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Colombia

Por Milton Caballero.
 
Hablamos  Con Hernan Camacho sobre las dificultades propias de la implementación que se hacen necesarias superarlas. El proceso de implementación abarca desde la dejación de armas, el trámite de fastrack de todo el paquete legislativo para hacer posible la paz y los decretos reglamentarios orientados a ejecutar las políticas públicas que hagan realidad los acuerdos. 
 
Las dificultades de hoy nacen desde la derecha colombiana que con artimañas en el Congreso de la Republica pretenden deslegitimar el trámite legislativo y desde el poder judicial en cabeza del Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien aspira a desnaturalizar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esta última el Fiscal ha pretendido colgarles una serie de propuestas entre las que se incluye dejar sin posibilidad que los jueces de esa jurisdicción no aplique justicia a los empresarios financiadores del paramilitarismo en el conflicto colombiano. Y que sean únicamente los guerrilleros de las FARC los que reciban condenas judiciales. A eso se le suma la demora para aplicarse la ley de amnistía e indulto y el freno que existe de la salida de los presos políticos de las cárceles colombianas. 
 
Por otro lado, las Zonas Veredales Temporales de normalización, ZTVN, no se han construido de acuerdo a lo estipulado por las partes. Con esta demora el Gobierno nacional deja en claro que no le interesa cumplir lo establecido en los acuerdo. Se comprometieron a construir las zonas comunes mientras las FARC debían construir sus dormitorios y otras zonas de descanso para la insurgencia que en esas zonas se preparan para hacer su tránsito a la vida política sin armas. Pero las zonas fueron recibidas por la insurgencia en un 10 % de construcción. 
 
A pesar de eso las FARC en rueda de prensa ratificaron que seguirán cumpliendo lo que les corresponde y por ello desde ya se inició la dejación de armas, el registro de las mismas, así como la ubicación y destrucción controlada de los explosivos de guerra en su poder. El compromiso ahora es del Gobierno nacional y de la ONU para recolectar las armas y extraerlas de las zonas antes del día limite que es el famoso D+180. 

 

Por: Hernán Durango.

Fuente: Funuvida.

Será en la capital antioqueña durante los días miércoles 1 y jueves 2 de marzo. El Congreso de "Periodismo de Opinión y Paz" reunirá a especialistas, académicos y personalidades de la vida nacional. De esta forma la Fundación Avanza Colombia –Funuvida- y el medio de comunicación independiente Con La Oreja Roja, continúan abriendo espacios para fomentar la construcción de paz y reconciliación en el país.

Según Alejandro Toro, uno de los organizadores del Congreso de "Periodismo de Opinión y Paz" este espacio está pensado para reunirnos y conversar abiertamente entre comunicadores y ciudadanos sobre cómo el periodismo de opinión contribuye a la construcción de paz, así como actualizarnos sobre la calidad,  la ética, la "objetividad" y la profundidad de la información que diariamente recibimos; y el futuro al que se enfrenta al país con la implementación de los acuerdos y la nueva negociación con el ELN.

"Las conclusiones de cada una de las discusiones se llevarán como propuesta a la nueva mesa de negociación en Quito, como aporte para fortalecer el desarrollo de los procesos de paz y la no repetición del conflicto armado", indica Alejandro Toro.

En el evento se contará con la presencia de Javier Darío Restrepo, Director del consultorio ético de la FNPI; Alfredo Molano, Periodista; Claudia López, Senadora del Partido Verde; Imelda Daza Cotes, Vocera Voces de Paz; Pascual Gaviria, Columnista y editor de Universo Centro; Juan Diego Restrepo, Director de VerdadAbierta.com; Julio César González, Matador – Caricaturista; Carlos Mario Gallego "Tola", Humorista – Caricaturista y Ximena Forero, Decana Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia.

Como apertura al congreso, el cantautor argentino Piero estará en Música y Contexto, actividad realizada por Extensión Cultural, el miércoles 1 de marzo en el Teatro Camilo Torres a las 6 p.m.

El Congreso se realizará el jueves 2 de marzo en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia a partir de las 8 de la mañana, con entrada libre.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del mail:

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Por: Usoprensa.
Bogotá.

 

En Bogotá se ha citado a la ciudadanía a concentrarse desde la 4 de la tarde del lunes 6 de marzo en la Plaza Eduardo Umaña Mendoza (Carrera 7 con calle 20)  para marchar hacia la Plaza de Bolívar.  Las consignas son por la implementación del acuerdo de paz  y por el desmonte inmediato del paramilitarismo en Colombia.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado está convocado para conmemorar con movilizaciones en todo el país el  Día de las Víctimas de Crímenes de Estado.  No sólo para recordar a quienes han sido asesinados, sino para evitar que la actual masacre continúe.

Al mismo tiempo que cursa el proceso de paz y entrada la etapa de implementación, los crímenes contra líderes sociales y los atentados contra organizaciones sociales se multiplican ante la ignominia, casi complicidad, del Estado.

Solo el movimiento Marcha Patriótica cuenta con unos 130 líderes asesinados desde el 2012 y en este año la cifra alcanza los 40. Mientras, los altos funcionarios del Gobierno siguen negando esta masacre selectiva. 

Jairo Ramírez, miembro del Movice, criticó la "actitud laxa del Gobierno, de la Fiscalía y del Ejército, que a pesar de que se comprometieron en los acuerdos de La Habana a iniciar un proceso de desmantelamiento del fenómeno paramilitar, la verdad es que no han hecho nada".

Por el contrario, en las áreas que han dejado las Farc para dirigirse a las zonas veredales, las denuncias de las comunidades aducen que están siendo copadas por el paramilitarismo con la permisividad del Estado. "No hay un compromiso serio del gobierno con relación a este tema, dice Ramírez. 

La movilización tiene por objeto, en palabras de Ramírez, "no solamente para recordar las cientos de miles de víctimas de crímenes de estado que hay en el país, sino para aprovechar esta jornada con el fin de exigirle al gobierno que cumpla con los acuerdos, con el desmantelamiento del paramilitarismo; que proteja no solo la vida de los líderes insurgentes sin de los líderes sociales que están inermes en las regiones y que son las principales víctimas de todo este acoso militar".

 

Por Nelson Lombana Silva 

(Ibagué, marzo 1º de 2017) Cerca de 500 maestros del Tolima desfilaron ayer por las principales calles de Ibagué, respaldando el pliego nacional de peticiones presentado al ministro de educación por parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). 

La entusiasta y combativa movilización partió de la casa del maestro sobre la calle 37 con carrera 4ª y subiendo por la carrera 5ª hasta la calle 15 para luego abordar la emblemática carretera tercera, la marcha terminó en el parque Simón Bolívar, frente al palacio municipal. 

Además del respaldo al pliego nacional de los educadores, también los docentes publicitaron tanto el pliego departamental como municipal con sus particularidades. 

Precisamente, sobre el contenido y esencia de la movilización del magisterio, dialogamos brevemente con la dirigente del Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol), Lucy Astrid Arciniegas.

A la pregunta: ¿Cuál es el motivo de la movilización presentada en la ciudad de Ibagué? La líder sindical contestó: "A nivel nacional se está haciendo una gran movilización para entregar el pliego de peticiones por parte de Fecode al ministerio de educación nacional. El sindicato de maestro del Tolima, hace lo mismo con el Gobernador y en el caso de Ibagué, al señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo". 

Agregó: "Pliego que se presenta cada dos años de acuerdo a las necesidades del magisterio y la educación en Colombia, en el Tolima y en Ibagué". 

Acerca de la particularidad del pliego presentado este año, indicó: "La particularidad que tiene el pliego este año es una jornada extendida o jornada única, que la compartimos pero no en las condiciones como actualmente la tiene concebida el presidente de la república, una jornada extendida para que los estudiantes estén todo el día en las instituciones, pero con unos recursos muy bajos, nosotros estamos exigiendo una amplitud de la infraestructura, comida caliente para los niños y niñas, al igual que más nombramiento de maestros, porque los de la mañana y de por la tarde, ya tienen una jornada de acuerdo al decreto 1850 y no tienen por qué extenderse más como lo quieren hacer algunas rectoras en Ibagué de dos colegios como Ciudad Luz y el Joaquín París". 

Acerca de los puntos centrales del pliego nacional de peticiones, la profesora indicó: "Tiene que ver con la parte económica, la parte administrativa, la parte de mejoramiento de la calidad de vida de los docentes y exigir un salario profesional. Continuamos en la brega de que nos miren como profesionales y no como cualquier gremio que no tiene dignificación en su parte salarial, a sabiendas que es una de las profesiones y si no la única, más importante de cualquier país del mundo". 

Acerca de la política de los "famosos" megas colegios en la ciudad de Ibagué, dijo: "Aquí hay dos mega colegios que no son manejados por el Estado, al igual que en el departamento, también tiene mega colegios pero no son manejados por el Estado. Aquí hay dos en los cuales los estudiantes de los colegios oficiales, algunos los han sacado y los pasan para allá, y eso es un daño, porque quedan desmantelados los colegios del Estado. Los otros – agregó – son en concesión que son entregados a organizaciones privadas". 

Álvaro Vargas, también docente y dirigente sindical de Simatol, se pronunció sobre la movilización. "Nosotros estamos en primer lugar rechazando y que se modifiquen los decretos 490, el 501 y el 915, que le cambia la figura al maestro por docente aula y docente líder de apoyo y ahora de jornada única dentro del modelo neoliberal en boga". 

"En segundo lugar, estamos porque se mejoren las condiciones para los maestros nuevos del 1278, que la evaluación de carácter diagnóstico formativa esté acorde al tema, de que se le brinde a los que no pasen la misma, la capacitación y de esta manera se pueda brindar una igualdad de oportunidades en lo que se dio con la cohorte número uno".

 "En tercer lugar, estamos naturalmente por el proceso de paz a nivel nacional, como una esperanza y una oportunidad que tenemos los colombianos para aclimatar las diferencias, pero especialmente para que la inversión social y, ojalá, se acabe la corrupción de todas maneras y puedan contribuir esos recursos a un sector importante de la sociedad colombiana". 

Por José Marulanda

Alrededor de 1.200 escoltas y 12 oficiales de alto rango ingresarán a la Unidad Nacional de Protección para proteger a los integrantes de la dirigencia de las Farc y sus familias. Así lo ordena el decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos, en el marco del uso de las facultades extraordinarias que tiene para implementar el Acuerdo de Paz.

Según este decreto, "los esquemas de seguridad... serán de conformación mixta y estarán integrados por personal de confianza del nuevo partido político o movimiento que surja del tránsito de las Farc hacia la vida legal". Quienes pasen a integrar la UNP ganarán un salario de $ 1.825.843 y tendrán las prestaciones sociales contempladas en la ley.

Este paso en el cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz contrasta con las denuncias que llegan de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, acerca de la mala prestación de los servicios de salud para los guerrilleros que allí se encuentran, como es el caso de la Zona Veredal Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia.

En el puesto de salud permanente de la Zona Veredal Urías Rondón, ubicada en La Macarena, departamento del Meta, no se le prestó atención médica a una guerrillera en estado de embarazo.

En este contexto, la lucha por la implementación del Acuerdo de Paz avanza con tropiezos debido a los constantes incumplimiento del Gobierno Nacional. En las próximas horas se reunirán los integrantes de la Comisión de Seguimiento e Implementación de los Acuerdos para definir si se reforman las fechas de la dejación de armas por parte de las Farc.

 

*La Fiscalía General de la Nación concedió las primeras cuatro amnistías a exguerrilleros de las Farc. El organismo informó que al 23 de febrero de este año la entidad ha recibido 98 solicitudes de amnistía.

Bogotá. Prensa FGN

Según el comunicado, la Fiscalía  en cumplimiento de la ley  1820 de 2016 y del decreto 277 de 2017, que reglamentó la aplicación de la amnistía de iure como resultado del proceso de paz con las Farc, la Fiscalía General de la Nación informa que al 23 de febrero de este año la entidad ha recibido 98 solicitudes de amnistía.

Después de verificar los diferentes sistemas de información la Fiscalía General de la Nación  tramitó las primeras cuatro solicitudes: 1 (una) en Paz de Ariporo (Casanare), y 3 (tres) en Neiva (Huila).

Una amnistía de iure es aquella a la que tienen derecho los miembros de las Farc en virtud de la ley 1820.

Solicitudes de libertad condicionada a miembros de las Farc por diferentes delitos

Asimismo, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación (Dinac), en aplicación de lo dispuesto en la ley 1820, tramita 72 solicitudes de libertad condicionada presentadas por desmovilizados de las Farc, que se postularon a la ley 975 de 2005.

Estas solicitudes se están tramitando, ya que la ley 1820 permite la libertad condicionada de las personas que llevan más de 5 (cinco) años privadas de la libertad por delitos que no son objeto de amnistía de iure.

Las solicitudes de libertad condicionada se radicarán hoy ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que dentro de los 5 días siguientes deberá en -audiencia pública- decidir sobre la libertad condicionada.

Los miembros de las Farc que se hagan acreedores a la libertad condicionada, deberán suscribir un acta de compromiso, sometiéndose libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que informar todo cambio de residencia y no podrán salir del país sin previa autorización.

 

*La Fiscalía General de la Nación concedió las primeras cuatro amnistías a exguerrilleros de las Farc. El organismo informó que al 23 de febrero de este año la entidad ha recibido 98 solicitudes de amnistía.

Bogotá. Prensa FGN

Según el comunicado, la Fiscalía  en cumplimiento de la ley  1820 de 2016 y del decreto 277 de 2017, que reglamentó la aplicación de la amnistía de iure como resultado del proceso de paz con las Farc, la Fiscalía General de la Nación informa que al 23 de febrero de este año la entidad ha recibido 98 solicitudes de amnistía.

Después de verificar los diferentes sistemas de información la Fiscalía General de la Nación  tramitó las primeras cuatro solicitudes: 1 (una) en Paz de Ariporo (Casanare), y 3 (tres) en Neiva (Huila).

Una amnistía de iure es aquella a la que tienen derecho los miembros de las Farc en virtud de la ley 1820.

Solicitudes de libertad condicionada a miembros de las Farc por diferentes delitos

Asimismo, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación (Dinac), en aplicación de lo dispuesto en la ley 1820, tramita 72 solicitudes de libertad condicionada presentadas por desmovilizados de las Farc, que se postularon a la ley 975 de 2005.

Estas solicitudes se están tramitando, ya que la ley 1820 permite la libertad condicionada de las personas que llevan más de 5 (cinco) años privadas de la libertad por delitos que no son objeto de amnistía de iure.

Las solicitudes de libertad condicionada se radicarán hoy ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que dentro de los 5 días siguientes deberá en -audiencia pública- decidir sobre la libertad condicionada.

Los miembros de las Farc que se hagan acreedores a la libertad condicionada, deberán suscribir un acta de compromiso, sometiéndose libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrán que informar todo cambio de residencia y no podrán salir del país sin previa autorización.

 

Por Fredy Muñoz Altamiranda – NC Noticias

Si las FARC hubieran incumplido alguno de los compromisos previos a la dejación de armas previstos en el Acuerdo de Paz, el mundo hubiera desatado, una vez más, su furia mediática contra la guerrilla, un presidente iracundo, rodeado de generales ya hubiera roto el Proceso,  y otro Plan Patriota estuviera en ciernes para dejar una estela de miles de muertos en los campos colombianos.

Los medios y el establecimiento han tratado, inútilmente,  de involucrar a las FARC en algún acto de incumplimiento: que si los niños de las FARC, que si los bienes de las FARC, que si la fortuna de las FARC…

 Pero todo eso se ha diluido en hechos claros e inocultables, a pesar del apagón mediático que algunos consorcios de la información han programado para lo que las FARC hagan bien: todos los hombres en armas están en las zonas de concentración, ya se ha entregado algún material de guerra, y no han habido actos de insubordinación a lo pactado.

La actitud ejemplar de la guerrilla se une a algo que millones de colombianos desconocían: que hay un país rural que quiere a las FARC, pues de él vienen, en él crecieron, y es su reivindicación la que defendieron en más de medio siglo de guerra tergiversada y amañada por los intereses de la clase poderosa colombiana.

Las imágenes de cientos de guerrilleros dejando atrás caseríos y municipios donde eran despedidos entre lágrimas echaron abajo el mito de la guerrilla demoníaca que comía niños y asolaba pueblos. Hay una realidad que se tomó las redes sociales: las FARC tienen un amplio espectro político, y son una opción de gobierno para muchos colombianos.

Alrededor de las zonas de concentración, en 26 puntos de la Colombia remota, miles de campesinos, dirigentes políticos, estudiantes, sindicatos y gente del común, se agolpan para involucrarse en la agenda de la guerrilla, que en medio del ruido de los mezcladores de cemento, monta carpas para socializar los acuerdos, y enseñarle a la gente de qué forma los beneficia lo contenido en ese documento, producto de este episodio histórico y doloroso de dejar las armas.

Esas zonas, que ya debieron estar construidas, con un aula por cada 200 guerrilleros, con televisores y equipos de reproducción de documentos audiovisuales, con altavoces de sonido, con mesas y tableros, con sillas y papelería, son la principal preocupación de los políticos que hoy retrasan la implementación del Acuerdo.

En La Guajira, donde el partido político Cambio Radical ha dado la muestra más clara de cómo opera su máquina de crímenes y de corrupción, los políticos realmente preocupados por  esta región lacerada, acompañan hoy a la guerrilla en ejercicios de pedagogía de paz, y se diserta conjuntamente sobre qué hacer para sacar a esta rica zona del país, de la postración socio económica y el saqueo trasnacional.

Hace podo el Concejo Municipal de Villanueva, uno de los principales municipios Guajiros, invitó a la guerrilla a su recinto para iniciar un conversatorio sobre cómo podrían involucrarse los gobiernos regionales en la implementación de los acuerdos. De un día para otro, una orden dada por algún gamonal preocupado prohibió la reunión.

Y esa es la verdadera razón del retraso de las obras físicas en las zonas de concentración: los dirigentes políticos colombianos, en una deuda histórica con sus electores, le tienen miedo al camino claro que se abre entre pueblo y guerrilla discutiendo, desde la legalidad, una revolución pacífica y contundente.

El Gobierno ha explicado, por una parte, que las obras no están concluidas, y en algunas partes ni siquiera empezadas, porque la burocracia administrativa hace lento el trámite de contratación de quienes materializarán las obras; y por otra, que algunas de las zonas de concentración están en lugares ultra remotos, en los que no hay vías de penetración para llevar equipos y materiales.

Para una clase política acostumbrada a esgrimir argumentos elegantes sobre su propia mediocridad, estas razones resultan creíbles a simple vista, pero lo cierto es que son sólo eso: argumentos. 

En algunas de esas mismas zonas funcionan consorcios mineros, multinacionales explotadoras de recursos naturales y concesiones agroindustriales que han levantado, en tiempo récord, imponentes instalaciones con todas las comodidades y los elementos técnicos dispuestos para el saqueo nacional.

A las FARC hay que retrasarles el uso de cualquier herramienta que politice su concentración, que multiplique la verdad política de la Colombia oculta, y que termine convirtiéndolas en la opción más clara de los colombianos menos favorecidos, para construir entre todos la Nueva Colombia.

¿Y cuál es la Nueva Colombia? Pues esa misma que poco a poco vamos viendo en las redes sociales, en medios propios creados al amparo de este Acuerdo de Paz, en las sesiones informales de diálogo directo con el pueblo, y en algunos medios de comunicación poderosos que ya no tienen cómo disfrazar la verdad.

La Nueva Colombia es el temor más grande de una clase dirigente corrupta y fracasada, que hoy se organiza para un 2018 electoral, en el que el principal elemento de campaña  es la oposición feroz a los Acuerdos. 

Vargas Lleras y Uribe, de la mano, serán el muro más alto que los políticos impulsores de esta intentona de reconciliación nacional deberán derribar, si quieren tener su renglón en los libros de Historia de esa  Nueva Colombia inevitable.

 

Por Nelson Lombana Silva 

(Ibagué, febrero 26 de 2017) Si algo tiene la oligarquía colombiana es su poca palabra para cumplir lo pactado. Y si se trata de paz resulta más notorio su incumplimiento. No podemos engañarnos, tampoco hacer análisis en el aire, más con el corazón que con la razón. 

En ese sentido, me parece fuera de contexto la afirmación del maestro José Ramón Llanos, cuando afirma: "El acuerdo de paz firmado con el M – 19 y el presidente Virgilio Barco, fue cumplido por ambas partes".[i]

A nuestro real entender, el presidente Virgilio Barco Vargas no cumplió en su totalidad con lo acordado. Incluso, podría uno decir que ni siquiera este mismo movimiento guerrillero cumplió en su totalidad la esencia de los acuerdos. Habría que hacer un estudio profundo para determinar con exactitud la posición que asumió finalmente el M – 19 una vez dejó las armas. Sobre todo cuando uno habla con la base, el guerrillero "raso" y dice que realmente la lucha fue traicionada por cuanto fue favorecida la cúpula solamente. Incluso, algunos vergonzosamente se matricularon en la extrema derecha como Heber Bustamante, quien sin pena y sin gloria pasó a hacer parte del Centro Democrático. 

Durante el gobierno de Barco Vargas la violencia contra la izquierda alcanzó índices monstruosos. El genocidio contra la Up y el Partido Comunista fue de marca mayor. Los principales cuadros del M – 19, quizás, los más consecuentes y claros políticamente, cayeron bajo el impacto del binomio militar – paramilitar. Es decir, el terrorismo de Estado se exacerbó durante este período presidencial. Por lo tanto, resulta inconsecuente decir que el presidente Barco Vargas cumplió el acuerdo. 

Hay que recordar los horrendos magnicidios de Carlos Pizarro León Gómez, Carlos Toledo Plata, Afranio Parra, entre tantos otros. Un Estado no puede firmar un pacto de paz, seguir asesinando a los amnistiados y uno decir plácidamente que el jefe de Estado de ese entonces cumplió el acuerdo. 

Creo que la historia hay que leerla de manera más clara y real para no levantar conjeturas en el aire. Pero sobre todo, para mirar con mucho optimismo el actual proceso de paz con las Farc – Ep y el ELN, pero igualmente, con mucho realismo. 

Hemos dicho en distintos escenarios que la oligarquía colombiana además de ser criminal, marrullera y ambiciosa, es intransigente a hacer ciertas concesiones al pueblo. Quiere una paz gratis. Es decir, quitarle las armas a la insurgencia solamente.

Caminar sobre realidades históricas nos compromete a proponer la movilización popular, campesina e indígena en defensa de los acuerdos de la Habana y del proceso que se abre con el ELN. Mientras el pueblo no sea el protagonista central y entienda que estas conquistas no son propiamente del movimiento guerrillero sino del pueblo, será muy difícil que dichos acuerdos se materialicen en la práctica. Hay que luchar para evitar otra frustración más. Y el camino expedito es sin lugar a dudas la lucha de masas. 

En esa dinámica su majestad la unidad constituye el eje central, el motor impulsor de cambios estructurales. Pero desde luego, la unidad fundamentada y no simplemente la unidad por la unidad. 

Los últimos hechos del orden nacional prenden las alarmas. En ese sentido, resulta válido el encuentro nacional por la paz. Ese encuentro debe tener dos componentes fundamentales: Teórico y Práctico. Es decir, buscar puntos de convergencia de las izquierdas y más allá de estas, y movilización. No podemos perder de vista que la conquista de la paz con justicia social es un disputa cruzada por la lucha de clases. 

Para comprender correctamente el momento histórico hay que saber caracterizar los gobiernos que ha tenido esta sufrida y lacerada república. Hay que hilar sobre hechos concretos, reales y tangibles. El tiempo no es para especular. 



[i] Semanario VOZ La verdad del pueblo. Edición 2873. Página 5. 

 

Por Nelson Lombana Silva

(Ibagué, febrero 27 de 2017) El presidente nacional de Anthoc, el sindicato más importante de la salud por sus posiciones clasistas, desnudó con pelos y señales la gravísima situación que vive la salud en Colombia en el marco del modelo neoliberal. 

Según Yesid Camacho Jiménez, anualmente se pierde cerca de 7.5 billones de pesos por concepto de la corrupción en sus más distintas modalidades y tonalidades. Se ha perdido en grado sumo el concepto ético, siendo reemplazado por el afán de lucro, de ganancia al precio que sea. 

En esa cruda dinámica al parecer el mandatario de los ibaguereños se movería. Es decir, al parecer no estaría actuando propiamente como alcalde sino como negociante, según analiza el dirigente sindical.

"Todo el mundo sabe – dice el presidente nacional de Anthoc – que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tiene inversiones en el sector salud, que sus amigos tienen inversiones en el sector salud". 

Ante el interés de privatizar el hospital público San Francisco, el dirigente sindical ve en esta postura un marcado negocio particular. "Lo que ve uno de por medio es que lo que se quiere consolidar es un negocio en la ciudad de Ibagué a costillas del derecho de la salud de la población y a costilla del derecho de los trabajadores". 

Ni en este hospital, ni en la USI sobra personal. Dice: "Aquí no sobra personal en los hospitales en los niveles profesional, auxiliar y técnico. Podría estar sobrando un gerente, unos subgerentes, una cantidad de asesores". 

Sobre la teoría del mandatario de que por ley tendría que acabar con algunos de estos dos entes, Yesid Camacho Jiménez, responde: "No hay ninguna norma en Colombia que diga que en un municipio como Ibagué no debe haber sino una sola ESE o un solo hospital público. Esa ley no existe". 

Quizá por conveniencia económica se podría dar la fusión, dice el líder sindical. Incluso, se declara partidario colocando ciertas condiciones, entre otras, no despedir a ningún trabajador y médico tanto del San Francisco como de la USI. 

Según el presidente nacional de Anthoc, el alcalde persistiría en sus proyectos privatizadores, para lo cual habría contratado al doctor Héctor Restrepo Montoya, ex director de calidad de la secretaría de salud de Antioquia. Funcionario que al parecer no resolvió el problema de la salud en este departamento. 

Dice, igualmente, que como siempre se viene responsabilizando a los trabajadores de la crisis que sacude la salud pública en Colombia, pero no se dice absolutamente nada de las verdaderas causas. "Aquí se rompe la cuerda por el lado más débil y el lado más débil son los trabajadores y la población". 

La versión de la ministra de trabajo, Clara López Obregón, de que por el retiro de la mesa de negociación de las centrales obreras no se reajustó el salario mínimo en 8.5 por ciento, el sindicalista y también dirigente polista califica tal pronunciamiento de "estúpido", al decir: "Son justificaciones estúpidas". Agrega: "Si el gobierno colombiano tuviera voluntad de incrementar el 8.5 por ciento, lo había hecho con las centrales en la mesa o sin las centrales en la mesa. La señora ministra se ha acomodado al gobierno de Juan Manuel Santos". 

El reportaje con el presidente nacional de Anthoc, Yesid Camacho Jiménez, es el siguiente:     

-         Compañero Yesid Camacho Jiménez: ¿Cómo analiza la situación liquidacioncita del hospital San Francisco y de la USI, en la era del médico Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez? 

Es una decisión que había tomado el señor alcalde, pero que afortunadamente por la presión de los trabajadores y vastos sectores de la comunidad, se ha logrado que se retire el proyecto de acuerdo del concejo en dos ocasiones.

Pero persiste en que va a presentar el proyecto de acuerdo en el mes de marzo, en las sesiones ordinarias del concejo. Ha venido dorándoles la píldora a los trabajadores del hospital San Francisco, fundamentalmente, trayendo un nuevo asesor para un nuevo estudio. Ya ha pagado como tres estudios el municipio de Ibagué, para determinar cómo liquida la USI o el San Francisco. 

Ahora trajo al doctor Héctor Restrepo Montoya, quien fuese director de calidad de la secretaría de salud de Antioquia. Eso lo miramos con extrañeza porque no fue capaz de arreglar el problema en el departamento de Antioquia. Antioquia tiene inclusive, 32 hospitales que no han podido resolver su naturaleza jurídica. Antioquia tiene problemas quizás más grandes que los que tenemos en el departamento del Tolima en materia de servicios de salud. 

Este es el que ha traído esta administración municipal como la gran solución a los graves problemas de salud que presenta el municipio de Ibagué. 

Nosotros tenemos claro varias cosas: 1. Que hay unas garantías constitucionales y legales. Estamos de acuerdo que pueda haber una fusión de las dos ESES en una sola. Pero que esa fusión debe ser por incorporación sin liquidar a ninguna de las dos entidades, sin meterse en el desgaste de una liquidación. 2. Que están en la obligación de incorporar a los trabajadores que están en las dos entidades a la  nueva entidad o a la que actúe como receptora de la otra. Puede ser que el San Francisco actúe como receptor de la USI, o la USI de San Francisco. 3.  En ese proceso de incorporación debe respetar los salarios y las prestaciones, los trabajadores deben pasar sin solución de continuidad. 

La corte constitucional en el año 2014, declaró exequible el decreto 1399, en los artículos tercero y cuarto, que establecen la obligatoriedad de incorporar el personal sin solución de continuidad con todos los derechos laborales, que debe resolver el problema de la planta de personal, porque la mayoría de los trabajadores los tiene por fuera de la planta de personal, los tienen en plantas temporales, tanto en la USI como en el San Francisco. 4. Debe resolver el problema de la continuidad de la prestación de los servicios fundamentalmente para la población. 

Lo que dicen los estudios, los análisis que han hecho muchos de los profesionales de la salud en la ciudad de Ibagué, es que en la USI y en el San Francisco, por el contrario, falta personal. No sobra personal para garantizar la prestación del servicio a la población. Hace falta personal. 

Desafortunadamente, aquí se le echa la culpa al salario de los trabajadores y no se le echa la culpa a las verdaderas causas de la crisis que tienen los hospitales. Hay una situación clara. El recaudo de cartera de los hospitales no supera el 40 por ciento. Lo que quiere decir que hay un 60 por ciento de pérdida en el recaudo de la cartera de los hospitales. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Es responsabilidad esencialmente de las EPS, pero también de la corrupción y la negligencia que ha habido en muchas de las administraciones de estos hospitales, de la politiquería que ha plagado a los hospitales, de la corrupción en los contratos que se firman, de los sobrecostos que hay muchos de los servicios que se prestan en los hospitales. Aquí se rompe la cuerda por el lado más débil y el lado más débil son los trabajadores y la población. 

Entonces, nosotros estamos planteando claramente que aquí tiene que haber: 1. Una salida de fondo al problema de la facturación. 2. Una salida de fondo al problema de la contratación y 3. Debe haber una salida de fondo al manejo administrativo de estos hospitales. 

Pueden colocar hospitales sin planta de personal. Voy a citar un ejemplo concreto: Si usted mira el hospital universitario de Cartagena o del hospital universitario de Santander, que fueron hospitales que fueron liquidados, que se dejaron sin planta de personal. El hospital de Cartagena no tiene sino 40 personas en la planta de 1600 personas que trabajan ahí. Sin embargo, está igual de quebrado a todos los que tienen planta de personal. Eso deja en claro  que no son las plantas de personal, no son los salarios de los trabajadores, los causantes de la crisis de la salud.

Otra cosa que debe saber la población del Tolima es que no son inmensos los salarios de los trabajadores. Los salarios de un trabajador de la salud, comparados con sus pares en otras ramas de la administración, son el 50 por ciento. Doy un ejemplo: Un notificador de un juzgado tiene aproximadamente, entre  2 millones 500 mil y 3 millones de pesos, mientras el promedio de las auxiliares de enfermería que es más o menos el par de ese trabajador, no llega a 1 millón 600 mil pesos. Es decir, no son grandes salarios los que se están pagando a los trabajadores de la salud en Colombia. 

Y, muchos de ellos, los tienen con contratos de prestación de servicios que no garantizan siquiera la existencia de salario. Son los llamados: "Contratos basura".  

Esto fue parte de lo que se discutió con la ministra de trabajo, Clara López Obregón,  hace dos días que estuvo en la ciudad de Ibagué. No puede seguir diciendo que es que son los salarios de los trabajadores y que hay que firmar acuerdos para re disminuir aún más los salarios de los trabajadores. Yo no puedo bajarles los salarios a los trabajadores, quitarle unos derechos, violando la constitución y la ley, para dejarle más margen a las EPS, a la intermediación, a la corrupción de los políticos, a la corrupción de los administradores de los hospitales y todos estos procesos que se han venido dando y que ha violado los derechos fundamentales de la gente. 

En esa medida, nosotros hemos planteado que hay que declarar en estado de alerta a toda la población y que si es necesario lo que se hizo en el Chocó, un Paro Cívico para defender las instituciones hospitalarias vamos a tener que hacerlo.

-         El principal caballito de batalla del alcalde Jaramillo es que por ley debe desaparecer una de las dos: La USI o el hospital San Francisco. ¿Qué opina sobre el particular?

No hay ninguna norma en Colombia que diga que en un municipio como Ibagué no debe haber sino una sola ESE o un solo hospital público. Esa ley no existe. 

Que por conveniencia económica se pueda plantear que es conveniente fusionar las dos ESES para bajar una carga burocrática, podríamos estar de acuerdo. Por eso, lo estamos diciendo: Nosotros estamos de acuerdo en la fusión por incorporación. Pero lo que tiene que salir es solamente los cargos por libre nombramiento y remoción. Esos cargos de alto costo que valen más de $6 millones de pesos, $7 millones de pesos promedio de salario básico por mes, que no son productivos y que lo que hay que preservar son a los trabajadores desde el nivel profesional hacia abajo para garantizar la prestación de los servicios. 

Está demostrado, reitero, que aquí no sobra personal en los hospitales en los niveles profesional, auxiliar y técnico. No sobra personal. Podría estar sobrando un gerente, unos subgerentes, una cantidad de asesores. Eso es lo que vemos nosotros que sobran en los hospitales. El resto de personal se necesita y hay que mirar cómo se les garantiza su estabilidad laboral para que la institución siga funcionando. 

Por eso, en el pliego nacional de los trabajadores estatales, en el capítulo de salud que se va a presentar, estamos planteando que los hospitales tienen que volver al viejo sistema de presupuestación. Es decir, que los hospitales tienen que volver a que el Estado les garantice un presupuesto, garantice el pago de la nómina, lo mismo que sucede con los maestros en el territorio colombiano. 

Cómo sí se puede garantizar que los maestros sí tengan su nómina y los recursos para el pago de la nómina. Lo mismo estamos diciendo que los hospitales públicos se les garanticen el pago de la nómina de todos los trabajadores que están en los hospitales públicos  y haya una vigilancia especial sobre las nóminas de esos hospitales para que no se llenen de plantas paralelas, ni de personal burocrático, que únicamente hace favores políticos y no prestan servicios de salud. 

-         ¿Se podría decir que el alcalde no estaría actuando como mandatario sino como negociante de la salud en Ibagué? 

Eso lo hemos venido señalando durante mucho tiempo. El doctor Jaramillo y sus amigos, que todo el mundo los conoce en salud aquí en Ibagué, Gilberto Barragán, Nelly Barragán, Yesid Sánchez, etc, etc. Es un grupo de especialistas que tiene un "combito" ahí, han estado interesados en quedarse – por ejemplo – con la clínica El Limonar; ahora están diciendo que van a montar especialidades en lo que resulte de la fusión entre el San Francisco y la USI. Pero eso, son negocios privados. Todo el mundo sabe que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tiene inversiones en el sector salud, que sus amigos tienen inversiones en el sector salud. El doctor Barragán tiene un negocio de montaje de unidades de cuidados intensivos, de unidades renales, manejado por su hijo. Es decir, ellos están metidos en ese negocio. Y, entonces, lo que ve uno de por medio es que lo que se quiere consolidar es un negocio en la ciudad de Ibagué a costillas del derecho de la salud de la población y a costilla del derecho de los trabajadores. 

-         Con semejante infraestructura que tiene el hospital San Francisco, se especula que el interés de fondo era montar una clínica privada. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el particular? 

Sí, ellos han venido mirando a ver el cómo le meten operador privado a las diferentes entidades. Eso mismo lo han venido mirando para el Federico Lleras Acosta, eso lo estuvieron trabajando con el antiguo interventor del hospital Federico Lleras Acosta, el que salió en el mes de noviembre y que dejó al hospital Federico Lleras en peores condiciones que como lo recibió hace dos años larguitos. 

Ahí está el documento del gobernador Oscar Barreto Quiroga, no lo estamos diciendo nosotros como sindicato, el gobernador contrató una auditoria, la auditoria que contrató el gobernador está diciendo: 1. Que por un lado el hospital lo recibió la Súper salud para la intervención con 400 camas y en este momento el hospital no tiene funcionando sino 270 camas. 

Es decir, que a los tolimenses, no es propiamente al hospital, es a los tolimenses, les cerraron 130 camas, dentro de esas camas, le cerraron camas de psiquiatría, medicina interna, pediatría. Es decir, a los que llaman en el sistema de salud los derechos prioritarios que son los niños y los ancianos, son a los que le han cerrada las camas. 

Qué más dice el gobernador en su documento: Que el hospital antes de la intervención recaudaba de lo facturado en promedio el 55 por ciento de la cartera; en este momento el hospital no recauda siquiera el 50 por ciento de lo facturado. ¿Quiere decir? Que está trabajando a pérdida. 

El déficit del hospital ha crecido. ¿Qué dice el gobernador? Yo no puedo recibir el hospital en este momento como está, porque se nos vienen todos los embargos encima. ¿Qué tiene responsabilidad el gobernador? Sí, también tiene responsabilidad porque fue gobernador aquí en el período de Iván David Hernández hace dos períodos de gobernación y también hubo corrupción y también hubo malos manejos del hospital, hubo problemas con la contratación. 

Pero, en este momento, lo que hay que mirar es cómo se resuelve el problema de fondo y es que las EPS, sean obligadas por el gobierno nacional a pagar la deuda que tienen con los hospitales públicos y asuma las nóminas de los hospitales de tal manera que no sigamos teniendo este problema que si no se factura, no hay trabajadores, no hay con qué pagar salarios y no se responde por la prestación de servicios con calidad a la población del departamento del Tolima. 

-         ¿Es muy marcada la corrupción en la salud del departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué? 

Aquí, hemos visto cómo han pasado cosas y desafortunadamente los órganos de control son manejados por los mismos jefes políticos que tienen el manejo de los hospitales. La peor corrupción es la de las EPS. Eso es vox populi. Palacino está en Miami, pero desde allá sigue manejando todo el negocio de Saludcoop, Café salud y Cruz Blanca. Todo el grupo Saludcoop. 

 ¿Cuánta plata pierden los hospitales en la liquidación de Saludcoop? Los hospitales públicos van a perder en la liquidación de Saludcoop billón quinientos mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque no es lo que aparece en la cartera, es lo que certifica la EPS a la hora de presentar las cuentas al liquidador.

¿Qué más va a perder? Vamos a perder más de dos billones de pesos en el caso Caprecom, ya perdimos  alrededor de 200 mil millones de pesos en el caso de Sol salud, de Humana Morir. Es decir, todas estas EPS que se han ido liquidando, le han dejado un remanente de pérdidas a los hospitales públicos que nadie responde por ellos. 

Dicen: Vamos a responder por las de Caprecom. Pero Caprecom está reconociendo más allá del 40 por ciento de la cartera que tenía los hospitales con Caprecom. Resulta que la Súper salud, por eso colocamos una demanda ante la corte constitucional, para que declare inexequible la facultad que tiene legalmente la Superintendencia nacional de salud para liquidar hospitales departamentales y municipales, porque están violando hasta la descentralización administrativa en este país. Si el hospital es propiedad del municipio, del departamento, cómo así que una Superintendencia puede ordenar su liquidación y desaparecerle el hospital a un municipio o a un departamento, como lo ha venido haciendo en varios departamentos, como pasó en el Chocó con los hospitales, donde finalmente la corte constitucional terminó desautorizando a la superintendencia de nacional de salud. 

Hay todo un proceso de corrupción marcado. Qué ha dicho la ANDI: En este campeonato por la corrupción donde están Odebrecht, Reficar, etc, etc, el sector salud lleva el primer puesto. Somos los líderes. Al año se pierde mínimo un billón 500 mil millones de pesos en corrupción. Y no es solamente la corrupción de las EPS, es la corrupción también de la doble afiliación que hacen los alcaldes, es la corrupción de los contratos de los hospitales, es la corrupción de la sobrefacturación, es la corrupción que parecen equipos comprados como nuevo y van a mirar y son equipos repotenciados traídos de diferentes partes y metidos a los hospitales como nuevos, hay la corrupción en el tema de los medicamentos. Aquí, traen medicamentos hasta de contrabando y los meten como si fueran comprados en el mercado normal en los hospitales y muchas otras entidades. 

Es decir, hay una cantidad de hechos. Todo eso que ocurre en materia de corrupción es lo que está afectando gravemente a la salud de los colombianos. Se habla de un billón 500 mil millones de pesos por concepto de corrupción en Colombia, pero la intermediación está por encima de los 6 billones de pesos. 

Es decir, lo que se queda en el camino del negocio de las EPS al año, son más de 6 billones de pesos. Entonces, aquí no podemos hablar de simplemente de un billón 500 mil millones de pesos, tenemos que hablar más o menos de 7.5 billones de pesos, que se queda en todo este proceso del negocio. 

-         El dicho popular dice: "No hay cuña que más aprete que no sea la del mismo palo". Se esperaba que el alcalde Jaramillo por ser médico, su padre ex ministro de salud, la salud en Ibagué le había llegado la hora de salir adelante. Pero al parecer no es así. ¿Qué está pasando? 

¿El problema cuál es? Los médicos especialistas, la mayoría, hay contadas excepciones, los que aún siguen en las plantas de personal de los hospitales que son muy poquitos, ya no ven esto como un postulado, como una cuestión ética de prestar un servicio de salud, lo ven como negocio. 

Los médicos por eso no quieren que los vinculen a las plantas de personal, ellos prefieren que les digan que son empresarios de la salud, a que le digan que son trabajadores. Hoy, construyen sindicatos para hacer contratos sindicales, pero esos contratos sindicales son verdaderas empresas, verdaderos negocios entre los hospitales y ese grupo de médicos. 

Entonces, cuando uno va a mirar que los médicos van a renunciar masivamente, (además porque tienen un gran poder, hay escasez y tienen controlado la producción de médicos en el país), entonces como tienen ese gran poder, ellos sí pueden decir tranquilamente yo renuncio, me voy y se cierra el hospital, y los pacientes me tendrán que llegar a mi clínica privada. Si yo soy el único dermatólogo en el municipio o departamento y renuncio en el hospital público, pero trabajo en la clínica privada, ¿A dónde va a llegar el paciente? Va a llegar a la clínica privada. Y resulta que en la clínica privada yo soy socio del negocio.

 Entonces, aquí hay una situación muy compleja que nosotros no culpamos a los médicos, culpamos al sistema, el sistema los llevó allá. El sistema estableció una reestructuración en donde a todo mundo lo sacaron de la planta de personal y lo volvieron contratista. 

Por eso hoy, el 80 por ciento de los trabajadores y profesionales de la salud en Colombia están por contrato. Es decir, de los 280 mil trabajadores de la salud que hay en Colombia, solamente alrededor de 45 mil están en las plantas de personal, los restantes están todos por contrato de prestación de servicios, a través de cooperativas, a través de contratos sindicales. 

Ya prostituyeron hasta el movimiento sindical, porque acá en el sector salud han nacido más de 400 sindicatos en los últimos 5 años, pero no para defender los intereses de los trabajadores, sino para explotar ellos mismos a esos trabajadores, porque los dueños de los contratos sindicales, los que tienen el manejo de contrato sindical, explotan a sus propios colegas, a sus propios compañeros y a los que ocupan cargos inferiores. Y si usted va a mirar los grandes contratos sindicales son los que eran de Anestecoc, los que eran de la cooperativa de especialistas y los que trabajan explotados por sus mismos compañeros del sindicato. Son las auxiliares de enfermería, las enfermeras jefe, los médicos generales, los bacteriólogos con salarios miserables, con salarios realmente de hambre. Este es un sistema de explotación que lo crearon desde el modelo de salud y que hoy sigue vigente rigiendo la salud de los colombianos. 

-         Finalmente, la ministra de trabajo, Clara López Obregón, de paso por Ibagué en estos días, dijo que el salario debería ser del 8.5 por ciento, pero no se pudo porque las centrales obreras se retiraron de la mesa de concertación. ¿Cuál es su opinión sobre el particular?  

Lo único que yo digo es: Si el gobierno colombiano tuviera la voluntad de incrementar el 8.5 por ciento, lo había hecho con las centrales en la mesa o sin las centrales en la mesa. Y había quedado como un "rey" el presidente de la república. Había dicho: Yo como presidente de la república le estoy compensando el salario a la gente, el poder adquisitivo del salario mínimo. 

Aquí no pueden sacar justificaciones que me parecen incluso estúpidas. Además, cuando la misma ministra acaba de sacar en diciembre una resolución, nosotros le vamos a meter una demanda penal a la ministra, con todo el cariño que le podamos tener a la doctora Clara, por todo el hecho de haber sido compañera nuestra en el Polo. Yo soy militante del Polo. Pero yo no puedo concebir que una ministra que reclamó ser de izquierda, que defendió la formalización del empleo mientras fue presidenta del Polo, en diciembre saque una resolución legalizando la tercerización contra lo que dice el plan nacional de desarrollo. Es que en el plan nacional de desarrollo, el artículo 74, el párrafo tercero, dice que el gobierno garantizará en el sector público que todo el mundo que desarrolle actividades permanentes, debe estar en la planta de personal. Y ella está sacando una resolución legalizando la tercerización por fuera de las plantas de personal. Entonces, está diciendo: Si usted tercerizador de empresa temporal de servicios y le paga sueldo, le reconoce algunos festivos y dominicales, reconoce algunas cositas del régimen laboral, eso es legal. Eso es legal. Eso es violar lo que en la misma ley quedó establecido que fue parte de la negociación y que se determinó en el congreso de la república. Ella no puede decir para el sector público puede haber tercerización laboral y en el sector público por inactividades permanentes, porque lo que dijo la ley es que esas actividades permanentes deben estar en las plantas de personal. Y no está solamente en esta ley, eso existe desde 1968, desde la reforma administrativa de Carlos Lleras Restrepo, en el decreto 2400 y en el decreto 3074, está la prohibición de vincular por contrato de prestación de servicios a las personas que desarrollan actividades permanentes del Estado. 

Entonces, la señora ministra se ha acomodado al gobierno de Juan Manuel Santos, que no tiene ninguna diferencia con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así diga cantidad de cosas. En la política social toda es contra el pueblo y es contra los trabajadores.