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Colombia

Por: Tony López R

La vergonzosa conducta del gobierno de Donald Trump, utilizando la lamentable y peligrosa Pandemia del Covid-19, contra gobiernos latinoamericanos al expulsar a cerca de 2000 emigrantes de 11 países de la región y muchas de esas personas contagiados con el virus Covid-19, es una forma de exportar la enfermedad, tal como lo denunciaron los medios locales y la Agencia de Noticias Telesur.

A esa criminal acción se suma el bloqueo a empresas europeas y estadounidenses, que no pueden vender medicinas e insumos para la fabricación de medicamentos y prótesis a Cuba y Venezuela. La opinión pública mundial debe tomar nota de estos actos que deben ser considerados como un crimen de guerra, denunciarlos y exigir que los organismos internacionales, tomen medidas y acciones a estas graves violaciones a los derechos humanos y de los pueblos de nuestra América Latina Caribeña. No se debe aceptar la impunidad de la que hoy goza y disfruta EE.UU. contra nuestros pueblos.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, continúa en su campaña difamatoria contra Venezuela y Cuba, vinculándolos al narcotráfico, sin la más mínima prueba, la que además no puede tener, porque es una execrable calumnia, desmentida por la propia agencia antidroga DEA. El objetivo de esta repugnante mentira es sembrar esta matriz de opinión que justifique la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Por otra parte, Pompeo se ha dedicado a presionar a diversas naciones que han solicitado a Cuba la compra del Interferón Alfa 2B, importante medicamento cubano para combatir el Covid-19, y la desvergonzada campaña de tratar de desprestigiar a la medicina cubana y a nuestros galenos, campaña que ha sido repudiada nacional e internacionalmente.

En respuestas a la sarta de falsedades de Pompeo, diversos gobiernos, incluyendo los de Italia y Andorra, solicitaron los servicios médicos cubanos, en total hoy tenemos 25 brigadas prestando su labor humanitaria en varias islas del Caribe y en África, una acción que sin mencionarlo desenmascaran a Pompeo y lo hace caer en un gran ridículo.

En plena campaña contra Cuba, el presidente Trump, su Secretario de Estado y la mafia contrarrevolucionaria de Miami, alentaron con su política que se produjera un artero y criminal acto terrorista contra la embajada cubana en Washington. Las autoridades cubanas, luego de más de 36 horas de los hechos, espera la respuesta y resultados de la investigación por parte del Departamento de Estado y su gobierno por lo sucedido la madrugada del pasado 30 de abril, cuando su embajada, fue cobardemente atacada con intenso fuego de un fusil de asalto AK47, por un terrorista de origen cubano llamado Alexander Alazo, de 42 años, procedente de la localidad de Aubrey, Texas.

Y como bien señaló el canciller cubano, “este acto terrorista seguramente está impulsado por esa política hostil hacia Cuba” y le añado, campaña injustificada de odio, promovida por el actual gobierno de los Estados Unidos.

Mientras su país atraviesa una grave crisis producto de la Pandemia del virus Covid-19 y confronta serios problemas económicos, crisis laboral con 30 millones de desempleados y graves problemas de salud para cerca de 13 millones de migrantes, Pompeo se dedica a conspirar con los gobiernos de Colombia y Brasil, sus principales aliados, con el fin de provocar un violento conflicto en Venezuela, acusando al presidente Maduro de liderar el ingreso de drogas en Estados Unidos.

Será que Pompeo, ex jefe de la CIA y ahora Secretario de Estado, desconoce que Colombia produce el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, introducidas por carteles colombianos y mexicanos, de acuerdo a informes de la Agencia norteamericana DEA. Por favor, señor Pompeo no insulte la inteligencia de la opinión pública de nuestra región.

Ignora Pompeo que el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, mentor y guía del actual presidente Iván Duque Márquez, está sindicado desde 1991 por el Pentágono y su departamento de Defense Intelligence Agency (DIA) como colaborador del Cartel de Medellín.

El informe del DIA con el registro No 82, expone lo siguiente “Álvaro Uribe Vélez, un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín, en las altas esferas del gobierno. Estuvo vinculado a los negocios relacionados con las actividades de narcóticos en Estados Unidos”. “Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria.” (1) Informacion se encuentra en http//www. Gwu.edu/ nsarchiv/NSA EBB/NSA EBB131/index.htm

Desconoce el Secretario de Estado que, en el año 1981 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, Álvaro Uribe Vélez fue nombrado Director de Aeronáutica Civil, y otorgó numerosos   permisos para construir pistas de aterrizaje y cientos de licencia a los pilotos del  Cartel de Medellín, por estos actos fue acusado, curiosamente por el padre del actual Presidente de Colombia, el entonces gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, al otorgarle licencia, para abrir la ruta aérea Medellín-Turbo, al conocido narcotraficante Jaime Cardona, petición desoída por el presidente Turbay. O la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como alcalde de Medellín, a los cuatro meses de su nombramiento en 1982, por expreso pedido del presidente Belisario Betancourt, por sus conocidas relaciones con Pablo Escobar.

Mike Pompeo desconoce la lluvia de acusaciones que existen no solo contra Uribe Vélez sino contra numerosos ex miembros de su gabinete y de altos jefes militares vinculados al paramilitarismo, que cumplieron y otros hoy cumplen prisión, algunos fueron extraditados a Estados Unidos y el caso más notorio es el del Jefe de la Seguridad Personal del presidente Uribe Vélez, el general Mauricio Santoyo Velázquez, extraditado y condenado a 13 años de prisión por una Corte de Virginia, por sus relaciones y negocios con la oficina encargada del narcotráfico en Antioquia conocida como la OFICINA DE ENVIGADO.

Rebajada la pena al general Santoyo por su colaboración, en abril del pasado año 2019 fue extraditado a Colombia y encarcelado y cumple prisión, con graves acusaciones por su vinculación a la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, pertenecientes a ASFFADE y complicidad en masacres cometidas por los paramilitares y enriquecimiento ilícito, este último delito estalló esta semana y ha tenido una amplia repercusión y un gran escándalo titulado La fortuna escondida del ex jefe de seguridad de Uribe.

La pregunta de la opinión pública colombiana es, cómo con un salario de un General de la Policía se puede acumular una fortuna de más de 6.193.415.576 millones, o será que Santoyo, no es más que un testaferro. O un gran capo del narcotráfico.

Otros graves escándalos han estallado en estos días en Colombia, la revista Semana bajo el título la Carpeta Secreta, dá cuenta de que el Ejército colombiano, desarrollaba un amplio trabajo de espionaje telefónico, visual y de seguimiento, a importantes dirigentes políticos de izquierda, legisladores, periodistas, congresistas, dirigentes de los derechos humanos, y magistrados entre otros, que condujo a la separación de sus cargos a 11 importantes oficiales del Ejército, según dio a conocer el ministro de Defensa.

25 congresistas colombianos han solicitado el esclarecimiento de estos hechos y no se conforman con las declaraciones del ministro de Defensa Holmes Trujillo, el senador Gustavo Bolívar, expresó a la agencia de noticia Telesur, que solicitará la renuncia del ministro de Defensa, y se pregunta: ¿cómo es posible qué, si desde del pasado año se conocían estas actividades, solo ahora las den a conocer y sea, en este momento, cuando lo revela la revista Semana.

Muchos escándalos han surgidos en los dos últimos meses en Colombia, las declaraciones del Jefe militar en el departamento del César, el coronel Publio Hernán Mejía, recientemente condenado a 19 años de cárcel, por sus relaciones con el narco paramilitarismo y especialmente por su participación en una brutal masacre de jóvenes que acusaban falsamente de pertenecer al ELN, preguntado por el tribunal, de quien le dio la orden de ejecutar dicha masacre, sin ninguna duda respondió que la recibió directamente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

El coronel Mejía reveló además las relaciones y absoluta coordinación e incluso de acciones conjuntas del Ejército y los paramilitares a las órdenes de Jorge 40 y Hernán Giraldo, los importantes dos jefes narcotraficantes de la costa atlántica, hoy cumpliendo cárcel en Estados Unidos. Las relaciones de sectores de las FF-MM con el paramilitarismo es conocido, Puerto Boyacá es su más fiel ejemplo.

Otro gran escándalo que vincula al ex presidente y actual senador Uribe Vélez, es el del renunciante embajador en Uruguay Fernando Sanclemente, a quien le encontraron dos laboratorios de procesamiento de cocaína en una de sus fincas y, según la Nueva Prensa, “tiene a Uribe contra las cuerdas, por las relaciones Sanclemente- el clan Cifuentes-Villa- la Oficina de Envigado y Uribe Vélez. Y quien por cierto en el primer mandato de la presidencia de Uribe Vélez en el 2005, nombró a Sanclemente como director de Aeronáutica Civil, cargo estratégico, desde cuando el propio  Uribe Vélez fue director y otorgo licencias al narcotráfico, con la diferencia que en este periodo, la enorme estructura del narcotráfico pasaría a operar desde el aeropuerto El Dorado de la Capital”

El clan Cifuentes-Villa está vinculado familiarmente al expresidente Uribe, teniendo en cuenta que su hermano menor Jaime Alberto, fallecido en el 2011, fue durante algunos años compañero sentimental de Dolly Cifuentes, con la que tuvo dos hijos, la mayor Ana María Uribe Cifuentes, ambas detenidas y extraditadas a Estados Unidos y acusadas de ser operadoras financieras del Cartel de Sinaloa para varios países de Sur América; Cartel con el que actualmente se relaciona Fernando Sanclemente. Lo que indica de manera clara que estas dos personas eran el enlace clave de dicho Cartel mexicano con los carteles de narcotraficantes colombianos.

Los Cifuentes-Villa, familia que abrió las puertas al cartel de Sinaloa en Colombia y asociados al Chapo Guzmán, relación que se concertó en el elitista Club el Nogal, según   relata el periodista Daniel Mendoza, expone lo siguiente: “el narcotraficante Salvatore Mancuso, se reunía con importantes empresarios, grandes hacendados y terratenientes , el Clan Cifuentes Villa, fue presentado en el Club por Álvaro Uribe, como socios, a través de una de sus empleadas , la Cónsul de Colombia en los Países Bajo, y ante la junta directiva de dicha corporación que aplaudió su ingreso, reconociendo a esta familia de narcotraficantes, el estatus de industriales muy prestantes”. Así fueron presentados.

Sobre esta situación, coincidente con la permanencia de Sanclemente como director de la Aerocivil, existe una larga entrevista donde el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, confiesa haber administrado personalmente este gran Eje de narcotráfico en coordinación con Jorge Noguera, ex director del DAS condenado por nexos con el paramilitarismo durante el segundo Gobierno de Uribe. Jorge Nogueras como jefe de la Seguridad del Estado era subordinado directo del Presidente de la República, quien lo había enviado de cónsul a Italia, pero cuando estalló el escándalo del DAS, fue retirado, procesado y condenado.

También sobre este hecho, según la “Nueva Prensa” “se presentó una sospechosa coincidencia, ya que el allanamiento de la finca de Sanclemente se realizó justo cuando la mencionada Dolly Cifuentes Villa anunciaba su decisión de declarar en contra de El Chapo Guzmán jefe del Cartel de Sinaloa, lo que indicaría que las autoridades colombianas se adelantaron a los acontecimientos para tratar de darle algún tipo de manejo a la grave situación que se estaba fraguando en el exterior”.

De esta manera se configuró la gran estructura del narcotráfico cuyo epicentro para varios países de Sur América es Colombia, y cuya impunidad está hoy en peligro por cuenta de las confesiones de la pariente del mismo Uribe, Dolly Cifuentes Villa, entre otros factores derivados del proceso contra El Chapo Guzmán, de manera lógica por fuera del control de la mafia colombiana.

Como se puede apreciar estos son solo algunos de los casos que vinculan al presidente Uribe Vélez, con los carteles de la droga y el paramilitarismo y como queda bien claro, no es Venezuela ni Cuba los que suministran la cocaína, son nada menos que sus aliados mas íntimos y sobre estos graves hechos ni Trump y ni Pompeo se pronuncian, ellos continúan con sus planes de agresión militar desde Colombia contra Venezuela y el ejemplo más claro lo tienen con el intento de desembarcar mercenarios y armas por La Guaira, Venezuela, en la madrugada de este 3 de mayo, acción que les ocasionó 8 bajas, 2 detenidos y un sin número concreto de desaparecidos de esta incursión mercenaria con fines desestabilizadores y cuyos directivos y organizadores son los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

La desmoralización del gobierno de Iván Duque Márquez y la impunidad son tan visibles y horrorosa, que el general de la policía Juan Carlos Buitrago, en un acto de valentía y honradez presentó su renuncia ante las amenazas contra su vida, al desarrollar diversas operaciones, en su condición de jefe de la policía fiscal y aduanera, contra el lavado de activo, contrabando y el enriquecimiento ilícito, a poderosas familias cercanas al gobierno y la mafia narco paramilitar.

Lo que colmó la copa, según el general, fue conocer que el bufete de abogados de Abelardo de la Espriella es el mismo que representa al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y al mafioso Alex Saap, quien se encuentra prófugo. Él hizo estas denuncias y no recibió ningún apoyo de su jefatura, tampoco trasladarlo a otras funciones, su vida obviamente corre peligro, como bien lo señaló en este informe titulado “Mafia narcoparaca en el Alto Gobierno Uribista” de la periodista D’ Arcy Quinn, de Radio Caracol.

Valore usted querido lector donde está la verdad, resulta aberrante los ridículos y los falsos argumentos del gobierno de los Estados Unidos para justificar una intervención militar en Venezuela. El presidente Donald Trump, Mike Pence, Mike Pompeo y Elliot Abrams, deben tener muy bien claro que una intervención militar o por cualquier vía ilegal y tratar de forzar un cambio de gobierno en Venezuela puede costarle muy caro a los Estados Unidos y además nunca logrará sus propósitos.

Sus relaciones con el fallido gobierno de Colombia los debe llevar a la reflexión y modificar su apoyo a un escenario donde gobierna el narcoparamilitarismo, hoy se puede decir que el embajador estadounidense Lewis Tambs tenía razón, Colombia hoy sí se ha convertido en una “narcodemocracia”. Con este artículo pongo punto final a este serial de cinco. Pero les prometo escribir otros artículos dedicados al tema narcotráfico y la lucha insurgente en Colombia.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.       (QUEDESE EN CASA)

La Habana, Cuba, 3 de abril del 2020.   11:45 hts.    

Ante las recientes denuncias sobre espionaje a periodistas, dirigentes de oposición y otras personalidades por parte de inteligencia del ejercito colombiano, Jaime Caicedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano por medio de un comunicado solicitó se haga pública la totalidad de los nombres de las personas que aparecen afectadas por esta irregularidad antidemocrática a objeto de qué puedan interponer las acciones legales de esclarecimiento y de justicia a las que tienen derecho.

Bogotá, mayo 4 de 2020

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO Comité Central

Señor Ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo
Ciudad.

Con un atento saludo.

Por la presente expreso a usted la grave preocupación ante los hechos que destapa la revista Semana y corrobora usted mismo en rueda de prensa, acerca de los rastreos, perfilamientos y otras formas de espionaje a ciudadanas y ciudadanos según criterios arbitrarios que, por lo visto, continúan siendo hechos normalizados como parte de las funciones de la Inteligencia militar.

Nos consta que, además de destacados periodistas nacionales y extranjeros, dirigentes políticos y sindicales, aparecen señalados activistas de la izquierda que actúan en la vida legal, en tareas del movimiento popular, de los derechos humanos, de las organizaciones de la mujer y también de la actividad del Partido Comunista.

En razón de lo anterior y acogiendome a las prerrogativas constitucionales, me permito solicitar se haga pública la totalidad de los nombres de las personas que aparecen afectadas por esta irregularidad antidemocrática a objeto de qué puedan interponer las acciones legales de esclarecimiento y de justicia a las que tienen derecho.

Sin otro particular me suscribo de usted,

JAIME CAYCEDO TURRIAGO

Secretario General Partido Comunista Colombiano

Radio Cafe Stereo presenta el siguiente video donde una pareja de esposos en Wuhan explican la actitud del gobierno chino y el PCC frente a los primeros casos del COVID19. Este es un punto de vista que se aparta de las sindicaciones hechas por gobiernos y medios de Occidente que tratan de acomodar la realidad ocurrida en contra de China.
Invitación a la jornada conmemorativa del 1o. De Mayo, día internacional de la clase trabajadora, encesta oportunidad en la Cuarentena por el Covid 19.

VIVA EL 1 DE MAYO SOLIDARIO Y COMBATIVO

·         En contra del paquetazo neoliberal uriduquista

·         FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN COLOMBIA

·         DERECHO A TRABAJO, SALARIO Y PENSIÓN

·         UNA SALUD PÚBLICA, GRATUITA, HUMANA Y DE CALIDAD

·         LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

·         EDUCACIÓN PÚBLICA, CIENTÍFICA, GRATUITA Y AL SERVICIO DEL PUEBLO

·         SOBERANÍA NACIONAL, FUERA GRINGOS Y MULTINACIONALES DE COLOMBIA

·         DERECHO A LA VIDA. NO MÁS MUERTES DE DIRIGENTES SOCIALES

·         RECHAZO A LA CORRUPCIÓN Y A LAS CASTAS MAFIOSAS EN EL PODER 

TAREAS En las ventanas de las casas en todo el país: Banderas Rojas – letreros alusivos al Día del trabajo, la Paz con la Justicia social, el derecho a la vida y al trabajo, soberanía nacional, peticiones, cacerolazos, etc. En las Redes Sociales: Circular audios, videos, flyers, entrevistas, face live, etc, sobre el tema del día internacional de la clase trabajadora.

La barranquillera Karen Abudinen, testaferra de la banda de los Char, ex Alta Consejera para las Regiones del gobierno de Iván Duque, será la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El anuncio fue hecho el pasado 29 de abril. Karen Abudinen reemplaza a Sylvia Constain que renunció debido a que fue descubierta en un robo en la adjudicación del dominio nacional .Co, razón por la cual la Procuraduría le abrió una investigación.

La nueva ministra, como ya se dijo, que pertenece a la banda delincuencial de los Char, llega a ese cargo producto de un negociado entre los Char, Vargas Lleras y la banda del Centro Democrático, para repartirse lo que puedan roban del presupuesto colombiano.

El pasado lunes 27 de abril (2020), el general Juan Carlos Buitrago Arias presento su renuncia irrevocable a la Policía de la mafia colombiana.

Su retiro se produce a casi cuatro meses de haberse originado un escándalo por sus declaraciones ante los medios de comunicación, donde aseguró que había relación entre la captura de una banda de traficantes de armas, denominada “los Mercaderes de la Muerte”, de la que hacían parte varios policías de la Metropolitana de Cali, con el asesinato de cinco personas en Suárez, Cauca, entre estas la candidata a la alcaldía de esta población, Karina García Sierra.

Con esa declaración el general Buitrago contradijo la versión oficial de que los asesinos habían sido disidentes de las Farc, por lo que en venganza la Fiscalía inicio un proceso en su contra.

En ese momento el paramilitar que oficia como director seccional de fiscalías en el Cauca, Raúl Humberto González Flechas, cuestionó ante el director de la Policía y el Fiscal General de la Nación las afirmaciones de Buitrago.

En su carta de renuncia el general Juan Carlos Buitrago, adujo que “los principios no se negociaban”, lo que indicaría que se negó a algún acuerdo con la Fiscalía para retractarse de sus afirmaciones.

La renuncia del general Buitrago Arias se da cuando está en pleno furor el escándalo por el robo de más de 18.000 millones de pesos, en la construcción de unas casas fiscales en San Luis Tolima, las que quedaron convertidas en otro ‘elefante blanco’, robo en el que está mezclado como principal responsable el actual director de la banda delincuencial conocida como Policía Colombiana, el general Óscar Atehortúa Duque.

Este es el texto de la carta:

“De manera respetuosa, me permito solicitar al señor Presidente de la República mi retiro irrevocable del servicio activo de la Policía Nacional de todos los Colombianos. Me siento orgulloso de haberle servido a mí país a través de nuestra Policía por más de 32 años y expreso profunda gratitud a Dios, a mi adorada familia y a todos aquellos invaluables seres humanos que depositaron su confianza en mí, apoyándome y acompañándome a lo largo de mi trayectoria institucional, siempre fieles al juramento realizado y a la genuina convicción de que ‘los principios no se negocian”,

brigadier general Juan Carlos Buitrago Arias.

El 27 de mayo (2019), el criminal Álvaro Uribe, durante una visita a Santa Marta cuestiono a Parques Nacionales Naturales por las restricciones que esta entidad ha generado en las áreas protegidas del país.

Sobre la posición de las comunidades indígenas y sobre los sitios ancestrales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, el criminal de guerra dijo que esta no “puede ser obstáculo para el desarrollo de turismo que necesita la ciudad”.

El pasado viernes 24 de abril (2020), casi un año después de la orden mediática, paramilitares del ejercito oficial ingresaron a la parcela Alejandro Llinás, líder popular que defendía el Parque Tayrona y lo asesinaron.

Llinás Suárez, había entregado en octubre de 2019 un derecho de petición a Parques Nacionales y al Ministerio del Medio Ambiente con exigencias de los indígenas sobre el nuevo Plan de Manejo para los Parques Tayrona y Sierra Nevada, también hablaba sobre la licitación pública para concesionar los servicios eco turístico del área protegida.

Como es costumbre en Uribe, este dio la orden que cumplieron los asesinos y que ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia investigaran.

Llinás se atrevió a desafiar los dictados del asesino y sus paramilitares cumplieron la orden.

Hace rato nos quitamos el rótulo de “minorías”. No somos indígenas callados en un museo, hacemos política porque representamos un movimiento y un pueblo que defiende los intereses de todos los colombianos. Nuestra voz debe ser respetada.”
Martha Peralta Epieyú, Presidenta Nacional de MAIS

 

Bogotá. Abril 27 de 2020. El Movimiento Alternativo, Indígena y Social – MAIS, rechazó de manera categórica lo ocurrido en el desarrollo de un debate en el Concejo de Bogotá el día 24 de abril, en donde concejales del Partido Alianza Verde manifestaron que la bancada de MAIS “no cuenta con la misma representación” que las demás por ser minoritaria.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril de 2020 durante el desarrollo de la sesión del Concejo de Bogotá de la COMISION PRIMERA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en donde los concejales del Partido ALIANZA VERDE; DIEGO LASERNA y JULIAN RODRÍGUEZ señalaron que la participación de la concejal ATI QUIGUA, Vocera de bancada del Movimiento MAIS, no puede tener “el mismo peso” puesto que, según la opinión de dichos concejales, al ser la del MAIS una bancada minoritaria “no cuenta con la misma representación” que su bancada de 12 concejales.

Por otra parte, el concejal Diego Laserna se refirió en tono y forma despreciativa a la vocera del MAIS tanto en la sesión de la Comisión como a través del twitter, groseramente midiéndole los minutos de participación y posteriormente afirmando burlonamente que “debería ser presidente entonces. Que le sumen Ecuador y Venezuela de paso.

Frente a estas afirmaciones que se hicieron virales en redes sociales y que fueron ampliamente criticadas, la Presidenta del Movimiento MAIS, Martha Peralta expresó su rechazo y solicita:

1) Al Partido Alianza Verde, que señale si las afirmaciones de sus Concejales, en la forma y contenido menospreciativo con que se refirió el Concejal Diego Laserna, tanto en la sesión como por fuera de ella, aludiendo a la superioridad numérica como argumento arbitrario, son compartidas por su colectividad.

2) Al Presidente del Concejo, HC Carlos Fernando Galán y al Cabildo Distrital en su conjunto, garantizar plenamente las garantías de participación política de los partidos minoritarios y rechazar de manera tajante cualquier acto de discriminación en contra de nuestro movimiento y de cualquier cabildante bajo el argumento de la superioridad numérica, situación que nos pondría frente al acatamiento, no de las normas democráticas de un estado social de derecho, sino al de las “mayorías tiránicas” que tanto daño han hecho a la democracia alrededor del mundo.

Recordamos a la opinión pública, que El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL el 26 de marzo de 2020, emitió un concepto, mediante el cual resolvió que Colombia Humana-UP y El Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS tienen derecho a actuar como dos bancadas autónomas y que, una vez el CONCEJO DE BOGOTÁ, quien es el responsable de aplicar su propio reglamento y la Ley, decidió aplicar estas normas reconociendo a la bancada de MAIS, se presentaron proposiciones aditivas sobre los debates que corresponden a la búsqueda del buen vivir de los Bogotanos.

Por ello, a partir del mes de abril en ejercicio de los derechos que corresponden al Movimiento MAIS, la concejal ATI QUIGUA IZQUIERDO, solicitó la priorización de debates URGENTES para Bogotá en medio de la crisis causada por las medidas de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, tales como el del “AGUA, LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y EL MINIMO VITAL, PARA TODAS Y TODOS LOS CIUDADANOS” y el del “SISTEMA AGROALIMENTARIO DE BOGOTÁ REGION; SOBERANIA ALIMENTARIA Y SALUD PUBLICA”, teniendo en cuenta que antes de reconocerse la autonomía de MAIS, se había vulnerado de facto el derecho de la Bancada a participar en estos temas.

Por último, la Presidenta de dicho Movimiento, Martha Peralta señaló que “el MAIS hace un llamado a todas las fuerzas políticas en estos momentos de emergencia sanitaria por el COVID-19, a que nos concentremos en encontrar soluciones a los problemas reales de la gente y no a coartar las iniciativas que los partidos alternativos construyamos por el bien del interés general.

Así mismo, Martha Peralta subrayó que “Es rechazando la discriminación y actuando conjuntamente en favor de la población más vulnerable en el marco de la defensa de los derechos humanos que lograremos construir una Bogotá para el buen vivir.”

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

De repente las calles de Colombia se van llenado de banderas rojas, la gente sale a la calle entonando la canción que dice que “el pueblo unido jamás será vencido”, canción que es acompañada del sonido, ahora revolucionario de las cacerolas, en algunos momentos, en los barrios populares pareciera que la revolución está por llegar, y es posible que llegue si la mafia en el poder en Colombia no atiendo los reclamos del pueblo.

Es el efecto generado por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica en Colombia, donde con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, para supuestamente combatir la pandemia del Covid-19, la mafia impuso severas medidas a la población como el aislamiento obligatorio sin ninguna ayuda a los millones de colombianos que viven en la miseria.

Al desnudó quedaron los problemas estructurales de la que nos decían era la mejor economía del mundo, con el ministro de hacienda más hábil del universo y sus alrededores y la que por obra de magia, o demagogia uribista habían vuelto de clase media, diciendo que aquel pobre que ganara unos pesos más que el salario mínimo ya era de clase media, pues hoy esa “clase” media, pobres a quienes nos pintaron como ricos, están en las calles con banderas rojas reclamando por ahora alimentos y si no los atienden reclamaran justicia.

Dicen por allí, que ante la grave emergencia humanitaria que se veía venir, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, bandido uribista para más señas, talvez de forma malévola, tratando de presentar el color rojo como símbolo de pobreza, aconsejo a las familias que necesitan ayuda o que tenían hambre, desplegasen una bandera roja en la ventana de su casa.

Poco a poco las banderas rojas comenzaron a verse en lo barrios donde sobreviven los más pobres en Bogotá y hoy se ven por todo el país, ya no solo en las ventanas, en las calles, en las manifestaciones de la genta con hambre exige a la mafia en el gobierno deje de anunciar ayudas y las entregue.

El martes pasado (2020-04-14), en Vallejuelos, una invasión ubicada al occidente de Medellín en la comuna de Robledo, habitantes de estas zonas afirman que ya no tienen con qué comer debido a la cuarentena obligatoria decretada, se manifestaron acompañados de trapos rojos clamando por alimentos y medicinas.

En varias localidades de Bogotá, ese mismo martes hubo bloqueos, protestas, cacerolazos por falta de alimentos. Esa situación se repitió en muchos sectores de la ciudad al mismo tiempo.

En Ciudad Bolívar, exigieron que se materialicen las ayudas prometidas por el gobierno. La gente más pobre no tiene que comer.

En las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe las personas salieron a protestar, se cansaron de las promesas, hoy casi un mes después, de los anuncios las ayudas no han llegado y el hambre azota la cuarentena.

Según los datos manipulados del Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, Dane, a mayo de 2019, en el país había unos 13 millones de personas por ellos consideradas pobres, que tenían ingresos mensuales de $257.000 pesos, una tercera parte del salario mínimo, después del cual nos quieren meter en la cabeza, los pobres son clase media.

Y según los mismos mentirosos del Dane, en Colombia hay cerca de 4 millones de personas que no tiene ningún ingreso, que viven de sacar comida de la basura y que ellos eufemísticamente denominan pobreza multidimensional.

Según un artículo publicado por el diario el Colombiano en el año 2017 y las cosas hoy han empeorado, citando un estudio de Universidad del Rosario de Bogotá, decía que la informalidad laboral en Colombia llegaba al 65 %.

Si tomamos la población colombiana como de 50 millones, tendremos que más de 35 millones de colombianos viven en eso que llaman informalidad, o sea que no tiene empleo fijo, que se rebuscan la comida, o la papa, como decimos los colombianos, haciendo malabares en los semáforos, vendiendo llamadas telefónicas y hasta teniendo que robar, para no dejarse morir de hambre o no dejar morir de hambre a los suyos.

La situación se agrava para los pobres, cuando en un país donde ahora se importa casi todo y se paga en los dólares, estos reciben devaluados pesos colombianos, que para comprar un dólar o por un dólar, deben pagar al menos unos 4 mil pesitos.

Esos pobres, amontonados y escondidos en las barriadas en las afueras de las ciudades, a donde no llegan los turistas ni las cámaras de los acuciosos periodistas colombianos, son los que hoy protestan bandera roja en una mano y cacerola en la otra.

En algunos momentos la situación se puesto difícil, para los pobres que, uniformados y armados hasta los dientes, protegen a los bandidos, que en ocasiones han tenido que salir huyendo ante la furia popular.

En la semana se presentaron por lo menos 10 manifestaciones y bloqueos diarios en Bogotá por parte de colombianos con hambre, asegurando que no les ha brindado ningúna ayuda para esta cuarentena.

En Buenaventura la población, con trapos rojos, anunció el bloqueo de las vías de ingreso al puerto y los pobres presos en las cárceles colombianas están al borde del levantamiento.

Se puede decir que alguna forma, son los efectos de pandemia que ha sacado a relucir la gran pobreza en la que la mafia en el gobierno ha sumido al pueblo colombiano, donde los anuncios diarios de ayudas que hace Duque, anuncios que se quedan en eso, en anuncios que nadie cumple y ayudas que nunca llegan, son los que están haciendo que el pueblo, a la brava tome conciencia de la clase de bandidos que controlan el poder en el país.

La mafia en el poder consciente del peligro para su estatus, de la fuerza del pueblo y ante el descontento generalizado, está tomando medidas para protegerse.

Un video marca claramente la hipocresía de la mafia en el gobierno en Colombia,

en él se ven bandidos uniformados del escuadrón antidisturbios Esmad, armados hasta los dientes con sus uniforme de robots, entregando cajas que es de suponerse contienen alimentos enviados por el gobierno a los pobres en Bogotá, que con desconfianza observan la escena y que muy pocos se arriman a recibir.

El mensaje es claro, aquí estamos armados por si ustedes protestan, es un mensaje intimidador que a la vez trata de limpiar la imagen de los asesinos de la Esmad, que unas horas antes repartían bala, asesinaban en la misma zona donde dizque reparten alimentos.

Para quienes no son colombianos y que no lo saben, el Esmad es una organización criminal de la policía colombiana, compuesta por jóvenes pobres que han sido adoctrinados de tal forma que atacan sin compasión a sus hermanos también pobres, para defender a los delincuentes que controlan el poder.

El video se repite en el Choco, donde mediante los militares, los mismos que hasta hace algunos días asesinaban a la población disfrazados de paramilitares

descargan las mismas cajas, para supuestamente entregar a los negros que no se ven ya que el video que fue hecho para hacer propaganda y no con la sana intención de ayudar a los pobres.

Pero si el engaño no les resulta, no dudaran en dar la orden de matar.

El Senador del Polo Democrático, Wilson Arias denunció a través de su cuenta de twitter una orden de compra por 7.900 millones de pesos realizada por el Ministerio de guerra para adquirir tanquetas del ESMAD.

Se pronostica que después del corona virus vendrá una gran crisis económica, que como es costumbre en la mafia que detenta en poder en Colombia, descargaran sobre el pueblo colombiano, lo que ocasionara grandes movilizaciones populares y lo que están haciendo es armarse desde ahora para reprimir al pueblo.

Que reconocidos asesinos repartan ayudas no está mal, lo malo es que son tomas solo para publicar en los medios de comunicación o de desinformación, para mejorar la imagen del títere que oficia como presidente, porque la realidad es que a la inmensa mayoría de colombinos no está llegando esa ayuda, que solo son anuncios mientras el dinero llueve a cantaros hacia quienes compraron la presidencia.

Es bueno recordar, que antes de la pandemia en Colombia se venían dando grandes manifestaciones contra el gobierno, que entraron también en cuarentena momentánea con lo del Covid 19 y lo que está sucediendo más la crisis que se presume vendrá, auguran que la movilización será mucho más fuerte después del corona virus.

La mafia en el gobierno es prevenida, por eso nunca ha cesado de ordenar el asesinato de líderes populares, lo hicieron en el pasado con los comunistas y la UP y ahora con líderes populares y del partido Farc, ellos saben que los líderes populares pueden orientar al pueblo a no dejarse engañar con falsas promesas.

En muchos sitios del país, los pobres se están organizando para reclamar lo suyo y aunque la mafia les envía a sus “angelitos” de la Esmad y del ejército, no comen cuento y si esto sigue como va, no les van a alcanzar ni las balas ni los asesinos para contener la furia de un pueblo engañando y con hambre.

El general Juan Carlos Buitrago, quien se desempeñaba, hasta el pasado 18 de marzo (2020), como director de la Policía Fiscal y Aduanera, presento su renuncia irrevocable ante el títere Iván Duque.

Llamó la atención que en su carta de renuncia, este adujo que “los principios no se negociaban” y denuncio que el abogado del ministro de guerra Carlos Holmes Trujillo, Abelardo de la Espriella, es también abogado del contrabandista y lavador de activos Álex Saab.

A Álex Saab, la justicia imperial lo acusó por lavar activos por US$350 millones y crear una red de corrupción que se benefició del hambre de los venezolanos. En contraste, en Colombia, gracias a sus vínculos con el gobierno y con el poder mafioso, un juez ordenó revocar la circular azul de la Interpol que pesaba en su contra.

En septiembre de 2019, luego de que el partido de las Farc demandara a Carlos Holmes Trujillo por injuria y calumnia tras haber calumniado a miembros de ese partido, Carlos Holmes presentó como su abogado al abogado del lavador de activos Abelardo de la Espriella.

Las investigaciones que adelantó el General con dicha entidad, terminaron molestando a algunos sectores, porque dio fuertes golpes al narcotráfico, tocaron a familias tradicionales, y algunos abogados cercanos al Gobierno, lo que ocasiono que los delincuentes en el gobierno no apoyaran su trabajo.