psykisk hälsa utvärdering skalor http://sverigepiller.com/ plan b piller fakta

Colombia

Por: PCC

Bogotá.

La dirección ejecutiva distrital del Partido Comunista Colombiano PCC, comité "Mario Upegui Hurtado" tiene el gusto de invitar a la ciudadanía capitalina al acto de instalación de la conferencia del partido, dicho acto de lanzamiento será el viernes 24 de mayo a partir de las  5:30 de la tarde  en el auditorio de la Cooperativa del Magisterio Codema, calle 39B # 19 – 15 Teusaquillo.

Variada programación, intervenciones, saludos y jornada cultural.

Entrada Libre.

Audiencia Pública: Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia

Inscripción para asistir a la Audiencia Pública sobre "Garantías del Derecho a la Protesta Social en Colombia", la cual se llevará a cabo el jueves 23 de mayo de 2019 de 8:00AM a 3:00PM en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República.

La iniciativa es convocada por los parlamentarios de la bancada alternativa en Cámara y Senado de la República.

alocución-848x480.jpg

Inscripción obligatoria a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfaIrp1T3NL3ZrdEiejfg5tiBhXXDs8A2y4euzkJTUOvGP2w/viewform

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA

Unidad por la paz, la verdad, la solidaridad, la libertad y la soberanía

El Partido Comunista Colombiano -PCC- y la Juventud Comunista Colombiana JUCO- manifiestan su rechazo al trato inhumano e ilegal que ha dado la Fiscalía General de la Nación, al compañero Jesús Santrich, dirigente nacional de Fuerza Alternativa, firmante del Acuerdo Final de Paz y parlamentario de dicho movimento. La justa decisión de la JEP de conceder garantía de no extradición y proceder a la liberación del detenido fue interrumpida por una nueva sindicación. Se han denunciado irregularidades que configuran una ilegalidad con el ocultamiento predeterminado de pruebas y procedimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación y la DEA. A ello se suma la violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de Trump, que sin previa autorización de las autoridades nacionales y pasando sobre los tratados de cooperación realizan procesos de investigación en el país.

El gobierno de Donald Trump en complicidad con el gobierno Colombiano, el Centro Democrático y en general las facciones que se han beneficiado de la guerra y del despojo de la tierra en Colombia, tienen el propósito de atacar la JEP para dar un golpe artero al Acuerdo de Paz. Intentan vulnerar las instituciones creadas mediante el Acuerdo en tanto herramientas para la transición democrática de la guerra y la contrainsurgencia permanente a la paz. Intentan volver atrás la rueda del historia. Por fortuna el proceso ha alentado nuevos factores de resistencia, la lucha popular ha aflorado con mayor vigor, la actitud consecuente de Farc con los acuerdos concita reconocimiento, el papel decisivo de la Comunidad internacional y el surgimiento de un movimento de fuerzas coincidentes, sociales y políticas en defensa de la paz contrarrestan en parte los arranques regresivos. La extradición de Santrich como un botín de guerra. El actuar del ex Fiscal General ha sido irregular e ilegal, configura un acto de perfidia contra el proceso de paz, una acción criminal de tortura y violación del debido proceso contra Jesús Santrich, con la complicidad del gobierno nacional y del presidente Duque.

Las presiones del poder ejecutivo al conjunto de las ramas del poder público reviven un periodo ya vivido en el país. Nos encontramos en desarrollo de una campaña de desprestigio contra la Jurisdicción Especial para la Paz con la intención de promover una reforma al Estado Colombiano y a la escasa tradición republicana. La decisión política de los nostálgicos de la guerra, es modificar el Acuerdo de Paz a espaldas y en contra de Farc, de las Naciones Unidas, los paises garantes, acompañantes y de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Su metodología consiste en romper el orden jurídico existente, interrumpir la implementación del acuerdo de paz, renunciar definitvamente al diálogo y la solución política, desconocer los derechos de las víctimas e impedir que se conozca la verdad del conflicto armado.

Destruir lo construido con tanto esfuerzo, no sería solo el regreso a la guerra sino el paso a una dictadura sangrienta que el pueblo colombiano no aceptará jamás. Decretos como el 2362 de 2018 sobre porte de armas, las directrices de Mindefensa para incentivar el numero de bajas por las fuerzas militares, su creciente participación en ejecuciones extrajudiciales, son muestra de una peligrosa deriva que reproduce en los crímenes de ex combatientes y de activistas populares los genocidios anticomunistas en Colombia, condenados universalmente.

Llamamos a todas y todos los sectores democráticos y revolucionarios del país, a no ahorrar esfuerzos en la solidaridad con Jesus Santrich, la exigencia de su libertad como preso político así como la de los ex combatientes

¡Jesús Santrich Libre Ya!

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA

que prosiguen en prisión, pese a la ley de amnistía. Hay que derrotar la estigmatización de terroristas y narcotraficantes contra lideres y suscriptores de un acuerdo de paz, la violación de la soberanía nacional y la utilización de la extradición como instrumento para decapitar a la oposicion democratica y fracturar de manera irreversible el proceso de paz.

Convocamos a las víctimas del terrorismo de Estado, de la persecución política y de la guerra contrainsurgente a la movilización, a la solidaridad y a la unidad de las y los colombianos y sectores que defienden la paz y la democracia, exigiendo la libertad de Jesús Santrich y las y los prisioneros políticos de manera inmediata; y el cese de los crímenes de excombatientes y activistas del pueblo colombiano. Hay que reclamar medidas para desmontar el sicariato paramilitar, derogar las normas y las complicidades que lo alientan, adelantar acciones preventivas en zonas críticas, resaltar el papel del Sistema de Alertas Tempranas, con decisiones que permitan salvar la vida de decenas activistas. Hay que elevar la presión popular sobre el gobierno nacional, con seguimiento persistente y denuncia pública de las y los funcionarios cómplices del exterminio.

Partido Comunista Colombiano Juventud Comunista Colombiana Comité Ejecutivo Central

Bogota DC, mayo 20 de 2019

¡Jesús Santrich Libre Ya!

Solo puede suceder en Colombia, con la mafia en el poder y como una muestra de la gran descomposición de la derecha, que una mujer que compró votos para llegar al parlamento sea electa presidenta de algo y particularmente de la Comisión de Derechos Humanos.

Una mujer con un delito de ese tamaño, que indica que esta al servicio de la mafia, presidenta Comisión de Derechos Humanos, algo con lo que Gabriel García Márquez, seguro se podría ganar otro premio nobel.

El pasado 29 de marzo se conoció que por unanimidad fue electa la congresista Margarita Restrepo, de la banda del Centro Democrático, como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

La noticias en medio tanto escandalo, con los diarios asesinatos, con la agresión a Venezuela y otros escándalos, pasó como les gusta a ellos y a ellas, sin ninguna denuncia.

El 31 de mayo de 2018, el rufián que fungía como Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que luego de segunda vuelta, revelaría un escándalo que involucra la compra y venta de votos en el país.

Martínez aseguró que se trata de un entramado “nauseabundo”, el cual sacudirá a todo el país, ya que dará a conocer la forma en la que opera toda una “empresa criminal” que actuó durante las elecciones al Congreso en el Atlántico.

"El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda"

Y lo dio a conocer, y como país de bandidos no paso nada, mas bien a los delincuentes y delincuentes las premiaron.

Según el Fiscal General de la Nación, había copioso material probatorio para que un juez de control de garantías le impute el delito de corrupción al sufragante al Gerente de la campaña de la representante Margarita Restrepo, Alejandro Cuartas Rodas.

Según la Fiscalía, en Medellín la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, compró votos ofreciendo a los votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de $120.000, tabletas a $30.000 y televisores de 49 pulgadas a $350.000, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia”.

Alejandro Cuartas Rodas exgerente de campaña aceptó haber ofrecido televisores, tabletas, subsidios de vivienda y demás a quienes votaran por Margarita Restrepo en su candidatura a la cámara.

Las evidencias materiales probatorias recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes ciento treinta y seis millones de pesos ($136´000.000) en una cuenta particular. Asimismo la campaña les condicionó la entrega de las ofertas a la comprobación de que hubiesen votado por la congresista.

Las personas comprometidas en la investigación fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes al parecer habrían hecho la oferta a más de cuatrocientas (400) personas que asistían a reuniones de la entonces candidata. El Fiscal de conocimiento acopió elementos probatorios que indicarían que Alejandro Cuartas Rodas, además, habría comprado votos a ochenta mil pesos ($80.000) el día de las elecciones.

De las pruebas que dijo tener en su poder la fiscalía, están los registros de viajes a San Andrés de por lo menos 55 votantes y que tres recibieron televisores. Aunque la oferta a cambio de votar por Restrepo sonaba jugosa, varios de los electores no recibieron lo prometido y por eso decidieron denuncias los hechos en la Fiscalía.

La “honorable” delincuente, a pesar de que el gerente de la campaña aceptó los cargos y fue detenido, como buena Uribeña argumentó los mismo que su patrón, que todo fue a sus espaldas y hasta estas horas la Corte Suprema parece no ha tenido tiempo de investigar, si es cierto lo que afirmó el rufián Néstor Humberto Martínez, de qué pasó los resultados de su investigaciones ala corte.

Se habla de que una campaña tradicional en Colombia cuesta uno 24.000 millones pesos, pero comprando los votos esta “inversión” puede realmente llegar por lo menos a unos 100 mil millones de pesos, cifra impensables, incluso para personas adineras que sabe pueden perder ese infierno de dinero en solo unos días, luego la pregunta del millón es quien tienen esa impresionantes sumas de dinero para financia delincuentes como Margarita Restrepo.

En los contados casos de que un congresista sea condenado, la pena se limita a la perdida de la investidura o a algunos días encarcelados en su propia casa, pero nunca los fiscales investigan de donde vienen esas astronómicas sumas de dinero y sus propósitos.

Si vemos la Colombia de la mafia, primer productor de cocaína del mundo, donde se vende cocaína en las calles abiertamente, donde los narcos compran viviendas como las campañas, a unos 50 mil millones de pesos, donde a su economía entran cada año, según dicen unos 15 mil millones de dólares, la respuesta puede ser bien simple, quienes financian delincuentes como la flamante Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de cámara deben ser los narcotraficantes.

Llegan al congreso y hasta la presidencia comprando votos, un delito que se paga con cárcel, pero ellos y ellas, degenerados como son se muestran como la flor y nata de rectitud y como un ejemplo de moralidad, cuando son de lo peor que ha dado Colombia y están al servicio de la mafia.

A lo largo de los debates que se desarrollaron en la plenaria del Senado en el marco del debate a las objeciones de Álvaro Uribe ordenadas a Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el martes 30 de abril ocurrió lo inesperado.

Alrededor de cinco congresistas se retiraron del recinto perjudicando la votación de la sesión que por fin iba a negar las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, puesto que, ya había sido aprobada semanas atrás en la Cámara de Representantes.

Las senadoras Maritza Ramírez, del partido de la Unidad Nacional; y Ana María Castañeda, del partido Cambio Radical, ambas con relaciones mafiosas, a la hora de la votación se “fueron” al sanitario a la hora de votar creando una situación que facilitaba a los Uribeños el manipular la situación a favor de sus deseos.

Luego se conocieron prebendas del gobierno mafioso, a estas muy “honorables senadoras” con pasados y relaciones de la peor calaña.

Maritza Ramírez es senadora del partido de la U, llegó al senado en el 2010 con 73.037 votos, una de las votaciones más altas de su bancada, en tiempos de votaciones sorprendentes auspiciadas por el terror de los paramilitares.

De acuerdo con Esteban Salazar, investigador Fundación Paz y Reconciliación-Pares, el esposo de Maritza Martínez, Luis Carlos Torres, alias “Lucas”, estuvo investigado por relaciones con grupos paramilitares en el Meta, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió.

Aquí es bueno recordar la existencia del después conocido como “Cartel de la Toga”, que vendía absoluciones a esta clase de criminales.

A finales del año 2000, el señor Luis Carlos fue capturado por la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de peculado, celebración indebida de contratos y falsedad. Los hechos materia de la investigación se relacionan con presuntas irregularidades en la celebración de contratos por cuantía superior a los 2.000 millones de pesos, cuando se desempeñó como presidente de la Asamblea del Meta (NULLVALUE, 2000).

En el año 2007 la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el senador del Meta, Luis Carlos Torres Rueda, por el caso de la “parapolítica” (CaracolRadio, 2007) por su autoría intelectual de los homicidios de los políticos de su región Eusser Rendón, Carlos Sabogal y Nubia Sánchez, el 13 de septiembre de 2004 (RevistaSemana, 2007).

Eusser Rendón se había convertido en uno de los políticos que más denunciaron los vínculos de Luis Carlos Torres con los paras y con Edilberto Castro. En su momento, denunció que ellos dos le habían pagado 600 millones de pesos al paramilitar ‘Miguel Arroyave’, capo del ese entonces del bloque Centauros, para que lo mataran.

Al año siguiente, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Luis Carlos Torres Rueda, además de ex Gobernador, ex senador de la República, por graves irregularidades contractuales y por delegar a terceros funciones propias de su administración como gobernador del Meta en 2001, destituyéndolo e inhabilitándolo por 10 años (El Espectador, 2008).

El procurador Alejandro Ordóñez, le quito la sanción posibilitando que este se lanzara de nuevo como candidato a la gobernación de Meta, siendo derrotado en su intento de volver.

Torres fue mencionado en la investigación por el asesinato del ex candidato a la Gobernación del Meta Eúser Rondón, así como de Carlos Sabogal y Nubia Sánchez, 3 políticos del departamento del Meta ultimados en septiembre de 2004.

Según las averiguaciones de la Corte, la Fiscalía y testimonios del proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, Luis Carlos Torres habría coordinado esas muertes junto con alias "Miguel Arroyave", paramilitar del Bloque Centauros de las AUC.

Según las pruebas que en su momento se dijo había recopilado la Fiscalía, el asesinado jefe paramilitar Miguel Arroyabe, había pactado un acuerdo político y económico con Edilberto Castro y Luis Carlos Torres a cambio de que ejerciera presión armada contra Rondón, asegurando el control del territorio.

Luis Carlos Torres fue electo en el 2006, como senador por Cambio Radical al Senado con sorprendentes 66.441 votos.

La repartición de votación en el Vichada en el 2006 fue un hecho llamativo, en cada municipio se endosaron votos para tres diferentes candidatos. Por ejemplo, en municipios como La Primavera, la votación se repartió entre Luís Carlos Torres (Cambio Radical), Jairo Merlano (Partido de la U), Iván Leónidas Name (Partido Liberal) y Tulio Bernal de Alas Equipo Colombia.

A finales Torres de 2007 renunció a su escaño en el congreso no cumplir con la cita para la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia y evadir su responsabilidad por su participación en el asesinato de Eusser Rendón.

En la emisora La W, Henry Beltrán Díaz, ex alcalde de Lejanías, dijo que Torres Rueda debería estar en la cárcel por haberse reunido con Arroyave días antes de que este, supuestamente, ordenara los asesinatos de Eusser Rondón Vargas, ex alcalde de El Dorado, Carlos Javier Sabogal, ex gobernador del Meta y ex alcalde de Villavicencio, y la diputada Nubia Sánchez. Los cadáveres aparecieron en cercanías del parque Jaime Duque, en el norte de Bogotá. El ex senador no ha sido responsabilizado de semejante crimen, pero sí el gobernador Castro Rincón, condenado a cuarenta años de cárcel como determinador de dichas muertes.

Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario”, ratificó que Torres y su suegra, Gladys Aristizábal (la madre de Maritza Martínez), se reunieron con el extinto jefe paramilitar Miguel Arroyave, en la finca El Rollo y le habrían entregado al capo $2 mil millones de pesos.

“Don Mario”, cuya extradición fue negada por la Corte Suprema de Justicia, informó a la Fiscalía que realmente la cercanía de Torres era con las autodefensas de Martín Llanos, prófugo de la justicia, y según la Policía, “autor de una larga cadena de crímenes”.

Entretanto, Mauricio de Jesús Roldán Pérez, alias “Julián”, ex integrante del bloque Héroes de los Llanos y hermano de alias “Mono leche”, señalado de asesinar al máximo jefe de las AUC, Carlos Castaño, también rindió versión en el mismo sentido.

Según “Julián”, Gladys Aristizábal se reunió primero con él y luego se concretó el encuentro con Miguel Arroyave y con “don Mario”, en la finca mencionada.

En una situación complicada, Luis Carlos Torres lanzó a su esposa, Maritza Martínez a la política como candidata por el Movimiento “Volvamos a Avanzar”, a la gobernación del Meta enfrentando y perdiendo con Darío Vásquez Sánchez, obteniendo una votación de 120 mil votos, lo que dio origen a su fuerza política y su actual curul en el Senado de la República. Además de tener un amplio poder en la mayoría de las entidades públicas de Villavicencio.

Luego con su poder mafioso Torres, convirtió a su mujer Maritza Martínez, en el 2010 en senadora con 61 mil votos, 44 mil provenientes de las urnas del Meta y re-electa en las votaciones de 2018.

Maritza Martínez, fue acusada de haber "vendido" a la banda del Centro Democrático su voto, a cambio de que su jefe de campaña fuese nombrado en un cargo diplomático y por una asignación presupuestal grande.

Dicho contrato habría sido firmado a partir de un programa de electrificación del Ministerio de Minas y Energía. Según Noticias Uno, el Ministerio de minas habría firmado un convenio con la Empresa de Energía del Guaviare (Energuaviare), fortín burocrático de su esposo Luis Carlos Torres.

Según el noticiero, Energuaviare, recibió cerca de 46.000 millones de pesos para dos proyectos en el Guaviare. Estos montos serían hasta 40 veces superiores a los recibidos por otros sectores. La aprobación de los recursos se dio el 4 de abril, un mes antes de la votación a las objeciones de la JEP.

Noticias Uno divulgó un video en el que Martínez ya daba por seguros estos recursos. "Tenemos la expectativa de sacar muy pronto un gran proyecto de electrificación, como esos que hemos podido ver realizados en los últimos tiempos”, manifestó.

El proyecto le salió a la “honorable” senadora, ella se salió de la votación para así simular el haber cumplido con la decisión de su partido de negar las objeciones a la JEP ordenadas por Álvaro Uribe Vélez, cumpliéndole a los bandidos su compromiso de venta del voto.

Esos son los criminales y crimínalas al servicio de la mafia que detenta el poder en Colombia.

Referencias

Luis Carlos Torres Rueda, 10 augusti 2015. Rodrigo Velásquez. Obtenido de

https://www.facebook.com/notes/rodrigo-vel%C3%A1squez/luis-carlos-torres-rueda/10155910234015511/

Artunduaga, E. (17 de 11 de 2010). Artunduaga.com. Obtenido de http://www.artunduaga.com/edgar/index.php?option=com_content&view=article&id=5332:las-tinieblas-que-envuelven-a-la-senadora-maritza-martinez&catid=30:perfiles&Itemid=51

CaracolRadio. (18 de 07 de 2007). Caracol. Obtenido de http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/investigaciones-de-la-parapolitica-llegan-al-meta/20070718/nota/455424.aspx

CongresoVisible. (28 de 08 de 2007). CongresoVisible.org. Obtenido de http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/830/

Elespectador. (22 de 04 de 2008). El Espectador. Obtenido de http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-destituido-e-inhabilitado-10-anos-ex-gobernador-del-meta

NULLVALUE. (19 de 12 de 2000). El Tiempo. Obtenido de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1231723

RevistaSemana. (12 de 10 de 2007). Semana. Obtenido de http://www.semana.com/on-line/articulo/luis-carlos-torres-partido-cambio-radical/88717-3

El fotógrafo del New York Times, Federico Ríos Escobar al igual que Nicholas Casey, el director de la oficina de The New York Times para los Andes, debió abandonar Colombia tras las amenazas en su contra proferidos por la peligrosa banda del Centro Democrático después de conocer el reportaje llamado “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles”.

“He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por Maria Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en los últimos 24 horas. Este tipo de acusación es falso, y grave dado la falta de seguridad que Cabal ya sabe que encontramos en este país como periodistas”, confirmó el periodista a EL COLOMBIANO en un correo electrónico.

La senadora de la banda del Centro Democrático María Fernanda Cabal, mediante un mensaje de Twitter, señaló a los periodistas del The New York Times de recibir dinero de la exguerrilla para hacer las denuncias sobre el Ejército.

Un comentario de algunos de los miembros de la cúpula de la banda del Centro Democrático, es una orden de matar, por lo que los periodistas, para proteger sus vidas salieron del país.

Hombres armados que se movilizaban en motocicletas atentaron el pasado 17 de mayo (2019), contra la vida del Presidente de Sintraemcali Ricardo Muñoz, cuando ingresaba a su casa ubicada en el barrio Atanasio Girardot.

La rápida acción de su escolta, que disparo varias veces a los agresores logró evitar el hecho. En la acción uno de los sicarios fue detenido y llevado a la inspección de policía del Barrio las Américas.

El pasado mes 28 de enero, el dirigente Sindical salió ileso de otro ataque sicarial cuando en horas de la mañana salía de su residencia. Hace pocos días la Unidad Nacional de Protección decidió quitarle el vehículo.

El presidente de Sintraemcali ha manifestado que este hecho pone en alerta a todos los directivos sindicalistas que por su actividad de defensa de lo público hoy están bajo un alto riesgo, lo que los coloca en una grave situación de peligro".

La VERDADERA CARA DE FSA o como llaman en medios occidentales:”rebeldes moderados, El líder de la oposición Siria pide la normalización con Israel. El líder del Frente de Salvación Nacional en Siria (NSF), Fahad Almasri, dijo a The Media Line que está interesado en abrir canales diplomáticos y posiblemente en normalizar las relaciones con Israel…

 

Por Ramiro Gómez

El líder de la oposición con sede en Francia dice que es importante reconocer a Israel como un jugador regional y abrir un diálogo con ellos. “Debemos reconocer que Israel es un estado regional importante, un hecho que existe ya sea reconocido por las partes regionales y árabes o no. Israel es un estado reconocido internacionalmente y cuenta con el apoyo de todas las naciones del mundo ”, dijo a The Media Line…

En lo que respecta a la causa #Palestina, él dice que la situación está en un punto de inflexión, con el liderazgo palestino buscando negociaciones con Israel.

. “Después de toda la destrucción que ocurrió en Siria, ¿es el problema del pueblo sirio el problema palestino, especialmente porque los propios palestinos han entrado en negociaciones con el estado israelí? .

El problema palestino se encuentra en otro punto de inflexión “, dijo. “En consecuencia, el pueblo sirio pagó más de 80 años de sus medios de subsistencia, seguridad, estabilidad y vida política, que estuvo ausente como resultado de los eslóganes y la trata de personas en el sufrimiento del pueblo palestino”.

Almasri había pedido previamente a Israel que destruyera a las fuerzas de Hezbollah dentro de Siria, mientras aplaudía sus varios ataques contra el grupo libanés.

. “Debe haber coordinación entre nosotros y las FDI para que haya movimiento en el terreno para las facciones de la oposición siria con cobertura aérea israelí-estadounidense-británica-francesa para aplastar la presencia militar iraní, palestina e iraquí en la tierra de siria “.

Ramiro Gómez es un comunicador alternativo latinoamericano experto en temas como el Medio Oriente, la revolución cubana, Nicaragua, Colombia, la revolución Bolivariana, la Unión Soviética y la Guerra Civil española.

CONTEXTO:

En el marco del Paro Nacional Universitario instaurado desde el 10 de octubre de 2018 hasta aproximadamente enero de 2019, el estudiantado exigió al gobierno nacional financiar una educación superior pública, de calidad y concebida como un derecho. Por tanto, universidades a lo largo y ancho del país se movilizaron de manera pacifica y creativa, aún así la respuesta estatal a esta situación fue la represión a la protesta, por lo cual se visibilizó de manera importante el trabajo constante llevado a cabo por los y las defensoras de derechos humanos. El Gobierno Nacional después de aproximadamente un mes de Paro Nacional Universitario instauro una mesa de negociación que terminó con la firma de un acuerdo entre las partes el 14 de diciembre de 2018 y posteriormente se levantó el Paro Nacional de manera gradual por el país durante enero 2019. Además, el 25 de abril se realizó la jornada de “Paro Nacional” que también fue convocado desde el sector universitario.

HECHOS:

  1. Hoy 20 de mayo se encontraron comunicados en la Universidad de Antioquia por parte del Bloque Universidad de Antioquía de las Águilas Negras.
  2. En este comunicado las Águilas Negras afirman que la “hora de la limpieza social en la UdeA se acerca” y acto seguido advierten que aquellas personas enunciadas en el comunicado serán objetivo militar si renuevan matricula.
  3. Por tanto, amenazan de manera directa a defensores de derechos humanos, estudiantes y organizaciones, que hacen parte de diferentes espacios estudiantiles y sociales.
  4. Esta estrategia de intimidación al movimiento social mediante panfletos y amenazas en lugares públicos es sistemática en el territorio nacional.

EXIGIMOS

Al Gobierno Nacional que se adelanten las acciones para garantizar la vida y la seguridad de los estudiantes y procesos amenazados y que con este objetivo se adelante de manera eficaz la investigación de los hechos anteriormente mencionados.
Además, rechazamos de manera tajante la estigmatización y amenaza de los y las estudiantes de las universidades pública; y exigimos que el Rector de la Universidad de Antioquía John Jairo Arboleda Céspedes se pronuncie ante esto y que la institución se disponga a garantizar la integridad de sus estudiantes.

SOLICITAMOS

A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que se solidaricen, apoyen y hagan seguimiento a las violaciones de DDHH y amenazas llevadas a cabo por grupos al margen de la ley que pretenden estigmatizar, hostigar e incluso acabar con la vida de aquellas personas que se movilizan y trabajan para proteger los derechos humanos.

  • Comisión Nacional de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos.
  • Comisión de Derechos Humanos de Congreso de los Pueblos Valle de Aburrá.
  • Oficina Estudiantil UN.
  • Identidad Estudiantil.
  • Corporación Periferia Comunicación Alternativa
  • Contraportada.
  • Colectivo de comunicaciones Desde el 12.
  • Corporación comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo.
  • Juco – Juventud Comunista Colombiana.
  • CET Colectivo De Estudio Y Trabajo.
  • Colectivo de comunicaciones Viceversa.
  • Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
  • Sede Estudiantil Facultad de Ciencias Económicas

Según un articulo publicado sábado 18 de mayo (2019) por el diario The New York Times, "La comandancia del Ejército colombiano ha ordenado a sus tropas duplicar la cantidad de bajas y capturas en combate desde comienzos de este año, unas nuevas directrices que tienen alarmados a varios oficiales de alto rango”.

La noticias, como es normal en los bandidos y su doble moral, causó escozor y todos negaron el hecho, que esta mas que probado de acuerdo a los múltiples asesinatos cometidos por militares y paramilitares ante la complicidad del gobierno

Militares y otras personas se habían dirigido al The New York Times buscando hacer conocer lo que estaba sucediendo y aparte de la denuncia por los crímenes quedo otro crimen al descubierto, como los medios de comunicación y sus paramilitares de micrófono esconden o engañan al pueblo colombiano.

Se ha conocido que la Revista Semana, tenia la misma información que el The New York Times y la escondió.

Se dice que a fines de abril el saliente secretario general de Presidencia, Jorge Mario Eastman, visitó las oficinas de Revista Semana. Allí habló con el director, Alejandro Santos, y con Ricardo Calderón, sobre denuncias idénticas a las que reveló el New York Times este sábado.

La investigación nunca salió publicada en Semana a pesar de que en el consejo de redacción de la revista se habló de ella varias veces, porque desde el gobierno les había pedido contrastar la información.

Mientras los directivos de la Revista Semana esperaba datos y argumentos del Gobierno, las fuentes se empezaron a poner nerviosas dado lo grave de la denuncia, y terminaron buscando a Nick Casey, el periodista del New York Times que estaba en Colombia.

Casey verificó lo que le llevaron las fuentes, redactó la nota e hizo reportaría adicional y la presentó al New York Times, donde la vieron tan relevante que decidieron sacarla en primera página del impreso un domingo y en inglés, y no solo en web y en la edición en español.

La revista Semana, se trata de vender como un medio imparcial e independiente, basado en la publicación de artículos o denuncia sin mayor transcendencia, pero cuando se trata de denuncias que afectan la imagen de la mafia que detenta el poder en Colombia se comporta de manera cómplice, como lo demostró el ocultamiento de la denuncia.

Este 19 de mayo (2019), Noticias Uno presento un audio del reproche de un superior jerárquico del comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Luis Villegas, quien se hizo conocido después de que le pidiera perdón a la comunidad de la vereda Campo Alegre en el Catatumbo por la actuación de hombres bajo su mando en el asesinato del exmiliciano de las FARC Dimar Torres.

En vista del escándalo que se generó, el general Villegas fue enviado sólo a vacaciones, después fue trasladado a otro lugar del país y, por último, se le volvió a enviar al Catatumbo.

Aunque en público, el ministro y sus superiores han dicho que no hay ninguna sanción por su petición de perdón, en privado el ambiente se siente distinto.

En el video presentado se escucha: “Si le dolió mucho retírese y váyase para la guerrilla” “Váyase para la guerrilla pa’que las Fuerzas Militares tengan el honor de perseguirlo y sacarlo de allá, si le dolió mucho que mataran a un guerrillero ¿Cómo no le dolió cuando matan a 50, a 30, a 20 soldados, o los secuestran?”.

El hecho pone sobre la mesa la paramilitarización del ejercito y la historia de un “suicidio”, nunca aclarado.

Eran los tiempos de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, y los paramilitares comenzaban a incursionar en el departamento de Arauca.

El 29 de enero del 2014, los hombres al mando del Coronel William Cruz Perdomo atacaron a una grupo de paramilitares que llegaban a la región dando de baja a varios de ellos.

Al parecer, el gobierno de Uribe recrimino al general por el hecho, apareciendo unos tres meses después, muerto en su oficina en Arauca, siendo muy probablemente asesinado, por mandos como los que insulta al General Villegas y lo catalogan de guerrillero como muy seguramente calificaron al Coronel Perdomo.

Aquí la incógnita es lo suicidaran o lo degradaran en algunos días como a Perdomo?