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Colombia

Combatiente de las Farc del Frente Antonio Nariño, recluido en la Picota/Eron, Bogotá. Detenido en mayo de 2011. Cinco años tras la rejas.

Por Alberto Pinzón Sánchez

Lo que hace con la mano lo borra con el codo”, es un viejo decir de la sabiduría popular para señalarle a alguien lo necio y torpe (por decir lo menos) de sus actuaciones. En este caso, la decisión que a rajatabla y contra una opinión general adversa, ha tomado el presidente Santos para vender ISAGEN, la empresa estatal (mixta) de generación y comercialización de energía más importante de Colombia.

Sin embargo, profundizando un poco más allá de estar a favor o en contra de esta decisión gubernamental (a todas luces de crudo talante neoliberal) y sus implicaciones tanto económicas como políticas o mejor de “economía política” como lo enseña el Marxismo, se llega a la conclusión de que finalmente la crisis entre las fracciones de la Oligarquía Trasnacional Dominante y Dirigente, influida profundamente por la crisis de la economía colombiana ha tocado fondo.

¿Por qué el presidente JM Santos en un acto de necedad torpe y antipopular y al parecer ilógico, como la venta de ISAGEN, se empecina en borrar con el codo lo que está construyendo lenta y pacientemente en la Habana?

Por tres razones sencillas: Una y talvez la más importante es que la crisis de la economía colombiana con sus principales cifras ha salido a flote sin que el oligopolio mediatico lo pudiera evitar: una inflación cercana al 7 %. Un dólar USA por encima de los 3.200 pesos. Barril de petróleo por debajo de los 35 US dólares. Caída de las exportaciones durante el 2015 en un tercio. Un hueco fiscal (que cierta periodista de El tiempo llama annus horribilis) de algo más de 30 billones de pesos, y un déficit en cuenta corriente cercano al 7 por ciento del PIB, son indicadores para no despreciar.

Dos, que la recomposición del Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi) realizada en las pasadas elecciones de octubre en Colombia, ha dado una nueva correlación de fuerzas, con una clara ventaja al binomio Vargas Lleras- Peñalosa, quienes han impuesto al gobierno a través de su alfil el ministro conservador de hacienda Cárdenas su programa neoliberal de las multimillonarias inversiones trasnacionales en lo que ellos llaman “infraestructura” (autopistas, metro, ect) con el fin de asegurar la próxima presidencia de la república y la continuidad de sus políticas depredadoras; para lo cual y lo han dicho sin tapujos, necesitan de los dineros provenientes de la millonaria venta y total privatización de la compañía energética ISAGEN.

A este cínico favorecimiento gubernamental, obviamente se oponen todos aquellos quienes abrigan en su interior alguna esperanza de ser fuerza dominante, desde Uribe Vélez y el jefe Liberal Serpa Uribe, hasta el nostálgico progresista Petro y el jefe del Polo Democrático Robledo como lo señala la revista Semana. http://www.semana.com/nacion/articulo/venta-de-isagen-logra-union-entre-uribe-serpa-petro/456367-3

Y tres, porque como lo dijo el Liberal gavirista R. Pardo Rueda, flamante ministro del llamado “post-conflicto”, sin los dineros provenientes de la venta de ISAGEN no habrá financiación para sus ambiciosos 18 mega proyectos para más de 300 municipios que, piensa ejecutar en asocio con el hijo de Cesar Gaviria quien funge como jefe de planeación nacional; ni tampoco habrá dineros para la anunciada “reactivación” (obviamente neoliberal) de la economía colombiana, especialmente en el área rural.

De manera que, una vez más la impecable e implacable lógica económica neoliberal y el manejo gubernamental que se pretende dar a la crisis general por la que atraviesa la economía colombiana, completamente influida por la crisis mundial general y, que se esconde detrás de la venta de ISAGEN, ha entrado a jugar de manera opuesta a los intereses de todo el pueblo colombiano y a sus aspiraciones de una paz democrática, con justicia social y soberanía

La pregunta que queda en el aire es: ¿Podrá el sector que en este momento hegemoniza el Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi) imponer sus arriesgadas maniobras y jugarretas de manera impune y sin consecuencias?

La respuesta la tiene la movilización social y popular unitaria y orgánica. Ella tendrá la palabra en este “annus horribilis”.

Fuente Imagen Internet (Vargas Lleras, Santos y Cárdenas)

 

 COMUNICADO No. 1/2016

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La Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”, comunica a la comunidad nacional e internacional nuestro rechazo ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional Colombiano frente a los compromisos anunciados mediante el comunicado emitido por la Presidencia de la República el 22 de noviembre de 2015, donde se anunció el indulto de 30 prisioneros políticos miembros de las FARC-EP, el inicio de brigadas de salud para la atención de 106 guerrilleros que se encuentran en prisión en condiciones graves de salud y la adecuación de patios especiales para prisioneros políticos.

La Coalición “Larga Vida a las Mariposas” ha verificado que se han incumplido los compromisos unilaterales anunciados por el gobierno nacional, de la siguiente manera:

  1. INDULTOS: Del 18 al 21 de diciembre de 2015, los treinta (30) prisioneros y prisioneras que están a la espera del indulto unilateral fueron traslados hacia la ciudad de Bogotá, siendo recluidos/as en el ERON Picota y la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor respectivamente. A pesar de cumplir con los requisitos para el indulto, este proceso se ha sido dilatado de manera injustificada, sin que a la fecha se haya ejecutado la primera liberación; solo tres de los treinta indultables han sido notificados de la aprobación del indulto, pero dicha decisión no se ha ejecutado, y dos de los treinta indultables fueron cambiados por el Gobierno Nacional, al parecer, por estar siendo investigados por otros delitos. A la fecha tampoco se ha garantizado que los indultables tengan un lugar adecuado donde vivir y las condiciones esenciales para desarrollar trabajos para la Paz.
  1. BRIGADAS DE SALUD: En ningún sitio de reclusión donde se encuentran las y los prisioneros políticos se ha dado inicio a las brigadas de salud anunciadas, con el agravante que se han deteriorado las condiciones de salud de los prisioneros enfermos, incluso, varios de los indultables que padecen problemas de salud no reciben atención médica alguna, como es el caso de ARIS CARRILLO y WILSON LÓPEZ.
  1. PATIOS ESPECIALES PARA PRISIONEROS POLÍTICOS: En algunas reclusiones el INPEC ha pedido a los prisioneros políticos entregar censos de dicha población con fines de organizar el tratamiento conforme a los diálogos de Paz que cursan en la Habana, no obstante, a la fecha no se han destinado los lugares especiales para la reclusión especial de las y los prisioneros políticos, por lo tanto, no existe garantía para facilitar la revisión de la situación de esta población y preparar las condiciones para posibles liberaciones; por el contrario, se han presentado hechos de violaciones a los derechos humanos, traslados y aislamientos arbitrarios contra prisioneros políticos.

Por lo anteriormente expuesto, llamamos al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, a cumplir con lo anunciado en el comunicado del 22 de noviembre de 2015 y, en consecuencia, resolver las siguientes:

PETICIONES

  1. Que se ejecute de manera inmediata las órdenes de libertad de las y los 30 prisioneros políticos seleccionados unilateralmente para la obtención de indultos y se ofrezcan las garantías de reubicación y goce de la vida en libertad.
  1. Que se inicie de manera inmediata las brigadas médicas anunciadas, priorizando la atención de los casos graves de salud de prisioneros políticos.
  1. Que se agilice el proceso de adecuación de los patios especiales para prisioneros políticos, así como el ingreso a la reclusiones de todas las organizaciones de derechos humanos miembros de la Coalición Larga Vida a las Mariposas para el cumplimento de nuestras labores de verificación y revisión de la situación de las y los prisioneros políticos en Colombia.

 LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a los gobiernos garantes de los diálogos de Paz en Colombia, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad en general, para que difundan el presente comunicado y apoyen las exigencias del cumplimiento de los compromisos anunciados en beneficio de las y los prisioneros políticos en Colombia, enviando cartas a:

Presidente de la República

Doctor Juan Manuel Santos

Cra. 8 No. 7 – 26, Palacio de Nariño

Santa Fe de Bogotá- Fax: +57 1 566 20 71

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Doctor Sergio Jaramillo Caro

Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26; Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá D.C., Colombia – Conmutador (57 1) 562 9300

Ministerio de Justicia y del Derecho

Doctor Yesid Reyes Alvarado

Calle 53 No. 13 – 27 – Bogotá D.C., Colombia PBX (+57) (1) 444 31 00 – Línea de atención al ciudadano 01-800-09-11170

¡PAZ ES LIBERTAD!

Colombia, Enero 7 de 2016.

@traspasamuros


Springer y CIA.

 |  Published in Colombia
David Escobar / Rebelión / Natalia Springer es una contratista de la Fiscalía, quien está encargada de la imputación de cargos contra la insurgencia colombiana. Springer también ha tenido experiencia profesional en la OTAN, en temas de “cooperación Cívico-militar”, según se puede observar en su Hoja de Vida, en la sección de que ella autodenomina “Experiencia Profesional (relevante)”:

NRDC- IT: NATO Rapid Deployable Corps Joint Military Commissions Operations, Crisis Response OPS. Assessing new procedures in DDR operations. Working problems and cases for CIMIC (Civil Military Cooperation) branco. Consultora”i.

La cooperación cívico-militar en Colombia está relacionada históricamente al surgimiento de las Convivir, después llamadas Paramilitares, AUC, Águilas Negras, etc. En cuanto a la cooperación Cívico-Militar vale la pena recordar que Wesley Clark, quien fuera Comandante Supremo de la OTAN, afirmó ante la cadena CNN que sus “amigos y aliados fundaron el Estado Islámico”ii

Al introducir el email de Natalia Springer (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) en el campo de búsqueda de Wikileaks, inmediatamente se obtienen 83 resultadosiii. Dichos resultados contienen listas de los Archivos de Inteligencia Global, que son los correos electrónicos de la empresa estadounidense de inteligencia privada y espionaje Stratfor (que se autodefine como “la CIA en la sombra”iv), correos que fueron filtrados por Wikileaks, donde los empleados de Stratfor expresan relaciónes con otros actores de la industria privada de inteligencia.

En uno de los archivos filtrados de Wikileaks aparece el correo electrónico de Springer (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) en la casilla 4.138 de una lista de pago (“paid”) fechada en 2007, de la empresa estadounidense de inteligencia privada y espionaje Stratfor (ver lista https://wikileaks.org/gifiles/attach/146/146181_paid1006.csv).

La página de Wikileaks donde se encuentra alojada la lista anteriorv, dice que dicha lista fue interceptada en un email proveniente de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. cuyo destinatario era Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. es decir que era un mensaje de correo interno de dicha agencia de inteligencia norteamericana.

Además, en la misma página anterior hay un párrafo que dice (en inglés) que estos emails de la empresa Stratfor “revelan el funcionamiento interno de una empresa que se presenta como un editor de inteligencia, pero proporciona servicios de inteligencia confidenciales a grandes corporaciones, como Bhopal, Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. , La Marina de Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Los correos electrónicos muestran la red de informantes de Stratfor, la estructura de pagos, las técnicas de lavado de pago…”.

Sería desafortunado que los contratos multimillonarios entre Springer y la Fiscalía tuvieran que ver con el “lavado de pagos” al que hace mención Wikileaks, en lo que respecta a Stratfor, o que la relación contractual entre Springer y los servicios de Inteligencia Norteamericana tengan algo que ver con el hecho de que Springer se gane 17 millones de pesos diarios con sus contratos con la Fiscalía, según muestra El Espectador.vi

En otro de esos mensajes filtrados (email id 4515), que es un archivo de Excel que contiene varias hojas, aparece la información personal de Natalia Springer, en la hoja “ALL DATA”, fila 8363: email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En la casilla “método de pago” (Billing Method) aparece su Número de Tarjeta de Crédito: '4548181727036013 cuyo código de seguridad era '604, vencida en 2007.

Sub_amount (cantidad) =$99

Dirección de residencia en España (Calle Sil 14, Madrid) y Teléfono ('34619579336).

En la Columna P, que corresponde al trabajo de Springer dice “Strategic Planning” (planeación estratégica).

(Ver archivo de Excel: https://wikileaks.org/gifiles/attach/1/1285_Expected%20Daily%20Renewals%20-%20Oct06.xls )

Se sabe que esta cuenta no fue producto de un uso indebido de sus datos personales por un tercero, debido a que hay otro mensaje interceptado que proviene de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en el que Natalia Springer le dice a Stratfor que ha perdido su password y solicita que le envíen dicho password a su correo electrónicovii.

El email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. corresponde a la contratista de la Fiscalía colombiana, como se puede verificar un texto escrito por ella y publicado en un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fechado en 2005viii. En ese mismo documento dice que ella es "Experta en justicia transicional y analista política".

Para comprender quien es la agencia norteamericana de inteligencia y espionaje Stratfor, de la cual Natalia Springer era (¿era?) cliente, hay que analizar el lenguaje tosco con el que se comunican. Ahora bien, es claro que el lenguaje usado por Stratfor en sus comunicaciones de inteligencia tiene en última instancia, causas políticas y económicas: no se debe simplemente a la mala influencia de uno de sus agentes.

Uno de los mensajes filtrados por Wikileaks es lo que Stratfor denomina su “glosario de términos de inteligencia desconcertantes útiles y extrañosix.

En dicho documento la agencia de inteligencia dice que “Cada profesión e industria tienen su propio vocabulario. Usar términos de béisbol para explicar un partido de fútbol es difícil. Estos son algunos de los términos que utilizamos”:

Página 4:

BYM (Bright Young Man): Hombre Joven Brillante. No sabe ni mierda. No sabe que no sabe. Podría quemarte por primera vez. Trata de que lo maten tan pronto como sea posible”.

Página 7:

Customer (cliente): el usuario real de la inteligencia. Un tomador de decisiones que usa la inteligencia para tomar decisiones reales. También es quien decide culpar a la inteligencia cuando sus estúpidos planes explotan en su cara. Debe mentenérsele feliz hasta que sea ejecutado. Evitando ser ejecutado con él como parte clave del oficio.”

Página 20:

War Wagon (Carro de Guerra): carro de seguimiento con detalles de protección que transporta armas de hombro y equipo Contra Asalto o CAT. Si se necesita el carro de guerra la inteligencia ha fallado"

En otro de los mensajes de inteligencia de Stratfor filtrados por Wikileaks, curiosamente aparece el email de Natalia Springer en la misma lista de un archivo de excel en la que también aparece Alexander Springer, quien fuera su esposox:

Natalia Springer aparece en la Hoja “Standard”, Casilla 338, del archivo

Y también:

Alexander Springer (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) aparece en la hoja “weeklyintel” (inteligencia semanal), Casilla 1090.

El (¿ex?) esposo de Natalia Springer, según la información encontrada en Wikileaks es o fue Secretario de la Embajada de Austria en Madridxi:

En dicho Cable de la inteligencia norteamericana filtrado, Stratfor le dice a Alexander Springer, en su email institucional de la embajada que: "una previsión (“forecasting”) estratégica, nos esforzamos para mejorar continuamente su experiencia en la recepción de la inteligencia estratégica más actualizada, perspicaz y exacta"

Volviendo al glosario, la palabra subrayada en el párrafo anterior “forecast” es definida así por Stratfor en la página 9 del glosario citado anteriormente:

"Forecast (pronóstico o previsión): el corazón del oficio analítico. También llamado adivinación. La predicción de lo que ocurrirá en el área de interés es la parte más difícil del oficio. El área de interés podría ser el futuro del mundo, o alguien negociando la posición en la reunión de mañana. El oficio enseña que da lo mismo".

El Fiscal Eduardo Montealegre ha confirmado que el objetivo de los contratos con Springer es realizar juicios a las FARC, medida que se toma en el contexto de los diálogos de paz, unilateralmente por parte del gobierno, y sin que se haya creado la comisión de la Verdad del Conflicto, según da cuenta en entrevista al Fiscal Montealegre publicada por el diario “el espectador”:

"¿Cuándo se harán públicas las investigaciones de la firma Springer, teniendo en cuenta sobre todo que la Fiscalía hizo un contrato para ese fin específico?

Los juicios por crímenes internacionales contra los cabecillas de las Farc serán el escenario natural para descubrir los hallazgos de la Fiscalía, sustentados en parte en esos productos contractuales"xii

Springer a su vez ha defendido sus contratos en los siguientes términos:

"El trabajo de investigación que desarrollamos directamente para el despacho del señor fiscal cumple con el fin de: 1) apoyar desde el trabajo que se surte en la Dirección de Análisis, que en días pasados ha iniciado el proceso de imputación por crímenes de guerra (a las Farc)” (...)

esa información es considerada de ‘seguridad nacional’ por cuanto se trata de material de investigación que ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía contra las Farc por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”xiii.

Y si es que realmente son asuntos de seguridad nacional, ¿cuándo se decidió la Fiscalía a entregarlos al manejo privado de la firma de Springer?

El diario El Espectador conoció y publicó en internet el documento elaborado por la empresa de Natalia Springer, titulado “El secuestro en Colombia. Análisis cualitativo y cuantitativo sobre la amplitud y la sistematicidad de la práctica criminal de responsabilidad de las Farc-EP en Colombia”xiv. Ese diario les pidió a varios de los más reputados investigadores del conflicto colombiano que evaluaran el informe de Springer.

Dos de ellos aceptaron ser citados y publicar sus anotaciones sobre el reporte Springer: Francisco Gutiérrez Sanín y Daniel Mejía Londoño (ver análisis de Gutiérrez Sanín y de Mejía Londoño). Dos más prefirieron no aparecer públicamente, pero sí le enviaron a El Espectador sus conceptos. Los cuatro coincidieron con el interventor Carlos Useda y la fiscal Mónica Suárez: el informe preliminar sobre el secuestro en las Farc era problemático, desconocía la literatura académica sobre el conflicto colombiano, arribaba a conclusiones ligeras y hasta ingenuas, adolecía de rigurosidad, tenía múltiples deficiencias metodológicas y sus algoritmos no resultaban “sofisticados”.

Por ejemplo, Gutiérrez Sanín, doctor en ciencias políticas con estudios en matemática aplicada y miembro de la Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto, sostuvo, siguiendo a Borges, que “el trabajo bajo evaluación es original y sensato, pero donde es sensato no es original, y donde es original no es sensato”. En su criterio, “el modelo que presentan los autores está groseramente subespecificado”, es decir, no incluye variables esenciales para explicar sus conclusiones. Y remató: “Ni para escribir ni para entender este trabajo se requiere algún conocimiento especializado más allá de la estadística descriptiva”. “También desconocen al parecer trabajos claves producidos por la academia colombiana, como los estudios sobre las FARC realizados por Aguilera y Medina Gallego, entre otros”, “Aquí me parece que al estadístico le faltó alguien con conocimiento sustantivo de nuestro conflicto que lo orientara”xv.

Otra reconocida académica señaló: “No es cierto que solamente ella (Natalia Springer) podía hacer ese trabajo. La ‘evaluación de impacto’ –método con que trabajó la firma– se usa ampliamente en economía y para estimar los modelos econométricos ya existen paquetes estadísticos; para esto no se requiere un algoritmo patentadoxvi.

Jairo Estrada, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas, realizó esta crítica al modelo utilizado por Springer:

Las pretendidas imputaciones suscitan una preocupación mayor, cuando se informa que ellas se sustentan, por una parte, en el nuevo modelo de investigación de la Fiscalía. Y por la otra, en aplicaciones de la “ciencia de los datos”, o de la “ciencia de las bases de datos”, presentada por la firma Springer von Schwarzenberg y por el propio Fiscal como una innovación revolucionaria en la investigación penal.

La reflexión sobre la pertinencia y los límites de la adaptación acrítica en nuestro país del modelo de investigación criminal elaborado por teóricos importantes del derecho penal alemán como Claus Roxin e implementado en la Fiscalía con la asesoría de Kai Ambos y el concurso de un pequeño grupo de doctorados nacionales bajo el influjo de esa escuela, queda para el debate académico y político, lamentablemente muy pobre en este aspecto hasta el momento.

Sin desconocer los aportes del modelo de Roxin, aún están pendientes tanto la apropiación de visiones críticas de tal enfoque provenientes del propio medio académico alemánxvii, como el examen de oportunidad de implantación y adecuación de un modelo concebido para perseguir industrias criminales, incluidas las de alcance transnacional, especialmente en al ámbito de la criminalidad económica, a la investigación contra la rebelión armada en un contexto en el que se procura una solución política”xviii

La crítica más contundente a los contratos Fiscalía-Springer y al trabajo desarrollado por ella provienen del abogado Alejandro Ramelli , quien era un hombre tan cercano al fiscal, que el propio Eduardo Montealegre lo llevó a la Fiscalía en 2012 para crear la Unidad de Análisis y Contextos (Unac), su proyecto bandera. Ramelli es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Él acredita una maestría en Francia, un doctorado en España y más de 30 publicaciones en revistas académicas. En entrevista realizada por el diario El Espectador Ramelli se expresó en estos términos sobre la labor desarrollada por Springer:

No hay conexión entre la información que ella suministra y las hipótesis investigativas de la Unidad, no estaban debidamente acreditados los análisis cualitativos y cuantitativos, los patrones macrocriminales no estaban debidamente construidos, no estaba clara la línea del tiempo, tenía muchos problemas con las fuentes de información, por lo cual esa información recogida (para reconstruir los crímenes de las Farc) no podía sustentarse ante un juez”.

-¿Usted le presentó al fiscal general sus consideraciones sobre el trabajo de Natalia Springer? Sí, él sabía. Le presenté un informe muy detallado con todas las observaciones”xix

En otras palabras lo que denunció Ramelli es que la fiscalía estaría cocinando un Falso positivo Judicial para imputar cargos a la guerrilla. Y Ramelli sabe lo que son los Falsos positivos, según la misma entrevista:

los procesos de los falsos positivos se movieron cuando yo estuve en esa unidad. Esos procesos no iban para ninguna parte en relación con la presunta responsabilidad de los aforados o generales. Eso le consta a todo el mundo. Y yo los moví, a costa de mi seguridad y de mi familia.

-Usted dejó constancia de que por haber movido esos procesos temía por su vida. ¿Por qué exactamente? A ese tema le metí todo el hombro. Mire, ese tema está bajo reserva, pero esos procesos de los falsos positivos sólo avanzaron cuando yo estuve en esa unidad.

-¿Antes nadie le había parado bolas a las investigaciones contra generales por casos de falsos positivos?

Tal cual”

Después de haber salido de la Fiscalía debido a lo que denunció, Ramelli empezó a recibir amenazas contra su vida:

-“Usted denunció amenazas en su contra. ¿Cuándo empezaron esas amenazas y a qué se las atribuye?

Creo que es una persecución que me tienen desde hace tiempo. Quieren acabar con mi prestigio profesional, con mi carrera, han enviado anónimos diciendo que ya me hicieron echar de otros cargos y que me van a hacer echar del que tengo (como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional). Todo esto empezó desde que salí de la Fiscalía. Puede que exista una relación de causalidad.

-¿Teme por su vida?

Sí.

-¿Le pediría al fiscal que lo proteja?

¿Usted cree que me va a cuidar? Pensaría que no.

-¿Cree que esos anónimos amenazantes provienen de la Fiscalía?

Estoy seguro.

-¿Qué le quiere decir al fiscal general?

Que diga la verdad. Le pido que diga las cosas como son. Le resumo lo que pienso con una frase de Unamuno: ‘Podéis vencer pero no convencer’”

El hecho de que Springer tenga relaciones con la inteligencia norteamericana no sería algo sorprendente. Según el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, “los Estados Unidos tienen responsabilidad directa en el conflicto por su permanente participación en el diseño e implementación de políticas de contrainsurgencia: por la exportación hacia el país y la financiación de sus guerras de intervención <>, <> y <>; por la instalación de bases militares; por la asistencia tecnológica y el suministro de material bélico. Todo ello ha contribuido a prolongar y agudizar la confrontación armada. En el mismo sentido se debe valorar la responsabilidad de los servicios de inteligencia (…) la responsabilidad empresarial se extiende a las empresas transnacionales que hacen presencia en el país, también comprometidas de manera diferenciada con la dinámica asumida por el conflicto”xx

De acuerdo a lo anterior, la información contenida en este documento podría ser un nuevo capítulo de “la dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia: injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado”, título prestado del documento presentado por el profesor Renán Vega como aporte a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, surgida en el contexto de los Diálogos de Paz de La Habana, Cubaxxi.

NOTAS

i Ver página 1 de su hoja de vidahttp://www.colombiassh.org/reh/IMG/pdf_CV_Dra._Natalia_Springer-2.pdf

ii https://www.youtube.com/watch?v=QHLqaSZPe98

iii https://search.wikileaks.org/?q=nataliaspringer%40gmail.com

iv https://wikileaks.org/gifiles/docs/34/3462375_fw-halloween-treat-from-the-shadow-cia-complimentary-trial.html

v https://wikileaks.org/gifiles/docs/34/3485843_re-stratfor-com-397-paid-list-.html

vi http://www.elespectador.com/noticias/politica/natalia-springer-se-gana-fiscalia-17-millones-diarios-articulo-586312

vii ver email https://wikileaks.org/gifiles/docs/48/486143_lost-.html

viii Documento disponible en http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/4.pdf (página 15, pie de página número 1).

ix Ver documento: https://wikileaks.org/IMG/pdf/The_Stratfor_Glossary_of_Useful_Baffling_and_Strange_Intelligence_Terms.pdf

x Ver archivo de excel: https://wikileaks.org/gifiles/attach/141/141704_ezmlm%20email%20addresses%20v3.xls

xi https://wikileaks.org/gifiles/docs/50/507636_re-transition-to-new-stratfor-website-.html

xii ver entrevista http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-nivel-de-innovacion-del-trabajo-de-firma-springer-se-articulo-579298

xiii http://www.elespectador.com/noticias/judicial/nuestro-trabajo-de-seguridad-nacional-natalia-springer-articulo-577166

xiv http://static.elespectador.com/archivos/2015/09/2b85ff35552b6007c3048006f06d1484.pdf

xv Ver informe: http://static.elespectador.com/archivos/2015/09/fe4e5065cb4e9f6e330ac674e7e2f46d.pdf

xvi http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-trabajo-de-natalia-springer-desato-controversia-fisc-articulo-587444

xvii Estrada refiere aquí a Amelung, Knut, “Zur Kritik des kriminalpolitischen Strafrechtssystems von Roxin”, en JuristenZeitung, 37. Jahrg., Nr. 18 (17. September 1982), pp. 617-622. Desconozco el documento.

xviii  Ver artículo de Jairo Estrada http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202433

xix  Ver entrevista http://www.elespectador.com/noticias/judicial/le-pido-al-fiscal-diga-verdad-caso-springer-alejandro-r-articulo-586679

xx (Ver página 351 del informe https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf

xxi Ibíd. Pág. 697.

David Escobar. Comunicador Social y Periodista

Todo lo que en México sabemos sobre el Chapo Guzmán proviene de la televisión o de leyendas urbanas. Son pocas las personas, comparadas con el resto del país, que podrían tener una experiencia cercana al famoso narcotraficante.
 
 
Algunas de esas personas son periodistas especializados, militares, funcionarios del Gobierno, o habitantes del Estado de Sinaloa donde tiene su base el poderoso Cártel que lidera Joaquín Guzmán Loera. Algunas amistades del norte del país alguna vez me han contado historias sobre como conocieron a alguien o estuvieron en algún lugar relacionado con él o su gente.
 
Pero estas anécdotas de alguna forma son comunes en todo México. En cada bar del país alguien puede contarte una narco-historia, no necesariamente relacionada al Chapo, pues hay más de cinco o seis carteles de la droga en esta nación alrededor de las cuales giran este tipo de experiencias. Por eso es que hay tantos autores sobre narcotráfico en México. Los cuentos están ahí, simplemente.
 
Por eso es que, la re-recaptura del Chapo Guzmán es algo que solo queda en la anécdota. En general, no tiene nada qué ver con la realidad constante de la mayoría de quienes vivimos en México. Por supuesto, estamos por escuchar nuevos corridos, saldrán otros libros, y nos regodearemos apostando si se escapara de nuevo o no, o con los chismes derivados de asuntos como la sorpresiva (y debo decir, genial) entrevista que realizaron al capo el actor estadounidense Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo para la revista Rolling Stone.
 
Un trabajo hecho dos meses antes de la actual aprehensión y cuando el gobierno mexicano aún perseguía al jefe del cartel de Sinaloa. Dicho sea de paso decir: ¿Cuanto ridículo mundial es suficiente para el presidente Peña Nieto?
 
A reserva de conocer una encuesta rigurosa donde se mida el impacto que ha tenido esta recaptura en la imagen pública del presidente mexicano (tenida en apenas un 20% de aceptación), mi experiencia saldada de conversaciones con colegas y otras personas me permite decir que a la gente le importa un bledo que hayan reaprehendido al Chapo Guzmán. Cualquiera podría verlo en twitter. Hay más preocupación por la creciente devaluación del peso frente al dólar que por el caso del narcotraficante. Y no es para menos.
 
La crisis económica en México supera el 21%; el petróleo se ha caído un 14% y de a poco se experimenta el drama del desmantelamiento de los servicios públicos de salud y educación. Además, muchas personas siguen cuestionándose ¿Y donde están los 43 de Ayotzinapa?
 
En términos concretos, la figura del Chapo no nos dice nada para quienes andamos a pie. Su negocio está arriba, entre los círculos de poder político y económico. Tiene qué ver con la red que soporta directa e indirectamente la estructura del cartel de Sinaloa. Las drogas que produce y que no van para Estados Unidos, se venden en las fiestas exclusivas; en escuelas privadas, oficinas y despachos de segundo y primer nivel; en bares y tables dance. Círculos de alto consumo donde se pagan cientos de pesos por una piedra de crack. Donde además hay apuestas ilegales , trata sexual y se pactan los tratos de lavado de dinero y otros negocios ilegales. Asuntos que por razones pocas veces documentadas pasan de largo ante el ojo de las autoridades.
 
Se trata de un entramado de corrupción de gran nivel que hace posible la existencia de carteles de narcotráfico, según ha señalado el ex asesor de la ONU e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia. Una telaraña tan bien tejida y con tantos intereses que luce indestructible. Que tan fuerte es que aunque ya van tres veces que capturan al lider del Cártel de Sinaloa, su poder no merma. Se prevé que ésta vez ocurra lo mismo; es decir, nada.
 
Esa es la razón fundamental por la cual la recaptura del Chapo se queda ahi, en los titulares de noticias. El Cártel de Sinaloa continuará porque hay otros tantos jefes que manejan el negocio. El narcotráfico en México seguirá porque extiende sus redes a círculos de alto poder que no son investigados. La violencia no disminuirá (efecto que sí nos atañe), porque sus ejecutores no necesariamente son grupos ilegales. De modo que el golpe sólo interesa a unos cuantos involucrados.
 
A Peña Nieto para intentar lavar su imagen ante Estados Unidos y a una plutocracia que se aferra al Estado en tiempos electorales por venir. Medios y Gobierno han convertido esto en un circo de hipócritas. Aquí la vida sigue siendo la misma y cada vez peor.
 

 Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR

El pasado 19 de noviembre (2015), Juan Manuel Santos, presidente de la oligarquía, estuvo de visita en Seattle (Estados Unidos), en la Base Conjunta Lewis-McChord, una de las más grandes de ese país, donde estuvo observando un Boeing C-17, avión de transporte militar usado en Iraq.

Es conocido la necesidad de renovación de naves de guerra por parte de las fuerzas armadas de la oligarquía ya que gran parte de las aeronaves compradas hasta alrededor del 2007, están en tierra por fallas o fueron derribados por la guerrilla.

En septiembre del año 2013 Boeing anunció el cierre definitivo, para el año 2015, de la producción del C-17.

Militares estadounidenses fueron los encargados de mostrarle el avión a Juan Manuel Santos, que parece pretender reforzar el poder de fuego de su ejercito de ocupación para el “posconflicto”, con estos aviones.

Es de recordar que debido a los problemas económicos de la oligarquía colombiana ocasionados por el modelo económico, están sin recursos suficientes para renovar equipos de guerra, y esto recién “recién envejecidos” parecen ser la opción, así no les gusten a algunos generales.

Nota: Este artículo apareció originalmente en la revista CEPA (año IX, Vol.II, No.19 –Agosto/Diciembre 2014) y fue escrito entre Abril y Junio del 2014, cuando se conmemoraba el medio siglo de vida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). El objetivo de este artículo no era ni hacer una historia exhaustiva de este movimiento insurgente, ni una apología, ni una exposición sistemática de la ideología y la práctica del movimiento guerrillero. El objetivo, en realidad, era mucho más simple: demostrar que la resistencia no ha sido estéril ni en vano. Quería salir al paso a una determinada línea argumentativa en un sector liberal y socialdemócrata de la izquierda, que plantea, de manera simplista, que la lucha armada, en el mejor de los casos, 'no ha servido para nada' o, en el peor de los casos, ha sido el principal factor del estancamiento de la izquierda colombiana –a esto último lo he llamado la tesis de la "guerrilla-tapón", que bloquea el aparentemente "inevitable" cauce de la izquierda legal al poder. Ambas tesis, parten de la discutible base de que la resistencia armada fue sencillamente una opción que se asumió dogmáticamente en medio de un abanico de oportunidades que la izquierda tenía a mediados del siglo XX. En este sentido, la gran responsable de la violencia en Colombia sería, en realidad, el movimiento guerrillero y no el Estado. En ese sentido, estas reflexiones deben ser entendidas como una contraparte de una polémica previa, ¿Qué Paz para Colombia?, escrito con un amigo y colaborador que prefirió usar el seudónimo de Uriel Gutiérrez.

Creo que es importante volver a rescatar el significado de la resistencia armada en la historia reciente colombiana de una visión condenatoria a priori, precisamente, porque esa visión sirve para que el Estado oculte su responsabilidad histórica fundamental ante los horrores experimentados en más de medio siglo de violencia "desde arriba", y en consecuencia, se diluya en el imaginario público la urgencia de reformas estructurales para garantizar una superación a las causas que están en la raíz de este ciclo del conflicto social y armado. De paso, se quiere endilgar toda responsabilidad a la insurgencia, como ya se está viendo en la elaboración del discurso post-conflicto –que pudo ser ensayado con ocasión del sincero acto de perdón del comandante de las FARC-EP Pastor Alape en la comunidad de Bojayá-, donde la reconciliación pasa porque la sociedad "perdone" a la insurgencia, precisamente, por el acto de rebelión, no por hechos puntuales. La reconciliación de la oligarquía consiste en que el hijo descarriado vuelve a casa, el padre sacrifica un cordero, y todos felices en la finca. William Ospina lo señalaba en un artículo con su prosa fina y a la vez desgarradora: "la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan"[1].

Dentro de esta estrategia de amnesia histórica, es fundamental quitar cualquier piso de legitimidad al accionar de la insurgencia. Ahí es donde el discurso de que la resistencia de décadas fue en vano juega un rol clave, pues resta todo sentido a más de medio siglo de lucha insurgente. Dice el sociólogo Charles Tilly que "el hecho trágico y fundamental, es sencillo: la coerción funciona; aquellos que aplican una fuerza considerable en contra de sus semejantes obtienen obediencia, y gracias a esa obediencia obtienen múltiples ventajas, dinero, bienes, deferencia, acceso a placeres que le son negados a las personas que tienen menos poder"[2]. El consenso que se ha generado en ciertos círculos y el proceso de recomposición gradual de la hegemonía del Estado colombiano, es indisociable del terror paramilitar, del desplazamiento masivo, de los falsos positivos, de las desapariciones en masa de activistas sociales, en fin, de todo el repertorio de violencia física y estructural a disposición del Estado colombiano y fortalecido por el Plan Colombia. El consenso en importantes sectores sociales, que incluye a importantes sectores de izquierda o "progresistas", de que la resistencia armada ha sido inútil o una anomalía histórica, es el resultado de esa coerción. Aunque nos encante la idea de pensar que vivimos en un mundo de leyes, de estado de derecho, de derechos inalienables que portamos todos por igual desde que nacemos, la verdad es que todo esto es una ficción: en el mundo real, la fuerza siempre antecede a la razón. Las ideas dominantes lo son porque reflejan el dominio de la clase en el poder, no por sus cualidades intrínsecas.

Mi intención con este ensayo era demostrar que Tilly tiene razón, pero que su argumento es incompleto. Así como la coerción de los poderosos funciona, también funciona la resistencia de los de abajo[3]. La acción colectiva, la resistencia, en todas sus vertientes y expresiones, que incluyen la lucha armada, pero que no se agotan ni mucho menos en ella, también han sido creadoras de realidad. Debido a la asimetría de las partes en conflicto, las FARC-EP han tenido un rol limitado, muy limitado, en la dirección de los eventos que han dado forma a Colombia en las últimas décadas. Pero su sola existencia, ha puesto un cierto límite al poder absoluto que la oligarquía colombiana habría tenido de otra manera. La resistencia ha tenido un impacto enorme en ciertos derechos conquistados y en ciertos beneficios que hoy se dan por sentado. Si bien ese impacto ha sido, como es apenas lógico, más fuerte en las zonas rurales donde la influencia insurgente ha sido mucho mayor, incluso hegemónica en algunos casos, la impronta de las reformas que han sido sacadas mediante la resistencia al establecimiento se ha hecho sentir en todo el país.

El tono es polémico y lo prefiero así: hay veces, cuando el contradictor exagera, en que la mesura no es aconsejable. Insisto, este ensayo no pretende ser un balance completo, ni una exposición exhaustiva de los objetivos de la insurgencia, ni un análisis crítico de lo coherente o no que han sido, ni una historia de éstas. Tampoco pretendo acá defender tal o cual acción, o forma de acción, ni una determinada estrategia o falta de ella, ni defender los avances o los silencios en el proceso de paz en La Habana. Mucho menos, pretendo defender todo lo que la insurgencia ha hecho o dejado de hacer. El objetivo, como lo he dicho, es mucho más humilde, pero a la vez más apremiante. Es hacer un ejercicio de memoria histórica y echar por suelo la tesis reaccionaria que se ha incrustado aún en sectores de izquierda, de que medio siglo de luchas ha sido en vano. Es demostrar que la resistencia, nos guste o no, ha sido un motor de la historia colombiana y que ha dado frutos para algunos de los sectores más oprimidos, explotados y marginalizados del país. Ahora que estamos prontos a presenciar el cierre de un ciclo histórico para Colombia, la historia y las ciencias sociales nos pueden servir de brújula para ver por dónde seguir transitando en la larga marcha hacia una sociedad emancipada.  

José Antonio Gutiérrez D.

8 de Enero, 2016

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Se cumplen, oficialmente, 50 años de vida de las FARC-EP y del ELN, aunque la historia es más vieja -las primeras autodefensas comunistas, embriones de las FARC-EP se habrían formado en 1949 ante la violencia conservadora que se disparó con el ascenso de Ospina en 1946. ¿Cuál es el significado de estos cincuenta años de lucha guerrillera? La mayoría de los medios oficiales mantienen un silencio sepulcral ante este significativo hecho; algunos han hecho especiales sobre el 50º aniversario de las FARC-EP, en que la mayoría de los análisis son bastante mediocres. ¿Cómo explicar la persistencia del movimiento insurgente en un país que frecuentemente se describe (por algunos opinólogos de oficio) como un país conservador y de derechas? En Colombia se ha intentado manufacturar un "consenso" derechista mediante la supresión violenta para la cual se han utilizado con todas sus fuerzas los aparatos ideológicos y represivos del Estado, amén de los tentáculos paramilitares del Estado profundo. Baste ver cómo, después de decenas de miles de muertos, han logrado "derechizar" a la brava algunas regiones tradicionalmente izquierdistas como Urabá y el Magdalena Medio, donde hoy reina la apatía y el clientelismo, más que una genuina convicción de "derechas".

Una mirada superficial podría concluir, rápidamente, que este medio siglo de guerra no ha servido para nada. Sin embargo, el movimiento guerrillero es uno de los factores políticos más importantes de la realidad nacional y representa un acumulado histórico y de experiencias ineludible en la historia de las luchas populares en Colombia. El movimiento guerrillero ha sido y es aún multifacético, polivalente, significando diferentes cosas en diferentes contextos, teniendo en ciertas regiones una gran fuerza, pero con obvias limitaciones, propias del carácter contradictorio y fragmentado del espacio político-social colombiano.

Aunque hablar del movimiento guerrillero colombiano es casi imposible por su extraordinaria diversidad, me centraré en las FARC-EP, el grupo insurgente con mayor arraigo en el campesinado. Cuando diga insurgencia, o movimiento guerrillero, me estaré refiriendo fundamentalmente a ellos. Desde luego que las FARC-EP no agotan el movimiento guerrillero colombiano. No es mi intención, por cierto, desconocer la importancia histórica que otros grupos guerrilleros han tenido, cada cual expresión de algún sector social o de algún grupo específico de reivindicaciones. Pero son las FARC-EP las que plantean el puente más firme para explicar la continuidad desde la Violencia hasta llegar al conflicto social y armado de nuestros días. Ellas no se implantaron mediante el foquismo, sino que surgieron orgánicamente de la resistencia al despojo y de las autodefensas campesinas. Nunca tuvieron que buscar su identidad en un deambular interminable, sin mapa, por la selva. Su naturaleza, en palabras de Francisco Gutiérrez Sanín, une la biografía con la historia, las mil y una humillaciones y agresiones experimentadas a diario por el campesino con la historia de la Violencia. Actuales agravios, como las fumigaciones en el Putumayo se hermanan con Marquetalia en un relato unificador que le da sentido, historia y proyección, "articulando la experiencia personal en un marco explicativo más amplio, basado en el destino colectivo"[4]. A la vez, son el grupo más demonizado y menos comprendido para la "opinión pública" (ie., clases medias urbanas), quizás precisamente, por haber sido la guerrilla más "exitosa".

 

Obstáculos para una apreciación objetiva de la insurgencia

No es fácil evaluar objetivamente la contribución del movimiento guerrillero en Colombia. Cualquier intento serio de abordar este fenómeno se enfrenta al macartismo dominante, cuando no a la criminalización directa si se consultan las fuentes o se entrevista a los propios actor insurgentes. Las experiencias de Francisco Toloza y Miguel Ángel Beltrán son prueba fehaciente de ello. Las dificultades también se deben a una serie de prejuicios y distorsiones derivados de la escasez de información disponible de primera mano. La inmensa mayoría de la información disponible sobre el movimiento insurgente está tomada de fuentes oficiales o de organizaciones de caridad u ONGs, con las cuales las comunidades tienen una relación de dependencia, por lo cual, dirán lo que la cooperación europea o norteamericana quieren que diga en sus informes. Muchas veces estos testimonios deben ser entendidos más como estrategias discursivas de supervivencia que como recuentos fiables de la realidad del conflicto.

Algunos prejuicios que se derivan de las "anteojeras" con que las que se analiza la realidad colombiana, fueron resumidos por William Ramírez Tobón:

Tirofijo era para la derecha burguesa un depredador rural al servicio del totalitarismo soviético, para buena parte de la extrema izquierda un revisionista del canon revolucionario y, para mí, un tosco campesino a quien alguien le había metido en el morral un breve manual marxista.[5]

A lo que habría que agregarles quienes, con gran dosis de elitismo, hoy confunden guerrilla con crimen organizado. Natalia Herrera, de la Fundación Ideas para la Paz, en un exabrupto nada académico y bastante frívolo, afirma que las FARC-EP "no son más que una congregación de criminales"[6]. Afirmación la cual, por cierto, no sustenta en datos, ni mucho menos entrega una definición conceptual de lo que entiende por "criminales". Son las "verdades" auto-evidentes del paradigma conservador dentro del cual se analiza el conflicto, cuyo valor explicativo es nulo. Con las FARC-EP entre la "intelectualidad" colombiana ocurre lo mismo de lo que se quejaba Bruce Cummings sobre la representación maniquea de países del "eje del mal" en los medios de Estados Unidos "es como una pizarra en blanco (...) donde lo que sea que uno escriba en ella tiene credibilidad –siempre y cuando sea negativo"[7].

La exitosa campaña del gobierno colombiano por vaciar de contenido político a la insurgencia y mostrarla cómo una agrupación de delincuentes no es nueva -ya en la década de 1950 a los guerrilleros se les llamaba bandoleros- y ha ido de la mano, en lo jurídico, del progresivo desmonte del delito político y su equiparación a la delincuencia común. El cuento chino de la "narco-guerrilla", creación original de Lewis Tamb, embajador de EEUU en 1984, se machacó hasta la saciedad por parte de los medios y la oficialidad del ejército, deseosa de recuperar las banderas de la moralidad. Pero la propia intelectualidad tuvo, al finalizar la década de 1990, fundamentos teóricos para dar un barniz "científico" a la propaganda del régimen, cuando pusieron en boga las teorías de la "rebelión por codicia", desarrollada por un analista de Banco Mundial, Paul Collier, según la cual, después de la Guerra Fría ninguna rebelión puede tener sustento ideológico ni puede explicarse por agravios u opresión. Vistas las rebeliones en el espejo del Nuevo Orden Mundial, ahora todo sería debido a la cochina codicia. Todo se reduce, según un modelo utilitarista, al comportamiento predador de los rebeldes que buscan el saqueo y el enriquecimiento privado[8]. Se confunde así de manera deliberada la necesidad de captar fondos para financiar la rebelión, con una rebelión sólo para captar fondos. Esta "teoría económica del conflicto" ha sido cuestionada por su superficialidad, por la confusión deliberada de medios y fines, inconsistencias conceptuales, por la falta de análisis de contexto y la utilización de analogías inadecuadas, pero en Colombia es aceptada de manera axiomática por un número significativo de científicos sociales. Teoría que constituye, en el horizonte ideológico de la oligarquía colombiana, una continuidad entre el campesino salvaje y patirrajado con el guerrillero depredador que se comporta como un carnívoro amenazante, en "guerra contra la sociedad", citando a Daniel Pécaut. De más está decir que la supuesta falta de ideología del movimiento guerrillero no se aplica cuando rutinariamente se arrestan personas acusadas de ser "ideólogos" de la "subversión".

Así, se ha ido reduciendo en el discurso público, y progresivamente en el académico, los márgenes de lo aceptable en los paradigmas para entender el conflicto colombiano. Para ser "serios" hay que aceptar sin cuestionamientos ni críticas las "verdades incuestionables" sobre la insurgencia, que son moneda corriente aun cuando haya escasa evidencia que las sustente ni haya suficientes esfuerzos críticos para falsearlas. Curiosamente, un investigador de la derecha uribista, Alfredo Rangel, ha escrito en el pasado que el movimiento guerrillero "utiliza medios bandoleriles, pero sus objetivos son políticos, no de enriquecimiento personal. El hecho de que la guerrilla trafique con droga[9] no la convierte en una mafia (...) las guerrillas de Mao Zedong en China también traficaron con opio para financiarse."[10]

Una robusta crítica a esta visión de la insurgencia como mero crimen organizado fue realizada por Francisco Gutiérrez Sanín, quien decía de la insurgencia que

Sus miles de miembros (...) no reciben pago y participan en un conflicto con una gran probabilidad de morir o recibir una incapacidad permanente. No se benefician del saqueo, enriquecerse no es una perspectiva realista, y esto es de conocimiento común. (...) Viven sin ingresos extraordinarios (ni ordinarios, de hecho) (...) A pesar de esto, los miembros de las Farc generalmente pelean con gran brío. Hay excepciones, pero como regla general, en combate exhiben tanto destreza como motivación contra oponentes dotados de mejores medios técnicos. Cuando están a la defensiva, no desfallecen, y su tasa de deserción es baja. (...) los individuos tienen pocos incentivos económicos para unirse a la organización y jugarse la vida por ella (...) Un trabajo en las Farc no sustituye un empleo legal (...) y tampoco es un sustituto para actividades ilegales menos riesgosas y/o con más recompensas económicas (...) las Farc ofrecen lo mínimo y exigen lo máximo; sin embargo, son los campeones no sólo en términos de crecimiento sino también de supervivencia (...) contrariamente a lo que sucede con soldados codiciosos, los miembros de las Farc pelean y se defienden bien.[11]

Desde luego que hay excepciones a esta tendencia a ver a la insurgencia a través de las anteojeras del "investigador serio", como el trabajo de investigación que en la Universidad Nacional ha conducido Carlos Medina Gallego o el trabajo desarrollado por Alfredo Molano, o hitos en la investigación como "El Orden de la Guerra" de Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe (CEJA, 2002) o "Colonización, Coca y Guerrilla" de Jaime Jaramillo, Leonidas Mora y Fernando Cubides (Alianza, 1989), por nombrar a algunos de los investigadores más destacados, los cuales sí se fundamentan en investigaciones en terreno, en un conocimiento exhaustivo de la problemática y en la capacidad de analizar críticamente la realidad y los discursos sobre ella.

Un último problema de fondo, es que las FARC-EP, como una organización en lo fundamental campesina, no han sido del interés de intelectuales que buscan disquisiciones teóricas. Resulta sorprendente que en uno de los mejores libros que existen sobre las FARC-EP, "El Orden de la Guerra", escrito con numerosos testimonios y evidencia recogidos de primera mano durante los diálogos del Caguán, se diga que "Las FARC se definen como marxistas leninistas (...) Pero se muestran poco interesadas en los desarrollos de esta ideología (...) [y] de las discusiones más recientes del marxismo occidental desarrolladas en América Latina (por ejemplo, las corrientes neogramscianas)"[12]. Una frase como esta es la prueba más fehaciente del cortocircuito comunicativo entre la insurgencia y los intelectuales colombianos.  

Campesinado, rebelión y auto-defensa

Aquella vez, durante los diálogos del Caguán, que Tirofijo protestó por los cinco marranos y las cuatro gallinas que el gobierno le había arrebatado cuando lo de Marquetalia, toda la prensa se mofó del rústico patirrajado y se comprobó este cortocircuito con la "intelectualidad". En esas sencillas palabras, empero, hay más de verdad sobre el conflicto que en los miles de folios escritos por opinólogos de retorcida prosa greco-caldense. Esta anécdota sirve para ilustrar perfectamente el hecho de que, precisamente, la insurgencia se ha encargado de sacar a la luz pública toda esa serie de agravios y pesares de los de abajo, de esas personas irrelevantes para quienes han comido siempre a plato lleno.

Es muy frecuente que personas de clase media urbana, que nunca han tenido contacto de ninguna clase con el movimiento insurgente, pregunten ¿qué ha hecho la guerrilla por el pueblo colombiano? Hay que entender, para responder a esta pregunta, que las FARC-EP no son el gobierno, aunque estos críticos les exijan cosas que su gobierno no ha tenido voluntad política de hacer. Lo que el movimiento guerrillero "ha hecho" por el pueblo colombiano, entonces, no puede ser entendido desde la perspectiva del estado de bienestar ni de dádivas clientelistas. Debe ser entendido, además, desde el punto de vista de la base social del proyecto insurgente, que es, en lo fundamental, el colono, el pequeño campesino y los comuneros. El principal significado de la insurgencia ha sido el de dotar de un sentido de dignidad y de un norte político a un sector importante del campesinado marginalizado.

Ante todo, la existencia de la insurgencia, fiel a su origen en las autodefensas campesinas de los '40, ha sido la de garantizar la existencia misma del pequeño campesino en amplias zonas del país y a frenar el ritmo del despojo violento. Un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, al referirse al despojo en el Guaviare, concluye: 

"El representante a la Cámara Ignacio Antonio Javela adquirió 1.250 hectáreas de tierras a los campesinos de esa región, pero otros comienzan a desplazarse ante amenazas e intimidaciones. Mientras, grupos ilegales rearmados han comenzado a posicionarse sobre toda la denominada Trocha Ganadera, donde actualmente ejercen presión contra algunas comunidades campesinas. Las FARC, por su parte, han prohibido a los campesinos vender sus predios y han manifestado que defenderán la zona de otros grupos armados ilegales. Tácitamente se trata de desplazar para concentrar la propiedad de la tierra. Las compras masivas a muy bajo precio o la intimidación armada han llevado a desplazamientos gota a gota en esta región. Paradójicamente, el que garantiza la propiedad a campesinos y colonos es un grupo armado ilegal –las FARC- y no el Estado."[13]

Desde el punto de vista de su ideología de autodefensa y desde el punto de vista de ese campesinado, la insurgencia ha cumplido[14]. Pero tampoco la insurgencia se ha limitado a la mera supervivencia. Si la cuestión campesina hoy se encuentra en el centro del debate nacional, en gran medida es porque la insurgencia ha planteado una y otra vez este tema. Las negociaciones de La Habana no son el único factor, pero sí uno de los más importantes para generar el clima de movilización y debate nacional que facilitaron la explosión del campesinado en el Paro Agrario de 2013. Lo cual demuestra que los rasgos decisivos de la identidad fariana, siguen siendo su identidad campesina y la ligazón a la tierra.

La rebelión ha superado los límites de la auto-defensa –sin negarla-, impulsada por los mismos cambios en la estructura socio-económica que se vienen desarrollando desde el aperturismo económico de los '90, acelerado por las locomotoras del desarrollo santista. El campesinado hoy no es solamente un resabio de un modo arcaico de existencia: es un límite a la expansión del Plan de Desarrollo Nacional depredador y extractivista, a la vez que la base de un proyecto social fundado en el respeto a la biodiversidad, la soberanía alimentaria, al medio ambiente, un modelo de organización comunitaria, desde abajo, de democracia participativa y directa, que empalma con la figura constitucional de las Zonas de Reserva Campesinas. Todo lo cual conlleva a un profundo replanteamiento del modelo actualmente imperante en Colombia. No es correcta la visión reduccionista de la insurgencia presente en la tesis de Ramírez Tobón de la "colonización armada", para quien las FARC-EP no buscarían la toma del poder y la sustitución del capitalismo por el socialismo, sino que serían "unos humildes y tenaces individuos empeñados en (...) la conservación de su reducida pero precisa definición existencial en términos de seguridad, tierra y aperos de labranza", esto, con el fin de "recomponer en otras tierras las condiciones de pequeña propiedad descompuestas en sus lugares de origen"[15]. Esto, sería desconocer la propia evolución ideológica de la organización, sus propias argumentaciones y proyecto político de cara al país, las condiciones concretas en las cuales se desarrolla ese proyecto, así como sus esfuerzos por conectarse con otros sectores de la población colombiana más allá del campesinado.

Orden e insurgencia

Es indudable que son las comunidades rurales de diversos puntos del país donde el movimiento guerrillero ha tenido su más fuerte arraigo. En muchas de estas comunidades, las FARC-EP han sido ante todo, las garantes del orden social. Hasta ahí la tesis de Ramírez Tobón sobre la colonización armada es válida. Pero no lo es si nos quedamos sólo hasta ese punto, pues no se busca, tan sólo, reproducir esas condiciones de pequeña propiedad arcaicas, sino que se busca, efectivamente, el establecimiento de un orden social nuevo, con nuevas dinámicas de poder, en condiciones precarias y de atraso social abismales. La estrategia revolucionaria de las FARC-EP se ha basado en la construcción de poder local, dando un nuevo carácter a relaciones sociales pre-existentes y creando otras nuevas según las circunstancias[16]. Desde una perspectiva dogmática y abstracta, que mire mecánicamente la ecuación "fuerzas productivas/ relaciones sociales de producción" efectivamente las FARC-EP no han desarrollado el "socialismo", según el recetario de los clásicos, en las comunidades donde ha tenido influencia... ¡ni tampoco ha tenido las condiciones materiales para hacerlo! Pero si vemos el problema desde la dialéctica de la lucha de clases, a las claras se revela la inadecuación del análisis que insiste en que las demandas de la insurgencia son posibles de absorber por el capitalismo sin traumas. No existe un capitalismo en abstracto, sino que el sistema adquiere matices particulares en cada país o región, dependiendo de una serie de factores. El hecho objetivo es que el capitalismo realmente existente en Colombia ha sido incapaz de absorber hasta ahora las demandas de las FARC-EP, lo que no puede explicarse solamente por la tozudez de la oligarquía.

La dialéctica del cambio social depende no de las categorías de análisis en abstracto sino desde las condiciones concretas en que se desarrolla la lucha de clases. Es decir, algo que en Dinamarca pueda resultar hasta conservador (por ejemplo, la educación gratuita), en un país con las contradicciones de Colombia, puede resultar revolucionario. Una reforma socialdemócrata en Escandinavia, puede desatar una revolución en nuestros trópicos, no solamente por la cantidad de cambios estructurales que la susodicha reforma requiere, sino además por el impacto que ésta tiene en el equilibrio siempre precario de la estructura de clases colombianas. Esto y no otra cosa es lo que explica que se lleven 80 años de derrame de sangre por una dichosa reforma agraria en Colombia.

Y sin embargo, en numerosas comunidades ha habido reforma agraria, realizada muchas veces por la insurgencia, que ha permitido la persistencia del pequeño campesinado en los Llanos y en Tolima, por ejemplo. No solamente la insurgencia ha garantizado que el campesino conserve su tierra, sino que además, ha garantizado la viabilidad de las comunidades al dotarlas de ciertos elementos de orden mediante los "manuales de convivencia" que son la ley en muchos territorios. Las FARC-EP han sido las que ha funcionado como agencia para la distribución de tierras, sirven de jueces y árbitros en diversas disputas, han definido criterios de propiedad y un marco jurídico para las comunidades (lo cual han hecho muchas veces basados en las propias concepciones de las comunidades)[17], han regulado la explotación de recursos, determinado el valor de la mano de obra y controlado precios. Por ejemplo, en zonas de cultivo de coca han regulado la cantidad de hectáreas que pueden dedicarse al cultivo ilícito y cuántas deben dedicarse al pan coger. Organizan junto a las comunidades labores y obras públicas, cobran impuestos que se utilizan para la guerra y para las obras comunitarias, y a veces proveen servicios médicos. Es decir, en muchas comunidades rurales de Colombia, las FARC-EP realizan labores que son propias de un gobierno, en medio del rigor de la guerra, de la precariedad de recursos, y desde una lógica de participación y empoderamiento de la comunidad. Mientras ciertos autores hablan de un orden frágil en constante negociación[18], precisamente esta negociación garantiza el arraigo y la persistencia que este orden tiene en ciertas zonas del país. Pues no se trata de una imposición arbitraria, sino de un proceso de diálogo permanente con las comunidades; diálogo en el cual las normas, instituciones y conductas se desarrollan de manera flexible, adaptándose a la idiosincrasia de cada lugar. En este diálogo, por cierto, está presente la dimensión afectiva: no es casual que en las comunidades se les llame, muchas veces, sencillamente "los muchachos", pues los unen lazos de sangre y afectivos a sus comunidades. Sin embargo, esta dimensión afectiva no desplaza la dimensión eminentemente política y moderna de este diálogo. La ley del monte se respeta siempre y cuando sea vista como racional por la comunidad, como una buena ley que la beneficia, que es justa –si no es así, la insurgencia no tiene posibilidad de echar raíces en una comunidad por la mera fuerza de las armas. Alfredo Molano sintetiza este punto: "El colono se niega a aceptar (...) el despojo; y en esa negación se gesta su reacción contra las instituciones y los hombres que la gobiernan. Por esta razón los colonos aceptan, acatan y defienden a la guerrilla, porque para ellos la acción guerrillera es, simplemente, una acción justiciera. Nada más."[19]

Proyecto de izquierda e insurgencia

Pese a esta fuerte base social en el campesinado, sería incorrecto plantear que las FARC-EP son, sencillamente, campesinistas. Desde la séptima conferencia guerrillera en 1982, las FARC-EP han venido tomando en cuenta la situación de las ciudades, donde han visto "atisbos revolucionarios" abiertos por el paro cívico de 1977. Esta orientación, así como la negociación política abierta con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), son claves para entender el desarrollo de una línea política propia por parte de las FARC-EP, desarrollada a partir de la herencia ideológica del Partido Comunista Colombiano. Pero la posibilidad de presentar ante la sociedad su programa, así como las interacciones con amplios sectores sociales durante la experiencia de la Unión Patriótica, llevó a que las FARC-EP no solamente valoraran con ojos nuevos el problema de lo urbano, sino que se nutrieran, en este intercambio con la sociedad, de esta problemática. Sin embargo, el acceso a los sectores urbanos no ha sido nada fácil. Manuel Marulanda describía como el peor enemigo del movimiento guerrillero al "aislamiento de esta lucha (...) Entre ustedes, los de la ciudad, y nosotros los que hemos estado enmontados, hay de por medio una gran montaña"[20].  

Pese a estas dificultades, algunos de los cambios más fundamentales en la política colombiana durante la segunda parte del siglo XX hasta la fecha, han ocurrido por influencia del movimiento guerrillero. Una de estas transformaciones, de profundo impacto, fue la elección directa de alcaldes -durante las negociaciones con Belisario Betancur (1986), las FARC-EP plantearon la necesidad de elegir directamente, por voto popular, a los alcaldes y promovieron que el 40% de los ingresos públicos se devolvieran a las municipalidades. La propuesta iba acompañada de fortalecer mecanismos de democracia directa, como la revocatoria de mandatarios, consulta popular y referéndums. Es así como desde 1988 los alcaldes son elegidos por voto popular y desde 1991 lo mismo ocurre con los gobernadores. Hasta ese entonces, los alcaldes eran designados por el gobernador del departamento, y éste era designado por el presidente. Es en este contexto que se crea la Unión Patriótica, cuyo brillante desempeño en las elecciones a nivel local, produjo una reacción histérica en la oligarquía, que se alió con sectores mafiosos en una alianza que perdura hasta nuestros días, ahogando en sangre esta experiencia de democratización del país.

Aunque se reclama frecuentemente que con esta medida las mafias locales pasaron en muchos casos a controlar el Estado a nivel local, mediante el clientelismo, la corrupción y las alianzas non-sanctas, lo cierto es que el clientelismo no surgió en 1988 sino que está en los orígenes mismos de la violencia política. La parapolítica no fue resultado de las elecciones directas, sino del proceso de paramilitarización del Estado en medio de la crisis de hegemonía sin precedente que se vive desde mediados de la década de 1980. Es irrisorio suponer que los personajes designados a dedo por los presidentes anteriormente eran ángeles caídos del cielo. Imaginemos si Uribe Vélez hubiera podido designar alcaldes y gobernadores: la parapolítica se habría desarrollado de manera exponencial. Las elecciones populares han creado un espacio, mínimo, acechado por el paramilitarismo, para la existencia de experiencias de gobierno local de oposición a un Estado central hermético. Y lo que es más importante, mecanismos como la consulta popular, los referéndums o las revocatorias de mandato han sido utilizados de manera ingeniosa por el pueblo para plantear su oposición a las políticas oficiales, como lo demostró el municipio de Piedras en Tolima al rechazar la megaminería mediante consulta popular. Desde luego que el Estado central puede ignorar estas consultas, como lo hizo en este caso, y ha desnaturalizado estos mecanismos de participación popular haciéndolos cada vez más difíciles de implementar (mediante una serie de decretos), pero sin lugar a dudas esta medida ha puesto un cierto freno al centralismo destructivo que ha corroído la mayor parte de la historia republicana colombiana.

La misma constitución de 1991, que santificó el modelo aperturista económico de las últimas décadas pero que también está imbuida de un espíritu garantista de los derechos civiles, si bien no deriva directamente de las propuestas de las guerrillas que siguieron alzadas en armas (ELN y FARC-EP), también es fruto de la presión guerrillera a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que agrupó a todos los movimientos insurgentes a finales de la década de 1980. Sin la fuerza de estas dos guerrillas, es impensable que las propuestas liberales-radicales y garantistas del M-19 (secundadas por una colección de movimientos guerrilleros menores, con poca capacidad militar y de negociación), hubieran podido llegar a entrar en la Carta Magna. No está de más recordar que temas como la autonomía indígena fueron conquistas hechas con las armas en la mano, aunque muchos de esos dirigentes hoy no se quieran acordar de esto.

No cabe ninguna duda que el movimiento insurgente ha sido depositario de una larga tradición de luchas y de resistencias (sintetizadas en las propuestas mínimas de La Habana sobre los diversos puntos agendados) que hay que tener en cuenta para abordar seriamente el desarrollo de un proyecto de izquierda para Colombia. Sin embargo, hay quienes denuncian a la insurgencia como el factor clave que explica la debilidad en el desarrollo de la izquierda legal. Esta tesis ha sido defendida de manera vehemente por Eduardo Pizarro Leongómez (hermano del guerrillero desmovilizado del M-19 Carlos Pizarro, asesinado en la campaña presidencial de 1990), en numerosos trabajos, aún desde antes de haber terminado en las toldas uribistas-santistas, y de ella se han hecho eco en el sector llamado "progresista". Esta explicación se abstrae de dar cuenta de los niveles de represión y del exterminio físico de la izquierda desde 1980, del contexto generalizado de macartismo y persecución política, como si esos factores no tuvieran nada que ver con la debilidad de la izquierda legal (esto, sin contar sus limitaciones propias como el excesivo burocratismo, las alianzas erráticas, su desconexión de las luchas de base, etc.).

Uno podría dar vuelta el argumento, y preguntarse si no ha sido acaso la debilidad endógena de la izquierda legal, urbana, la que ha prolongado el conflicto por su incapacidad de forzar al establecimiento a las concesiones necesarias para superarlo. O bien que el debilitamiento y cierre progresivo de espacios a la izquierda legal ha sido un factor que ha contribuido a fortalecer el proyecto insurgente. Esta tesis de la "guerrilla obstáculo" no valora, por una parte, la capacidad de la insurgencia para plantear ante el debate nacional temas que la izquierda legal no ha sido capaz de plantear. Tampoco valora que la insurgencia ha sido capaz de generar espacios desde los cuales el pueblo ha podido hablar y dar su opinión, esté o no de acuerdo con ella: pocas veces se han dado en la política nacional espacios democráticos de la envergadura de las audiencias públicas en el Caguán o de los foros sobre las distintas problemáticas en el actual proceso de paz, con todas las limitaciones que hayan podido tener. Y tampoco valora el hecho de que en muchos territorios la presión armada de la insurgencia, de hecho, incrementa el margen de maniobra de los movimientos sociales y su poder de negociación, aun cuando estos movimientos no necesariamente tengan lazos orgánicos con la insurgencia[21].

Gústele a quien le guste, en sus propios términos, la insurgencia ha sido más exitosa que toda la izquierda legal junta.

Medio siglo largo y lo que queda en el camino

En este análisis he obviado casi por completo los aspectos específicamente militares de la evolución de medio siglo de las FARC-EP. Este aspecto ameritaría un tratado en derecho propio, y sin embargo, no es ni lo decisivo ni lo más importante en este medio siglo de historia. Más allá de la fuerza variable de las armas, de la transformación de auto-defensas en guerrillas móviles, el impacto del Nuevo Modo de Operar, el repliegue táctico del Plan Colombia y el actual impulso con nuevos bríos de la lucha guerrillera con la re-estructuración propiciada por la comandancia de Alfonso Cano, que hoy ha demostrado dar los golpes más duros al ejército estatal en una guerra "invisible" de desgaste, el movimiento guerrillero sigue siendo un fenómeno fundamentalmente político y es en este aspecto en el cual quise concentrar mis esfuerzos. Claro, lo militar y lo político no pueden ser divorciados del todo; las negociaciones son prueba de los límites de la estrategia militarista del Estado y son una demanda histórica de la insurgencia, conquistada por la fuerza de las armas, pero también por la fuerza de una movilización popular coincidente con la insurgencia en el punto de la solución política al conflicto social y armado. La instalación de una mesa de negociaciones es, pese a lo que digan los sectarios, en sí misma una victoria popular.

Tras medio siglo de lucha guerrillera, las FARC-EP, nos sintamos o no cercanos a ellas, son un factor fundamental en la política nacional, y un proyecto político de izquierda no puede desarrollarse mediante maniqueísmos y señalamientos, desconociendo la contribución histórica que desde las filas insurgentes se ha generado tanto en el plano de las propuestas políticas de país, como en el plano de la experiencia acumulada en la práctica de creación de poder local como estrategia de disputa a la hegemonía burguesa. Hoy Colombia cruza una encrucijada en la cual se articulan las negociaciones en La Habana con las movilizaciones populares crecientes en las calles. Superar la barbarie de medio siglo dependerá, en gran medida, de la capacidad que los sectores populares tengan de identificar ese espacio en el cual puedan unirse las aspiraciones populares con su propia capacidad de lucha, donde lo que definirá no será lo militar.

José Antonio Gutiérrez D.

4 de Junio, 2014



[1]William Ospina, "Los Invisibles", El Espectador, 26 de Septiembre, 2015.

[2]Charles Tilly, "Coercion, Capital and European States. AD. 990-1992", Blackwell (Oxford), 2002, p.70. Traducción del autor de este ensayo.

[3]En honor a la verdad, más adelante en este mismo libro, Tilly explora también el rol que han tenido los movimientos de resistencia en contra del poder en la creación del sistema de derechos sociales y humanos, de la creación de sistemas de control del poder, en el desarrollo de la democracia, etc. Sin embargo, su posición fundamental es que a lo más pueden jugar un rol moderador, pero no un rol creador. Es precisamente en este punto en donde los revolucionarios se dividen de los reformistas, no en si es necesario hacer reformas o no, asunto en el que todos están de acuerdo.

[4] "Criminal Rebels? A Discussion of War and Criminality from the Colombian Experience", p.18, 2003 (London School of Economics)

[5] "Estado, Violencia y Democracia", 1990, p.10 (Ed. Tercer Mundo/IEPRI)

[6] Natalia Herrera y Douglas Porch, '"Like going to a Fiesta" –the Role of Female Fighters in Colombia's FARC-EP', Small Wars & Insurgencies, 19(4): 609-634, 2008

[7] "North Korea, Another Country", 2004, p.50 (The New Press)

[8] Ver por ejemplo, Paul Collier, 'Rebellion as a Quasi-Criminal Activity', Journal of Conflict Resolution, 44(6):839-853, 2000. Ver también Paul Collier & Anke Hoeffler, 'Greed and Grievance in Civil War', 1999 http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-2355

[9] Hecho cuestionable, pero que se repite con frecuencia, ya que escasamente las FARC-EP llegan más allá del gramaje e impuesto sobre las transacciones en sus territorios.

[10] "Los límites de la extradición", El Tiempo, 31 de Diciembre, 2004.

[11]"Criminales y rebeldes: una discusión de la economía política del conflicto armado desde el caso colombiano", Estudios Políticos, 24: enero-junio 2004

[12]p.168.

[13] "La Guerra contra y de las FARC", en "Revista Arcanos", Número 15, Abril del 2010, p.9.

[14] Lo que no significa que haya podido erradicar el despojo, acelerado con la unificación y cualificación del aparato paramilitar desde mediados de la década de 1980

[15] Ramírez Tobón, op.cit., p.10

[16]Lo cual ya es reconocido por Eduardo Pizarro Leongómez, "Las FARC, de la Autodefensa a la Combinación de Todas las Formas de Lucha, 1949-1966", 1991 (Tercer Mundo)

[17]Ver por ejemplo los trabajos de Mario Aguilera P. "Justicia Guerrillera y Población Civil: 1964-1999", Bulletin de l'Institut Francais d'Études Andines, 29(3): 435-461, 2000, y Nicolás Espinosa "Entre la Justicia Guerrillera y la Justicia Campesina ¿Un Nuevo Modelo de Justicia Comunitaria?", Revista Colombiana de Sociología, 20:117-145, 2003, el cual analiza La Macarena en El Meta, para demostrar que el modelo de justicia comunitario se base en la interacción de la tradición con la "ley del monte". Ver también de Espinosa "El justo comunitario, las leyes y la justicia en una región con fuerte presencia del conflicto armado. Etnografía del pluralismo jurídico en la Sierra de La Macarena", Diálogo de Derecho y Política (U. de A.), 3, 2010.

[18] Marco Palacios "Violencia Pública en Colombia 1958-2010", 2012 (Fondo de Cultura Económica)

[19] Ponencia presentada al 46 Congreso Internacional de Americanistas, Julio 4-8 de 1988, Ámsterdam, Holanda. Tomado de la publicación Reencuentro Ideas No.5, Junio 2012, Bogotá, Colombia.

[20] Arturo Alape, "Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo", p.19, 1989 (Planeta)

[21] Ver María Teresa Uribe "Nación, Ciudadano y Soberano", 2001, pp.262-263 (Corporación Región) 

·         Los sindicalistas se reunieron con funcionarios del Ministerio del Taabajo  y la CUT. Exigen la intervención del Gobierno Nacional  para solucionar huelga en Antioquia.

Bogotá. Por: Hernán Durango

Andrés Ocampo, directivo sindical del   Sindicato de los trabajadores de la Industria del vidrio y afines en Colombia -Sintravidricol- en el municipio La Estrella, departamento de Antioquia, informó que se realizó en Bogotá el viernes 8 de enero con mucho optimismo la reunión con funcionarios del Ministerio del Trabajo y estos  se comprometieron  a llamar a los representantes de la empresa multinacional Grupo Ross Mould Colombia para allanar el camino de un acuerdo que ponga fin a la huelga obrera que mantiene paralizadas las plantas de las empresas Andes Cast Metals Foundry y Moldes Medellín en los municipios de La Estrella y Sabaneta, de esta región del país.

"Igualmente se acordó que el ministerio del trabajo abrirá la  agenda el dia martes 12 de enero para una nueva reunión con nuestra delegación sindical integrada por quien les habla; Pablo Castaño, presidente Junta Nacional de Sintravidricol y Alexander Sánchez, de la seccional Sabaneta, en la cual se socializarán los avances y deberá establecerse una mesa tripartita conformada por empresarios –trabajadores y  el Ministerio del Trabajo.

La gestión de la comisión de la dirección sindical  ha sido muy exitosa, logramos exponer ante las autoridades de MinTrabajo todo lo relacionado con este conflicto que pasa de los 50 dias, les dijimos todo lo que ha ocurrido y también desde los buenos oficios se les solicita a los funcionarios del ejecutivo nacional que intervengan para de una vez por todas encontrar una solución favorable para los trabajadores y sus familias. Del mismo modo intercambiamos opiniones con el compañero Alberto Vanegas, ejecutivo nacional de la CUT y otros dirigentes sindicales,quienes anotaron nuestras preocupaciones sobre la falta de voluntad de los representantes de la compañía multinacional para resolver el pliego de peticiones y acatar los preceptos constitucionales y normas sobre derechos sindicales en el país y pudimos realizar encuentros con representantes de medios de comunicación para divulgar el conflicto,  agrega el directivo de  Sintravidricol.

La comisión sindical regreso el mismo día viernes en la tarde a la ciudad de Medellín para exponer ante las bases de los trabajadores y sus familias los resultados de la gestión adelantada en la capital colombiana.

El pasado seis de enero se realizó un encuentro de víctimas en Bogotá, donde el mal llamado “alto Comisionado para la paz”, Sergio Jaramillo, hizo presencia y volvió con el repetitivo discurso oficial donde dicen que las víctimas estamos al centro de los diálogos, pero solo en el discurso, porque lo cierto es que la oligarquía sigue, atraves de su ejercito y sus paramilitares haciendo mas víctimas y negándose a una reparación real.

Es tal la falsedad del discurso que en el vídeo colocado en la pagina web, después de la perorata de Jaramillo, a las víctimas se les vio carilargos y el sonido les fue cortado.

Así aducen ellos escuchar a las víctimas, tratando de contentarnos con unas visitas a la Habana, y si hablamos de los exiliados, o como dirían los paramilitares con micrófono si fuésemos venezolanos, desterrados, el asunto es aun peor.

Por efectos de la guerra que la oligarquía colombiana ha desarrollado contra el pueblo, teniendo en cuenta de que solo en Venezuela, se dice, viven mas de 5 millones de colombianos, se presume que por lo menos 10 millones de colombianos, cerca del 14% de la población a sido obligada por diferentes razones, a dejar el país.

De 10 millones, mas de 400 mil, que salimos del país para proteger nuestras vidas, hemos recibido protección de otros estados, lo cual confirma la condición de exiliados políticos.

Estas cifras por si solas, mas graves que las Siria hoy y que las de cualquier país ayer, muestran el drama humanitario causado por la agresión al pueblo colombiano, por la avaricia e intolerancia de esa oligarquía.

En el reciente acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las Farc denominado por la guerrilla como “cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo Parcial sobre Víctimas”, a iniciativa de estos se toco el tema, y en uno de sus parágrafos se dice:

“En cuanto al gran número de víctimas que debieron abandonar el país como consecuencia de diferentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH con ocasión del conflicto, el Gobierno Nacional, en desarrollo de este Acuerdo, fortalecerá el programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior, incluyendo refugiados y exiliados victimizados con ocasión del conflicto, mediante la puesta en marcha de planes de “retorno acompañado y asistido””.

Aunque no quedan claras medidas como la reparación a los emigrantes, específicamente a los exiliados que tuvieron que dejar el país dejando prácticamente votadas sus pertenencias, el titulo dado por las Farc-EP al acuerdo, “Parcial sobre Víctimas”, deja entrever que allí no hay acuerdo aun, muy probablemente por la negativa del gobierno a reparar a los exiliados de forma adecuada, especialmente por la grave crisis económica que afecta al gobierno y que esperan amainar firmando un acuerdo de paz barato, colocando a las víctimas en el centro del discurso y dejando lo de la reparación por los daños causados en algo simbólico, tal como lo ha hecho con quienes se acogieron a la ley de víctimas.

Aquí es bueno dejar en claro que es inaceptable la misera reparación económica que ellos pretenden entregar a las víctimas.

En cuanto a la reparación de las víctimas dijo Juan Manuel Santos, también conocido como Juan “Paja”, en una visita Noruega, el 16 de junio (2015) dijo que: “A la fecha, ya hemos indemnizado a 500.000 víctimas, algo que no tiene precedentes en el mundo”.

En otra ocasión “juan Paja” había dicho que el costos de esa “reparación” había sido 2 billones de pesos, que haciendo la división, y que espero no sean las matemáticas de la ministra de educación Yina Parodi, resulta que a cada víctima, en promedio la han “reparado”, ellos como victimarios, con infelices 4 millones de pesos, que traducido a dolares son la infelicidad de 1.300 billetes verdes.

En ese horizonte, el pasado 9 de diciembre (2015), talvez buscando bloquear acuerdos, o porque aunque parezca lo contrario ya que ellos no son rueda sueltas en todo el engranaje, el procurador Alejandro Ordones, ante una demanda que cursa en la Corte Constitucional contra una aparte del artículo 10 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que limita monto de las reparaciones, pidió se declare exequible la norma limitando el monto.

En este tema debemos tener en cuenta que la oligarquía colombiana es una exportadora neta de pobreza, de la cual se nutre, llegando las remezas que envían al país esos millones desterrados, a uno 5 mil millones de dolares, siendo esta cifra, según dicen algunos, igual o similar a los ingresos petroleros del país.

A pesar de toda la chachara que esparcen frecuentemente diciendo que la economía va bien y que su manejo es alabado a nivel internacional, la verdad es que la grave situación económica, es uno de los factores que obliga a la oligarquía negociar con la insurgencia, ya que la economía, debido a su modelo económico, que ellos dicen no esta en negociación, se les deteriora cada día mas y que este año nuevo sera peor.

Al respecto Juan Manuel Santos aseguro a la prensa: “Es una situación muy complicada y la situación colombiana en el año entrante va a ser más difícil que éste año”.

En otro parágrafo del acuerdo se dice que: “El Gobierno adoptará las medidas necesarias para articular estos planes, donde haya lugar, con los diferentes planes y programas acordados, en particular los PDET. Lo anterior sin perjuicio de las diferentes medidas que, en un escenario de fin del conflicto, se deben adoptar para impulsar y promover el regreso de los exiliados y demás colombianos que abandonaron el país por causa del conflicto”.

Son unos 5 mil millones de dolares que entran al país y que los Ardillas Lules, Santodomingos o Sarmientos Angulos, mueven por medio de sus bancos, ¿estarán estos honorables señores dispuestos permitir la merma de semejante pastel?, lo dudo muchísimo!.

Entonces en que quedaría lo del “retorno acompañado y asistido” o lo de “impulsar y promover el regreso de los exiliados y demás colombianos que abandonaron el país por causa del conflicto”, o peor aun la reparación exigida por los exilados si el estado aduce no tener dinero para reparar?, pero ojo que para hacer la guerra si tienen dinero.

Si en la Habana la guerrilla no es capaz de imponer un reparación justa a los exiliados por los daños causados, y unas condiciones decentes de retorno, habrá que imponerlas con organización y atraves de una constituyente.

Radio Nizkor, 07ene16 / Un grupo de 18 militares, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército durante el conflicto armado interno, fueron detenidos al estar involucrados en dos investigaciones del Ministerio Público por desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad.

El 6 de enero de 2016, un despliegue de la fuerza pública, coordinado por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, permitió la captura de los veteranos militares: un grupo de 14, involucrado en desapariciones forzadas entre 1981 y 1986; y otro grupo relacionado con la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, en septiembre de 1981.

La primera investigación, por la que el Juzgado de Mayor Riesgo A autorizó los allanamientos y capturas, se remonta a la ejecución del Plan de Sánchez, en Rabinal, Baja Verapaz, el 18 de julio de 1982, en donde tropas del ejército y expatrulleros de autodefensa civil irrumpieron en la comunidad, torturando y asesinando a la población civil.

Según la fiscalía, Benedicto Lucas García, en cuanto jefe del Estado Mayor del Ejército tenía autoridad de mando sobre el comandante de la referida base, donde recientemente se localizaron más de 500 osamentas.

La investigación señala que los detenidos habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres entre 1981 y 1986, en el contexto del conflicto armado interno. La Fiscal General Thelma Aldana, manifestó que "Los casos que hemos documentado son contra población civil, no combatiente, entre ellos niños", es una "de las mayores desapariciones forzadas en América Latina".

Los militares detenidos y enviados a prisión provisional en la cárcel de la Brigada Mariscal Zavalason, son: Manuel Benedicto Lucas García; Byron Humberto Barrientos Díaz; Gustavo Alonso Rosales García; José Antonio Vásquez García; Carlos Humberto Rodríguez López; Ismael Segura Abularach; Pablo Roberto Saucedo Mérida; César Augusto Ruiz Morales; Juan Ovalle Salazar; Édgar Rolando Hernández Méndez; Carlos Augusto Garavito Morán; Luis Alberto Paredes Nájera; César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

A las detenciones anteriores hay que añadir la aprehensión, el mismo día, de cuatro oficiales del Ejército a cargo de la Zona Militar "GMLB" de Quetzaltenango, sospechosos de participar en la desaparición forcada del menor Marco Antonio Molina Theissen, acaecida el 6 de octubre de 1981. Se trata de Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas...