaldía de Chigorodó, Imelda Daza, candidata a la gobernación del Cesar; Alexandra Barbosa, Pablo Amaya, Milán Merchán, entre otros destacados luchadores, hombres y mujeres que en Viotá realizan campaña al Concejo y a la Alcaldía, y Aída Abella la presidenta de la UP, exconcejal de Bogotá, con más de 18 años en el exilio, y hoy candidata de lujo en la lista de la Unión Patriótica al Concejo de la capital de la república.

Y por esas cosas del destino, también hoy, como en aquella época, posterior a los acuerdos de la Uribe, nos encontramos impulsando la candidatura de Clara López Obregón a la Alcaldía de Bogotá, con el apoyo de la Unión Patriótica y otras fuerzas políticas.

Las garantías que no tuvo la Unión Patriótica en la época de los acuerdos de la Uribe, tampoco sobran hoy, la Campaña Electoral de esta organización se realiza en medio de un permanente hostigamiento por parte del estado, varios de sus dirigentes entre ellos candidatos a corporaciones públicas han sido detenidos, otros han sido asesinados, y el asedio paramilitar es permanente, su trabajo electoral se desarrolla en medio de unas condiciones económicas supremamente difíciles, agravados por la negativa del Consejo Nacional Electoral de entregarle los recursos económicos a los cuales por ley tiene derecho

Las fuerzas oscuras ( ya no tan oscuras, ni tan agazapadas ) que truncaron ayer los acuerdos de la Uribe y los anhelos de paz y de profundos cambios políticos, sociales, y económicos, son las mismas que hoy buscan destruir los acuerdos de la Habana y la esperanza de paz con justicia social del pueblo colombiano.

La suerte de la participación electoral y política de la Unión Patriótica es decisiva para el proceso de paz, su carga simbólica de gran significado es que viene de un proceso de paz truncado ( los acuerdos de la Uribe 1984) y que recobra su personería jurídica tantos años después y sale nuevamente a la palestra política en medio de un nuevo proceso de paz .

los asesinatos, exterminio, las desapariciones (la demanda en la comisión interamericana de derechos humanos, exterminio que está catalogado como crimen de lesa humanidad) se convierten en fuerza material y movilizadora en ciudades, campos y veredas, que cargados de simbolismo, memoria, fuerza y esperanza, clama por verdaderos y profundos cambios económicos, sociales y políticos.

La existencia de la Unión Patriótica, su participación activa en la futura lucha política, en la movilización social y reivindicativa, rodeada de todas las garantías y de la protección por parte del estado colombiano hace parte de la justicia y la reparación a las víctimas, de la verdad y de la no repetición, y debe ser una exigencia de toda la izquierda y del movimiento popular colombiano.

La lección ética, moral y política, el aporte histórico, y el noble sacrificio de la Unión Patriótica, es decisivo para el proceso de paz con justicia social, para la democracia, y para la reconciliación de los colombianos.

En la noche del sábado 17 de octubre, los representantes de los países garantes Cuba y Noruega anunciaron que el gobierno colombiano y las FARC-EP llegaron a un acuerdo sobre medidas inmediatas para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado.

Ver video abajo

 

COMUNICADO CONJUNTO 62

Con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas y de esta manera contribuir a la satisfacción de sus derechos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, hemos llegado a dos tipos de acuerdos: en primer lugar poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se pondrán en marcha antes de la firma del Acuerdo Final; y en segundo lugar, la creación de una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

I. MEDIDAS INMEDIATAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA QUE CONTRIBUYAN A LA BÚSQUEDA, UBICACIÓN,   IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DIGNA DE RESTOS DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, acuerdan:

  1. Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se desarrollarán en el marco del proceso de construcción de confianza.

En el marco de las medidas de construcción de confianza, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado unas primeras acciones para, de manera inmediata y con propósitos estrictamente humanitarios, ubicar, identificar y entregar dignamente los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Para ello hemos acordado solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja su apoyo para el diseño y puesta en marcha de planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos a sus familiares.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a proveer al CICR la información de la que dispongan y a facilitar la ejecución de los planes especiales humanitarios. Con base en la información entregada por el Gobierno y las FARC-EP, además de la información proveniente de las organizaciones de víctimas, en el marco de la Mesa de Conversaciones se definirá un plan de trabajo para que el CICR y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, diseñen y pongan en marcha los planes especiales humanitarios. En todos los casos se solicitará información y apoyo a la Fiscalía.

La Mesa, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el CICR, podrá solicitar otros apoyos de organizaciones o instituciones especializadas para adelantar el proceso de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos.

Como una primera medida las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron:

Que el Gobierno Nacional acelerará por una parte la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N. en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto, de acuerdo con las recomendaciones que haga el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y por otra parte la entrega digna de los restos identificados que no hayan sido aún entregados a sus familiares. Cuando sea necesario se solicitará el apoyo del CICR para la entrega digna de los restos a los familiares de los miembros de las FARC-EP.

Que las FARC-EP entregarán la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirá a la entrega digna de los mismos.

En todos los casos la entrega digna  se realizará atendiendo a la voluntad de los familiares, que contarán con el acompañamiento psicosocial que se requiera.

  1. Plan de fortalecimiento de la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas  dadas por desaparecidas.

Con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construya dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito, para lo cual convocará la participación de organizaciones de víctimas, especializadas y de derechos humanos.

II. UNIDAD ESPECIAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que con el fin de establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y  la reparación, el Gobierno Nacional pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final , una unidad especial  de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (en adelante la UBPD). Esta unidad tendrá un carácter humanitario y  hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Gozará de la necesaria independencia  y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones.

La UBPD dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones humanitarias en el marco del SIVJRNR encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

En todo caso la UBPD entregará a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona o las personas dadas por desaparecidas. 

La UBPD y los procesos y procedimientos que adelante tendrán carácter humanitario y extrajudicial. Para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de sus funciones se contará con la participación de organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales y la experiencia en la materia acumulada por la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas.

La UBPD tendrá las siguientes funciones:

  • Recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
  • Fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
  • Coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos, para lo cual deberá:

-        Buscar activamente, contrastar y analizar toda la información disponible de las distintas fuentes, incluidas entrevistas confidenciales y  voluntarias con quienes, habiendo participado directa o indirectamente en las hostilidades, pudieran tener información sobre lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto, así como información sobre la ubicación de fosas, cementerios y sitios donde posiblemente se encuentren restos de personas dadas por desaparecidas.

-        Diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de sus funciones y los planes regionales correspondientes,  para lo cual contará con el personal y los equipos necesarios y coordinará y se articulará con las entidades competentes. Se garantizará la participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el diseño y puesta en marcha de los planes.

  • La UBPD contará con las facultades y capacidades necesarias para cumplir con estas funciones en coordinación con las instituciones del Estado, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y con la activa participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
  • La UBPD tendrá acceso a las bases de datos oficiales y podrá suscribir convenios con organizaciones de víctimas y  de derechos humanos para tener acceso a la información de que dispongan. De conformidad con las leyes vigentes al momento de implementar el Acuerdo, el Gobierno Nacional se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la UBPD para el cumplimiento de sus funciones, y la UBPD, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente.
  • Promover la coordinación interinstitucional para la orientación de, y la atención psicosocial a, los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
  • Promover alianzas con organizaciones nacionales e internacionales especializadas  para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
  • Cuando sea posible, garantizar la entrega digna a los familiares de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre atendiendo las diferentes tradiciones étnicas y culturales.
  • Garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos.
  • Entregar a los familiares un reporte oficial  detallado de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona dada por desaparecida, al término de la ejecución del plan de búsqueda correspondiente. Los restos no identificados o no reclamados por sus familiares deberán ser preservados y estarán a disposición de las autoridades competentes para la satisfacción de los derechos de las víctimas.
  • Entregar una copia del reporte descrito en el párrafo anterior a  la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
  • Informar periódica y públicamente al menos cada 6 meses sobre las actividades de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas.
  • Planificar, coordinar y dirigir la ejecución junto con las entidades correspondientes y con la participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de un plan nacional y planes regionales para el rastreo, búsqueda e identificación.
  • Elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.
  • Para el cumplimiento de sus funciones la UBPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa.

El trabajo humanitario de búsqueda, localización, identificación y entrega digna por parte de la UBPD se desarrollará en el marco del SIVJRNR, como complemento y sin asumir las funciones de los demás componentes del mismo. En particular las actividades de la UBPD no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado.

La búsqueda de restos por parte de la UBPD no inhabilitará a la Jurisdicción Especial para la Paz y demás órganos competentes para adelantar las investigaciones que considere necesarias para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de la victimización del caso asumido por la UBPD.

En todo caso tanto los informes técnico forenses como los elementos materiales asociados al cadáver que se puedan encontrar en el lugar de las exhumaciones,  podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz y otros órganos que sean competentes. Con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la UBPD para satisfacer al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento, la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los informes técnico forenses y los elementos materiales asociados al cadáver.

La contribución con información a la UBPD podrá ser tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia.

Los funcionarios de la UBPD no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad. De ser requerido por la Jurisdicción Especial para la Paz, por otras autoridades competentes o por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quienes hayan realizado los informes técnico forenses deberán ratificar y explicar lo concerniente a esos informes y los elementos materiales asociados al cadáver.

Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición la UBPD atenderá los requerimientos y lineamientos de la Comisión. La UBPD y la Comisión, establecerán un protocolo de cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de ambas. Coordinará sus actuaciones con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la que informará de sus actuaciones y resultados y aportará la información que requiera.

En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a proveer a la UBPD toda la información de la que dispongan para establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto.

Para estructurar y poner en marcha ésta unidad especial se tomarán en cuenta las recomendaciones que haga la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como resultado del trabajo que realice en desarrollo del acuerdo sobre “Medidas que contribuyan a la búsqueda, ubicación e identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.

Conformación:

La UBPD hará parte y desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

La UBPD tendrá un/a director/a que deberá ser colombiano/a y será escogido/a por el Comité de Escogenciade los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sobre la base de criterios de idoneidad y excelencia que se elaborarán teniendo en cuenta las sugerencias del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.

Para la estructuración de la UBPD el/la director/a recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizaciones de víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.

Bogotá. Por: Hernán Durango

La Dra. Clara López Obregón, candidata a la Alcaldía de Bogotá, dijo en el acto de cierre de campaña político-electoral en la Plaza de Bolívar en horas de la tarde del viernes 16 de octubre que la estabilidad laboral de todos los trabajadores es parte de su proyecto político.

La candidata saludó a los sindicatos del Distrito Capital. Intervino ante miles de seguidores del Polo Democrático, la Alianza Verde, Progresistas, Unión Patriótica UP, MAIS, Marcha Patriótica, Liberales, Conservadores, Partido Comunista, Poder Ciudadano, Congreso de los Pueblos, Juventud Rebelde, y de sectores de AICO y otros sectores de la izquierda concentrados en el multitudinario evento.

 

Por: http://elpilon.com.co/. La Unión Patriótica fue un movimiento político fuerte en el Cesar que menguó con el asesinato sistemático de 125 de sus líderes, militantes y simpatizantes en este departamento.

El Cesar tuvo una participación importante en los inicios de este movimiento político que nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc, con el objetivo de consolidar un proceso de paz y brindar una salida política al conflicto armado. Sin embargo, su aparición en la arena política lo convirtió en víctima de la más sangrienta persecución por parte del mismo Estado en alianza con grupos armados ilegales.

El 15 de junio de 1985, en el municipio de Pueblo Bello, por primera vez se lanzó públicamente la Unión Patriótica con apoyo del movimiento cívico popular Causa Común, la Coordinadora Obrero- Campesina y Popular, los Destechados de Valledupar, las víctimas de UPAC, un grupo de madres cabezas de familia y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC.

Así lo recuerda Imelda Daza Cotes, quien en 1986 fue elegida concejala de Valledupar por la UP: “En ese año la Unión Patriótica llevó sus primeros candidatos a elecciones regionales ganando una curul en la Asamblea de Cesar y siete curules a concejos en igual número de municipios del departamento. Además en alianza con los liberales ayudamos a la elección de Álvaro Araújo Noguera representante a la Cámara. Ese resultado electoral sorprendió mucho en el Cesar, porque era un movimiento nuevo, con una campaña proselitista de escasos cinco meses y ningún movimiento lograba tanto en una primera ocasión”.

También recuerda que el descontento social producto de la marginación, el abuso y los atropellos a los que eran sometidos los campesinos y muchos dirigentes comunitarios por partes de las instituciones del Estado y los grandes terratenientes, desencadenaron el paro cívico del nororiente, organizado por la Coordinadora Obrera Campesina Popular, con el apoyo de la UP, A Luchar, Frente Popular y Democracia Popular.

Se trató de una marcha de campesinos que arrancó en Norte de Santander y terminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, que estuvo repleta de campesinos entre el 10 y 13 de junio del año 1987. Durante cuatro días, la mítica plaza que sólo se llenaba con tanta gente en los festivales vallenatos se convirtió en epicentro de las protestas campesinas que exigían soluciones por parte del gobierno.

Hubo un acuerdo entre los manifestantes, la gobernadora María Inés Castro, delegados del Ejército y la Policía, la tarde del 12 de junio. Al día siguiente terminó la marcha y la plaza fue desalojada pacíficamente.

Después de esa manifestación circularon muchas rumores en la capital del Cesar, acerca de la división que generó en sectores políticos de la región y de la amenaza contra los de la Unión Patriótica, se decía que no les la iban a perdonar haber promovido esa marcha.

Días después del paro cívico, el 27 de junio de 1987, uno de sus negociadores, José Francisco Ramírez Torres, presidente de Asonal Judicial, fue asesinado en el barrio Garupal de Valledupar. Iba llegando a su casa y al carro se le pinchó una llanta, él se bajó a cambiarla y, mientras tanto, pasaron dos hombres en moto que le dispararon.

En el mismo entierro de José Francisco, una funcionaria de la Rama Judicial se acercó a Imelda Daza Cotes y le dijo que ella sería la próxima víctima. Fue así como el 20 de julio de 1987 la concejala salió de Valledupar. Mientras Imelda optó por el exilio, su amigo Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda prefirió la lucha armada para defender sus ideales y ese mismo año se vinculó a la guerrilla de las Farc bajo el alias de ‘Simón Trinidad’.

A partir de ese crimen se intensificó en el Cesar el plan macabro de eliminar a los movimientos de izquierda. La alegría por los triunfos políticos se desvaneció con el pasar de los días, al igual que cada uno los concejales de la UP en el Cesar; uno a uno fueron asesinados, el primero fue José Antonio Quiroz Rivero, el 14 de abril de 1987, que había obtenido la votación más alta en Becerril.

De los siete concejales sólo sobrevivió Imelda, porque antes que dejar a sus tres hijos huérfanos escogió huir con ellos y su esposo lo más lejos que pudo, para evitar las balas asesinas del ‘baile rojo’ y del ‘golpe de gracia’, como fueron llamados los planes encaminados a reducir el dominio regional alcanzado por los grupos de izquierda en la elecciones de 1986.

La sobreviviente explica que los organismos del Estado (B-2 inteligencia militar, F2 policía y DAS) y paramilitares, comenzaron a asesinar sistemáticamente a simpatizantes y militantes de base de la Unión Patriótica, a dirigentes y militantes del Partido Comunista, a dirigentes de Causa Común, a dirigentes muy importantes de A Luchar, una organización política influenciada por el Eln, y a dirigentes de la coordinadora Popular, en todo el departamento del Cesar.

El 6 de abril de 1991, el dirigente de la Unión Patriótica, Jairo Alfredo Urbina Lacouture, fue asesinado en la urbanización Pasadena, al norte de Valledupar. Urbina siempre militó en el Partido Comunista Colombiano y hacía parte de la directiva UP en el Cesar. Fue concejal por ese movimiento en La Jagua de Ibirico (Cesar) en el período 1984-1986 y en Valledupar organizó el movimiento de izquierda Causa Común, junto con los también asesinados dirigentes José David López Terán, René Costa Gutiérrez y José Francisco Ramírez.

Otra de las bajas sensibles fue la de Alexis Hinestroza, que había sido diputado del Cesar por la Unión Patriótica. Lo asesinaron en noviembre de 1998, en la antigua vía principal del corregimiento de Estados Unidos en Becerril. Los paramilitares lo sacaron de su casa, a la 1:30 de la tarde de un sábado. “Estábamos viendo televisión cuando escuchamos los disparos.

Alexis salió corriendo por el patio. Dos hombres lo alcanzaron y lo mataron delante de mis dos niños”, dice el relato de la viuda Marialina Flórez.

“Era necesario dejar la ciudad, ante todo luchamos por la vida, no teníamos con que enfrentar el crimen atroz. Éramos impotentes ante esa barbarie pero la mayoría de los compañeros quiso quedarse y todos fueron asesinados, unos primeros, otros después. El último que quedaba era el compañero Luis José Mendoza que fue asesinado en octubre de 2001, en el interior de la Universidad Popular del Cesar, donde era docente y presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios seccional Cesar, Aspu. Él fue candidato de la UP al Senado, era la reserva moral y el último de nuestros compañeros”, afirma Imelda Daza que vivió en Bogotá y Perú, antes del otoño de 1989 que llegó exiliada a Suecia, donde pasó 25 otoños más.

La sueca de la UP
Imelda Daza Cotes, a sus 67 años, recuerda que es una manaurera que se convirtió en europea a la fuerza; de una infancia en las estribaciones del Serranía del Perijá, juventud en Bogotá y adultez como política de izquierda en Valledupar, pasó a vivir en el exilio, en Suecia, durante 25 años.

Le tocó dejar a su familia, sus sueños políticos y todo lo que había cosechado en su tierra para no sumarse a las 1.598 muertos que dejó el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia entre 1984 y 1997, que siguió con menor intensidad en los años siguientes.

Le tocó aprender una nueva lengua, nuevas costumbres y adaptarse a eternos inviernos, totalmente diferente al caluroso Caribe colombiano. En 1996 adquirió la ciudadanía sueca y pudo desarrollar sus dos grandes pasiones, la política y la docencia.

Lejos de su perfil como economista de la Universidad Nacional de Colombia, inicialmente trabajó en escuelas de básica primaria como maestra de español. Estudió en la Universidad de Jönköping y tras graduarse fue contratada como docente en la facultad de Comercio Internacional, en las áreas de economía del mundo hispanohablante.

Como colombo-sueca logró ser elegida, en tres periodos consecutivos, concejala del partido Social Demócrata en Jönköping, un municipio sueco situada a unos 350 kilómetros al suroeste de Estocolmo, en la orilla sur del lago Vättern. Tres veces fue postulada al parlamento, actualmente es pensionada y concejala del Partido de Izquierda.

El año pasado decidió volver a su terruño, ya no de manera clandestina como lo hizo un par de veces para visitar a familiares y amigos cercanos, retornó como uno más de los millones de desplazados por la violencia en Colombia.

“A raíz del proceso de paz que se está dando aquí yo empecé a vislumbrar que a los colombianos se nos avecinaba un momento muy especial que es el fin de la confrontación, que nos va a permitir construir paz y aprender a vivir en democracia, creo y confío en que sea así, por eso volví”, precisa la ahora candidata a la Gobernación del Cesar.

Pensando a pies descalzo y sobre la tierra caliente reconoce con dolor que las balas disparadas contra sus compañeros cumplieron el objetivo, el partido está debilitado, no tiene la misma fuerza de finales de los años 80, y no le será fácil volver a hacer política en un territorio en el que todavía no se ha superado el miedo debido a los recuerdos imborrables que dejó la época de terror.

Para las elecciones del próximo 25 de octubre la Unión Patriótica solo lleva una lista al concejo del municipio de Agustín Codazzi, integrada por cinco hombres y cinco mujeres: Jhon Jairo Saravia Bueno, Alfonso Antonio Araújo Peñaloza, Eddysson Romero Durán, Josue Hernández Herrera, Luis Eduardo Gallardo Robles, Daniela Patricia Morales De La Hoz, Elidia Mariana Viana Escorcia, Blanca Nuris Toncel González, Sandra Marcela Villadiego Rodríguez y Piedad del Carmen Teherán Sinning.

Imelda como candidata a la gobernación pese al respaldo del Polo Democrático-Alianza Verde y Progresistas, es la última en las encuestas frente a los otros dos candidatos (Arturo Calderón y Franco Ovalle), pero está convencida que poco a poco la Unión Patriótica va a renacer.

“Éramos impotentes ante esa barbarie pero la mayoría de los compañeros quiso quedarse y todos fueron asesinados, unos primeros otros después”: Imelda Daza Cotes, líder de la UP.

El 15 de junio de 1985, en el municipio de Pueblo Bello, por primera vez se lanzó públicamente en el Cesar la Unión Patriótica con apoyo del movimiento cívico popular Causa Común, la Coordinadora Obrero- Campesina y Popular, los Destechados de Valledupar, las víctimas de UPAC, un grupo de madres cabezas de familia y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC.

Imelda Daza Cotes, candidata de la UP a la Gobernación del Cesar.

Imelda Daza Cotes, candidata de la UP a la Gobernación del Cesar.

Por Martín Elías Mendoza

Por: http://elpilon.com.co/. La Unión Patriótica fue un movimiento político fuerte en el Cesar que menguó con el asesinato sistemático de 125 de sus líderes, militantes y simpatizantes en este departamento.

El Cesar tuvo una participación importante en los inicios de este movimiento político que nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc, con el objetivo de consolidar un proceso de paz y brindar una salida política al conflicto armado. Sin embargo, su aparición en la arena política lo convirtió en víctima de la más sangrienta persecución por parte del mismo Estado en alianza con grupos armados ilegales.

El 15 de junio de 1985, en el municipio de Pueblo Bello, por primera vez se lanzó públicamente la Unión Patriótica con apoyo del movimiento cívico popular Causa Común, la Coordinadora Obrero- Campesina y Popular, los Destechados de Valledupar, las víctimas de UPAC, un grupo de madres cabezas de familia y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC.

Así lo recuerda Imelda Daza Cotes, quien en 1986 fue elegida concejala de Valledupar por la UP: “En ese año la Unión Patriótica llevó sus primeros candidatos a elecciones regionales ganando una curul en la Asamblea de Cesar y siete curules a concejos en igual número de municipios del departamento. Además en alianza con los liberales ayudamos a la elección de Álvaro Araújo Noguera representante a la Cámara. Ese resultado electoral sorprendió mucho en el Cesar, porque era un movimiento nuevo, con una campaña proselitista de escasos cinco meses y ningún movimiento lograba tanto en una primera ocasión”.

También recuerda que el descontento social producto de la marginación, el abuso y los atropellos a los que eran sometidos los campesinos y muchos dirigentes comunitarios por partes de las instituciones del Estado y los grandes terratenientes, desencadenaron el paro cívico del nororiente, organizado por la Coordinadora Obrera Campesina Popular, con el apoyo de la UP, A Luchar, Frente Popular y Democracia Popular.

Se trató de una marcha de campesinos que arrancó en Norte de Santander y terminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, que estuvo repleta de campesinos entre el 10 y 13 de junio del año 1987. Durante cuatro días, la mítica plaza que sólo se llenaba con tanta gente en los festivales vallenatos se convirtió en epicentro de las protestas campesinas que exigían soluciones por parte del gobierno.

Hubo un acuerdo entre los manifestantes, la gobernadora María Inés Castro, delegados del Ejército y la Policía, la tarde del 12 de junio. Al día siguiente terminó la marcha y la plaza fue desalojada pacíficamente.

Después de esa manifestación circularon muchas rumores en la capital del Cesar, acerca de la división que generó en sectores políticos de la región y de la amenaza contra los de la Unión Patriótica, se decía que no les la iban a perdonar haber promovido esa marcha.

Días después del paro cívico, el 27 de junio de 1987, uno de sus negociadores, José Francisco Ramírez Torres, presidente de Asonal Judicial, fue asesinado en el barrio Garupal de Valledupar. Iba llegando a su casa y al carro se le pinchó una llanta, él se bajó a cambiarla y, mientras tanto, pasaron dos hombres en moto que le dispararon.

En el mismo entierro de José Francisco, una funcionaria de la Rama Judicial se acercó a Imelda Daza Cotes y le dijo que ella sería la próxima víctima. Fue así como el 20 de julio de 1987 la concejala salió de Valledupar. Mientras Imelda optó por el exilio, su amigo Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda prefirió la lucha armada para defender sus ideales y ese mismo año se vinculó a la guerrilla de las Farc bajo el alias de ‘Simón Trinidad’.

A partir de ese crimen se intensificó en el Cesar el plan macabro de eliminar a los movimientos de izquierda. La alegría por los triunfos políticos se desvaneció con el pasar de los días, al igual que cada uno los concejales de la UP en el Cesar; uno a uno fueron asesinados, el primero fue José Antonio Quiroz Rivero, el 14 de abril de 1987, que había obtenido la votación más alta en Becerril.

De los siete concejales sólo sobrevivió Imelda, porque antes que dejar a sus tres hijos huérfanos escogió huir con ellos y su esposo lo más lejos que pudo, para evitar las balas asesinas del ‘baile rojo’ y del ‘golpe de gracia’, como fueron llamados los planes encaminados a reducir el dominio regional alcanzado por los grupos de izquierda en la elecciones de 1986.

La sobreviviente explica que los organismos del Estado (B-2 inteligencia militar, F2 policía y DAS) y paramilitares, comenzaron a asesinar sistemáticamente a simpatizantes y militantes de base de la Unión Patriótica, a dirigentes y militantes del Partido Comunista, a dirigentes de Causa Común, a dirigentes muy importantes de A Luchar, una organización política influenciada por el Eln, y a dirigentes de la coordinadora Popular, en todo el departamento del Cesar.

El 6 de abril de 1991, el dirigente de la Unión Patriótica, Jairo Alfredo Urbina Lacouture, fue asesinado en la urbanización Pasadena, al norte de Valledupar. Urbina siempre militó en el Partido Comunista Colombiano y hacía parte de la directiva UP en el Cesar. Fue concejal por ese movimiento en La Jagua de Ibirico (Cesar) en el período 1984-1986 y en Valledupar organizó el movimiento de izquierda Causa Común, junto con los también asesinados dirigentes José David López Terán, René Costa Gutiérrez y José Francisco Ramírez.

Otra de las bajas sensibles fue la de Alexis Hinestroza, que había sido diputado del Cesar por la Unión Patriótica. Lo asesinaron en noviembre de 1998, en la antigua vía principal del corregimiento de Estados Unidos en Becerril. Los paramilitares lo sacaron de su casa, a la 1:30 de la tarde de un sábado. “Estábamos viendo televisión cuando escuchamos los disparos.

Alexis salió corriendo por el patio. Dos hombres lo alcanzaron y lo mataron delante de mis dos niños”, dice el relato de la viuda Marialina Flórez.

“Era necesario dejar la ciudad, ante todo luchamos por la vida, no teníamos con que enfrentar el crimen atroz. Éramos impotentes ante esa barbarie pero la mayoría de los compañeros quiso quedarse y todos fueron asesinados, unos primeros, otros después. El último que quedaba era el compañero Luis José Mendoza que fue asesinado en octubre de 2001, en el interior de la Universidad Popular del Cesar, donde era docente y presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios seccional Cesar, Aspu. Él fue candidato de la UP al Senado, era la reserva moral y el último de nuestros compañeros”, afirma Imelda Daza que vivió en Bogotá y Perú, antes del otoño de 1989 que llegó exiliada a Suecia, donde pasó 25 otoños más.

La sueca de la UP
Imelda Daza Cotes, a sus 67 años, recuerda que es una manaurera que se convirtió en europea a la fuerza; de una infancia en las estribaciones del Serranía del Perijá, juventud en Bogotá y adultez como política de izquierda en Valledupar, pasó a vivir en el exilio, en Suecia, durante 25 años.

Le tocó dejar a su familia, sus sueños políticos y todo lo que había cosechado en su tierra para no sumarse a las 1.598 muertos que dejó el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia entre 1984 y 1997, que siguió con menor intensidad en los años siguientes.

Le tocó aprender una nueva lengua, nuevas costumbres y adaptarse a eternos inviernos, totalmente diferente al caluroso Caribe colombiano. En 1996 adquirió la ciudadanía sueca y pudo desarrollar sus dos grandes pasiones, la política y la docencia.

Lejos de su perfil como economista de la Universidad Nacional de Colombia, inicialmente trabajó en escuelas de básica primaria como maestra de español. Estudió en la Universidad de Jönköping y tras graduarse fue contratada como docente en la facultad de Comercio Internacional, en las áreas de economía del mundo hispanohablante.

Como colombo-sueca logró ser elegida, en tres periodos consecutivos, concejala del partido Social Demócrata en Jönköping, un municipio sueco situada a unos 350 kilómetros al suroeste de Estocolmo, en la orilla sur del lago Vättern. Tres veces fue postulada al parlamento, actualmente es pensionada y concejala del Partido de Izquierda.

El año pasado decidió volver a su terruño, ya no de manera clandestina como lo hizo un par de veces para visitar a familiares y amigos cercanos, retornó como uno más de los millones de desplazados por la violencia en Colombia.

“A raíz del proceso de paz que se está dando aquí yo empecé a vislumbrar que a los colombianos se nos avecinaba un momento muy especial que es el fin de la confrontación, que nos va a permitir construir paz y aprender a vivir en democracia, creo y confío en que sea así, por eso volví”, precisa la ahora candidata a la Gobernación del Cesar.

Pensando a pies descalzo y sobre la tierra caliente reconoce con dolor que las balas disparadas contra sus compañeros cumplieron el objetivo, el partido está debilitado, no tiene la misma fuerza de finales de los años 80, y no le será fácil volver a hacer política en un territorio en el que todavía no se ha superado el miedo debido a los recuerdos imborrables que dejó la época de terror.

Para las elecciones del próximo 25 de octubre la Unión Patriótica solo lleva una lista al concejo del municipio de Agustín Codazzi, integrada por cinco hombres y cinco mujeres: Jhon Jairo Saravia Bueno, Alfonso Antonio Araújo Peñaloza, Eddysson Romero Durán, Josue Hernández Herrera, Luis Eduardo Gallardo Robles, Daniela Patricia Morales De La Hoz, Elidia Mariana Viana Escorcia, Blanca Nuris Toncel González, Sandra Marcela Villadiego Rodríguez y Piedad del Carmen Teherán Sinning.

Imelda como candidata a la gobernación pese al respaldo del Polo Democrático-Alianza Verde y Progresistas, es la última en las encuestas frente a los otros dos candidatos (Arturo Calderón y Franco Ovalle), pero está convencida que poco a poco la Unión Patriótica va a renacer.

“Éramos impotentes ante esa barbarie pero la mayoría de los compañeros quiso quedarse y todos fueron asesinados, unos primeros otros después”: Imelda Daza Cotes, líder de la UP.

El 15 de junio de 1985, en el municipio de Pueblo Bello, por primera vez se lanzó públicamente en el Cesar la Unión Patriótica con apoyo del movimiento cívico popular Causa Común, la Coordinadora Obrero- Campesina y Popular, los Destechados de Valledupar, las víctimas de UPAC, un grupo de madres cabezas de familia y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC.

Imelda Daza Cotes, candidata de la UP a la Gobernación del Cesar.

Imelda Daza Cotes, candidata de la UP a la Gobernación del Cesar.

Por Martín Elías Mendoza

Entrevista con Eseneda LOpez (candidata UP) a alcaldía de Apartadó

Por: Hernán Durango

Esneda López, candidata por el Partido Unión Patriótica UP a la alcaldía del municipio de Apartadó, eje bananero de Antioquia informa sobre la intensa campaña que adelantan en esa ciudad de la región de Urabá.

"La gente de Apartadó está cansada de tanta corrupción administrativa y despilfarro de los recursos públicos. La gente quiere cambios y apoya a la UP", afirma.

Joaquin Pérez/ ANNCOL/  Desde la Habana la delegación de Farc ha señalado reiteradamente que 'No venimos a la mesa de La Habana a negociar impunidades' lo propio lo ha indicado JMSantos 'Por respeto a las víctimas no negociamos con impunidad'.

En los asuntos judiciales en que está embarcado el senador Uribe no son de poca monta, todos en el ejercicio de su actividad pública que es de mayor gravedad, cuando se entiende que los Estados y sus gobernantes son los garantes en la protección de la vida de sus asociados. Uribe, actuó en contravía a ese mandato internacional, con el pretexto de aniquilar la insurgencia en Colombia se asesinó y despareció a miles de colombianos. Desde la Casa de Nariño 2002-2012 como presidente con los votos brindados por los paramilitares, desbordó sus actuaciones en contra del pueblo colombiano y sus recursos.

Si bien es cierto el paramilitarismo y el sicariato son una política de Estado que alimenta soterradamente la oligarquía colombiana, con Uribe, esa herramienta criminal se impulsó con fuerza agregándole este sujeto, los dineros del narcotráfico dado su espiritu mafioso ampliamente conocido.

Seguramente, el senador del CD, hoy tendrá microfónos en todas las radios afines, "es presecución política" y desde su twitter lanzará rabiosas diatribas a La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. Las acusaciones que referencia esta instancia dan para que la Justicia tome medidas serias. Dificil que la Comisión de Absoluciones lo haga.

En días pasados el Fiscal Eduardo Montealegre compulsó copias a la Corte Suprema "contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, se anexará a la investigación preliminar que se adelanta en contra de Uribe Vélez por hechos que ocurrieron durante su periodo como Gobernador. ¿Espera la Corte para-que Uribe elimine pruebas y testigos?

Como así que Uribe no se puede judicializar y encarcelar, ¿Acaso es intocable este bandido? El Tiempo diario soterradamente intenta descalificar la exigencia del Tribunal con maña inaceptable: "Estos son los apartes más polémicos de la sentencia que hacen referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez". Señores de el Tiempo.com, no son para la polémica en prensa y radio es para un estrado judicial.

Una cosa es que en la Mesa de la Habana las partes no hayan concertado para la firma del Acuerdo de Paz, encauzar al senador de marras "Jamás se ha dicho allá que hay que judicializar al expresidente Uribe para que haya acuerdo de paz. Es algo asombroso. No estamos haciendo un listado con nombre propio", dijo De la Calle. Por su lado, el dirigente de las Farc Iván Márquez dijo en entrevista a Felix de Bedout "No hemos dicho que sea requisito judicializar a Uribe" y otro cosa, que por estar Uribe incurso en crimenes y masacres, el concepto de Lesa Humanidad le cabe completica, que derive en aseguramiento.

Si nos atenemos a que "Nada está acordado hasta que todo esté acordado" mientras tanto, los rescoldos de la justicia en Colombia puede y debe enjuiciarlo.

 

Iván Márquez habla con Félix De Bedout sobre el proceso de paz. "No es una conversación entre un vencedor ni un vencido" afirma IvánM.

Negocios millonarios.

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Las noticias económicas cuentan que esta listo el negocio para la fusión entre las cerveceras AB InBev y SABMiller, multinacional anglo-sudafricana, de la cual la familia Santodomingo, dueña de Bavaria, es poseedora de alrededor de un 15% de acciones.

De realizare la transacción, se comenta que la familia Santodomingo obtendría unos 17.000 millones de dólares que se sumaria a los alrededor de 14 mil millones de dolares que ha acumulado durante los tiempos del terrorismo de estado aplicado por la oligarquía contra el pueblo colombiano.

La pregunta del millón, basados en el buen negocio de esta familia, es ¿Y cuanto pagaran de impuesto al estado, ellos que tanto quieren al país?.

Es necesario recordar que cuando se dio la fusión entre la empresa Bavaria de los Santodomingo con la SABMiller, en el 2005, se denuncio que en esta negociación, la familia Santodomingo no pago impuesto por unos 1.200 millones de dólares, ante la complicidad del gobierno del narcotraficante numero 82, Alvaro Uribe Vélez.

También es necesario recordar que la empresa Bavaria, “vendió” a precio de huevo, un lote a los hijos de Uribe, donde ellos consiguieron autorización para colocar su zona franca.

Miguel Suárez: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.