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Colombia

El electo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, comenzó a mostrar las joyitas con las que gobernara a Bogotá, y entre otras hay que destacar el nombramiento de la excanciller de Uribe, María Consuelo Araújo, como la Secretaria de Integración Social.

María Consuelo Araújo Castro, alias “La conchi”, quien proviene de una familia muy ligada al terrorismo de estado y la mafia en Colombia, tuvo que renunciar a su cargo como ministra de relaciones exteriores del narcotraficante numero 82, como consecuencia de las investigaciones judiciales contra su hermano Álvaro Araújo Castro y su padre, Álvaro Araújo Noguera

Su padre, Álvaro Araujo Noguera, fue un reconocido concejal, senador y ministro que no solo perdió su curul de congresista en un proceso por contratación indebida, sino que fue investigado y capturado por sus vínculos con los paramilitares de la región. Fue condenado como responsable de paramilitarismo y secuestro extorsivo agravado del empresario de Valledupar, Víctor Ochoa Daza.

Por otro lado, su hermano es el exsenador Álvaro Araujo Castro, fue condenado a prisión por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con los paramilitares.

Si bien es cierto que nadie es responsable de los errores de sus familiares, aquí cabe decir que quien anda entre la mierda untado queda y huele mal, pero muy mal.

“La conchi” viene de ser la presidente de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corp., cargo a donde llego luego de su renuncia, convirtiendo a la Gran Colombia Gold Corp en la compañía minera que ostenta el primer lugar de explotación de oro y plata en el país y controla las minas Frontino Gold en Segovia, El Zancudo, Carla Gran Colombia, Providencia (Concepción) en Antioquia y Mazamorras en Nariño.

El articulista Fernando Reyez, en un articulo publivado por RT.com, titulado “La extraña relación de Peñalosa, Araujo, la industria minera y la integración social en Colombia”, se pregunto “¿Qué busca Enrique Peñalosa nombrando a María Consuelo Araujo como secretaría de Integración Social de Bogotá si su controvertido trabajo en el sector privado se enmarca en todo lo contrario a lo social? ¿Qué interés tienen Araujo y su clan familiar en el manejo de la política social de Bogotá? Son serias dudas que ojalá fueran aclaradas”.

Según las denuncias de los campesinos y afrodescendientes, desde hace varios días un numeroso grupo de paramilitares ha venido llegando al territorio colectivo ubicándose en inmediaciones del caserío de “Llano Rico” a escasos 20 minutos de la estación de policía de Pavarandó y cerca de la base militar del Batallón de Selva Nro 54, construida de manera inconsulta en la propiedad colectiva.

Desde la llegada de los paramilitares han buscado reuniones con habitantes de la región en la que les han afirmado que llegan para recuperar el territorio y cuidarlo a sus dueños, refiriéndose a empresarios palmeros que fueron condenados por desplazamiento forzado, concierto para delinquir de invasión de áreas de especial protección. Debemos “desterrar a la Comisión de Justicia y Paz y a Marcha Patriótica” “Nuestra misión es asegurar la tierra a los que están en la cárcel” habrían afirmado.

Recientemente se conoció que paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas planean atentados contra la vida de la lideresa Ledis Tuirán y los líderes Eladio Cordero, Guillermo Díaz, Francisco Pérez, Eliodoro Hernández, Andrés Lance, Alfonso Falla, Julio Gómez, Francisco Gómez y Adrián Pérez de los consejos comunitarios de ese mismo territorio colectivo.

Los pobladores de la región han sufrido una serie de desplazamientos forzados desde el año 2002, su territorio fue ocupado por empresas palmeras de las que luego se conocieron sus vínculos con los grupos paramilitares y desde el 2009 se encuentran en un proceso de restitución efectiva de sus territorios sin que hasta el momento se haya podido efectuar por la persistencia de los grupos paramilitares y los intereses empresariales.

Ametrallamientos indiscriminados y acciones contra la vida e integridad de pobladores en la vereda Altos de Manila jurisdicción de Remedios, Antioquia, denuncia la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana.

Informan que tropas del ejército de la oligarquía, quienes se identificaron como parte del Batallón Bomboná desembarcaron en la comunidad aproximadamente a las 2:30 de la tarde.

Seguidamente los helicópteros realizaron ametrallamientos indiscriminados y se presentaron disparos a un civil que se movilizaba en una moto del cual no se conoce la condición en la que se encuentra y su paradero.

Los miembros del ejército, quienes no se han querido identificar, están acompañados por un encapuchado y llevan una lista y fotos de personas. Posterior a esto han realizado decomisos de oro a mineros, requisas e interrogatorios sobre montos monetarios que tienen las personas.

La comunidad tiene miedo y zozobra ante las acciones y se está confirmando las consecuencias de los disparos realizados por el ejército y la información de quienes están retenidos en este momento.

Bogotá. Por Hernan Durango 

En entrevista con Alfonso Castillo, defensor de derechos humanos,  destaca los alcances del acuerdo sobre Víctimas y Justicia firmado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, entre negociadores de las FARC y el Gobierno Nacional.

Escuche el audio con los planteamientos de Alfonso Castillo:

Así lo expuso el comandante Iván Márquez, cuando leyó el documento redactado por ellos para la firma del acuerdo sobre el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo Parcial sobre Víctimas.

Márquez dijo “Las víctimas y sus organizaciones desempeñaran un papel crucial en la buena marcha del Sistema creado, y podrán así corregir la asimetría que los órganos del Estado han mostrado a la hora de perseguir los delitos cometidos a lo largo del conflicto, favoreciendo la impunidad de agentes del Estado y de sus aliados paramilitares, tal y como ha afirmado hasta la saciedad la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia. Por primera vez en un Acuerdo de Paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la Jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma, y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades”.

Remarco además que la nueva “Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades”.

Las cifras de la violencia, aplicada por la oligarquía colombiana son de por demás impresionantes superando la tragedia del cualquier país del mundo.

Unos 6 millones de refugiados internos, unos 250 mil desaparecidos, unos 9500 prisioneros políticos, alrededor de 150 mil colombianos pobres encarcelados, unos 8 millones de colombianos viviendo en el exterior a donde salieron huyendole al hambre, mas unos 800 mil exiliados o refugiados.

Con un 30% de la población viviendo en la pobreza y un 10% en la indigencia, todo esto producto de la inequitativa repartición de la riqueza la cual cual es acaparada por un puñado de oligarcas.

Así pues, que desde ahora las organizaciones de víctimas deben comenzar a configurar o completar los prontuarios de tanto terrorista de estado que gracias a la impunidad reinante en Colombia, anda por allí suelto aparentando ser “impolutos”.

Villavicencio, 16 de diciembre de 2015. Mañana, 17 de diciembre, los restos mortales de 29 personas sepultadas en condición de no identificadas en Cementerios de los Llanos Orientales serán entregados a sus familiares.

La entrega de estas personas, víctimas del conflicto social y armado colombiano, la realizará el Gobierno Nacional, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y se realiza en el marco de la implementación de las medidas inmediatas del Acuerdo de búsqueda de desaparecidos, dado a conocer a través del comunicado 62 de la Mesa de Negociación de Paz y es la primera entrega colectiva que se realiza en condiciones de dignidad para las víctimas y familiares de personas inhumadas.

Se harán presentes el Alto Comisionado Para la Paz; el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, y Paula Gaviria, de la Unidad Nacional de Víctimas.

En el acto público de "Reconocimiento y dignificación a víctimas del conflicto armado", que se desarrollará en la ciudad de Villavicencio, participarán también 77 familias más, a algunas de las cuales se les hizo entrega de los restos mortales de sus seres queridos entre 2013 y 2015 y otras que están en la espera de identificación y reconocimiento.

Según cifras oficiales, en Colombia hay más de 45 mil víctimas de desaparición forzada. En el Meta, según Censo Nacional de Personas No Identificadas, en sólo cinco cementerios se encontrarían los restos mortales de 2 mil 292 personas no identificadas.

De estas personas se han identificado 830, ubicado a 260 de los familiares y entregado 77 de los restos mortales. A este ritmo, se requerirían de 144 años para hacer entrega digna de los cuerpos a los familiares de las víctimas del conflicto social y armado que han sido sepultada en estos sementeros.

Los familiares involucrados en este proceso han definido como una condición que la entrega de los restos mortales se haga en ceremonia privada, con presencia sólo de sus allegados, sus acompañantes y funcionarios del Estado. 

El acto se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio el 17 de diciembre de 2015 de 9:00 am a 12:00 pm., en el Hotel Wyndham Garden Villavicencio, Kilómetro 3.5 vía Quisqueya, Vereda Brisas de Upía, Meta, Vía Restrepo, Meta.

Paula Katerine Jaimes Peña

Por Alberto Pinzón Sánchez

El acuerdo sobre el punto 5 de la Agenda General para la terminación del conflicto colombiano, logrado en la Habana este 15 de diciembre 2015 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, es un avance serio, cierto y factible, en dirección hacia el segundo enunciado de su propio título: “la construcción en Colombia de una paz estable y duradera”, que continua poniendo al orden del día la profundización de la categoría de Solución Política entre los demócratas y progresistas colombianos y entre quienes se reclaman antimperialistas y anti oligárquicos (metidos todos en un mismo saco llamado Izquierda, por la matriz comunicacional que el monopolio mediatico contrainsurgente ha construido).

A medida que se avanza en el sentido de concretar los acuerdos, escribirlos y firmarlos, en paralelo a las discusiones de todo tipo, individuales o colectivas, que resuenan en la “opinión pública del país”; se profundiza también en la complejidad teórica y práctica de esta categoría que va tomando nuevos contenidos y llenándose de sentido vital y de futuro para los colombianos.

Se ha pasado del punto inicial general de “aterrizar” la Solución Política del histórico conflicto social y armado colombiano en los acuerdos pactados, a discutir y debatir el cómo se refrendarán estos acuerdos y cómo se cumplirán y aplicarán honestamente por ambas partes: es decir un proceso de transición que los teóricos del Estado han dado en llamar pretenciosamente “post conflicto” y los de la insurgencia en “post acuerdo”. En todo caso hay coincidencia bilateral en que es un proceso y además de transición. Todo un logro ante la ideología “quietista e inamovible” dominante.

Sin embargo, la pequeña lucecita que empieza a visualizarse con los acuerdos de la Habana en comento, y que nos recuerda aquella lucecita titilante que Colón vio a lo lejos la madrugada de aquel fatídico 12 de octubre 1492 en la costa de lo que se llamaba la isla Guanahaní; hoy en Colombia tiene sobre si dos nubarrones densos y oscuros que amenazan la continuación de su iluminación:

Primero que todo, el envanecimiento que ha producido en los sectores dominantes de Colombia y de la Región, la “destorcida” de varios procesos democráticos, progresistas y soberanos como los de Argentina, Venezuela o Brasil y que amenaza seriamente los del Ecuador y Bolivia; producida por una serie de factores internos o “errores” que hicieron posible el avance de la contraofensiva de fuerzas políticas conservadoras ligadas o mejor manipuladas totalmente por la fuerza externa del Imperialismo globalizado en proceso de recomposición, ante la tremenda crisis ( de todo tipo) por la que atraviesa y de la cual , querámoslo o no, el proceso de dialogo de la Habana y la continuidad de la Solución Política al conflicto interno colombiano no podrá sustraerse.

Y, en segundo lugar, la mentalidad “onegeista” o de fraccionamiento y segmentación de la Totalidad de cualquier proceso; profundamente arraigada e preponderante en la clase dominante colombiana, que ha empezado su contraofensiva contra la integralidad de los acuerdos y del proceso de transición posterior, fraccionándolo en varios compartimentos estancos para así impedir su percepción Integral, Integra y en movimiento.

Dos ejemplos: 1-No acababa de publicarse lo acordado en La Habana sobre el punto 5 en mención, cuando Uribe Vélez ya llamó a sus fuerzas a “ desconocer el acuerdo de Justicia transicional logrado” (Ver http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-la-posicion-de-alvaro-uribe-frente-el-acuerdo-de-victimas/453787-3)

2- No acababa de presentarse la simple propuesta de las FARC sobre su concepción de la “paz territorial”, cuando los sectores militaristas tradicionales ligados a la gran propiedad territorial y a la agro industria trasnacional con uno de sus voceros el Procurador Ordoñez, iniciaron su ofensiva mentirosa y desinformadora diciendo que el país se iba a fraccionar en multiples “republíquelas”, como si estuviéramos en 1964 y no hubiera pasado una gota de agua bajos los puentes (Ver http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/las-farc-estan-buscando-republiquetas-procurador/20151204/nota/3012932.aspx )

Incluso analistas que posan de ser de la “Izquierda Arco Iris” como León Valencia, convencieron a la dirección de la revista Semana (¡Ay, la revista del sobrino del Presidente!) de que esos “territorios de paz son el corazón de la negociación” * con dos falacias: a) Ni es “negociación” lo que se desarrolla en la Habana, tal y como lo estamos viendo, sino acuerdos políticos y jurisdiccionales bilaterales y amplios, y, b) el corazón de la Paz de Colombia está en la Totalidad del Proceso de aplicar honradamente por ambas partes y llevar a término la Totalidad de los acuerdos pactados (Solución Política) y la transición subsiguiente en Toda la sociedad, en donde ya no es posible realizar fraccionamientos o segmentaciones.

Ahora bien, estos dos retos requieren o mejor necesitan (en el sentido de necesidad histórica) no solo de elecciones, sino además de la movilización social y popular amplia y unitaria del pueblo trabajador de Colombia. Ese es el reto que cada día se nos presenta con mayor nitidez.

Notas * http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-los-territorios-de-paz-son-el-corazon-de-la-negociacion-con-las-farc/453263-3)

Fuente imagen: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Gabriel García Márquez


A medida que pasa el tiempo y retorna la tranquilidad a la isla de Granada, va quedando claro que la invasión por tropas norteamericanas no fue tanto una operación militar como una maniobra enorme de manipulación informativa. Para empezar, el balance de víctimas no corresponde al escándalo : 18 norteamericanos muertos y 91 heridos- muchos de ellos en incidentes y accidentes confusos, y no en combates- y un número nunca establecido de granadinos muertos, 20 de ellos en el curso de un bombardeo a un hospital de enfermos mentales.

Este último episodio es el más oscuro de todos. Según se dijo al principio, el lugar había sido bombardeado con cohetes aéreos porque dos cubanos resistían desde el interior. Sin embargo, una versión de la Prensa norteamericana dice ahora que el bombardeo se debió a que el hospital estaba a sólo 150 metros de Fort Frederik, y éste era defendido con ahínco por los últimos soldados del ejercito granadino. El hospital- dice la versión- no tenía ninguna señal que permitiera identificarlo. Más aún : la periodista colombiana Laura Restrepo, enviada por la revista Semana con los primeros periodista que entraron en la isla, se sorprendió de que en aquel sanatorio para enfermos mentales – contra el esplendor de su nombre- no fuera más que un grupo de chozas de paja. La revista Time , por su parte, le reprocha al Pentágono que no hubiese dicho nada de esa matanza- accidental o no- mientras no fue denunciada por una periodista canadiense. El Pentágono se defendió diciendo que cuando los infantes de Marina ocuparon el hospital los muertos habían sido ya sepultados, y no encontraron ninguna razón para sospechar que el bombardeo de los días precedentes hubiera causado alguna víctima. Pero quienquiera que haya estudiado con cierto cuidado las informaciones de Granada, sobretodo en los primeros días, debe tener motivos para creer que el silencio del Pentágono en relación con los muertos del hospital psiquiátrico pudo no haber sido casual

En realidad, toda la información de los primeros días- manejada de un modo exclusivo por el Gobierno de Estados Unidos, y casi siempre por el presidente Reagan en persona- ha empezado a desmoronarse. Ahora se entiende cómo fue posible que más de 6.000 hombres de Estados Unidos, bien entrenados y con todos los recursos de la guerra moderna, no hubieran podido someter en dos semanas a uno de los ejércitos más reducidos y pobres del mundo, en una isla de 111.000 habitantes desmoralizados que no tenían ni modo ni ganas de resistir. La explicación es simple: no hubo tal resistencia.

En primer término porque los granadinos, aún no repuestos del asesinato de su líder más querido- Maurice Bishop-, no debieron ver a los infantes de Marina como sus enemigos, sino al contrario, como los enemigos de sus enemigos.

En segundo término, porque los asesinos de Bishop, repudiados por su pueblo y por la mayoría de su Ejército, se metieron debajo de la cama a los primeros tiros. En efecto, parece ser que Bernard Coard- el vice primer ministro de Bishop que lo derribó a traición-se había escondido con su esposa después de abandonar el poder que había usurpado pocos días antes. Por su parte, el general Hudson Austin- responsable inmediato de la muerte de Bishop- abandonó el Ejército a su suerte, y al parecer andaba ofreciendo hasta 3.500 dólares a quién le hiciera el favor de llevarlo en una lancha a Guayana. Los focos de resistencia que quedaron después de la desbandada podían ser reducidos en pocas horas por unas fuerzas de desembarco preparadas para operaciones much más gloriosas.

La verdad parece ser que el Gobierno de Reagan necesitaba inventar aquella resistencia para justificar la invasión con el supuesto de la militarización masiva de la isla por los cubanos y los soviéticos. Durante más de una semana, las tropas de ocupación se movieron a sus anchas por la isla, sin que ningún periodista de ningún país pudiera entrar para contradecir las versiones oficiales del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, fuera de todo control, aun este último no hizo más que contradecirse a sí mismo.

La primera contradicción enorme fue el motivo de la invasión. De acuerdo con un comunicado oficial, el desembarco tenía como único objetivo proteger la vida de unos 600 estudiantes norteamericanos que estudiaban en la muy prestigiosa facultad de Medicina de Granada. Sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado que estuvieran en peligro y, en cambio, si es probable que estuvieran contentos en el lugar. Nada les había impedido abandonarlo por su propia voluntad, y los pocos que hicieron la payasada de besar tierra norteamericana cuando volvieron a ella- como suelen hacerlo los papas de ahora donde quiera que llegan- parecían olvidarse de que para lograrlo no era necesario la intervención brutal de 6.000 hombres armados como para una guerra mundial. Sin embargo, el presidente Reagan también olvidó demasiado pronto su pretexto original y no tuvo inconveniente en decir que el desembarco había sido necesario porque Granada se había convertido en una fortaleza militar del comunismo internacional. Lo triste es que las supuestas pruebas de esa afirmación-anunciada a grandes voces por el Gobierno de Estados Unidos- no han logrado convencer sino a los ya convencidos, algunos de ellos, por cierto, muy respetables por motivos distintos.

El cuento de la ocupación cubana fue tal vez el menos consistente. Los primeros periodistas extranjeros que llegaron a Granada no pudieron disimular su desilusión frente al aeropuerto que estaban construyendo los técnicos y obreros de Cuba. El Gobierno de Estados Unidos había hecho creer que era un aeropuerto construido para las naves de guerra soviéticas y no para aviones comerciales que llevaran turistas pacíficos, inclusive norteamericanos, que son los más fructíferos. El argumento se fundaba que la pista iba a tener 3.000 metros de larga, y esta cifra parecía impresionante para quienes no saben que cualquier aeropuerto moderno donde operan los grandes aviones civiles debe tener esas medidas, sobre todo si se prevé un desarrollo futuro de su capacidad. La misma revista Time , con una pretensión de objetividad, hace esta consideración retorcida : "Es verdad que la nueva pista no está construida con las estructuras de protección y los equipos de apoyo que son usuales en los aeropuertos militares, pero podría ser usada por aviones militares pesados como punto de abastecimiento para los cubanos en ruta hacia el Africa, o para los soviéticos que transporten armas hacia America Central". Es decir como cualquier aeropuerto común y corriente.

Lo más confuso de todo fue el manejo que hizo el Gobierno de Estados Unidos de la información sobre los cubanos en Granada. Desde el principio se dijo que eran unos 600 hombres, entre obreros del aeropuerto, maestros, médicos y asistentes militares. Estos últimos- según el supuesto documento revelado por la Secretaría de Estado de estados Unidos- eran sólo 27 con carácter permanente y unos 12 eventuales. Se ha dicho, sin embargo, que debía haber muchos más que se hacían pasar por trabajadores civiles, porque todos demostraban tener un buen entrenamiento militar. Hasta los mismos que lo dijeron sabían, sin duda, que todo cubano mayor de 14 años, hombre, mujer o niño, tiene la suficiente formación militar para defender a su país en caso de una invasión extranjera. Las llamadas tropas territoriales, que son milicias civiles, cuentan en la actualidad con 500.000 hombres y mujeres y está previsto que en breve serán el doble.

En todo caso, al principio de la invasión Estados Unidos dijo que los 600 cubanos habían caído prisioneros sin resistir. Después- cuando Cuba pidió su repatriación- se dijo que la mayoría estaba resistiendo en las colinas. Por último sin ninguna explicación, aparecieron 27 muertos, 57 heridos y el resto en un campamento de prisioneros donde sólo se permitió el ingreso a dos periodistas: un reportero y un camarógrafo dominicanos, que trataron de convencer a algunos prisioneros, con toda clase de promesas, para que se asilaran en Estados Unidos y confirmaran una versión que estos tenían preparada sobre las actividades de Cuba en la isla. Eran, por supuesto, agentes de la CIA, que se llevaron la sorpresa de no encontrar a ningún cubano dispuesto a vender su alma al diablo. De haberlo encontrado, la vasta operación de manipulación informativa habría culminado con un acto espectacular. Por no haber sido asi, la triste invasión a Granada pasará como uno de los capítulos menos honorables de la historia de Estados Unidos

Las víctimas, principales y directas afectadas por el conflicto, se declararon como “veedores atentos del estricto cumplimiento de los acuerdos” firmados este martes, y llamaron a implementar una pedagogía para el proceso de paz.

Jineth Bedoya, en representación de las victimas invitadas a la ceremonia, leyo un documento donde, expresó su júbilo por haber encontrado el camino a la paz después de tantas décadas de impunidad.

“Nuestro respaldo al proceso de paz no significa que renunciemos a la justicia, a la reparación y sobre todo a la verdad.

Colombia debe entender que solo a través del diálogo y la reconciliación será posible llegar a la materialización de la palabra que tanto pronunciamos pero que poco sabemos: paz”.

“Creemos en ustedes y queremos que nuestro país crea en el acuerdo de paz, pero si fallan no lo harán con nosotros las víctimas sino con la historia de Colombia”.

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, diciembre 15 de 2015

Permítannos iniciar estas palabras recordando las siguientes reflexiones de Gabo en la aceptación del premio Nobel en 1982: “La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia, son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento…Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte…”

Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo Parcial sobre VÍCTIMAS, cuyas potencias dinamizadoras-si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común-, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación

Pero no podemos olvidar que el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia de la violencia del bloque de poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al Derecho de rebelión.

El trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno. Sus conclusiones han ido preparando el entendimiento de que la responsabilidad de lo acontecido desde el punto de vista de las conductas antijurídicas individuales o colectivas de los diversos actores, podían y debían evidenciarse más allá del señalamiento de una sola de las partes del conflicto como exclusivo victimario.  

No de otra manera podíamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes vinculadas al conflicto concierne, ni podría entender la sociedad nacional y mundial que la primera obligación de todos es la recuperación y, en ocasiones, la fabricación misma de un tejido social fuerte y duradero, sobre el cual se formule el compromiso, también colectivo del “nunca más”.

Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general.

Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.

La finalidad del mencionado sistema es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto político, social y armado que hemos vivido, porque, además de combatir la impunidad, ofrece la máxima Justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada.

Frente a la evidencia de la crisis del monopolio innato del Estado colombiano, en tanto sujeto del ius puniendi o facultad sancionadora, fue necesario entonces impulsar un mecanismo jurisdiccional autónomo que pudiera satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derecho penal internacional para establecer responsabilidades de combatientes y no combatientes y de los múltiples agentes del Estado, vinculados directa o indirectamente al conflicto interno.

El acuerdo alcanzado sitúa el Derecho a la verdad en el vértice superior del Sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para establecer la Verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin Verdad no hay reconciliación posible. La Verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa y con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la Paz. La Paz es el Derecho Síntesis de todos los derechos humanos y sin Paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas.

Durante las discusiones del punto 5º de la agenda, las FARC-EP hicieron suyas y pusieron sobre la mesa de conversaciones las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, intentando así corregir las deficiencias habidas en una discusión que no ha sabido dar un papel activo y protagónico a las víctimas del conflicto y a los defensores de los DDHH, limitando su participación a la organización de unos encuentros en Colombia en los que no existía posibilidad de interlocutar con las partes en la Mesa de Conversaciones.

Respecto al acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, durante los meses en que este se construyó en la Comisión Jurídica, expusimos a las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de víctimas, de campesinos, a organizaciones políticas y a líderes de opinión y sociales de nuestra patria, los principios y propuestas que creíamos, debían ser incluidos en el texto del acuerdo. Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos.

Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas.

Las víctimas y sus organizaciones desempeñaran un papel crucial en la buena marcha del Sistema creado, y podrán así corregir la asimetría que los órganos del Estado han mostrado a la hora de perseguir los delitos cometidos a lo largo del conflicto, favoreciendo la impunidad de agentes del Estado y de sus aliados paramilitares, tal y como ha afirmado hasta la saciedad la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia. Por primera vez en un Acuerdo de Paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la Jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma, y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades.

Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades.

La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo, o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado. Y ello, porque no ha sido otro fin que la búsqueda de la justicia y el bien de la sociedad lo que les ha compelido a rebelarse, a disentir o a protestar exigiendo el respeto a los legítimos derechos del pueblo colombiano. Es justo que así se reconozca.

No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del Gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional, y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano. En un país donde la vida republicana ha sido gobernada por fuerzas políticas y no por juntas militares, la cadena de mando del Estado concluye en las más altas instituciones de Gobierno y es de justicia que así se establezca y se reconozca, para que nunca más el poder civil se escude en las fuerzas militares para no asumir sus responsabilidades en la victimización

Las medidas y programas sobre reparación a las víctimas y restitución del daño causado, han sido expresamente acordadas por las partes para su introducción en el Sistema Integral y consideradas como un esencial componente de este. Tales medidas deben superar las deficiencias del actual marco legal sobre reparaciones, deben garantizar que quienes a consecuencia del conflicto han padecido situaciones de exclusión social salgan de la marginación económica y vean garantizado un futuro sin discriminaciones. Especialmente importante es garantizar la recuperación de sus tierras a todos los campesinos que sufrieron la usurpación de ellas, así como una violencia inhumana por parte de quienes se enriquecieron con el conflicto empobreciendo simultáneamente a la mayoría del pueblo colombiano. Todas las partes implicadas en el conflicto asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales. Y es el Estado, el nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del Acuerdo de Paz, el que asume la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados.

Las FARC-EP han observado con preocupación que prácticamente en la totalidad de acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en otros lugares del mundo, más allá del cumplimiento de las medidas acordadas para la normalización de la situación política y la re incorporación a la vida civil de los antes alzados en armas, los pactos dónde se contemplan medidas económicas y sociales de desarrollo del nuevo país que surge de la finalización del conflicto armado, han sido sistemáticamente orillados y nunca cumplidos. Por ello trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo, para que el resultado de este proceso se cumpla cabalmente. De ahí, que por primera vez en una acuerdo de paz, las partes hayamos incorporado sanciones y medidas de justicia restaurativa –realizables por quienes reconozcan verdad y responsabilidades por crímenes no amnistiables-ejecutando los acuerdos alcanzados en los distintos puntos de la Agenda de Conversaciones en la medida en que estos implican beneficio para las comunidades y desarrollo económico y social del país.

Hasta ahora Colombia ha padecido durante su historia republicana miseria, desigualdad, carencia de democracia y luto, pero no ha muerto la esperanza; por ello con el inolvidable Gabriel García Márquez cerramos esta intervención diciendo, que, Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP