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Colombia

En una declaración contundente fue hecha durante la conferencia anual de banqueros centrales de Jackson Hole, por Jerome Powell, presidente de la Fed, (el banco central del imperio) en la que advirtió que la Fed utilizará “vigorosamente todas sus herramientas” para combatir el alza de precios, a través de la subida de tasas de interés.

La lucha contra la inflación en Estados Unidos “hará sufrir a las familias y las empresas”, pero renunciar sería mucho peor para la economía, advirtió el viernes 26 de agosto (2022) Jerome Powell, en un su discurso.

Aquí me viene una pregunta necesaria, porque el banco central del imperio se preocupa tanto por la inflación en Estados Unidos llegando hasta a hacer “sufrir a las familias y las empresas”?.

Es sabido que lo bancos centrales en casi todo el mundo esta diseñados para proteger los intereses, no de los países y menos de los pobres y si de los ”inversionistas” o jugadores de apuestas que mueven miles de millones de dólares por medio de las bolsas de valores, luego cual es el meollo del asunto?.

Según el portal “thevisionary”, la inflación es el incremento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios. Con un incremento descontrolado, los recursos de las familias pierden su poder adquisitivo y genera incertidumbre para los inversionistas y con ello inhibe la inversión productiva y la generación de empleo.

Pues, si las inversiones generan un rendimiento inferior al de la inflación tendremos una pérdida de las ganancias de los inversionistas, ese es el meollo del asunto, defender los intereses de los “tahúres” que juegan dinero mediante las bolsas en todo el mundo.

Hoy vemos a casi todos los bancos centrales del mundo haciendo lo mismo que el banco central de imperio, dispuestos incluso a causar daño a las empresas y aumentar el desempleo afectando directamente a los trabajadores, pero a través de sus medios de desinformación no quieren meter en la cabeza que todo es por defender los intereses de los pueblos cuando la realidad es que están defendiendo los intereses de mafiosos que apuestan dinero a través de la “Bolsa”.

Así que no se deje engañar, las subidas de interés de los bancos centrales, no son para proteger a los trabajadores, que entonces deberemos pagar mas interés a los bancos, son para proteger a los “tahúres” que juegan miles de millones en las bolsas.

Escribió en su cuenta de twitter Federico Gutiérrez, alias “Fico”, el excandidato de la mafia, luego que el presidente Gustavo Petro nombrara como nuevo comandante de las Fuerzas Militares al general Helder Fernán Giraldo Bonilla y al mayor general Henry Sanabria como director de la Policía y que varios oficiales de estas bandas criminales fueran retirados.

Se lee en su cuenta de Twitter. “Barrer con más de 50 generales en Fuerzas Militares y Policía es un acto premeditado que desfortalece nuestras capacidades para enfrentar grupos armados. Se pone en riesgo la seguridad. Arrasa con experiencia y conocimiento. Éxitos a la nueva cúpula Militar y de Policía”.

Según el testaferro de la mafia, sacar a policías y militares que estando al servicio de la mafia y aterrorizan al pueblo “es un acto premeditado que desfortalece nuestras capacidades para enfrentar grupos armados”.

Es de resaltar que todos sabemos del funcionamiento de la Oficina de Envigado en Antioquia, de sus crímenes y fechorías, pero nunca estos generales han mostrado su “experiencia y conocimiento” en desmantelar esa banda y al contrario, como quedó demostrado con el “Ñeñe”, se la pasan protegiendo a narcotraficantes los que todos ellos, incluido “fico”, dicen combatir pero que realmente no lo hacen.

Aquí lo único cierto es que con esa medida “Se pone en riesgo la seguridad de la oficina de Envigado”.

Bogotá, junio 30 de 2022

El día 28 de junio se conoció, a través de un comunicado de prensa, el equipo coordinador de empalme entre el gobierno electo y el saliente. Entre otros, se anuncia a Guillermo Reyes como responsable del empalme con el sector Justicia, hecho que vemos con suma preocupación, por las razones que argumentamos a continuación.

Guillermo Reyes fue viceministro de justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, nombrado como cuota del Partido Conservador por haber votado favorablemente la reelección. En dicho período, Reyes promovió varias medidas punitivistas, y se opuso al proyecto inicial de Ley de víctimas y al reconocimiento de la responsabilidad estatal de repararlas que allí se planteaba. Además, se presentaron varios hechos de corrupción protagonizados por su partido político, cuyas investigaciones -en su mayoría- no prosperaron, pero sí dejaron cuestionamientos sobre la integridad de Reyes.

Por otro lado, Guillermo Reyes ha sido señalado en varias ocasiones de cometer plagio. En al menos dos libros y en su tesis doctoral, habría plagiado textos del respetado y ya fallecido jurista y ex colega Juan Jaramillo. Si bien se ha argumentado que existe un fallo de la Fiscalía que lo absolvió frente a estas acusaciones, dicho fallo se refiere exclusivamente a un documento preliminar de su tesis doctoral y no incluye otros dos libros (de 2004 y 2014), en donde reproduce como propios varios párrafos de un artículo de Juan Jaramillo llamado “Los órganos electorales supremos”.

Teniendo en cuenta que quienes integran el equipo de empalme son también personas con altas posibilidades de posicionarse posteriormente en los Ministerios correspondientes, nos parece necesario señalar la gravedad de que el nombre de Guillermo Reyes sea incluido, pues encontramos que existen razones suficientes para cuestionar el carácter ético de su accionar.

Su presencia es preocupante en términos de las ideas de justicia que representa, y que contradicen las planteadas por el Gobierno entrante durante la campaña, pues se estaría enviando un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y la impunidad y al avance hacia formas de justicia menos centradas en el punitivismo. Además, su participación pondría en duda el respaldo a los mecanismos de justicia transicional y el respeto a la independencia de la justicia.

Por ello hacemos un llamado para que el presidente electo, Gustavo Petro Urrego, replantee el nombramiento de Guillermo Reyes tanto en el equipo de empalme como frente a cualquier posibilidad de vincularlo al ejercicio de cargos públicos durante su gobierno.

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos  

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines  

Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice-

Campaña por la Independencia de la Justicia

 

Mayores informes:

Prensa Plataformas de Derechos Humanos

Celular: 311 262 7653

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Fuentes: Rebelión

A escasos 6 días de las votaciones para escoger el próximo Presidente de Colombia para el periodo 2022-2026 se han presentado nuevas tendencias en las preferencias políticas de los colombianos. Según las encuestas dadas a conocer al cierre de los eventos públicos de ley, el candidato Rodolfo Hernández, ex alcalde de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, ha dado un salto disputándole el segundo lugar a Federico Gutiérrez, el candidato de la ultraderecha neonazi uribista, quien se ha descolgado entre la opinión publica dado sus vínculos con los clanes mafiosos (son 48 que lo apoyan) de la politiquería partidista, con la tenebrosa Oficina de Envigado, con las redes sicariales que imponen la violencia en Medellín y con el régimen de corrupción desenmascarado por Petro.

Ante el desgaste de este candidato el establecimiento oligárquico, la Embajada gringa y la ultraderecha se está moviendo para catapultar a Rodolfo Hernández como una tabla de salvación existencial y forzar su paso a la segunda vuelta que debe llevarse a cabo el 19 de junio, en caso de ser necesario, aunque todo indica que la potencia de la candidatura del Pacto Histórico en cabeza del senador Gustavo Petro tiende a definir todo este 29 de mayo. La crisis colombiana no da espera y las grandes mayorías del país quieren transitar hacia nuevos escenarios de transformaciones profundas y progresistas.

En los pocos días que quedan se impone la tarea de desenmascarar a Rodolfo Hernández, un multimillonario desafiante, comparable a la lacra de Donald Trump y su arrogancia de oligarca anárquico y desafiante, supuestamente enemigo de los clanes tradicionales, pero en realidad un demagogo que acude, con ayuda de expertos en la manipulación mediática, a piezas lingüísticas y frases sumarias para atraer a los ciudadanos del común. Sus lemas de campaña son no mentir, no robar y no traicionar, cuando la esencia de su vida y su personalidad es exactamente esa contra ética de ricachones ensoberbecidos.

Rodolfo Hernández es un reconocido especulador inmobiliario del Área Metropolitana de Bucaramanga (que incluye los municipios de Piedecuesta, Floridablanca, Girón Lebrija y Rio Negro), Meseta en la que habitan más de un Millón 500 mil habitantes, 700 mil de los cuales viven en condiciones de pobreza, miseria, sin vivienda, sin salud, sin empleo y sin educación adecuada.

Hernández es un “tierrero” en toda la línea, un acaparador de tierras que al día de hoy dispone de más de 55 mil hectáreas, adquiridas mediante el manejo oscuro de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios señalados, cuyos concejales ha sobornado para ampliar las áreas urbanas con el fin de valorizar las tierras rurales compradas a precio de huevo de cuyas plusvalías se apropia de manera torcida el flamante candidato de la Liga anti corrupción.

Y no solo eso. Rodolfo es el principal traficante con los subsidios estatales a la vivienda de interés social y prioritario, al día de hoy tiene más de 6 mil apartamentos en el negocio de la compra venta de vivienda de estratos 1 y 2 en Santander y casi 8 mil tramites de embargo a compradores de sus planes de vivienda en Piedecuesta, Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

Se presenta como redentor de los universitarios, pero en realidad es su verdugo, pues su más reciente línea de negocios es la venta y arriendo de Aparta estudios a los estudiantes de provincia que son explotados por las instituciones de educación superior de la región que se aprovechan de la bonanza de este miserable negocio que ha mercantilizado la formación universitaria como ocurre con la uribista y neonazi universidad UDES de Fernando Vargas, otro oligarca de allí denunciado por el robo a los Programas de Alimentación escolar cunado fue alcalde de Bucaramanga.

Hernández si miente, roba y traiciona a la ciudadanía, ya que entre sus antecedentes está el intento de fraude a la alcaldía de Bucaramanga, con la empresa Vitalogic, mediante un contrato para el manejo del relleno sanitario de la ciudad en el cual su hijo Luis Carlos quería echarse al bolsillo más de 100 millones de dólares; Hernández es un impostor que quiere refundir sus vínculos políticos, ideológicos y violentos con el ex presidente Uribe Vélez.

RH quiere llegar a la presidencia de la Republica para convertirse en el mayor urbanizador pirata de Colombia, en el campeón de los tierreros, en el especulador inmobiliario que niega el derecho a la vivienda de millones de familias sin techo.

La invitación a las organizaciones populares de vivienda y a los destechados del Área Metropolitana de la Meseta de Bucaramanga es a darle un uso social y popular a los extensos predios y a los miles de apartamentos VIS y VIP monopolizados por este oligarca que se ofrece falsamente como redentor de los colombianos y como alternativa a la grave crisis del país.

En medio de un basto desfile, donde policías en motos, tanquetas y varias patrullas, marchaban muy lentamente por las calles de Bogotá, para que todos los vieran, se ejecutó este miércoles, 4 de mayo (2022), la extradición al imperio, de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.

El pasado lunes 16 de mayo, en una rueda de prensa con el presidente del partido conservador de Suecia (moderaterna), Ulf Kristersson (Ulf el hijo de cristo), partido cuyo color de la bandera es azul, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, de azul vestida, anuncio la intención de su gobierno de solicitar ingreso a la banda criminal conocida como OTAN.

El anuncio causo el susto de muchos de mis amigos latinos, que hasta última hora esperaban que la primera mujer primer ministro de Suecia no cometiera ese tremendo horror.

Esta es la noticia de esta semana y como vivimos en Sucia es necesario referirnos al tema.

La magistrada coronel Cristina Lombana reactivó el añejado y caduco caso contra Piedad Córdoba por los ilegales computadores supuestamente incautados en la operación militar contra Raúl Reyes y lo ha transformado en una investigación que hace palidecer no digamos a El Proceso de Kafka, sino al juicio de Alicia en el País de las Maravillas.

Tras 14 años de investigación preliminar y sin proceso abierto formalmente han desfilado testigos tan variados que van desde Timochenko a Álvaro Uribe, pasando por prestamistas de gota a gota, agentes de la DEA, ex jefes de Estado, parlamentarios, reconocidos adversarios políticos de la senadora Córdoba y hasta candidatos en campaña. No obstante, la magistrada coronel sigue buscando la supuesta “prueba reina” que le permita siquiera imputar a la senadora electa por el Pacto Histórico; mientras tanto sigue utilizando para ello los recursos del erario, yendo de Miami a Madrid y de La Guajira a New York sin encontrar nada que permita demostrar la responsabilidad de Piedad.

Lombana convirtió ridículas condenas políticas por opinar en un foro en México en 2007, - escándalo montado desde un seguimiento ilegal del DAS por el que fue condenado el Estado colombiano-, en una investigación sobre el pasado, presente y futuro de la ciudadana Piedad Córdoba y su núcleo familiar, traspasando vulgarmente sus competencias judiciales que corresponden específicamente a las labores parlamentarias de Piedad. No es claro si la senadora electa está siendo investigada por presuntos vínculos con las FARC –cuando estos hechos serían competencia de la JEP, de no haber sido ya amnistiados de iure-; si las indagaciones corresponden a sus relaciones con políticos o ciudadanos de Venezuela –que no implican delito alguno en Colombia-, o si esta eterna pesquisa busca identificar algún delito patrimonial o económico, personal o familiar, lo que no le correspondía a la Corte Suprema ya que no tiene conexión alguna con el ejercicio parlamentario de Piedad interrumpido abruptamente por el procurador Ordoñez hace más de una década. Detrás de los prolongados interrogatorios de Lombana, no hay simplemente un proceso contra Piedad, sino que se urde la guerra jurídica para todo el sector progresista que puede ser gobierno con el Pacto Histórico.

La Calladita pregunta sobre todo, lo que implica que sigue sin pista sobre nada: indaga sobre hechos de cualquier tiempo, y sobre personas no aforadas para ser investigadas por la Corte Suprema. Cita y cita testimonios de personas para los que debiese declararse impedida –y frente a los cuales, de hecho ya lo hizo-. En el cénit de su persecución ha solicitado declaraciones del mitómano agente de la DEA, Marlon Marín quien ya intentó vincular a Piedad en su entrampamiento contra el proceso de paz en tiempos de Néstor Humberto Martínez, llegando al ridículo de suplantar la voz de la senadora. Aunque Marín ya se negó a declarar ante la Corte y la Fiscalía por sus montajes, no es de descartar la fabricación nuevas fábulas de este señor en el que solo la magistrada Lombana parece creer.

También pretende hacer declarar al ex militar golpista venezolano Cliver Alcalá, quien delinquía desde Colombia confesando coordinar una invasión al vecino país y que era socio de los negocios ilícitos del duquista Ñeñe Hernández. Qué imparcialidad y credibilidad puede tener este confeso criminal a todas luces adverso a los valores que Piedad ha defendido? Pero más descabellado aún: qué tiene que ver este señor en esta eterna investigación de Piedad Córdoba por supuesta FARC Política?

Los testigos pasan y pasan, pero más allá de rumores o prejuicios políticos contra Piedad, ninguno aporta acusaciones sustentadas ni mucho menos pruebas. No les consta, no saben, no se acuerdan, son las frases más repetidas. Una que otra declaración confiesa alguna polémica conducta propia – como Ingrid Betancourt- , otros exteriorizan su ideología macartista con un lapsus linguis- como Uribe, y varios señalan irresponsablemente a organizaciones sociales y políticas para vincularlas a la persecución jurídica. Pero pruebas de lo que sea que se investigue, no hay.

El testimonio que sirve de guion para esta nueva fase de persecución política contra Piedad, es el otorgado desde Miami, por Andrés Vásquez. Dicha declaración solo se obtuvo luego de que Vásquez fuese compelido legalmente a testificar en el caso y luego del retorno de Piedad a la política electoral con su lanzamiento como candidata al Senado por el Pacto Histórico. Vásquez de enemistad manifiesta con Piedad tras no obtener réditos económicos del restablecimiento de los derechos políticos de la senadora en 2016 y demandarla para ser indemnizado, fue también el libretista principal del libelo de su amigo personal Gerardo Reyes. No obstante, no solo no adjunta prueba alguna a su relato calumnioso, sino que se hunde en sus propias contradicciones.

El tamaño de los ilícitos que Vásquez endilga a Piedad y a su familia no solo son inverosímiles, sino que es imposible que se hayan cometido sin la existencia de pruebas fácticas y documentales, que seguirán sin aparecer, porque presenciamos un falso testimonio que ante la connivencia -por no decir instigación- de la Magistrada Coronel, raya con el concierto para delinquir en su afán de excluir nuevamente a Piedad Córdoba de su derecho a hacer política.

La declaración juramentada de Vásquez solo prueba que era él quien tenía relaciones comerciales con Alex Saab; que él como funcionario público participó de relaciones con las FARC sin autorización gubernamental, y que se enriqueció tras su trabajo con Piedad Córdoba. Las autoridades colombianas callan, pero al viejo proceso de calumnia que provocó su captura en 2011, se le suman hoy al “testigo estrella” de Lombana nuevas denuncias en Colombia y en EEUU por sus falsedades, extorsión y amenazas contra la familia Castro Córdoba.

La defensa de Córdoba recusó las nuevas diligencias ordenadas por la magistrada Lombana, recurso que está pendiente de resolverse por la Corte Suprema de Justicia. De igual forma el Colectivo de Abogados José Alvear –CAJAR- acudió a la CIDH en Washington, para que se actualicen y amplíen las medidas cautelares decretadas a favor de Piedad desde el año 2003. La solicitud es clara: reforzar las medidas de seguridad para proteger su vida en medio de la elevación de su ya alto riesgo, aguzado por la guerra jurídica y mediática en la presente campaña electoral; y garantizar el derecho al debido proceso, en tiempo oportuno y por la autoridad judicial competente e imparcial, lo que implicar sustituir a la magistrada coronel Lombana de su investigación, porque aunque podrá ser calladita, claramente está parcializadita…

Un practico golpe de estado, acaba de dar la mafia colombiana al proceso democratizador en Colombia al suspender de manera arbitraria, violando incluso la ley que ellos mismos han hecho y aprobado, a Daniel Quintero Calle, alcalde que no responde a los intereses uribista, dejando en la impunidad a sus testaferros que si han violado la ley, como a Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla que abiertamente organiza eventos a favor de alias “FICO”.

El pasado jueves 5 de mayo (2022), el llamado clan del golfo, la organización criminal que también se hace llamar “Autodefensas Gaitanista de Colombia”, decretó un paro armado que nos pretenden hacer creer, era en desafío a la decisión del títere Iván Duque de extraditar a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. En la zona donde se realizó el paro armado tienen su base o guaridas, la 1 y 7 división del descompuesto ejército colombiano, cuyos soldados y generales brillaron por su ausencia en las calles.
Pero, tal parece que el asunto es por otro lado.

En el Club Campestre de Montería, la mafia política de Córdoba celebró por lo alto el matrimonio de Laura Camila Sotomayor y Ricardo Pimienta, con una lista de invitados que tenía a la cabeza al senador y excandidato presidencial, David Barguil, que asistió al bacanal en compañía de su esposa María Victoria alias 'Toya' Ramírez.

Así, en pleno paro armado, mientras los pobres amenazados no podían salir de sus casas por miedo a terminar tirados en la calle con un tiro en la cabeza, un grupo de personajes de la más dudosa reputación pudo celebrar una boda y hasta una feria equina.


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