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Colombia

 

Por Nelson Lombana Silva 

(Ibagué, febrero 26 de 2017) Si algo tiene la oligarquía colombiana es su poca palabra para cumplir lo pactado. Y si se trata de paz resulta más notorio su incumplimiento. No podemos engañarnos, tampoco hacer análisis en el aire, más con el corazón que con la razón. 

En ese sentido, me parece fuera de contexto la afirmación del maestro José Ramón Llanos, cuando afirma: "El acuerdo de paz firmado con el M – 19 y el presidente Virgilio Barco, fue cumplido por ambas partes".[i]

A nuestro real entender, el presidente Virgilio Barco Vargas no cumplió en su totalidad con lo acordado. Incluso, podría uno decir que ni siquiera este mismo movimiento guerrillero cumplió en su totalidad la esencia de los acuerdos. Habría que hacer un estudio profundo para determinar con exactitud la posición que asumió finalmente el M – 19 una vez dejó las armas. Sobre todo cuando uno habla con la base, el guerrillero "raso" y dice que realmente la lucha fue traicionada por cuanto fue favorecida la cúpula solamente. Incluso, algunos vergonzosamente se matricularon en la extrema derecha como Heber Bustamante, quien sin pena y sin gloria pasó a hacer parte del Centro Democrático. 

Durante el gobierno de Barco Vargas la violencia contra la izquierda alcanzó índices monstruosos. El genocidio contra la Up y el Partido Comunista fue de marca mayor. Los principales cuadros del M – 19, quizás, los más consecuentes y claros políticamente, cayeron bajo el impacto del binomio militar – paramilitar. Es decir, el terrorismo de Estado se exacerbó durante este período presidencial. Por lo tanto, resulta inconsecuente decir que el presidente Barco Vargas cumplió el acuerdo. 

Hay que recordar los horrendos magnicidios de Carlos Pizarro León Gómez, Carlos Toledo Plata, Afranio Parra, entre tantos otros. Un Estado no puede firmar un pacto de paz, seguir asesinando a los amnistiados y uno decir plácidamente que el jefe de Estado de ese entonces cumplió el acuerdo. 

Creo que la historia hay que leerla de manera más clara y real para no levantar conjeturas en el aire. Pero sobre todo, para mirar con mucho optimismo el actual proceso de paz con las Farc – Ep y el ELN, pero igualmente, con mucho realismo. 

Hemos dicho en distintos escenarios que la oligarquía colombiana además de ser criminal, marrullera y ambiciosa, es intransigente a hacer ciertas concesiones al pueblo. Quiere una paz gratis. Es decir, quitarle las armas a la insurgencia solamente.

Caminar sobre realidades históricas nos compromete a proponer la movilización popular, campesina e indígena en defensa de los acuerdos de la Habana y del proceso que se abre con el ELN. Mientras el pueblo no sea el protagonista central y entienda que estas conquistas no son propiamente del movimiento guerrillero sino del pueblo, será muy difícil que dichos acuerdos se materialicen en la práctica. Hay que luchar para evitar otra frustración más. Y el camino expedito es sin lugar a dudas la lucha de masas. 

En esa dinámica su majestad la unidad constituye el eje central, el motor impulsor de cambios estructurales. Pero desde luego, la unidad fundamentada y no simplemente la unidad por la unidad. 

Los últimos hechos del orden nacional prenden las alarmas. En ese sentido, resulta válido el encuentro nacional por la paz. Ese encuentro debe tener dos componentes fundamentales: Teórico y Práctico. Es decir, buscar puntos de convergencia de las izquierdas y más allá de estas, y movilización. No podemos perder de vista que la conquista de la paz con justicia social es un disputa cruzada por la lucha de clases. 

Para comprender correctamente el momento histórico hay que saber caracterizar los gobiernos que ha tenido esta sufrida y lacerada república. Hay que hilar sobre hechos concretos, reales y tangibles. El tiempo no es para especular. 



[i] Semanario VOZ La verdad del pueblo. Edición 2873. Página 5. 

 

Por Nelson Lombana Silva

(Ibagué, febrero 27 de 2017) El presidente nacional de Anthoc, el sindicato más importante de la salud por sus posiciones clasistas, desnudó con pelos y señales la gravísima situación que vive la salud en Colombia en el marco del modelo neoliberal. 

Según Yesid Camacho Jiménez, anualmente se pierde cerca de 7.5 billones de pesos por concepto de la corrupción en sus más distintas modalidades y tonalidades. Se ha perdido en grado sumo el concepto ético, siendo reemplazado por el afán de lucro, de ganancia al precio que sea. 

En esa cruda dinámica al parecer el mandatario de los ibaguereños se movería. Es decir, al parecer no estaría actuando propiamente como alcalde sino como negociante, según analiza el dirigente sindical.

"Todo el mundo sabe – dice el presidente nacional de Anthoc – que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tiene inversiones en el sector salud, que sus amigos tienen inversiones en el sector salud". 

Ante el interés de privatizar el hospital público San Francisco, el dirigente sindical ve en esta postura un marcado negocio particular. "Lo que ve uno de por medio es que lo que se quiere consolidar es un negocio en la ciudad de Ibagué a costillas del derecho de la salud de la población y a costilla del derecho de los trabajadores". 

Ni en este hospital, ni en la USI sobra personal. Dice: "Aquí no sobra personal en los hospitales en los niveles profesional, auxiliar y técnico. Podría estar sobrando un gerente, unos subgerentes, una cantidad de asesores". 

Sobre la teoría del mandatario de que por ley tendría que acabar con algunos de estos dos entes, Yesid Camacho Jiménez, responde: "No hay ninguna norma en Colombia que diga que en un municipio como Ibagué no debe haber sino una sola ESE o un solo hospital público. Esa ley no existe". 

Quizá por conveniencia económica se podría dar la fusión, dice el líder sindical. Incluso, se declara partidario colocando ciertas condiciones, entre otras, no despedir a ningún trabajador y médico tanto del San Francisco como de la USI. 

Según el presidente nacional de Anthoc, el alcalde persistiría en sus proyectos privatizadores, para lo cual habría contratado al doctor Héctor Restrepo Montoya, ex director de calidad de la secretaría de salud de Antioquia. Funcionario que al parecer no resolvió el problema de la salud en este departamento. 

Dice, igualmente, que como siempre se viene responsabilizando a los trabajadores de la crisis que sacude la salud pública en Colombia, pero no se dice absolutamente nada de las verdaderas causas. "Aquí se rompe la cuerda por el lado más débil y el lado más débil son los trabajadores y la población". 

La versión de la ministra de trabajo, Clara López Obregón, de que por el retiro de la mesa de negociación de las centrales obreras no se reajustó el salario mínimo en 8.5 por ciento, el sindicalista y también dirigente polista califica tal pronunciamiento de "estúpido", al decir: "Son justificaciones estúpidas". Agrega: "Si el gobierno colombiano tuviera voluntad de incrementar el 8.5 por ciento, lo había hecho con las centrales en la mesa o sin las centrales en la mesa. La señora ministra se ha acomodado al gobierno de Juan Manuel Santos". 

El reportaje con el presidente nacional de Anthoc, Yesid Camacho Jiménez, es el siguiente:     

-         Compañero Yesid Camacho Jiménez: ¿Cómo analiza la situación liquidacioncita del hospital San Francisco y de la USI, en la era del médico Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez? 

Es una decisión que había tomado el señor alcalde, pero que afortunadamente por la presión de los trabajadores y vastos sectores de la comunidad, se ha logrado que se retire el proyecto de acuerdo del concejo en dos ocasiones.

Pero persiste en que va a presentar el proyecto de acuerdo en el mes de marzo, en las sesiones ordinarias del concejo. Ha venido dorándoles la píldora a los trabajadores del hospital San Francisco, fundamentalmente, trayendo un nuevo asesor para un nuevo estudio. Ya ha pagado como tres estudios el municipio de Ibagué, para determinar cómo liquida la USI o el San Francisco. 

Ahora trajo al doctor Héctor Restrepo Montoya, quien fuese director de calidad de la secretaría de salud de Antioquia. Eso lo miramos con extrañeza porque no fue capaz de arreglar el problema en el departamento de Antioquia. Antioquia tiene inclusive, 32 hospitales que no han podido resolver su naturaleza jurídica. Antioquia tiene problemas quizás más grandes que los que tenemos en el departamento del Tolima en materia de servicios de salud. 

Este es el que ha traído esta administración municipal como la gran solución a los graves problemas de salud que presenta el municipio de Ibagué. 

Nosotros tenemos claro varias cosas: 1. Que hay unas garantías constitucionales y legales. Estamos de acuerdo que pueda haber una fusión de las dos ESES en una sola. Pero que esa fusión debe ser por incorporación sin liquidar a ninguna de las dos entidades, sin meterse en el desgaste de una liquidación. 2. Que están en la obligación de incorporar a los trabajadores que están en las dos entidades a la  nueva entidad o a la que actúe como receptora de la otra. Puede ser que el San Francisco actúe como receptor de la USI, o la USI de San Francisco. 3.  En ese proceso de incorporación debe respetar los salarios y las prestaciones, los trabajadores deben pasar sin solución de continuidad. 

La corte constitucional en el año 2014, declaró exequible el decreto 1399, en los artículos tercero y cuarto, que establecen la obligatoriedad de incorporar el personal sin solución de continuidad con todos los derechos laborales, que debe resolver el problema de la planta de personal, porque la mayoría de los trabajadores los tiene por fuera de la planta de personal, los tienen en plantas temporales, tanto en la USI como en el San Francisco. 4. Debe resolver el problema de la continuidad de la prestación de los servicios fundamentalmente para la población. 

Lo que dicen los estudios, los análisis que han hecho muchos de los profesionales de la salud en la ciudad de Ibagué, es que en la USI y en el San Francisco, por el contrario, falta personal. No sobra personal para garantizar la prestación del servicio a la población. Hace falta personal. 

Desafortunadamente, aquí se le echa la culpa al salario de los trabajadores y no se le echa la culpa a las verdaderas causas de la crisis que tienen los hospitales. Hay una situación clara. El recaudo de cartera de los hospitales no supera el 40 por ciento. Lo que quiere decir que hay un 60 por ciento de pérdida en el recaudo de la cartera de los hospitales. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Es responsabilidad esencialmente de las EPS, pero también de la corrupción y la negligencia que ha habido en muchas de las administraciones de estos hospitales, de la politiquería que ha plagado a los hospitales, de la corrupción en los contratos que se firman, de los sobrecostos que hay muchos de los servicios que se prestan en los hospitales. Aquí se rompe la cuerda por el lado más débil y el lado más débil son los trabajadores y la población. 

Entonces, nosotros estamos planteando claramente que aquí tiene que haber: 1. Una salida de fondo al problema de la facturación. 2. Una salida de fondo al problema de la contratación y 3. Debe haber una salida de fondo al manejo administrativo de estos hospitales. 

Pueden colocar hospitales sin planta de personal. Voy a citar un ejemplo concreto: Si usted mira el hospital universitario de Cartagena o del hospital universitario de Santander, que fueron hospitales que fueron liquidados, que se dejaron sin planta de personal. El hospital de Cartagena no tiene sino 40 personas en la planta de 1600 personas que trabajan ahí. Sin embargo, está igual de quebrado a todos los que tienen planta de personal. Eso deja en claro  que no son las plantas de personal, no son los salarios de los trabajadores, los causantes de la crisis de la salud.

Otra cosa que debe saber la población del Tolima es que no son inmensos los salarios de los trabajadores. Los salarios de un trabajador de la salud, comparados con sus pares en otras ramas de la administración, son el 50 por ciento. Doy un ejemplo: Un notificador de un juzgado tiene aproximadamente, entre  2 millones 500 mil y 3 millones de pesos, mientras el promedio de las auxiliares de enfermería que es más o menos el par de ese trabajador, no llega a 1 millón 600 mil pesos. Es decir, no son grandes salarios los que se están pagando a los trabajadores de la salud en Colombia. 

Y, muchos de ellos, los tienen con contratos de prestación de servicios que no garantizan siquiera la existencia de salario. Son los llamados: "Contratos basura".  

Esto fue parte de lo que se discutió con la ministra de trabajo, Clara López Obregón,  hace dos días que estuvo en la ciudad de Ibagué. No puede seguir diciendo que es que son los salarios de los trabajadores y que hay que firmar acuerdos para re disminuir aún más los salarios de los trabajadores. Yo no puedo bajarles los salarios a los trabajadores, quitarle unos derechos, violando la constitución y la ley, para dejarle más margen a las EPS, a la intermediación, a la corrupción de los políticos, a la corrupción de los administradores de los hospitales y todos estos procesos que se han venido dando y que ha violado los derechos fundamentales de la gente. 

En esa medida, nosotros hemos planteado que hay que declarar en estado de alerta a toda la población y que si es necesario lo que se hizo en el Chocó, un Paro Cívico para defender las instituciones hospitalarias vamos a tener que hacerlo.

-         El principal caballito de batalla del alcalde Jaramillo es que por ley debe desaparecer una de las dos: La USI o el hospital San Francisco. ¿Qué opina sobre el particular?

No hay ninguna norma en Colombia que diga que en un municipio como Ibagué no debe haber sino una sola ESE o un solo hospital público. Esa ley no existe. 

Que por conveniencia económica se pueda plantear que es conveniente fusionar las dos ESES para bajar una carga burocrática, podríamos estar de acuerdo. Por eso, lo estamos diciendo: Nosotros estamos de acuerdo en la fusión por incorporación. Pero lo que tiene que salir es solamente los cargos por libre nombramiento y remoción. Esos cargos de alto costo que valen más de $6 millones de pesos, $7 millones de pesos promedio de salario básico por mes, que no son productivos y que lo que hay que preservar son a los trabajadores desde el nivel profesional hacia abajo para garantizar la prestación de los servicios. 

Está demostrado, reitero, que aquí no sobra personal en los hospitales en los niveles profesional, auxiliar y técnico. No sobra personal. Podría estar sobrando un gerente, unos subgerentes, una cantidad de asesores. Eso es lo que vemos nosotros que sobran en los hospitales. El resto de personal se necesita y hay que mirar cómo se les garantiza su estabilidad laboral para que la institución siga funcionando. 

Por eso, en el pliego nacional de los trabajadores estatales, en el capítulo de salud que se va a presentar, estamos planteando que los hospitales tienen que volver al viejo sistema de presupuestación. Es decir, que los hospitales tienen que volver a que el Estado les garantice un presupuesto, garantice el pago de la nómina, lo mismo que sucede con los maestros en el territorio colombiano. 

Cómo sí se puede garantizar que los maestros sí tengan su nómina y los recursos para el pago de la nómina. Lo mismo estamos diciendo que los hospitales públicos se les garanticen el pago de la nómina de todos los trabajadores que están en los hospitales públicos  y haya una vigilancia especial sobre las nóminas de esos hospitales para que no se llenen de plantas paralelas, ni de personal burocrático, que únicamente hace favores políticos y no prestan servicios de salud. 

-         ¿Se podría decir que el alcalde no estaría actuando como mandatario sino como negociante de la salud en Ibagué? 

Eso lo hemos venido señalando durante mucho tiempo. El doctor Jaramillo y sus amigos, que todo el mundo los conoce en salud aquí en Ibagué, Gilberto Barragán, Nelly Barragán, Yesid Sánchez, etc, etc. Es un grupo de especialistas que tiene un "combito" ahí, han estado interesados en quedarse – por ejemplo – con la clínica El Limonar; ahora están diciendo que van a montar especialidades en lo que resulte de la fusión entre el San Francisco y la USI. Pero eso, son negocios privados. Todo el mundo sabe que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tiene inversiones en el sector salud, que sus amigos tienen inversiones en el sector salud. El doctor Barragán tiene un negocio de montaje de unidades de cuidados intensivos, de unidades renales, manejado por su hijo. Es decir, ellos están metidos en ese negocio. Y, entonces, lo que ve uno de por medio es que lo que se quiere consolidar es un negocio en la ciudad de Ibagué a costillas del derecho de la salud de la población y a costilla del derecho de los trabajadores. 

-         Con semejante infraestructura que tiene el hospital San Francisco, se especula que el interés de fondo era montar una clínica privada. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el particular? 

Sí, ellos han venido mirando a ver el cómo le meten operador privado a las diferentes entidades. Eso mismo lo han venido mirando para el Federico Lleras Acosta, eso lo estuvieron trabajando con el antiguo interventor del hospital Federico Lleras Acosta, el que salió en el mes de noviembre y que dejó al hospital Federico Lleras en peores condiciones que como lo recibió hace dos años larguitos. 

Ahí está el documento del gobernador Oscar Barreto Quiroga, no lo estamos diciendo nosotros como sindicato, el gobernador contrató una auditoria, la auditoria que contrató el gobernador está diciendo: 1. Que por un lado el hospital lo recibió la Súper salud para la intervención con 400 camas y en este momento el hospital no tiene funcionando sino 270 camas. 

Es decir, que a los tolimenses, no es propiamente al hospital, es a los tolimenses, les cerraron 130 camas, dentro de esas camas, le cerraron camas de psiquiatría, medicina interna, pediatría. Es decir, a los que llaman en el sistema de salud los derechos prioritarios que son los niños y los ancianos, son a los que le han cerrada las camas. 

Qué más dice el gobernador en su documento: Que el hospital antes de la intervención recaudaba de lo facturado en promedio el 55 por ciento de la cartera; en este momento el hospital no recauda siquiera el 50 por ciento de lo facturado. ¿Quiere decir? Que está trabajando a pérdida. 

El déficit del hospital ha crecido. ¿Qué dice el gobernador? Yo no puedo recibir el hospital en este momento como está, porque se nos vienen todos los embargos encima. ¿Qué tiene responsabilidad el gobernador? Sí, también tiene responsabilidad porque fue gobernador aquí en el período de Iván David Hernández hace dos períodos de gobernación y también hubo corrupción y también hubo malos manejos del hospital, hubo problemas con la contratación. 

Pero, en este momento, lo que hay que mirar es cómo se resuelve el problema de fondo y es que las EPS, sean obligadas por el gobierno nacional a pagar la deuda que tienen con los hospitales públicos y asuma las nóminas de los hospitales de tal manera que no sigamos teniendo este problema que si no se factura, no hay trabajadores, no hay con qué pagar salarios y no se responde por la prestación de servicios con calidad a la población del departamento del Tolima. 

-         ¿Es muy marcada la corrupción en la salud del departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué? 

Aquí, hemos visto cómo han pasado cosas y desafortunadamente los órganos de control son manejados por los mismos jefes políticos que tienen el manejo de los hospitales. La peor corrupción es la de las EPS. Eso es vox populi. Palacino está en Miami, pero desde allá sigue manejando todo el negocio de Saludcoop, Café salud y Cruz Blanca. Todo el grupo Saludcoop. 

 ¿Cuánta plata pierden los hospitales en la liquidación de Saludcoop? Los hospitales públicos van a perder en la liquidación de Saludcoop billón quinientos mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque no es lo que aparece en la cartera, es lo que certifica la EPS a la hora de presentar las cuentas al liquidador.

¿Qué más va a perder? Vamos a perder más de dos billones de pesos en el caso Caprecom, ya perdimos  alrededor de 200 mil millones de pesos en el caso de Sol salud, de Humana Morir. Es decir, todas estas EPS que se han ido liquidando, le han dejado un remanente de pérdidas a los hospitales públicos que nadie responde por ellos. 

Dicen: Vamos a responder por las de Caprecom. Pero Caprecom está reconociendo más allá del 40 por ciento de la cartera que tenía los hospitales con Caprecom. Resulta que la Súper salud, por eso colocamos una demanda ante la corte constitucional, para que declare inexequible la facultad que tiene legalmente la Superintendencia nacional de salud para liquidar hospitales departamentales y municipales, porque están violando hasta la descentralización administrativa en este país. Si el hospital es propiedad del municipio, del departamento, cómo así que una Superintendencia puede ordenar su liquidación y desaparecerle el hospital a un municipio o a un departamento, como lo ha venido haciendo en varios departamentos, como pasó en el Chocó con los hospitales, donde finalmente la corte constitucional terminó desautorizando a la superintendencia de nacional de salud. 

Hay todo un proceso de corrupción marcado. Qué ha dicho la ANDI: En este campeonato por la corrupción donde están Odebrecht, Reficar, etc, etc, el sector salud lleva el primer puesto. Somos los líderes. Al año se pierde mínimo un billón 500 mil millones de pesos en corrupción. Y no es solamente la corrupción de las EPS, es la corrupción también de la doble afiliación que hacen los alcaldes, es la corrupción de los contratos de los hospitales, es la corrupción de la sobrefacturación, es la corrupción que parecen equipos comprados como nuevo y van a mirar y son equipos repotenciados traídos de diferentes partes y metidos a los hospitales como nuevos, hay la corrupción en el tema de los medicamentos. Aquí, traen medicamentos hasta de contrabando y los meten como si fueran comprados en el mercado normal en los hospitales y muchas otras entidades. 

Es decir, hay una cantidad de hechos. Todo eso que ocurre en materia de corrupción es lo que está afectando gravemente a la salud de los colombianos. Se habla de un billón 500 mil millones de pesos por concepto de corrupción en Colombia, pero la intermediación está por encima de los 6 billones de pesos. 

Es decir, lo que se queda en el camino del negocio de las EPS al año, son más de 6 billones de pesos. Entonces, aquí no podemos hablar de simplemente de un billón 500 mil millones de pesos, tenemos que hablar más o menos de 7.5 billones de pesos, que se queda en todo este proceso del negocio. 

-         El dicho popular dice: "No hay cuña que más aprete que no sea la del mismo palo". Se esperaba que el alcalde Jaramillo por ser médico, su padre ex ministro de salud, la salud en Ibagué le había llegado la hora de salir adelante. Pero al parecer no es así. ¿Qué está pasando? 

¿El problema cuál es? Los médicos especialistas, la mayoría, hay contadas excepciones, los que aún siguen en las plantas de personal de los hospitales que son muy poquitos, ya no ven esto como un postulado, como una cuestión ética de prestar un servicio de salud, lo ven como negocio. 

Los médicos por eso no quieren que los vinculen a las plantas de personal, ellos prefieren que les digan que son empresarios de la salud, a que le digan que son trabajadores. Hoy, construyen sindicatos para hacer contratos sindicales, pero esos contratos sindicales son verdaderas empresas, verdaderos negocios entre los hospitales y ese grupo de médicos. 

Entonces, cuando uno va a mirar que los médicos van a renunciar masivamente, (además porque tienen un gran poder, hay escasez y tienen controlado la producción de médicos en el país), entonces como tienen ese gran poder, ellos sí pueden decir tranquilamente yo renuncio, me voy y se cierra el hospital, y los pacientes me tendrán que llegar a mi clínica privada. Si yo soy el único dermatólogo en el municipio o departamento y renuncio en el hospital público, pero trabajo en la clínica privada, ¿A dónde va a llegar el paciente? Va a llegar a la clínica privada. Y resulta que en la clínica privada yo soy socio del negocio.

 Entonces, aquí hay una situación muy compleja que nosotros no culpamos a los médicos, culpamos al sistema, el sistema los llevó allá. El sistema estableció una reestructuración en donde a todo mundo lo sacaron de la planta de personal y lo volvieron contratista. 

Por eso hoy, el 80 por ciento de los trabajadores y profesionales de la salud en Colombia están por contrato. Es decir, de los 280 mil trabajadores de la salud que hay en Colombia, solamente alrededor de 45 mil están en las plantas de personal, los restantes están todos por contrato de prestación de servicios, a través de cooperativas, a través de contratos sindicales. 

Ya prostituyeron hasta el movimiento sindical, porque acá en el sector salud han nacido más de 400 sindicatos en los últimos 5 años, pero no para defender los intereses de los trabajadores, sino para explotar ellos mismos a esos trabajadores, porque los dueños de los contratos sindicales, los que tienen el manejo de contrato sindical, explotan a sus propios colegas, a sus propios compañeros y a los que ocupan cargos inferiores. Y si usted va a mirar los grandes contratos sindicales son los que eran de Anestecoc, los que eran de la cooperativa de especialistas y los que trabajan explotados por sus mismos compañeros del sindicato. Son las auxiliares de enfermería, las enfermeras jefe, los médicos generales, los bacteriólogos con salarios miserables, con salarios realmente de hambre. Este es un sistema de explotación que lo crearon desde el modelo de salud y que hoy sigue vigente rigiendo la salud de los colombianos. 

-         Finalmente, la ministra de trabajo, Clara López Obregón, de paso por Ibagué en estos días, dijo que el salario debería ser del 8.5 por ciento, pero no se pudo porque las centrales obreras se retiraron de la mesa de concertación. ¿Cuál es su opinión sobre el particular?  

Lo único que yo digo es: Si el gobierno colombiano tuviera la voluntad de incrementar el 8.5 por ciento, lo había hecho con las centrales en la mesa o sin las centrales en la mesa. Y había quedado como un "rey" el presidente de la república. Había dicho: Yo como presidente de la república le estoy compensando el salario a la gente, el poder adquisitivo del salario mínimo. 

Aquí no pueden sacar justificaciones que me parecen incluso estúpidas. Además, cuando la misma ministra acaba de sacar en diciembre una resolución, nosotros le vamos a meter una demanda penal a la ministra, con todo el cariño que le podamos tener a la doctora Clara, por todo el hecho de haber sido compañera nuestra en el Polo. Yo soy militante del Polo. Pero yo no puedo concebir que una ministra que reclamó ser de izquierda, que defendió la formalización del empleo mientras fue presidenta del Polo, en diciembre saque una resolución legalizando la tercerización contra lo que dice el plan nacional de desarrollo. Es que en el plan nacional de desarrollo, el artículo 74, el párrafo tercero, dice que el gobierno garantizará en el sector público que todo el mundo que desarrolle actividades permanentes, debe estar en la planta de personal. Y ella está sacando una resolución legalizando la tercerización por fuera de las plantas de personal. Entonces, está diciendo: Si usted tercerizador de empresa temporal de servicios y le paga sueldo, le reconoce algunos festivos y dominicales, reconoce algunas cositas del régimen laboral, eso es legal. Eso es legal. Eso es violar lo que en la misma ley quedó establecido que fue parte de la negociación y que se determinó en el congreso de la república. Ella no puede decir para el sector público puede haber tercerización laboral y en el sector público por inactividades permanentes, porque lo que dijo la ley es que esas actividades permanentes deben estar en las plantas de personal. Y no está solamente en esta ley, eso existe desde 1968, desde la reforma administrativa de Carlos Lleras Restrepo, en el decreto 2400 y en el decreto 3074, está la prohibición de vincular por contrato de prestación de servicios a las personas que desarrollan actividades permanentes del Estado. 

Entonces, la señora ministra se ha acomodado al gobierno de Juan Manuel Santos, que no tiene ninguna diferencia con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así diga cantidad de cosas. En la política social toda es contra el pueblo y es contra los trabajadores.

Resumen de Prensa

Un rotundo triunfo se anotó el pueblo cabreruno este domingo 26 de febrero  en la consulta popular para decidir en la defensa del derecho al agua y el medio ambiente que pretenden vulnerarle al proponer la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Sumapaz.  

Los habitantes de Cabrera, Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a esas políticas nefastas contra esta tierra que posee el páramo más grande del planeta. 

Los resultados oficiales de consulta popular en Cabrera Zona de Reserva Campesina  ZRC indican que con un total votos de 1506, votaron por  el NO 1465 personas, por el Si: 23,  votos nulos  5 y votos no marcados 13.

Voceros de las organizaciones agrarias, comunales, ambientalistas, ecologistas, partidos y sectores políticos señalaron que ese era el resultado esperado., en una región que se caracteriza por ser una comunidad muy unidad, organizada, combativa y con una tradición e historias de lucha por derechos elementales como el derecho a la vida y la paz.

"Es justo el resultado que esperaba. Es fácil suponer que la experiencia de Asoquimbo y el desastre causado por Emgesa en el Huila, fue una ilustración versada, rica y definitiva del futuro que les esperaba si permitían la afectación a su territorio y sus pobladores por esta nefasta empresa que por lo visto se pasó de descarada y cuya arrogancia no le permitió valorar la resistencia valerosa y fuerte del pueblo de Cabrera", escribió en las redes sociales un especialista en temas ambientales y sociales del Sumapaz. 

Es un triunfo por la defensa del territorio. Es un triunfo por parte del movimiento por la defensa del Páramo y el agua. Es una derrota para Emgesa Enel Endesa. Es fruto del valor de quienes se atreven a luchar, a resistir. Para Asoquimbo es un estimulo para continuar en la lucha contra el extractivismo. No a las represas, al fracking a la minería a los agronegocios, explicó un dirigente del sindicato Sintrapaz. 

Voceros de las organizaciones sociales y políticas anunciaron desde ya la coordinación  para realizar un Encuentro en la Universidad Nacional contra las represas y el extractivismo para el mes de julio donde se socialicen todos los procesos de resistencia contra el modelo donde podamos encontrarnos el Movimiento Ríos Vivos, la Mesa Social Minero Energética Nacional, ambientalistas, ecosocialistas donde sin lugar a dudas estarán los resistentes del municipio de Cabrera socializando todo el proceso, los defensores del río Samaná contra la represa Porvenir II y todos los procesos por la defensa de los Ríos, Paramos. Macizos por la defensa de los territorios y la vida.

Durante el la Consulta Popular la ciudadanía participó con su voto en cuatro mesas de votación en el casco urbano y una mesa en la inspección "La Playa", que corresponde a la zona rural, las cuales fueron dispuestas para que los habitantes de este municipio ejercieran su derecho a decidir.

Por: Miguel Suarez (2017-02-24). En enero pasado (2017), recibimos en nuestra redacción un archivo de sonido que hablaba de un paro nacional y hasta de un golpe de estado

El mensaje, que lo estaban difundiendo los paramilitares en Cordoba dice entre otras que:“Desde ahora les anuncio que entre la primera y según semana de febrero, vayanse alistando, vayan alistando arrocito vayan alistando lo que consideren no perecedero, porque se habla de un paro nacional la cosa mas impresionante, donde no le van a dejar entrar comida a las ciudades, donde Colombia se va a paralizar por completo por los cuatro puntos cardinales, se anuncia de un golpe de estado a nuestro honorable y distinguido Chuqui...”.

Mi primera reacción fue de calificarlo como terrorismo mediatico, pero de alguna forma me predispuse a hacerle un seguimiento al anuncio que expresa, según mi fuente, el temor de los terroristas de estado contra el proceso de que busca colocar fin al conflicto.

El domingo 22 de enero (2017) en San Andrés de Pisimbalá, ocurrió otro hecho que me llamó la atención y fue cuando la compañera de Alvaro Uribe, Lina Moreno, fue evacuada tras un supuesto enfrentamiento militar ocurrido a unos 8 kilómetros del hotel donde ella se hospedaba.

Lo que se dio a conocer luego de la “exhaustiva” investigación, fue que los disparos provinieron de un soldado que disparó su arma de dotación sin causa alguna.

Dias después el ministro de guerra Luis Carlos Villegas, anunció el retiro del comandante operativo de la Brigada 29 del Ejército y de un suboficial que estaba a cargo del pelotón.

¿Si realmente “los disparos provinieron de un soldado que disparó su arma de dotación sin causa alguna”, ameritaba ser la sanción tan drástica?.

Al respecto Lina Moreno escribió una carta privada al Comandante del Ejército General Alberto Jose Mejia, hecha publica por el narcotraficante numero 82, donde le pide al Ejército no tergiversar información sobre el episodio en el Cauca.

En uno de sus apartes la carta reza “Comprendo la necesidad de dar a estos acontecimientos su justa medida, máxime cuando Colombia se encuentra en un proceso de pacificación que compromete su futuro, pero no que se trate de ocultar por las implicaciones éticas que conlleva para el país, y en primer lugar, para el Ejército y las fuerzas policiales. Y no digo esto porque hubiese sentido que la vida de quienes estábamos en el hotel estuviese en riesgo, sino porque el proceso de paz implica la responsabilidad de hacerle frente, con determinación y claridad, a todo lo que puede perjudicarlo”.

De que habla entonces Lina Moreno?, que oculta el alto mando militar?.

Del hecho circularon rumores como que se habría tratado de un enfrentamiento entre el Ejército y disidentes de las Farc, pero, estaba entonces el alto mando y el gobierno encubriendo a una disidencia de las Farc o lo que ocurrió realmente fue algo premeditado que buscaba torpedear la implementación de los acuerdos?.

Muy en baja voz se comentó de que “oficiales retirados de las Fuerzas Militares, encabezados por el general Jorge Mora, negociador del gobierno en la Habana, del general (r) Jaime Ruiz Barrera y por exministro de Defensa de los años 80, Rafael Zamudio, entre otros, tenían lista una carta para Juan Manuel Santos con el fin de expresarle sus temores ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tema sobre el cual sentían que Santos los había traicionado.

También se comentó de la existencia de otra carta, esta vez de renuncia de los altos mandos, o sea de militares activos, donde estos también expresaban temor ante la jurisdicción especial para la paz, ante la cual deberán compadecer “todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto”.

Por otra parte, Alejandro Ordoñez, ilegal procurador por casi cuatro años, desesperado ante los avances de la implementación de los acuerdos, esta llamando marchas contra el proceso, señalando ademas que en un eventual gobierno suyo no respetará nada de lo aprobado en el congreso respecto a este.

El anuncio de Ordoñez se unió al del primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, Jose Obdulio Gaviria quien se había pronunciado en igual sentido.

Simultaneo a los ladridos de Ordoñez, el jefe de la banda, el narcotraficante numero 82, Álvaro Uribe, quien en días anteriores había tratado de maquillar el anuncio de Jose Obdulio de acabar con el proceso, vía Twitter anunció que “promoverán echar abajo la Jurisdicción Especial de Paz y el acto legislativo que garantiza el cumplimiento del acuerdo se paz”.

El detonante de la ira del ilegal procurador y en general de la banda de los Uribeños, parece ser la aprobación en segundo y tercer debate de la Jurisdicción Especial para la Paz a donde, si ese ente funciona, es muy probable que ellos y sus representados, como instigadores de la guerra, deberán rendir cuentas.

Hace unas dos semana, a mediados de febrero se conoció que una patrulla militar fue atacada en inmediaciones de Guayabetal, en la vía Bogotá-Villavicencio, siendo adjudicado el hecho, como siempre y sin que medie investigación por el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, al ELN.

Una bombas estallo este fin de semana (2017-02-19) en Bogota, en el sector de la Macarena, dejando como saldo una treintena de lesionados, días antes una bomba de menor poder habría estallado también en Bogota sin causar mayores daños, unido a esto, el Fiscal General de la Nación Nestor Humberto Martinez hizo explotar una bomba mediática, diciendo que la campaña de Juan Manuel Santos habría sido financiada por Odebrecht, cuyo objetivo es sin duda desprestigiar al gobierno de Santos y por este medio, conociendo el terror del Fiscal y de sus clientes, los mas ricos de Colombia, y que se han lucrado del terrorismo de estado, a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Estos actos se están dando en medio del proceso de implementación de los acuerdos entre las Farc y el gobierno del Nobel de paz, que avanzan a marchas forzadas, por una parte debido a la falta de compromiso del gobierno y por otra de los intentos de acabar con el proceso por parte de los que se lucran de la guerra, destacandose entre ellos la banda de los “Uribeños”.

Ya han sido varias las bombitas estalladas en Bogota sin que ninguno de los aparatos de inteligencia e investigación, incluida la fiscalía y su ejercito de “sabuesos”, hayan dicho o hecho algo para llegar a los reales autores, denotando esto una extraña complicidad con los atentados.

Es pues muy llamativo que esto este ocurriendo cuando en el congreso de la oligarquía colombiana, o nido de ratas, como lo llamo un mismo senador, se este tratando de aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz, punto esencial de los acuerdos a donde deberán rendir cuentas “todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto”, figura contra la cual todos los guerreristas tiene dirigida su artillería, incluyendo al fiscal, ya que muchos de ellos corren el riegos de tener que compadecer allí.

Lo han dicho abierta o soterradamente, la intención de ellos es terminar con el proceso entre las Farc y el gobierno y para ello no solo van a echar discursos mentirosos, las bombas, el terror mediático los tiene a la mano, y en su desespero podrán intentar cualquier locura, allí están los hechos, solo hay que saber mirar.


La actividad de Pedagogía de Paz programada para este 22 de febrero por el Concejo Municipal de Villanueva Guajira, en la que participarían integrantes de las FARC-EP, no pudo realizarse debido a que la Oficina del Alto Comisionado de Paz, lo consideró una violación de los protocolos que rigen el acuerdo de Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo.  
 
Esta actitud de la oficina del alto comisionado para la paz dirigida por Sergio Jaramillo obstaculiza el desarrollo y la implementación de los acuerdos firmados con el gobierno y cierra los espacios para la Participación Política y la Apertura Democrática, que es sin duda uno de los más importantes logros del Acuerdo de La Habana. 
 
Hoy cuando al departamento de La Guajira lo azotan las diferencias e intrigas políticas y su futuro parece incierto, el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se convierte en una indiscutible tabla de salvación y su implementación el mejor de los instrumentos para llevar soluciones a la infinidad de Necesidades Básicas Insatisfechas que padecen nuestras comunidades.
 
Agradecemos al concejo municipal de Villanueva La Guajira, la invitación a participar en la sesión especial de esta corporación democrática al tiempo que esperamos la programación de una nueva fecha para llevar a feliz término esta actividad de pedagogía de paz en la que expondremos nuestros puntos de vista sobre los alcances y logros del acuerdo final de paz, que tienen especial aplicación en el departamento de la Guajira, por la situación política, económica y social que padece.
 
Comando de Dirección de las FARC-EP, PTN de Pondores, La Guajira. 
 
22 de febrero de 2017

 

Por Nelson Lombana Silva 

(Ibagué, febrero 23 de 2017) La ministra de trabajo, Clara López Obregón, estuvo antier en la ciudad de Ibagué. Se reunió con un grupo de personas en el salón de la cámara de comercio, haciendo parte de él el alcalde de esta ciudad, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, quien aprovechó la coyuntura para hacer un show político contra el gobernador ultraderechista. Son las consabidas declaraciones explosivas del alcalde en vísperas del debate electoral. Enrarecer el catarro político desde el micrófono y no desde las obras como debería ser.  

Dijo la alta funcionaria santista que la decisión de las centrales obreras de retirarse de la mesa de diálogo durante la discusión del salario mínimo, le había acarreado la pérdida de 1.5 por ciento de aumento. 

Según la funcionaria, si los directivos sindicales no se hubieran retirado de la mesa de concertación, el aumento hubiera sido de 8.5 por ciento. Así, lo indicó el ex alcalde de Casabianca, Luis Eduardo Rodríguez quien también se hizo presente. 

Se esperaba anuncios trascendentales de la ministra del trabajo desde la ciudad musical de Colombia, pero estos no aparecieron por ningún lado. La semana pasada también estuvieron el vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras y el ministro del interior Juan Fernando Cristo, pero tampoco hubo anuncios fundamentales. Solo promesas y obritas de poca monta. 

El desfile de altos funcionarios por las tierras del Tolima, al parecer obedece más a la pugna electorera entre el santismo y el uribismo que a cualquier otra cosa, dijeron comentaristas ubicados bajo la sombra del palo de mango frente a la gobernación.

Por: Hernán Durango.

El contacto informativo es con Edilberto Gómez Rueda, dirigente de la Asociación de Campesinos de Ituango ASCIT, quien explica las luchas que adelantan y el respaldo rotundo y contundente de los campesinos al Acuerdo Final de Paz y la exigencia de su implementación sin contratiempos para bien de la región y del país.

Nos habla acerca de la concentración de las diferentes compañías del frente 18 "Cacique Coyara" en la Zona Veredal de Transición Y Normalización en la Vereda Santa Lucía de Ituango. Reafirma la exigencia de la ASCIT al Gobierno Nacional para que se ejecuten proyectos con los campesinos para mitigar las nefastas consecuencias sociales y ambientales en la región tras la construcción de la Hidroeléctrica Hidroituango y plantea serias inquietudes de los habitantes sobre la problemática de la explotación minera.

Anunció que la ASCIT hará unos foros mineros por intermedio de la Asamblea Cívica por la Paz de Ituango, departamento de Antioquia, para debatir la problemática de las licencias de explotación minera otorgadas por las autoridades y dijo que pretenden hacer una consulta popular para que la ciudadanía se exprese contra la minería.

GRACIAS POR DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN.

ESCUCHE EL AUDIO AQUÍ:

Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate ventajas judiciales para integrantes de la Fuerza Pública y a terceros implicados en violaciones a los derechos humanos en Justicia Especial para la Paz en el proyecto de acto legislativo que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, (de la Justicia Especial para la Paz).

El Senador Alexander López al respecto asevero “Que el Gobierno Nacional nos diga finalmente si piensa honrar los derechos y garantías de las víctimas, porque su ponencia está dirigida a garantizar derechos de los integrantes de la Fuerza Pública, a terceros que han financiado y organizado grupos paramilitares, mientras que no se establecen con claridad las garantías para sus víctimas”.

En desarrollo del Debate el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, reconoció que se suscribieron acuerdos entre el Presidente Santos y los Ministerios de Defensa y Justicia, en diciembre del 2015, para incluir beneficios judiciales para integrantes de la Fuerza Pública. Beneficios judiciales que no están contenidos en los acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC EP y que tampoco guardan correspondencia con el Estatuto de Roma para el caso del Derecho Penal Internacional para crímenes de lesa humanidad, en aspectos tan sensibles como la responsabilidad en la cadena de mando y el procesamiento de los máximos responsables. 

El Gobierno se comprometió a incluir en cuarto y ultimo debate último propuestas de banda delincuencial conocida como Cambio Radical para que los terceros o civiles no estén obligados a comparecen ante la JEP.

La modificación que desmejora ostensiblemente lo acordado en la Habana ya que abre una puerta para que quienes se han lucrado de la guerra y sus testaferros queden fuera de la Justicia Especial para la Paz, fue aprobada con un diferencia de 11 votos a favor.  

Para promover y acompañar la consulta popular que se realizará el próximo domingo 26 de febrero en el municipio de Cabrera, se llevó a cabo la I Toma Cultural “Cuando el río suena, el pueblo escucha, pinta y lucha”.

La consulta popular busca echar para atrás el proyecto hidroeléctrico a filo de agua Aguaclara en la cuenca media del Rio Sumapaz, un proyecto que las organizaciones sociales y el comité de impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera han rezado por su nefasto impacto ambiental en el territorio.

Paola Bolaños, del comité de impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, se refirió al proceso que junto a otras organizaciones llevaron a cabo para solicitar la realización de la consulta popular.

La Toma Cultural se desarrolló el fin de semana del 18 y 19 de febrero en el parque central Juan de la Cruz Varela y en el coliseo municipal, escenarios que sirvieron para el desarrollo de las diversas actividades que buscaban sensibilizar a los pobladores de Cabrera.

Paola Bolaños aprovechó las cámaras de prensa rural para enviar un mensaje e invitó a los colombianos a defender el agua y el medio ambiente.

Arauca.   Prensa regional. 

El atentado criminal se presentó a las 3 am del martes 21 de febrero, en su casa de habitación en Arauca.  Al  defensor de Derechos Humanos le propiciaron 4 puñaladas en el cuerpo mientras se encontraba durmiendo, fue llevado y es atendido en el hospital San Vicente de Arauca.

Desde la Mesa de Unidad Cívica, Agraria y Popular del Oriente Colombiano, MUCAPOC  condenós el atentado de que ha sido víctima el compañero Francisco Javier  Gómez,  Promotor de Derechos Humanos de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario del Oriente y Centro de Colombia DHOC.

"De igual manera, que rechazamos el hecho,  solicitamos a las autoridades judiciales que adelanten las investigaciones correspondiente para que se esclarezcan los móviles del atentado criminal y de sus respectivos responsables", indica el comunicado de MUCAPOC.

Por otro lado, el reporte de la Voz del Cinaruco, señala que Francisco Javier Gómez, abogado defensor de derechos humanos residenciado en Arauca resultó gravemente herido mientras dormía en su sitio de residencia a donde ingresaron dos sujetos con la intención de robar en el inmueble, es la información preliminar.

El informe de la radio agrega: "Se establece, que los delincuentes ingresaron a la vivienda, ubicado en la calle 22 No. 26-15 del barrio Las Corocoras de la capital araucana con la intención de robar, cosa que no hicieron y terminaron hiriendo al defensor de derechos humanos Francisco Javier Gómez, quien se viene desempeñando como asesor de la Fundación de Derechos Humanos del Oriente de Colombia a quien le propinaron cuatro lesiones con arma blanca, dos en el abdomen y dos en las piernas".

 Este medio de comunicación, también pudo establecer que el defensor de derechos humanos, Francisco Javier Gómez, cuenta con amenazas de muerte por su ejercicio en la defensa de los derechos humanos. De los responsables no se conocen detalle, solo que utilizaron un arma blanca de la misma residencia de donde no se llevaron nada, quienes al parecer el objetivo era darle muerte a esta persona, donde también reside y dormía el dirigente y vocero de MOCIPAR y marcha patriótica, Juan de Jesús Torres Corredor .

Marcha Patriótica y la Mesa de Organizaciones Cívicas y Popular de Arauca emitieron un comunicado a la opinión pública donde rechazaron lo ocurrido y han pedido a las autoridades una investigación exhaustiva que permita establecer y dar con los responsables. La comunicación dice a la letra lo siguiente:

La Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca-MOCIPAR-integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y la Cumbre Campesina Étnica y Popular,  RECHAZA y DENUNCIA enérgicamente el vil atentado con arma blanca del cual fue víctima el destacado abogado y defensor de DDHH, FRANCISCO JAVIER GOMEZ, asesor de la Fundación de Derechos Humanos del Oriente de Colombia DOHC e integrante activo de nuestro movimiento cívico, político y social.

Los repudiables hechos ocurrieron en su casa de habitación ubicada en la calle 22 No 26-15 barrio las Corocoras a las 3: am aproximadamente de hoy martes 21 de febrero. El doctor FRANCISCO JAVIER GOMEZ, recibió cuatro puñaladas mientras dormía, siendo remitido de urgencia al hospital San Vicente. En la misma residencia vive el dirigente y vocero de MOCIPAR y Marcha Patriótica JUAN DE JESUS TORRES CORREDOR.

EXIGIMOS de las autoridades una urgente y ágil investigación que dé con los responsables y aclare estos condenables hechos que ocurren en momentos  en que a nivel nacional se vienen presentando una serie de atentados contra defensores de derechos humanos y líderes populares defensores del proceso de PAZ.

 


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