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Colombia

Una vez mas nuestra Comunidad de Paz, acude a la humanidad y a la historia, para dejar constancia de nuevos hechos de muerte, persecución y dolor al que es sometida nuestra comunidad y la población de nuestro entorno geográfico y social.

· El miércoles 5 agosto de 2015, en horas de la mañana el Comandante de la Brigada XVII del Ejercito Nacional, Coronel Germán Rojas Días, a través de un evento público en las afueras de la Alcaldía Municipal de Apartadó, manifestó el interés absoluto de que se quiten las medidas cautelares y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad de Paz. No es la primera ves que un funcionario del Gobierno Colombiano expresa dicho anhelo, ni es extraño escuchar de dicho Coronel semejantes atrevimientos ambiciosos cargados de inclemencia contra nuestro proceso de vida de la Comunidad de Paz. No basta la persecución enconada y malévola, ni los niveles de estigmatización, chantaje y persecución que ha tejido dicho coronel contra nuestra proyecto de vida. Entendemos claramente esas, las razones y propósitos que recaen sobre dicho funcionario para mantenerlo en esa guarnición militar, con el objeto de destruirnos a como de lugar, incluyendo el que se levanten las medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Comunidad de Paz.

· El miércoles 26 de agosto de 2015, mientras tres miembros de nuestra Comunidad de Paz se trasladaban desde el casco urbano de Apartadó, hacia el asentamiento de la Comunidad en San Josecito, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional que se movilizaban en motocicleta, quienes sometieron a los miembros de nuestra comunidad a chantaje, luego procedieron a anotar en una libreta las placas del vehículo en el que se trasladaban. En forma contundente se evidencia el método de pillaje y persecución que se vuelve a implementar contra los miembros de nuestra Comunidad de Paz.

· El jueves 10 de septiembre de 2015, hacia las 11:00 horas, dos miembros de nuestra Comunidad de Paz que se trasladaban desde San Josecito hacia el casco urbano de Apartadó, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional, a la altura del barrio Alfonso López, en Apartadó. Allí, fueron empadronados y fotografiados por agentes de la Policía, argumentando que ellos hacían lo que se les daba la gana, que ellos eran la autoridad y que estaban por encima de cualquier sentencia de la Corte Constitucional, en total desacato a la sentencia C-1024 del 2002 la cual prohíbe a la fuerza pública los empadronamientos, y dice; ´´esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni en estados de normalidad ni en estados de excepción. ``

· El viernes 11 de septiembre de 2015, varios campesinos procedentes de la vereda Mulatos del Corregimiento de San José, los cuales se encontraban en la vereda Playa Larga del mismo Corregimiento, fueron abordados por varios paramilitares vestidos con prendas militares y portando armas largas, los cuales afirmaron que los habitantes de la vereda Mulatos y Resbalosa eran guerrilleros y milicianos de las FARC, que no se les permitía volver a pasar por allí, según ellos, estaban haciendo inteligencia para la guerrilla.

· El lunes 21 de septiembre de 2015, hacia las 12:00 horas fue asesinado el campesino Ernesto Guzmán, padre de 5 hijos y habitante de la vereda Playa Larga del Corregimiento de San José, según campesinos de la zona, la muerte se da a manos de paramilitares quienes le propinaron varios impactos de bala, ante un Estado cómplice y asesino una nueva muerte, se atenta contra una vida.

· Este mismo lunes 21 de septiembre de 2015, hacia las 3:00 horas, en el asentamiento de San Josecito, dos hombres vestidos de traje oscuro, intentaron ingresar a la vivienda de un miembro de Consejo Interno, al no lograr abrir la puerta y al escuchar el ruido de los ocupantes de la vivienda, los sujetos emprendieron la huida.

Rechazamos terminantemente toda acción de muerte y destrucción de la vida, e imploramos a que se respete lo mas digno de un humano, la vida, y a que cese el derramamiento de sangre.

El dolor no nos hará retroceder jamás, nos dará fuerza y moral para seguir construyendo día a día un mundo incluyente, justo y digno.

Por: Miguel Suárez (2015-09-25). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano llegaron este miércoles (2015-09-23), a un acuerdo en el tema de justicia y víctimas, donde crean una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz.s

El tribunal estaría compuesto “por jueces colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros”, quienes deberán juzgar a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno.

Así aunque los medios de desinformación y sus paramilitares de micrófono en Colombia, se esfuerzan por meterle en la cabeza a los colombianos que este tribunal sera solo para juzgar a los guerrilleros, la verdad es que el acuerdo dice que sera para “juzgar a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”.

Y en el principalmente han participado empresarios y políticos de derecha y ellos, supuestamente deberán ser juzgados por el tribunal, entre otros Juan Manuel Santos por crímenes de guerra.

Como ministro de guerra de Alvaro Uribe, Juan Manuel Santos, es el responsables del asesinato a sangre fría de miles de hijos de pobres, que luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en una maquiavélica estrategia para mostrar como derrotada a la guerrilla.

Pero no solo eso, ofreció pagar 5 mil millones de pesos por el asesinato del comandante Iván Ríos, a quien había dado la mano, tal como se la dio al comandante Timoleón Jiménez, en Cuba, cuando firmaron el acuerdo.

También en el mes junio de 2014, en plena campaña votacional, ante las cámaras de televisión hizo publico el reconocimiento de el asesinato de un prisioneros de guerra cuando dijo: "Yo ordené la muerte de Alfonso Cano”.

El artículo 145 del Código Penal Colombiano considera como un acto de barbarie rematar prisioneros heridos o enfermos y el artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, dice que "quien haya dejado de participar en las hostilidades tiene derecho a que se respete su persona y a ser tratado con humanidad en toda circunstancia”.

Según el comandante Francisco González de las Farc-EP, “Alfonso Cano, fue capturado vivo y posteriormente asesinado. Se conoce que después de la captura de Alfonso Cano, el presidente de la república viajó a Popayán en horas de la tarde y en horas de la noche, según los indicios que hemos recogido, fue asesinado en la cañada donde posteriormente se creo la historia de que había caído en Combate”. 

Así, el tribunal compuesto por los muy “honorables” jueces colombianos y extranjeros, que sabemos defienden los intereses de las oligarquías, deberán pues mostrar su imparcialidad comenzado por el asesino Juan Manuel Santos.  

Prensa YVKE- Prensa Cancillería / Radio Café Stereo/ Caracas, septiembre 23 - Este miércoles, el Gobierno Bolivariano rechazó las declaraciones del ex presidente colombiano *César Gaviria, dadas en el marco de la discusión de la frontera, durante una cumbre de “ex presidentes antichavistas”.

Así lo informó el vocero del Consejo Presidencial de Gobierno, Aristóbulo Istúriz, indicando además que Gaviria “no tiene ninguna autoridad moral”, para hacer actos calificativos en contra del presidente Maduro.

Como todos los gobiernos colombianos, el de Gaviria solo le dejó al pueblo, la guerra, pobreza y exclusión social, “lejos de criticar(...)debe asumir su responsabilidad”, frente a los millones de colombianos desplazados.

Bombardeo a Casa Verde*, impronta indeleble de Gaviria

Este personaje con 'voz aflautada', con la muerte de CGalán, asumió como candidato presidencial llegando a gobernar a Colombia 1990_1994 con su slogan "bienvenidos al futuro" incendió el país interrumpiendo con bombas al Cese la Fuego Tregua y Paz que estaba en curso. Sus obras memorables: enterrar la economía del país con la apertura de fronteras a productos foráneos fundamentalmente estadounidenses y bombardear la sede del Secretariado de las Farc. Ahora la emprende contra Venezuela reuniendo a la plaga de ex presidentes colombianos. No hay derecho.

Finalmente, Istúriz señaló que esos gobiernos llenaron a Colombia de bases militares, legalizaron el contrabando para imponer el delito como una relación comercial “crearon e institucionalizaron la violencia”.

*Operación Casa Verde

Operacion colombia.JPG

Un UH-60 del Ejercito en Casa Verde. Diciembre 9 de 1990

Compatriotas y amigos de la paz de Colombia:

Les traemos hoy, además de nuestro abrazo fraterno, un parte de victoria colectiva: hemos logrado, con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos una Jurisdicción Especial para la paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto.

El actual proceso de Paz es el único en el mundo que ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: los de la Verdad, la Justicia, la reparación y la no repetición.

Aspiramos a que nada detenga ahora el raudal de un pueblo que exige paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación; un pueblo, que quiere palpar con sus propias manos las bondades desconocidas de la justicia social, y sentir con el advenimiento de la democracia verdadera, que la exclusión y la desigualdad empiezan a convertirse en un brumoso presente que se aleja.

Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz hacemos realidad lo reiterado en la Mesa de conversaciones en cuanto a que las víctimas del conflicto están en el centro del acuerdo; la jurisdicción de la que informamos, examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los derechos humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad.

Hemos buscado que con la creación de esta jurisdicción especial para la paz se satisfagan en el campo de la justicia, las aspiraciones del pueblo colombiano, de las víctimas, de los defensores de DDHH y de la comunidad internacional. Las partes en las conversaciones procuraron conjugar el derecho a la paz como derecho síntesis de todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas y que ha permitido que las agresiones contra el pueblo no sean nunca debidamente castigadas, siendo ello otro impedimento para la paz.

El Sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto - combatientes y no combatientes-, tengan oportunidad de ofrecer Verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo, de reparación para las víctimas. Y las sanciones serán alternativas para quienes únicamente ofrezcan una parte de la verdad, y retributivas para quienes negándose a ofrecer verdad sean condenados en juicio. En uno u otro caso, para los responsables las penas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel; es decir, 12 años más de prisión que lo establecido en la última ley de justicia transicional, la 975 de 2005, aprobada por el Estado colombiano.

En tanto los acuerdos respetan el ordenamiento jurídico internacional, contemplan la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, y que dispone: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. Es obvio entonces, que no será amnistiable ninguna infracción que sea considerada crimen internacional, según las leyes y tratados internacionales.

Además del componente de justicia, el Sistema está integrado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya acordada, por unas políticas de reparación integral a víctimas, y por medidas que garanticen la No repetición. Las FARC-EP ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal. De su parte el Estado deberá ofrecer medidas efectivas de No repetición como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del Ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, la destinación de la policía a mantener el orden público, y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo.

La jurisdicción especial para la paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario, y un Tribunal para la Paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer verdad y reconocer responsabilidades.

Resaltemos que, aun, habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia; sufriendo también nuestros familiares y allegados las consecuencias de la represión, poniendo en peligro hasta sus vidas, como insurgentes, estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios, sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Como se refleja en el último informe de la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, la insurgencia ha sido perseguida implacablemente, con todo tipo de medidas y procedimientos; no han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares.

Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad. Todo se lo debemos a los colombianos y a las colombianas, y en especial es nuestra obligación respecto a las futuras generaciones, para que nadie vuelva a padecer lo que hemos vivido. Por ello pensamos en que es necesaria una gran jornada de contrición en la que se pueda juntar el universo de la gente involucrada en el conflicto –combatientes y no combatientes-, para limpiar las conciencias, ofrecer verdad, y asumir responsabilidades.

La jurisdicción especial de paz que hemos creado debe inspirarnos a mirar hacia adelante, a acordar sobre el futuro de nuestra patria y dejar de confrontar por el pasado. Debe ser un paso que ayude a impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del acuerdo de paz que estamos empeñados en alcanzar, porque no podemos permitir que al igual que en anteriores intentos de diálogo sucedidos en nuestro país, o en distintos lugares del mundo, no se acometan los cambios estructurales que sirvan como la mayor garantía de no repetición de lo ocurrido.

Hoy anunciamos al país, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el acuerdo final de paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la Mesa a hacer lo mismo, levantando la voz del NUNCA MAS, sobre los cimientos de la Verdad, la justicia y la reparación, como un inmenso farallón andino que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos, favoreciendo la concordia en la América Nuestra.

Solo nos resta expresar nuestra gratitud por su esmero y profesionalismo a los juristas Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva Durán, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Douglas Cassel, y Diego Martínez.

Gracias al Presidente Raúl Castro, al comandante Fidel y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo.

Gracias a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo incondicional a la paz de Colombia.

Gracias países garantes de los diálogosNoruega y Cuba,y gracias Chile por su acompañamiento.

“El que siembra amor cosecha amor, y el que siembra amor, amor tendrá”.

Coincidiendo con el Papa Francisco, debemos insistir en que: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”.

Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Director Ponzoña/  De singular trascendencia la firma de este acuerdo sobre justicia. Las víctimas en el centro del documento. Los necios y rabiosos como el senador Uribe Vélez y su rebaño en el CD, les impide ver más allá de sus narices.

Según se puede leer, las Farc con toda la transparencia y coraje, de frente al país asume sus responsabilidades que le competen. Es de esperar que el Estado colombiano con todas sus variantes de represión acepte lo firmado y asuma de cara al mundo sus responsabilidades por estos sesenta años y más de Terror oficial.

El señor Uribe, carente de fueros especiales, debe hacerse a la idea de contribuir a la Paz sostenible en Colombia, confesar reparar y resocializarse por todas sus actuaciones en su larga carrera delictiva como "servidor público. En honor a la verdad el senador jefe del CD, es un peligro potencial para la convivencia de todos los colombianos y un pirómano de la frontera con los hermanos de Ecuador y Venezuela.

Otros quedan en la sala 'VIP', ellos y su conciencia determinarán cuando confiesan.

A continuación Comunicado Conjunto:

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE EL ACUERDO DE CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

1. El Gobierno de la Repúblicade Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", "Participación política: Apertura democrática para construir la paz" y "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas".

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados   principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener Verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto   armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente . A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas   que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015.

Iván Gallo/ Qué fácil hubiera sido para Uribe montarse en el bus de la paz y apaciguar a sus beligerantes seguidores

Qué pesar uribistas, pero ganamos. Con el acuerdo de justicia el fin del conflicto es un hecho. Ahora tendremos que aguantarnos a ustedes y a su líder máximo, escupiendo el rencor que le genera haber sido excluidos del hecho histórico más importante del país desde la Constitución del 91. Una vez se supo que las conversaciones habían llegado a un punto de no retorno, el venerable anciano empezó a trinar como un poseso. Me llama la atención que en uno de los trinos el senador haya puesto la foto de Álvaro Leyva e Iván Cepeda en el avión que los llevaría a La Habana en donde se preguntaba: “Los asesores de Santos, serán los miembros del Gbno de transición a Farc?”

Los seguidores de este energúmeno sacan pecho atribuyéndole virtudes que no tiene. Además de decir que es un varón al que no le tiembla el pulso para darle en la jeta a cualquier marica, creen que es un hombre leal, ajeno a las traiciones. Nada más lejano de la realidad. Uribe, en los últimos meses, no hizo más que buscar a Álvaro Leyva para que lo incluyera en las negociaciones de La Habana. En su infinita megalomanía, el senador y sus seguidores creen que una paz sin ellos no puede ser posible.

Que se deje de hipocresías Alvarito que él sabe perfectamente que el primer mandado que iba a hacer Zuluaga, si hubiera ganado las elecciones, era el de refrendar la paz. Ya tenían a Frank Pearl como comisionado para la paz, ya tenían un plan de trabajo e incluso creo que lo hubiera hecho mucho mejor de lo que lo ha hecho la actual administración. Pero como su caballo no quedó, Uribe ha hecho lo del mal perdedor: bombardear, destruir, levantar infamias.

Qué fácil hubiera sido para Uribe montarse en el bus de la paz y apaciguar a sus beligerantes seguidores. El senador perdió para siempre la oportunidad  de cambiar su imagen. En los libros de historia el patrón del Ubérrimo será recordado como uno de los instigadores del paramilitarismo, como un perro de guerra que su único recurso diplomático era el bombardeo artero, la puñalada por la espalda, la emboscada y la traición. Sus trinos desaforados demuestran el pánico que le da saber que en la nueva Colombia su discurso del odio no tendrá cabida. El pabloescobarismo que profesa será un anacronismo más, un recuerdo de los tiempos en donde las cosas se arreglaban con plata o con plomo.

En mi Facebook conservo, como ratas de laboratorio, a uribistas desaforados de esos de pura cepa, de esos que se hacen llamar colombianos de bien. Ayer uno de ellos publicó una foto espantosa en donde se mostraba al Mono Jojoy recién abatido. El furibundo fascista pedía más resultados como estos y añoraba la década pasada en donde todo se resolvía con metralla y napalm. Instigados por su líder, las tropas uribistas no se resignaran a un acuerdo que cambiará la historia del país y, apegados a la tradición de pájaros que fundó Laureano Gómez, formarán ejércitos y buscarán en las granjas agrícolas a los líderes guerrilleros cuando el conflicto haya terminado. Sucedió en Marquetalia, sucedió con la UP.

Afortunadamente ya en La Habana lo prevén y se toman las medidas necesarias para evitar que se repita el escenario de sangre. La educación cambiará y se verá claramente, desde el salón de clase, que el gran instigador de la violencia ha sido el gobierno colombiano. El odio será extirpado de raíz y los uribistas, en menos de una década, serán unos fósiles insepultos que nadie, absolutamente nadie, querrá mirar.

Las2Orillas.CO

Para Quito

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Alberto Pinzon Sánchez/ Uribe Vélez pregunta a uno de sus asistentes para donde han viajado sus enconados enemigos Santos y Maduro. El asistente un poco azorado le responde que para Quito. Entonces AUV con toda la ira, malaleche o bilis de que es dueño responde:

-“Paraquito será su madre”

Esta es una de las formas más colombianas de “mamarle gallo” a la oprobiosa y terrible realidad violenta de todos los días, que nos agobia desde hace dos siglos, y una forma ingeniosa y popular (no de trivializar la realidad) sino de sacarle el cuerpo al falso enfrentamiento que empezó a promover el Oligopolio Mediático Contrainsurgente dominante en Colombia y sus “pajólogos” o mejor pazólogos profesionales y pelechadores (tipo Springer), sobre quien ganó en la reunión realizada en Quito este 21.09.2015, para zanjar diplomáticamente la situación en la frontera colombo venezolana:

Si ganó Santos o ganó Maduro o quien perdió, como si se tratara de seguir con el viejo y desastroso sistema tradicional de “la gallera nacional”, cuando en una reunión de esas características no puede haber personas ganadoras ni perdedoras, porque nunca se trató de un problema personal sino económico, social y diplomático regional.

En sentido estricto quien ganó fue la Diplomacia y en esa misma lógica quien perdió fue su contrario dialectico la Guerra.

Esa guerra socio económica, tórpida, silenciosa y encubierta de infiltración y consolidación Paramilitar,  promovida desde Colombia por conocidos  “Cipayos” y estimulada por el “US Southern Command” (posiblemente y como dijo el mismo presidente Maduro sin el consentimiento “explícito” del presidente Santos) para darle el “golpe de gracia” al proceso bolivariano de Venezuela.

Era otro famoso “fin del fin” para el gobierno bolivariano anunciado desde hace varios meses por todos los “pajólogos” de la falsimedia colombiana y, por diversas coaliciones neo liberales y ultra reaccionarias de expresidentes del mundo orquestada por el español Felipe González.

Por ejemplo, el doctor Hernando Gómez Buendía uno de los más autorizados, documentados y serios analistas o  comentaristas sobre la realidad colombiana, escribió en si columna semanal “No es para Tanto”  del diario  contrainsurgente El Espectador, este 04.09.2015 lo siguiente:   

  (…….) ”Y es porque ni la OEA, ni Unasur, ni la ONU, ni la CPI, ni la   CIDH, ni ninguna de las instancias a donde acuden las patéticas autoridades de Colombia (la canciller, el fiscal, el procurador…) quieren ni pueden hacer nada de fondo. Como tampoco servirían las movidas patéticas que con tanto oportunismo ha sugerido cada uno de los expresidentes: Samper, Gaviria, Pastrana, Uribe.

Lo que en cambio tendríamos que hacer es prepararnos para que la caída inevitable del socialismo del siglo XXI no nos golpee demasiado duro”. http://www.elespectador.com/opinion/no-tanto

Pero la realidad, la odiosa realidad, es que la reacción defensiva oportuna y preventiva del gobierno venezolano echó por tierra tan prometedora profecía del oráculo Liberal colombiano. Hasta el momento no se ha cumplido el augurio y por el contrario, lo que el mundo ha visto es que el proceso bolivariano de Venezuela ha puesto una vez más en el orden del día aquella vieja frase de Lenin:

“Una revolución sólo tiene valor cuando es capaz de defenderse”

Y esa es la chilladera del liberal Cesar Gaviria, el segundo gran beneficiario después de Lleras Camargo, de los favores de la OEA o Ministerio de Colonias Yanqui, quien como buen fariseo se rasga las vestiduras ante la posible violación de los DDHH en la operación venezolana de cierre de la frontera, pero nunca, óigase bien nunca, alzó su chillona y desagradable voz para pronunciarse sobre la violación por parte del Estado de los DDHH en Colombia, no ya durante su desastroso gobierno que nos condujo al futuro, sino de los gobiernos de Pastrana o de Uribe Vélez, o de la parrillada de Belisario Betancur, o de Felipe González con el GAL, a quienes está convocando en santa ira o en santa alianza para continuar por otras vías la agresión a Venezuela, ya que la guerra directa parece haber dado un paso hacia atrás, ante el avance de la Diplomacia autónoma latinoamericana y caribeña que ha dejado obsoleta, definitivamente, a la OEA yanqui.

Santos no ha perdido nada. Acogiendo la sugerencia que le hizo ANNCOL en su último editorial  (http://anncol.eu/index.php/editorial/item/2013-la-economia-colombia-en-profunda-crisis-ilusiones-sin-expectativas)  y dando muestreas de un realismo sorprendente frente a los hechos en la frontera colombo venezolana y sus repercusiones en toda la región,  venturosamente se ha apresurado a convocar una reunión definitiva y concluyente para el proceso de paz de la Habana, lo cual celebramos y apoyamos sin dubitaciones, porque vuelve a poner el centro en el centro. 

Por lo demás; le encimamos a Cesar Gaviria para su aquelarre a los expresidentes Aznar, a Tony Blair y a Bush, para ver si por fin logra alguna legitimidad mundial a su chilladera.

Lapidarium: Todos los subrayados son de mi autoría

Fuente imagen: Internet

Por: Miguel Suárez (2015-09-18). El presidente de la oligarquía Colombiana Juan Manuel Santos, en medio de la efervescencia y el calor del cierre de la frontera Colombo-Venezolana, que cualquier de los gobiernos puede hacer unilateralmente, aseguro el martes 2 de septiembre (2015), que la Fiscalía colombiana, a cargo de Eduardo Montealegre, abogado de la banda de ladrones conocida como Saludcoop, puede probar que se ha producido un ataque contra la población civil y que denunciara a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “crímenes de lesa humanidad”, ante todo a miembros del Gobierno de Venezuela

En su discurso donde se olvido de la realidad colombiana, cargado de falacias, Santos dijo: “La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana”.

A su vez, el fiscal Eduardo Montealegre, textualmente aseguro que “En el caso de la Corte Penal Internacional la responsabilidades son individuales y no del estado, por eso la denuncia se formularía directamente contra el presidente Nicolás Maduro y además contra la Cúpula Militar y la Cúpula Civil que hayan contribuido a las políticas discriminatorias y del ataque generado contra la población civil colombiana” dijo textualmente el Fiscal General en diálogo con CM&.

Por su parte, unos días antes el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, había asegurado que estaba recopilando información para presentar una denuncia contra el gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los métodos utilizados para expulsar de ese país a colombianos indocumentados.

"Estamos recaudando información sobre estas agresiones para ponerlas en conocimiento de la Corte Penal Internacional porque estamos frente a delitos de lesa humanidad", dijo Ordóñez textualmente.

Son constantes los anuncio en este sentido de “altos dignatarios” colombianos, presidentes, ex-presidentes, ministros, generales y de pelafustán, que pueden haber pasado los cincuenta mil, de que entablaran denuncias ante la CPI, que de concretarse, tendrían a la muy temida por ellos CPI atiborrada de trabajo.

Ellos se mostraban indignados y muy enérgicos prometiendo algo, que ellos bien sabían no podían hacer porque Venezuela no estaba violando nada, solo ejerciendo sus derechos como cualquier estados lo hace, pero de lo que se trataba era de engañar al incauto pueblo colombiano.

En una entrevista a Paracol Radio, el mismo Montealegre, el abogado de los ladrones de Saludcoop, ya pasada la calentura aclaro: “para poder acudir a la corte penal internacional, se requiere que se hayan agotado los mecanismo de investigación interno del respectivo estado, así las jurisdicciones universales, la corte penal internacional se rigen por el principio de complementariedad, es decir solo puede actuar al CPI cuando las justicias o no actúan por no tienen voluntad de actuar, o porque no, están en un colapso tal que no pueden administrar justicia, o sea como principio general no se puede acudir directamente ante la CPI mientras no se cumpla el principio de complementariedad”.

En el  mismo sentido, hablando de Colombia, se refirió el Fiscal adjunto de la muy temida por ellos Corte Penal Internacional, CPI, James Stewart, cuando aseguro que “Con arreglo al Estatuto de Roma, la competencia de la CPI es complementaria de la de los Estados.

La Fiscalía de la CPI solamente investiga y enjuicia crímenes en los casos en que los Estados no pueden hacerlo o no estén dispuestos a hacerlo”.

Ademas Stewart, dijo algo que muy seguramente puso a temblar a mas de un “honorable” o “persona de bien”, en Colombia, dijo que “La Fiscalía inició un examen preliminar de la situación en Colombia en 2004”, o se, al parecer los tienen en la mira a ellos y no a Maduro.

O sea y para no gastar mas letras, esta vez tampoco colocaron ninguna demanda ante la temida CPI, y aunque usted ya sabe porque, se lo repito, porque quien tiene rabo de paja no se arrima a la candela.

¿Se imagina Usted a los “honorables doctores” Alejandro Ordóñez y Eduardo Montealegre, quien asesoro a bandidos como Carlos Palacino, el dueño de Saludcoop, donde se robaron mas de dos billones de pesos y han ocasionado la muerte a cientos de colombianos pobres, arrimando a esa Corte?, a lo mejor de allí no salen.

Por: Miguel Suárez (2015-09-23). El candidato del partido liberal, ex-ministro de guerra de Cesar Gaviria y ex-ministro de trabajo de Juan Manuel Santos, fiel a la idiosincrasia de la oligarquía colombiana esta ofreciendo a los bogotanos, mas represión.

Al igual que Facho Santos, quien propuso la fundación del bloque Capital, o sea la paramilitarización de Bogotá, con la cual han asesinado a cientos de Bogotanos, todos hijos de pobres, Pardo propone algo similar.

En entrevista con El Tiempo, el Candidato a la Alcaldía por el flamante Partido Liberal explicó que “(…) la 'Guardia Urbana' estaría integrada por un grupo de 5.000 hombres y mujeres profesionales presentes en todas las zonas de Bogotá haciendo cumplir las normas del Código de Policía y verificar que se impongan sanciones como multas o comparendos a los infractores. Este grupo tendría la función de inspección, vigilancia y control.”

“La guardia urbana sera una fuerza organizada en la calle, que salga a hacer valer las normas”, explico en su cuenta de twitter.

En ciudad Bolívar los paramilitares, que seguramente ahora se llamaran “ guardia urbana”, asesinan impunemente a los hijos de los pobres, sin que eso que llaman autoridades, ni los super-armados, ejercito y policía hagan nada.

La propuesta de Pardo, criminal como todos ellos, es pintada muy bonita, pero debo recordar que así nos pintaron las tales “Convivir” y que ahora mas de 20 años después Pardo quieren re-editar dizque para garantizar seguridad como si la seguridad fuera mas policías.

Ojo con este man y su pasado fascista.

 

Por: Miguel Suárez (2015-09-23). Dijo Juan Manuel Santos, el presidente de la oligarquía colombiana refiriéndose a unos supuestos avances en el tema de la justicia, donde según medios de desinformación como “Paracol”, los guerrilleros deberían pagar condenas simbólicas.

Hace ya una alrededor de una semana el Fiscal Eduardo Montealegre, a través de paracol, donde defendía lo indefendible, los contratos con la periodista y ahora especialista judicial Natalia Springer y sus logaritmos, anuncio una formula “muy audaz, tendría que orientar las investigaciones a lo que sería el nuevo modelo de la justicia transicional”.

Es en el tema de la justicia donde los diálogos de la Habana se hallan estancados debido a la pretención de la oligarquía colombiana, bien expresada por Paracol, de convertir los diálogos en un juicio contra los revolucionarios, sacándose en limpio ellos y sus crímenes contra el pueblo.

El tema de justicia esta íntimamente ligado con el del paramilitarimos, mediante el cual la oligarquía a despojado, desplazado y asesinado al pueblo y que ellos hoy niegan y nos quieren meter en la cabeza de que no existen.

No es fácil para un estado como el santanderista colombiano, supuestamente siempre pegado a la legalidad, el reconocer que han utilizado estas bandas de asesinos, pero si llegan a algún acuerdo en el tema de justicia, se da por descontado, que deben reconocerlo de la forma que sea.

Este reconocimiento se deberá extender a los exitosos empresarios que financiaron al paramilitarimo, como Ardila Lule a través de Postobón, como lo aseguro Salvatore Mancuso.

Y también se deberán comprometer, como parte de las garantías de no repetición, a no utilizar mas el terrorismos, que ha hecho multimillonarios a muchos de ellos.

Pero Santos hablo de que la “La paz está cerca", luego ¿que es paz para los ricos y que es paz para los pobres?.

Alguien por allí dijo que la paz es la ausencia de guerra, talvez se refería a la guerra de las balas o la confrontación militar, la cual aspira a lograr la oligarquía con la esperanza de que ante su tremenda crisis económica no le rompan mas el tubo, como no se lo han rotos hace ya varios meses.

Pero, por el otro lado, la oligarquía no a detenido la guerra o la confrontación contra el pueblo. Según dato periodísticos cada cinco días fue asesinado un líder popular en Colombia, durante la misma tregua guerrillera y cientos han sido encarcelado, uno de ellos el líder indígena Feliciano Valencia.

Para el pueblo, la paz es trabajo bien pago pago, educación, tierra, salud, vivienda y que no lo maten por pensar diferente.

Luego de ¿que “Paz” cree usted que hablo Santos?, ¿la de los pobres o la de los ricos?.