psykisk hälsa utvärdering skalor http://sverigepiller.com/ plan b piller fakta

Colombia

Resumen Por Hernán Durango. 

Bogotá.  Un llamado a la solidaridad nacional e internacional realizaron colectivos de artistas y trabajadores de la cultura, defensores de derechos humanos, fuerzas sociales y politicas y organizaciones comunitarias de la capital colombiana después de conocerse que la casa cultural 18 de diciembre de la localidad de Suba fue desalojada mediante un operativo violento con agresión policial incluida y cuyo resultado además es que varios jóvenes del proceso social se encuentran detenidos y pretenden ser judicializados.

Según el reporte de medios alternativos de comunicación y a través de las redes sociales el violento desalojo de la Casa Cultural 18 de Diciembre contó con la participación de piquete policial de alrededor de 200 integrantes del cuerpo represivo ESMAD y dos tanquetas. El cordón de seguridad de cerca de tres cuadras a la redonda parecía  diseñado para enfrentarse a fuerzas insurgentes, cuando en el lugar lo que había era jóvenes impulsadores del arte y la cultura.

Se reportaron daños materiales a la casa, además de agresiones por parte de los efectivos por medio del uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balas de goma y agresiones físicas, indica el reporte de Prensa Popular.

Denunciaron igualmente que se observó la presencia tardía de Bomberos e ICBF en el lugar, cuestión importante en este caso, pues se encontraban niños y niñas en el lugar.

Fueron detenidos  11 jóvenes,  quienes después fueron trasladados a la Estación de Policía de Suba. Frente a estos atropellos voceros de los colectivos de artistas y trabajadores de la cultura, defensores de derechos humanos, fuerzas sociales y políticas y organizaciones comunitarias convocan  a la realización de un plantón de solidaridad a la 1:00 pm en los juzgados de paloquemao.

La Dra. Soraya Gutierrez Arguello, abogada en ejercicio e integrante del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", dirigió una carta a al as autoridades reclamando entre otros derechos,  las garantías judiciales del debido proceso y el derecho a la defensa de cada uno de los detenidos por parte del ESMAD. A continuación el texto de la comunicación:

Bogotá, 16 de julio 2015

Señores:

EDUARDO MONTEALEGRE LLYNET

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA PREVENTIVA EN DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DRA. MARIA PAULINA RIVEROS DUEÑAS

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS

DR. GUILLERMO RIVERA FLOREZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ

GLORIA FLOREZ SHNEIDER

DIRECCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

General RODOLFO PALOMINO LÓPEZ

Ref. Denuncia de uso de brutalidad policial en desalojo de vivienda.

SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, abogada en ejercicio e integrante del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", organismo no gubernamental de derechos humanos, a través del presente escrito hago ejercicio del Derecho fundamental de Petición, afiliada a la FIDH y OMCT y con status consultivo ante la OEA conforme al art 23 de la CON, art 13 y ss. de la ley 1437 del 2012 ( Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la ley 57 de 1985, para que conforme a los hechos relacionados en el documentos anexo, se hagan efectivas las peticiones que allí se relacionan,

HECHOS:

El día de hoy, jueves 16 de julio en la casa cultural '18 de diciembre' ubicada en la dirección Cra. 99a#128c – 54 EN EL BARRIO Nuevo Corinto en la localidad de Suba se presentar

1. Con orden de desalojo de juez se realizó el procedimiento por parte de la policía, pero hubo resistencia de parte de los jóvenes gestores culturales, razón por la cual se presentaron irregularidades en el procedimiento.

2. Con la fuerza disponible ESMAD y un carro tanque se hizo una presencia excesiva de parte de esta institución, que reaccionó violentamente ante la resistencia de los residentes y con un uso desproporcionado de la fuerza agredió y detuvo ilegalmente a las siguientes personas:

1. Jorge Eliecer León Segura, identificado con CC. 80041309

2. Cristian Nicolás Rozo Briceño, identificado con CC. 1015413093

3. Carlos Andrés Rondón Piraquive, identificado con CC1019019496

4. Jeison Julian Ortiz Cardenas, identificado con CC. 1019071108

5. Antonio Torres, identificado con CC. 80821128

6. Miguel López Echeverry, identificado con CC 1019144155

7. Daniel Luna , identificado con CC. 1018459160

8. Juan Carlos Bernal, identificado con CC. 1018459160

9. Paula Marcela Quemba Nupaque, identificada con CC. 1019079591

10. kimberly Elisa Moreno Maecha, identificada con CC. 1014245471

11. Jessenia Gutierrez Alfonso, identificada con CC. 1015449547

3. Las personas antes mencionadas fueron sacados con exceso de fuerza de la casa, y de forma violenta subidas a la tanqueta del ESMAD, y conducidos hacía el CAI de la localidad, con posibilidad de ser judicializados.

4. A pesar de que hubo acompañamiento de defensores de derechos humanos y de gestores de convivencia de la Alcaldía Mayor, el ESMAD agredió a estas personas y no cumplió con sus labores de estricto acompañamiento, no hizo caso a los llamados que se hicieron para que detuvieran el uso excesivo de la fuerza.

Como bien se ha establecido la normatividad y reiterada jurisprudencia las autoridades deben actuar de manera adecuada. Proporcional y respetando el debido proceso de los involucrado. En caso contrario, podrán ordenarse medidas de reparación o resarcimiento económico así como la suspensión de los procedimientos.

La Corte Constitucional ha identificado a partir de la normatividad vigente y de la doctrina internacional un conjunto de directrices y garantías procesales básicas que deben ser atendidas por las autoridades administrativas en ejercicio del poder de policía (...)

Por estos hechos presentados nos permitimos solicitar lo siguiente:

1. Se inicien las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes para establecer si el procedimiento cumplimiento con todos los requerimientos legales conforme lo ha establecido la Corte Constitucional

2. Se investigue y sancione a los integrantes de la Fuerza Pública participantes en el operativo de desalojo por el incumplimiento de los protocolos de derechos humanos, ya que hemos recibido información que varios de los jóvenes gestores culturales de la localidad de Suba que se encontraban en el lugar donde se presentó el desalojo presentan heridas de graves y fueron conducidos al CAI de Suba violentaron a jóvenes.

3. Se ordene la remisión de los jóvenes detenidos a Medicina Legal para que establezcan las heridas en incapacidad médico legal.

4. Se brinden las garantías judiciales del debido proceso y el derecho a la defensa de cada uno de los detenidos por parte del ESMAD.

5. Se haga un seguimiento especial a los desalojos que se están dando en la ciudad y al comportamiento desproporcionado de la fuerza disponible ESMAD.

Agradeciendo la atención y a la espera que el presente Derecho de Petición sea contestado dentro de los términos de ley,

Atentamente,

SORAYA GUTIERREZ ARGÜELLO

Sabemos que Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN (por nombrar algunos) mantienen una incesante campaña mediática desde Colombia contra Venezuela y la Revolución Bolivariana. La matriz derrocha tinta y baba cotidianamente contra el país mientras hace caso omiso de los problemas internos colombianos (que, por fuerza, se han impuesto por actores foráneos).

Atacan a Venezuela Bolivariana en detrimento de los intereses del pueblo colombiano. Sin embargo, los dardos esta vez han sido devueltos por el presidente Nicolás Maduro, no para socavar la herida de la gente que siente el yugo del neoliberalismo sobre su hombro, sino para frentear a la oligarquía mediática en un debate que el propio Maduro puso sobre la mesa.

En la noche del domingo 22 de febrero, el presidente Maduro tuiteó cifras sobre los emigrantes colombiana en Venezuela. La cantidad ronda los 5 millones de neogranadinos, de los cuales 800.000 emigraron en 2014. Añadió que en 2013 ingresaron a Venezuela 189.000; en 2014, otros 144.000; mientras que en enero de 2015 arribaron 12.000 al país. Cifras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ofrece.

Para culminar, Maduro concedió “muchas más cifras de la verdad. Cifras oficiales de Colombia señalan que emigraron a USA (Estados Unidos) 1.600.000 y a España 1.200.000 ¿Por qué será?”.

La violencia: procurador general de la emigración colombiana

La historia colombiana ofrece los primeros datos: desde 1948, la violencia en el hermano país ha minado en el cuerpo social como el cáncer en la sangre humana. Con el llamado Bogotazo empezó una época denominada por los académicos como La Violencia, que determinó el desplazamiento de más de dos millones de colombianos en un país que alcanzaba a tener una población total de 11 millones de habitantes. Rafael Rueda Bedoya, en su ensayo “El desplazamiento forzado y la pacificación del país”, identifica tres oleadas de emigración forzada por desplazamiento del conflicto bélico que ha arreciado en Colombia.

“Los desplazados de países como Ruanda, Burundi y Zaire, que viven en medio de guerras civiles, limpiezas étnicas y golpes de Estado, suman 900.000: prácticamente Colombia duplica esta trágica cifra)”, dice Rueda Bedoya. En este momento, el hermano país, según cifras del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), no sólo es el que cuenta con más emigrantes en la región sino con más desplazados en el mundo con un estimado de 4.9 y 5.9 millones.

La Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela maneja otra cifra: los desplazados llegan a la cantidad de 8.300.000. Dice Juan Carlos Tanus, investigador de la institución, que el Gobierno de su país no se sincera con esta realidad “por razones políticas”.

A esto hay que agregarle agentes y factores como el paramilitarismo, el ejército, el conflicto con las guerrillas revolucionarias y la emigración económica: el colombiano que busca cierto bienestar que el Estado de su nación le niega por transar en las últimas décadas 11 Tratados de Libre Comercio con los poderes hegemónicos del Norte.

La violencia no sólo se manifiesta cotidianamente a punta de cañón, sino en la economía y el trabajo del colombiano de a pie.

Factores de la migración, destino Venezuela

Félix de Alcázar, presidente de la organización antes mencionada, refiere cuatro factores fundamentales que devienen del relato de la violencia histórica para entender la migración colombiana:

-Económico: el sueldo básico de un trabajador promedio (de 644.000 pesos por mes) no alcanza para sostenerse a sí mismo ni a su familia debido a la alta tasa de inflación y el alto costo de los bienes y servicios. En Venezuela, por el contrario, dice de Alcázar, “se le defienden sus derechos laborales al trabajador con cestatickets, seguro social y médico, además de las pensiones y jubilaciones; se le explota menos que en un país neoliberal como Colombia”.

-Político: Tanus alega que en Colombia “el Estado no se preocupa por que la gente viva con todos los derechos básicos del ciudadano; en Venezuela sí hay un Estado de derecho constituido por una revolución”.

-Social: “El problema social deriva directamente del político, porque quien no tiene para comer es porque no consigue trabajo o no le alcanza el dinero. Y aquí el colombiano, sea por vía ilegal como el contrabando, por vía comercial o por otras, consigue incluso triplicar el sueldo mínimo de acá”, declara el presidente de la organización.

-Judicial: la violencia en Colombia goza de impunidad debido a las instituciones signadas bajo el influjo narcoparaco que las sostiene. Los poderes judiciales no amparan al campesino que se cruza entre las balas ni al proletario empobrecido hasta la pauperización que duerme en las plazas públicas de Bogotá. El tema de derechos humanos en el hermano país, además, tiene eslabones perdidos. Tanus, exiliado político en Venezuela Bolivariana, víctima de dos intentos de asesinato cuando residía en su país (1993 y 1996), sabe de eso.

Como trágica cereza sobre el pastel, para el año 2008, aproximadamente 230 colombianos cruzaban diariamente la frontera hasta suelo venezolano. Para este año se calculan alrededor de 300, según datos recogidos por la asociación. Algunos cruzan de forma legal, otros “por caminos verdes, atravesando ríos”, refiere Tanus.

Metodología para la investigación

Gustavo Rodríguez, quien es el responsable de la organización en el estado Lara, dice que “tenemos años recorriendo el país para suministrarnos de información. Los colombianos que están aquí convergen entre cuatro identificaciones, o no identificaciones: los irregulares, los que transitan la frontera diariamente, los que están incluso nacionalizados, y los que nacieron acá de padres colombianos”.

Desde la asociación creen que los parámetros para medir en estadística a los emigrados desde Colombia no toman en cuenta sino el factor de vivienda: “Faltan otras medidas como la situación económica, la ilegalidad de nuestros compatriotas, en qué área de producción trabajan, incluso la situación de emigración en que llegan a este país”, recalca Rodríguez. Tendría razón, porque como acota Tanus: “El origen de la migración colombiana es rural debido a la violencia”, cuestión que se silencia en el relato de la oligarquía colombiana. Y resalta que “nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por recabar esta información que el compañero Maduro tiene”.

En este caso, la metodología para la cuantificación, la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela ha hecho un trabajo de hormiga, ya que las fuentes oficiales no ofrecen esta rigurosidad. Las decenas de cajas llenas de archivos, encuestas y papeles de todo tipo y color (en proceso de digitalización) demuestran su testimonio.

Reconocimientos y desconocimientos

Las cifras que lanzó el presidente Maduro coinciden plenamente con los indicadores investigados por la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela. Mas estas cifras no se conocen oficialmente sino por medio del presidente, del cual varios medios se han hecho eco.

El trabajo de esta institución consiste no sólo en dar a conocer datos y estadísticas sobre la realidad de sus compatriotas en suelo venezolano, sino también darle un signo político: “Que el colombiano conozca las causas y los factores fundamentales de su emigración” para así poder pensar a Colombia “desde otra realidad que no fuera la de la violencia sino desde el bienestar”, dice Tanus.

Un dato que destaca desde la asociación civil son las declaraciones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, cuando entregaron a la justicia venezolana al naziconspirador Lorent Gómez Saleh. Dijo que “las buenas relaciones (entre Venezuela y Colombia) son en beneficio de ambos países en particular de más de 4 millones de colombianos que viven en territorio venezolano”, lo que significa que el primer mandatario colombiano reconoce “de alguna forma”, dice Tanus, el problema de la migración.

Según de Alcázar, la apertura política que significaría una negociación sensata entre el gobierno de Santos y las guerrillas traería, en cuanto al cese de la violencia, un buen augurio para que la sociedad colombiana asumiera el debate de la migración y, por ende, “la de todos los renglones del país”, además de “garantías electorales” para que un frente distinto llegue al palacio Nariño.

Este sería el escenario adecuado, como refieren los de la organización de colombianos en Venezuela, para regresar a casa.

RNV

En Villavicencio, Meta, policias detienen a Esmer Montilla, defensor de derechos humanos

Esmer Montilla, presidente de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, DHOC, fue detenido hoy miércoles 15 de julio  por la policía judicial en la ciudad de Villavicencio.

Montilla quien fue detenido por el CTI de la Fiscalía, el día de hoy, es un reconocido defensor y promotor por la defensa de los derechos humanos y el D.I.H., a favor de las comunidades.

Gran parte de las denuncias y alertas tempranas de la Fundación DHOC, visibilizan las violaciones a los DD.HH  y el D.I.H por parte de la Policía Nacional y el ejército.

Las organizaciones sociales y populares a través de las redes sociales exigen se aclaren los hechos y la garantía que la detención de Esmer Montilla, no sea una represalia por parte de la Policía Nacional, en razón a las denuncias de DHOC, en relación con las retenciones ilegales, empadronamientos, desapariciones, hostigamiento y persecución contra los dirigentes sociales, por parte de la fuerza pública.

Por el momento se conoce que fue inmediatamente incomunicado por la Policía Nacional.

Por Nelson Lombana Silva

(Ibagué, julio 16 de 2015) Arranca en el departamento de Tolima la participación activa en el desarrollo de la II Asamblea Nacional por la Paz programada para los días 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

Para tal efecto, se constituyó ayer en la ciudad de Ibagué un equipo impulsor comprometiéndose a organizar un evento de paz en el ámbito departamental el 12 de agosto en el centro de convenciones "Alfonso López Pumarejo" y participar activamente en el encuentro interdepartamental (Tolima, Huila y Caquetá) el 7 de septiembre en Neiva. De igual manera, organizar los delegados para participar del evento nacional.

Del evento hicieron parte importante autoridades civiles y eclesiásticas, lo  mismo que representantes de organizaciones sindicales, populares, jóvenes, artistas, cultores, políticos, quienes expresaron el interés por socializar y defender el proceso de diálogo que se adelanta en la Habana (Cuba) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc – Ep) y el presidente nacional de Juan Manuel Santos Calderón.

Entre las personalidades asistentes se cuentan: El gobernador encargado, la asesora de paz del departamento, doctora Nohora Arciniegas, el delegado del obispo, el sacerdote Antonio Cifuentes, el ex magistrado Jaime Leguizamón Caicedo, el ex diputado de la Unión Patriótica, Raúl Rojas González, el secretario general del Partido Comunista del Tolima, Rodrigo López Oviedo, el presidente de la Cut regional Tolima, Pedro Antonio Barón, las defensoras  de derechos humanos, Flor Múnera, Lily Ipuz Medina, Ruth Nieto Martínez, Doris Romero, Danilo López Carrero, candidato a la asamblea del Tolima por el Partido Comunista y la Unión Patriótica, miembros de la Juventud Comunista (Juco), Jairo García Nagles candidato a ser decano de la universidad del Tolima, miembros de la Unión Patriótica, El Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, Liberales, Artistas y Cultores, campesinos, el colectivo de Asodemuc, una delegación del departamento de Huila y los compañeros de Bogotá, Jairo Ramírez y Cesar Carrillo, ex presidente de la Unión Sindical Obrera (Uso), entre otros.  

"El proceso de paz se ha mantenido por las alturas, con una comunidad que se ha quedado al margen. Se hace necesario la participación directa de la comunidad", dijo Jairo Ramírez. Mientras tanto Cesar Carrillo dijo que la segunda Asamblea por la Paz tenía tres ejes centrales de discusión: La política minero energética, desarrollo regional y construcción de paz y cultura de paz en el posibles post acuerdo.

El evento nacional viene siendo impulsado por la Unión Sindical Obrera (Uso), la Universidad Nacional y el Ministerio del Trabajo. Dice la convocatoria: "La Asamblea es un escenario amplio, participativo, plural e incluyente que deliberará sobre tres ejes temáticos relacionados con asuntos cruciales para la construcción de una paz integral, estable y duradera: Política minero energética, Desarrollo territorial para la paz y pedagogía para la paz  y post acuerdos".

El equipo de trabajo quedó conformado de la siguiente manera: Pedro Antonio Barón, presidente regional de la Cut; Nohora Arciniegas, Asesora departamental de paz; Nelson Lombana Silva, presidente municipal de la Unión Patriótica, secretario general del Partido Comunista en Ibagué y miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano; Fabián Hernández, de la universidad del Tolima; Juan Acero, comisión de paz Marcha Patriótica; Juan Bermúdez, comisión de paz Marcha Patriótica; José Orlando Sierra, pastoral social; Heber García Zambrano, Reiniciar; Andrés Hernández, Aceu; Julio Cesar Vásquez, Participación Comunitaria; Jonathan Varón Posada, Juventud Comunista; Marco Prieto, mesa departamental Up; Jorge Montañez, Congreso de los Pueblos; Lily Ipuz Medina, Asodemuc; Gilberto Salinas Novoa, Sintragritol; Flor Múnera, Derechos Humanos; Ramiro Galvez, comité ambiental; Fernando Zambrano, Uneb.

El equipo se reunió inmediatamente para fijar horario de reuniones y lugar, comprometiéndose a trabajar activamente para que la población civil participe activamente del proceso de paz que se desarrolla en la Habana.

Por Hernán Durango-  Ante la repudiable arremetida policial del ESMAD contra estudiantes de un colegio en Soledad (Atlántico) cuando ejercían una protesta legitima y pacifica ha existido silencio de las autoridades del departamento y de los municipios del área metropolitana, denuncia en entrevista telefónica la joven estudiante Angie Villadiego, dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES en la región caribe colombiana.

La estudiante Angie Villadiego convocó a la ciudadanía y fuerzas democráticas y amantes de los derechos humanos y la paz para que se pronuncien por  el inmediato desmonte del escuadrón ESMAD de la policía por su carácter represivo contra las protestas civilizadas del país.

 Cuestionó la labor del ESMAD y su comandante en la región la intendente Gloria Torres, que para disolver la protesta educativa realizada este martes 14 de julio en la calle 30 con la 13 de Junio, entrada del municipio de Soledad  en el suelo patearon a un padre de familia y a una madre la tumbaron, gasearon a todos presentes en el lugar. También agredieron a la prensa para que no grabaran. "Allí aplicaron un procedimiento irregular, que raya en lo salvaje, ganándose el repudio generalizado de la ciudadanía  en el Atlántico y el país por su  brutalidad" escribió un reportero.

Marcela Belchior /Adital

 Colombia está entre los 10 peores países en el mundo para los trabajadores y trabajadoras. Lo señala la Confederación Sindical Internacional (CSI), que acaba de publicar el Índice Global de los Derechos, clasificando un total de 141 países, en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente. El objetivo es evaluar la protección de los derechos laborales tanto en el ámbito de la legislación como en la práctica laboral.

Además de las naciones ya citadas, están en el tope del ranking Bielorrusia, China, Egipto, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Suazilandia y Emiratos Árabes Unidos. Según el relevamiento, en 73 de los 141 analizados, los trabajadores son víctimas de despidos, suspensiones, recortes salariales y reducción de la categoría por intentar negociar mejores condiciones de trabajo, mientras que en 84 países, los empleadores adoptan estrategias ilegales para negar o retardar la negociación con los sindicatos representativos.

De acuerdo con la puntuación asignada a cada nación evaluada por el estudio, 16 países cometen violaciones irregulares de los derechos, en 26 naciones hay violaciones repetidas de los derechos, 36 de los evaluados registran violaciones regulares de los derechos, y 27 países registran violaciones sistemáticas de derechos. En 27 de las 141 naciones estudiadas, los derechos laborales no están garantizados y en nueve de ellas eso ocurre debido a la desintegración del Estado de derecho, como Siria y Palestina.

Perú se destaca en el Índice como la nación que registra violaciones sistemáticas de los derechos laborales. Según el informe de la CSI, hay también en territorio peruano varios casos de abusos de los derechos humanos y sindicales. Un ejemplo es el ataque violento practicado contra el dirigente sindical Luis Cárdenas, ocurrido en septiembre del año pasado, en una localidad cercana a su propia residencia.

Otro caso ocurrido en Perú, enfatizado por el informe, fue la detención irregular de Juan Carlos Talavera Flores, secretario de prensa del Sindicato Único de Técnicos Aeronáuticos de LAN Perú (Sitalanpe), el 21 de junio de 2014. Otro ejemplo fueron las agresiones físicas y atentados practicados contra la vida y la salud de los trabajadores, ocurridos mientras prestaban servicios de vigilancia a las operaciones de la empresa Savia Perú; el caso fue denunciado, en abril del último año, por el Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Risk Control, contratante del sector petrolero.

En 11 países, uno más en relación con el relevamiento del último año, se registraron asesinatos de sindicalistas. Solamente en Colombia, se registraron 22 casos de este tipo de delito. En un tercio de las naciones estudiadas se niega a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva.

Hotel Botero Plaza, 25 de julio de 2015

Presentación

La Asamblea Constituyente de Antioquia (2001-2003) fue un momento de la participación ciudadana donde distintos sectores de la vida política, económica y social del departamento buscaron firmar un nuevo ´contrato social´ alcanzando acuerdos en torno a gobernabilidad, educación, cultura, nuevo modelo de desarrollo humano integral y una solución política al conflicto armado.

Este proceso estuvo acompañado por cerca de 900 líderes de todas las subregiones de Antioquia, quienes en Asambleas Populares en 113 municipios del departamento, sesionaron en torno al mandato por la Paz.

En septiembre de 2007, el VII Encuentro Nacional Constituyente, "Colombia Construye su Legitimidad a Través de los Procesos Constituyentes" realizado en el Huila, proclama como principios constitucionales de soberanía popular, la democracia participativa, la gobernabilidad democrática, la pluralidad, el respeto a la vida, a la libertad, la autonomía de los entes territoriales, la solidaridad, la descentralización y la Justicia Social como componentes esenciales de Paz, que serían fundamento de unidad y guía del movimiento constituyente colombiano.

Posteriormente en agosto de 2011, el "Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia. El Diálogo es la Ruta", nuevamente convocó la realización de Constituyentes Regionales por la Solución Política al conflicto Social y Armado y La Paz con Justicia Social en Colombia.

Para el mes de abril de 2013 se realizó en Medellín el "Encuentro Regional de Procesos de Asambleas Municipales Constituyentes e Iniciativas de Participación Ciudadana" con la participación de 100 delegados de 28 municipios y 68 organizaciones y da el mandato de convocar una nueva Asamblea Constituyente en el Departamento de Antioquia y declarar imperativo respaldar las conversaciones de paz que realiza el Gobierno Nacional con la insurgencia en la Habana, Cuba; asimismo solicita del gobierno nacional brindar garantías reales en los escenarios de participación política electoral, la financiación a las campañas de las minorías, las circunscripciones especiales, avales populares, desmonte del paramilitarismo y cese de la impunidad como garantía para la participación política del pueblo colombiano.

Como han definido claramente los diferentes Encuentros estamos "atravesando una de las peores encrucijadas de la humanidad [la guerra] que nos obliga a repensar y a reinventar nuevas relaciones sociales, políticas y económicas que nos incluyan a todos y permitan procesos auto sostenibles y democráticos." (Huila: 2008)  De tal suerte "la sociedad colombiana no puede continuar sometida a las decisiones y apuestas de la planeación estratégica de la guerra y solución militar, que no reparan en manera alguna en la tragedia humana que trastorna abruptamente trayectorias individuales y familiares de vida, ni en los impactos económicos, políticos, culturales y sicosociales que trae consigo la prolongación de la guerra."  (Barrancabermeja: 2011)

En cumplimiento de lo anterior las Asambleas Municipales Constituyentes -AMC- surgen de la voz de las comunidades como expresiones de vida y transformación convocando y expresando la democracia directa en el poder local.

De tal suerte los Procesos Constituyentes tienen el desafío histórico de generar conciencia y politizar la gente del común en torno al tema de la Paz; generar estrategias amplias y  participativas de trabajo organizativo y de movilización que coadyuven en la construcción del Poder Popular, donde las Constituyentes por la Paz con Justicia Social se presentan como una de varias alternativas de participación política que  rebasan la estructura electoral y marco jurídico del Estado, dado que es el pueblo directamente, sin delegar nunca su poder, quien decreta mandatos y ejerce como soberano.

Objetivos del conversatorio:

  1. Construcción de una plataforma política para el movimiento constituyente que recoja las líneas de los procesos constituyentes como son: paz con justicia social  y reconciliación; sociedad participante; cambio  institucional; modelo de desarrollo humano integral, sostenible y sustentable; asambleas constituyentes y poder popular.
  2. Participación y representación de los procesos constituyentes en un eventual escenario de Asamblea Nacional Constituyente producto de los acuerdos de La Habana.
  3. Trazar tareas puntuales para los procesos constituyentes en el actual momento político.

Cronograma de trabajo

8: 00 a 8:30 a.m. Recepción e inscripción de participantes.

8:30 a 9:00 a.m. Instalación, saludos y presentación objetivos y metodología.

9:00 a 11 a.m. Trabajo por mesas.

11 am a 12 m.  Plenaria central.  Presentación y sistematización informes por mesa.

12 m. a 12:45 p.m. Almuerzo.

12:45 p.m. 1:45 p.m. Contexto acuerdos políticos del proceso de Paz.

  • Acuerdos Participación política.
  • Acuerdos Política Agraria.
  • Acuerdos Drogas Ilícitas.
  • Acuerdos Victimas.

1:45 a 2:45 p.m. Trabajo por mesas.

  • Mesa Participación política.
  • Mesa Política Agraria.
  • Mesa Drogas Ilícitas.
  • Mesa Victimas.

2:45 a 3:45  p.m. Plenaria.

3:45 a 4:45 p.m. Conclusiones y cierre de evento.

Informes

Blog: www.constituyenteantioquia.blogspot.com

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Por: Miguel Suárez (2015-07-16). Así titulo Caracol radio una nota con Sandra Martínez Jaraba, la hermana del soldado profesional,  Wilson de Jesús Martínez Jaraba, quien falleció luego de explotarle una mina que intentaba desactivar como parte del desminado humanitario acordado entre las Farc-EP y la oligarquía colombiana, que se realizaba en la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño en Antioquia.

Al conocerse la noticia, Juan Manuel Santos, presidente de la oligarquía colombiana, a través de su cuenta en la red social Twitter publicó, "en lamentable accidente de desminado falleció soldado Wilson de Jesús Martínez. Condolencias a su familia".
 
Por su parte la oficina de Sergio Jaramillo, “alto comisionado para la paz”, emitió un comunicado donde recordaba a Wilson de Jesús, no solo como un desminador con más de 9 años de experiencia, sino además como "padre de dos hijas y un soldado que sirvió con honor al país durante 12 años".

Dos hijas que quedaran totalmente desamparadas, como tantos otros hijos, hijas, madres, esposas y padres que permitieron que sus seres queridos se enrolaran en las filas del ejercito de la oligarquía, que después cuando estos llegaron mutilados o muertos, todos ellos fueron tirados al abandono, recuerdan ustedes al soldado Dominguez?.

El soldado profesional William Domínguez Castro fue hecho prisionero de guerra por las Farc-EP, el 20 de enero del 2007 en Florencia, Caquetá, Fue liberado de forma unilateral por esta organización guerrillera en febrero de 2009.

Ya libre, en la selva de cemento que controla la oligarquía colombiana, después del show mediático, que Álvaro Uribe montó el día de su liberación, las mal llamadas “autoridades” poco o nada se preocuparon por él.

Separado del Ejército como elemento inservible, siguió el destino trágico de muchos de los colombianos que padecen la marginación.

Ya en libertad, en la jungla de cemento, donde vivió sus últimos días desprotegido y olvido por el estado, cayo asesinado en un hecho que nunca fue esclarecido ya que a ellos, a la oligarquía colombiana realmente les interesa un comino la suerte de los soldados y el general, del pueblo colombiano.

Durante su tiempo de cautiverio el gobierno colombiano no hizo nada por su liberación, aunque de dientes para afuera expresaba su “amor” por los soldados prisioneros de guerra.

Hablando del soldado Martínez, otra nota de prensa decía que el “Gobierno agradece labor de soldado Martínez Jaraba y lamenta su muerte”, y ya, con eso pasaran al olvido su hermana, su mujer y sus hijas, mientras los hijos de los ricos, no van a la guerra, ni sus padres o familiares tendrán que lamentar la muerte de estos.

!Que manden a la guerra a Toma y Jerónimo Uribe, dirigidos en el terreno por Esteban Santos, hijo de Juan Manuel Santos, presidente de la oligarquía colombiana!.

Por: Miguel Suárez (2015-07-16). Dos bombas explotaron el jueves 2 de julio en Bogotá, en las sedes del fondo de Pensiones y cesantías Porvenir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en lo que algunos llaman el corazón financiero de Bogotá, una de las zonas mas vigiladas del país, dejando algunas personas heridas.

La noticia causo conmoción en el país, que recordó los tiempos de las bombas del Das y del cartel de Medellín.

Escasamente había pasado una semana cuando otra bomba, esta vez noticiosa fue entregada al país, según el parlanchín que oficia como jefe de la policía de la oligarquía colombiana, general Rodolfo Palomino, ellos después de haber unidos esfuerzo de todos los aparatos de policía y después de una investigación exhaustiva, había logrado detener a los autores de las bombas.

Un grupo de 15 personas ligadas a diferentes organizaciones populares, que según el, eran una “célula naciente” del ELN.

Por los burdo de la historia, muchos alertaron desde la primeras noticias de que se trataría de un montaje o falso positivo, que entre sus autores tendría a general Rodolfo Palomino, de conocidas relaciones con paramilitares y fascistas.

Y no se equivocaron, hoy los jóvenes detenidos tras la exhaustiva investigación, que como pruebas presentan fotos borrosas donde no se reconoce bien a una persona, fotos de almuerzos en restaurantes o de estos montando en bicicleta, nos dicen que ellos no fueron capturados por las bombas en las oficinas de Julio Mario Santodomingo, sino por una manifestaciones en mayo pasado.

Días después de las bombas, una serie de llamadas telefónicas sembrado terror el Bogotá fueron reportadas por la ciudadanía, ante lo cual tanto el ministro del interior Juan Fernando Cristo y el propio Juan Manuel Santos, señalaron que fue el grupo de los “Uribeños“ el autor de las llamadas.

Si los “Uribeños”, como lo asevero el gobierno estuvieron tras las llamadas que sembraban el terror, porque no pensar que también estaban tras las bombas?, entonces porque tapar esto con la captura de unos jóvenes “por disturbios en la universidad nacional”, presentadolos primero como los autores de las bombas en Bogotá?, ¿porque tapan las acciones terroristas de los Uribeños?

Con la participación de importantes referentes de la comunicación de América Latina, legisladores y medios populares y públicos de Colombia, los días viernes 24 y sábado 25 de julio se realizará un Foro público que buscará promover el debate sobre el derecho a la información y la propiedad de los medios de comunicación en el país.

El evento es convocado conjuntamente por Canal Capital, la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa, Contagio Radio y los periódicos Desde Abajo y Voz. Tendrá lugar en el Auditorio delCentro Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.

La apertura será el viernes 24 de julio, a las 2 pm. Disertarán el gerente de Canal Capital, Lisandro Duque; la presidenta del Polo Democrático Alternativo -PDA- Clara López, la directora del portal de noticias Las 2 Orillas, María Elvira Bonilla; el director de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- Pedro Vaca, y representantes de medios de Venezuela, Argentina y Brasil.

Durante el día sábado se debatirá desde las 8 am. en dos mesas: “Libertad de prensa o manipulación de la información en América Latina” y “Legislación, derechos y propiedad de los medios de comunicación en Colombia y América Latina”. Para cada instancia contaremos con la participación de ponentes de medios de comunicación de Latinoamérica y de importantes medios y referentes legislativos de Colombia.

El evento tiene como objetivo central alimentar el debate sobre la realidad de los medios de comunicación, y aportar insumos para la elaboración de una Ley de Medios que democratice las comunicaciones en el país, en relación a las experiencias similares que ya se han dado en otros países del continente. Al mismo tiempo, se busca promover la articulación de los procesos comunicativos populares y comunitarios con los medios públicos estatales, a nivel nacional y en el contexto latinoamericano.

Foro Internacional “Hacia una Ley de Medios que democratice la comunicación en Colombia: experiencias en países de América Latina”


Fecha y hora: Viernes 24 de julio, 2 pm. Sábado 25, 8 am.


Lugar: Centro Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Carrera 19b 24-86.


Contacto de prensa: Milena Perdomo, Editora de la Agencia Colombia Informa: (+57) 310 757 34 54