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Colombia

Durante la Convención Bancaria número 54 que se realizó en Cartagena, el gerente del Banco de la República, Juan José Echevarría, explicó que el comportamiento de la economía colombiana según han registrado varios indicadores claves, que ayudan a medir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), permiten afirmar que la economía «se estancó».

Juan José Echevarría hizo un llamado al DANE para que diera a conocer cifras más exactas de las estadísticas, respecto al comportamiento de la economía, ya que, según él, en el último trimestre el crecimiento fue del 2,3%, no en 2,8% como lo anuncio el DANE, además denunció que, la demanda cayó a 2,7%, después de estar situada en un 4%.

Dijo que el DANE también ha venido mostrando estadísticas equivocadas respecto a la inversión. En el primer reporte dio a conocer un crecimiento del 9%, pero luego dijo que el crecimiento era del 4,9%.

Naturalmente, las afirmaciones del gerente del Banco de la República, fueron rechazadas por el títere Iván Duque, que nombro como jefe del DANE al filipichín perfumado que, para mejorar la imagen del nefasto gobierno de Uribe escondido tras Duque, pero queda claro con el enfrentamiento lo que siempre se ha dicho, que el DANE es un ente donde se maquilla las cifras para mejorar la imagen del gobierno de turno.

El objetivo de asesinar a un líder social no es solo su desaparición física, con su muerte se envía un mensaje de terror a su comunidad, se rompe el tejido social, se fragmenta la organización, y las comunidades muchas veces se ven obligadas a desplazarse o a permanecer en silencio en sus territorios.
 
Redacción REMAP
El pasado jueves, 6 de junio, fue asesinado por la Fuerza Pública Jefferson Trochez, un joven de solo 16 años, quien apenas comenzaba a vivir. Su asesinato ocurrió en la finca Vista Hermosa del municipio de Caloto, departamento del Cauca, en medio del desalojo que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejército realizaban contra comunidades indígenas que se encuentran asentadas allí desde hace tres años.
 
Quienes estaban presentes aseguran que el joven fue herido hacia las once de la mañana, y denuncian que, a pesar de la gravedad de las heridas, la Fuerza Pública lo arrastró y no permitió el paso de ningún delegado de Derechos Humanos, ni siquiera de la madre del menor, para verificar su estado de salud. Solo después de las dos de la tarde pudo ingresar la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Para ese momento Jefferson estaba muerto y su cuerpo con signos de tortura, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes.
 
Para Andrea Sandoval, amiga del menor asesinado, la muerte de Jefferson produce indignación y sentimientos encontrados por la impotencia."Yo como amiga y habitante de este territorio, digo que da mucha rabia y mucha indignación lo que pasó con Jefferson, y saber que murió en manos de la Fuerza Pública, más indignación le da a uno, porque se supone que ellos están es para protegernos, no para atentar contra las comunidades, no para matarnos", expresó.
 
Según testigos de los hechos, "Jefferson quedó herido, él estaba vivo todavía y cada vez que la mamá y la defensora de Derechos Humanos Municipal daba un paso para llegar a donde estaba, el ESMAD tiraba gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento. No entendemos por qué no dejaban ingresar la mamá al menos, a ver cómo estaba, es que no daban ninguna explicación para impedir el ingreso de la mamá. Eso da para pensar que hay cosas turbias en este asesinato", denuncian.
 
Jefferson era hijo de campesinos humildes, e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina del municipio de Caloto, organización que hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y de Marcha Patriótica, era defensor de Derechos Humanos y había sido miembro de la Guardia Campesina.
 
Quienes lo conocieron lo describen como un joven risueño, colaborador y muy comprometido, convencido de la necesidad de defender su comunidad y su cultura campesina.
 
La coordinadora de la Guardia Campesina, María Elena Gómez, lo recuerda así: "Él era un chico muy alegre que se vinculó a la Guardia Campesina cuando tenía 14 años y se retiró cuando tenía 15 años porque estaba estudiando y el tiempo no le daba para hacer las tareas; entonces yo le dije que se dedicara a estudiar, y que cuando tuviera la mayoría de edad podía volver a la guardia. Su muerte deja un vacío muy grande, engo muchos recuerdo con él, me queda la promesa que me hizo de que volvería a la guardia".
 
Hasta el mes de mayo, según cifras de Indepaz, solo en el 2019 han sido asesinados 75 líderes sociales en el país; y entre los años 2016 y 2018 la cifra registrada es de 431 líderes y defensores de derechos humanosasesinados que trabajaban por sus comunidades, por la defensa de sus territorios.
 
Tal es la magnitud del genocidio en Colombia que no deja tiempo de asimilar lo que está pasando, se termina naturalizando el asesinato, convirtiendo a líderes y lideresas sociales solo en cifras. Muchas veces ante el miedo y la impotencia se guarda silencio o en el peor de los casos, se intenta justificar el exterminio a través de campañas de odio y estigmatización.
 
El objetivo de asesinar a un líder social no es solo su desaparición física, con su muerte se envía un mensaje de terror a su comunidad, se rompe el tejido social, se fragmenta la organización, y las comunidades muchas veces se ven obligadas a desplazarse o a permanecer en silencio en sus territorios con la presencia constante de quienes siembran muerte y miedo.
 
Es así como con la muerte de Jefferson la comunidad pierde mucho, pierde a un joven comprometido, a un líder social, a un defensor de Derechos Humanos.
 
"Él tenía muchas ganas de luchar por la comunidad, él decía que le quería colaborar mucho a la gente, que quería trabajar mucho por el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, que quería defender el territorio, los recursos naturales, nos va a hacer mucha falta, porque es un líder más que se nos va, un luchador que se nos va sin ver cumplido el sueño de crear la Zona de Reserva Campesina", expresa la coordinadora de la Guardia Campesina.
 
Sergio Ordoñez, integrante de la Asociación Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, al igual que el resto de la comunidad, no deja de sentir impotencia mientras lo describe como "un muchacho muy educado que no se metía con nadie, que quería trabajar por su comunidad".
 
Jefferson fue un joven que siempre estuvo presente para defender a la comunidad y el territorio. Antes de ser asesinado por la Fuerza Pública, Ordoñez lo recuerda participando en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, donde estuvo presente en el punto de concentración de El Cairo (Cajibío), viéndosele a todo momento como "un muchacho alegre, siempre presto a colaborar, muy respetuoso, con mucho compromiso y ganas de aprender".
 
La ira y el dolor generalizado por el asesinato de un joven que apenas estaba comenzando a vivir se siente en el ambiente de Caloto, del mismo modo que la ausencia de garantías para la labor de lideresas y líderes sociales también es palpable en Colombia, traduciéndose en un genocidio comprobable en las cifras y la complicidad del Gobierno que no actúa y niega la sistematicidad de los asesinatos, los cuales, en casos como este, involucran directamente a la Fuerza Pública.
 
"Como integrante de la asociación siento mucha rabia. El Gobierno habla con su Fuerza Pública de un respeto a los derechos, pero, ¿cuál es el respeto?, lo que hacen es una violación a la vida de un ser humano, a un jovencito que apenas estaba comenzando a conocer la vida. No vemos una sola razón, si es que puede existir alguna, para que lo hayan asesinado", concluye con indignación y dolor Sergio.

Por: Hernán Durango

Bogotá.

Los trabajadores de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recibieron con regocijo la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante la cual revoca otro fallo que pretendía liquidar al Sindicato Sintraemsdes, subdirectiva Bogotá. Según el informe e la junta directiva sindical la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral resolvió "dejar sin valor ni efecto alguno lo actuado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca", es decir, revoca dicho fallo. Por lo tanto, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos.  Sintraemsdes, subdirectiva del Distrito Capital mantiene plenamente su vida jurídica, demostrándose así que se trató de un fallo totalmente errado, con el que la administración de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el alcalde Enrique Peñalosa pretendían arremeter contra la organización de los trabajadores por mantener una actitud crítica y beligerante frente a las políticas lesivas del gobierno capitalino.

Clara Barahona Rodríguez, fiscal de Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá, destacó en su informe ante la asamblea de trabajadores del acueducto  la gran importancia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia para Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá y para todo el movimiento sindical colombiano.

La directiva sindical Llama a todas y todos los trabajadores de la empresa a celebrar con nosotros este nuevo triunfo, de celebrar que siguen teniendo convención colectiva de trabajo, en la cual están establecidos importantes derechos de los trabajadores y sus familias.

 

Mayor Información: https://www.facebook.com/sintraemsdesbta/

El senador Gustavo Petro denunció en un debate de control político realizado el pasado 5 junio (2019), en la Comisión Primera del Senado, que el entrenamiento que reciben los soldados en el país los lleva a convertirse en “asesinos”.

Con videos y testimonios, Gustavo Petro denunció que los miembros del ejército oficial, son entrenados bajo tortura, humillación y violencia psicológica, lo que explica por qué están dispuestos a matar inocentes.

Se escuchó en el debate, los adoctrinamientos para convertir a los jóvenes, hijos de pobres en criminales, se realizarían en el Amazonas, en un simulado campamento del ELN, allí soldados, que no saben los que sucede, son torturados por otros soldados que se hacen pasar por guerrilleros.

Este tipo de “entrenamiento”, que no es otra cosa que deformación de hijos de pobres, porque los hijos de ricos no pagan el servicio militar, o de formación de psicópatas, no es nuevo, es viejo, tanto como los más atroces crímenes que se cometen contra el pueblo.

Hay que recordar que el 25 de enero de 2006, en el segundo gobierno de Uribe, se conoció que los soldados adscritos al Batallón Patriotas, del municipio de Honda (Tolima), fueran sometidos a una serie de vejámenes y torturas, cuando realizaban un ejercicio militar.

Los soldados, reitero, hijos de pobres que llegaron obligados a este criminal ejército, fueron golpeados con puños, patadas, palos y machetes, sometidos a pruebas de asfixia y ahogamientos, agredidos verbalmente y quemados en diferentes partes del cuerpo. A algunos hasta se les obligó a comer excrementos de animales y varios de ellos fueron víctimas de violaciones y otras agresiones sexuales.

Terminada la exposición de Gustavo Petro, respondiendo, tomó la palabra el ministro de guerra Guillermo Botero, quien grito que este Gobierno ha impulsado una política de seguridad y legalidad en la que no caben las violaciones a los derechos humanos.

Botero arrancó diciendo que: “La política a la que se refiere al senador es pública y ampliamente difundida. Fue lanzada el 6 de febrero del presente año en Tolemaida y en ella está claro que se defiende la Constitución, la ley y claro, está el Derecho Internacional Humanitario”.

Pero como todos sabemos que ellos cuando dicen una cosa, hacen la otra, allí está el caso de los acuerdos con las Farc-EP, que ellos alegan estar cumpliendo, cuando lo quieren volverlos mierda.

Aquí debemos recordar que, en el municipio de Convención, vereda Campo Alegre, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, el pasado 22 de abril (2019), soldados del ejército de ocupación al servicio de la mafia que detenta el poder en Colombia, asesinaron a Dimar Torres, ex miliciano de las FARC y su cuerpo pretendía ser enterrado por estos, luego de que lo habían sometido a las más atroces torturas como cortarle el pene estando vivo.

En su momento, los hijos de los pobres enrolados en el ejército criminal, dijeron que lo estaba siguiendo dado a sospechas de que era del ELN, razón por la cual se estarían vengando de las torturas a las que ellos talvez habían sido sometidos, en el campamento del Amazonas, denunciado por Petro.

Resulta más que diciente, que sea el propio ejército oficial que cree campamentos guerrilleros y más diciente que los altos mando de criminal ejército, salgan ahora a decir que así se entrena o tortura a los soldados en todos los ejercito del mundo, cosa que es totalmente falsa.

Como estos crímenes del ejercito hay cientos de miles, que nos pretende ocultar como cuando, como el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Luis Villegas, reconoció y rechazó el crimen, pero adjudicándolo la culpabilidad a un solo soldado, cuando esto, ahora queda claro de nuevo, es una política de estado.

Últimamente se ve en Colombia una macabra secuencia de fotos y carteles que rezan “Se busca” o “Desaparecida”, que coincide con la llegada al gobierno de Álvaro Uribe, escondido tras Iván Duque y su política de seguridad.

Las imágenes que se ven vez más frecuentemente por internet, son seguidas, días después con un “hallada o hallado”, pero muertos, lo que significa que fueron asesinados.

Según el CINEP, en 2018, en solo seis meses del nuevo gobierno se denunciaron 22 desapariciones forzadas y en total dice el Comité Internacional de la Cruz Roja que hay unos 80 mil desaparecidos en Colombia, aunque hay versiones que hablan de más de los 150 mil, en plena “democracia”.

Petro presentó una directriz de un criminal de los fungen como comandante donde dan órdenes expresas de propiciar el accionar de las Águilas Negras, lo que confirma lo que se venían diciendo hace mucho tiempo, de que las águilas Negras son una fachada de ese ejercito de asesinos que es el ejercito de mafia colombiana.

Los hijos de pobres, que llegan sanos a este criminal ejército, son convertidos en criminales, en perros de presa, que luego, sin miramientos y obedeciendo órdenes de sus jefes, matan y comen del muerto para defender los intereses de la mafia que detenta el poder en Colombia.

Aquí trataran de decir como siempre lo hacen, que son casos aislados o manzanas podridos, pero lo cierto es que las denuncias por este tipo de entrenamiento son constantes y se han realizado por todo el país y no solo en el Amazonas, lo cual indica que es una política de estado y quienes controlan el estado deben responder por esos actos criminales y no los soldados, hijos de pobres, que son víctimas.

 

Por: Tony López R (*)

El escándalo político y presión gubernamental sobre la Jurisdicción Especial de Paz, por el dictamen de la no extradición y libertad para Jesús Santrich, han revelado la perdida de independencia y soberanía del gobierno de Iván Duque, y sentó a la JEP y a la Corte Suprema de Justicia en el más alto puesto de honor, imparcialidad y honradez, al no dejarse ni comprar ni presionar, una conducta digna de hombres y mujeres que conociendo los riesgos que se corre, al desafiar al corrupto poder que existe en Colombia.

El renunciante Fiscal Néstor Humberto Martínez huyó del país no por el enfrentamiento con la JEP, sino por su vinculación al caso Oderbrech que se investiga en Colombia y que ya se cobró la muerte de tres personas, según la prensa bogotana, vinculadas a dicho caso.

No se trata de tener buenas relaciones diplomáticas, políticas, comerciales con otros Estados y tener coincidencia en política y aliarse en temas que se consideren comunes, pero lo inamisible es que el embajador de cualquier Estado, se inmiscuya, presione y chantajee al Gobierno, Congreso o Poder Judicial, en su política interna. Y mucho peor que agencias de inteligencia extranjeras operen es su territorio sin el debido permiso del Gobierno, como lo hizo la DEA y lo dio conocer el ex fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, luego de su renuncia el pasado 17 de mayo, en conferencia de prensa.

Para conocimiento de los lectores, en este fuerte debate sobre la Ley Estatutaria en el Congreso, el embajador de Estados Unidos llegó a convocar a congresista colombianos para pedirles que aceptaran las objeciones planteadas por el presidente Duque, un hecho inamisible del embajador de un gobierno extranjero. Mucho más grave, lo sucedido posteriormente, cuando el Departamento de Estado retiró las visas a magistrados y magistradas que han defendido los acuerdos de paz y a los congresistas que denunciaron la injerencia de Kevin Whitaker. Un verdadero chantaje y una política de terror.

La injerencia del gobierno gringo ha sido tan descarada, que tal como cite, en párrafo anterior, el ex presidente César Gaviria denunció una presión indebida del gobierno norteamericano sobre las cortes y la JEP y dijo que ante ello el gobierno colombiano ha tenido «una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno de Duque».

En relación a la Ley Estatutaria de la JEP, debatidos y aprobados   por el Congreso, luego de varias modificaciones a propuesta del senador Álvaro Uribe, conocida y aprobada por la Corte Constitucional, que envió a la firma del presidente Iván Duque, luego de meses de estudio, la devolvió al Senado con seis objeciones, el senado lo debatió no llegó acuerdo y las remitió a la Corte Constitucional que no aprobó las objeciones y nuevamente traslado su veredicto al presidente Iván Duque, quien por fuerte presión popular y política decidió firmar la ley, el pasado 5 de junio.

Un fuerte revés para el mandatario colombiano cuya figura pierde cada día más autoridad y menos apoyo de la población, según las encuestas de varias agencias. Sin embargo, la tozudez sigue reinando, después de haber firmado la Ley Estatutaria, Duque anuncio que llevarían nuevamente a debate las atribuciones de la JEP, la misma ley que acaba de firmar, lo que demuestra su inconsecuencia, un rasgo inapropiado para tan alta investidura.

Está favorable decisión por la paz de las Altas Cortes, se toma luego de la batalla que se ha venido desarrollando en Colombia, entre los sectores que defiende dignamente los Acuerdos de La Habana y los que, desde el gobierno de Iván Duque toman acciones y medidas no solo para desconocerlos, sino para acabar con ellos.

Frente a la digna postura de las Cortes, el expresidente Álvaro Uribe ha comenzado una campaña de calle, convocando a la población para que se pronuncie contra el actual sistema judicial colombiano, o sea, contra las altas Cortes, cuya independencia y soberanía se han puesto de manifiesto, es el inicio de un trabajo de manipulación política y social, para plantearse el objetivo supremo de la ultraderecha oligárquica colombiana de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y así concentrar el poder judicial en una sola Corte Suprema de Justicia, que no tenga oponentes y obviamente subordinada al poder ejecutivo.

Las posiciones del oficialista Centro Democrático liderado por el senador Álvaro Uribe Vélez siempre han sido contrarias a la paz, y se ha visto muy bien reflejada, luego de asumir Duque la presidencia el pasado 7 de agosto, la ruptura de los diálogos con el ELN y los incumplimientos a la implementación de los Acuerdos es clara y muy grave al no tomar en cuenta que esos acuerdos ya se habían convertido en honorables compromisos del Estado colombiano, que no debieran ser roto por un gobierno.

Pero al no haberse sometido a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, no se convirtieron en una política de Estado, lo que los hacia inviolable para cualquiera de los tres poderes, como sucedió con los Acuerdos de AD-M19 recogidos en la Constituyente del 91. Solo una Asamblea Constituyente Corporativa es la que puede incluir artículos y leyes complementarias que incluyan los intereses del pueblo, que recoja lo más positivo de la constitución del 91 y convierta los Acuerdos de Paz en una política de Estado.

Claro que esta no es la Constituyente que desea la oligarquía y la ultraderecha del Centro Democrático, ellos quieren delegados constituyentes solo de los Partidos políticos tradicionales, pero no que incluyan a delegados del movimiento social y gremial, lideres comunales y defensores de derechos humanos, elegidos por sus comunidades, sindicatos y expresiones sociales. Fue a esa propuesta a la que se negó el Gobierno de Santos a convocar y en su lugar propuso el plebiscito que al final favoreció al SI por la guerra, un resultado realmente demencial, empujado por la campaña mediática de noticias falsas, impulsada por Uribe.

Todo lo sucedido en las últimas semanas en Colombia, entre ellos el gran escándalo relacionado con las objeciones a la Ley Estatutaria, el caso de Jesús Santrich, y la impunidad como trabaja la DEA en Colombia, el tema de la JEP, la renuncia del Fiscal y la vice fiscal, la ministra de Justicia; las contradicciones y la profunda crisis institucional en el Poder Judicial, el anuncio del posible decreto de Conmoción Interior y rumores de un posible golpe de Estado, la represión, asesinatos diarios de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados.

La denuncia del New York Time sobre la orden del jefe del Ejército que podría llevar nuevamente a los criminales falsos-positivos, se agrava con la denuncia del pasado 5 de junio en el diario El País de España, que implica al comandante del ejército colombiano Nicasio de Jesús Martínez, y lo responsabiliza con al menos 23 ejecuciones extra judiciales de civiles presentados como guerrilleros de las FARC caídos en combate, el clásico “falso-positivo”.

Aseguro el diario madrileño que dichas ejecuciones se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2006 en los departamentos de La Guajira y Cesar durante el gobierno de Uribe Vélez, según consta en documentos suministrados por las fuentes al diario español, también dado a conocer por La Jornada de México, que señala que “los casos denunciados ocurrieron en 2005, e incluyen una matanza de indígenas en la que participaron miembros de las ahora disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, y un caso de violencia sexual”.

Mientras que la prestigiosa periodista María Teresa Rondero, en su libro Guerras Recicladas, en su página 244, (1) da conocer que el jefe paramilitar Jorge 40 “ordenó aplastar de la forma más dolorosa a una comunidad Wayúu, el 18 de abril de 2004, que entraron como hordas salvajes a las rancherías de bahía Portete en la Alta Guajira, decapitando matronas, robaron piedras sagradas, profanaron el cementerio y destrozaron el centro de salud, y casa por casa fueron matando mujeres porque sabían que eran ellas las figuras de autoridad en esa cultura indígena”.

No olvidar que en ese periodo el gobierno uribista había negociado un supuesto proceso de paz con los paramilitares en Santa Fe de Ralito y que en ambos departamentos operaba el llamado comandante Jorge 40, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Tovar, que fue extraditado por Uribe Vélez a Estados Unidos y guarda prisión en ese país, actualmente este acusa a Uribe de haberlos traicionados y ha denunciado las estrechas relaciones que ellos mantenía con altos jefe de las FF.MM.

Se producen estas denuncias, en Estados Unidos y España, cuando el Senado colombiano se aprestaba a promover los ascensos de generales al grado inmediato superior, entre ellos al general Martínez Espinel. Ascenso que fue aprobado por la Cámara Alta, pese a tales denuncias y como una fuerte bofetada a las víctimas de esas acciones y a los organismos como las Naciones Unidas, la CPI y las organizaciones de Derechos Humanos, lo cual demuestra de donde viene la impunidad.

Las declaraciones y trinos del senador Uribe Vélez sugiriendo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para lograr el orden institucional, tiene un objetivo claro y estratégico: Unificar todo el sistema judicial y concentrarlo en una sola Corte Suprema, eliminando las Cortes y todo el democrático sistema jurídico logrado en la Constituyente de 1991.

Por estas razones ha convocado para hoy sábado 9 de junio, una marcha contra la Corte Constitucional y la JEP, con una mentirosa campaña, de que las Cortes están entregadas a la narcoterrorista guerrilla y proporcionar la impunidad, de esa manera busca apoyo popular y reeditar lo que hizo cuando el plebiscito, lo grave de todo esto que una parte de la población se cree estas degradante y asquerosas mentiras y que de paso a la convocatoria de una Constituyente.

Ello permitiría liquidar los Acuerdos de Paz y no solo ese objetivo, también desde el Poder Ejecutivo, eliminar muchas prohibiciones que limitan al gobierno en su política entreguistas a las trasnacionales estadounidenses, canadienses y europeas de las riquezas minerales y forestales, una buena parte de ella ya están en venta a espalda del pueblo colombiano como el caso de ISA, Ecopetrol, la transportadora de petróleo y una parte de los llanos orientales, y el Choco, así como estimular el fracking y la explotación minera de oro, coltán, y otros ricos minerales a beneficio de empresas foráneas.

Este lamentable y complejo escenario solo puede ser conjurado por una fuerte unidad de las fuerzas políticas, sociales y populares que se unan como un solo puño, a favor del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y parar con mucha fuerza las intenciones del senador Uribe Vélez y el ultraderechista Centro Democrático y sus aliados, de convocar a una Asamblea Constituyente que pretenden concentrar el poder en una minoritaria y dictatorial oligarquía.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, 9 de junio del 2019 23.30 hrs.

  • Guerras Recicladas. María Teresa Rondero. Edición Aguilar. Septiembre 2014

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El componente FARC de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final - CSIVI, manifiesta su apoyo irrestricto al informe de los relatores especiales de la ONU, Dra. Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Dr. Bernard Duhaime, presidente Relator, Dr. Tae-Ung Baik, vicepresidente y a la Dra. Houria Es-Slami, Dr. Luciano Hazan y Dr. Henrikas Mickevčius, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en el que expresan hondas preocupaciones respecto a la grave situación de inseguridad que padecen exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP en proceso de reincorporación, lo cual pone además en cuestión la propia implementación del Acuerdo de Paz.

Desde la firma del Acuerdo Final, se han registrado los incontrovertibles hechos de 127 asesinatos de exguerrilleros y exguerrilleras, así como de 31 asesinatos de familiares suyos, junto con numerosas tentativas de homicidio y desapariciones forzadas; a los cuales se suma la alarmante cifra de asesinatos y agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en aumento desde el año de 2016.Estos hechos de violencia son en gran medida consecuencia de la precaria implementación material de las medidas relativas a las garantías de seguridad y no repetición establecidas en el Acuerdo Final.

En ese sentido, compartimos plenamente la valoración de los relatores especiales en cuanto que dichos crímenes se han realizado con acción u omisión del Estado. Asimismo, que son una deriva de la incitación a la violencia contra exintegrantes de las FARC-EP.

En nuestra calidad de representantes de la FARC en la CSIVI, reclamamos menos retórica gubernamental, y sí la pronta y efectiva implementación del sistema de garantías de seguridad contenido en los puntos 3.4 y 3.6 del Acuerdo de paz, a fin de contribuir a evitar la repetición de los hechos criminales denunciados por los relatores especiales.

Exhortamos a todas las instituciones de la ONU que hacen verificación y seguimiento a la implementación del Acuerdo Final a continuar su importante tarea, a no ceder a las evidentes presiones del Gobierno y de las fuerzas de la extrema derecha que buscan no solo poner en duda su importante trabajo, sino contrarrestar en forma indebida la imagen de los protuberantes incumplimientos del Acuerdo de paz que está quedando en la retina de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional.

 

CSIVI – FARC

Bogotá, 5 de junio de 2019

¿Será que las autoridades locales no actúan con contundencia porque Edwin Andrés Grisales era un joven que expresaba un pensamiento de disidencia y rebeldía contra el régimen político actualmente vigente?

Por: Jhon Freddy Grisales

A los 71 días del asesinato del artista de RAP, joven y líder social Edwin Andrés Grisales Galvis en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca), se escribe este artículo con la intención de visibilizar el poco interés y/o incapacidad de las instituciones judiciales y policiales del municipio de Sevilla para investigar y dar captura a los responsables materiales e intelectuales de segar la vida de los liderazgos sociales. 

Edwin Andrés Grisales Galvis fue un joven integrante de la Fundación Social y Cultural Red de Hip-Hop del municipio de Sevilla y, a su vez, de la Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO), organizaciones que desde hace casi una década adelantan procesos culturales, políticos y sociales en el territorio sevillano, para brindar oportunidades de vida a jóvenes y comunidades de sectores vulnerables.

El crimen contra Edwin fue perpetuado el lunes 25 de marzo del 2019 a las 23:00 horas en el Barrio belén por grupos armados aún no identificados. Dos días después del asesinato de Edwin, se cita a su hermano y defensor de Derechos Humanos, Jhon Freddy Grisales, a una sesión del consejo de seguridad para presentar el caso ante las autoridades municipales; en dicha reunión, uno de los funcionarios locales dice, después de que Jhon Freddy manifestara que las denuncias se estaban presentando ante instituciones del orden departamental y nacional, "los organismos locales tenemos la capacidad de investigar y dar captura a los responsables del crimen de su hermano, por tardar en un mes tendremos resultados de los responsables".

El día jueves 28 de marzo del 2019, tres días después del asesinato de Edwin, se realiza una reunión con integrantes de las centrales de inteligencia: SIJIN, SIPOL(1) y de la policía de Sevilla, quienes también expresaron una supuesta disposición para dar con el paradero de los responsables.

El día 10 de abril del 2019, en horas de la mañana, en reuniones con funcionarios de la Fiscalía de Sevilla, quienes desde la estructura del Estado son los principales responsables del proceso de investigación, se manifestó expresamente que debíamos ser nosotros (la familia de Edwin Andrés Grisales), quienes debíamos conseguir y entregarle pruebas a la fiscalía para ellos poder avanzar en la investigación, porque supuestamente ellos no contaban con la capacidad. 

Es necesario destacar que a los ciudadanos no se les puede insinuar o delegar funciones de "investigación", por no ser estos quienes tienen las competencias constitucionales y legales para desarrollar dicha labor.¿Será que ahora en Sevilla los familiares de los líderes sociales (victimas), serán quienes deben investigar porque la Justicia en Sevilla no tiene la capacidad o el interés?

Hoy 5 de junio se cumplen 71 días del asesinato del Edwin Andrés Grisales Galvis y las autoridades locales aún no han sido capaz de mostrar avances en capturas o acusaciones contra los responsables de dicho crimen.

Esta situación nos conlleva a preguntarnos: ¿Por qué la justicia actúa de forma rápida y eficaz contra los crímenes de personas adineradas y/o de personalidades de la vida pública, pero, cuando se trata de liderazgos locales y de personas humildes estos crímenes se quedan en la impunidad?

¿Será que, para la fiscalía y policía local, las personas balen por lo que tienen (dinero o poder) y no por su condición de seres humanos?

¿Será que las instituciones locales no tienen capacidad de investigar y de judicializar a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos a líderes sociales?

¿Será que las autoridades locales no actúan con contundencia porque Edwin Andrés Grisales era un joven que expresaba un pensamiento de disidencia y rebeldía contra el régimen político actualmente vigente?

¿Será que las instituciones judiciales de Sevilla y del Valle del Cauca, no avanzan en la producción de capturas y obtención de pruebas porque no quieren o porque no tienen capacidad? 

Los anteriores hechos nos llevan a afirmar que, en Sevilla, la Fiscalia, SIJIN y SIPOL no tiene interés y/o capacidad para investigar el asesinato de líderes sociales y, por ende, la impunidad de los asesinatos a líderes sociales reina en Sevilla.

El Asesinato de Edwin se suma a los más de 88 líderes y excombatientes asesinados(2)  en lo que va corrido del año en Colombia y a los más de 837 desde que se firmó el acuerdo de paz de La Habana, en los que la incapacidad del Estado para investigar, capturar y judicializar sigue siendo el común denominador de estos hechos.

¡Que la paz no nos cueste la vida!

¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio!

¡No más impunidad contra el asesinato de líderes sociales y políticos!

*Jhon Freddy Grisales es integrante de la Fundación Social y Cultural Red de Hip-Hop de Sevilla y la Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO)

____________

(1) Seccional de inteligencia Policial (SIPOL)

(2)   https://www.elespectador.com/noticias/judicial/702-lideres-sociales-y-135-excombatientes-habrian-sido-asesinados-desde-firma-del-acuerdo-articulo-862367

Por: Hernán Durango.

A la grave crisis humanitaria del departamento por los asesinatos y masacres de campesinos y población civil a manos de grupos paramilitares que han copado las áreas dejadas por la extinta insurgencia armada Farc, hoy partido político, se suma el abandono por parte de las autoridades nacionales que permiten que como en el caso de la educación pública las escuelas se caigan a pedazos en diferentes municipios.

Los defensores de Derechos Humanos y fuerzas políticas alternativas lanzaron su voz de alerta y denuncia por el asesinato de campesino en Alto Sinú  y  San Jorge,  luego de la circulación de panfletos con amenazas de muerte contra connotados líderes sociales y políticos, entre los que mencionan a Miguel Angel Tordecilla, Precandidato por la UP a la Alcaldía de Tierralta y Albeiro Begambre, precandidato a la Asamblea Departamental por la Colombia Humana.

LIney Paternina Mendoza, portavoz del partido UP en Córdoba exigió al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, a la Gobernador de Cordoba y al Alcalde Tierralta, Mauricio Otero, facilitar las rutas y mecanismos correspondientes para la protección de los amenezados, asi como las garantías para el ejercicio político.

En materia social la situación es dramática. La Asociación de Educadores de Córdoba – Ademacor-, ratificó la parálisis educativa de 24 horas, para el miércoles 5 de junio, en todas las instuticiones educativas del sector público de la región, por el no giro de recursos de gratuidad por parte del Ministerio de Educación Nacional - MEN -.

Ademacor hace el llamado urgente a la comunidad educativa de Córdoba, a participar activamente de la jornada y a estar en estado de alerta ante nueva convocatoria de presión a los gobiernos nacional y departamental, si éstos no solucionan inmediatamente la problemática que tiene en cuidados intensivos a la educación pública en Córdoba.

En una actividad en el estado venezolano de Apure, en respuesta a afirmaciones de el embajador de la mafia colombiana, Carlos Holmes Trujillo, Diosdado Cabello afirmó que "esa dirigencia colombiana que hoy gobierna Colombia (...) tiene como canciller a un personaje aliado de Pablo Escobar Gaviria: el canciller colombiano, el de hoy, lo nombra Pablo Escobar Gaviria como compañero" y luego presentaron una video donde el capo del narcotráfico nombraba a su compinche.

Ante la afirmación de Diosdado Cabello, Carlos Holmes Trujillo, respondió: "Pretende enlodar mi nombre haciendo uso del fragmento de un video que ha sido explicado hasta la saciedad y en el cual NO se hace referencia a mi persona. Es decir, acude de nuevo a la falsedad", señaló en un video.

Luego, ¿de quién hablaba Pablo Escobar y que Carlos Holmes Trujillo no nombró?

Pues se trataba de Carlos Holmes Trujillo, el padre del canciller de la mafia, quien era compinche de Pablo Escobar en el Movimiento de Renovación Liberal.

Carlos Holmes Trujillo Miranda, el padre que ahora oculta Carlos Holmes Trujillo hijo, era un oportunista que buscaba imitar a Jorge Eliécer Gaitán hasta en la forma de caminar, pero sirviendo a lo que Gaitán llamaba, la oligarquía.

Oportunista como él solo, fundó el Movimiento de Revitalización Liberal, al que colocó las siglas de MRL, de López.

En esos tiempo, la palabra "caudillo" todavía era bien aceptada por la oligarquía colombiana y como Gaitán, Carlos Holmes Trujillo Miranda se hacía llamar "el caudillo del pueblo".

Era abogado penalista, fue congresista y debido a su retórica gaitanista fue designado como embajador de Colombia en la República Democrática Alemana, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Imperio de Japón.

En la campaña electoral de 1990, pretendió colocar a su otro hijo, José Renán Trujillo, como alcalde de la ciudad de Cali, fallando en su intento.

A los doce días, el 16 de marzo de 1990, en plena guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, en un nunca aclarado "accidente", al resbalarse en la bañera de su casa del barrio Santa Rita, en Cali, murió el parlanchín.

Se vio involucrado en varios delitos, que como son ellos, nadie investigó; como la importación ilegal de un carro Mercedes Benz de uso diplomático, entre otros

Demagogo, politiquero que vivió toda la vida de la teta del Estado, terminó sus días dejando bien empotrados a sus hijos, que nunca han trabajado, sólo han mamado de la teta estatal.

Algunos de sus compinches políticos, como el abogado Ignacio Londoño Zabala, conocido por su papel en el Proceso 8.000 y mencionado en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, fue asesinado en el 2015 en el centro de Cartago.

Sus turbios negocios parecen ser de tal calibre que su hijo, Carlos Holmes Trujillo García, lo negó en su respuesta.

El 4 de junio de 1830, fue asesinado el Mariscal Antonio José de Sucre, por órdenes de la oligarquía colombiana que quería la continuidad del colonialismo y se oponía a la integración de la Patria Grande.

El asesinato de Sucre fue como una “Crónica de una muerte anunciada”, ya que el mismo fue planificado y ejecutado en las Montañas de Berruecos- Arboleda (Nariño) Colombia, con alevosía, ensañamiento, ventaja y premeditación. Tras la cobarde acción, allí permaneció su cadáver por más de 24 horas hasta que los pobladores de las localidades cercanas le dieran cristiana sepultura. Si el mariscal se hubiese ido por Buenaventura, allí lo esperaba el general Pedro Murgueitio para darle muerte; si optaba por la vía de Panamá lo acechaba el general Tomás Herrera, y desde Neiva lo vigilaba el general José Hilario López.

El Gran Mariscal de Ayacucho murió asesinado en una emboscada, planeada por el General Juan José Flores. Ese día, muy temprano por la mañana, Antonio José de Sucre toma el camino de su cita final. En el sendero estrecho hacia las montañas de Berruecos, cuatro asesinos contactados por José María Obando, Apolinar Morillo (venezolano), Andrés Rodríguez y Juan Cruz (peruanos) y Juan Gregorio Rodríguez (colombiano) lo asesinaron a mansalva.

Recordamos los 189 años de la partida del Mariscal Antonio José de Sucre.